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Doce ideas a abandonar el año 2012

Carlos Martínez Gorriarán — Fri, 30 Dec 2011 04:03:20 +0000

En algunos países se celebra la salida del año viejo y la entrada del nuevo tirando los trastos obsoletos de los que uno quiere desprenderse. No sé si se mantiene la costumbre, pero me parece que estas fechas son una buena ocasión para proponer que nos desprendamos de un buen montón de ideas tontas, o tópicos o estereotipos, más molestos que otra cosa. Seguro que cada cual tendrá su propia lista de eso que los franceses llaman muy gráficamente “idées reçues” -es decir “ideas preconcebidas”- para señalar que la mayoría de quienes las sostienen no han pensado en ellas por sí mismos sino que las han recibido como parte de su herencia de lugares comunes (que por otra parte son necesarios para pensar: ¡cuidado, no podemos prescindir de todos los tópicos!). En cualquier caso aquí va mi propuesta de doce ideas perfectamente prescindibles y, sin embargo, omnipresentes en el discurso políticamente correcto, que como todos sabemos es el mayoritario aunque sólo sea por su persistencia más que pertinencia, puesto que lo oímos y leemos prácticamente a diario en medios de comunicación, declaraciones políticas y conversaciones habituales. Ahí van, son doce, una por mes del año que viene. Que ustedes las disfruten y feliz año nuevo, como no puede ser tópicamente de otra manera.

1 – Todas las ideas son respetables y todas se pueden defender en democracia sin violencia. No es cierto: hay muchas ideas que no son respetables y algunas llegan a ser genocidas. Las tonterías, las supersticiones y las falacias más usuales no tienen nada de respetables. Ni el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la homofobia o las muchas variedades del totalitarismo y fundamentalismo son defendibles en democracia como lo son las demás ideas políticas. Otra cosa es que la democracia permita la libre expresión, difusión y discusión de ideas antidemocráticas, pero eso no las hace respetables en absoluto. Ni menos peligrosas, porque para abrirse paso muchas de estas ideas necesitan recurrir a formas de violencia y coerción incompatibles con los Derechos Humanos o los fundamentos de la democracia: la igualdad jurídica y la libertad personal. Por eso algunas democracias han declarado ilegales “ideas” como el negacionismo de algunos genocidios, o partidos políticos y asociaciones entre cuyos fines está, implícito o explícito, la destrucción de la democracia. Sin duda el debate de dónde están los límites entre libertad de expresión y defensa de valores públicos y derechos humanos es un debate inacabable, pero en cambio es evidente, para cualquiera que piense por sí mismo, que no todas las ideas son respetables ni es aceptable su defensa. Quienes sí son siempre respetables son las personas cuando piensan, pero no sus ideas ni opiniones como tales.

2 – No hay que hablar de la corrupción porque es excepcional y hacerlo desprestigia a todas las instituciones. En 2010, sólo la Policía Nacional investigó más de 750 casos de corrupción que implicaban a miles de personas, la mayoría de ellos cargos públicos. Obcecarse, como hizo Rajoy en el debate de su investidura, en que se trata de un fenómeno aislado y excepcional -y por tanto incomprensible- es el verdadero motivo de que las instituciones más importantes pierdan su prestigio y cada vez más gente las vea como un remedo de la Cueva de Alí Babá. Empeñarse en que lo cívico y democrático es un “prietas las filas” de la clase política es todavía una equivocación mayor. Más en una crisis tan grave como la actual, donde millones de personas consideran, con razón, que el sistema político les ha fallado en lo más básico, su derecho a desarrollar una vida autónoma digna de tal nombre. O sea, cosas como trabajar, formar una familia, arraigar –o no- en un lugar, no depender de terceros para solventar sus necesidades y aspiraciones legítimas, y buscar la felicidad. El enroque en que aquí no pasa nada, y si pasa aferrémonos a la presunción de inocencia y a los formalismos procedimentales –salvo si el sospechoso es un rival-, es un juego peligrosísimo para la democracia. Combinado con la crisis económica y política puede cebar la mecha de una bomba social que salte todo por los aires.

3 – El bipartidismo existe porque la gente quiere: es lo que vota. No me extiendo mucho: siguiendo esa lógica hay cinco millones de parados porque la gente elige no trabajar. De hecho, muchos fariseos lo piensan, pero la prudencia más elemental les aconseja guardarse esa opinión…

4 – Los partidos políticos no son realmente necesarios, los movimientos sociales son mucho más representativos. Los partidos políticos son imprescindibles en una sociedad tan compleja como la actual, con creencias e intereses muy diferentes, y en una cultura donde la gente tiene la afortunada costumbre de cambiar de opinión y de voto político en función de su evolución personal o del cambio de las circunstancias. Los movimientos sociales están muy bien: son una saludable expresión de vitalidad de la sociedad civil y un contrapeso a la amenaza de la partitocracia. Pero no cuando aspiran a sustituir a los partidos que expresan el pluralismo ideológico de la sociedad y, por tanto, a suprimir ese pluralismo cuando no la propia sociedad, con lo que devienen en el Movimiento Unánime al estilo de los ya padecidos infaustos Movimientos Nacionales de Franco o ETA.

5 – La descentralización acerca el poder al ciudadano y por eso siempre es mucho más democrática que la centralización. Este es un tópico de los relativos: según para qué. El problema es que en España se ha convertido en eje inamovible del discurso político. Está muy bien que el ayuntamiento se ocupe de asuntos mejor resueltos sobre el terreno y con conocimiento del detalle, como las políticas de asistencia social o vivienda, pero cuando se convierte en gestor de otros intereses esa “proximidad” puede dar lugar a atropellos y delitos como el urbanismo salvaje de muchos lugares y su corrupción asociada. Tampoco es mejor que el juez que vea tu caso sea ese vecino con el que te llevas fatal: un poco de distancia y neutralidad es entonces mucho más aconsejable. Y están las economías de escala: las competencias deben ser descentralizadas o centralizadas con criterios de eficacia. La centralización de la OTAN o la UE es mucho más eficaz en defensa o mercado que los viejos ejércitos nacionales o el nacionalismo económico, pero la centralización abusiva tiene también sus costos, sobre todo en forma de burocratismo excesivo y lejanía miope de las cosas.

6 – Lo que importa es la economía, la política vendrá luego. ¡Esto lo vamos a oír a diario! Tampoco hace falta extenderse mucho: la crisis económica tiene causas políticas porque el fracaso en la supervisión de las entidades financieras que iniciaron la crisis –se trate de Lehman Brothers en USA o de las Cajas en España-, tuvo causas políticas: irresponsabilidad y mal gobierno con fracaso de controles, falta de transparencia y estímulo de conductas especulativas que rozaron o sobrepasaron lo delictivo. Invirtiendo la famosa frase de la campaña de Clinton, “¡es la política, idiotas!”. Cualquier intento de orillar las reformas políticas en pos de soluciones puramente económicas retardará la salida de la crisis y sin duda la hará más injusta y peligrosa para ese delicado bien público que se llama “cohesión social”. No se pueden pedir sacrificios a los ya sacrificados y, además, pagarles con recortes de derechos políticos y con un sistema público en manos de una nueva oligarquía.

7 – Los banqueros y expertos en finanzas son los que mejor saben qué hacer contra la crisis. Extensión de lo anterior y sin duda otro tópico triunfante, viendo cómo ha quedado el área económica del Gobierno de Rajoy (a quien deseamos toda la suerte y acierto del mundo, obviamente). ¿Son los gestores más adecuados los mismos que negaban la burbuja inmobiliaria y animaban a invertir en vivienda, o juzgaron como genialidades financieras las subprimes y demás instrumentos bancarios de destrucción masiva de la economía productiva? En fin, lo dudo, qué quieren que les diga.

8 – La precariedad laboral es el precio necesario del empleo para todos. Lo cierto es que la dualidad del mercado de trabajo español, con el protegido indefinido y el precario mal pagado, defendido a capa y espada por sus beneficiarios –sindicatos y patronales-, ha sido un factor de agravamiento de la crisis al mantener un modelo económico basado en bajos sueldos y producción de productos baratos, baja competitividad e innovación, destrucción masiva de empleo como procedimiento de ajuste en cuanto asoman las vacas flacas, y consiguiente bajada drástica del consumo con los demás efectos encadenados. La defensa de la precariedad laboral en la que parecen embarcados los “agentes sociales” y los partidos mayoritarios no anuncia nada bueno: es reafirmarse en la continuación de un modelo económico-laboral fracasado, con su viejo círculo vicioso. Esperemos que recapaciten. Para esto, nada como repetirles que se equivocan.

