Pero no quería perderme en cábalas sobre si habrá o no anticipación electoral, que en cualquier caso sería forzada cuando más le convenga a CIU y seguramente al PNV, conveniencia sobre la que volveré luego. Me parece más importante dirimir si Rajoy y Durán i Lleida tienen razón cuando aseguran que el problema se llama Zapatero, sobre todo por la solución que se sigue de esta premisa: si muerto el perro se acabó la rabia, ido Zapatero volverá la prosperidad. ¿Es esto cierto?: pues no, es otra mentira más.

Es indudable que Zapatero pasará a la historia como un sujeto lamentable: destruyó el consenso antiterrorista iniciando una temeraria negociación con ETA que acabó fatal; se sacó de la manga una absurda “Alianza de Civilizaciones” para enmascarar una política internacional raquítica y el apoyo incondicional a regímenes como el cubano, el venezolano y el marroquí; destrozó la ya débil autonomía de la justicia con constantes intervenciones y manipulaciones gubernamentales –de la reinterpretación de la Ley de Partidos al reparto del CGPJ, pasando por la innecesaria Ley de la Memoria Histórica- que han llevado al actual colapso del Tribunal Constitucional y al caso Garzón; alentó el separatismo catalán con la insensata e inconstitucional promesa de bendecir en Madrid cualquier pacto estatutario conseguido en Barcelona, agravando hasta el extremo el desmantelamiento del Estado constitucional… La lista puede alargarse, culminando en el actual desastre de la política financiera, consecuencia de la obstinada e irracional negación de las reglas de juego que impone la realidad tanto en economía como en cualquier otro ámbito de la acción humana, a saber: la prevalencia de los hechos objetivos sobre las opiniones interesadas, por mucha hermenéutica que le echemos a la cosa. Zapatero ya es un zombi político a la espera de un entierro digno, y pasará a la historia como un representante del irracionalismo político más extremado, de un activismo puramente retórico carente de ideas, proyectos, criterios, fines o metas distintas al disfrute y permanencia en el poder, incluso al precio de la destrucción de las bases institucionales que lo sustentan y legitiman.

Ahora bien, Zapatero no ha sido ni es el único responsable de que todo esto haya pasado. Le ha acompañado su partido, el PSOE, “críticos” incluidos. También los periodistas y empresarios, banqueros e inmobiliarios que se disputaban sus favores, los tertulianos que alababan su baraka, los jueces y fiscales trepas que se plegaban a sus intereses y tantos otros. La burbuja inmobiliaria y la mala política financiera, como el mercado de trabajo dual y discriminatorio y otros pertinaces desequilibrios económicos no son una creación de Zapatero, aunque hayan llegado al paroxismo bajo su lerdo mandato: vienen del modelo de crecimiento económico conocido como de Aznar-Rato. El PP también ha practicado en las comunidades y ayuntamientos que controla el mismo sistema de compra de voluntades y dispendios populistas que critica ácidamente al PSOE. Los vecinos de Madrid no están menos endeudados por la megalomanía decorativa de Gallardón que los de Barcelona por el soberanismo imitativo de Maragall y Montilla (esa birria de nacionalismo-kitsch que es a la ideología lo que Lladró al arte).

¿Y qué decir de los nacionalistas? ¿No han participado con entusiasmo, y con más beneficios que nadie, en el desmantelamiento y reparto del Estado común? ¿No han votado las políticas financieras, fiscales y laborales de todos estos años? ¿O es que sin los apoyos alternos y altamente cotizados de CIU, PNV, ERC, BNG, CC y compañía todo esto hubiera sido posible? ¿Alguien ha hecho más que los nacionalistas por deteriorar la educación pública, trocear el mercado interior, multiplicar hasta el delirio las administraciones, atacar con saña todo símbolo de unión nacional, manipular la comunicación pública, instaurar la discriminación…? ¿Serán ahora CIU y PNV los llamados a salvarnos precipitando unas elecciones anticipadas en las que venderán muy caro su apoyo a un PP incapaz de conseguir mayoría absoluta por sus propias responsabilidades en el deterioro del sistema?

