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La crisis política, la económica y… la intelectual

Hemos sido el primer partido en diagnosticar que la crisis económica y financiera internacional se iba a agravar en España debido a la crisis política de las instituciones de la Transición, desde la administración de justicia a los pactos de Estado sucesivamente destruidos por el zapaterismo y la mala calidad de la oposición del PP. Por supuesto, quienes ahora se apuntan a nuestra tesis lo hacen sin citarnos e incorporando el error garrafal de considerar que el problema es Zapatero, no el sistema que lo ha llevado a presidir el Gobierno pese a sus múltiples y llamativas carencias. Con un poco se perseverancia no pasará mucho tiempo sin que las engoladas voces del establishment descubran que también en esto tenemos razón –por desgracia-, y pasen a plagiarnos con la desenvoltura y cinismo que les impregna hasta el punto de considerarlos naturales. Pero como de lo que se trata es de conseguir el progreso de algunas ideas que no son ni pueden ser monopolio de nadie, pese a que tengan autoría –aunque no podamos comprobarlo en las hemerotecas, pues nadie roba y oculta ésta más que los medios de comunicación-, demos otra vuelta de tuerca al importante asunto de los orígenes de la crisis en la que estamos metidos (y todo indica que por mucho tiempo). Vamos a examinar brevemente el problema de la crisis intelectual.

Por “crisis intelectual” no me refiero a fenómenos penosos como la elevación de personajes como Pilar Bardem o Suso de Toro a la codiciada pero muy devaluada nómina de los “intelectuales” influyentes, sino a la crisis de los modelos de comprensión de la realidad que han estado de moda. Una crisis de los modelos o paradigmas cognitivos –me temo que el palabro sea ineludible esta vez-, no de los personajes que los representan o popularizan. Yendo al grano, la idea es que el paradigma conocido como “constructivismo cultural” y también por “filosofía de la deconstrucción”, que se remonta a las décadas de los sesenta y setenta y tuvieron su apogeo en los ochenta y noventa del pasado siglo, ha tenido una influencia importante en el alumbramiento de la crisis económica internacional, y desde luego de su versión española agravada.

Tanto el “constructivismo cultural” como la “filosofía de la deconstrucción”, denominaciones que agrupan un número variopinto de corrientes y tendencias, tienen en común dos grandes principios: uno, que las ideas, creencias y valores son fenómenos surgidos de construcciones culturales variables, y dos, que lo que se llamaba “realidad objetiva” o “verdad” es una ficción mantenida por una narrativa académica puramente instrumental. El recientemente fallecido Richard Rorty, filósofo estadounidense liberal, sostenía que la filosofía sólo se diferenciaba de la literatura en ser la ocupación habitual de una clase especial de académicos llamada “filósofos” (a la que pertenecía), pero que no producía nada objetivo ni verdadero aparte de un pasatiempo agradable (con algún valor menor como la ironía compasiva). Por su parte, Michel Foucault refundó las ciencias sociales en torno a una visión de los fenómenos culturales donde la sexualidad, las enfermedades psíquicas, las instituciones políticas o el lenguaje mismo no eran sino manifestaciones históricas de diversos aparatos de poder y dominación social. Y como cualquier estudiante de humanidades sabe –perdón, debería saber…-, Foucault y Rorty han sido dos de los personajes claves de la cultura de los últimos treinta años, comparables a Heidegger y Sartre para la generación anterior.

La popularización de este modo de ver las cosas ha tenido dos consecuencias importantes: una, la extremada dilución o laxitud de los conceptos emparentados de “realidad”, “objetividad”, “ciencia”, “verdad” y “conocimiento” –nombres de otras tantas ilusiones-, y dos, el auge paralelo de diversas formas de relativismo. En efecto, si todos los conceptos e ideas fundamentales son cosas relativas e indemostrables, si no hay verdad intersubjetiva alguna, es fácil colegir que todo es relativo: de ahí la proliferación de los relativismo cognitivo, lingüístico, cultural y ético que postulan que los conocimientos e ideas, el lenguaje, la cultura o la ética no responden a universales categóricos o verdades de ninguna clase y que sus variedades son, por tanto, incomparables entre sí y no pueden juzgarse mediante algún tipo de evaluación racional objetiva; todo lo más podemos resolver si un sistema es más “útil para algo” que otro, que diría Rorty. Pero la marea no se detuvo al llegar al mundo de las humanidades, las ciencias sociales y la filosofía pues, como no podía ser de otra manera, también produjo relativismos de significado político, económico y comunicacional.

El relativismo político está perfectamente representado por Zapatero y sus socios: actúa como si lo único importante fuera alcanzar y conservar el gobierno, aunque para conseguirlo se destruyan las instituciones –la propia Constitución- o contratos sociales no escritos como la confianza, un valor emocional indispensable para la democracia (de lo que han tomado buena e inmisericorde nota los mercados internacionales: un país sin confianza es un país del que se debe desconfiar). No es extraño, sino obligado, que Zapatero se haya entendido tan bien todos estos años con los nacionalistas, tan bien nutridos por el relativismo cultural, o con el feminismo de género… Reparemos ahora en el relativismo comunicacional: no es otra cosa que la supresión de toda distinción cognitiva y deontológica entre opinión y noticia, hechos y ficción. Este es el periodismo dominante a la sazón cuyo paradigma es el tertulianismo, más empeñado en determinar el futuro reinterpretando incesantemente el pasado que de informar sobre la realidad del presente: para entenderlo, bastaría con leer las ediciones dominicales de ayer de El País y El Mundo, por ejemplo.

Y nos queda el relativismo económico: como es fácil suponer, se parece a los otros. Sostiene que conceptos como los de “producción”, “bienes” o “riqueza” son entelequias carentes de amarre material u objetividad, en todo caso datos contables. Así, grandes estafadores como Madoff y sus muchos compañeros –estudiados como modelos a imitar en las más exitosas escuelas de negocios- se convirtieron en alabados magos de las finanzas a base de inflar e inflar expectativas insensatas sobre el valor de todo tipo de “activos” –financieros, inmobiliarios, tecnológicos- que resultaron ser simples y vacuas burbujas infladas por esta insensatez de fondo: si la economía es un epifenómeno imaginativo y narrativo como otro cualquiera, ¿qué diferencia hay entre la estafa y la audacia imaginativa?: sencillamente ninguna o sólo la que establezca un tribunal cuando los autores acaben en el banquillo (si acaban). Lo que importa es si esta “economía” ha permitido ganar muchísimo dinero a algunos…

Habrá que dilucidar por qué nuestro país se ha puesto a la cabeza de todas las tonterías nocivas surgidas de este modelo intelectual, completamente fracasado. Porque hemos sido y somos los más ricos en relativistas económicos, políticos, culturales y morales de Occidente. Es muy posible que la debilidad de nuestra educación, unida a la multisecular admiración por la picaresca y regadas ambas debilidades por una insolente lluvia de dinero fácil en forma de crédito ilimitado haya producido este monstruo político-cultural. Quede esto para otro día.

