Carlos Martínez Gorriarán » Reforma de la Constitución

Una oportunidad histórica para reformar la Constitución

Carlos Martínez Gorriarán — Thu, 25 Aug 2011 04:15:59 +0000

Cuando decidimos fundar UPyD en el verano de 2007, tuvimos claro desde el principio que el nuevo partido iba a trabajar por un eje triple de reformas básicas: de la Ley Electoral, de las instituciones (regeneración democrática) y de la Constitución. Lo de reformar la Constitución era una idea recibida entonces con, en el mejor de los casos, escepticismo incluso entre quienes también estaban convencidos de sus muchas deficiencias. Lo más corriente era la displicencia, la burla o la abierta hostilidad, especialmente entre quienes pensaban que esta era la mejor Constitución posible para un país con nuestra penosa historia constitucional. Pero cuando un problema de la magnitud del constitucional existe, como pensábamos los fundadores de UPyD, se puede ocultar o negar durante un tiempo, e incluso se puede ridiculizar y ningunear a quienes lo han diagnosticado, pero inexorablemente acaba saliendo a la superficie. A veces mediante lo que Hegel llamó “una astucia de la Razón”, como es el caso: la crisis financiera de la deuda, la intervención alemana, las reformas administrativas italianas y el BCE han obligado a los viejos partidos a entrar en un asunto bloqueado por su inmovilismo y su espesa red de intereses creados (cuya expresión más ruidosa está en el follón organizado a propósito de reformar o suprimir las Diputaciones provinciales, órganos superfluos pero que emplean a miles de “funcionarios de partido”).

En fin: lo que no han conseguido los análisis más sensatos ni las propuestas políticas más oportunas e imaginativas lo han hecho posible el Banco Central Europeo y las exigencias francoalemanas. El BCE es el más que probable autor de una carta al presidente Rodríguez Zapatero con el siguiente mensaje: o España modifica su Constitución para prohibir el endeudamiento excesivo de las administraciones públicas, o el BCE deja de comprar deuda pública española con el riesgo real de quiebra que esto comporta, más la consiguiente salida de España del euro. Pero ni España puede permitirse ese horizonte –tener que volver a la vieja peseta sería todo un fracaso simbólico de la modernización del país, además de un desastre económico-, ni al núcleo de Europa liderado por Alemania le interesa arriesgar la desaparición de una moneda de la que depende en alto grado su competitividad económica.

En el dilema entre reconocer el fracaso del euro por la falta de unidad fiscal y de un gobierno económico genuino, y el de dar pasos en esta dirección, parece que se abre paso la segunda opción, y sencillamente porque es la más realista. Puede chocar que la reforma constitucional española sea un paso en este sentido, pero tiene una lógica mayor de la que parece. En la exigencia del BCE hay sin duda un interés político muy primario: se trata de que Merkel pueda tranquilizar a su partido y al electorado alemán con la idea de que la Constitución española obligará al Estado a dejar de gastar más de lo que ingresa, de modo que podrá pagar la deuda pública en manos alemanas y del BCE. Ahora bien, esa condición, de dudosa o nula eficacia económica –el Tratado que abrió paso al euro ya prohibía déficits fiscales anuales de más del 3% del PIB, incumplido por casi todos los Estados de la zona euro en algún momento-, es lo que en lenguaje político tradicional se llamaría un recorte de soberanía por otros países. Porque España es, de hecho, un país intervenido como ya lo ha sido Italia y antes, en condiciones más duras, Irlanda, Portugal y Grecia. Por supuesto, España podría rechazar la condición exigida por el BCE, pero eso casi equivaldría a renunciar a formar parte de la UE, siquiera como socio menor e intervenido (otro de los grandes logros de la política de Zapatero). Y en España, salvo una minoría, nadie quiere jugar esa insensata carta nacionalista. Como además se trata de una reforma constitucional de efectos más simbólicos que otra cosa –una muestra de sumisión a las exigencias de nuestros tutores financieros-, al PP y al PSOE no les ha costado nada ponerse de acuerdo en aceptar esa auténtica humillación política.

Pero, a diferencia de otros pactos PP-PSOE anteriores, debido a su naturaleza éste no puede ser inmovilista aunque se pretenda. Sea cual sea la intención del BCE o las condiciones políticas de Merkel y Sarkozy, la exigencia de limitar constitucionalmente el déficit público –cuyos detalles seguimos desconociendo- muerde de modo irreversible e irrevocable en el fruto prohibido: la reforma de la Constitución de 1978. Porque una vez aprobada esa mini-reforma sobre el déficit público mediante procedimiento de urgencia –injustificable: un fraude sobre otro fraude-, ¿qué impide debatir reformas mucho más importantes y trascendentales, como la del régimen electoral, la estructura territorial del Estado, su laicidad, la independencia de la Justicia y la separación efectiva de poderes, la supresión de los falaces “derechos históricos” y otros defectos de la actual Constitución? Nada, salvo la cerrazón de los partidos viejos, su inmovilismo y la profunda incapacidad que han demostrado al gestionar una crisis anunciada, de tal forma que su incapacidad para la reforma política ha obligado a intervenir a Estados socios de la UE en nuestros asuntos domésticos.