9 – La República es por definición mucho más democrática que cualquier Monarquía. Es una idea que mezcla la protesta legítima contra la crisis política actual y la nostalgia irracional de los malos tiempos de la II República, canonizada por una paleoizquierda que prefiere ignorar la historia y cultivar los cuentos. No comparto la idea de que las Jefaturas de Estado hereditarias (monarquía) sean la panacea y gocen de no sé qué autoridad carismática, pero tampoco la contraria de que una República sea porque sí más benéfica, justa y libre que cualquier monarquía. Comparemos las monarquías sueca, británica u holandesa con las repúblicas cubana, china o iraní. Como todo en la democracia, depende del funcionamiento de las instituciones, de la calidad de las leyes y –no es lo menos importante- del compromiso ciudadano con la mejora permanente del sistema. Una mezcla de pragmatismo con exigencia de los principios. Lo demás, pensamiento mágico.

10 – El laicismo consiste en reducir la libertad religiosa de la gente. Curiosamente, es un tópico que comparten tanto los comecuras que agredían a los participantes en la visita papal del 2011 –y se llamaban falazmente laicos- como los meapilas que consideraban los sermones papales más importantes que la Constitución. El laicismo, en cambio, es neutralidad de los poderes públicos respecto a la creencia privada. Esta última es digna no sólo de respeto sino de protección cuando es compatible con la democracia (véase tópico uno), a condición de que no pretenda imponerse como esqueleto del sistema legal del Estado democrático, que por definición debería ser laico, y mucho menos vivir de la sopa boba de ese mismo Estado democrático. Lo de la “aconfesionalidad” es otro arreglo provisional de la Transición que debería resolverse, como tantos otros pendientes. Entre tanto, importa pensar en qué es laicismo y qué no.

11 – No se puede cambiar la estructura del Estado porque los nacionalistas se rebelarían. Hay que admitir el éxito nacionalista en la interiorización generalizada de su chantaje permanente como un hecho fatídico de la naturaleza. Se puede proponer el despido libre, el copago sanitario, la congelación del funcionariado y la paralización de la inversión pública, pero no, al parecer, privar a los nacionalistas –y sus émulos vergonzantes que dicen no serlo: catalanistas, vasquistas, andalucistas etc.- de una sola prerrogativa o privilegio de los arrancados al Estado común, cuando no –casi siempre- al sentido común. Ni caso. Recordemos a los agoreros que vaticinaron la guerra civil en el País Vasco si se ilegalizaba a Batasuna. No pasó nada, al contrario, todo comenzó a ir mejor (y hubiera acabado estupendamente de no mediar la traición de la negociación, pero ese es otro tema).

12 – España debe aceptar lo que digan Alemania y Francia para que nos admitan en su exclusivo Club Nueva Europa. El problema del papel de España en la Unión Europea es que sencillamente no existe. ¿Cuándo dejó de existir? Seguramente cuando toda la política doméstica se volcó en el modo dominante de “hacer política”, a saber, el modelo nacionalista de mercadeo que ha ido desmontando el Estado en beneficio de taifas inviables. Un país así no podía sino dejar de pintar nada en un proceso, el europeo, que va en sentido contrario: ceder soberanía de los Estados para construir un ente político común. Proceso que atraviesa una crisis histórica a la que sin duda ha contribuido España con un paletismo político cuya más vívida expresión fue, quizás, el empeño de Zapatero para que catalán, gallego y euskera fueran lenguas oficiales de la UE, en vez de avanzar en la integración política. Algo a contrapelo de un proceso histórico muy delicado y de sentido radicalmente distinto: aparcar los particularismos nacionales en beneficio de algo común por inventar, la ciudadanía europea. Así acabó esa historia: en la nada o la irrisión. Lo malo es que no veo a Rajoy en una posición muy diferente. Ya anunció que la misión del renacido Ministerio de Agricultura será promover en Europa un nacionalismo agrario a la francesa.

¿La Democracia contra el Pueblo? A propósito del caso Papandreu

Carlos Martínez Gorriarán — Fri, 04 Nov 2011 04:46:00 +0000

La definición más habitual de democracia es aquella de sistema donde la soberanía reside en el pueblo, que tiene la última palabra en todas las cuestiones que le conciernen. Procede de la concepción griega clásica de demokratia, actualizada por los revolucionarios ilustrados americanos y franceses. Un gran problema de la popular definición es definir que o quiénes son miembros de ese “pueblo soberano”, o lo que es lo mismo, a quién se le excluye. Nunca ha estado claro y ahora menos. Para los atenienses, por ejemplo, demos (pueblo) era el conjunto de ciudadanos varones libres mayores de edad, excluyendo a mujeres y menores, metecos (inmigrantes y sus descendientes) y esclavos, lo que significa que sólo el 25% de los habitantes del Ática, o menos, tenían plenos derechos democráticos. La exclusión no eran tanta en los primitivos Estados Unidos de América, pero allí también abundaban los esclavos (Jefferson y Washington, entre otros padres de la patria americana, eran propietarios de muchos) y también quedaban excluidas del demos las mujeres, como en Francia. El progreso de la democracia ha sido el de la reducción de la exclusión, primero prohibiendo la esclavitud, luego ampliando el sufragio hasta incluir a pobres y mujeres, después a ciertos inmigrantes para ciertas votaciones.

Hoy muchos se preguntan qué fronteras debería tener el demos. Los xenófobos y nacionalistas porque temen ir demasiado lejos, y así protestan contra el todavía pacato reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes, o se niegan a acatar acuerdos internacionales en nombre de la soberanía nacional; y los cosmopolitas y asamblearios porque consideran que no debería haber apenas requisitos para integrarse en el demos de cualquier país, los primeros, y los segundos porque piensan que el demos es puramente teórico ya que la democracia está secuestrada de hecho por una minoría profesional (partitocracia).

Sobrepuesto a este debate e incrementando su complejidad está el fenómeno de la globalización a la luz de la crisis económica que azota Occidente, con el hecho incontrovertible de que los viejos Estados nacionales, incluso tan poderosos como Estados Unidos, se ven impotentes ante procesos económicos, informativos y financieros que escapan a su regulación. En esta situación, la vieja invocación a la soberanía nacional o del pueblo ha quedado profundamente devaluada: ¿qué soberanía popular funciona contra tormentas financieras como las actuales? Y sin embargo, la gestión democrática de la crisis exige un control ciudadano de las decisiones políticas para atajarla. Por eso la Unión Europea se enfrenta hoy a una pregunta insidiosa y temida: cuál es el demos soberano que debería decidir sobre las medidas económicas que comprometen el Estado de bienestar, la soberanía de los Estados y el futuro del euro y la Unión. Nunca antes había emergido tan obscenamente el problema pendiente de la pobre articulación democrática de la UE.

Los problemas complicados suelen suscitar respuestas más bien simplonas que pueden ser las más populares. Por ejemplo, que lo que importa es la soberanía del pueblo y su integridad (o identidad), y no la democracia porque este sistema sería incapaz de defender al uno y a la otra. Fue la respuesta antidemocrática que sacudió Europa en el primer tercio del siglo XX y condujo a revoluciones y dos guerras mundiales consecutivas. La crítica exacerbada a la democracia conduce fácilmente a la contraposición negativa entre sistema democrático y derechos del pueblo, entre la nula moralidad de los políticos y la elevada de la asamblea popular. Una dialéctica negativa que compartían las modalidades del fascismo y del marxismo revolucionario, y que ahora renace en movimientos antisistema alentados por la doble crisis, política y económica, en la que estamos inmersos.

La idea, en cuya pavorosa simplicidad radica su seducción, es que bastaría dejar decidir al Pueblo para resolver de golpe la crisis creada por los Mercados con la complicidad de los Políticos. Disueltas en el Pueblo, las personas individuales no tienen por qué hacerse responsables de sus propias decisiones especulativas. Sin duda hay gravísimas responsabilidades políticas y económicas en la crisis, pero también algunas populares (para usar ese léxico), porque muchos de los indignados ahora son los mismos que pedían créditos disparatados y votaban a políticos populistas que les alentaban a endeudarse sin límite. Impopular pero verdadero.

Lamentablemente, esta forma de pensamiento mágico no va a resolver nada. Se ha podido ver de nuevo en las reacciones suscitadas por la maniobra de Papandreu para salvar su Gobierno de las adversas consecuencias políticas que provocaría la aplicación del plan de Merkel y Sarkozy para el segundo rescate financiero de Grecia. Muchas muestras de apoyo y admiración por la triquiñuela del tramposo mandatario heleno –que ocultó a sus socios europeos sus intenciones mientras imploraba su ayuda- han abundado en esa vieja y peligrosa idea de que si la democracia no funciona, es decir, las instituciones como parlamento, gobierno y justicia, entonces hay que dar la palabra al Pueblo. Al viejo demos. El problema, sin embargo, sigue siendo el mismo y duplicado: quién es el demos supuestamente soberano, y por qué confiar en que su decisión suplirá con eficacia el fracaso de las instituciones.