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El hundimiento (a cámara lenta) de la Transición

Ha hecho falta que Obama llamara el martes a Zapatero exigiéndoles medidas de recorte del gasto público, porque el default de la economía española puede agravar la crisis mundial, para que el gran ignaro subiera hoy a la tribuna del Congreso y anunciara una batería de medidas de ahorro que se pueden resumir así: hacer pagar la crisis a quienes tenemos menor capacidad de presión sobre el Gobierno. Y eso se traduce en suspender en la práctica la aplicación de la Ley de Dependencia (que ya venía siendo caótica o imaginaria), congelar las pensiones, apretar los tornillos a la industria farmacéutica y, sobre todo, bajar el sueldo de los funcionarios una media del 5% (que en muchos casos se acercará al 10%). Este último despojo será sin duda popular, porque muchos olvidan, cuando oyen el término funcionario, que se trata de bajar el sueldo al maestro de sus hijos, al médico y la enfermera que les atienden, o al bombero, el policía y el militar que se juegan el tipo por su seguridad. Unamos esta batería de medidas al incremento del IVA, que pagan por igual millonarios y desempleados sin ayudas públicas, la ausencia de cualquier reforma fiscal que afecte a las SICAV y similares, añadamos que no hay ninguna previsión de reducción del Gobierno ni sobre todo de las elefantiásicas administraciones autonómicas y municipales, y se acaba dibujando una “salida de la crisis” grotescamente reaccionaria, carente de la más mínima equidad y solidaridad social o racionalidad política.

Hemos repetido infinidad de veces que la crisis económica está empeorada en el caso español por una crisis política sin precedentes. Hemos explicado una y otra vez que si el Estado español ha renunciado a la política monetaria a cambio de entrar en la zona euro, también ha renunciado al control de la política fiscal al haber transferido la parte del león del gasto público, sin ningún control digno de ese nombre, a las CCAA y ayuntamientos. Parece que en España muchos no se han enterado o no quieren enterarse de que ese desmantelamiento del Estado, del que unos pocos se han beneficiado escandalosamente, convierte a éste en ingobernable; ni siquiera el PP que, junto a medidas anticrisis sensatas (encoger el tamaño del Gobierno central), renuncia a entrar en la madre del cordero del gasto público de CCAA y ayuntamientos (pues es más fácil meterse con los sindicatos paniaguados que con Aguirre, Camps, Feijoó o Gallardón). Pero resulta que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea sí se han dado cuenta de que esta es la realidad que en España no se quiere ver. Y por eso han impuesto, como precio de la garantía de ayudas contra la suspensión de pagos, que la política fiscal española sea supervisada y controlada por el FMI y el Ecofin. Dicho en plata: como cualquier país subdesarrollado, España ha perdido la soberanía fiscal y el control de su gobierno económico. Es la consecuencia del fracaso del Estado de las Autonomías pactado en la Transición y del abusivo sistema clientelar de partidos crecido a su calor.

Los datos no mienten: en la actualidad, la Administración central del Estado, donde trabajan la inmensa mayoría de empleados públicos a los que primero se disminuirá y luego se congelará el salario (320.124 trabajan para la Administración Central, excluyendo los 263.323 del ejército y fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345. 577 de empleados públicos de las CCAA), ya sólo administra el 20% del gasto público de España. Otro 29% corresponde a la Seguridad Social. Las Comunidades Autónomas administran el 36%, y los entes locales (incluidas las diputaciones forales vascas) el 15%. Sabido que no hay ninguna intención de meter mano en ese 51% del gasto público, con sus consecuencias en el déficit y la deuda –que seguirían creciendo si no lo vetaran Ecofin y FMI-, y ello porque pronto habrá elecciones autonómicas y municipales en las que PSOE, PP y nacionalistas pujarán en la subasta de promesas demagógicas, aldeanas e incumplibles para ganar el voto de ciudadanos muy despistados o demasiado ignorantes. Pero, ¿quién iba a prestar dinero al Estado para que pueda seguir pagando su deuda, pues de eso se trata y no de reactivar la economía, sin exigir primero la llave de la caja pública? ¿Quién puede fiarse de un Parlamento que aprueba en plena crisis, el año pasado, unos Presupuestos Generales del Estado completamente inviables y falsos, mediante la compra de votos nacionalistas de toda calaña? ¿Quién puede creer ya que el problema es que salga Zapatero y que entre Rajoy, cuando la mala administración es la misma en Barcelona, Valencia y Madrid? Nadie en sus cabales. He aquí que hemos descendido al nivel, ya predicho, de la monarquía bananera de Europa. Demasiado pesados para abandonarnos a nuestra suerte, demasiado irresponsables como para dejarnos el control.

Son Zapatero y su partido –“críticos” cómplices incluidos- los responsables principales de la debacle. Pero no le van a la zaga unos socios nacionalistas y un PP que han estado haciendo en sus feudos lo mismo que critican al Gobierno central, esperando que el deterioro de la situación hiciera caer la victoria electoral como fruta madura. A estos responsables hay que añadir las asociaciones patronales y los sindicatos, los grandes grupos de comunicación, las cajas de ahorros y las empresas constructoras y bancos que han financiado todos estos años este sistema condenado al fracaso. Así que el sistema político-financiero creado en la Transición ha naufragado de modo irremisible. Sí, ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo, y que siguen siendo mayoría los partidarios de recetas milagrosas, como que el PP gane las elecciones para que todo siga como está echando la culpa a Zapatero por la herencia dejada. Es sabido que mientras se hundía el Titanic, lentamente (era muy grande), la orquesta seguía tocando bailables, los oficiales trataban con cortesía a las damas y pateaban a la tercera clase, y había quien estaba más preocupado por la temperatura del champagne que por el caótico derroche de botes salvavidas. Pero eso no evitó que el Titanic se hundiera.

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Clegg y el voto realmente útil

El resultado de las elecciones británicas es realmente estimulante para nosotros. El partido liberal-demócrata ya advirtió que sólo ofrecería su apoyo para formar gobierno al candidato que se comprometiera a cambiar la ley electoral británica, cuya monstruosa falta de equidad ponen de manifiesto la traducción de los votos en escaños conocidos ayer. En efecto, con el 36,1% de los votos los conservadores consiguen 306 escaños (a 20 de la mayoría absoluta), los laboristas 258 con un 29% de votos, y los liberal-demócratas 57 con el 23%. La explicación de semejante desajuste en la democracia viva más vieja (en sentido amplio) del mundo es que el sistema se pensó para favorecer un sistema bipartidista. Pero esa es precisamente la cuestión: que los resultados demuestran que Gran Bretaña ha dejado de ser bipartidista, y que el sistema electoral está violentando muy negativamente la calidad del sistema representativo, que es algo fundamental para cualquier democracia que se precie, tanto como la igualdad jurídica y la separación de poderes. De ahí que el discurso del partido de Clegg fuera impecablemente democrático y regenerador al señalar como su prioridad política el cambio de ese sistema electoral por otro más respetuoso con el principio de proporcionalidad.

