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¿Necesitamos pactos PSOE-PP?

Ante la magnitud de la crisis, numerosas voces proponen enfrentarla mediante pactos entre las principales fuerzas políticas, es decir, entre PSOE y PP. Urge reeditar los Pactos de la Moncloa, dicen algunos, e incluso un Gobierno de concentración PSOE-PP, según otros, porque todos debemos tirar del carro en la misma dirección, tener generosidad y sentido de Estado, etcétera.

Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).

Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.

En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?

Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?

En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.

Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.

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La soledad de Patxi López o de la carencia de liderazgo

Los resultados del último euskobarómetro sobre el apoyo al gobierno de Patxi López en la sociedad vasca han despertado todas las alarmas. Con razón: el 71% de los encuestados por el prestigioso observatorio desaprueban la gestión del Gobierno presidido por López. Se ha recabado la opinión de los expertos que, como era de prever, han recitado la habitual letanía de explicaciones previsibles: falta un estilo adecuado de comunicación, todavía es demasiado pronto para disfrutar de los logros del nuevo Gobierno Vasco, hacen falta medidas audaces de marketing político, etc. O al más puro estilo Lakoff, sencillamente no es un problema mientras no te empeñes en hablar todo el tiempo de él (una recomendación muy sensata, por otra parte).

A muchos constitucionalistas vascos lo que realmente nos preocupa del gobierno de Patxi López es que no satisfaga las expectativas depositadas en él y su fracaso precipite la vuelta triunfal del nacionalismo vasco, que conserva intactas grandes áreas de poder, desde las todopoderosas Diputaciones con sus respectivas Haciendas Forales a las cajas de ahorro, pasando por la capacidad de chantaje al gobierno de Zapatero en el Congreso de los Diputados, donde el PNV ya ha conseguido torpedear con enorme facilidad operaciones importantes de la gobernanza de Patxi, como las políticas activas de empleos vinculadas al traspaso del INEM. En definitiva, que el PSE no sólo tiene al enemigo en casa, sino también en La Moncloa… cosas del sistema de partidos español, que tanto favorece a esos nacionalistas que tanto lo desprecian.

Así que, con ánimo constructivo, me atrevo a proponer un diagnóstico diferente de la causa de la pobre credibilidad de este gobierno entre la sociedad vasca. Resumiendo: se trata de una carencia de liderazgo de grandes proporciones. La gente ve una cara nueva en Ajuria Enea, algo sin duda tranquilizador tras las características del último iluminati que ocupó el palacete, pero no ve un gobernante político: ve un gestor. Alguien que gestiona algo que le ha caído más en suerte que ganado con esfuerzo. En efecto, a nadie se le escapa, salvo quizás a los propios socialistas, que el PSE fue el segundo partido en las elecciones vascas, quedando a mucha distancia del PNV en diputados y que sólo gobierna por el apoyo del PP, un partido al que el PSE desprecia ostentosamente. Me cuenta Gorka que es muy raro que los diputados socialistas aplaudan, siquiera por cortesía, a los portavoces de su socio parlamentario. Como si fueran socios impuestos, indeseables y antinaturales. Y esto transmite un mensaje lamentable a la opinión pública: de debilidad, incomodidad y… provisionalidad.

Refuerza esta percepción el hecho de que PL y su Gobierno hayan renunciado en la práctica a emprender genuinas políticas alternativas a las del nacionalismo, salvo en el campo del terrorismo y de la violencia política que, inopinadamente, se ha convertido en estandarte y refugio de unos políticos que venían de tratar de negociar con ETA autodeterminación a cambio de paz en la “Mesa de Loyola”. Vueltas que da la vida, y bienvenidas sean. Pero en campos estratégicos como los de la política lingüística, cultural y educativa, la transparencia de la gestión, la capacidad de gobernar para todos sin interlocutores privilegiados, etcétera, el Gobierno de PL hace poco o nada. La discriminación lingüística impuesta en educación, sanidad, función pública y servicios sociales se mantendrá tal cual gracias a un pacto con los sindicatos, furiosos partidarios de su mantenimiento. Los avances hacia una gestión más transparente que rompa la extensa e intrincada red de clientelismo a través de la maraña de empresas y sociedades públicas  o participadas, la verdadera arma secreta del nacionalismo, se hacen de rogar y en realidad no se le espera. Y si bien EITB es menos sectaria que antaño, hasta el punto de emitir el discurso de Nochebuena del Rey –el programa más visto del día en la ETB2-, a cambio la trama de sociedades nacionalistas de todo tipo continúa recibiendo un incesante y desconocido maná de ayudas, subvenciones y privilegios variopintos. Como si no se quisiera molestar.

En resumidas cuentas: mientras que toda la sociedad vasca sabe, y apoya o teme, cuál es el proyecto político del PNV y sus adláteres, nadie sabe nada del proyecto político socialista. Algunos sostienen que no puede ser otro que instaurar la normalidad política y que con eso debería bastar para merecer el aplauso público pero, ¿se puede sostener seriamente que esa instauración de lo que es normal podrá hacerse dejando intacta la base de poder de la constante anormalidad nacionalista? ¿renunciar a tocar sus políticas de discriminación lingüística e ideológica, su entramado de sociedades subvencionadas de todo tipo, su discurso cultural y educativo hispanofóbico y soberanista? Tal creencia recuerda a aquella, no menos peregrina, de que la democracia debía instaurarse en España sin tocar los pilares del propio régimen franquista, como los privilegios de militares y curas. Todo sea por no pisar a nadie poderoso, aunque hacerlo sea inevitable y necesario para que los demás también podamos andar.

Patxi López transmite la impresión de que su máximo objetivo es gobernar como si la mayoría gubernamental no hubiera cambiado, y que su “normalización” debe limitarse a cambiar el menor número posible de instituciones, política y prácticas. Busca la aprobación nacionalista, no el impulso del constitucionalismo. Debe, por ejemplo, apoyarse en el PP, pero poniendo cara de disgusto. Su oposición es el PNV, pero resulta que es el socio preferente de su jefe en Madrid… Hacer actuar a la Ertzaintza contra los que ponen fotos de etarras y cosas similares está muy bien y es de justicia hacerlo, pero no podrá suplantar una acción de gobierno alternativo. Que se resume en la siguiente pregunta: ¿cuál es el proyecto político del PSOE-PSE para el País Vasco, aparte de gobernar en Vitoria mientras lo permita el Parlamento (y los intereses de Zapatero)? Nadie lo sabe o muchos sospechan que tal proyecto no existe. Y esa y no otra es la principal debilidad de este Gobierno y la causa del desapego general: que parece un gobierno interino ansioso por agradar.

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