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ETA: ¿terrorismo residual o democracia inmadura?

Pronto sabremos si el Supremo juzga a los lehendakaris Juan José Ibarretxe (ex) y Patxi López por haberse reunido con Batasuna cuando esa cosa había sido no sólo ilegalizada, sino declarada parte de ETA. Corresponde a los magistrados del Supremo decidir si aplican la doctrina Botín, que inhabilita a la acusación popular para actuar en el caso, o la doctrina Atutxa dando la razón a Dignidad y Justicia, el colectivo que realmente ha impulsado la acusación popular, al igual que en el caso Egunkaria, una vez retirado el ministerio fiscal por mor de los intereses gubernamentales. Pero no pretendía reflexionar sobre el procedimiento a seguir respecto a López e Ibarretxe sino sobre el problema raíz, a saber: que España es el único Estado de la Unión Europea donde sigue activo, ininterrumpidamente, un grupo terrorista nacido hace nada menos que cincuenta años, y donde ese grupo consigue cada cierto tiempo que las instituciones le acepten como interlocutor válido para iniciar negociaciones políticas -como las emprendidas por ambos encausados- saltándose la legalidad y legitimidad democrática; la primera viene definida por las leyes, y la segunda por el ejercicio de los principios y reglas básicas de la democracia. Lo que conduce a la conclusión de que entrevistarse con ETA para negociar objetivos políticos de cualquier tipo implica una grave violación de las reglas básicas de la democracia, además de un flagrante incumplimiento de la legalidad.

Por supuesto, la defensa arguye que esas entrevistas buscaban objetivos tan altruistas y elevados como la consecución de la paz y el cese de la violencia, pero el problema es que esas entrevistas nunca se hubieran celebrado si Batasuna no fuera uno de los rostros de ETA, de manera que su mera celebración, lejos de alejar a la banda de sus objetivos, los favorecía (por ejemplo, admitiendo que el terrorismo era y es la expresión de un conflicto político provocado por la opresión del Estado en el País Vasco). Ibarretxe recibió a esa franquicia de ETA en su residencia oficial manifestando claramente su desobediencia a la ilegalización de ese partido, y López, cuando todavía sólo era candidato socialista a la lehendakaritza, en un hotel donostiarra y como parte de un “proceso de paz” que sólo sirvió para procurarnos dos calamidades: prolongar la vida de ETA dándole otro valioso respiro para reconstituirse, y deslegitimar a las instituciones de la democracia que ETA quiere aniquilar. Mira qué bien. Eso fue todo el logro. Un logro que revela la enfermedad infantil que la democracia española sigue sin superar: la incapacidad para respetar sus propias leyes y hacer funcionar como es debido a sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Como si siguiéramos anclados en 1976, basta con que los terroristas manifiesten su voluntad de diálogo para que todo se precipite en una sensación de provisionalidad, de pizarra en blanco y refundación… bajo el chantaje y la amenaza de la reanudación del asesinato.

Si esta enfermedad infantil se hubiera superado antes, ahora estaríamos hablando de ETA como un nefasto fenómeno del pasado, como de la dictadura misma. Pero han sido los propios actores políticos y las propias instituciones las que han contribuido a mantener con vida a la banda y a reanimarla cuando parecía decaída. Pensemos, por ejemplo, en la nefasta creación de los GAL desde los gobiernos de Felipe González, materializando la doctrina de “las dos violencias enfrentadas” del terrorismo de Estado y del terrorismo privado.

