Me parece que somos el único partido que propugna el fin del caduco sistema político de la Transición y regenerar la democracia española. Me explico: a los nacionalistas les gustaría finiquitarlo, pero para fundar en sus actuales taifas Estados soberanos (en la medida de lo posible). Izquierda Unida querría instaurar una República intervencionista, pero no quiere tocar el sistema de pactos con el nacionalismo y sus recetas económicas no pueden tomarse en serio. Y PP y PSOE, como escenificaron Rubalcaba y Rajoy en un debate que parecía más un revival del seudodebate en TV de la campaña electoral, ni se les pasa por la cabeza que haya algo razonable y necesario más allá de un sistema político cortado a su medida.

La destemplada, prepotente y agresiva réplica de Mariano Rajoy al discurso de Rosa Díez dejó las cosas claras: precisamente por exponer sin reservas la importancia de avanzar hacia una democracia del siglo XXI,  UPyD se ha convertido en un partido extraordinariamente molesto. Y por eso Rajoy atacó con su artillería pesada sobre un triple eje: a) los supuestos “parecidos” entre PP y UPyD; b) la denuncia de la corrupción política y la propuesta de reformar la ley electoral; y c) un misterioso “lo  que le importa a la gente”. El relato resultante es simplón y por eso mismo regocijará a simplones y sectarios: todo lo interesante de UPyD ya lo propone el PP; denunciar la corrupción política es un ataque a una clase política inocente y a una democracia virginal, mientras que la reforma de la Ley Electoral no persigue otra cosa que aumentar los escaños de UPyD; finalmente, estas no son las cosas que importan a la gente, interesada únicamente en aquello que Rajoy dice ser “sensato, razonable, lógico y de sentido común”, es decir, sus recetas anticrisis.

Como el interés principal de Rajoy es salir de la crisis sin que ésta ponga en solfa el sistema político vigente, es normal que haya sido UPyD, en la persona de Rosa Díez, el objeto del ataque más furibundo y desproporcionado a una minoría en un debate que, en ese momento, se convirtió en más de embestidura que de investidura. Ese interés por no cambiar nada de lo que afecte al modo de obtener poder político y de administrarlo explica aparentes anomalías del debate cuidadosamente barridas bajo la alfombra por los palmeros mediáticos del nuevo líder. Como su tácita aceptación de la petición del PNV de continuar el proceso con ETA con toda discreción.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka –muchísimo mejor tratado por Rajoy que Rosa Díez pese a representar al mismo número de diputados, cinco, y estar supuestamente muy lejos del PP en asuntos esenciales-, dijo en su intervención algo notable: que es recomendable no confundir el humo con el asado (préstamo de Josep Pla). Mientras se permite entretenerse con el humo a los amantes de la política espectáculo, los políticos discretos se dedican al asado (y a zampárselo, claro). Traducido a la negociación con ETA, la cosa estaba clara: dejad a Eguiguren con su libro y su declaración diaria, y sigamos nosotros el proceso con la menor publicidad posible. Rajoy alabó la vieja concepción nacionalista de la normalización política y recogió el guante con la salvaguarda retórica de que todo lo que haga con ETA –como le repitió más tarde a Amaiur- será dentro de la ley… ¡como si un Presidente de Gobierno pudiera comprometerse a otra cosa! Y como si la Ley de Partidos, para hablar de una que ha sido extraordinariamente útil, no fuera papel mojado tras la legalización de Bildu por el TC y la aceptación de Amaiur como un partido casi normal. Pronto lo veremos.

Pero, ¿por qué acepta Rajoy esa invitación? Sin duda, no porque desee favorecer de ningún modo a los herederos de los terroristas –aunque esa será la consecuencia-, sino porque hacerlo es otro precio –con el AVE y la intocabilidad del Concierto y del sistema foral, todos concedidos- que el PNV pone para apoyar discretamente la salida de la crisis planteada por Rajoy y porque, al fin y al cabo, es un proceso que ya está en marcha y despejará de alguna manera -o de la contraria, para decirlo al modo del nuevo Presidente- un fastidioso problema que conviene sacar de la mesa con el menor ruido posible (ya lo han apuntado dirigentes del PP vasco que desaconsejan aplicar a Amaiur la Ley de Partidos, como Javier Maroto, alcalde de Vitoria).

Podríamos seguir con otros ejemplos de esta política de apaciguamiento del nacionalismo y aceptación de la agenda política heredada de Zapatero, pero tiempo habrá de ir examinando su desarrollo. De momento, lo que está fuera de toda duda es que no se quiere tocar nada del sistema político español por razonables que sean los argumentos, aportados incluso por el Consejo de Estado. Se puede alegar en contra de este argumento que la lucha por la igualdad ante la ley y por la memoria, justicia y dignidad que piden las víctimas es un asunto menor en comparación con la lucha contra el paro, pero ese alegato ignoraría que el fracaso en ambos campos tiene las mismas raíces políticas: instituciones que no funcionan porque el bipartidismo las ha puesto a su servicio, y no al de la sociedad.