Cosas de las votaciones populares, resulta que esta vez los liberal-demócratas han retrocedido en escaños (tenían 62), pero ganan en influencia parlamentaria al convertirse en decisivos para formar una mayoría de gobierno, ya que ninguno de los dinosaurios tradicionales ha conseguido mayoría suficiente, ni solos ni pactando con las minorías nacionalistas de Escocia, Gales o el Ulster. Naturalmente, Clegg se ha apresurado a ratificar que sólo apoyará al partido que se comprometa a cambiar esta legislatura la ley electoral, de modo que la caricaturesca ficción bipartidista en blanco y negro deje paso a una representación más fiel a la verdadera policromía del electorado británico. Y seguro que lo consigue, porque de otro modo el gobierno en minoría que inevitablemente se deberá formar, conservador o laborista, estará sometido al suplicio de Tántalo de verse derrotado en todas las votaciones fundamentales, supuesto que laboristas y conservadores no se pondrán de acuerdo para salvar el bipartidismo como un bien superior a cualquier otro. Pero eso parece poco probable en la isla.

En resumidas cuentas, ha quedado demostrado que votar a Clegg era el verdadero voto útil, pese a la hostilidad del sistema, para todos aquellos que desean mejorar la democracia británica. ¿Y en España? Pues aquí acabará ocurriendo lo mismo el año 2012: quienes estén convencidos de que el principal problema político de este país es el sistema alternante PSOE-PP+socio nacionalista, se verá abocado a resignarse a ese desastre o votar UPyD. Por mucho que le digan que no será un voto útil porque en la mayoría de las circunscripciones, las provincias, el precio en votos de un escaño es prohibitivo para un partido pequeño y nuevo como el nuestro. Pero echemos cuentas: bastaría con conseguir escaños en las provincias donde es posible por su demografía, aquellas que tienen más de ocho diputados, para reunir un grupo parlamentario de doce o más diputados que repita en la Carrera de San Jerónimo lo que Clegg dirá en Westminster: ¿quieres nuestro apoyo para formar gobierno? Muy bien, firma aquí con luz y taquígrafos que lo primero que vamos a cambiar es esta Ley Electoral para hacerla más equitativa, proporcional y por tanto más representativa (hecho esto, abriremos el debate de la reforma constitucional en un parlamento nacional mucho más representativo). Es normal que populares y socialistas -tan dinosaurios como sus correspondientes británicos pese a que éstos son mucho más venerables en edad e historia- se alarmen y se apresuren a poner el grito en el cielo. Como Montoro, que ha aprovechado para decir que el bipartidismo le va estupendamente a España y no tiene sentido cuestionarlo (lo que ya es una aceptación implícita de que es el resultado de un sistema electoral, no de la expresión de la voluntad popular). Claro, como lo demuestra la situación de las cuentas públicas, la economía, la educación, la justicia y tantas otras cosas instauradas por este sistema viciado: para echar a correr.

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Cuba, UPyD y el PCE

Conocí a Oswaldo Payá en un lugar un tanto improbable: la monumental sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Payá había viajado hasta allí para recibir el Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia del año 2002. A mí y a otros representantes de Basta Ya nos habían invitado también a asistir a la entrega del Sajarov en calidad de últimos premiados, el año 2001, y no dudamos en asistir para conocer a Oswaldo Payá, darle ánimos y ofrecerle la poca ayuda que pudiéramos darle a él y a su inteligente iniciativa, el Proyecto Varela. Al fin y al cabo, si enfrentarse a ETA era complicado, incomprendido y peligroso mucho más lo era combatir a la dictadura de Fidel, y por tanto más meritorio.

Por aquel entonces Rosa Díez ejercía de eurodiputada y presidía la sección española del Grupo Socialista Europeo –o tempora o mores-, de manera que en la comida oficial que siguió a la entrega del premio nos sentaron con ella a los nuevos y viejos premiados. La comida, por cierto, no fue nada del otro mundo, y si querías una copa había que pedirla expresamente a un ceremonioso maître que mandaba traerla con aparato muy francés; una muestra del principio de austeridad, cuando se trata de gastar dinero público, tan distinto a la irresponsable prodigalidad española en los mismos casos…

Pero a lo que íbamos: tuve la suerte de tener a Oswaldo Payá al lado durante toda la comida. Fue una conversación muy larga, muy cordial y animada. Entre otras cosas, Oswaldo nos contó las técnicas de acoso que el gobierno castrista usaba contra él y su familia, idénticas –vaya, qué casualidad- a las de la kale borroka: pintadas infamantes en la puerta de casa y calles vecinas, lanzamiento de pintura roja y amarilla (supongo que por lo vistosa) contra las paredes, grupos “espontáneos” acarreados para motejar a Oswaldo y sus compañeros de “gusanos” (contrarrevolucionarios), y las consabidas difamaciones, acusaciones y advertencias en la prensa (única) del régimen. Hablamos tanto y tanto que hasta Rosa tuvo que dejarnos por sus deberes parlamentarios, y en la sala nos quedamos charlando sin fin, solos, ante la mirada impasible del maître. Vista la poca generosidad de la casa en materia de reenganche al café, y no hablemos de copas, nos trasladamos a un hotel para seguir la cháchara a costa de nuestro bolsillo. Nos despedimos más ricos en amigos.

Ahora Rosa ha podido visitar a Oswaldo Payá en su propia casa de La Habana. Esta vez la policía no ha molestado –a diferencia de lo sucedido en la visita a Aminatou Haidar en El Aaiun-, ni parece que siga el acoso organizado de años anteriores. Prueba para los escépticos y pesimistas de que las campañas internacionales de apoyo y solidaridad, los premios como el Sajarov, surten efecto sobre los sayones de las dictaduras y ayudan a quienes deben soportarlos. Por eso viajes como el de Rosa son completamente necesarios, oportunos y prácticos.

Ignoro si la prensa española dará una cobertura razonable a esta visita de Rosa a los disidentes cubanos –además de con Payá, se ha entrevistado o lo hará mientras escribo estas líneas (si no hay interferencias policiales) con Yoani Sánchez, Elizardo Sánchez y las Damas de Blanco-, a diferencia del silencio unánime observado durante su reciente expedición al Sáhara para apoyar a los saharauis en nombre de UPyD y de millones de ciudadanos españoles. Ayer, sin ir más lejos, El País dio una información sesgada sobre la carta de Rosa a José Bono pidiéndo el cambio del reglamento del Congreso que otorga a los diputados diversos privilegios en materia de pensiones. El País no tenía espacio o tiempo, en cambio, para la visita de Rosa a Cuba. Pero sí citó, el 1 de mayo, la de otro político: el secretario general del PCE, José Luis Centella.

