De vez en cuando conviene volver a los grandes principios para entender mejor el presente (e incluso para prepararnos para lo que se nos viene encima). Uno de estos es la finalidad o función de una Constitución democrática. Tiene muchas conocidas, desde dar acta de constitución a una nación democrática a la de trazar las líneas maestras de su desarrollo legislativo ulterior. Es la Constitución la que, por ejemplo, establece si el Código Penal admitirá o no la pena de muerte, o qué competencias corresponden a cada uno de los tres poderes clásicos del Estado. Sobre esto no estará de más recordar que el Judicial es tan poder político como el Legislativo y el Ejecutivo, y que si bien sus competencias propias deben ser acatadas, esto no significa que no deban ser tan objeto de crítica política [...]]]> En el 11 aniversario del asesinato de José Luis López de Lacalle por ETA

De vez en cuando conviene volver a los grandes principios para entender mejor el presente (e incluso para prepararnos para lo que se nos viene encima). Uno de estos es la finalidad o función de una Constitución democrática. Tiene muchas conocidas, desde dar acta de constitución a una nación democrática a la de trazar las líneas maestras de su desarrollo legislativo ulterior. Es la Constitución la que, por ejemplo, establece si el Código Penal admitirá o no la pena de muerte, o qué competencias corresponden a cada uno de los tres poderes clásicos del Estado. Sobre esto no estará de más recordar que el Judicial es tan poder político como el Legislativo y el Ejecutivo, y que si bien sus competencias propias deben ser acatadas, esto no significa que no deban ser tan objeto de crítica política como las acciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y viene esto a cuento por la instauración, en el anestésico discurso políticamente correcto, de un tópico tan manido como falso: que las decisiones del Poder Judicial deben acatarse sin rechistar. De ser esto así lo que tendríamos sería una dictadura de jueces y no un Estado de derecho. Pero podemos estar tranquilos al respecto: el riesgo, en España y otros países (como Italia), no es la dictadura de los jueces, sino el sometimiento de estos a los intereses del Ejecutivo, de los partidos políticos y los grupos de presión.

La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la previa del Supremo ilegalizando la coalición Bildu es una de esas acciones del Poder Judicial que se exige acatemos sin crítica porque así lo exigiría la coherencia democrática. Lo cierto es que una democracia saludable y en constante mejora exige exactamente lo contrario: mirar con lupa una sentencia directamente relacionada con uno de los peores problemas que la democracia española arrastra desde su renacimiento, la expulsión del terrorismo de las instituciones. La sentencia en cuestión vuelve a abrir la puerta a ETA a través de su enésimo avatar político, la coalición Bildu. Esto es lo que pensaba que acabaría pasando, y también acerté con el argumento principal que utilizaría el TC para justificarse: que el derecho constitucional a la representación política prevalece sobre la exclusión de cualquier continuidad de un partido ilegalizado que establece la Ley de Partidos. Literalmente la sentencia dice (en la versión adelantada en exclusiva del diario El País en otra flagrante demostración de la contaminación partidista y mediática del TC): “La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada, pero para el enjuiciamiento actual, la misma no podría conducir a un resultado limitador, so pena de dejar en lo incierto el ámbito del libre ejercicio de los derechos de participación política garantizados en el artículo 23 de la Constitución”.

La doctrina que sienta la sentencia es la siguiente: aunque se documente la vinculación de Bildu con ETA no se podrá proceder contra esta coalición hasta que no se demuestre de nuevo y empíricamente su complicidad, porque la instrumentalización es solo un deseo de ETA y la única demostración válida de que ésta ha tenido lugar es que Bildu vuelva a cometer el delito por el que ya fueron ilegalizados Batasuna y sus avateres (el último, Sortu, ¡que fue más crítico que Bildu en el último atentado de ETA!). Con esta interpretación no sólo se vacía totalmente de contenido la Ley de Partidos –continuando una tradición hermenéutica del TC que ha ido vaciando a la propia Constitución-, sino que se deja a la democracia y a los ciudadanos en la más total indefensión frente a colectivos organizados cuyo programa no es otro que la destrucción de la democracia misma, como es el caso de ETA-Batasuna y de sus sucesivas refundaciones, Bildu inclusive.