Pero esta estrategia a lo don Tancredo desconoce que a los ciudadanos se les pueden pedir e imponer renunciar y sacrificios fiscales, laborales y sociales, pero a cambio de vivir en un sistema político saneado, transparente, equitativo, participativo y abierto que, a su vez, garantice razonablemente un futuro mejor en todos los ámbitos. Y lo que se pretende es hacer todo lo contrario: sacrificar el debate político a la emergencia económica, aplicar recetas anticrisis de caballo no exentas de contradicciones elementales -¿cómo instaurar un tercer año de bachillerato reduciendo el presupuesto de educación?- y, entre tanto, achicar la democracia rehusando siquiera debatir reformas tan elementales como la de una Ley Electoral que restaure la igualdad del voto y de oportunidades de acción política. Es decir, más obligaciones y menos derechos, más obediencia impuesta y menos ciudadanía responsable, más partitocracia y menos democracia.

Queda por ver si las recetas fiscales y económicas de origen alemán sirven para remontar la crisis. Hay muchos que lo niegan, porque una crisis de deuda no puede solucionarse forzando una recesión económica que empeora el déficit fiscal. Lo que sí es seguro es que el intento de Rajoy de negarse a ninguna reforma política de envergadura mientras blinda el inmovilismo pactando con los nacionalistas, desprecia la igualdad del voto, convierte la corrupción en un tabú inabordable y pretende que una ley, por ser democrática, sea de hecho intocable, no tiene el menor futuro. Agravará la crisis política mientras se agrava la crisis económica. Vaya, Rajoy ya sufría el síndrome de la Moncloa antes de ser elegido el nuevo inquilino.

Las lágrimas de cocodrilo socialista son, en cualquier caso, consecuencia de un pésimo cálculo tan lleno de cinismo como de ignorancia: pensaban que Bildu sacaría menos de la mitad de los votos que finalmente ha sacado –algo más de 300.000 en País Vasco y Navarra-, y que éstos serían a costa del PNV en municipios pequeños y medianos. Despreciando el efecto legitimador y promotor de la gigantesca campaña de publicidad de Bildu de los medios de comunicación afines a PSOE y PNV –los más importantes del País Vasco y por supuesto todos los públicos, además del grupo PRISA al completo, Público y La Sexta, etc.-, que convencieron a muchos de que Bildu era la garantía de la Paz y demócratas intachables que habrían roto con ETA (¡incluso una alternativa al bipartidismo para jóvenes indignados despistados!), se han encontrado con la amarga verdad de que los votos de Bildu han barrido alcaldías socialistas que creían seguras y, sobre todo, regalado a los herederos de ETA la de San Sebastián, con la colaboración entusiasta del PNV.

Uno es donostiarra y por eso las cosas que pasan en su ciudad natal le importan más que las de otros sitios. Uno ha sido portavoz de Basta Ya y ha dedicado muchos años y energía a la ofensiva intelectual contra el nacionalismo y a organizar la movilización cívica contra ETA. Uno ha tenido que llevar escolta por eso mismo e ir al funeral de amigos asesinados que tuvieron peor suerte. Por eso es un espectáculo particularmente desolador asistir a la reducción de los veinte años del gobierno municipal de Odón Elorza, veinte años perdidos y desperdiciados por un alcalde penoso y superficial que daba mucha más importancia a los carriles-bici que a la lucha por la libertad, en mero trámite de paso para la entrada triunfal en la alcaldía de un partido minoritario (8 concejales de 27) que propone los fines de ETA como fin de la política de una ciudad donde esa banda ha asesinado a más de cien personas, y donde se han organizado y celebrado las principales movilizaciones masivas contra el terrorismo sin que, ahora, parezcan haber servido para maldita la cosa.

Con sus 300.000 votos Bildu gobernará a más de 700.000 personas. Serán más de un millón si, como parece, se hace con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Lo que piensa hacer ha quedado claro con los primeros actos de sus nuevos alcaldes: negarse en redondo a condenar a ETA y exigir su disolución, antes al contrario: continuar el hostigamiento y la exclusión de cualquier oposición a sus pretensiones; vetar a medios de comunicación; poner todas las instituciones y los recursos públicos al servicio del proyecto político de la llamada “izquierda abertzale”, es decir de ETA, lo que significa imponer políticas de asimilación lingüística, educativa y cultural que profundicen en todas las facetas del peor nacionalismo. Y si esto no fuera suficiente, volver a las amenazas y a la violencia física contra quien no colabore u oponga resistencia real a sus decretos. Porque no se olvide que ETA no ha desaparecido sino que, salvada por la campana de la política pacificadora de ZP –con el auxilio impagable de un PP insultón pero puesto de perfil-, la banda sigue ahí como garante último de que lo que no se consiga por las buenas podrá obtenerse por las malas. Al fin y al cabo, ¿este final tan estupendo para ellos no demuestra la rentabilidad del terrorismo y de la violencia política de todo tipo, la impotencia de la justicia y la debilidad de un Estado en manos de partidos agotados sin más afán que sobrevivir en el poder? Y el resultado electoral, ¿no ha demostrado que una parte de la sociedad vasca y navarra está dispuesta a tragar cualquier vileza con tal de estar del lado de los vencedores, de los matones y asesinos, todo lo lejos que puedan de cualquier situación que los convierta en víctimas? Y estos tienen el apoyo de ETA mientras los resistentes tienen –es un decir- el apoyo de un Estado ausente y en retirada.