La visita de Centella y el PCE, celebrada por el castrismo, tiene una finalidad exactamente contraria a la nuestra. En lugar de apoyar a los disidentes y ofrecerles ayuda política, práctica y moral, los comunistas han ido a alentar a la dictadura de los Castro para que continúe oprimiendo y explotando a los cubanos, y reprimiendo y masacrando a los disidentes. La paradoja es que semejante indecencia, contraria no sólo a las exigencias de la democracia sino al respeto a los derechos humanos, sea considerada en España por todavía demasiada gente una política típicamente progresista. Esta inversión de los valores demuestra lo vacío de significado que ha quedado entre nosotros el concepto de progreso político, y la pavorosa dimensión de la ignorancia política, el sectarismo ideológico y la indecencia moral entre lo que queda de una paleoizquierda reaccionaria demasiado respetada y admirada todavía por sedicentes principios superiores que no son sino otro mito patético. Claro que los mitos de ese tipo han hecho y hacen mucho, muchísimo daño cuando se ponen al servicio de una dictadura para justificarla. Que se lo pregunten si no a los cubanos que la padecen, con el aplauso de Izquierda Unida, el PCE y sus asociados, actores descerebrados inclusive.

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Ineptocracia, crisis y política

En la sesión de control del Gobierno de ayer, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta Salgado se quedó en blanco en plena réplica a Soraya Sáez de Santamaría. Enmudeció cuando estaba explicando a su rival las grandes ventajas de la economía española en comparación con las de Grecia. Visto el tema, no es extraño que perdiera el hilo y la trama, porque tales ventajas son muy discutibles y para algunos más imaginarias que otra cosa; de hecho, los mercados internacionales de deuda pública no parecen creérselas demasiado (y por cierto, dos excelentes artículos al respecto de McCoy y de Alvaro Anchuelo). Pero confirmando el adagio de que todo lo que va mal puede empeorar, la vicepresidenta Salgado recuperó el don de la palabra con esta extraordinaria revelación: la gran diferencia respecto a Grecia es la solidez y estabilidad de las instituciones españolas. Léanlo de nuevo, es lo que dijo. Pura antiprofecía, porque si esto es todo lo que el Gobierno –y la oposición- puede presentar como aval de su solvencia, estamos perdidos.

¡Dios santo, de las instituciones sólidas y estables, dice! ¿Cuáles? ¿La administración de justicia? ¿El Tribunal Constitucional empantanado y despreciado? ¿El Tribunal Supremo, motejado de fascista con la connivencia del Gobierno? ¿Los sindicatos empeñados en defender la intocabilidad de Garzón mientras el paro asciende al 20%? ¿La patronal CEOE, presidida por un empresario insolvente? ¿Las cajas de ahorros al borde de la quiebra, dirigidas por delegados de los partidos a los que condonan sus deudas? ¿Los medios de comunicación públicos, convertidos en altavoces del partido de gobierno que los manipula? ¿Los medios de comunicación privados, al servicio del partido que los sostiene con publicidad y favores? ¿El sistema educativo, con el récord europeo de empeoramiento constante de sus resultados? ¿Las CCAA, que derrochan 26.000 millones € anuales por su mala gestión y no responden ante nadie ni hacen nada para evitarlo? ¿Los ayuntamientos insaciables, que nos endeudan para varias generaciones sólo para volver a levantar calles y plazas recién levantadas? Y finalmente, ¿es sólido y estable el Gobierno que sólo controla el 35% o 30% del gasto público y cuyo único modo de conseguir mayorías parlamentarias es comprar votos nacionalistas, cosa ya imposible porque el saco de billetes está -¡por fortuna!- vacío, debido a lo cual el martes 27 perdió tres votaciones sobre medidas económicas importantes al no poder comprar ni votos vascos ni canarios o catalanes ya que no gallegos? ¿o confiamos en la oposición del PP, estúpida y corresponsable del actual desbarajuste? ¿Estas y otras son las estupendas, sólidas y estables instituciones que van a protegernos de un destino económico aciago? Pues dan ganas de pedir la nacionalidad griega, al menos allí ya saben lo que les pasa y lo que les espera.

En resumen: vivimos en una ineptocracia, un gobierno de ineptos resultado de un sistema inepto. Nadie informado puede ignorarlo ya. La ineptocracia es el resultado de treinta años de sistema político y público basado en la selección negativa, tanto de los personajes más ineptos de cada grupo social como de las normas y reglas más ineptas para gobernar y gestionar las cosas públicas. Y no sólo en el Gobierno y su partido, sino en todos los partidos tradicionales, en los grandes sindicatos, en las patronales, en las empresas públicas, etc. El sistema de pactos políticos vigente ha consistido en un mercadeo opaco y a gran escala de favores entre partidos, empresas, sindicatos, constructores y medios de comunicación. Mercadeo que ha sido posible mientras entraba dinero y más dinero en la caja gracias a la prosperidad económica, y que ha tenido la consecuencia del engorde ilimitado del sistema, ejemplificado en los más de 500.000 empleados públicos contratados entre 1999 y 2009 por las distintas administraciones públicas para gestionar los mismos asuntos, en un caso de extraordinaria elefantiasis burocrática, más descarnada todavía cuando se comprueba que el porcentaje de empleos productivos de esa cifra –de médicos, maestros, militares, policías, carteros, etc.- es inferior al de empleos de puro mantenimiento, pago de favores y gestión de la cosa obesa en sí.

Pues señor, se acabó lo que se daba: cada año entrará menos dinero a las arcas públicas por la contracción de la economía, y aumentará en cambio el monto de la deuda a pagar. Ya no se podrá mantener el pago de favores opacos ni el reparto de beneficios entre los socios y leales. Y vamos a pagarlo caro todos. Sobre todo porque si bien se extiende la conciencia de que la crisis que vivimos es la suma de una crisis económico-financiera muy grave con una crisis político-institucional gravísima, sin precedentes –una especie de tormenta perfecta de la cosa pública, en la que flotamos como cascarones a la deriva-, sigue estancada la conciencia de que esta crisis tiene pese a todo solución, pero que tal solución es básicamente política, es decir, pública y ciudadana. ¡Es la política, estúpidos! (© Rosa Díez, sobre una idea original de la campaña de Clinton).

La crisis no se va a resolver en la buena dirección –porque se resolverá, pero puede que en la mala- con lamentos y denuestos ni alarmada contemplación. No basta con soltar elevadas denuncias y logradas soflamas en las tertulias de radios y televisiones. No es suficiente con escribir airados posts contra los políticos (¿y los vagos? ¿y los defraudadores? ¿y los parásitos de todos los ámbitos?) en blogs y foros de internet. No sirve para nada reclamar mesura, sosiego y altura de miras a la ineptocracia. Reclamar a otros lo que están en la propia mano pero no se hace es una muestra de impotencia, cobardía o hipocresía. Es hora de asumir riesgos y compromisos que sólo pueden ser personales. Si estás por la labor, nosotros te ofrecemos un instrumento político para hacer frente al desmoronamiento de lo público, de lo que nos une a todos porque todos lo necesitamos. Un instrumento sin duda mejorable, pero dispuesto a todo y preparado para funcionar. Se llama UPyD y es un pequeño y joven partido político con poca experiencia y muchas ideas. Y anímense, hay sitio de sobra para todas las personas que puedan aportar algo. A la política, por supuesto.

