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Eguiguren, el PSOE-PP y la “estrategia china”
Por CarlosMG - Uncategorized - 22 Junio 2010
No hay nada sorprendente en que el enésimo anuncio de que algo estaba cambiando en el entorno político de ETA (también llamado “izquierda abertzale”), y de que ese algo iba a manifestarse el pasado domingo en un acto político celebrado en Bilbao haya sido también el enésimo bluf, un hastiado más de lo mismo. Y es así porque la tesis de que ETA abandonará cuando se lo exija su entorno político es una tesis basada en la más oceánica ignorancia sobre la clase de relaciones de subordinación instrumental que rigen entre la banda y su frente político. Que sea Jesús Eguiguren, el presidente del PSE, el que lleva lustros vendiendo esa quimera no demuestra que la quimera sea una buena idea, sino sólo que Eguiguren no da una.
Que a pesar de esta obstinada perseverancia en el error se le considere un gran experto en el tema tampoco tiene nada de extraño en España, donde nada se aprecia y valora más que perseverar en el error; ¿acaso no es este el país de los tertulianos, del aplauso constante a excelsos economistas políticos como Rodrigo Rato o Pedro Solbes, que han demostrado en esta crisis su capacidad de previsión, anticipación y respuesta? Veamos si no el caso de El País, que lleva semanas vendiendo la burra coja de que se acerca una declaración política de la “izquierda abertzale” que anticipará el anuncio del abandono de ETA sin condiciones políticas. Han vendido esa especie –en un rápido repaso de memoria- con ocasión de los actos de LAB en Pamplona, de la alevosa liberación de Díez Usabiaga por el juez Garzón, del acto de este fin de semana en Bilbao. Y habrá más, qué duda cabe. Al fin y al cabo, conseguir un anuncio positivo respecto a ETA es uno de los pocos salvavidas que le quedan a Zapatero, o eso creen los expertos en marketing político que han contribuido a convertir la política española en el presente concurso de tonterías y ocurrencias jugado por atolondrados e indocumentados.
Es verdad sin embargo que, a diferencia de los intentos previos de negociación política con la banda terrorista abertzale, este registra algunas novedades. Una de ellas es la aplicación de lo que podríamos llamar la “estrategia china”, y me explico. Leí en alguna parte que en China, donde la familia lo es todo, en las grandes y confusas convulsiones bélicas y políticas del XIX y del XX las familias con talento político trataban de estar representadas en los dos bandos en liza: imperiales y republicanos, nacionalistas y comunistas, reformistas y reaccionarios, cristianos y tradicionalistas, etc. De esta manera, ganara quien ganara la familia como tal podía al menos tener la seguridad de salvarse aunque perecieran algunos de sus miembros, porque una parte de éstos había militado en las filas del vencedor. Hay noticias de que tácticas de supervivencias similares han sido empleadas en otras regiones del mundo asoladas por largos y crueles enfrentamientos civiles (sin ir más lejos, en el País Vasco algunas familias notables tenían en sus filas miembros franquistas y nacionalistas).
Todo indica que el PSOE (y medios afines) han decidido esta vez hacer algo parecido. Las discusiones entre Rubalcaba y Eguiguren a propósito de los planes del segundo –llamados de modo irreverente por sus beneficiados la “vía Txusito”- tienen toda la pinta de un desacuerdo pactado y bien representado por dos consumados actores; que además tuviera lugar en los micrófonos amigos de la SER abona la conjetura. Se trata de que salga bien o mal el enésimo intento de rescatar a Batasuna para que esté en las próximas municipales, que de eso se trata (pues parte de la “vía Txusito” consiste en sustituir al PP por ese aliado en determinadas comarcas vascas de rotundo abertzalismo), el PSOE esté siempre en el bando ganador. ¿Qué contra todo pronóstico Eguiguren tiene razón y consigue que Batasuna obligue a ETA a dejarlo?: habrá sido el PSOE-PSE el muñidor de la operación, el héroe pacificador; ¿qué vuelve a fracasar?: Rubalcaba ya lo había predicho, y además es el ministro de los policías y guardias que detienen comandos cada fin de semana.