Vayamos al problema del demos y el euro: el referéndum de Papandreu no trataba de un asunto puramente doméstico griego porque afectaba directamente al futuro del euro, moneda común de 21 Estados de la UE (por mucho que se pretenda relativizar ese hecho con la preponderancia, y a veces prepotencia, alemana). Dicho de otro modo, Papandreu pretendía llamar a los griegos a decidir unilateralmente sobre un asunto que afectaba a centenares de millones de europeos convertidos en paganos y convidados de piedra. Un abuso político se mire por donde se mire, similar al típico plebiscito nacionalista que pretende que una parte (por ejemplo, Cataluña) decida unilateralmente sobre el futuro del todo (pongamos que España). Tan insostenible que Papandreu no tuvo más remedio que retroceder ante el inevitable ultimátum del resto de socios del euro, que le invitaron a decidir en referéndum sobre la solución de los problemas financieros griegos… pero fuera del euro, con gran disgusto de los creyentes en el mito de la soberanía popular como valor supremo contrapuesto a la democracia de las instituciones. Quizás porque del mismo modo en que no se puede pertenecer a una sociedad si se pretende decidir unilateralmente en asuntos de todos los socios (te acaban echando), tampoco es posible que funcione una democracia que puede suspenderse a conveniencia del demagógico “poder popular”. Y por eso Papandreu no ha tenido más remedio que renunciar al referéndum y buscar otra triquiñuela alternativa (al menos mientras escribo esto).

Es evidente que el único demos que debería decidir sobre todo lo relacionado con el futuro del euro es uno que todavía no existe: el fundamentado en una verdadera ciudadanía europea. Y para que nazca y crezca esa ciudadanía, que significaría igualdad de derechos y obligaciones e instituciones políticas y económicas comunes, habrá que ir a la Constitución de una Europa federal de ciudadanos, no de Pueblos enfrentados. La crisis de euro deja esto cada vez más claro. Hay que agradecer a Papandreu haberlo aclarado aun más.

¿Para qué es una Constitución? La sentencia del TC y la indefensión de la democracia

Carlos Martínez Gorriarán — Sun, 08 May 2011 04:10:08 +0000

En el 11 aniversario del asesinato de José Luis López de Lacalle por ETA

De vez en cuando conviene volver a los grandes principios para entender mejor el presente (e incluso para prepararnos para lo que se nos viene encima). Uno de estos es la finalidad o función de una Constitución democrática. Tiene muchas conocidas, desde dar acta de constitución a una nación democrática a la de trazar las líneas maestras de su desarrollo legislativo ulterior. Es la Constitución la que, por ejemplo, establece si el Código Penal admitirá o no la pena de muerte, o qué competencias corresponden a cada uno de los tres poderes clásicos del Estado. Sobre esto no estará de más recordar que el Judicial es tan poder político como el Legislativo y el Ejecutivo, y que si bien sus competencias propias deben ser acatadas, esto no significa que no deban ser tan objeto de crítica política como las acciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y viene esto a cuento por la instauración, en el anestésico discurso políticamente correcto, de un tópico tan manido como falso: que las decisiones del Poder Judicial deben acatarse sin rechistar. De ser esto así lo que tendríamos sería una dictadura de jueces y no un Estado de derecho. Pero podemos estar tranquilos al respecto: el riesgo, en España y otros países (como Italia), no es la dictadura de los jueces, sino el sometimiento de estos a los intereses del Ejecutivo, de los partidos políticos y los grupos de presión.

La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la previa del Supremo ilegalizando la coalición Bildu es una de esas acciones del Poder Judicial que se exige acatemos sin crítica porque así lo exigiría la coherencia democrática. Lo cierto es que una democracia saludable y en constante mejora exige exactamente lo contrario: mirar con lupa una sentencia directamente relacionada con uno de los peores problemas que la democracia española arrastra desde su renacimiento, la expulsión del terrorismo de las instituciones. La sentencia en cuestión vuelve a abrir la puerta a ETA a través de su enésimo avatar político, la coalición Bildu. Esto es lo que pensaba que acabaría pasando, y también acerté con el argumento principal que utilizaría el TC para justificarse: que el derecho constitucional a la representación política prevalece sobre la exclusión de cualquier continuidad de un partido ilegalizado que establece la Ley de Partidos. Literalmente la sentencia dice (en la versión adelantada en exclusiva del diario El País en otra flagrante demostración de la contaminación partidista y mediática del TC): “La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada, pero para el enjuiciamiento actual, la misma no podría conducir a un resultado limitador, so pena de dejar en lo incierto el ámbito del libre ejercicio de los derechos de participación política garantizados en el artículo 23 de la Constitución”.

La doctrina que sienta la sentencia es la siguiente: aunque se documente la vinculación de Bildu con ETA no se podrá proceder contra esta coalición hasta que no se demuestre de nuevo y empíricamente su complicidad, porque la instrumentalización es solo un deseo de ETA y la única demostración válida de que ésta ha tenido lugar es que Bildu vuelva a cometer el delito por el que ya fueron ilegalizados Batasuna y sus avateres (el último, Sortu, ¡que fue más crítico que Bildu en el último atentado de ETA!). Con esta interpretación no sólo se vacía totalmente de contenido la Ley de Partidos –continuando una tradición hermenéutica del TC que ha ido vaciando a la propia Constitución-, sino que se deja a la democracia y a los ciudadanos en la más total indefensión frente a colectivos organizados cuyo programa no es otro que la destrucción de la democracia misma, como es el caso de ETA-Batasuna y de sus sucesivas refundaciones, Bildu inclusive.

El siguiente párrafo de la sentencia (los énfasis son míos) rechaza a priori considerar prueba suficiente los documentos aportados por Guardia Civil, Fiscalía y Abogacía del Estado: “Puede admitirse que (…) ETA y el partido ilegalizado Batasuna han propugnado una “estrategia de convergencia con otras fuerzas de la izquierda abertzale que les permitiera articular una presencia electoral bajo la cobertura de partidos políticos legales” o que dirigieran “sus esfuerzos a la búsqueda de acuerdos electorales” con EA y Alternativa. Pero que hayan instrumentalizado a la coalición recurrente en amparo o que ésta o los partidos políticos que la integran hayan dejado instrumentalizar sus candidaturas a aquel fin es una conclusión que no puede alcanzarse sobre esa base.”

¿Consecuencias?: a la luz de esta doctrina es sencillamente imposible prevenir la comisión de delitos políticos por grupos organizados. Supongamos que un partido tiene la intención de perpetrar un golpe de Estado, y que hay pruebas documentales de sus intenciones: actas de reuniones, grabaciones de conversaciones, movimientos, etc. (Lenin, Mussolini o Hitler dirigían partidos legales que dieron un golpe de Estado). En aplicación de la doctrina del TC no se podría hacer nada hasta que ocurriera el golpe de Estado, puesto que los planes revelados por los documentos no constituirían otra cosa que intenciones en sí mismas tan irrelevantes como –dice la sentencia- las palabras de Otegi sobre Bildu grabadas en la cárcel. Así que aun conociendo las intenciones de los golpistas (como las de ETA sobre Bildu) y los pasos que fueran dando para su consecución tampoco se podrían considerar hechos ni acciones, sino meras conjeturas o ensoñaciones de una especie de ficción política sin sentido. De modo que la Constitución, aprobada entre otras cosas para impedir que un grupo determinado se haga con el poder político por la fuerza o para derogar la propia Constitución, quedaría completamente vacía de sentido según esa interpretación viciosa.

Se olvida a menudo que una Constitución no solo instaura derechos sino que, con lógica simetría, constituye las correspondientes obligaciones, y que las competencias de las instituciones tienen también límites muy claros al ejercicio del poder. Así la Constitución no sólo proclama el derecho a la representación y la libre actividad política de todos, sino que impone a los representantes y a la actividad política condiciones muy claras sobre el sentido de la misma. Por ejemplo, impone que la actividad política no vaya dirigida a destruir violentamente el sistema que la Constitución instaura. Ni a derogar de facto derechos básicos como la libertad personal, la igualdad jurídica, fiscal y otros similares. Si un partido actúa para destruir el Estado de derecho hay procedimientos constitucionales para ponerlo fuera de circulación declarándolo ilegal, que es lo que hizo la Ley de Partidos para sacar a ETA-Batasuna de las instituciones que explotaban para conspirar, financiar y auxiliar la destrucción de la democracia en el País Vasco y Navarra, con el resultado de 858 muertos y docenas de miles de heridos, extorsionados y perseguidos de todas las formas imaginables.