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¿Es más eficaz la desigualdad electoral? Réplica a José Ignacio Wert

Publicaba ayer El País un artículo de José Ignacio Wert, presidente de Inspireconsultores, un artículo de réplica al de Rosa Díez a favor de la reforma electoral publicado en el mismo diario. En síntesis, y aplicando uno de los posibles modelos de cambio de la legislación electoral, Wert admite que el actual sistema electoral (LOREG) puede mejorarse para hacerlo más equitativo, que de esa mejora se beneficiarían sobre todo IU y UPyD, que los levemente perjudicados serían PSOE y PP, y que los partidos nacionalistas se quedarían más o menos como están. Ahora bien, objeta el autor, esa reforma haría más complicado formar mayorías parlamentarias y por tanto gobiernos viables y estables, que es una de las misiones esenciales del Parlamento. Así que hacer más equitativo el sistema electoral también lo haría menos eficaz. La pregunta que hace Wert, por tanto, es la de qué debe ser prioritario, si eficacia o equidad así contrapuestas. Un dilema que al menos merece un comentario. Y comenzando por lo primero: ¿es un auténtico dilema, o más bien una disyunción arbitraria? Yo creo que la oposición de eficacia a equidad en el sistema electoral es una falacia acogida a una supuesta razón técnica superior (a una ética de las consecuencias, si nos ponemos weberianos). Falacia que, como tantas de su especie, reclama el sacrificio de un principio democrático básico, el de equidad –en este caso del voto y de los votantes-, a un fin puramente instrumental, el de la eficacia. Veamos primero qué se entiende por ambas cosas y luego qué relación hay entre ellas, si de oposición como pretende Wert, o de otra clase.

Hablando de voto representativo, por equidad debe entenderse igualdad en el resultado práctico del mismo. En un sistema electoral equitativo cada elector tiene un voto y sólo uno (un hombre un voto), y además su valor a la hora de convertirlo en representación debe ajustarse todo lo posible al principio de igual valor (todos los votos valen lo mismo). Por supuesto, ciertas correcciones impiden que el valor sea idéntico al 100%, por ejemplo circunscripciones desiguales, o sistemas como la ley d’Hont y otras similares. Tales correcciones no invalidan la calidad democrática de un sistema electoral que las incorpore, pero uno donde el valor de un voto en cierta circunscripción triplique o quintuplique o más el de otra, como es el caso del español (grosso modo, Madrid elige 33 diputados al Congreso con 60 veces la población de Soria, que elige 2; una relación de 1-16’5), sin duda no puede considerarse razonablemente equitativo. Y la equidad es un objetivo esencial de la democracia, no un aspecto secundario de la misma que pueda sacrificarse a otras consideraciones, menos aun si son de distinto valor.

Por ejemplo, a la eficacia. A diferencia de la equidad, que es un valor, la eficacia es una medida de relación entre los objetivos perseguidos y los conseguidos. Una persona o una empresa eficaz es, sin duda, la que consigue gran parte de lo que se propone, y lo mismo vale para juzgar si un sistema parlamentario es más o menos eficaz. En una democracia como la española el Parlamento tiene dos misiones fundamentales: representar al cuerpo electoral en la deliberación y aprobación de leyes, y elegir al Presidente de Gobierno para que forme uno. Wert, por cierto, sólo se refiere a la eficacia relativa a la formación de gobiernos, olvidando que un Parlamento constituido mediante una ley electoral poco equitativa necesariamente perderá eficacia en su primera y prioritaria misión, la legislativa, pues amplias partes del cuerpo electoral quedan excluidas, infrarepresentadas o sobrerepresentadas.

Veamos de todos modos si, como afirma Wert, la falta de equidad que reconoce en la LOREG está compensada porque favorece la formación de gobiernos viables y estables. De nuevo hay que establecer qué entendemos por tales predicados. Es obvio que se refiere a gobiernos de larga duración, pero ¿es sólo esto lo que hace un gobierno viable, aunque sea estable? En un sistema como el nuestro, donde las mayorías absolutas son raras, la formación de mayorías parlamentarias de gobierno se hacen a base de pactos con formaciones minoritarias. Esto no es malo ni bueno en sí mismo, al menos si tales minorías y sumas de las mismas representan equitativamente al cuerpo electoral. Ahora bien, dada la escasa equidad de nuestro sistema por su deformación territorial, las minorías que realmente cuentan son aquellas con una fuerte concentración territorial en tres o cuatro circunscripciones: BNG, PNV, CIU, ERC y CC.

La escasa equidad de un sistema distorsionado que antepone al voto individual la la representación de territorios poco poblados –la mayor parte de las provincias españolas-, pone en manos de estos partidos la llave de la formación de gobiernos. Gobiernos que, por eso mismo, pueden ser muy estables, es decir, durar mucho sin cambios ministeriales, pero que dependen del favor de los pequeños partidos de alta concentración territorial. Para formar mayorías suficientes, Aznar en su primer mandato y Zapatero en los dos han tenido que cerrar pactos con los partidos nacionalistas (y secundariamente, con IU) con el resultado de sacrificar al apoyo parlamentario intereses nacionales objetivos que aparecían en su programa de gobierno, como la cohesión institucional, la igualdad legal y fiscal, la contención del gasto público o la racionalización de la administración. ¿Es viable un gobierno como los de Zapatero en esta segunda legislatura, obligado para preservar su duración (estabilidad) a sacar a subasta el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Un gobierno obligado a constantes transferencias de recursos a las CCAA a costa del déficit público en plena crisis económica? En términos democráticos es una criatura muy duradera, pero muy poco viable en lo que se refiere a su capacidad de gobernar de acuerdo con sus objetivos programáticos. Es decir, ¡muy poco eficaz, porque no consigue los objetivos que persigue! Salvo que, como ocurre en el zapaterismo, el único objetivo sea gobernar como sea y a costa de lo que sea, eficacísimo pero contrario al interés general.

Por tanto, y contra lo que sostiene Wert, el sacrificio de la equidad en pos de una supuesta mejora de la eficacia no consigue de ningún modo ese objetivo, es decir, es muy poco eficaz. Los gobiernos son duraderos y parecen estables, pero no son sólidos en el sentido de estar en condiciones de desarrollar un programa de gobierno porque están sometidos a la presión y desestabilización permanente de los pequeños partidos de concentración territorial necesarios para la mayoría parlamentaria. ¿Dónde está, pues, la eficacia en términos de gobernanza y gobernación democrática? Yo diría que en ninguna parte.

Hay una razón más de fondo para este fenómeno: lo eficaz en democracia es perseguir más equidad, no sacrificar la segunda a la eficacia como si fueran cosas intercambiables o vinculadas al modo de vasos comunicantes. Por el contrario, la relación es causal: la prosecución de un sistema electoral más equitativo –y esto vale para el sistema fiscal, laboral, educativo, etc.- hace más eficaz al conjunto del sistema político. Esta es una de las explicaciones lógicas de porqué las democracias desarrolladas y evolucionadas son más eficaces que las dictaduras. Y que una mayor eficacia económica, por ejemplo, acabe exigiendo seguridad jurídica y lucha contra la corrupción, objetivos que requieren de medidas democratizadoras progresivas tendentes a instaurar más equidad, estableciendo un círculo virtuoso en las antípodas del círculo vicioso de renunciar a la equidad en pro de la eficacia.