El siguiente párrafo de la sentencia (los énfasis son míos) rechaza a priori considerar prueba suficiente los documentos aportados por Guardia Civil, Fiscalía y Abogacía del Estado: “Puede admitirse que (…) ETA y el partido ilegalizado Batasuna han propugnado una “estrategia de convergencia con otras fuerzas de la izquierda abertzale que les permitiera articular una presencia electoral bajo la cobertura de partidos políticos legales” o que dirigieran “sus esfuerzos a la búsqueda de acuerdos electorales” con EA y Alternativa. Pero que hayan instrumentalizado a la coalición recurrente en amparo o que ésta o los partidos políticos que la integran hayan dejado instrumentalizar sus candidaturas a aquel fin es una conclusión que no puede alcanzarse sobre esa base.”

¿Consecuencias?: a la luz de esta doctrina es sencillamente imposible prevenir la comisión de delitos políticos por grupos organizados. Supongamos que un partido tiene la intención de perpetrar un golpe de Estado, y que hay pruebas documentales de sus intenciones: actas de reuniones, grabaciones de conversaciones, movimientos, etc. (Lenin, Mussolini o Hitler dirigían partidos legales que dieron un golpe de Estado). En aplicación de la doctrina del TC no se podría hacer nada hasta que ocurriera el golpe de Estado, puesto que los planes revelados por los documentos no constituirían otra cosa que intenciones en sí mismas tan irrelevantes como –dice la sentencia- las palabras de Otegi sobre Bildu grabadas en la cárcel. Así que aun conociendo las intenciones de los golpistas (como las de ETA sobre Bildu) y los pasos que fueran dando para su consecución tampoco se podrían considerar hechos ni acciones, sino meras conjeturas o ensoñaciones de una especie de ficción política sin sentido. De modo que la Constitución, aprobada entre otras cosas para impedir que un grupo determinado se haga con el poder político por la fuerza o para derogar la propia Constitución, quedaría completamente vacía de sentido según esa interpretación viciosa.

Se olvida a menudo que una Constitución no solo instaura derechos sino que, con lógica simetría, constituye las correspondientes obligaciones, y que las competencias de las instituciones tienen también límites muy claros al ejercicio del poder. Así la Constitución no sólo proclama el derecho a la representación y la libre actividad política de todos, sino que impone a los representantes y a la actividad política condiciones muy claras sobre el sentido de la misma. Por ejemplo, impone que la actividad política no vaya dirigida a destruir violentamente el sistema que la Constitución instaura. Ni a derogar de facto derechos básicos como la libertad personal, la igualdad jurídica, fiscal y otros similares. Si un partido actúa para destruir el Estado de derecho hay procedimientos constitucionales para ponerlo fuera de circulación declarándolo ilegal, que es lo que hizo la Ley de Partidos para sacar a ETA-Batasuna de las instituciones que explotaban para conspirar, financiar y auxiliar la destrucción de la democracia en el País Vasco y Navarra, con el resultado de 858 muertos y docenas de miles de heridos, extorsionados y perseguidos de todas las formas imaginables.

Ahora esta sentencia del TC sobre Bildu invierte el orden de prelación de los preceptos constitucionales al poner por delante de cualquier otro el derecho a la libre actividad política sin limitación alguna, incluyendo entre lo aceptable la vinculación a una organización terrorista y a la obtención de sus objetivos políticos, incompatibles con la Constitución. Claro que en la misma sentencia el TC niega cualquier valor a la vinculación histórica probada al declarar, sobre los documentos que demuestran el liderazgo de ETA en la gestación de Bildu, que son “documentos ajenos, que lo único que acreditan es la referida estrategia de la organización terrorista y del partido político ilegalizado, pero no la instrumentalización de la coalición al servicio de dicha estrategia”. Con los mismos argumentos utilizados contra el Supremo y para legalizar Bildu será posible dar vía libre a un partido que proponga restablecer la esclavitud, el feudalismo o el apartheid.

Me pregunto qué entenderán por “instrumentalización” los seis magistrados responsables de esta sentencia, nombrados por el PSOE. En cualquier caso, esta sentencia instrumentaliza la Constitución poniendo su interpretación al servicio de intereses partidistas reñidos con la democracia bien entendida. Despojada ésta de cualquier posibilidad de “controles preventivos” (sic) de la delincuencia política, como si tal fenómeno perteneciera sólo al mundo de las hipótesis imaginarias y no a la historia más reciente, la Constitución ya no puede defender a los ciudadanos de los brazos políticos de las bandas terroristas, ni en última instancia de cualquier grupo organizado que persiga destruir la Constitución misma… hasta que lo intente y pase a ser un asunto penal. Y entonces se llamará a defender el orden constitucional, previamente disuelto en humo de argumentaciones falaces, a esos mismos cuerpos de seguridad cuyas aportaciones documentales se desprecian como meras suposiciones. Con esta doctrina, el Estado de derecho tiene atados pies y manos para defenderse de sus enemigos violentos. El TC ha vuelto a hacer un gran favor a los enemigos de la democracia y a ofender a quienes se han jugado la vida por defenderla y, en muchos casos, hasta perderla.