Así que no nos precipitemos. Desde el punto de vista de la retórica populista, acusar a Zapatero de todos los males es totalmente acertado y un modo eficaz de hurtar la propia responsabilidad. Algo previsible y me temo que tan inevitable como difícil es escuchar en España un discurso político complejo, responsable y comprometido con fines de interés general. Pero igual de previsible e inevitable es que cualquier gobierno del PP con apoyo nacionalista que suceda al socialista hará lo posible por mantener el estatus-quo cargando el peso de la crisis sobre los más indefensos, echando la culpa a los socialistas por tener que hacerlo, y preservando en lo esencial el sistema político desquiciado y degradado que soportamos. De ahí la prisa de Durán i Lleida por echar a Zapatero mas no antes de que pueda recoger el fruto de la traición. Como pasó en Italia tras el derrumbe de la Democracia Cristiana, el PCI y los demás viejos partidos, quieren parar todos los cambios de fondo para heredarse a sí mismos. Esa vieja música siciliana de sobra soportada…

Hemos repetido infinidad de veces que la crisis económica está empeorada en el caso español por una crisis política sin precedentes. Hemos explicado una y otra vez que si el Estado español ha renunciado a la política monetaria a cambio de entrar en la zona euro, también ha renunciado al control de la política fiscal al haber transferido la parte del león del gasto público, sin ningún control digno de ese nombre, a las CCAA y ayuntamientos. Parece que en España muchos no se han enterado o no quieren enterarse de que ese desmantelamiento del Estado, del que unos pocos se han beneficiado escandalosamente, convierte a éste en ingobernable; ni siquiera el PP que, junto a medidas anticrisis sensatas (encoger el tamaño del Gobierno central), renuncia a entrar en la madre del cordero del gasto público de CCAA y ayuntamientos (pues es más fácil meterse con los sindicatos paniaguados que con Aguirre, Camps, Feijoó o Gallardón). Pero resulta que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea sí se han dado cuenta de que esta es la realidad que en España no se quiere ver. Y por eso han impuesto, como precio de la garantía de ayudas contra la suspensión de pagos, que la política fiscal española sea supervisada y controlada por el FMI y el Ecofin. Dicho en plata: como cualquier país subdesarrollado, España ha perdido la soberanía fiscal y el control de su gobierno económico. Es la consecuencia del fracaso del Estado de las Autonomías pactado en la Transición y del abusivo sistema clientelar de partidos crecido a su calor.

Los datos no mienten: en la actualidad, la Administración central del Estado, donde trabajan la inmensa mayoría de empleados públicos a los que primero se disminuirá y luego se congelará el salario (320.124 trabajan para la Administración Central, excluyendo los 263.323 del ejército y fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345. 577 de empleados públicos de las CCAA), ya sólo administra el 20% del gasto público de España. Otro 29% corresponde a la Seguridad Social. Las Comunidades Autónomas administran el 36%, y los entes locales (incluidas las diputaciones forales vascas) el 15%. Sabido que no hay ninguna intención de meter mano en ese 51% del gasto público, con sus consecuencias en el déficit y la deuda –que seguirían creciendo si no lo vetaran Ecofin y FMI-, y ello porque pronto habrá elecciones autonómicas y municipales en las que PSOE, PP y nacionalistas pujarán en la subasta de promesas demagógicas, aldeanas e incumplibles para ganar el voto de ciudadanos muy despistados o demasiado ignorantes. Pero, ¿quién iba a prestar dinero al Estado para que pueda seguir pagando su deuda, pues de eso se trata y no de reactivar la economía, sin exigir primero la llave de la caja pública? ¿Quién puede fiarse de un Parlamento que aprueba en plena crisis, el año pasado, unos Presupuestos Generales del Estado completamente inviables y falsos, mediante la compra de votos nacionalistas de toda calaña? ¿Quién puede creer ya que el problema es que salga Zapatero y que entre Rajoy, cuando la mala administración es la misma en Barcelona, Valencia y Madrid? Nadie en sus cabales. He aquí que hemos descendido al nivel, ya predicho, de la monarquía bananera de Europa. Demasiado pesados para abandonarnos a nuestra suerte, demasiado irresponsables como para dejarnos el control.