Ahora esta sentencia del TC sobre Bildu invierte el orden de prelación de los preceptos constitucionales al poner por delante de cualquier otro el derecho a la libre actividad política sin limitación alguna, incluyendo entre lo aceptable la vinculación a una organización terrorista y a la obtención de sus objetivos políticos, incompatibles con la Constitución. Claro que en la misma sentencia el TC niega cualquier valor a la vinculación histórica probada al declarar, sobre los documentos que demuestran el liderazgo de ETA en la gestación de Bildu, que son “documentos ajenos, que lo único que acreditan es la referida estrategia de la organización terrorista y del partido político ilegalizado, pero no la instrumentalización de la coalición al servicio de dicha estrategia”. Con los mismos argumentos utilizados contra el Supremo y para legalizar Bildu será posible dar vía libre a un partido que proponga restablecer la esclavitud, el feudalismo o el apartheid.

Me pregunto qué entenderán por “instrumentalización” los seis magistrados responsables de esta sentencia, nombrados por el PSOE. En cualquier caso, esta sentencia instrumentaliza la Constitución poniendo su interpretación al servicio de intereses partidistas reñidos con la democracia bien entendida. Despojada ésta de cualquier posibilidad de “controles preventivos” (sic) de la delincuencia política, como si tal fenómeno perteneciera sólo al mundo de las hipótesis imaginarias y no a la historia más reciente, la Constitución ya no puede defender a los ciudadanos de los brazos políticos de las bandas terroristas, ni en última instancia de cualquier grupo organizado que persiga destruir la Constitución misma… hasta que lo intente y pase a ser un asunto penal. Y entonces se llamará a defender el orden constitucional, previamente disuelto en humo de argumentaciones falaces, a esos mismos cuerpos de seguridad cuyas aportaciones documentales se desprecian como meras suposiciones. Con esta doctrina, el Estado de derecho tiene atados pies y manos para defenderse de sus enemigos violentos. El TC ha vuelto a hacer un gran favor a los enemigos de la democracia y a ofender a quienes se han jugado la vida por defenderla y, en muchos casos, hasta perderla.

Internet y la posibilidad de una nueva política

Carlos Martínez Gorriarán — Thu, 05 May 2011 04:00:35 +0000

Pocos cambios culturales afectan tanto a la política como la evolución de los sistemas de comunicación. La escritura estimuló la aparición de los primeros Estados dignos de tal nombre, y de los primeros experimentos democráticos. La imprenta modificó en profundidad la vida pública al multiplicar la emisión y recepción de textos, permitiendo la aparición de la prensa como un agente público de primer orden. Los medios eléctricos y electrónicos (del telégrafo y la radio a la tv y el vídeo) hicieron posible el acceso masivo a la información (y a su manipulación) incluso en sociedades poco alfabetizadas, un paso fundamental hacia la integración del mundo en una civilización global, proceso que sigue su curso. A la luz de esta serie histórica es obvio que internet y sus novedades también deben tener repercusiones políticas, la última muestra de las cuáles son las rebeliones democráticas de algunos países árabes (mientras que las de Polonia, RDA o Checoslovaquia fueron las últimas rebeliones políticas vinculadas a la radio y televisión). Esto ya es obvio, así que la pregunta interesante es si internet tiene propiedades comunicacionales con impacto político, y cuáles son esas. Propondré algunas.

Lo primero que debemos entender es que las propiedades políticas de internet no son una consecuencia de la tecnología como tal, sino de los nuevos hábitos comunicacionales que alienta. Aunque la tecnología sea idéntica no es lo mismo -¡en absoluto!- usar Facebook o la web para colgar fotos de vacaciones o leer las ediciones digitales de la prensa tradicional que para convocar manifestaciones contra una dictadura o escribir un blog político (en el sentido amplio del término). Considerar que todos los usuarios de internet –los internautas- son por el mero hecho de serlo la encarnación de un nuevo tipo de ciudadanía con una nueva conciencia global es una tontería narcisista (que para algunos exime de cualquier esfuerzo de verdadera educación política, científica y filosófica). Lo que hace internet, de un modo que no permitían los medios anteriores, es dar cauces de expresión y redes de comunicación muy eficaces y muy rápidas a ideas políticas que de otro modo apenas podrían hacerse oír. En este sentido, internet ha cambiado las reglas del famoso modelo socio-político de “voz y salida”: antes de internet los descontentos con una dictadura no tenían otra salida, si carecían de voz tradicional, que el exilio o el pataleo privado. Lo que internet aporta es la posibilidad de constituirse como una voz potente en las nuevas redes sociales sin que el gobierno pueda siempre erradicarlo pese a la infinidad de trabas que puede acumular. Incluso se puede ver obligado a tolerar el fenómeno, como prueba el caso de Yoani Sánchez o los blogueros chinos.

Lo segundo a resaltar es que internet ha cambiado de modo drástico dos importantes rasgos estructurales de los antiguos mass-media: la demora temporal de la retroalimentación, y la desigualdad entre emisores activos de información y receptores de la misma (entre periodistas y consumidores de su trabajo, para entendernos).

En la era pre-internet había un lapso de tiempo inevitable entre el acontecimiento y su difusión –que sólo radio y tv habían superado en determinados momentos-, y sobre todo entre su recepción y la reacción que podía motivar (el feed-back o retroalimentación). Internet ha suprimido ambas demoras al permitir la difusión de una información en el momento mismo de suceder y activar una conversación instantánea sobre el significado de la misma que incluye reacciones prácticas. Acabamos de ver ejemplos impresionantes de lo que esto significa en las rebeliones árabes y en el gran terremoto de Japón. Esta instantaneidad no sólo afecta a los medios tradicionales, incapaz de competir con la instantaneidad de internet y su enorme multiplicidad de voces y testimonios, sino que tiene efectos políticos al poner a los gobiernos ante fenómenos sin precedentes, como la información incesante e instantánea que incluye citas para manifestaciones, boicots, protestas y acciones similares convocadas a través de internet. El cambio del feed-back sería poco importante sin la añadidura de la supresión práctica de la distinción de los roles de informador y consumidor pasivo o de reacción diferida. Internet permite que cualquiera pueda escribir un blog, editar su propia web y participar en redes sociales, haciendo reversibles y simultáneos los papeles de emisor y receptor, convirtiendo la comunicación diferida de los mass media en una gigantesca conversación. Aunque algunos periodistas han desdeñado este fenómeno todo el tiempo que han podido, el desembarco de muchos de los más famosos en Twitter, y la conversión de los acontecimientos de las redes sociales en noticias destacadas (si bien sometidas a los filtros habituales) de los periódicos, confirma que la evidencia ha terminado por imponerse: Mahoma va a la montaña tras porfiar en que todo era tan plano como la página extendida de un periódico.

Ahora bien, la inmediatez de internet y la universalización de la información que permite no hace de la red una fuente prístina de verdades sin manipulación y de sinceras expresiones de legítimos intereses. De ninguna manera: internet no sólo permite engañar, manipular y abusar tanto como los medios tradicionales, sino que ofrece sus propios riesgos de perversión comunicacional y, por tanto, política. La creencia en que una noticia de autor anónimo en una red social siempre será más veraz que una ofrecida por un medio, un personaje conocido o un político, es un aviso de que la siempre delgada línea que separa rumor de noticia y versión de perversión ha adelgazado todavía más en internet. Como cualquier herramienta o instrumento, internet puede servir para cualquier uso que permitan sus propiedades, pero en sí mismo es amoral, apolítico e indiferente a valores de cualquier tipo. Quienes tienen puestas sus esperanzas en que internet alumbre por sí misma una nueva ciudadanía virtuosa y políticamente altruista, contrapuesta a la política degenerada de los profesionales, están tan acertados como quienes hubieran defendido que para educar sirve cualquier libro, se trate de Aristóteles o de una guía de teléfonos. Internet es un medio de comunicación revolucionario, pero como todos los medios es un instrumento ciego al servicio de un fin que le es ajeno.

Es cierto que algunas características de internet hacen más difícil el engaño, la manipulación o la simple mentira. Al ser muchísimos más numerosos los agentes activos en el proceso de comunicación, pues cada usuario es potencialmente un informador y analista activo, es más difícil, o imposible, conseguir el monopolio informativo típico de las dictaduras, como han confesado paladinamente Irán, China o Cuba al intervenir los correos electrónicos, censurar internet y restringir su uso libre. Pero la lucha por la neutralidad de la red pone de relieve que el peligro en los países democráticos no son tanto los denostados partidos y gobiernos como los grandes oligopolios informativos –asociados a los anteriores por tupidas redes de intereses comunes- que se niegan a considerar internet como el espacio de igualdad y libertad informativa que técnicamente puede ser… si hay voluntad política para que lo sea. Lo que de paso nos remite al hecho capital de que internet influye sobre la política y puede cambiarla, pero también ésta es fundamental para conseguir que no se malogren las mejores oportunidades de la red y ésta no sea colonizada y dominada por los mismos intereses que han convertido los medios de comunicación tradicionales en instrumentos al servicio no de la información veraz, sino del rumor, la profecía autocumpliente y la noticia manipulada.