Y viene todo esto al caso de las esperanzas puestas por unos en la última treta de [...]]]> En una de sus famosas frases Albert Einstein dijo algo como esto: “me asombra que alguien espere un resultado distinto cuando procede del mismo modo”. Yo tengo una versión más breve que utilizaba a menudo en mis atribulados tiempos de director de departamento universitario: siempre que pasa igual ocurre lo mismo. Pues aunque parezca mentira hay muchas personas, intachables en muchos aspectos, que parecen incapaces de entender el principio de causalidad natural y se abonan al pensamiento mágico, a menudo revestido de teoría extravagante. Y así creen posible hacer las mismas cosas que otras veces les condujeron al fracaso y ahora conseguir el éxito. Supongo que conciben la vida como una lotería o una tómbola del tipo de aquella canción tan pegadiza (tómbola de luz y de color) de los franquistas sesenta o setenta.

Y viene todo esto al caso de las esperanzas puestas por unos en la última treta de ETA para volver a las instituciones vía la marca Sortu, y en la incomprensión de otros por lo que está sucediendo en los países árabes. La epistemología popular permite ver qué conexión hay entre ambas incomprensiones y el papel jugado por ciertos “expertos”.

Sobre lo primero, algunos parecen no haber aprendido nada de las pasadas treguas de ETA y de su constante refundación del mismo partido bajo diferentes marcas. Cuando se les recuerda amablemente el hecho innegable, tienden a despreciar el argumento de la experiencia diciendo que, esta vez, sí que será distinto. Pero, ¿por qué?, ¿porque ellos son expertos natos, o porque la experiencia no tiene ningún valor? A juzgar por lo que dice en un vídeo de El País Luis Aizpeolea, gran muñidor de esa variedad de pensamiento mágico que es “esta-vez-sí-que-ETA-va-en-serio-con-la-paz”, lo que se interpone entre el logro de sus bellos deseos y la penosa situación presente no es otra cosa que la maldita experiencia, siempre fastidiando a expertos de buena fe como él mismo o su amigo y socio en la materia, el socialista Jesús Eguiguren. Pero la mayoría de la sociedad, puede que no tan experta pero con más sentido común en lo que a ETA respecta, se niega a renegar de la experiencia del trato con esos asesinos. Bastaría que esa misma mayoría procediera igual con el PSOE, el PP y los nacionalistas para que este país mejorara considerablemente, pasando del pensamiento mágico y el reniego de la realidad y la experiencia al aprecio de los hechos y del pensamiento racional. ¡Así que no desesperemos, puede conseguirse!

Vayamos a la situación en los países árabes. Como no podía ser de otra manera, ésta es en sí misma muy variada: incluye desde revueltas que acaban con el gobierno, como en Túnez y en Egipto, a una guerra civil larvada como en Libia, pasando por los movimientos por la igualdad de derechos civiles de los chiitas de Bahrein y otros emiratos del Golfo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Si aplicamos la norma de recurrir a la experiencia acumulada, es decir a la historia, descubrimos rápidamente un parecido nada casual con las revueltas que derribaron el muro de Berlín y los regímenes socialistas del este de Europa hacia 1989. Se trata en todos los casos de una población civil sometida a regímenes despóticos, corruptos, anacrónicos y atrasados que bloquean la evolución del país, especialmente para la gente más joven, condenada a la pobreza y la marginalidad social. En este punto, el dilema que se plantea a los afectados es el que el sociólogo Albert Hirschman llamó de “voz o salida”: o se expresa públicamente la protesta contra el régimen (mediante manifestaciones, artículos, críticas públicas), o se abandona el país (emigrando o refugiándose en la marginalidad). Cuando la segunda alternativa desaparece del horizonte, por ejemplo porque los países vecinos cierran la frontera ante el riesgo de avalancha de refugiados o emigrantes económicos, o porque el propio régimen impide a la fuerza la emigración voluntaria (como hacían los países socialistas), la alternativa o preferencia de “salida” deja de serlo a favor de la “voz”, es decir, a favor de la protesta social en forma de manifestaciones de protesta cada vez más organizadas.