Son Zapatero y su partido –“críticos” cómplices incluidos- los responsables principales de la debacle. Pero no le van a la zaga unos socios nacionalistas y un PP que han estado haciendo en sus feudos lo mismo que critican al Gobierno central, esperando que el deterioro de la situación hiciera caer la victoria electoral como fruta madura. A estos responsables hay que añadir las asociaciones patronales y los sindicatos, los grandes grupos de comunicación, las cajas de ahorros y las empresas constructoras y bancos que han financiado todos estos años este sistema condenado al fracaso. Así que el sistema político-financiero creado en la Transición ha naufragado de modo irremisible. Sí, ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo, y que siguen siendo mayoría los partidarios de recetas milagrosas, como que el PP gane las elecciones para que todo siga como está echando la culpa a Zapatero por la herencia dejada. Es sabido que mientras se hundía el Titanic, lentamente (era muy grande), la orquesta seguía tocando bailables, los oficiales trataban con cortesía a las damas y pateaban a la tercera clase, y había quien estaba más preocupado por la temperatura del champagne que por el caótico derroche de botes salvavidas. Pero eso no evitó que el Titanic se hundiera.

Hablando de voto representativo, por equidad debe entenderse igualdad en el resultado práctico del mismo. En un sistema electoral equitativo cada elector tiene un voto y sólo uno (un hombre un voto), y además su valor a la hora de convertirlo en representación debe ajustarse todo lo posible al principio de igual valor (todos los votos valen lo mismo). Por supuesto, ciertas correcciones impiden que el valor sea idéntico al 100%, por ejemplo circunscripciones desiguales, o sistemas como la ley d’Hont y otras similares. Tales correcciones no invalidan la calidad democrática de un sistema electoral que las incorpore, pero uno donde el valor de un voto en cierta circunscripción triplique o quintuplique o más el de otra, como es el caso del español (grosso modo, Madrid elige 33 diputados al Congreso con 60 veces la población de Soria, que elige 2; una relación de 1-16’5), sin duda no puede considerarse razonablemente equitativo. Y la equidad es un objetivo esencial de la democracia, no un aspecto secundario de la misma que pueda sacrificarse a otras consideraciones, menos aun si son de distinto valor.

Por ejemplo, a la eficacia. A diferencia de la equidad, que es un valor, la eficacia es una medida de relación entre los objetivos perseguidos y los conseguidos. Una persona o una empresa eficaz es, sin duda, la que consigue gran parte de lo que se propone, y lo mismo vale para juzgar si un sistema parlamentario es más o menos eficaz. En una democracia como la española el Parlamento tiene dos misiones fundamentales: representar al cuerpo electoral en la deliberación y aprobación de leyes, y elegir al Presidente de Gobierno para que forme uno. Wert, por cierto, sólo se refiere a la eficacia relativa a la formación de gobiernos, olvidando que un Parlamento constituido mediante una ley electoral poco equitativa necesariamente perderá eficacia en su primera y prioritaria misión, la legislativa, pues amplias partes del cuerpo electoral quedan excluidas, infrarepresentadas o sobrerepresentadas.

Veamos de todos modos si, como afirma Wert, la falta de equidad que reconoce en la LOREG está compensada porque favorece la formación de gobiernos viables y estables. De nuevo hay que establecer qué entendemos por tales predicados. Es obvio que se refiere a gobiernos de larga duración, pero ¿es sólo esto lo que hace un gobierno viable, aunque sea estable? En un sistema como el nuestro, donde las mayorías absolutas son raras, la formación de mayorías parlamentarias de gobierno se hacen a base de pactos con formaciones minoritarias. Esto no es malo ni bueno en sí mismo, al menos si tales minorías y sumas de las mismas representan equitativamente al cuerpo electoral. Ahora bien, dada la escasa equidad de nuestro sistema por su deformación territorial, las minorías que realmente cuentan son aquellas con una fuerte concentración territorial en tres o cuatro circunscripciones: BNG, PNV, CIU, ERC y CC.

