Pronto sabremos si el Supremo juzga a los lehendakaris Juan José Ibarretxe (ex) y Patxi López por haberse reunido con Batasuna cuando esa cosa había sido no sólo ilegalizada, sino declarada parte de ETA. Corresponde a los magistrados del Supremo decidir si aplican la doctrina Botín, que inhabilita a la acusación popular para actuar en el caso, o la doctrina Atutxa dando la razón a Dignidad y Justicia, el colectivo que realmente ha impulsado la acusación popular, al igual que en el caso Egunkaria, una vez retirado el ministerio fiscal por mor de los intereses gubernamentales. Pero no pretendía reflexionar sobre el procedimiento a seguir respecto a López e Ibarretxe sino sobre el problema raíz, a saber: que España es el único Estado de la Unión Europea donde sigue activo, ininterrumpidamente, un grupo terrorista nacido hace nada menos que cincuenta años, y donde ese grupo consigue cada cierto tiempo que las instituciones le acepten como interlocutor válido para iniciar negociaciones políticas -como las emprendidas por ambos encausados- saltándose la legalidad y legitimidad democrática; la primera viene definida por las leyes, y la segunda por el ejercicio de los principios y reglas básicas de la democracia. Lo que conduce a la conclusión de que entrevistarse con ETA para negociar objetivos políticos de cualquier tipo implica una grave violación de las reglas básicas de la democracia, además de un flagrante incumplimiento de la legalidad.

Por supuesto, la defensa arguye que esas entrevistas buscaban objetivos tan altruistas y elevados como la consecución de la paz y el cese de la violencia, pero el problema es que esas entrevistas nunca se hubieran celebrado si Batasuna no fuera uno de los rostros de ETA, de manera que su mera celebración, lejos de alejar a la banda de sus objetivos, los favorecía (por ejemplo, admitiendo que el terrorismo era y es la expresión de un conflicto político provocado por la opresión del Estado en el País Vasco). Ibarretxe recibió a esa franquicia de ETA en su residencia oficial manifestando claramente su desobediencia a la ilegalización de ese partido, y López, cuando todavía sólo era candidato socialista a la lehendakaritza, en un hotel donostiarra y como parte de un “proceso de paz” que sólo sirvió para procurarnos dos calamidades: prolongar la vida de ETA dándole otro valioso respiro para reconstituirse, y deslegitimar a las instituciones de la democracia que ETA quiere aniquilar. Mira qué bien. Eso fue todo el logro. Un logro que revela la enfermedad infantil que la democracia española sigue sin superar: la incapacidad para respetar sus propias leyes y hacer funcionar como es debido a sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Como si siguiéramos anclados en 1976, basta con que los terroristas manifiesten su voluntad de diálogo para que todo se precipite en una sensación de provisionalidad, de pizarra en blanco y refundación… bajo el chantaje y la amenaza de la reanudación del asesinato.

Si esta enfermedad infantil se hubiera superado antes, ahora estaríamos hablando de ETA como un nefasto fenómeno del pasado, como de la dictadura misma. Pero han sido los propios actores políticos y las propias instituciones las que han contribuido a mantener con vida a la banda y a reanimarla cuando parecía decaída. Pensemos, por ejemplo, en la nefasta creación de los GAL desde los gobiernos de Felipe González, materializando la doctrina de “las dos violencias enfrentadas” del terrorismo de Estado y del terrorismo privado.

La persistencia de nuestra enfermedad, de esa especie de raquitismo institucional, fue de nuevo demostrada cuando, tras suscribirse el Pacto contra el Terrorismo y aprobar la Ley de Partidos, el Pacto se rompió en cuanto se presentó la ocasión y la Ley fue metida en el congelador en cuanto apareció el pretexto del inminente “fin dialogado de la violencia”. Una democracia que se respetara más a sí mismo que la nuestra, con verdaderos controles judiciales y contrapoderes suficientes, incluyendo una sociedad civil exigente que por desgracia nunca hemos sido, no habría tolerado la conculcación del Pacto Antiterrorista, ni la suspensión de facto de la Ley de Partidos mediante la manipulación de la justicia. Dicho de otro modo, ETA siempre se escapa del cerco cuando todo parece apuntar a su fin no tanto por su habilidad criminal como por las facilidades procedentes de las propias instituciones responsables de su eliminación, como puso en evidencia el gravísimo soplo policial del bar Faisán. O la negativa a actuar contra ayuntamientos gobernados por una franquicia de ETA-Batasuna, ANV, cuando se sabe que colaboran con los terroristas dándoles información reservada para facilitar atentados (trazado del AVE por el País Vasco), o encubriendo a activistas de ETA que pasean explosivos y misiles bajo la cobertura de ser respetables representantes de la voluntad popular.

La persistencia del fenómeno ETA no es sólo la expresión del radicalismo homicida de cierto nacionalismo vasco, sino el efecto patológico de una democracia que ha albergado una enfermedad que no quiere erradicar. Por eso seguimos atados a las noticias de detenciones de comandos, anuncios de atentados, amenazas y violencia, en lugar de hablar del recuerdo de estas desgracias como de otras ya felizmente superadas. Sólo terminaremos con este fenómeno con más democracia, o lo que es lo mismo: con el gobierno de las leyes y con el sometimiento de las instituciones y quienes las gobiernan a sus preceptos. Lo demás es engañar y engañarse.

Posdata: el Supremo ha archivado el asunto de las entrevistas de López e Ibarretxe. La enfermedad parece estable dentro de la gravedad habitual.