Naturalmente, la reacción nacionalista de rechazar toda “intervención extranjera” sería una estupidez gravísima. Ni los europeos son ya para nosotros “el extranjero”, sino socios y conciudadanos en muchos aspectos, ni se puede salir de nuestra crisis doble, política y económica, con recetas aislacionistas y del pasado. La salida es obvia y puede resumirse de nuevo en términos hegelianos: frente a la tesis de una Constitución desfasada y la antítesis de la exigencia del BCE para reformarla en un punto económico, la síntesis de una reforma de verdad de la Constitución que no venga impuesta por agentes económicos externos, sino por la libre voluntad de la ciudadanía española. Esta es la oportunidad: aprovechemos la exigencia europea de reforma constitucional para imponer a PP y PSOE y sus socios menores un debate de reforma constitucional a fondo, sin reservas y con amplitud de miras. Con toda la calma que se quiera, pero con un objetivo firme y claro: adecuar la Constitución a las necesidades políticas del siglo XXI. UPyD ya tiene un programa de reforma constitucional que, por descontado, no se trata de imponer a nadie, sino que se ofrece como una propuesta para un debate que no debe ser partidista ni, sobre todo, partitocrático.

Si se abre paso esta idea, el Parlamento surgido de la convocatoria electoral del 20N se convertiría, como debe ser de acuerdo con las reglas básicas de la democracia, en un Parlamento constituyente que debata y apruebe, y someta a referéndum, la Constitución española para el siglo XXI. Hay un modo de hacerlo muy fácil y barato: que el 20 N haya una tercera urna para que podamos votar la mini-reforma constitucional pactada por PSOE y PP a finales de agosto, iniciando así un procedimiento general de reforma debatida a fondo.

¿Necesitamos pactos PSOE-PP?

Carlos Martínez Gorriarán — Mon, 08 Feb 2010 04:10:04 +0000

Ante la magnitud de la crisis, numerosas voces proponen enfrentarla mediante pactos entre las principales fuerzas políticas, es decir, entre PSOE y PP. Urge reeditar los Pactos de la Moncloa, dicen algunos, e incluso un Gobierno de concentración PSOE-PP, según otros, porque todos debemos tirar del carro en la misma dirección, tener generosidad y sentido de Estado, etcétera.

Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).

Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.

En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?

Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?

En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.

Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.

La Constitución traicionada

Carlos Martínez Gorriarán — Tue, 08 Dec 2009 03:00:30 +0000

Parece ocioso discutir estos días si la Constitución debe ser reformada o no, en primer lugar porque, como dijo bien claro Roberto Blanco Valdés en la memorable conferencia del pasado día 3, estamos inmersos en un proceso de reforma constitucional por la vía de los hechos consumados. Y quien lo está llevando a cabo no es otra que nuestra nunca bien ponderada clase política, prácticamente sin distinción de colores, pues todos los que han podido meter mano en la estructura constitucional desde sus baronías autonómicas lo han hecho con desinhibido entusiasmo. No hay ningún Estatuto de Autonomía de la segunda ola que no choque en algún punto o precepto importante con lo que dice la Constitución del 78, aunque todas las miradas se hayan dirigido al buque insignia de esta armada fantasma, el nuevo Estatuto de Cataluña. Desventajas de tomar la delantera en esta carrera a ninguna parte, donde la verdadera clave radica en la llamada “cláusula Camps” del nuevo Estatuto valenciano (disposición adicional segunda, punto 1), la que proclama que la comunidad valenciana no renuncia a ninguna competencia, ventaja o ganancia que consiga el Estatuto catalán, a ver qué se creían ustedes. Y ha sido nada menos que Esperanza Aguirre, la gran esperanza liberal de los que llaman “liberalismo” a la vacuidad, quien ha redondeado la lógica del dislate afirmando esto a propósito de la nueva financiación autonómica: lo que es bueno para Cataluña también es bueno para Madrid. Acabáramos: esperemos que al PP madrileño no se le ocurra un día de estos declarar al cheli lengua propia de la comunidad e iniciar su propia política de normalización lingüística (exigiendo al Estado que la sufrague).