La escasa equidad de un sistema distorsionado que antepone al voto individual la la representación de territorios poco poblados –la mayor parte de las provincias españolas-, pone en manos de estos partidos la llave de la formación de gobiernos. Gobiernos que, por eso mismo, pueden ser muy estables, es decir, durar mucho sin cambios ministeriales, pero que dependen del favor de los pequeños partidos de alta concentración territorial. Para formar mayorías suficientes, Aznar en su primer mandato y Zapatero en los dos han tenido que cerrar pactos con los partidos nacionalistas (y secundariamente, con IU) con el resultado de sacrificar al apoyo parlamentario intereses nacionales objetivos que aparecían en su programa de gobierno, como la cohesión institucional, la igualdad legal y fiscal, la contención del gasto público o la racionalización de la administración. ¿Es viable un gobierno como los de Zapatero en esta segunda legislatura, obligado para preservar su duración (estabilidad) a sacar a subasta el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Un gobierno obligado a constantes transferencias de recursos a las CCAA a costa del déficit público en plena crisis económica? En términos democráticos es una criatura muy duradera, pero muy poco viable en lo que se refiere a su capacidad de gobernar de acuerdo con sus objetivos programáticos. Es decir, ¡muy poco eficaz, porque no consigue los objetivos que persigue! Salvo que, como ocurre en el zapaterismo, el único objetivo sea gobernar como sea y a costa de lo que sea, eficacísimo pero contrario al interés general.

Por tanto, y contra lo que sostiene Wert, el sacrificio de la equidad en pos de una supuesta mejora de la eficacia no consigue de ningún modo ese objetivo, es decir, es muy poco eficaz. Los gobiernos son duraderos y parecen estables, pero no son sólidos en el sentido de estar en condiciones de desarrollar un programa de gobierno porque están sometidos a la presión y desestabilización permanente de los pequeños partidos de concentración territorial necesarios para la mayoría parlamentaria. ¿Dónde está, pues, la eficacia en términos de gobernanza y gobernación democrática? Yo diría que en ninguna parte.

Hay una razón más de fondo para este fenómeno: lo eficaz en democracia es perseguir más equidad, no sacrificar la segunda a la eficacia como si fueran cosas intercambiables o vinculadas al modo de vasos comunicantes. Por el contrario, la relación es causal: la prosecución de un sistema electoral más equitativo –y esto vale para el sistema fiscal, laboral, educativo, etc.- hace más eficaz al conjunto del sistema político. Esta es una de las explicaciones lógicas de porqué las democracias desarrolladas y evolucionadas son más eficaces que las dictaduras. Y que una mayor eficacia económica, por ejemplo, acabe exigiendo seguridad jurídica y lucha contra la corrupción, objetivos que requieren de medidas democratizadoras progresivas tendentes a instaurar más equidad, estableciendo un círculo virtuoso en las antípodas del círculo vicioso de renunciar a la equidad en pro de la eficacia.

En resumidas cuentas, España tiene mucho que ganar con un sistema electoral más equitativo que, por ejemplo, corrija que un voto al PNV en las elecciones generales del 2008 acabara valiendo seis veces más que otro a UPyD. No es cuestión de ideología, sino precisamente de eficacia en la búsqueda de la equidad. Que es una meta íntimamente relacionada con la búsqueda de la justicia, dicho sea de paso. Así que no enredemos: mantener un sistema electoral poco equitativo sólo porque viene muy bien a PSOE y PP, y a sus socios preferentes del PNV, CIU y CC, no sirve para conseguir un sistema más eficaz de gobiernos más sólidos y estables, sino que favorece el desgobierno y el Estado híbrido e inviable financiera y políticamente en el que ya estamos metidos. Además de injusto, chapucero.