Los defensores de Bildu insisten en que esta falsa coalición ha roto con ETA y es una sincera partidaria de las vías democráticas. Que lo primero es falso quedó demostrado el mismo sábado 11 de junio, cuando los alcaldes de Bildu se negaron expresamente a reclamar la disolución de la banda y, con la clásica parafernalia fascista de Batasuna, se rodeaban de vociferantes partidarios para dar vivas a los presos terroristas y exigir otra amnistía. Como ya se sabe que la estupidez no tiene límites, supongo que harán falta varios años de gobierno de Bildu para que algunos se convenzan –y otros ni eso- de que la democracia no tiene nada que ver con la imposición de normas que prohíben y persiguen la disidencia del nacionalismo y dan a elegir al disconforme entre el destierro o el exilio interior en su propia casa.

Con Bildu gobernando un millón de personas en docenas de ayuntamientos y la Diputación de Guipúzcoa, ETA no tiene necesidad alguna de atentar ni hacer acto de presencia más allá del previsible comunicado de jolgorio y felicitación por lo ocurrido. ¿Para qué estropear la fiesta si el heredero político va consiguiendo una tras otra las pretensiones que justificaron 858 asesinatos, miles de heridos y docenas de miles más de perseguidos, desterrados y extorsionados? Al contrario, ahora podrá aprovechar para tratar de reconstruirse y poder seguir amenazando como el Hombre del Saco de la construcción nacional, si las Fuerzas de Seguridad del Estado no lo impiden. Y nos dirán que eso, que no haya atentados sangrientos ni destructivos, eso es la Paz. Como decía el Caudillo Francisco Franco o sus portavoces en los nodos, telediarios y partes de Radio Nacional.

En fin -pensarán ustedes si han llegado hasta aquí-, ¿significa eso que hemos perdido la guerra con ETA y el nacionalismo obligatorio? Desde luego hemos perdido una batalla que, para más escarnio, estaba claramente ganada. Pero no, no nos han ganado: sencillamente algunos de los nuestros nos han traicionado y entregado a nuestros enemigos. Así de simple, así de grave. No deberá volver a ocurrir.

Todavía estamos hablando de una brecha, no del resquebrajamiento del duopolio partidista ni de su colapso inminente. Podría suceder que el 22-M fuera sólo un sobresalto y que el bipartidismo volviera a restaurarse. Pero contra esta nefasta posibilidad se alzan tres grandes obstáculos: primero, el lamentable estado político del PSOE, que invita a pensar que, con o sin Rubalcaba, tardará mucho tiempo en volver a levantar cabeza como par del PP (e incluso podría no lograrlo); segundo, la aparición y crecimiento de un movimiento de protesta social contra ese mismo bipartidismo asfixiante del que el 15-M y sus derivaciones asamblearias es una expresión destacada, pero no todo el fenómeno ni mucho menos; tercero, que en UPyD no pensamos quedarnos sentados disfrutando de nuestro pequeño triunfo del 22-M, sino que seguiremos trabajando para ser una alternativa al bipartidismo a pesar de las trabas de la Ley Electoral o las de algunos medios de comunicación.

La reacción del PSOE a su mal resultado electoral es toda una demostración de agotamiento profundo. La política ha sido completamente arrollada en ese partido por las argucias e intrigas destinadas al salvamento de los muebles y al sacrificio selectivo de los menos aptos para los tiempos que se avecinan. No otra cosa es la solución tramposa de impedir la celebración de verdaderas primarias imponiendo por dedazo a Rubalcaba como único aspirante a la Presidencia del Gobierno mientras, de carambola, se evita un Congreso Extraordinario que habría expulsado a ZP de la Secretaría General. Zapatero, definitivamente consagrado como el político más inepto y dañino de esta etapa histórica, consigue mantener una apariencia de control y estabilidad –exigida por los omnipotentes mercados de la deuda- a cambio de sacrificar a esa legión de incompetentes prohijada por el zapaterismo encarnada por Carme Chacón (o a escala municipal por otro ilustre mindundi, Odón Elorza).