¿Y el PP?, se dirán ustedes. Pues más de lo mismo. Aunque Mayor Oreja no está en ese juego –como lo demuestra la retirada paulatina de su gente superviviente, la última Regina Otaola-, otra cosa es el PP de Rajoy y Basagoiti. Vista la cosa con frialdad, en el PP pueden calcular que un éxito de Eguiguren precedido de una inmisericorde crítica suya sólo servirá para reflotar a Zapatero y perjudicar sus expectativas de heredarle. Por otra parte, en Euskadi el PP y una posible Batasuna refundada no son rivales políticos; el primero puede mantener su pacto con el PSE en Vitoria mientras los socialistas pactan con los neo-batasunos en poblaciones de peso donde el PP es un partido marginal (Mondragón, Hernani, Ondárroa, Durango…) Pero si la vía Txusito fracasa, el PP no la habría ni torpeado sin misericordia ni apoyado de modo explícito. Como el PSOE, estaría en el bando ganador, si bien en posición subordinada, de segundones de confianza. Algo que abriría grandes expectativas al PP en el País Vasco, liberado del estigma de antinacionalista acérrimo, y de rebote en el conjunto de España.
¡Casi se me olvida!: lo malo de la “estrategia china” es que protegió a algunas familias durante algún tiempo, flotando como un corcho en mares revueltos, pero destruyó la sociedad tradicional y abrió la puerta al maoísmo y su sistema totalitario, uno de cuyos objetivos prioritarios fue la destrucción de la familia tradicional de ethos confuciano. Saber algo de historia es siempre aconsejable…
Zapatero no es el problema, lo son todos ellos
Por CarlosMG - Uncategorized - 28 Mayo 2010
Rajoy terminó su intervención de ayer en el Congreso espetándole a un anulado Zapatero su argumento definitivo: el PP no votará el decreto-ley de recortes del gasto porque sólo serviría para mantener a Zapatero en el poder, y el problema peor –la madre de todos los problemas- tiene un nombre, y ese nombre es Zapatero. Sin embargo, no llegó a pedir elecciones anticipadas, como hacemos nosotros y, gran novedad, esta vez también CIU. Durán i Lleida lo soltó sin ambages: es usted un incompetente, políticamente está muerto y no queremos verle más, así que no cuente con nosotros para aprobar los Presupuestos del año que viene. Lo que viene a significar que el Gobierno de Zapatero caerá en enero-febrero ante la imposibilidad de sacar adelante unos Presupuestos obligadamente restrictivos y altamente impopulares tras años y años de ostentosos dispendios populistas y enervantes derroches de nuevo rico corrupto. Y que, por lo tanto y si algún pacto milagroso no lo remedia -¡que tampoco cabe descartarlo!-, tendremos elecciones anticipadas el 2011, pese a la indiscutible voluntad de Zapatero y PSOE de aguantar como fuera hasta marzo de 2012.
Pero no quería perderme en cábalas sobre si habrá o no anticipación electoral, que en cualquier caso sería forzada cuando más le convenga a CIU y seguramente al PNV, conveniencia sobre la que volveré luego. Me parece más importante dirimir si Rajoy y Durán i Lleida tienen razón cuando aseguran que el problema se llama Zapatero, sobre todo por la solución que se sigue de esta premisa: si muerto el perro se acabó la rabia, ido Zapatero volverá la prosperidad. ¿Es esto cierto?: pues no, es otra mentira más.
Es indudable que Zapatero pasará a la historia como un sujeto lamentable: destruyó el consenso antiterrorista iniciando una temeraria negociación con ETA que acabó fatal; se sacó de la manga una absurda “Alianza de Civilizaciones” para enmascarar una política internacional raquítica y el apoyo incondicional a regímenes como el cubano, el venezolano y el marroquí; destrozó la ya débil autonomía de la justicia con constantes intervenciones y manipulaciones gubernamentales –de la reinterpretación de la Ley de Partidos al reparto del CGPJ, pasando por la innecesaria Ley de la Memoria Histórica- que han llevado al actual colapso del Tribunal Constitucional y al caso Garzón; alentó el separatismo catalán con la insensata e inconstitucional promesa de bendecir en Madrid cualquier pacto estatutario conseguido en Barcelona, agravando hasta el extremo el desmantelamiento del Estado constitucional… La lista puede alargarse, culminando en el actual desastre de la política financiera, consecuencia de la obstinada e irracional negación de las reglas de juego que impone la realidad tanto en economía como en cualquier otro ámbito de la acción humana, a saber: la prevalencia de los hechos objetivos sobre las opiniones interesadas, por mucha hermenéutica que le echemos a la cosa. Zapatero ya es un zombi político a la espera de un entierro digno, y pasará a la historia como un representante del irracionalismo político más extremado, de un activismo puramente retórico carente de ideas, proyectos, criterios, fines o metas distintas al disfrute y permanencia en el poder, incluso al precio de la destrucción de las bases institucionales que lo sustentan y legitiman.