La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios, profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes públicos; llevada al extremo, destruye la democracia. No se trata pues de banalizar su importancia, pero sí de reconocer que los comportamientos corruptos están a la orden del día en todos los ámbitos de la existencia humana, y no es exclusiva de los políticos. Como no es posible erradicarlos, hay que prevenirlos y castigarlos si se producen (qué horror: castigar, que políticamente incorrecto).

Prevenir y perseguir la corrupción política si se produce: ahí está la clave. Y se trata de prevención en varios órdenes, para hacer la corrupción no imposible, sino más difícil y penalizada. En España, en concreto, hay que revisar a fondo las competencias urbanísticas de los ayuntamientos para dificultar la forma más usual, la ligada a recalificaciones de suelo y construcción. Además, hay que modificar el Código Penal para que sea posible, por ejemplo, que el juez suspenda automáticamente al político sospechoso de corrupción para que su permanencia en el cargo no agrave el caso ni legitime el delito. Por cierto, esta es una de las enmiendas al Código Penal que Rosa Díez ha presentado en la comisión del Congreso donde se estudia su reforma, y una enmienda que el PSOE ha rechazado… Pero además es indispensable profundizar en la mejora de la transparencia de la gestión. Por eso hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, que estimula claramente la corrupción como financiación ilegal (a menudo mezclada con el enriquecimiento personal); hay que despolitizar las cajas de ahorros, para impedir la sistemática condonación de créditos, el blanqueo de financiación ilícita y otros trucos habituales; hay que eliminar las empresas públicas y entidades superfluas o ineficaces, pues en muchos casos no sólo son un derroche, sino que están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y clientes como “expertos” y “asesores”, u ocultar endeudamiento público a base de trasladarles deuda del ayuntamiento, diputación o comunidad. Hay, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar para dificultar la corrupción y castigarla ejemplarmente. Entonces, ¿por qué no se adoptan?

La razón de esta pasividad es muy clara, y además es doble: los principales focos de corrupción de la vida pública, los partidos tradicionales, no están dispuestos a asumir ningún riesgo que amenace su control de las instituciones, pero además tampoco harán nada mientras millones de ciudadanos les voten a pesar de su clara complicidad en el mantenimiento de un sistema que no sólo tolera la corrupción, sino que la fomenta. En resumidas cuentas: PSOE, PP y sus socios nacionalistas no actuarán contra la corrupción, ni dentro de sus partidos ni en las instituciones, por las mismas razones por las que evitan mejorar la ley electoral, combatir el déficit público, despolitizar las cajas de ahorro, reformar el mercado de trabajo o asegurar una enseñanza pública de calidad. Y mientras reciban elección tras elección 24 millones de votos, no verán la necesidad de cambiar de actitud.

Conclusión: está muy bien invocar la ética e indignarse con los corruptos, pero no sirve de nada mientras combatamos la corrupción dónde y cómo hay que hacerlo: en las instituciones y en las elecciones. Con reformas legales y con votos.

Como quiera que esta contribución a la defensa de la democracia lleva colgada en internet desde el 5 de marzo, cabría haber esperado una reacción socialista y ésta, en efecto, se ha producido: no hay motivo de alarma y Quique sigue con su blog progresista abierto y vinculado al PSOE. Y dado que este blog ha conseguido cierta celebridad, la pasividad socialista significa un innegable asentimiento, una acción por omisión. Me pregunto qué pensará al respecto José Bono, que ha pedido a la fiscalía que actúe para investigar los sucesos de la UAB y depure las posibles responsabilidades penales derivadas de la prolongada e impune agresión de los independentistas catalanes.

Naturalmente, puede alegarse que el tal Quique es un simple pelanas que de ningún modo representa al PSOE ni su posición frente a hechos innegables como que en la UAB no se puedan impartir conferencias políticas si no se es independentista o antisistema, que allí se conculque sistemáticamente las libertad de expresión y reunión, y que se pueda atacar materialmente a una diputado nacional y a quienes pretendían acompañarla y escucharla sin que se depuren responsabilidades. El pequeño Quique, al fin y al caso, sería un caso aislado, mera anécdota.