En resumidas cuentas, España tiene mucho que ganar con un sistema electoral más equitativo que, por ejemplo, corrija que un voto al PNV en las elecciones generales del 2008 acabara valiendo seis veces más que otro a UPyD. No es cuestión de ideología, sino precisamente de eficacia en la búsqueda de la equidad. Que es una meta íntimamente relacionada con la búsqueda de la justicia, dicho sea de paso. Así que no enredemos: mantener un sistema electoral poco equitativo sólo porque viene muy bien a PSOE y PP, y a sus socios preferentes del PNV, CIU y CC, no sirve para conseguir un sistema más eficaz de gobiernos más sólidos y estables, sino que favorece el desgobierno y el Estado híbrido e inviable financiera y políticamente en el que ya estamos metidos. Además de injusto, chapucero.

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Las ventajas posibles de que todo vaya fatal

La economía no despega y según algunos indicadores y previsiones podría ir a peor, agravándose la crisis financiera. El desempleo se aproxima a la cifra catastrófica de cuatro millones y medio de parados, muchos de los cuales han dejado de tener derecho a prestaciones sociales. La administración de justicia es un carajal, se trate de la actuación del Tribunal Constitucional o del caso Garzón, que ha logrado por fin que los tertulianos actúen como jueces y los jueces como tertulianos. Los políticos y sus partidos son cada vez percibidos por más ciudadanos como un problema de primera magnitud, y en cualquier caso como un colectivo incapaz de aportar soluciones y sí de crear problemas. La corrupción política ha llegado a tal extensión que más de 800 cargos de casi todos los partidos políticos están encausados por delitos aburridamente similares que sus partidos parecen incapaces de prevenir. La percepción de que el Estado de las Autonomías es incompatible con la crisis económica, además de fuente de abusos y absurdos estructurales, pero también con el proceso de integración europea, se extiende cada vez más sin que la clase política al mando y los llamados “líderes de opinión” hagan otra cosa que encogerse de hombros y esperar imposibles milagros financieros. Los sindicatos subvencionados se dedican a extender cortinas de humo a propósito de Garzón, y la principal patronal está liderada por un empresario fracasado. Los principales medios de comunicación subsisten a base de propaganda institucional, anuncios de teletienda y puterío, y un reparto ventajista y oligopólico del mercado audiovisual pactado con el poder político. Las instituciones europeas parecen incapaces de adoptar las medidas políticas indispensables para que el euro tenga un futuro real y viable como moneda supraestatal de países de rentas y tamaños tan diferentes como Alemania y Grecia. Estos son algunos datos de la situación, y no se trata de ninguna enumeración apocalíptica: es la pura realidad, y podríamos agravarla con datos sobre educación, sanidad, inversión, deuda pública, emigración, economía sumergida, cierre de empresas, etc. Por fortuna, la pandemia de la nueva gripe no fue nada, y no para de llover y ha sido un invierno frío con récords de nieve pese a los agoreros del calentamiento vertiginoso, pero sólo porque a la naturaleza va a lo suyo.

¿Tiene esto remedio? Naturalmente, pero sólo a condición de que la percepción de que todo va mal vaya acompañada de que las soluciones son conocidas, y de que sólo dependen de una voluntad de cambio y mejora que en última instancia depende del voto de la ciudadanía, y de nada más. Por fortuna, porque si no estábamos aviados. Que nadie espere nada de quienes manejan el cotarro, sino de sí mismo y de sus iguales.

Es posible sustituir a Zapatero y Rajoy, y sus respectivos partidos, por nuevos liderazgos y nuevos partidos: basta con dejar de votar a aquellos y votar a éstos. Es posible una administración de justicia más eficaz, concebida como un servicio público independiente; es posible sustituir el desmadre autonómico por un Estado racional, adaptado a la complejidad española pero también a los principios de eficacia, transparencia y equidad; es posible dejar de subvencionar a grupos y empresas apesebradas, sean poderosos sindicatos, patronales o medios de comunicación; es posible iniciar una reforma laboral racional y despolitizar las cajas de ahorros; es posible reducir el déficit público sin subir los impuestos ni rebajar prestaciones sociales básicas reduciendo el gasto superfluo e  innecesario de las administraciones; es posible mejorar la educación y la sanidad volviendo a un modelo público integrado, libre de barreras territoriales, lingüísticas o sindicales y de papanatismo seudopedagógico; es posible empeñarse en un proceso de mayor integración política de Europa si queremos seguir compartiendo una moneda y un mercado común.

En fin, son posibles cantidad de cosas y medidas que sólo consideran imposibles los inmovilistas y pasivos profesionales, que muchas veces coinciden con quienes ahora mismo se benefician de un sistema inviable, incluso si son detractores profesionales del mismo, bien es cierto que siempre añadiendo la coletilla resignada: “pero esto es lo que hay y no puede cambiarse”. Pues sí que se puede, y se debe: hay que cambiar la Ley Electoral, que privilegia a estos dinosaurios voraces, y cambiar la Constitución, que consagra su voracidad confundiéndola con la normalidad. Hay que adoptar iniciativas políticas y juídicas, y dejar de lamentarse. Hay que comprender la complicada realidad en profundidad, y dejar de caricaturizarla.

Cuando toda va mal y parece que irá a peor es el momento de proponerse grandes cambios, y de llevarlos a la práctica. Esa es la gran ventaja del horizonte desastroso al que nos dirigimos: que no tendremos más remedio que cambiar. O si no, dejarnos caer hasta hundirnos sin remisión. Pero no va a ocurrir: vamos a ver grandes cosas, aunque pasemos por grandes zozobras. Seguro.

Y bueno, se dirán ustedes, ¿a qué viene esto? A que también necesitamos de vez en cuando recordar que hay luz al final del túnel (salvo que, como advertía aquel, no sea la de un tren que viene de frente…)

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Profilaxis de la corrupción política: ética y votos.

Lamentar la corrupción pero limitarse a combatirla apelando a la moralidad de las personas es similar a luchar contra la sequía sacando los santos de procesión. Esta costumbre presenta un riesgo adicional: así como en algunos pueblos tiraban al río el santo e incluso el Cristo si pese a las rogativas no llegaba la lluvia implorada, la persistencia y multiplicación de los casos de corrupción también puede llevar a tirar la ética a la basura. Pues en efecto, si los llamamientos a la moralización de la vida pública no dan resultado, ¿para qué sirve esa ética invocada a modo de jaculatoria milagrera? Para nada, debe de pensar la multitud convencida de que todos los políticos son unos corruptos, que la cosa no tiene remedio y que, por eso mismo, cuando vote apoyará al partido que menos le repela aunque sea tan corrupto como el otro: PSOE y PP, tanto monta monta tanto, como CIU y PNV y resto de la vieja  sopa de letras.