Veamos ahora lo que está sucediendo en los países árabes y puede suceder en otros, árabes o no (como Irán, China o Venezuela): el cierre de fronteras a la emigración económica como consecuencia de la crisis internacional, o del propio autoritarismo del régimen, debilita cada día más la opción “salida”: queda entonces la posibilidad de recurrir a la “voz” contra el régimen culpable, posibilidad agigantada hoy en día –a diferencia de los años 80 en la Europa oriental- por el desarrollo de internet y la comunicación vía satélite, desde los móviles a la televisión. A lo que estamos asistiendo, por tanto, es a una nueva oleada de un fenómeno de insurrección social en sociedades complejas –pues aunque atrasados, estos países ya son complejos y están más o menos integrados en la civilización global- que tuvo su primera y gran manifestación en la Europa del Este, comparativamente menos pobres que países como Túnez o Egipto pero mucho más cultos e informados que éstos. Convertir el debate sobre este fenómeno de “voz o salida” en el viejo debate etnocentrista sobre si los árabes están o no preparados para la democracia (como si nosotros lleváramos la democracia en los genes y ellos no), o sobre la difícil secularización del islam (como si las iglesias cristianas se hubieran dejado desposeer voluntariamente del poder político), es una vez más errar el tiro al ignorar la experiencia histórica: lo que sabemos de la naturaleza humana y de cómo evolucionan las sociedades bajo el conocido cóctel de explosión demográfica, opresión política, empobrecimiento económico y corrupción que saquean el país y bloquea sus posibilidades de evolución pacífica.

Y por cierto: los “expertos” en países árabes tampoco predijeron lo que iba a pasar, a diferencia de algunos escritores y periodistas mucho más perspicaces (incluyendo muchos blogueros de los países árabes). Ahora esos mismos expertos nos dicen que desconfiemos de la experiencia porque lo de Libia o Yemen no tiene precedentes. Vamos, que confiemos en ellos en vez de en nuestra capacidad de comprensión fundada en la experiencia y la observación. Como con Sortu, en fin. Pues conmigo que no cuenten… Respecto a Sortu, en concreto, no hay nada más democrático que presionar contra cualquier “salida” que no sea obligarles a alzar la “voz” contra ETA. Entonces hablaremos. Y respecto a los países árabes, lo que conviene es que la voz civil recién estrenada en algunos pueda evolucionar hacia la democracia: un camino problemático, difícil y siempre lleno de incertidumbres.

Disculpen la intemperancia, pero cada vez que oigo a alguien decir que se alegraría de la legalización de Sortu porque eso demostraría que el sistema democrático funciona, y permitirá la participación política de todos los vascos en las instituciones, me parece oír a alguien que considerara positiva la existencia del Ku Klux Klan porque refuerza el pluralismo de la sociedad americana reconociendo la actividad de xenófobos, antisemitas, racistas y fanáticos variados a quienes, puesto que existen, corresponde dar voz y voto en las instituciones. La verdad, no veo la ventaja de este arreglo.

Es evidente que la siniestra y violenta banda de racistas encapuchados existe por la misma razón que Sortu o cualquiera de las precedentes marcas políticas de ETA: porque hay gente que rechaza los fundamentos mismos de la democracia, a saber, [...]]]> (en homenaje y recuerdo a Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003)

Disculpen la intemperancia, pero cada vez que oigo a alguien decir que se alegraría de la legalización de Sortu porque eso demostraría que el sistema democrático funciona, y permitirá la participación política de todos los vascos en las instituciones, me parece oír a alguien que considerara positiva la existencia del Ku Klux Klan porque refuerza el pluralismo de la sociedad americana reconociendo la actividad de xenófobos, antisemitas, racistas y fanáticos variados a quienes, puesto que existen, corresponde dar voz y voto en las instituciones. La verdad, no veo la ventaja de este arreglo.

Es evidente que la siniestra y violenta banda de racistas encapuchados existe por la misma razón que Sortu o cualquiera de las precedentes marcas políticas de ETA: porque hay gente que rechaza los fundamentos mismos de la democracia, a saber, los principios de igualdad y libertad personal de todos los ciudadanos, y el orden del Estado de Derecho, es decir, la obligatoriedad e igualdad de las leyes. Ya sabemos que, en determinadas condiciones, esa clase de gente se organiza y reúne, unos en bandas armadas y otros en partidos o asociaciones que están a la sombra de las primeras aunque estos partidos no sean “violentos” en el sentido literal del término: se limitan a dar apoyo moral, intelectual y social a los que cometen los atentados y a convertir en réditos políticos las consecuencias de la destrucción, la violencia y el crimen político desatado contra sus adversarios. Es verdad que en los Estados democráticos que funcionan la presión jurídica, social y policial puede acabar deshaciendo las bandas armadas aunque las ideas que les dieron origen sigan vigentes. Dicho esto me pregunto qué gana la democracia con la existencia de cosas como el Klu Klux Klan o Sortu y la respuesta es la misma: nada. Otra cosa es que la democracia, a consecuencia del sistema de garantías de las libertades que le es implícito, deba soportar asociaciones de racistas o de nacionalistas fanáticos siempre que respeten la legalidad, no puedan imputárseles crímenes ni complicidad con los criminales y se limiten a la expresión no violenta de sus aberraciones ideológicas y políticas. Esta es la razón de que algunas democracias intachables toleren grupos de ideología claramente totalitaria, sean maoístas o neonazis.