¿Pero qué cabe pensar si vinculamos la incitación al odio ideológico del pequeño Quique con las expresiones del gran Felipe González en el reciente Congreso del PSOE de Andalucía? Allí explicó el gran estadista los problemas de la administración de justicia española, y lo hizo de esta manera: “la Justicia está hecha unos zorros por el ganao que hay al frente”. Doy por descontado que la hinchada socialista expresó grandes satisfacción y felicidad por este análisis, delicadamente metafórico (zorros y ganao, caramba), de uno de los problemas más graves de la democracia española.

Ahí los tenemos: el veterano Felipe y el joven Quique en una misma lucha con un mismo lenguaje, útil para el derribo de los principios básicos de la democracia.

¿Hay algún vínculo histórico entre ese Quique que apoya nuestra lapidación y el del famoso Felipe que descubre los inconvenientes del ganao que él prohijó (como Baltasar Garzón, Secretario de Estado en uno de sus gobiernos del final de su mandato, cuando la era prodigiosa socialista se despeñaba por la corrupción y el terrorismo de Estado)? Pues sí, casualmente. Les cuento.

En la primavera de 1976 Felipe González, secretario general de un PSOE todavía ilegal pero manifiestamente tolerado por el régimen agónico de un Franco ya muerto, visitó la Facultad de Derecho de San Sebastián para dar una charla a los estudiantes sobre la democracia en España y todo eso. Iba acompañado, creo recordar, por Fernando “Poto” Múgica –asesinado por ETA años más tarde- y otros socialistas vascos. El caso es que cientos de estudiantes y otros que no lo eran tanto le esperábamos en la entrada de la facultad. Tantos, que el mitin se trasladó del paraninfo a la escalinata de acceso principal. Lamentablemente para Felipe –todavía conocido por “Isidoro”-, la mayoría de aquellos jóvenes no habían ido a aplaudirle ni escucharle, ni a mostrar entusiasmo por la democracia burguesa a punto de llegar, sino a mostrarle su indignada irritación por el privilegio del que disfrutaba el PSOE en comparación con otras fuerzas de izquierda, perseguidas mientras los socialistas gozaban de amplia tolerancia que aprovechaban para reorganizarse (el PSOE era entonces poco más que un sigla histórica) mediante acciones de promoción como aquella.

Entre aquellos jóvenes había bastantes que militaban en grupos de extrema izquierda maoístas y trotskistas, además de comunistas más clásicos y muchos de lo que luego se comenzó a llamar “izquierda abertzale” (entonces escindida en las dos ramas activas de ETA, mili y poli-mili; la segunda a punto de disolverse en un nuevo partido político, Euskadiko Ezkerra). Dado el sesgo ideológico de la concurrencia, a Felipe no sólo se le reprochaba el sospechoso trato de favor del régimen y su implicación en el proceso que luego se llamó la Transición, sino la degeneración reformista y contrarrevolucionaria de su partido (que todavía se definía como marxista, aunque no se lo creía casi nadie).

Total, que Felipe hubo de soportar no pocos improperios, silbidos, abucheos y, sobre todo, exigencias de cuentas de por qué él podía dar mítines en lo que todavía era una bárbara dictadura mientras los luchadores revolucionarios seguían siendo detenidos, torturados a veces y maltratados siempre, y encarcelados por delitos como formar parte de un partido comunista, separatista o simplemente democrático. Así eran las cosas. Felipe se defendió como pudo usando un megáfono manual mientras algunos estudiantes y los profesores pedían a gritos, a los más airados, que le dejaran explicarse. Lo consiguió sólo a medias. Pero no se arrojó pintura ni se empujó o golpeó a ninguno de sus acompañantes y simpatizantes. Sin embargo, no fue una actitud democrática, ni respetuosa de la libertad de expresión que tanto se exigía. Fue, por el contrario, un boicot que expresaba el avance de la peste antidemocrática en el País Vasco, la razón de que allí la Transición fracasara en gran medida mientras progresaba en el resto del país.