La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios, profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes públicos; llevada al extremo, destruye la democracia. No se trata pues de banalizar su importancia, pero sí de reconocer que los comportamientos corruptos están a la orden del día en todos los ámbitos de la existencia humana, y no es exclusiva de los políticos. Como no es posible erradicarlos, hay que prevenirlos y castigarlos si se producen (qué horror: castigar, que políticamente incorrecto).

Prevenir y perseguir la corrupción política si se produce: ahí está la clave. Y se trata de prevención en varios órdenes, para hacer la corrupción no imposible, sino más difícil y penalizada. En España, en concreto, hay que revisar a fondo las competencias urbanísticas de los ayuntamientos para dificultar la forma más usual, la ligada a recalificaciones de suelo y construcción. Además, hay que modificar el Código Penal para que sea posible, por ejemplo, que el juez suspenda automáticamente al político sospechoso de corrupción para que su permanencia en el cargo no agrave el caso ni legitime el delito. Por cierto, esta es una de las enmiendas al Código Penal que Rosa Díez ha presentado en la comisión del Congreso donde se estudia su reforma, y una enmienda que el PSOE ha rechazado… Pero además es indispensable profundizar en la mejora de la transparencia de la gestión. Por eso hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, que estimula claramente la corrupción como financiación ilegal (a menudo mezclada con el enriquecimiento personal); hay que despolitizar las cajas de ahorros, para impedir la sistemática condonación de créditos, el blanqueo de financiación ilícita y otros trucos habituales; hay que eliminar las empresas públicas y entidades superfluas o ineficaces, pues en muchos casos no sólo son un derroche, sino que están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y clientes como “expertos” y “asesores”, u ocultar endeudamiento público a base de trasladarles deuda del ayuntamiento, diputación o comunidad. Hay, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar para dificultar la corrupción y castigarla ejemplarmente. Entonces, ¿por qué no se adoptan?

La razón de esta pasividad es muy clara, y además es doble: los principales focos de corrupción de la vida pública, los partidos tradicionales, no están dispuestos a asumir ningún riesgo que amenace su control de las instituciones, pero además tampoco harán nada mientras millones de ciudadanos les voten a pesar de su clara complicidad en el mantenimiento de un sistema que no sólo tolera la corrupción, sino que la fomenta. En resumidas cuentas: PSOE, PP y sus socios nacionalistas no actuarán contra la corrupción, ni dentro de sus partidos ni en las instituciones, por las mismas razones por las que evitan mejorar la ley electoral, combatir el déficit público, despolitizar las cajas de ahorro, reformar el mercado de trabajo o asegurar una enseñanza pública de calidad. Y mientras reciban elección tras elección 24 millones de votos, no verán la necesidad de cambiar de actitud.

Conclusión: está muy bien invocar la ética e indignarse con los corruptos, pero no sirve de nada mientras combatamos la corrupción dónde y cómo hay que hacerlo: en las instituciones y en las elecciones. Con reformas legales y con votos.

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Mr. Rajoy is Bartleby? O la confusión de la incompetencia con la responsabilidad

Uno de los héroes de la literatura universal, por desgracia poco conocido en España, es Bartleby el escribiente, obra maestra de Hermann Melville. Sí, el de Moby Dick. Y si aquella era una ballena terrible (cachalote, en la película de John Huston), albino terror de los balleneros y mortífera obsesión del capitán Achab, Bartleby es el pequeño cetáceo exangüe, varado en la playa de la existencia mientras espera el fin respirando lentamente. Su lema y casi única expresión verbal cuando se le requería algo, fuera ir a correos o escribir un memorial: “preferiría no hacerlo”. El héroe, o antihéroe en propiedad, de la no-acción en absoluto.

Pues bien, he aquí que también tenemos un Bartleby en la política patria, donde no nos privamos de ningún castigo. Se trata del señor Rajoy, Bartleby en el sentido más peyorativo del término (no voy a decir que gallego, descuiden los gaiteiros con la furiosa cornamusa a punto de soplido). La diferencia, en efecto, es a peor en el caso de ese señor del puro que preside la Oposición oficial. Porque si el escribiente padecía de un desierto interior donde vagaba perdido y le aislaba del mundo entorno, lo que le llevaba a preferir la inacción y la pasividad a cualquier acto o iniciativa, Rajoy finge que algo hará sin hacer nunca nada más que amagar que algo hará cuando toque. Junto a la mezcla de cinismo, ignorancia y prepotencia sentimental de Zapatero, la pasividad, oportunismo y vacuidad de Rajoy componen ese cóctel político de nuestras desgracias.

Viene esto a cuento de que, preguntado en un acto en Santander sobre la conveniencia de introducir reformas en el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA, el interrogado se limitó a decir que “no veo posible ni sensato retirar competencias a las autonomías”. Añadiendo: Les digo una cosa, cuando oigan a partidos políticos que nunca van a ganar las elecciones y que por tanto pueden decir lo que quieran, actuar irresponsablemente, que van a conseguir que se devuelvan competencias, no les hagan caso“. Se ve que actuar con responsabilidad es, en cambio, no actuar en absoluto y dejar todo como está. No llega ni a las botas al príncipe de Salina, el héroe de El Gatopardo.

Y todo lo cuenta ABC, diario nada sospechoso de desafección por quien presenta como única esperanza salvadora, aunque no sepamos de qué va a salvar ni a quiénes, porque a tenor de la breve pero jugosa crónica Rajoy no piensa hacer nada en ningún asunto espinoso: no va a proponer cambios de los Estatutos de Autonomía, ni mucho menos cambios de la Constitución. Tampoco, ya lo sabemos, de la ley electoral (LOREG), de la ley de Cajas de Ahorros, ni de la ley de elección del Tribunal Constitucional. Su partido tampoco abandera cambios de ningún tipo en las comunidades autónomas que gobierna, si exceptuamos la campaña de desobediencia fiscal encabezada por Esperanza Aguirre, esa falsa liberal, en Madrid.

Rajoy preferiría no hacerlo. Nunca y en ningún caso. Preguntado sobre qué hará con la Ley del Aborto cuando gane –si las gana- las elecciones, confiesa: Espero no tener que hacer nada“. Exacto. Eso es. Eso es todo. No hacer nada, ni dejar hacer: Bartleby privado de grandeza existencial, fumándose un puro con cara de enterado.

“Les digo una cosa, cuando oigan a partidos políticos que nunca van a ganar las elecciones y que por tanto pueden decir lo que quieran, actuar irresponsablemente, que van a conseguir que se devuelvan competencias, no les hagan caso”

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El pequeño Quique y el gran Felipe González

Ahora que rememoramos el cincuentenario de la muerte de Albert Camus, uno de los raros verdaderos intelectuales del siglo XX, tan pródigo en imitaciones de la especie, conviene recordar uno de sus títulos fundamentales: La Peste. Es también uno de los suyos más alegóricos, sometido por lo tanto a interpretaciones muy variadas. En el relato, unos pocos hombres se enfrentan en la ciudad de Orán al progreso de la enfermedad y la muerte, mientras las autoridades se enfrentan al problema eludiéndolo y restringiendo la libertad de movimientos de sus habitantes. ¿Les suena? Me he acordado de la historia gracias a un par de aportaciones socialistas al debate político. Una, que puede parecer anecdótica, es el comentario de un joven socialista que responde por Quique y se define a sí mismo como Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE-Moratalaz, además de doctorando en biológicas. En su blog, el pequeño Quique justifica y celebra la agresión contra Rosa Díez y el resto de nosotros sucedida en la Universidad Autónoma de Barcelona: “No queremos –dice- que piseis (sic) nuestra universidad, no nos provoqueis (sic), dejadnos en paz”. Angelito.