Digan lo que digan, la misión de Rubalcaba y de la vieja guardia felipista que representa no es derrotar a Rajoy el 2012, sino frenar la disgregación de un partido que, al igual que el PP, depende en gran medida del poder autonómico y local como consecuencia del vaciamiento progresivo del Estado. Y que, una vez perdido ese poder, se enfrenta a una especie de tremendo ERE poselectoral del que serán víctimas miles de cargos públicos y muchas decenas de miles más de empleados y liberados de toda especie en la administración, empresas públicas y entes más o menos públicos de variadísima condición (se calcula que quizás existan 21.000, aunque nadie lo sabe con certeza). Un buen ejemplo de la desesperación sobrevenida para tratar de mantener algunos restos del naufragio lo proporciona la desesperada –e inútil- intentona por convencer a UPyD para que pacte con PSOE e IU en algunos municipios de Madrid, en particular el emblemático Getafe. La tentación de abandonar el barco que se hunde y buscar refugio en los chiringuitos autonómicos y locales que puedan subsistir va a ser muy poderosa y pasará una costosa factura al PSOE en términos de cohesión, influencia social y potencia electoral. La posibilidad de que los socialistas de la España Plural se adentren en la senda de la extinción paulatina en la que andan perdidas las izquierdas francesa e italiana –y en España ya lo está su variedad catalana- es algo más que una fantasmagoría.

Por eso es impensable que, a medio plazo, el PSOE pueda reconstituirse como para restañar la brecha en la estructura del bipartidismo. Si en las elecciones generales el PSOE baja del peldaño del 30% de los votos válidos, comenzará a ser víctima de una Ley Electoral (LOREG) pensada para penalizar a los partidos de ámbito nacional medianos y pequeños (consiguió destruir a PCE y CDS), dificultando enormemente su entrada en las instituciones. Una postrer justicia poética, si se quiere, pero una oportunidad de oro para acabar, ahora sí, con el bipartidismo: ocurrirá si, en las Elecciones Generales, UPyD consigue el suficiente apoyo ciudadano para llenar el hueco socialista y obligar a un PP insensatamente eufórico a enfrentar de una vez la reforma de la Ley Electoral, y a continuación las reformas constitucionales cada día más urgentes, es decir, la separación efectiva de poderes para tener una justicia independiente digna de ese adjetivo, y cerrar para un largo plazo este modelo territorial caótico, sustituyendo el insostenible Estado de las Autonomías por otro de tipo federal igualitario, es decir, donde todas las CCAA tengan las mismas competencias y financiación, y el Estado común un núcleo de competencias exclusivas que garanticen la igualdad y libertad personal: educación, sanidad, fiscalidad, gestión del territorio, política exterior, etc.

Aunque el escepticismo sobre la viabilidad de semejante cambio político ha retrocedido, todavía hay muchos que consideran imposible hacer ceder al PP y PSOE en cosas como el sistema electoral o la estructura del Estado. Es imprescindible sacudirse esa pasiva resignación. No será fácil, sin duda, pero a la vista de lo que sobre todo los socialistas se han mostrado dispuestos a hacer por retener o conseguir la alcaldía de Getafe (¡incluso a apartar ahora a los imputados de sus listas!), ¿qué no harían si lo que estuviera en juego fuera acceder al Gobierno de la nación? Todas las puertas antes candadas han comenzado a entreabrirse. Bastará con empujar y no ceder para que se abran por completo.

Es obvio que la división radical entre amigos y enemigos, aquella que fundamentó la filosofía del derecho antiliberal de Carl Schmitt, que tanto influyó en el nazismo y que también puso la soberanía absoluta del Estado como único objetivo trascendente de la política, está presente en las palabras de Aznar y en las de muchos más (que, paradójicamente, ¡se definen como liberales!) Pero no es ni mucho menos exclusiva de la derecha; en realidad, esta forma radical de antagonismo a muerte es muy transversal.  Veamos si no, en el otro lado de la división tradicional y partidaria de la política española en izquierda y derecha, las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, a propósito de la lucha contra ETA, donde ha dicho lo que sigue: “la derecha española, la dirección actual del PP, tiene un problema atávico: tiene miedo de que el PSOE logre la paz y le vuelva a ganar las elecciones. Está haciendo lo que nunca puede hacer un patriota y un partido responsable, que es que en lugar de apoyar al Gobierno para acabar con ETA, se está apoyando en ETA para acabar con el Gobierno”.

Frases como esta traslucen un pensamiento de fondo apenas disimulado: el PP es el verdadero enemigo político del PSOE, no ETA. Pues “el proceso de paz” con la banda tiene, para Eguiguren, un objetivo ulterior que no es la paz misma –ya sabemos que la libertad no está en primera línea de sus aspiraciones, algo muy propio también de esta mentalidad antiliberal profunda-, sino desenmascarar la perfidia y maldad intrínsecas de “la derecha” encarnada en el PP.