No sé si Felipe González se acordará alguna vez de aquella algarada. Yo sí, porque era uno de los estudiantes allí reunidos, y probablemente uno de los más jóvenes,  pues tenía poco más de dieciséis años y estaba estudiando COU. Lo que son las cosas: ahora me encuentro a Felipe González, completamente superado aquel “Isidoro” tan atractivo –entusiasmaba a nuestras madres y abuelas-, arengando a los dirigentes de su partido, que gobierna en Andalucía y España, contra los jueces y las instituciones básicas de la democracia: ese ganao con esos zorros. Nada más natural entonces que la entrada y promoción en el PSOE de tipos como el pequeño Quique, y la desenvoltura con la que lanza consignas de matón totalitario mientras presume de cargo orgánico, por modesto que parezca.

Cosas de la vida, yo mismo he sufrido después de 1976 algaradas como la que padeció Felipe en mi ciudad, sólo que mucho peores y más violentas -como la reciente de la UAB- porque la peste siguió avanzando más y más, y éramos muchos menos los que nos oponíamos que los que la toleraban e incluso aplaudían. Camus terminó su relato vindicando lo mejor que hay en los seres humanos frente a lo malo que anida en todos (sólo que unos lo reprimen mientras otros le dan rienda suelta). Tenía y tiene razón, pero hay días en que resulta muy dudoso porque parece que los Quiques y Felipes son muchos más que los otros.

Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).

Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.

En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?

Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?

En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.

Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.

]]> http://carlosmartinezgorriaran.net/2010/02/08/%c2%bfnecesitamos-pactos-psoe-pp/feed/ 11 http://carlosmartinezgorriaran.net/2010/01/07/la-soledad-de-patxi-lopez-o-de-la-carencia-de-liderazgo/ http://carlosmartinezgorriaran.net/2010/01/07/la-soledad-de-patxi-lopez-o-de-la-carencia-de-liderazgo/#comments Thu, 07 Jan 2010 04:30:10 +0000 CarlosMG http://carlosmartinezgorriaran.net/?p=133 Los resultados del último euskobarómetro sobre el apoyo al gobierno de Patxi López en la sociedad vasca han despertado todas las alarmas. Con razón: el 71% de los encuestados por el prestigioso observatorio desaprueban la gestión del Gobierno presidido por López. Se ha recabado la opinión de los expertos que, como era de prever, han recitado la habitual letanía de explicaciones previsibles: falta un estilo adecuado de comunicación, todavía es demasiado pronto para disfrutar de los logros del nuevo Gobierno Vasco, hacen falta medidas audaces de marketing político, etc. O al más puro estilo Lakoff, sencillamente no es un problema mientras no te empeñes en hablar todo el tiempo de él (una recomendación muy sensata, por otra parte).

A muchos constitucionalistas vascos lo que realmente nos preocupa del gobierno de Patxi López es que no satisfaga las expectativas depositadas en él y su fracaso precipite la vuelta triunfal del nacionalismo vasco, que conserva intactas grandes áreas de poder, desde las todopoderosas Diputaciones con sus respectivas Haciendas Forales a las cajas de ahorro, pasando por la capacidad de chantaje al gobierno de Zapatero en el Congreso de los Diputados, donde el PNV ya ha conseguido torpedear con enorme facilidad operaciones importantes de la gobernanza de Patxi, como las políticas activas de empleos vinculadas al traspaso del INEM. En definitiva, que el PSE no sólo tiene al enemigo en casa, sino también en La Moncloa… cosas del sistema de partidos español, que tanto favorece a esos nacionalistas que tanto lo desprecian.