Como quiera que esta contribución a la defensa de la democracia lleva colgada en internet desde el 5 de marzo, cabría haber esperado una reacción socialista y ésta, en efecto, se ha producido: no hay motivo de alarma y Quique sigue con su blog progresista abierto y vinculado al PSOE. Y dado que este blog ha conseguido cierta celebridad, la pasividad socialista significa un innegable asentimiento, una acción por omisión. Me pregunto qué pensará al respecto José Bono, que ha pedido a la fiscalía que actúe para investigar los sucesos de la UAB y depure las posibles responsabilidades penales derivadas de la prolongada e impune agresión de los independentistas catalanes.

Naturalmente, puede alegarse que el tal Quique es un simple pelanas que de ningún modo representa al PSOE ni su posición frente a hechos innegables como que en la UAB no se puedan impartir conferencias políticas si no se es independentista o antisistema, que allí se conculque sistemáticamente las libertad de expresión y reunión, y que se pueda atacar materialmente a una diputado nacional y a quienes pretendían acompañarla y escucharla sin que se depuren responsabilidades. El pequeño Quique, al fin y al caso, sería un caso aislado, mera anécdota.

¿Pero qué cabe pensar si vinculamos la incitación al odio ideológico del pequeño Quique con las expresiones del gran Felipe González en el reciente Congreso del PSOE de Andalucía? Allí explicó el gran estadista los problemas de la administración de justicia española, y lo hizo de esta manera: “la Justicia está hecha unos zorros por el ganao que hay al frente”. Doy por descontado que la hinchada socialista expresó grandes satisfacción y felicidad por este análisis, delicadamente metafórico (zorros y ganao, caramba), de uno de los problemas más graves de la democracia española.

Ahí los tenemos: el veterano Felipe y el joven Quique en una misma lucha con un mismo lenguaje, útil para el derribo de los principios básicos de la democracia.

¿Hay algún vínculo histórico entre ese Quique que apoya nuestra lapidación y el del famoso Felipe que descubre los inconvenientes del ganao que él prohijó (como Baltasar Garzón, Secretario de Estado en uno de sus gobiernos del final de su mandato, cuando la era prodigiosa socialista se despeñaba por la corrupción y el terrorismo de Estado)? Pues sí, casualmente. Les cuento.

En la primavera de 1976 Felipe González, secretario general de un PSOE todavía ilegal pero manifiestamente tolerado por el régimen agónico de un Franco ya muerto, visitó la Facultad de Derecho de San Sebastián para dar una charla a los estudiantes sobre la democracia en España y todo eso. Iba acompañado, creo recordar, por Fernando “Poto” Múgica –asesinado por ETA años más tarde- y otros socialistas vascos. El caso es que cientos de estudiantes y otros que no lo eran tanto le esperábamos en la entrada de la facultad. Tantos, que el mitin se trasladó del paraninfo a la escalinata de acceso principal. Lamentablemente para Felipe –todavía conocido por “Isidoro”-, la mayoría de aquellos jóvenes no habían ido a aplaudirle ni escucharle, ni a mostrar entusiasmo por la democracia burguesa a punto de llegar, sino a mostrarle su indignada irritación por el privilegio del que disfrutaba el PSOE en comparación con otras fuerzas de izquierda, perseguidas mientras los socialistas gozaban de amplia tolerancia que aprovechaban para reorganizarse (el PSOE era entonces poco más que un sigla histórica) mediante acciones de promoción como aquella.

Entre aquellos jóvenes había bastantes que militaban en grupos de extrema izquierda maoístas y trotskistas, además de comunistas más clásicos y muchos de lo que luego se comenzó a llamar “izquierda abertzale” (entonces escindida en las dos ramas activas de ETA, mili y poli-mili; la segunda a punto de disolverse en un nuevo partido político, Euskadiko Ezkerra). Dado el sesgo ideológico de la concurrencia, a Felipe no sólo se le reprochaba el sospechoso trato de favor del régimen y su implicación en el proceso que luego se llamó la Transición, sino la degeneración reformista y contrarrevolucionaria de su partido (que todavía se definía como marxista, aunque no se lo creía casi nadie).

Total, que Felipe hubo de soportar no pocos improperios, silbidos, abucheos y, sobre todo, exigencias de cuentas de por qué él podía dar mítines en lo que todavía era una bárbara dictadura mientras los luchadores revolucionarios seguían siendo detenidos, torturados a veces y maltratados siempre, y encarcelados por delitos como formar parte de un partido comunista, separatista o simplemente democrático. Así eran las cosas. Felipe se defendió como pudo usando un megáfono manual mientras algunos estudiantes y los profesores pedían a gritos, a los más airados, que le dejaran explicarse. Lo consiguió sólo a medias. Pero no se arrojó pintura ni se empujó o golpeó a ninguno de sus acompañantes y simpatizantes. Sin embargo, no fue una actitud democrática, ni respetuosa de la libertad de expresión que tanto se exigía. Fue, por el contrario, un boicot que expresaba el avance de la peste antidemocrática en el País Vasco, la razón de que allí la Transición fracasara en gran medida mientras progresaba en el resto del país.

No sé si Felipe González se acordará alguna vez de aquella algarada. Yo sí, porque era uno de los estudiantes allí reunidos, y probablemente uno de los más jóvenes,  pues tenía poco más de dieciséis años y estaba estudiando COU. Lo que son las cosas: ahora me encuentro a Felipe González, completamente superado aquel “Isidoro” tan atractivo –entusiasmaba a nuestras madres y abuelas-, arengando a los dirigentes de su partido, que gobierna en Andalucía y España, contra los jueces y las instituciones básicas de la democracia: ese ganao con esos zorros. Nada más natural entonces que la entrada y promoción en el PSOE de tipos como el pequeño Quique, y la desenvoltura con la que lanza consignas de matón totalitario mientras presume de cargo orgánico, por modesto que parezca.

Cosas de la vida, yo mismo he sufrido después de 1976 algaradas como la que padeció Felipe en mi ciudad, sólo que mucho peores y más violentas -como la reciente de la UAB- porque la peste siguió avanzando más y más, y éramos muchos menos los que nos oponíamos que los que la toleraban e incluso aplaudían. Camus terminó su relato vindicando lo mejor que hay en los seres humanos frente a lo malo que anida en todos (sólo que unos lo reprimen mientras otros le dan rienda suelta). Tenía y tiene razón, pero hay días en que resulta muy dudoso porque parece que los Quiques y Felipes son muchos más que los otros.

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