La Constitución está siendo reformada a través de la aprobación de los Estatutos de Autonomía de segunda generación, este es un hecho indiscutible. Estas leyes están troceando el poder judicial único en diecisiete poderes judiciales autonómicos, están proclamando nuevos derechos distintos de los constitucionales -como el derecho de los catalanes al paisaje o el de los extremeños a su identidad (el día que se decrete cuál ha de ser)-, y están estableciendo formas de relación bilateral entre cada Comunidad y el Estado (que ya se coló subrepticiamente a través del régimen de Concierto Económico vasco y navarro, gracias al ridículo anacronismo de los “derechos históricos”). Desengañémonos: todas las comunidades irán reclamando lo que consiga Cataluña, que ya reclama lo que tienen el País Vasco y Navarra (y dos huevos duros, como el estatuto de nación, aunque sea recreativa o cultural, como sugiere un Peces-Barba definitivamente perdido en la banalidad). No falta mucho para que la igualdad de todos los ciudadanos de España sea un deseo tan piadoso como lo fuera bajo el régimen franquista, en que la libertad para muchas cosas vitales –desde abrir un negocio en otra comunidad hasta elegir la lengua vehicular en la educación- dependa de la voluntad discrecional del gobernante de turno. Tampoco para que la inviabilidad de un Estado como el que se está conformando sea evidente e incontestable; al menos, la crisis económica aclarará pronto este obscuro asunto. Así están las cosas, y el que no quiera verlas, el que niegue que estemos inmersos en un proceso de reforma constitucional, o no se entera de nada o sencillamente es un cínico redomado.

Ese es el problema: que el proceso de reforma constitucional al que asistimos como testigos casi mudos y enteramente impotentes es un proceso rebosante de cinismo, puesto que comienza negando la mayor, a saber, que el proceso mismo exista. Es por tanto una reforma a traición, pues no se ha sometido a debate en las instituciones parlamentarias, que son quienes deben abordar esa reforma, ni trasladado a los ciudadanos en el debate político. Es una estafa a la democracia en toda regla. Y a estas alturas, ¡todavía hay quien cree que el problema es que la Constitución no se aplica correctamente! ¿Pero qué Constitución no se aplica, cuál de ellas: la de 1978, o la Constitución paralela del mal llamado “cuerpo de constitucionalidad”, es decir, los Estatutos de Autonomía que la contradicen, desbordan y trivializan?

La única defensa jurídica elevada contra esta avalancha es la que Rodríguez Bereijo llamó, con ácida ironía, el recurso al “sin prejuicio de”, que permite aprobar leyes anticonstitucionales añadiendo esa muletilla milagrosa. Así se sancionan leyes de normalización lingüística que se ciscan en la Constitución, pero “sin prejuicio de que su aplicación deberá respetar lo que establezca la Constitución en materia de oficialidad de la lengua del Estado”, y otras fórmulas de salvaguarda tan eficaces para evitar el atropello como el “detente bala” de los requetés para desviar el proyectil enemigo.

Resulta, pues, patético, que todavía se nos pregunte si creemos que la Constitución debe ser reformada, y en qué aspectos, cuando lo está siendo de hecho mediante subterfugios de trilero político y jurídico. Y que PSOE y PP aseguren que todo va bien y que bastaría con algunos retoques de nada. Y que haya quien alega el miedo a que una verdadera reforma constitucional abra la puerta a la manipulación nacionalista… ¡Como si fueran PNV, CIU o ERC quienes están cambiando de arriba abajo el pacto constitucional! ¡Como si los responsables no fueran los partidos mayoritarios, auxiliados tan solo por sus socios nacionalistas! ¡Como si los nacionalistas no estuvieran viendo satisfecho su programa máximo gracias a la cobardía y oportunismo de PSOE y PP, y al miedo irracional e indocumentado de los que dicen que peor sería una Constitución federal auténtica, en vez de este artefacto sin tapón para el desagüe de su vaciamiento paulatino!

Dejémonos de componendas y embrollos: la Constitución la están cambiando a traición a golpe de Estatuto, y en un sentido confederal que es, por definición, insostenible e inviable (razón por la que el único Estado que se decía constitucionalmente confederal, Suiza, ha terminado evolucionando hacia un sistema federal). El ruido por las minucias y el miedo a las palabras está desviando la atención de la verdadera cuestión: nos están cambiando el país sin pedirnos permiso. Preocuparse en estas condiciones por si la Constitución no debe cambiarse alegremente, o por erradicar el vocablo “federal” del debate hurtado, es algo semejante a pedir el libro de reclamaciones durante naufragio del Titanic para protestar por las palabrotas de algunos marineros.