En definitiva, comprender, proteger y potencias las propiedades políticas de internet –igualitarias y liberadoras en varios aspectos- parece exigir dos cosas: la primera, reconocer la instrumentalidad de internet y la supeditación de su calidad a la calidad del proyecto político; la segunda, que la política tiene poderosos instrumentos para desvirtuar las propiedades más igualitarias y liberadoras de internet, convirtiéndolo en otro campo de juego dominado por oligopolios viejos como la escritura misma, pero que por eso mismo el futuro de internet depende de la política casi tanto o más que esta de internet, como la Ley Sinde y otras decisiones políticas han venido a recordarnos.

Las patatas fritas belgas o la revuelta contra el nacionalismo antidemocrático

Carlos Martínez Gorriarán — Mon, 21 Feb 2011 04:16:41 +0000

Las revueltas democráticas del mundo árabe, lideradas por jóvenes organizados en internet –y extendidas a Irán y China estos días-, han quitado protagonismo a una iniciativa parecida lanzada en Bélgica por estudiantes más que hartos del desgobierno y la deriva hacia la disolución de su país: es la llamada “revolución de las patatas fritas”. Pero teniendo en cuenta que por fortuna España se parece mucho más a Bélgica que a Egipto o Marruecos, convendría dedicarle al menos una reflexión a lo que está sucediendo en un país que no hace tantos siglos era un espacio vital para la política española: los antiguos Países Bajos católicos (a diferencia de los protestantes, la Holanda actual). Y si fuera posible, imitarlo.

Bélgica es un Estado extraño, resultado de la ingeniería política y geoestratégica sobre un territorio martirizado por guerras inacabables desde el inicio de la edad moderna. Con dos lenguas principales yuxtapuestas –pues los belgas carecen, a diferencia de nosotros, de una verdadera lengua común-, la religión católica fue el cemento encargado de cohesionar un país “artificial” interpuesto entre poderosas potencias: Francia al sur, Alemania (antes Prusia) al este, Holanda al norte y muy cerca, al noroeste, Gran Bretaña. Uno de esos cruces de caminos estratégicos demasiado importantes para cederlos sin más a una potencia hegemónica, lo que condena a ese espacio a convertirse en un Estado neutral para todos. Esa fue también la causa de las inacabables y agotadoras guerras en las que se vio involucrada España: que los Países Bajos eran parte principal de la herencia de los Austrias desde Carlos I, y España no podía retirarse de Flandes –aquí eran más conocidos por ese nombre- sin renunciar a las ínfulas de superpotencia y paladín de la causa católica (e imperial romano-germánica).

Probablemente esa es la razón de fondo de que Bélgica, creada como Estado independiente, católico y neutral tras la revolución de 1830, no llegara nunca a cuajar del todo como país: que la razón estratégica no es capaz de crear naciones. Con dos comunidades lingüísticas tan diferentes, los flamencos del norte que hablan neerlandés y los valones meridionales que lo hacen en francés, la pérdida de importancia del conflicto religioso dejó al descubierto la insustancialidad del proyecto político una vez que el nacionalismo lingüístico se apoderó de la vida política de los belgas. En los últimos decenios, la política belga ha estado dominada por la obsesión por separar a flamencos de valones, acabando con cualquier institución común salvo la monarquía; incluso llegaron a dividir en dos la gran biblioteca de la famosa Universidad de Lovaina. Los “belgas” ya no tienen en común prácticamente otra cosa que un pasaporte y la capital virtual de Europa, la ciudad de Bruselas. ¿Les suena?: adelantándose a lo que aquí propugnan nacionalistas catalanes, vascos y gallegos y sus imitaciones, los respectivos partidos, tras dejar de ser belgas para alinearse como flamencos o valones, se han empeñado a fondo en volar puentes de todo tipo entre dos comunidades que viven de espaldas… salvo en Bruselas. Es aquí donde se ha recuperado la idea de una ciudadanía belga e irradiado a otras ciudades flamencas y valonas. El detonante de la reacción ha sido, a escala doméstica, el escándalo de los más de 250 días sin gobierno federal, y el catalizador internacional, citado expresamente por los promotores de la protesta, el ejemplo de las protestas democráticas árabes convocadas por jóvenes a través de internet.

La revuelta belga de las patatas fritas también es una protesta por la falta de democracia en Bélgica. Esto sorprenderá a quienes piensan que la democracia se reduce a la celebración de elecciones periódicas y al mantenimiento de ciertas formalidades públicas, y desde luego escandalizará a los nacionalistas, pero contra lo que protestan imaginativamente los estudiantes e internautas belgas es contra la destrucción de la ciudadanía operada por el avance de las reaccionarias políticas nacionalistas de la división artificial, el conflicto intercomunitario y la destrucción de la cultura común con la vista puesta en la supresión del Estado común. El mismo proceso que soportamos en España, sólo que mucho más avanzado.

Elegir las “patatas fritas” como icono de la protesta es una broma llena de significado: son algo que todos los belgas, flamencos o valones, tienen en común, como la excelente y variadísima cerveza, la ciudad bilingüe de Bruselas y la triste pero valiosa monarquía que allí se aloja. El catolicismo que les separaba de los neerlandeses del norte u holandeses ya no tiene, por fortuna, el papel cismático del pasado.

Ojalá progrese la rebelión belga de patatas fritas e internet contra la majadería nacionalista: sería una magnífica señal de reacción de la ciudadanía contra el avance del nacionalismo que tanto daño hace, siempre, a la democracia en las sociedades avanzadas. Porque, insistamos, lo que las chicas y chicos belgas, flamencos o valones, están diciendo al conjunto de la sociedad, es uno de los principios básicos de la democracia: sin ciudadanía no hay democracia, y quien destruye la comunidad política en nombre de la lengua o cualquier otra contingencia parecida no hace otra cosa que destruir la ciudadanía y, por tanto, destruye la democracia sobre la que jura en vano.

El caso Sortu o la pobre autoestima de la democracia española

Carlos Martínez Gorriarán — Sun, 13 Feb 2011 04:15:29 +0000

(en homenaje y recuerdo a Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003)

Disculpen la intemperancia, pero cada vez que oigo a alguien decir que se alegraría de la legalización de Sortu porque eso demostraría que el sistema democrático funciona, y permitirá la participación política de todos los vascos en las instituciones, me parece oír a alguien que considerara positiva la existencia del Ku Klux Klan porque refuerza el pluralismo de la sociedad americana reconociendo la actividad de xenófobos, antisemitas, racistas y fanáticos variados a quienes, puesto que existen, corresponde dar voz y voto en las instituciones. La verdad, no veo la ventaja de este arreglo.

Es evidente que la siniestra y violenta banda de racistas encapuchados existe por la misma razón que Sortu o cualquiera de las precedentes marcas políticas de ETA: porque hay gente que rechaza los fundamentos mismos de la democracia, a saber, los principios de igualdad y libertad personal de todos los ciudadanos, y el orden del Estado de Derecho, es decir, la obligatoriedad e igualdad de las leyes. Ya sabemos que, en determinadas condiciones, esa clase de gente se organiza y reúne, unos en bandas armadas y otros en partidos o asociaciones que están a la sombra de las primeras aunque estos partidos no sean “violentos” en el sentido literal del término: se limitan a dar apoyo moral, intelectual y social a los que cometen los atentados y a convertir en réditos políticos las consecuencias de la destrucción, la violencia y el crimen político desatado contra sus adversarios. Es verdad que en los Estados democráticos que funcionan la presión jurídica, social y policial puede acabar deshaciendo las bandas armadas aunque las ideas que les dieron origen sigan vigentes. Dicho esto me pregunto qué gana la democracia con la existencia de cosas como el Klu Klux Klan o Sortu y la respuesta es la misma: nada. Otra cosa es que la democracia, a consecuencia del sistema de garantías de las libertades que le es implícito, deba soportar asociaciones de racistas o de nacionalistas fanáticos siempre que respeten la legalidad, no puedan imputárseles crímenes ni complicidad con los criminales y se limiten a la expresión no violenta de sus aberraciones ideológicas y políticas. Esta es la razón de que algunas democracias intachables toleren grupos de ideología claramente totalitaria, sean maoístas o neonazis.