Este es el caso de Sortu: su rechazo estatutario de la violencia no les convierte en demócratas porque la democracia es mucho más que acción no violenta: comporta un cierto número de valores y creencias básicas, como la supremacía de la igualdad y la libertad y la aceptación del Estado de derecho. Algo que sigue en las antípodas de Sortu. Para conseguir la legalización el último avatar de la Herri Batasuna de siempre tiene que conseguir el visto bueno de los tribunales, que decidirán si cumple la Ley de Partidos, y si para ello bastan los nuevos Estatutos donde se rechaza –pero no condena- a ETA y se comprometen a rechazar atentados futuros… pero no los del pasado. Y sea cual sea la decisión de los tribunales competentes debería estar claro que sólo van a juzgar si el nuevo partido reúne los requisitos legales para permitirle actividad pública, y nada más. No se va a juzgar la calidad del sistema democrático a cuya puerta llama Sortu por estricto instinto de supervivencia sino si éste es, formalmente, un partido legal.

Sin embargo, proliferan las declaraciones –por supuesto bienintencionadas, faltaba más- que de modo más o menos implícito admiten que no se va a juzgar sólo a Sortu, sino al sistema democrático como tal. Sin duda, estamos ante otro éxito de la propaganda totalitaria en un país de una cultura política frágil y superficial, donde parece que la democracia debe justificarse ante corruptos, totalitarios y energúmenos varios, en vez de pedirles cuentas. Y si es de esperar que los partidarios y amigos de Sortu se apresuren a enfocar así el problema de la legalización de su engendro, resulta alarmante que esa perspectiva haya sido aceptada por muchos socialistas –con los inefables e inaguantables Jesús Eguiguren y Odón Elorza a la cabeza- e incluso por algunos del PP: Iñaki Oyarzábal declaraba que “sería una buena noticia” que se pudiera legalizar a Sortu si cumplía los requisitos (y todo sugiere que en este asunto hay un arreglo entre PSOE y PP para que la sangre no llegue al río… y Sortu sea legal antes o después).

Si finalmente los jueces consideran que Sortu reúne los requisitos y es legalizado, tal noticia no sería mejor que la de que hay entre nosotros suficientes fanáticos contrarios a la democracia como para formar un partido que el sistema democrático tolera por sus propias exigencias constitucionales de estirar al máximo las libertades de asociación y expresión. Por lo demás, Sortu no va a mejorar la democracia por las mismas razones por las que el Klu Klux Klan no mejora el pluralismo de la sociedad americana, sino todo lo contrario: lo amenaza y aminora de hecho.

Esperemos que la confusión reinante sobre a quién se juzga en el procedimiento de registro legal de Sortu no lleve a una relajación judicial excesiva. No sería la primera vez que un alto tribunal español acaba resolviendo una conflicto constitucional con una sentencia “interpretativa” –en este caso de la Ley de Partidos- que deja las cosas peor de lo que estaban, aumentando la inseguridad jurídica y extendiendo la máxima confusión entre la opinión pública. A Sortu lo menos que se le debe exigir es que su “rechazo” estatutario de ETA sea una condena sin paliativos de toda la historia de ETA y de cada uno de sus atentados, acompañada como es lógico de una petición expresa para que la banda se disuelva sin ninguna contrapartida. A partir de ahí podríamos considerar que Sortu es un partido de fanáticos nacionalistas democráticamente indeseables pero con suficiente miedo al Estado de Derecho como para no reservarse el menor margen de ambigüedad sobre la violencia, ni representar un peligro apreciable de servir los cuarteles de invierno de una ETA que no se resigna a desaparecer. Por cierto: el siniestro Klu Klux Klan también ha pasado por varios ciclos de ilegalización y legalidad al albur de los cambios políticos.