Ahora bien, Zapatero no ha sido ni es el único responsable de que todo esto haya pasado. Le ha acompañado su partido, el PSOE, “críticos” incluidos. También los periodistas y empresarios, banqueros e inmobiliarios que se disputaban sus favores, los tertulianos que alababan su baraka, los jueces y fiscales trepas que se plegaban a sus intereses y tantos otros. La burbuja inmobiliaria y la mala política financiera, como el mercado de trabajo dual y discriminatorio y otros pertinaces desequilibrios económicos no son una creación de Zapatero, aunque hayan llegado al paroxismo bajo su lerdo mandato: vienen del modelo de crecimiento económico conocido como de Aznar-Rato. El PP también ha practicado en las comunidades y ayuntamientos que controla el mismo sistema de compra de voluntades y dispendios populistas que critica ácidamente al PSOE. Los vecinos de Madrid no están menos endeudados por la megalomanía decorativa de Gallardón que los de Barcelona por el soberanismo imitativo de Maragall y Montilla (esa birria de nacionalismo-kitsch que es a la ideología lo que Lladró al arte).
¿Y qué decir de los nacionalistas? ¿No han participado con entusiasmo, y con más beneficios que nadie, en el desmantelamiento y reparto del Estado común? ¿No han votado las políticas financieras, fiscales y laborales de todos estos años? ¿O es que sin los apoyos alternos y altamente cotizados de CIU, PNV, ERC, BNG, CC y compañía todo esto hubiera sido posible? ¿Alguien ha hecho más que los nacionalistas por deteriorar la educación pública, trocear el mercado interior, multiplicar hasta el delirio las administraciones, atacar con saña todo símbolo de unión nacional, manipular la comunicación pública, instaurar la discriminación…? ¿Serán ahora CIU y PNV los llamados a salvarnos precipitando unas elecciones anticipadas en las que venderán muy caro su apoyo a un PP incapaz de conseguir mayoría absoluta por sus propias responsabilidades en el deterioro del sistema?
Así que no nos precipitemos. Desde el punto de vista de la retórica populista, acusar a Zapatero de todos los males es totalmente acertado y un modo eficaz de hurtar la propia responsabilidad. Algo previsible y me temo que tan inevitable como difícil es escuchar en España un discurso político complejo, responsable y comprometido con fines de interés general. Pero igual de previsible e inevitable es que cualquier gobierno del PP con apoyo nacionalista que suceda al socialista hará lo posible por mantener el estatus-quo cargando el peso de la crisis sobre los más indefensos, echando la culpa a los socialistas por tener que hacerlo, y preservando en lo esencial el sistema político desquiciado y degradado que soportamos. De ahí la prisa de Durán i Lleida por echar a Zapatero mas no antes de que pueda recoger el fruto de la traición. Como pasó en Italia tras el derrumbe de la Democracia Cristiana, el PCI y los demás viejos partidos, quieren parar todos los cambios de fondo para heredarse a sí mismos. Esa vieja música siciliana de sobra soportada…
El hundimiento (a cámara lenta) de la Transición
Por CarlosMG - Uncategorized - 12 Mayo 2010
Ha hecho falta que Obama llamara el martes a Zapatero exigiéndoles medidas de recorte del gasto público, porque el default de la economía española puede agravar la crisis mundial, para que el gran ignaro subiera hoy a la tribuna del Congreso y anunciara una batería de medidas de ahorro que se pueden resumir así: hacer pagar la crisis a quienes tenemos menor capacidad de presión sobre el Gobierno. Y eso se traduce en suspender en la práctica la aplicación de la Ley de Dependencia (que ya venía siendo caótica o imaginaria), congelar las pensiones, apretar los tornillos a la industria farmacéutica y, sobre todo, bajar el sueldo de los funcionarios una media del 5% (que en muchos casos se acercará al 10%). Este último despojo será sin duda popular, porque muchos olvidan, cuando oyen el término funcionario, que se trata de bajar el sueldo al maestro de sus hijos, al médico y la enfermera que les atienden, o al bombero, el policía y el militar que se juegan el tipo por su seguridad. Unamos esta batería de medidas al incremento del IVA, que pagan por igual millonarios y desempleados sin ayudas públicas, la ausencia de cualquier reforma fiscal que afecte a las SICAV y similares, añadamos que no hay ninguna previsión de reducción del Gobierno ni sobre todo de las elefantiásicas administraciones autonómicas y municipales, y se acaba dibujando una “salida de la crisis” grotescamente reaccionaria, carente de la más mínima equidad y solidaridad social o racionalidad política.