Este es el caso de Sortu: su rechazo estatutario de la violencia no les convierte en demócratas porque la democracia es mucho más que acción no violenta: comporta un cierto número de valores y creencias básicas, como la supremacía de la igualdad y la libertad y la aceptación del Estado de derecho. Algo que sigue en las antípodas de Sortu. Para conseguir la legalización el último avatar de la Herri Batasuna de siempre tiene que conseguir el visto bueno de los tribunales, que decidirán si cumple la Ley de Partidos, y si para ello bastan los nuevos Estatutos donde se rechaza –pero no condena- a ETA y se comprometen a rechazar atentados futuros… pero no los del pasado. Y sea cual sea la decisión de los tribunales competentes debería estar claro que sólo van a juzgar si el nuevo partido reúne los requisitos legales para permitirle actividad pública, y nada más. No se va a juzgar la calidad del sistema democrático a cuya puerta llama Sortu por estricto instinto de supervivencia sino si éste es, formalmente, un partido legal.

Sin embargo, proliferan las declaraciones –por supuesto bienintencionadas, faltaba más- que de modo más o menos implícito admiten que no se va a juzgar sólo a Sortu, sino al sistema democrático como tal. Sin duda, estamos ante otro éxito de la propaganda totalitaria en un país de una cultura política frágil y superficial, donde parece que la democracia debe justificarse ante corruptos, totalitarios y energúmenos varios, en vez de pedirles cuentas. Y si es de esperar que los partidarios y amigos de Sortu se apresuren a enfocar así el problema de la legalización de su engendro, resulta alarmante que esa perspectiva haya sido aceptada por muchos socialistas –con los inefables e inaguantables Jesús Eguiguren y Odón Elorza a la cabeza- e incluso por algunos del PP: Iñaki Oyarzábal declaraba que “sería una buena noticia” que se pudiera legalizar a Sortu si cumplía los requisitos (y todo sugiere que en este asunto hay un arreglo entre PSOE y PP para que la sangre no llegue al río… y Sortu sea legal antes o después).

Si finalmente los jueces consideran que Sortu reúne los requisitos y es legalizado, tal noticia no sería mejor que la de que hay entre nosotros suficientes fanáticos contrarios a la democracia como para formar un partido que el sistema democrático tolera por sus propias exigencias constitucionales de estirar al máximo las libertades de asociación y expresión. Por lo demás, Sortu no va a mejorar la democracia por las mismas razones por las que el Klu Klux Klan no mejora el pluralismo de la sociedad americana, sino todo lo contrario: lo amenaza y aminora de hecho.

Esperemos que la confusión reinante sobre a quién se juzga en el procedimiento de registro legal de Sortu no lleve a una relajación judicial excesiva. No sería la primera vez que un alto tribunal español acaba resolviendo una conflicto constitucional con una sentencia “interpretativa” –en este caso de la Ley de Partidos- que deja las cosas peor de lo que estaban, aumentando la inseguridad jurídica y extendiendo la máxima confusión entre la opinión pública. A Sortu lo menos que se le debe exigir es que su “rechazo” estatutario de ETA sea una condena sin paliativos de toda la historia de ETA y de cada uno de sus atentados, acompañada como es lógico de una petición expresa para que la banda se disuelva sin ninguna contrapartida. A partir de ahí podríamos considerar que Sortu es un partido de fanáticos nacionalistas democráticamente indeseables pero con suficiente miedo al Estado de Derecho como para no reservarse el menor margen de ambigüedad sobre la violencia, ni representar un peligro apreciable de servir los cuarteles de invierno de una ETA que no se resigna a desaparecer. Por cierto: el siniestro Klu Klux Klan también ha pasado por varios ciclos de ilegalización y legalidad al albur de los cambios políticos.

Un mundo unificado por una civilización común

Carlos Martínez Gorriarán — Mon, 07 Feb 2011 04:15:59 +0000

El debate sobre los beneficios y perjuicios de internet es recurrente y predecible. Ha ocurrido lo mismo a lo largo de la historia cada vez que ha aparecido un nuevo medio de comunicación e información, y esta vez no iba a ser diferente. Platón, en la histórica transición de una cultura esencialmente oral a otra mucho más dependiente de la escritura, sucedido en su época en Grecia, advirtió contra los peligros de que ésta debilitara la capacidad de pensar (dialéctica) al sustituir el esfuerzo de reflexionar y recordar por la comodidad de conservar en libros ideas que podían poseerse, pero realmente no se comprendían. Cada vez que tropiezo con alguien que presume de sus muchos libros, como si poseerlos equivaliera a comprenderlos, reconozco que Platón tenía sus razones para alarmarse, pero también que esa actitud a la defensiva es la característica del pensamiento reaccionario (totalitario, para Popper). Ocurrió lo mismo con la irrupción de la imprenta, que muchos denunciaron como un nuevo mal para el conocimiento porque facilitaba su divulgación; luego pasó lo mismo con la extensión de las traducciones de la Biblia a lenguas comunes, con la divulgación de las enciclopedias, con la irrupción de la prensa barata y masiva, y finalmente con la aparición de la radio y la televisión comerciales. Cada vez que aparece un nuevo medio capaz de transformar en profundidad la comunicación o la conservación y producción de información, aparecen desinteresadas o interesadas almas afligidas por el cambio para advertirnos contra los peligros ominosos que les van unidos. Los apocalípticos (e integrados) analizados por Umberto Eco en uno de sus libros más logrados.

El último debate de moda sobre internet es sobre si la proliferación de herramientas que requieren atención personal –blogs, webs, redes sociales, correo electrónico- no nos estará volviendo más tontos que cuando no existían tales distracciones. Dudo de que una herramienta informativa haga más tonto a quien ya lo sea o que atonte a personas inteligentes. Más allá de la interacción de estas herramientas y hábitos de uso con la evolución fisiológica de nuestras capacidades cognitivas, está demostrado que facilitar el acceso a más información es fundamental para el progreso de la cultura. Así, es evidente que el uso masivo de la escritura hizo retroceder mucho el entrenamiento exigente de la memoria, pero no nos hizo más desmemoriados, sino más autónomos de la memoria personal y colectiva.

Donde mejor se aprecia en qué medida internet es un medio revolucionario de comunicación –me gustaría de paso subrayar que también es un medio, hay cierta tendencia a negar esta evidencia- es en el terreno de la lucha política. Aquí internet ha significado una auténtica revolución, y no tanto por el contenido de las reivindicaciones políticas como por la forma de transmitirlas, practicarlas y extenderlas. Algo que han comprendido muy bien los gobiernos autoritarios de Cuba, Irán o China, prohibiendo a sus súbditos el acceso universal a internet como medida de preservación de sus dictaduras. Sin lograr impedir, empero, que la ejemplar ciberactivista cubana Yoani Sánchez pueda reflexionar desde La Habana sobre la rebelión democrática en Egipto y otros países árabes. Como también descubrió tarde el gobierno de Mubarak, es posible desconectar internet pero no impedir por completo que los usuarios más avezados encuentren formas de seguir conectados con la ubicua red. Basta con un móvil actualizado y saber usarlo.

Por mi parte desconfío del romanticismo tecnológico de quienes creen que lo revolucionario de internet es que abole todas las barreras que separaban al género humano porque habría dejado de ser un medio para crear un espacio virtual libérrimo, o que constituye el germen de una democracia ácrata sin precedentes, mediadores ni representantes. La cosa no va por ahí. Lo revolucionario, en mi opinión, es que internet ha sustituido ventajosamente a los medios de comunicación tradicionales al instaurar un feed-back instantáneo imposible en aquéllos: ha terminado con la comunicación basada en la retroalimentación diferida, es decir, con la que incorpora una demora inevitable entre la emisión de una comunicación, su recepción social y sus consecuencias prácticas. Ahora es posible saber casi instantáneamente qué está sucediendo en cualquier lugar del mundo e incluso tratar de participar de algún modo en ello. Esta instantaneidad es la que comunicó a Egipto los disturbios de Túnez que consiguieron expulsar al sátrapa Ben Ali. Y al suprimir la diferencia de rol entre emisores y receptores, pues gracias a los blogs y redes sociales o sms cualquier emisor puede ser a la vez receptor, y viceversa, el efecto de la instantaneidad de la comunicación se multiplica potencialmente por tantas personas como estén conectadas a la red en algún sitio y momento.

La filtración de los papeles de Wikileaks llevó a muchos gurús del periodismo a advertir, con melancólicos tintes platónicos, que una cosa es pasar información y otra hacer periodismo (una diferencia cada vez más percibida por la gente, pero en sentido contrario al propuesto), pero no se trata de esto. Es evidente que una convocatoria para manifestarse en un punto a una hora dada, pasada por las redes sociales, no tiene nada que ver con un análisis sesudo del porqué de esa iniciativa y de sus consecuencias, pero es que nadie con sentido común confundirá una cosa con otra. La novedad radica en que ahora todos los interesados pueden saber, con sólo tener un teléfono móvil, si existe esa convocatoria y si deciden unirse a la misma o no, con efectos de inmediatez y sorpresa imposibles en los tiempos en que organizar una manifestación requería reuniones, imprimir octavillas y repartirlas, etc.