La persistencia de nuestra enfermedad, de esa especie de raquitismo institucional, fue de nuevo demostrada cuando, tras suscribirse el Pacto contra el Terrorismo y aprobar la Ley de Partidos, el Pacto se rompió en cuanto se presentó la ocasión y la Ley fue metida en el congelador en cuanto apareció el pretexto del inminente “fin dialogado de la violencia”. Una democracia que se respetara más a sí mismo que la nuestra, con verdaderos controles judiciales y contrapoderes suficientes, incluyendo una sociedad civil exigente que por desgracia nunca hemos sido, no habría tolerado la conculcación del Pacto Antiterrorista, ni la suspensión de facto de la Ley de Partidos mediante la manipulación de la justicia. Dicho de otro modo, ETA siempre se escapa del cerco cuando todo parece apuntar a su fin no tanto por su habilidad criminal como por las facilidades procedentes de las propias instituciones responsables de su eliminación, como puso en evidencia el gravísimo soplo policial del bar Faisán. O la negativa a actuar contra ayuntamientos gobernados por una franquicia de ETA-Batasuna, ANV, cuando se sabe que colaboran con los terroristas dándoles información reservada para facilitar atentados (trazado del AVE por el País Vasco), o encubriendo a activistas de ETA que pasean explosivos y misiles bajo la cobertura de ser respetables representantes de la voluntad popular.

La persistencia del fenómeno ETA no es sólo la expresión del radicalismo homicida de cierto nacionalismo vasco, sino el efecto patológico de una democracia que ha albergado una enfermedad que no quiere erradicar. Por eso seguimos atados a las noticias de detenciones de comandos, anuncios de atentados, amenazas y violencia, en lugar de hablar del recuerdo de estas desgracias como de otras ya felizmente superadas. Sólo terminaremos con este fenómeno con más democracia, o lo que es lo mismo: con el gobierno de las leyes y con el sometimiento de las instituciones y quienes las gobiernan a sus preceptos. Lo demás es engañar y engañarse.

Posdata: el Supremo ha archivado el asunto de las entrevistas de López e Ibarretxe. La enfermedad parece estable dentro de la gravedad habitual.

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La soledad de Patxi López o de la carencia de liderazgo

Los resultados del último euskobarómetro sobre el apoyo al gobierno de Patxi López en la sociedad vasca han despertado todas las alarmas. Con razón: el 71% de los encuestados por el prestigioso observatorio desaprueban la gestión del Gobierno presidido por López. Se ha recabado la opinión de los expertos que, como era de prever, han recitado la habitual letanía de explicaciones previsibles: falta un estilo adecuado de comunicación, todavía es demasiado pronto para disfrutar de los logros del nuevo Gobierno Vasco, hacen falta medidas audaces de marketing político, etc. O al más puro estilo Lakoff, sencillamente no es un problema mientras no te empeñes en hablar todo el tiempo de él (una recomendación muy sensata, por otra parte).

A muchos constitucionalistas vascos lo que realmente nos preocupa del gobierno de Patxi López es que no satisfaga las expectativas depositadas en él y su fracaso precipite la vuelta triunfal del nacionalismo vasco, que conserva intactas grandes áreas de poder, desde las todopoderosas Diputaciones con sus respectivas Haciendas Forales a las cajas de ahorro, pasando por la capacidad de chantaje al gobierno de Zapatero en el Congreso de los Diputados, donde el PNV ya ha conseguido torpedear con enorme facilidad operaciones importantes de la gobernanza de Patxi, como las políticas activas de empleos vinculadas al traspaso del INEM. En definitiva, que el PSE no sólo tiene al enemigo en casa, sino también en La Moncloa… cosas del sistema de partidos español, que tanto favorece a esos nacionalistas que tanto lo desprecian.

Así que, con ánimo constructivo, me atrevo a proponer un diagnóstico diferente de la causa de la pobre credibilidad de este gobierno entre la sociedad vasca. Resumiendo: se trata de una carencia de liderazgo de grandes proporciones. La gente ve una cara nueva en Ajuria Enea, algo sin duda tranquilizador tras las características del último iluminati que ocupó el palacete, pero no ve un gobernante político: ve un gestor. Alguien que gestiona algo que le ha caído más en suerte que ganado con esfuerzo. En efecto, a nadie se le escapa, salvo quizás a los propios socialistas, que el PSE fue el segundo partido en las elecciones vascas, quedando a mucha distancia del PNV en diputados y que sólo gobierna por el apoyo del PP, un partido al que el PSE desprecia ostentosamente. Me cuenta Gorka que es muy raro que los diputados socialistas aplaudan, siquiera por cortesía, a los portavoces de su socio parlamentario. Como si fueran socios impuestos, indeseables y antinaturales. Y esto transmite un mensaje lamentable a la opinión pública: de debilidad, incomodidad y… provisionalidad.