Cosa fácil en San Sebastián, ciudad con un centro urbano muy concentrado, al bajar al bar del hotel dimos [...]]]> El sábado, Goka Maneiro, Rubén Múgica y un servidor celebramos un coloquio en un céntrico hotel donostiarra con el siguiente título: “El cambio en Euskadi: verdades y mentiras”. Estuvo muy bien, a juzgar por la asistencia del público que escuchó y participó sin deserciones durante algo más de dos horas de una espléndida mañana soleada de viento sur. En la cercana bahía, esculturales jóvenes revestidos de neopreno –el surf también se ha hecho muy popular entre las chicas- se lo pasaban en grande cabalgando grandes olas –y ellas ondeaban la melena- que el viento despeinaba contrariando su ruidosa ruptura en la playa. Mucha gente disfrutaba del inusual espectáculo, así que hay que reconocer su mérito a las sesenta y tantas personas que se reunieron para escuchar nuestras opiniones y dar las suyas.

Cosa fácil en San Sebastián, ciudad con un centro urbano muy concentrado, al bajar al bar del hotel dimos allí con un viejo conocido que había protagonizado no pocas de las intervenciones oídas en la sala de arriba, sobre todo una espléndida y emotiva reflexión de Rubén Múgica: Jesús Eguiguren, en persona. Estaba con su familia, disfrutando del día. Aunque se habían dicho de él y de su posición política cosas poco halagüeñas, absolutamente nadie se acercó a recriminarle nada. Se extendió la noticia de su presencia, se le miró con leve curiosidad y eso fue todo. Ninguno de los presentes era del tipo de persona capaz de aprovechar un encuentro así para reprocharle nada, como hizo su esposa Rafaela Romero con la representante de la AVT, Angeles Pedraza, en el juicio de la Audiencia Nacional al que Eguiguren acudió –sin éxito- para predicar la paz al tribunal y echar una mano al amigo Otegui. Todo con la mejor intención, naturalmente.

Pero no quería volver a explicar por enésima vez que Jesús Eguiguren siempre se ha equivocado en materia antiterrorista, contumacia en el error que le ha dado su gran aura de experto. Tampoco quería volver a la obviedad de que lo que dice Eguiguren –u Odón Elorza- no son las ocurrencias de un verso suelto del PSOE, sino medidas expresiones de la estrategia de fondo que siguen los socialistas respecto a ETA, o al menos de una de las posibles estrategias a disposición de un partido que, como Felipe González se encargó de aclarar el domingo 7 de noviembre, es capaz de una cosa y de su contraria: de estudiar si volar a la cúpula de ETA o de cortejarla como honorable socio político.

No, sólo quiero hacer una pequeña reflexión sobre la forma que ha adquirido la esperada solidaridad con Eguiguren de quienes consideran que está siendo objeto de un linchamiento (aunque ojalá todos los linchamientos del mundo fueran así de amables). Tiene su interés el modo en que tal solidaridad mezcla el cinismo más hipócrita con el sentimentalismo más amoral. Dejemos de lado las estupideces de que las críticas al presidente del PSE son invariablemente de “la derecha” –eso, como las de Maite Pagazaurtundua y Rubén Múgica- y parémonos en ese otro aspecto de la cuestión.

El cinismo y la hipocresía emergen en la elusión del asunto principal: si se está de acuerdo o no con algún tipo de negociación con ETA. Eguiguren no puede ser acusado en ese sentido: siempre ha defendido esa vía y postulado con mayor o menor claridad que el final de la banda no debe ser confundido con la derrota de un proyecto político que sin duda considera aceptable, excepto en el recurso a la violencia.

Los hipócritas son quienes asumen las palabras de Eguiguren pero no su claro significado y hacen como que no lo comparten. Por ejemplo, Ramón Jáuregui o Alfredo Rubalcaba. El primero ha declarado que ETA perjudica al proyecto político de la “Izquierda Abertzale”, como si éste no fuera el mismo del terrorismo, y que ETA estaba en la presente situación de debilidad gracias a la negociación calamitosa emprendida por el primer gobierno de Zapatero. ¿Por qué no dice abiertamente que la negociación es otro instrumento a disposición del gobierno, como lo son las detenciones de comandos conseguidas por las fuerzas policiales? Nadie iba a escandalizarse por algo tan evidente.