Hemos repetido infinidad de veces que la crisis económica está empeorada en el caso español por una crisis política sin precedentes. Hemos explicado una y otra vez que si el Estado español ha renunciado a la política monetaria a cambio de entrar en la zona euro, también ha renunciado al control de la política fiscal al haber transferido la parte del león del gasto público, sin ningún control digno de ese nombre, a las CCAA y ayuntamientos. Parece que en España muchos no se han enterado o no quieren enterarse de que ese desmantelamiento del Estado, del que unos pocos se han beneficiado escandalosamente, convierte a éste en ingobernable; ni siquiera el PP que, junto a medidas anticrisis sensatas (encoger el tamaño del Gobierno central), renuncia a entrar en la madre del cordero del gasto público de CCAA y ayuntamientos (pues es más fácil meterse con los sindicatos paniaguados que con Aguirre, Camps, Feijoó o Gallardón). Pero resulta que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea sí se han dado cuenta de que esta es la realidad que en España no se quiere ver. Y por eso han impuesto, como precio de la garantía de ayudas contra la suspensión de pagos, que la política fiscal española sea supervisada y controlada por el FMI y el Ecofin. Dicho en plata: como cualquier país subdesarrollado, España ha perdido la soberanía fiscal y el control de su gobierno económico. Es la consecuencia del fracaso del Estado de las Autonomías pactado en la Transición y del abusivo sistema clientelar de partidos crecido a su calor.
Los datos no mienten: en la actualidad, la Administración central del Estado, donde trabajan la inmensa mayoría de empleados públicos a los que primero se disminuirá y luego se congelará el salario (320.124 trabajan para la Administración Central, excluyendo los 263.323 del ejército y fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345. 577 de empleados públicos de las CCAA), ya sólo administra el 20% del gasto público de España. Otro 29% corresponde a la Seguridad Social. Las Comunidades Autónomas administran el 36%, y los entes locales (incluidas las diputaciones forales vascas) el 15%. Sabido que no hay ninguna intención de meter mano en ese 51% del gasto público, con sus consecuencias en el déficit y la deuda –que seguirían creciendo si no lo vetaran Ecofin y FMI-, y ello porque pronto habrá elecciones autonómicas y municipales en las que PSOE, PP y nacionalistas pujarán en la subasta de promesas demagógicas, aldeanas e incumplibles para ganar el voto de ciudadanos muy despistados o demasiado ignorantes. Pero, ¿quién iba a prestar dinero al Estado para que pueda seguir pagando su deuda, pues de eso se trata y no de reactivar la economía, sin exigir primero la llave de la caja pública? ¿Quién puede fiarse de un Parlamento que aprueba en plena crisis, el año pasado, unos Presupuestos Generales del Estado completamente inviables y falsos, mediante la compra de votos nacionalistas de toda calaña? ¿Quién puede creer ya que el problema es que salga Zapatero y que entre Rajoy, cuando la mala administración es la misma en Barcelona, Valencia y Madrid? Nadie en sus cabales. He aquí que hemos descendido al nivel, ya predicho, de la monarquía bananera de Europa. Demasiado pesados para abandonarnos a nuestra suerte, demasiado irresponsables como para dejarnos el control.
Son Zapatero y su partido –“críticos” cómplices incluidos- los responsables principales de la debacle. Pero no le van a la zaga unos socios nacionalistas y un PP que han estado haciendo en sus feudos lo mismo que critican al Gobierno central, esperando que el deterioro de la situación hiciera caer la victoria electoral como fruta madura. A estos responsables hay que añadir las asociaciones patronales y los sindicatos, los grandes grupos de comunicación, las cajas de ahorros y las empresas constructoras y bancos que han financiado todos estos años este sistema condenado al fracaso. Así que el sistema político-financiero creado en la Transición ha naufragado de modo irremisible. Sí, ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo, y que siguen siendo mayoría los partidarios de recetas milagrosas, como que el PP gane las elecciones para que todo siga como está echando la culpa a Zapatero por la herencia dejada. Es sabido que mientras se hundía el Titanic, lentamente (era muy grande), la orquesta seguía tocando bailables, los oficiales trataban con cortesía a las damas y pateaban a la tercera clase, y había quien estaba más preocupado por la temperatura del champagne que por el caótico derroche de botes salvavidas. Pero eso no evitó que el Titanic se hundiera.