La cosa es tanto más chusca en cuanto que el partido que preside Eguiguren tiene un pacto de gobierno con el PP que permite a Patxi López mantenerse como lehendakari pese a su minoría parlamentaria, y también si se considera que todo indica la existencia de un pacto entre PSOE y PP para conducir “el proceso” con ETA de modo que ninguno de los dos partidos se considere perjudicado en sus posiciones electorales, salvaguardando cada uno su identidad particular en esta complicada materia. Pero nada de eso importa a Eguiguren, cuyo odio al enemigo, o sea al PP, está mucho más próximo al expresidente Aznar de lo que jamás admitiría. Incluso comparten “el orgullo de ser españoles” (“yo me siento muy orgulloso de ser español y no puedo creer que la derecha haga estas cosas”, dice también Eguiguren respirando por su propia herida patriótica), un sentimiento absurdo pues no hay mérito alguno en el azar de nacer en un sitio en vez de en otro. Ambos rasgos, dividir el mundo en amigos y enemigos y el orgullo identitario son típicos del nacionalismo, y también de una patología ideológica transversal, a saber, el sectarismo.

El sectarismo es la propensión a dividir el mundo en bandos irreconciliables, aunque de composición variable: Gadafi era un enemigo de Occidente hasta que pasó a ser un amigo, y el PP era un amigo parlamentario hasta que dejó de serlo por sus críticas (superficiales) al proceso con ETA. El mundo en blanco y negro: lo característico del sectarismo es no admitir los matices ni los principios contrarios a su antagonismo, como los de igualdad o la relativización de los “enemigos” para convertirlos en adversarios y en colaboradores necesarios y socios en el desarrollo de la democracia. ¿Y saben qué?: todo indica que cuantas menos ideas se tienen o más rígidas, esquemáticas y superficiales son éstas, más fácil se cae en la enfermedad sectaria y menos se tolera la indispensable y tolerante agilidad mental que exige la democracia. Sobre todo cuando se ha tomado partido, decisión que también requiere sus anticuerpos de sentido común y amplitud de miras para no caer en el sectarismo más pedestre y peligroso.

Si uno fuera nacionalista, que no lo es, podría sentirse humillado por esta bastante descarada intervención alemana en la política española. Porque si bien de momento no ha habido –y esperemos que no se produzca- intervención o rescate financiero como los impuestos a Grecia e Irlanda y el que ronda a Portugal (incluso a Bélgica como sigan incapaces de formar gobierno), el hecho es que España ha sido intervenida políticamente por la UE; sobre todo por Alemania y en menor medida por Francia. Pero como no soy nacionalista de nación irredenta alguna, en vez de humillación lo que siento es una mezcla de diversión, indignación y frustrado fastidio por la demostración más clara de lo que en UPyD llevamos tiempo diciendo, a saber: que el sistema político-financiero del llamado Estado de las Autonomías es insostenible, como iba a demostrar la primera crisis seria (esta que atravesamos), y que el establishment español es, a causa de sus compromisos e implicaciones, incapaz de hacer las indispensables y urgentes reformas constitucionales que hagan de España algo más que un peso muerto que amenaza con arrastrar a la UE. Ha sido necesaria la presión nada disimulada de Alemania y Francia para obligar al calamitoso gobierno de ZP a iniciar algunas reformas destinadas no a reformar el Estado que se hunde, sino a mejorar la viabilidad de las finanzas públicas mediante una contracción brutal de la inversión y del gasto social (¡cuyo más elocuente ejemplo es la reducción de facto de las pensiones en un 20%, nada menos!) El mal llamado “pacto social” que ZP y sus palmeros tratan de vender como la segunda edición de los históricos Pactos de la Moncloa no es otra cosa que el allanamiento a la urgencia de la situación por parte de partidos, sindicatos y patronal.

Así que debemos dar gracias por formar parte de una UE que, al menos, pone límites a la capacidad de los gobernantes españoles para tomar decisiones perjudiciales para todos. Este menoscabo de soberanía no puede ser más afortunado, y de paso demuestra la importancia y la necesidad de la integración política europea que supere a las viejas e ineficaces naciones-estado (sí, esas mismas que el incompetente nacionalismo catalán y el aprovechado vasco pretenden hacer proliferar).

Pero si la visita de frau Merkel significa un alivio de las negras perspectivas financieras públicas, sobre todo ha  puesto de relieve la incapacidad del sistema político español para acometer las reformas de fondo más urgentes. Por ejemplo, la constitución de un auténtico Estado federal igualitario o cooperativo, que sustituya a la desintegración del Estado en 17 CCAA derrochadoras, endeudadas e ineficaces. Y por supuesto, la reforma de una Ley Electoral que ha estimulado ese centrifugado irracional al dar más pesos a los poderes provinciales y autonómicos que a la sociedad civil compuesta –que debería estarlo- por ciudadanos individuales con los mismos derechos y obligaciones.