Y vayamos al sentimentalismo amoral. Cierto que el lenguaje político dominante ha sustituido la ética por el sentimentalismo: de Bush a Obama, pasando por Sarkozy y Lula da Silva, todos prefieren sacar a relucir sus sentimientos de compasión, amor y solicitud humanitaria antes que sus planes políticos. ¿Que se invade Irak para derribar al régimen?: es compasión por los iraquíes. ¿Apoyamos las dictaduras de Irán, China o Cuba?: es solidaridad contra la prepotencia occidental. ¿Expulsamos a los gitanos rumanos de Francia? Pues por amor a la República, n’est c’est pas? Y Zapatero y sus secuaces son especialmente adictos a este camuflaje: a menos ideas y más ocultación de hechos, más sentimentalismo pegajoso. Aplicado al caso Eguiguren: se solidarizan con él porque “es un hombre bueno”, “está siendo objeto de un linchamiento”, “lleva escolta desde hace tantos años”, “siempre ha estado en la mira de ETA y de la derecha”, “no puede pasear por la Parte Vieja de San Sebastián”. Etc. ¡Pobre Ecce Homo!: nadie se solidariza con él porque comparta sus análisis y objetivos, lo que resulta bastante sorprendente considerando que es el presidente del PSE-PSOE.

Por mi parte, no sé nada de lo que piensa íntimamente Eguiguren. Nunca he intercambiado más de dos frases con él, cosa llamativa considerando que no sólo vivimos en la misma ciudad sino que, desde el año 2000, fui portavoz de Iniciativa Ciudadana Basta Ya, coincidiendo forzosamente en multitud de actos públicos. Pero se comprende considerando que, a diferencia de Fernando Buesa, Nicolás Redondo Terreros, Mario Onaindia o Carlos Totorika –por citar a cuatro socialistas de distinta trayectoria-, Eguiguren nunca demostró el menor interés, que yo supiera y lo sabría de haber sido así, por dedicar media hora de su valioso tiempo a conversar con gente como nosotros. Ahora sabemos que debía consagrarlo a reforzar su relación personal con sujetos como Otegui o Iosu Ternera. Congenió con éste último, dice en su asombrosa declaración para La Sexta en la telebasura El Follonero, por afinidad generacional de inclinaciones –los encierros de San Fermín- y trayectoria vital ligada a la política, que ha destrozado a ambos. ¡Ah, el abuso de las metáforas!: lo dice de un tipo responsable de haber destrozado, literalmente, la vida de tantos, incluyendo a no pocos socialistas… Claro que, como sugiere la intempestiva y agresiva impertinencia de Rafaela Romero a Angeles Pedraza (“si no matan, no lloréis por nosotros”), en ese mundillo hay quien no tiene nada claro qué significa estar vivo y la pequeña diferencia con haber sido efectivamente destrozado para siempre, tanto la víctima directa como las colaterales (como Angeles Pedraza, o como Rubén Múgica lo es de su padre asesinado, el socialista Fernando Múgica). Moral de zombis que ven borrosa la diferencia entre la vida y la muerte; quizás necesite de carantoñas privadas. ¿Pero justifica la solidaridad política? No veo cómo, aunque sí para qué.

De la lectura de las declaraciones voluntarias de Felipe González sobre su modo de abordar el asunto ETA (y GAL) emergen sobre todo dos ideas: una, que Felipe González quiere transmitir [...]]]> Esta es la frase con la que Felipe González cierra su reflexión –es un decir- sobre la posibilidad que tuvo de ordenar el asesinato de toda la cúpula de ETA hacia 1992. La revelación aparece en el curso de un largo diálogo con Juan José Millás donde el periodista vuelve a dar prueba de su talento para transmitir algo que me parece difícil: la profunda inanidad de sujetos a los que él admira por su liderazgo político. Supongo que le sale sin querer, porque ya le pasó lo mismo con Zapatero (aunque sin rozar las sublimes cotas serviles de Suso de Toro): a la luz de sus declaraciones, el presunto asombro de las democracias occidentales resultaba ser un peligroso majadero.

De la lectura de las declaraciones voluntarias de Felipe González sobre su modo de abordar el asunto ETA (y GAL) emergen sobre todo dos ideas: una, que Felipe González quiere transmitir que su política antiterrorista fue esencialmente pragmática; dos, que no considera que haya relación interesante alguna entre ética y política. Seguramente lo primero es corolario de lo segundo: si abordó el terrorismo de un modo que considera tan pragmático, es porque en esto cualquier regla ética estaba de más: era o inútil o improcedente.