¿Es más eficaz la desigualdad electoral? Réplica a José Ignacio Wert
Por CarlosMG - Uncategorized - 21 Abril 2010
Publicaba ayer El País un artículo de José Ignacio Wert, presidente de Inspireconsultores, un artículo de réplica al de Rosa Díez a favor de la reforma electoral publicado en el mismo diario. En síntesis, y aplicando uno de los posibles modelos de cambio de la legislación electoral, Wert admite que el actual sistema electoral (LOREG) puede mejorarse para hacerlo más equitativo, que de esa mejora se beneficiarían sobre todo IU y UPyD, que los levemente perjudicados serían PSOE y PP, y que los partidos nacionalistas se quedarían más o menos como están. Ahora bien, objeta el autor, esa reforma haría más complicado formar mayorías parlamentarias y por tanto gobiernos viables y estables, que es una de las misiones esenciales del Parlamento. Así que hacer más equitativo el sistema electoral también lo haría menos eficaz. La pregunta que hace Wert, por tanto, es la de qué debe ser prioritario, si eficacia o equidad así contrapuestas. Un dilema que al menos merece un comentario. Y comenzando por lo primero: ¿es un auténtico dilema, o más bien una disyunción arbitraria? Yo creo que la oposición de eficacia a equidad en el sistema electoral es una falacia acogida a una supuesta razón técnica superior (a una ética de las consecuencias, si nos ponemos weberianos). Falacia que, como tantas de su especie, reclama el sacrificio de un principio democrático básico, el de equidad –en este caso del voto y de los votantes-, a un fin puramente instrumental, el de la eficacia. Veamos primero qué se entiende por ambas cosas y luego qué relación hay entre ellas, si de oposición como pretende Wert, o de otra clase.
Hablando de voto representativo, por equidad debe entenderse igualdad en el resultado práctico del mismo. En un sistema electoral equitativo cada elector tiene un voto y sólo uno (un hombre un voto), y además su valor a la hora de convertirlo en representación debe ajustarse todo lo posible al principio de igual valor (todos los votos valen lo mismo). Por supuesto, ciertas correcciones impiden que el valor sea idéntico al 100%, por ejemplo circunscripciones desiguales, o sistemas como la ley d’Hont y otras similares. Tales correcciones no invalidan la calidad democrática de un sistema electoral que las incorpore, pero uno donde el valor de un voto en cierta circunscripción triplique o quintuplique o más el de otra, como es el caso del español (grosso modo, Madrid elige 33 diputados al Congreso con 60 veces la población de Soria, que elige 2; una relación de 1-16’5), sin duda no puede considerarse razonablemente equitativo. Y la equidad es un objetivo esencial de la democracia, no un aspecto secundario de la misma que pueda sacrificarse a otras consideraciones, menos aun si son de distinto valor.
Por ejemplo, a la eficacia. A diferencia de la equidad, que es un valor, la eficacia es una medida de relación entre los objetivos perseguidos y los conseguidos. Una persona o una empresa eficaz es, sin duda, la que consigue gran parte de lo que se propone, y lo mismo vale para juzgar si un sistema parlamentario es más o menos eficaz. En una democracia como la española el Parlamento tiene dos misiones fundamentales: representar al cuerpo electoral en la deliberación y aprobación de leyes, y elegir al Presidente de Gobierno para que forme uno. Wert, por cierto, sólo se refiere a la eficacia relativa a la formación de gobiernos, olvidando que un Parlamento constituido mediante una ley electoral poco equitativa necesariamente perderá eficacia en su primera y prioritaria misión, la legislativa, pues amplias partes del cuerpo electoral quedan excluidas, infrarepresentadas o sobrerepresentadas.
Veamos de todos modos si, como afirma Wert, la falta de equidad que reconoce en la LOREG está compensada porque favorece la formación de gobiernos viables y estables. De nuevo hay que establecer qué entendemos por tales predicados. Es obvio que se refiere a gobiernos de larga duración, pero ¿es sólo esto lo que hace un gobierno viable, aunque sea estable? En un sistema como el nuestro, donde las mayorías absolutas son raras, la formación de mayorías parlamentarias de gobierno se hacen a base de pactos con formaciones minoritarias. Esto no es malo ni bueno en sí mismo, al menos si tales minorías y sumas de las mismas representan equitativamente al cuerpo electoral. Ahora bien, dada la escasa equidad de nuestro sistema por su deformación territorial, las minorías que realmente cuentan son aquellas con una fuerte concentración territorial en tres o cuatro circunscripciones: BNG, PNV, CIU, ERC y CC.