De manera que aunque el apoyo de Alemania y Francia a la política de recortes de gasto del gobierno haya servido para solucionar algunas urgencias, el problema político de fondo sigue intacto, y con él la salida de una crisis económica brutal que está directamente vinculada al mismo, como demuestra el problema de las Cajas de Ahorros sometidas a los intereses  partidarios de los poderes locales hasta arruinarlas como entidades de crédito público. Y la pregunta es si de nuevo tendrá que ser la presión alemana y europea en general la que obligue a plantearse el gran tabú: la racionalización del Estado ordenando como es debido las administraciones, las competencias y la capacidad financiera de CCAA y entes locales. Lo que requiere una reforma constitucional que tanto PP como PSOE rechazan de plano (y que da pavor a sus socios nacionalistas, de ahí el ruido independentista de CIU), pero que acabará imponiéndose por necesidad antes o después. Si es que no la impone, que pudiera ser aunque es improbable, avances hacia la integración europea fustigados por la crisis financiera.

Pero si el cambio constitucional viene impuesto de facto por las presiones de los socios europeos no tendremos el cambio político e institucional que nos interesa a los ciudadanos españoles, sino el más conveniente para los gobiernos y poderes financieros europeos. Las efusivas felicitaciones de Emilio Botín a Zapatero por el acierto de sus reformas anuncian esa dirección: cambios de política financiera dejando tal cual el dislocado esqueleto institucional del Estado; cambios que dejen todo lo demás igual pero que repartan entre los grandes bancos buena parte de ese 51% del mercado financiero de las Cajas, y no sólo gratis, sino con subvenciones públicas. De manera que tarde o temprano la sociedad española tendrá que elegir entre tomar en sus manos el arreglo en profundidad de esta casa común llena de grietas, chapuzas y goteras, o de permitir su adaptación no a sus necesidades sino a las de los jubilados alemanes, los turistas británicos, las empresas francesas y los bancos españoles, todos ellos entes muy respetables pero que no deben imponerse a nuestros legítimos intereses ciudadanos. That is the question!

De modo que la mera imitación o plagio de una idea no significa que esa idea haya triunfado, pero sí que ha progresado extraordinariamente hacia el éxito, tanto que alarma a los posibles perjudicados por su puesta en práctica. Tras haberla ridiculizado y haber mantenido que era imposible llevarla a la práctica, los perjudicados deciden en un momento dado que es mejor sumarse a la marea ascendente que seguir combatiendo principios que cada día apoya más gente. Pero no para realizarlos, sino para tratar de reducirlos a mera caricatura. Y entonces plagian la idea para apropiársela. Es verdad que suele ocurrirles lo que a Avallaneda con la apropiación plagiaria del Quijote de Cervantes, que obliga a reaccionar al autor hasta llevar al público a reconocer que la imitación es una birria, pero eso no siempre es rápido ni evidente. Y menos en los tiempos de la comunicación de masas: ¡todavía hay gente que cree que Hitler era alemán y Beethoven austriaco!

Veamos un ejemplo que nos afecta directamente: el descarado plagio que PP y PSOE están haciendo de propuestas de UPyD que en su día ridiculizaron en sus medios concertados y rechazaron con luz y taquígrafos en sesiones parlamentarias. Sólo el despiste colectivo y el servilismo publicitario han tratado de negar o disimular el hecho incontestable de que el PP votó dos veces en contra de la propuesta de Rosa Díez para que las pensiones de los parlamentarios fueran similares a las del resto de los ciudadanos, sin privilegios como la obtención de la pensión máxima con sólo siete años de cotización. Al contrario: los medios palmeros del PP, partido de extraordinaria pereza intelectual, han tratado de presentar como la buena nueva de su inexistente regeneracionismo el plagio descarado de una propuesta de UPyD rechazada en su día, por dos veces, en la Mesa del Parlamento que decide en estas materias para hacer más opacos los acuerdos relativos a los privilegios de sus señorías. Veremos qué vota hoy martes el PP en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de lo relativo a las pensiones, donde Rosa volverá a proponer por tercera vez lo negado ya dos veces por PSOE, PP & Asociados…