Por lo demás, el contenido de las reivindicaciones políticas de los manifestantes de Túnez o El Cairo no son novedosas en absoluto, ni parecen atontadas por internet. Todo lo contrario, reivindican lo característico de cualquier movimiento cívico y democrático: limpiar el sistema de corrupción, instituciones eficaces, gestión más transparente, respeto real a los derechos humanos y políticos básicos. El elemento religioso vinculado al islamismo ha tenido poco o ningún protagonismo pese al indudable arraigo y poder de los grupos de ese signo ideológico. ¿Tiene que ver algo internet con esa indudable secularización de las protestas políticas? Creo que sí: el acceso a la información de cualquier lugar del mundo a través de internet ha propiciado que los jóvenes y profesionales que han encabezado las protestas exijan para sí mismos y sus sociedades lo que tienen otras que conocen todo lo bien que permite un medio de comunicación en red. Un fenómeno que ya emergió en Irán o China, y reprimido por sus respectivas dictaduras, no por casualidad, como un indeseable brote de “occidentalización” política y cultural.

¿Está occidentalizando el mundo internet? Eso es lo que pretenden hacer creer y temer los partidarios del localismo, el nacionalismo y los particularismos de toda ralea. La realidad es que estamos asistiendo a la instauración de un mundo donde siguen conviviendo culturas diferentes, pero ahora inmersas en una civilización unificada. Porque es evidente que Al Jazeera hace televisión de un modo similar a la CNN, y que el uso de las redes sociales en Egipto, Sudáfrica o Rusia es idéntico, salvo en la extensión de su uso social, al vigente en España, Estados Unidos o Suecia. Y sería idéntico en China, Cuba o Irán si los gobiernos dictatoriales de esos países permitieran el libre acceso a las herramientas de información que brinda internet. Eso es lo más revolucionario que está sucediendo: que no sólo muchísima gente de culturas y lenguas diferentes puede acceder a la vez a la misma información, sino que además esa misma información significa lo mismo para todos ellos en cuanto que valores políticos y sociales. Es mucho más fácil entender qué es eso de la libertad y la igualdad cuando lo ves no como un valor abstracto y retórico contenido en las constituciones políticas, sino como algo que hacen millones de personas semejantes a ti en todo el ancho mundo: libre acceso a la comunicación e igualdad de oportunidades de acceso a la información y la educación.

Jornadas de Urbanismo y Vivienda en Madrid

Carlos Martínez Gorriarán — Fri, 12 Nov 2010 04:28:40 +0000

Fundamos UPyD hace algo más de 3 años para llevar a las instituciones un programa centrado expresamente en las grandes cuestiones de Estado: reforma de la ley electoral y de la Constitución, y regeneración democrática de las instituciones mediante limitación de mandatos en los cargos públicos, listas abiertas, políticas de transparencia, racionalización de las administraciones, etc.

Eso ha hecho que en nuestra breve pero trepidante historia nuestro trabajo político se haya concentrado en esas grandes líneas estratégicas que nos definen como partido. Ahora bien, eso no significa que no hayamos tenido en cuenta la importancia trascendental de instituciones sociales como la ciudad, a cuya realidad más material, el urbanismo y la vivienda, están dedicadas estas jornadas.

Antes de hacer una pequeña reflexión sobre el asunto de la importancia política de la ciudad y lo que la política puede y debe aportar a las ciudades, permítanme una exposición previa: cómo ve UPyD el papel de la política municipal, la política de la ciudad, en el conjunto de la política en general.

Precisamente acabamos de aprobar algo que no es muy frecuente según mis noticias, un programa-marco nacional para las próximas elecciones autonómicas y municipales que persigue proporcionar un marco común de referencias para todos nuestros programas autonómicos y municipales, es decir, para nuestras iniciativas políticas y para los conceptos que las fundamentan, se trate de reformas de la administración autonómica o del reagrupamiento de los numerosos mini-municipios actuales en otros de mayor tamaño y más viables en todos los sentidos.

Pretendemos mantenernos al margen de la habitual carrera de promesas y ofertas fantásticas a los ciudadanos que acaban convirtiendo los programas electorales en parodias de la Carta a los Reyes Magos. Tengo a mi lado a los candidatos de UPyD para la Asamblea de Madrid y el ayuntamiento de la villa, Luis de Velasco y David Ortega, ambos recién elegidos en flamantes primarias, y estoy seguro de que no me desmentirán: no van a prometer, si les votan, más autopistas de peaje a punto de quebrar o más edificios singulares, ni más hospitales públicos privatizados o levantar más kilómetros de zanjas para volver a taparlas.

Estamos convencidos de que España necesita urgentemente vincular todos los niveles de la política en un sistema coherente y congruente. Es decir, que si el Estado recorta las pensiones o rebaja el sueldo de los funcionarios, no resulte que la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento contraten a dedo a más empleados públicos, cambien de sitio porque sí una estatua decimonónica de Colón para mejor colapsar el tráfico de una plaza céntrica de Madrid, o tiren más dinero en saraos e improductivas celebraciones que nadie reclama y en realidad fastidian a bastante gente. Lo que pretendemos es llevar a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos el mensaje y la política de que las instituciones tienen que cooperar entre sí y no competir y duplicarse a costa del interés general, tienen que tener la eficacia y la transparencia en la gestión como objetivo prioritario, tienen que servir para resolver algunos problemas de los ciudadanos y no para crear otros nuevos sin resolver los antiguos. Lo que queremos es que el ayuntamiento de Madrid o la comunidad autónoma dejen de ser escaparates privilegiados para la promoción personal, a más altas esferas, de profesionales del negocio político que, como Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón, de liberales sólo tienen la alegre liberalidad con que derrochan recursos públicos en su promoción personal.

En resumidas cuentas, lo que nosotros vamos a hacer en las instituciones autonómicas y municipales, y para lo que vamos a pedir el voto y entrar en ellas con toda seguridad en mayo del año que viene, es trabajar para que cada institución se dedique a cumplir sus legítimos objetivos políticos, que no son otros que servir, cada cual a su nivel, al interés general de los ciudadanos. Interés que no tiene nada de misterioso: sólo se trata de que haya buen gobierno, buena gestión de los recursos públicos invertidos en servicios públicos adecuados, desde la recogida de basuras y el suministro de agua a la educación y la sanidad, de forma que la vida particular pueda liberarse de algunas pesadas cargas impuestas por la naturaleza para dedicarse a las legítimas ambiciones y proyectos de cada uno.

Dicho esto, es una gran fortuna poder reflexionar y debatir sobre la ciudad, en particular sobre la ciudad de Madrid que es, con diferencia, la ciudad más interesante y atractiva de España. Y me explico. Se puede juzgar el atractivo e interés de una ciudad desde muchos puntos de vista: por la calidad de su urbanismo, por sus edificios y casco históricos, su actividad social y cultural, su dinamismo económico, su clima y paisaje, etc. Sin duda en España hay muchas ciudades que pueden disputarle a Madrid mayor atractivo en alguno o varios de de estos criterios. Lo que me parece indudable es que Madrid se impone claramente ponderando la media de todos ellos.

Lo digo siendo un nativo de San Sebastián que sigue manteniendo allí su domicilio, pequeña ciudad que en algunas cosas importantes no está nada mal, y habiendo visitado más de una vez, a veces más de cinco, casi todas las ciudades de España. Lo digo también con la experiencia de haber pasado muchos meses y semanas en Madrid, y estando por tanto al sufrido corriente de sus problemas de tráfico, limpieza, ruido, vivienda, clima y unas cuentas cosas más. ¿Por qué considero entonces que Madrid es la ciudad más atractiva e interesante de España? Pues sobre todo porque a día de hoy consigue la mejor nota en las cosas que más importan de una ciudad en una democracia evolucionada: dinamismo económico, social y cultural, apertura de mentalidad y, sobre todo, una elevada indiferencia a las obsesiones identitarias y localistas que han hecho considerables estragos en prácticamente todo el resto de España.

Uno de los mayores atractivos que el nuevo vecino de Madrid encuentra en esta ciudad es que haya tan poca gente empeñada en explicarte desde el primer día qué es la identidad madrileña y por qué deberíamos defenderla, a diferencia de lo que ocurre en ciudades por lo demás tan admirables como Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela, Burgos o, incluso, Bilbao.