La escasa equidad de un sistema distorsionado que antepone al voto individual la la representación de territorios poco poblados –la mayor parte de las provincias españolas-, pone en manos de estos partidos la llave de la formación de gobiernos. Gobiernos que, por eso mismo, pueden ser muy estables, es decir, durar mucho sin cambios ministeriales, pero que dependen del favor de los pequeños partidos de alta concentración territorial. Para formar mayorías suficientes, Aznar en su primer mandato y Zapatero en los dos han tenido que cerrar pactos con los partidos nacionalistas (y secundariamente, con IU) con el resultado de sacrificar al apoyo parlamentario intereses nacionales objetivos que aparecían en su programa de gobierno, como la cohesión institucional, la igualdad legal y fiscal, la contención del gasto público o la racionalización de la administración. ¿Es viable un gobierno como los de Zapatero en esta segunda legislatura, obligado para preservar su duración (estabilidad) a sacar a subasta el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Un gobierno obligado a constantes transferencias de recursos a las CCAA a costa del déficit público en plena crisis económica? En términos democráticos es una criatura muy duradera, pero muy poco viable en lo que se refiere a su capacidad de gobernar de acuerdo con sus objetivos programáticos. Es decir, ¡muy poco eficaz, porque no consigue los objetivos que persigue! Salvo que, como ocurre en el zapaterismo, el único objetivo sea gobernar como sea y a costa de lo que sea, eficacísimo pero contrario al interés general.
Por tanto, y contra lo que sostiene Wert, el sacrificio de la equidad en pos de una supuesta mejora de la eficacia no consigue de ningún modo ese objetivo, es decir, es muy poco eficaz. Los gobiernos son duraderos y parecen estables, pero no son sólidos en el sentido de estar en condiciones de desarrollar un programa de gobierno porque están sometidos a la presión y desestabilización permanente de los pequeños partidos de concentración territorial necesarios para la mayoría parlamentaria. ¿Dónde está, pues, la eficacia en términos de gobernanza y gobernación democrática? Yo diría que en ninguna parte.
Hay una razón más de fondo para este fenómeno: lo eficaz en democracia es perseguir más equidad, no sacrificar la segunda a la eficacia como si fueran cosas intercambiables o vinculadas al modo de vasos comunicantes. Por el contrario, la relación es causal: la prosecución de un sistema electoral más equitativo –y esto vale para el sistema fiscal, laboral, educativo, etc.- hace más eficaz al conjunto del sistema político. Esta es una de las explicaciones lógicas de porqué las democracias desarrolladas y evolucionadas son más eficaces que las dictaduras. Y que una mayor eficacia económica, por ejemplo, acabe exigiendo seguridad jurídica y lucha contra la corrupción, objetivos que requieren de medidas democratizadoras progresivas tendentes a instaurar más equidad, estableciendo un círculo virtuoso en las antípodas del círculo vicioso de renunciar a la equidad en pro de la eficacia.
En resumidas cuentas, España tiene mucho que ganar con un sistema electoral más equitativo que, por ejemplo, corrija que un voto al PNV en las elecciones generales del 2008 acabara valiendo seis veces más que otro a UPyD. No es cuestión de ideología, sino precisamente de eficacia en la búsqueda de la equidad. Que es una meta íntimamente relacionada con la búsqueda de la justicia, dicho sea de paso. Así que no enredemos: mantener un sistema electoral poco equitativo sólo porque viene muy bien a PSOE y PP, y a sus socios preferentes del PNV, CIU y CC, no sirve para conseguir un sistema más eficaz de gobiernos más sólidos y estables, sino que favorece el desgobierno y el Estado híbrido e inviable financiera y políticamente en el que ya estamos metidos. Además de injusto, chapucero.
Profilaxis de la corrupción política: ética y votos.