Respecto al Gobierno y la bancada socialista, el plagio más llamativo, compartido por el PP, se refiere a la limitación de las competencias de gasto de las CCAA y la eliminación de las duplicidades administrativas. También aquí UPyD planteó, a través de Rosa Díez y de Gorka Maneiro (en el Parlamento Vasco), numerosas iniciativas parlamentarias de racionalización que merecieron el rechazo unánime de las cámaras. Es más, Rosa Díez ha tenido que escuchar toda clase de vituperios y burlas por plantear reformas que, según diversos vicepresidentes del gobierno (María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves), eran disparates jacobinos imposibles dentro de la Constitución. Numerosos portavoces del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se han apuntado a esa tesis: el Estado de las Autonomías es intocable, no es posible ni que el Gobierno controle su gasto ni reordenar el caos de competencias y administraciones. Rematando el veredicto condenatorio, PSOE y PP se pusieron de acuerdo en diciembre –para que se diga que nunca lo hacen- para votar en el Congreso un nuevo Estatuto de Extremadura, que otorga a esta comunidad competencias estatales en materia internacional y judicial, entre otros dislates. Pues bien, llevamos algunas semanas escuchando a Zapatero y sus ministros que ha llegado el momento de prohibir a las CCAA que hagan nuevas emisiones de deuda pública -¡algo imposible, según ellos!-, y a González Pons cuantificando en 24.000 millones de euros el sobre costo del Estado Autonómico, cifra descaradamente sacada de la única publicación que hay al respecto, la de la Fundación Progreso y Democracia. No sólo esto: oímos la urgencia de adoptar medidas para recuperar la deshecha unidad de mercado española, un grave problema negado hasta ayer, o para despolitizar las Cajas de Ahorro. Medias ambas, como otras muchas, contra las que han votado juntos PSOE y PP, y demás partidos con raras excepciones.

Pero, ¿puede creer alguien que PSOE y PP tengan la menor voluntad genuina de convertir en el eje de su acción de gobierno las ideas políticas que han ridiculizado, negado y combatido? Es como confiar en que el PNV se ponga a la cabeza de la derrota de ETA. Todo invita a pensar que ambos partidos se apresuran a apropiarse de la autoría de ciertas políticas bien para minimizar sus efectos –en el caso de medidas exigidas por la UE y otras instancias internacionales- bien para paralizarlas sine die –como la reforma a fondo del Estado de las Autonomías.

Hay dos razones convergentes que explican el desaforado plagio de PP y PSOE: uno es la presión de los socios europeos con Alemania a la cabeza, reclamando el saneamiento de las Cajas de Ahorro y la racionalización administrativa para frenar el déficit público (dos problemas muy ligados); pero el otro es el extraordinario cambio de la opinión pública respecto a este conjunto de temas ligados. En los últimos años ha ido creciendo el apoyo a propuestas de UPyD como la devolución de ciertas competencias al Estado (educación y sanidad, por ejemplo), la delimitación clara de competencias y el fin de las duplicidades administrativas, el adelgazamiento drástico de la trama descontrolada de entes y empresas públicas, etc. A pesar del boicot activo y pasivo de los medios de comunicación a UPyD era cosa de tiempo que esa misma opinión pública conozca que ese es el partido empeñado en hacer las reformas que piden, precisamente porque nació con un ideario muy claro al respecto. La prisa de PSOE y PP por invertir ese reconocimiento público intenta que se les adjudique a ellos, y no a UPyD, la paternidad de las ideas que ridiculizaban o impugnaban a la totalidad hace nada. Pero no porque tengan la menor intención de llevarlas a la práctica, sino para impedir que eso ocurra. Como un propietario avaro, lo que intentan es hacer el mínimo de reformas capaces de mantener en pie la casa que amenaza ruina en lugar de levantar una mejor y adaptada a las necesidades de sus habitantes.

El filósofo americano pragmatista Charles S. Peirce –difícil y poco conocido en España (donde se han admirado más los galimatías de Heidegger) pero uno de los grandes de la filosofía moderna- definía magistralmente las ideas como operaciones mentales (lógicas y simbólicas) capaces de producir cambios prácticos (pragmáticos). Tener la idea de un negocio nuevo, por ejemplo, es el primer paso para ponerlo en marcha; la de igualdad del género humano sin excepciones, indispensable para abolir la esclavitud. Aceptar de verdad una idea es eso: permitir que libere su capacidad de transformación. El plagio es, por el contrario, el intento de apropiarse de una idea ajena para congelarla o esterilizar su potencial. De modo que nada de conformarse con que el plagio del PP-PSOE es un progreso. El suyo es un reconocimiento incompleto que busca el efecto contrario de lo que la idea propone o contiene en sí.

Posdata, miércoles 26 de enero: en la votación de las propuestas de UPyD relativas a la igualación de las pensiones de los parlamentarios a las del común de los mortales (régimen general de la Seguridad Social) y las incompatibilidades para excargos públicos, de modo que sea imposible cobrar a la vez una pensión pública y una remuneración privada (como Aznar, González y muchos más), PSOE, PP y todos los demás (salvo UPN) votaron en contra. Quedó demostrado que su voluntad regeneracionista es falaz, que su plagio busca únicamente desactivar las ideas de UPyD en vez de llevarlas a la práctica y, sobre todo, que ponen sus intereses de casta o secta (caso de IU, que se abstuvo) por encima del interés general. Conviene deja escrito que Rosa Díez (UPyD) sí voto a favor de una proposición del PP sobre limitación del gasto autonómico y a otra de IU sobre incompatibilidades. Se puede hacer política integradora y coherente.