¿Y en qué consistió aquel pragmatismo respecto a ETA? Básicamente, en probar todos los recursos posibles, de la negociación política (como en Argel) al asesinato (los GAL), haciendo en cada caso lo más conveniente en función tanto de las expectativas de éxito de cada operación como de las complicaciones a que dieran lugar. De modo que la cúpula de ETA no fue asesinada, meses antes de caer en la famosa operación de Bidart, por temor a la reacción francesa. No por limitaciones éticas o, al menos, políticas. En ese totum revolutum de un pragmatismo cínico cobra todo su sentido que Felipe González crea, o finja creer, que Segundo Marey estaba detenido en vez de secuestrado y que sugiera que algo había hecho para merecerlo, aunque en todo caso el ministro Barrionuevo controlaba la situación. Tanto que ordenó la liberación del secuestrado. Por consiguiente Barrionuevo, y a través suyo él mismo, conocía las idas y venidas de los policías y sicarios empleados en los GAL. Es más: ellos autorizaban o paraban aquellas operaciones que llegaban a su mesa por su peso político, se tratara de volar a la cúpula de ETA o de soltar a Segundo Marey. Es lo que indicaba el sentido común y lo que sentenciaron los jueces que mandaron a la trena a Galindo, Vera o Barrionuevo. Aunque no  a Felipe González.

Los idiotas morales piensan que las implicaciones públicas (políticas) de las decisiones éticas (o carentes de ella) son irrelevantes. Felipe González es un idiota moral. El idiota moral se caracteriza por carecer de cualquier empatía ética: no comprende los dilemas de esta naturaleza y rechaza que sirvan para algo más que entretener a los pusilánimes. Paradójicamente, o no tanto, en el mismo reportaje Felipe González da algunas lecciones sobre el liderazgo político. Lo resume en la posesión de tres capacidades o talentos: empatía (ponerse en el lugar de los demás), transmisión a los demás del entusiasmo fundado en la sinceridad de las propias creencias, y equilibrio emocional. Obsérvese que las tres cualidades son de tipo emotivo. Pero en el terreno de la ética, la empatía tiene su correspondencia en el juicio moral, no en las emociones. Es una pena que Felipe González hiciera caso a su padres y eligiera estudiar el útil derecho en lugar de la inútil filosofía, porque entonces habría podido entender –o no- aquello que explicara Kant y resume una máxima clásica: la propia responsabilidad moral hacia los demás se sustancia en el principio de considerarles un fin en sí mismos, y no un medio para fines particulares. Trasladado a la política, no se trata de entusiasmar a los demás en la prosecución de cualquier fin político, sino sólo de los mejores fines políticos. Me temo que el liderazgo político que define Felipe González es el de un caudillo populista, no el de un líder demócrata.

¿Y qué tiene esto que ver con la política esto de la ética, pregunta retóricamente el idiota moral? ¿Acaso no son mucho más importantes la eficacia y en la eficiencia en la consecución de los fines perseguidos?  En el caso que nos ocupa, ¿no es cierto que lo que importaba era acabar con ETA como fuera, sin pararse en éticas ni historias?

Pues yendo al meollo del asunto: NO. Defender al Estado en las alcantarillas, para usar la famosa expresión de FP, no autoriza a convertir el Estado en una alcantarilla, que es lo que ocurre cuando sólo se le defiende ahí.

No es más eficaz ni eficiente atacar el terrorismo con inmoralidad que respetando algunos principios éticos. Es más: atacar al terrorismo con terrorismo sólo sirve para agrandar la bola de nieve terrorista, no para deshacerla. Es un hecho irrebatible que el GAL y sus atentados, lejos de acabar con ETA, le dieron más cuerda para muchos años. Y eso por muchas razones, aunque ahora sólo señalaré tres: a ojos de los seguidores de ETA y de muchos neutrales, el terrorismo de Estado legitimó el propio terrorismo defensivo de la banda; la confianza en los medios expeditivos sirvió para aplazar diez años las reformas jurídicas, políticas y policiales indispensables para derrotar a ETA (como la Ley de Partidos); el terrorismo de Estado ahogó la movilización cívica contra ETA que empezaba a germinar esos años en el País Vasco.

En resumen: la idiocia moral de Felipe González, de su gobierno y de su partido no sólo no sirvió en absoluto para acelerar el fin de ETA, sino que por el contrario lo prolongó. ¿Dónde está la ventaja de la inmoralidad política? En ninguna parte, si nos referimos al interés público. Pero otra cosa es el interés partidista: la justificación pragmática de las extemporáneas declaraciones de Felipe González es auxiliar a sus sucesores José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Rubalcaba. Recuerda y justifica que, bajo su añorado gobierno, ya se hizo todo lo posible para acabar con ETA, desde negociar a secuestrar y asesinar. ¿Por qué ahora debería ser diferente? Este el mensaje: que nada ha cambiado y que todos los recursos están sobre la mesa: si no el asesinato, sí la negociación. Salvo, por supuesto, el de moralizar la acción política y la vida pública de este país, convertido cada día un poco más en un inmenso vertedero. Las alcantarillas, ya saben.