Por CarlosMG - Uncategorized - 10 Abril 2010
Lamentar la corrupción pero limitarse a combatirla apelando a la moralidad de las personas es similar a luchar contra la sequía sacando los santos de procesión. Esta costumbre presenta un riesgo adicional: así como en algunos pueblos tiraban al río el santo e incluso el Cristo si pese a las rogativas no llegaba la lluvia implorada, la persistencia y multiplicación de los casos de corrupción también puede llevar a tirar la ética a la basura. Pues en efecto, si los llamamientos a la moralización de la vida pública no dan resultado, ¿para qué sirve esa ética invocada a modo de jaculatoria milagrera? Para nada, debe de pensar la multitud convencida de que todos los políticos son unos corruptos, que la cosa no tiene remedio y que, por eso mismo, cuando vote apoyará al partido que menos le repela aunque sea tan corrupto como el otro: PSOE y PP, tanto monta monta tanto, como CIU y PNV y resto de la vieja sopa de letras.
La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios, profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes públicos; llevada al extremo, destruye la democracia. No se trata pues de banalizar su importancia, pero sí de reconocer que los comportamientos corruptos están a la orden del día en todos los ámbitos de la existencia humana, y no es exclusiva de los políticos. Como no es posible erradicarlos, hay que prevenirlos y castigarlos si se producen (qué horror: castigar, que políticamente incorrecto).
Prevenir y perseguir la corrupción política si se produce: ahí está la clave. Y se trata de prevención en varios órdenes, para hacer la corrupción no imposible, sino más difícil y penalizada. En España, en concreto, hay que revisar a fondo las competencias urbanísticas de los ayuntamientos para dificultar la forma más usual, la ligada a recalificaciones de suelo y construcción. Además, hay que modificar el Código Penal para que sea posible, por ejemplo, que el juez suspenda automáticamente al político sospechoso de corrupción para que su permanencia en el cargo no agrave el caso ni legitime el delito. Por cierto, esta es una de las enmiendas al Código Penal que Rosa Díez ha presentado en la comisión del Congreso donde se estudia su reforma, y una enmienda que el PSOE ha rechazado… Pero además es indispensable profundizar en la mejora de la transparencia de la gestión. Por eso hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, que estimula claramente la corrupción como financiación ilegal (a menudo mezclada con el enriquecimiento personal); hay que despolitizar las cajas de ahorros, para impedir la sistemática condonación de créditos, el blanqueo de financiación ilícita y otros trucos habituales; hay que eliminar las empresas públicas y entidades superfluas o ineficaces, pues en muchos casos no sólo son un derroche, sino que están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y clientes como “expertos” y “asesores”, u ocultar endeudamiento público a base de trasladarles deuda del ayuntamiento, diputación o comunidad. Hay, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar para dificultar la corrupción y castigarla ejemplarmente. Entonces, ¿por qué no se adoptan?
La razón de esta pasividad es muy clara, y además es doble: los principales focos de corrupción de la vida pública, los partidos tradicionales, no están dispuestos a asumir ningún riesgo que amenace su control de las instituciones, pero además tampoco harán nada mientras millones de ciudadanos les voten a pesar de su clara complicidad en el mantenimiento de un sistema que no sólo tolera la corrupción, sino que la fomenta. En resumidas cuentas: PSOE, PP y sus socios nacionalistas no actuarán contra la corrupción, ni dentro de sus partidos ni en las instituciones, por las mismas razones por las que evitan mejorar la ley electoral, combatir el déficit público, despolitizar las cajas de ahorro, reformar el mercado de trabajo o asegurar una enseñanza pública de calidad. Y mientras reciban elección tras elección 24 millones de votos, no verán la necesidad de cambiar de actitud.
Conclusión: está muy bien invocar la ética e indignarse con los corruptos, pero no sirve de nada mientras combatamos la corrupción dónde y cómo hay que hacerlo: en las instituciones y en las elecciones. Con reformas legales y con votos.
¿Necesitamos pactos PSOE-PP?
Por CarlosMG - Uncategorized - 8 Febrero 2010
Ante la magnitud de la crisis, numerosas voces proponen enfrentarla mediante pactos entre las principales fuerzas políticas, es decir, entre PSOE y PP. Urge reeditar los Pactos de la Moncloa, dicen algunos, e incluso un Gobierno de concentración PSOE-PP, según otros, porque todos debemos tirar del carro en la misma dirección, tener generosidad y sentido de Estado, etcétera.
Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).
Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.
En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?
Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?
En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.
Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.