Así que, con ánimo constructivo, me atrevo a proponer un diagnóstico diferente de la causa de la pobre credibilidad de este gobierno entre la sociedad vasca. Resumiendo: se trata de una carencia de liderazgo de grandes proporciones. La gente ve una cara nueva en Ajuria Enea, algo sin duda tranquilizador tras las características del último iluminati que ocupó el palacete, pero no ve un gobernante político: ve un gestor. Alguien que gestiona algo que le ha caído más en suerte que ganado con esfuerzo. En efecto, a nadie se le escapa, salvo quizás a los propios socialistas, que el PSE fue el segundo partido en las elecciones vascas, quedando a mucha distancia del PNV en diputados y que sólo gobierna por el apoyo del PP, un partido al que el PSE desprecia ostentosamente. Me cuenta Gorka que es muy raro que los diputados socialistas aplaudan, siquiera por cortesía, a los portavoces de su socio parlamentario. Como si fueran socios impuestos, indeseables y antinaturales. Y esto transmite un mensaje lamentable a la opinión pública: de debilidad, incomodidad y… provisionalidad.

Refuerza esta percepción el hecho de que PL y su Gobierno hayan renunciado en la práctica a emprender genuinas políticas alternativas a las del nacionalismo, salvo en el campo del terrorismo y de la violencia política que, inopinadamente, se ha convertido en estandarte y refugio de unos políticos que venían de tratar de negociar con ETA autodeterminación a cambio de paz en la “Mesa de Loyola”. Vueltas que da la vida, y bienvenidas sean. Pero en campos estratégicos como los de la política lingüística, cultural y educativa, la transparencia de la gestión, la capacidad de gobernar para todos sin interlocutores privilegiados, etcétera, el Gobierno de PL hace poco o nada. La discriminación lingüística impuesta en educación, sanidad, función pública y servicios sociales se mantendrá tal cual gracias a un pacto con los sindicatos, furiosos partidarios de su mantenimiento. Los avances hacia una gestión más transparente que rompa la extensa e intrincada red de clientelismo a través de la maraña de empresas y sociedades públicas  o participadas, la verdadera arma secreta del nacionalismo, se hacen de rogar y en realidad no se le espera. Y si bien EITB es menos sectaria que antaño, hasta el punto de emitir el discurso de Nochebuena del Rey –el programa más visto del día en la ETB2-, a cambio la trama de sociedades nacionalistas de todo tipo continúa recibiendo un incesante y desconocido maná de ayudas, subvenciones y privilegios variopintos. Como si no se quisiera molestar.

En resumidas cuentas: mientras que toda la sociedad vasca sabe, y apoya o teme, cuál es el proyecto político del PNV y sus adláteres, nadie sabe nada del proyecto político socialista. Algunos sostienen que no puede ser otro que instaurar la normalidad política y que con eso debería bastar para merecer el aplauso público pero, ¿se puede sostener seriamente que esa instauración de lo que es normal podrá hacerse dejando intacta la base de poder de la constante anormalidad nacionalista? ¿renunciar a tocar sus políticas de discriminación lingüística e ideológica, su entramado de sociedades subvencionadas de todo tipo, su discurso cultural y educativo hispanofóbico y soberanista? Tal creencia recuerda a aquella, no menos peregrina, de que la democracia debía instaurarse en España sin tocar los pilares del propio régimen franquista, como los privilegios de militares y curas. Todo sea por no pisar a nadie poderoso, aunque hacerlo sea inevitable y necesario para que los demás también podamos andar.

Patxi López transmite la impresión de que su máximo objetivo es gobernar como si la mayoría gubernamental no hubiera cambiado, y que su “normalización” debe limitarse a cambiar el menor número posible de instituciones, política y prácticas. Busca la aprobación nacionalista, no el impulso del constitucionalismo. Debe, por ejemplo, apoyarse en el PP, pero poniendo cara de disgusto. Su oposición es el PNV, pero resulta que es el socio preferente de su jefe en Madrid… Hacer actuar a la Ertzaintza contra los que ponen fotos de etarras y cosas similares está muy bien y es de justicia hacerlo, pero no podrá suplantar una acción de gobierno alternativo. Que se resume en la siguiente pregunta: ¿cuál es el proyecto político del PSOE-PSE para el País Vasco, aparte de gobernar en Vitoria mientras lo permita el Parlamento (y los intereses de Zapatero)? Nadie lo sabe o muchos sospechan que tal proyecto no existe. Y esa y no otra es la principal debilidad de este Gobierno y la causa del desapego general: que parece un gobierno interino ansioso por agradar.