Ahora bien, ¿qué aclara todo esto? Porque es evidente que en el PSOE no queda nada de su pasado obrerista y frentepopulista, excepto alguna retórica guardada para días de fiesta como el mitin de Rodiezno. En el PNV tampoco queda mucho, aunque sí algo más que a mí ya me parece demasiado, del invento de Sabino Arana. Respecto al PP, ¿a quién le importa hoy, aparte de a los historiadores, los dimes y diretes entre los grupos que lo componen entre 1970 y 1989, cuando se funda? Y así con cualquier partido relevante que podamos revisar: la ideología que se honran en poseer apenas dice nada sobre sus posiciones políticas en los temas que importan, se trata de la política económica o la reforma constitucional. Quizás la excepción sea el PCE, porque sabiendo lo que piensan es fácil prever que apoyarán a sucios tiranos como los Castro o Chávez y cualquier disparate que invoque el anticapitalismo como excusa, pero este anacronismo es más bien de los que invitan a confirmar la regla.

Más aun, la ideología no sólo no dice gran cosa de un partido y de lo que podemos esperar de él, sino que muchas veces sirve para ocultar lo que hace. Repasemos por ejemplo la posición del PSOE y del gobierno de Zapatero ante las revueltas de Túnez y Argelia, provocadas por el hartazgo de la corrupción estatal y la crisis de subsistencia precipitada en esos países por el alza del precio de los alimentos. Y tengamos en cuenta que en Túnez gobierna un partido hermano del PSOE, miembro como éste de la Internacional Socialista. ¿Cuál había sido hasta ayer la posición política del PSOE en esta tragedia que ya ha costado 20 muertos sólo en Túnez, algo que haría saltar de indignación a la izquierda clásica de la que se reclama el partido de Zapatero?  Respuesta: el silencio. Y el silencio cómplice con el gobierno de Túnez, cabría decir comparando la posición de este partido –y de todos los de la Europa del Sur, denunciaba dignamente alguien tan poco sospechoso de animosidad como el diario El País-, y la de la propia UE, con la del gobierno de Estados Unidos, único que ha exigido al de Túnez que respete los Derechos Humanos en su gestión de la crisis.

Así pues, ¿de qué sirve decir que el PSOE es un partido de izquierdas progresista, solidario con las causas justas de pobres y trabajadores de todo el mundo? Viendo su reacción ante los sucesos de Túnez y Argelia –o de Marruecos y el Sáhara Occidental, o Cuba, o China, o Guinea Ecuatorial-, debemos decir que esa etiqueta ideológica no sirve para nada. Al revés, enmascara y oculta. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión: ¿qué es a día de hoy una “ideología” de partido político tradicional?: un camuflaje que enmascara sus verdaderas posiciones políticas y las cubre de retórica sin compromiso real alguno con nada en concreto.

Pero la ideología a la antigua tiene todavía otro papel importante, a saber: sustituir la falta de ideas claras y distintas –incluso borrosas y sugerentes- por emociones y efusiones sentimentales impostadas. Eso que en algunos foros de internet ha hecho fortuna como “la lágrima socialdemócrata” (de cocodrilo) para el PSOE, y que para el PP ha sido “el patriotismo de hojalata”, sin duda merecido para un partido que gusta de envolverse en la bandera pero que en las CCAA donde gobierna no lo hace de un modo muy distinto a como lo haría un genuino nacionalista.

Por lo tanto, un partido político nuevo, como quería ser y es UPyD, no sólo no debe tener “ideología” en el sentido en que suele esgrimirse para clasificar un partido político, sino que debe renunciar a las consecuencias prácticas de empeñarse en tenerla: enmascarar sus posiciones políticas revistiéndolas de una retórica engañosa, y recurrir al sentimentalismo y las emociones para tapar la falta de ideas. Esa falta de ideas responsable de que los partidos se declaren, o se clasifiquen, como de “centro-izquierda” o “centro-derecha” para no comprometerse realmente con ninguna política que pueda espantar a parte de su electorado potencial o histórico. Un cuento espacial.

Así que a la pregunta habitual de “qué ideología tiene UPyD”, la respuesta debe ser: “gracias, pero no la necesitamos porque nosotros tenemos ideas y programa”. Nos pueden creer o no, pero quizás contribuyamos así a devolver la política al debate sobre ideas y compromisos prácticos derivadas de éstas, rescatándola de la imitación de La Noria, Gran Hermano y otras telebasuras a las que han ido empujándola con sus invocaciones hueras a ideologías de cartón piedra tanto los partidos políticos tradicionales como los medios de comunicación que tienen concertados para ningunear todo lo nuevo y alabar todo lo fracasado.