El PP se pasa la xenofobia y al populismo
Por CarlosMG - Uncategorized - 21 Enero 2010
El PP parece empeñado en ratificar que ya es “la peor oposición” de la breve historia democrática española. Y no se trata de una mera cuestión de estilo. No, si acusamos al PP de hacer la peor oposición posible es porque elude sistemáticamente los problemas de fondo, en los que no tiene una posición muy diferente al PSOE (ley electoral, reforma de la Constitución, de la educación, del modelo territorial, etc.), para refugiarse en el oportunismo demoscópico, esto es, en tratar de abanderar causas de moda que, o bien son irrelevantes para resolver los problemas de fondo o, lo que es peor, conseguirán agravarlos. La última de estas cortinas de humo oportunistas es la subida a esa nave de los locos que es la xenofobia. Porque proponer políticas activas contra los inmigrantes, con o sin papeles, no es otra cosa que xenofobia. Eso es proponer “contratos morales” especiales para los inmigrantes legales, como si tuvieran obligaciones especiales -de las que están exentos, en cambio, los cargos corruptos del PP-, y de reconsiderar la obligación legal de los ayuntamientos de empadronar a todos los habitantes de la localidad, tengan visado o no o duerman de tres en tres en habitaciones de doce metros cuadrados (con suerte).
Repitámoslo, a ver si a base de insistir cunde la idea: un emigrante que cumpla todas las leyes del país de acogida no tiene ninguna otra obligación que no tengan los ciudadanos del mismo; todos los seres humanos tienen derechos básicos intocables, aunque no tengan visado; la obligación de empadronar también a los que no tiene visado atiende al interés general, y si un ayuntamiento tiene cien mil habitantes reales esos son los que deben figurar en el padrón, aunque el 10% carezca de visado. Estos pueden ser expulsados legalmente del país, pero sin ser privados hasta entonces de sus derechos básicos ni de servicios que los materialicen, como educación para sus hijos o atención sanitaria si la necesitan. Por eso el PP hace muy mal al proponer retorcidas necedades como un “contrato moral” (¿a qué diablos puede obligar?) que sólo sirve para alentar las sospechas xenófobas, y cuando pone en solfa una obligación muy sensata del padrón municipal que, por cierto, impuso Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior (o tempora o mores) en atención al interés general: saber dónde están todos los extranjeros que viven en el país, hayan entrado en bussines o en patera.
Muchas voces alertan de que no deja de ser verdad que los servicios sociales no estaban preparados para atender adecuadamente el aumento de población de las zonas más receptoras de inmigrantes, de modo que algunos centros escolares públicos se convierten en guetos de niños con costumbres problemáticas, o que los servicios de urgencias de los hospitales parecen abarrotados por nuevos vecinos que en algunos casos recurren a la sanidad gratuita con escasa prudencia, y otras denuncias semejantes de personas conocedoras de lo que hablan y nada xenófobas ni populistas. De acuerdo, afrontemos el problema comenzando por las causas. Cuando un hospital o un centro escolar, o todo un barrio, se satura o degrada por la avalancha, ¿a quién hacemos responsable: al emigrante llegado a trabajar en lo que se le ofrezca, o a las administraciones incapaces de tomar previsiones mientras alentaban la inmigración masiva, incluso sin papeles, para alimentar la demanda de mano de obra barata y poco cualificada del fallido modelo económico español?
Pero donde el dislate xenófobo-populista llega al apogeo es en declaraciones como las de Alicia Sánchez-Camacho, según la cual “en Cataluña y España no cabemos todos”. ¿Nos dirá, pues, quiénes sobran y deben ser expulsados? Y lo dice para abrir campaña electoral en una comunidad, Cataluña, donde al nacionalismo etnolingüístico que tampoco encuentra sitio para los españoles que no saben catalán y para los catalanes no nacionalistas o aficionados al uso del español con preferencia al catalán o conjuntamente con éste (bilingües, vaya). Viejo problema al que se ha sumado ahora una plataforma, PxC, de ideología puramente xenófoba (y al que todos los pronósticos electorales dan buenas perspectivas de entrar en el Parlamento catalán). Impresionante deriva. Junto a la unanimidad de los medios de comunicación catalanes (con perdón) con la editorial del no al Constitucional (como si hiciera falta pararlo), la alienación del PP catalán con los nacionalistas y xenófobos regionales expresa otro avance de la berlusconización de Cataluña (con aspirante al título de Berlusconi catalán en la figura del presidente balompédico Laporta).
En resumen: mientras resulta inútil esperar al PP para las grandes reformas urgentes, de la económica a la educativa pasando por la constitucional y electoral, he aquí que el partido que aspira a suceder al PSOE disputa el menguante voto catalán a lo peor de esa comunidad identificándose con él. Estamos en plena caída de una democracia con problemas nacionales a un régimen de nacionalismos desbocados.
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