Refuerza esta percepción el hecho de que PL y su Gobierno hayan renunciado en la práctica a emprender genuinas políticas alternativas a las del nacionalismo, salvo en el campo del terrorismo y de la violencia política que, inopinadamente, se ha convertido en estandarte y refugio de unos políticos que venían de tratar de negociar con ETA autodeterminación a cambio de paz en la “Mesa de Loyola”. Vueltas que da la vida, y bienvenidas sean. Pero en campos estratégicos como los de la política lingüística, cultural y educativa, la transparencia de la gestión, la capacidad de gobernar para todos sin interlocutores privilegiados, etcétera, el Gobierno de PL hace poco o nada. La discriminación lingüística impuesta en educación, sanidad, función pública y servicios sociales se mantendrá tal cual gracias a un pacto con los sindicatos, furiosos partidarios de su mantenimiento. Los avances hacia una gestión más transparente que rompa la extensa e intrincada red de clientelismo a través de la maraña de empresas y sociedades públicas  o participadas, la verdadera arma secreta del nacionalismo, se hacen de rogar y en realidad no se le espera. Y si bien EITB es menos sectaria que antaño, hasta el punto de emitir el discurso de Nochebuena del Rey –el programa más visto del día en la ETB2-, a cambio la trama de sociedades nacionalistas de todo tipo continúa recibiendo un incesante y desconocido maná de ayudas, subvenciones y privilegios variopintos. Como si no se quisiera molestar.

En resumidas cuentas: mientras que toda la sociedad vasca sabe, y apoya o teme, cuál es el proyecto político del PNV y sus adláteres, nadie sabe nada del proyecto político socialista. Algunos sostienen que no puede ser otro que instaurar la normalidad política y que con eso debería bastar para merecer el aplauso público pero, ¿se puede sostener seriamente que esa instauración de lo que es normal podrá hacerse dejando intacta la base de poder de la constante anormalidad nacionalista? ¿renunciar a tocar sus políticas de discriminación lingüística e ideológica, su entramado de sociedades subvencionadas de todo tipo, su discurso cultural y educativo hispanofóbico y soberanista? Tal creencia recuerda a aquella, no menos peregrina, de que la democracia debía instaurarse en España sin tocar los pilares del propio régimen franquista, como los privilegios de militares y curas. Todo sea por no pisar a nadie poderoso, aunque hacerlo sea inevitable y necesario para que los demás también podamos andar.

Patxi López transmite la impresión de que su máximo objetivo es gobernar como si la mayoría gubernamental no hubiera cambiado, y que su “normalización” debe limitarse a cambiar el menor número posible de instituciones, política y prácticas. Busca la aprobación nacionalista, no el impulso del constitucionalismo. Debe, por ejemplo, apoyarse en el PP, pero poniendo cara de disgusto. Su oposición es el PNV, pero resulta que es el socio preferente de su jefe en Madrid… Hacer actuar a la Ertzaintza contra los que ponen fotos de etarras y cosas similares está muy bien y es de justicia hacerlo, pero no podrá suplantar una acción de gobierno alternativo. Que se resume en la siguiente pregunta: ¿cuál es el proyecto político del PSOE-PSE para el País Vasco, aparte de gobernar en Vitoria mientras lo permita el Parlamento (y los intereses de Zapatero)? Nadie lo sabe o muchos sospechan que tal proyecto no existe. Y esa y no otra es la principal debilidad de este Gobierno y la causa del desapego general: que parece un gobierno interino ansioso por agradar.

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