La democracia es una idea que nace en las ciudades, eso lo sabe casi todo el mundo. Por eso el sujeto de la democracia se llama por tradición ciudadano, aunque viva en el campo remoto o en una isla casi desierta. La democracia surgió en un ambiente social donde la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos –aunque éstos fueran un grupo restringido que excluyera a mujeres, esclavos y extranjeros- eran un asunto importante que había que resolver de modo práctico, no meras hipótesis abstractas. Por eso los primeros y valiosos experimentos democráticos tuvieron lugar en ciudades como las de Grecia, o más adelante en algunas de Italia y del norte de Europa.

La vida en las ciudades siempre ha exigido un esfuerzo de innovación, de reinvención y recreación de todo, desde el trazado urbano y los servicios públicos a la administración y las costumbres, que las ha convertido en los centros naturales de la innovación y la apertura mental. Cuando Aristóteles escribe sobre la ciudad ideal no se limita a postular un modelo de constitución política, sino que también se preocupa por el trazado urbano, las casas y calles donde vive la gente y los edificios públicos que deben albergar las instituciones. Frente a la tradición de rechazo del cambio, habitual del mundo rural, la ciudad ha encarnado la tradición contraria del gusto por la novedad, el experimento y el cambio. La democracia, con sus exigencias siempre nuevas de adaptación a los tiempos, forma parte de esta tradición propiamente ciudadana.

Por eso entenderán por qué Madrid, pese a sus taras y fastidios que tanto deploran algunos y que causan enormes embotellamientos en las carreteras durante las operaciones de salida vacacional, me parece la ciudad más ciudad que tenemos hoy en España, y por eso mismo la última esperanza de vigorosa reacción de regeneración democrática viva entre nosotros. Es la única ciudad que no ha padecido una cierta forma de ruralización mental, venida de la mano del sobrepeso excesivo de las políticas autonómicas, cuando no totalmente nacionalistas, volcadas en el bombardeo identitario que, con su deificación de la tradición, acaban ahogando ese gusto por reinventarse e innovar todos los días que es propia de las ciudades donde nació la democracia y donde ésta sigue más viva. Cuando se mata o anestesia la ambición de cambiar en beneficio de tradiciones más o menos inventadas, lo que se está matando es la vida propiamente ciudadana.

Es cierto, quizás poco comentado, que uno de los fenómenos más positivos y admirables de la transformación de España en estas décadas ha sido el gran salto que han dado las ciudades.

Antiguas capitales de provincia que daban grima a finales de los años setenta, sesteantes o siniestras sedes episcopales y de gobiernos militares ancladas en las novelas de Galdós y Leopoldo Alas, son hoy en día ciudades, pequeñas o medianas, que da gusto visitar y donde apetecería pasar una buena temporada. Pero todavía no han podido desarrollar toda su potencialidad cultural y política, básicamente urbanas, por el excesivo peso y prepotencia de poderes poco o nada interesados en el desarrollo de la democracia, que es lo mismo que decir el libre desarrollo de las ciudades. Por no hablar de ciudades que no hace tanto eran mucho más dinámicas, abiertas e interesadas en el ancho mundo exterior de lo que lo son ahora, como las ciudades vascas o Barcelona, triste ejemplo esta última de los estragos de la ruralización mental que el nacionalismo puede imponer a una ciudad tan soberbia por otras razones.

Madrid es la única ciudad española importante que se ha salvado de estos estragos y que, por el contrario, ha sabido acoger con entusiasmo a todos los que huían de los padecidos por sus ciudades de origen. Madrid es probablemente la única ciudad española donde la gente se preocupa más por sus problemas reales, y los de su país, que por problemas imaginarios o fabricados por grupos de poder provincianos. También es cierto que, aparte de por la apertura mental de la sociedad que la habita, esto resulta relativamente fácil por la gran cantidad de problemas reales que padece un Madrid que todavía necesita aprobar muchas asignaturas de calidad de vida y gestión pública. Ha llegado la hora de que también nos ocupemos de estos problemas, desde el precio de la vivienda hasta el tráfico insoportable. Y ese es el sentido y objetivo de estas primeras Jornadas de Urbanismo y Vivienda. Sus conclusiones no serán solamente locales, sino que interesarán en todo el país.

Muchas gracias a todos.

Alarmas cívicas en Francia y Holanda

Carlos Martínez Gorriarán — Tue, 23 Feb 2010 04:00:52 +0000

En Francia ha causado considerable revuelo que el Partido Anticapitalista, un partido de extrema izquierda cuyo nombre lo dice todo, haya incluido en sus listas para las próximas elecciones regionales a una joven musulmana que hace gala de su confesión religiosa llevando el preceptivo pañuelo que oculta el cabello y el cuello a la vista de cualquier hombre que no sea familiar directo. El PA procede de la izquierda revolucionaria trotskista, que en Francia siempre ha gozado de un predicamento mucho mayor al de países comparables. Lo llamativo, escandaloso para algunos, es que esa izquierda radical renuncie a los valores laicos –incluso prejuicios, a veces- unidos a las tradiciones republicanas francesas. En el interesante reportaje sobre la cuestión publicado el pasado domingo por El País, los jóvenes musulmanes afiliados al PA justificaban su militancia con razones de fuerte aroma identitario: ellos son “musulmanes franceses” que, como decía uno de ellos, “no pueden ser otra cosa”. Obsérvese el orden de los predicados: antes musulmanes que franceses, y el resignado comentario de la obligada pertenencia pero sin entusiasmo alguno, digno de aquel prócer de la Restauración que irónicamente propuso encabezar la nueva Constitución con un artículo que rezara: “es español todo aquel que no puede ser otra cosa”.

Antes de descargar el fuego de la indignación democrática contra la extrema izquierda francesa, convendrá recordar que fue el presidente Sarkozy el que jugó con fuego al enredar a la opinión pública francesa con un debate, absurdo y peligroso, sobre la identidad francesa… y sus consecuencias políticas (por ejemplo, exigir a los inmigrantes un contrato de integración). Iniciativa nada inocente en Francia, donde si la extrema izquierda paleomarxista tiene notorio arraigo, mayor lo tiene todavía el populismo nacionalista y xenófobo, republicano sólo de nombre, liderado por Le Pen y su Frente Nacional, que estuvo a punto de ganar una elección presidencial.

La concurrencia de ambos fenómenos lleva a una conclusión inevitable: el laicismo está en peligro en Francia, tanto el que se refiere a los símbolos religiosos en la esfera pública, como el referido a la tradición republicana de la igualdad (y fraternidad) de todos los ciudadanos, nacidos o no en Francia, que respeten sus leyes. Es inquietante, cuando menos, que Sarkozy enrede con la problematización de una “identidad francesa” cuando Francia es uno de los países con una identidad más clara, incluso avasalladora en muchos aspectos. Y es sintomático que incluso la extrema izquierda acepte crecer entre los “musulmanes franceses” aceptando el principio islámico, frontalmente opuesto al concepto ilustrado de ciudadanía, de que la religión está por encima de cualquier otra circunstancia que nos defina como personas. Es cierto que en España tenemos amplia experiencia de la forma en que la izquierda tradicional acaba renegando de sus orígenes intelectuales para mimetizarse con el nacionalismo y cualquier forma en auge de particularismo y comunitarismo, pero que ello ocurra también en Francia es todo un aviso del progreso de ese cáncer y, de paso, de que la fuerte centralización del Estado no es ese antídoto eficaz que algunos creen frente a las ofensivas contra el ideal de ciudadanía.

Un poco más al norte de Francia, en Holanda, asistimos a un encendido debate sobre el uso del árabe y el turco en la propaganda política de los principales partidos tradicionales para la próxima campaña electoral. La razón de este insólito babel político es doble: en Holanda hay fuertes comunidades musulmanas y turcas, y su voto puede decidir el resultado porque –y esta es la segunda razón- se espera una alta abstención del electorado holandés, quizás superior al 50% (y ello a pesar de las poderosas e ininterrumpidas tradiciones democráticas de los Países Bajos, uno de los laboratorios europeos de la democracia representativa). Los partidos tradicionales parecen haber renunciado a movilizar a sus votantes tradicionales y echan la red en los nuevos caladeros de votos. Hacerlo en sus lenguas maternas es sin duda ingenioso y hasta una muestra de tolerancia del país de Baruch Spinoza, pero no pocas voces advierten de que ésta puede ser el inicio de una serie de concesiones que no se limiten a la lengua vehicular de la propaganda política, sino a cuestiones constitucionales mucho más serias, como la aceptación de un estatus legal especial para comunidades cultural-religiosas –por ejemplo, la sharia para los musulmanes- que rechazan la completa asimilación y se resisten a hacer suyos todos los valores del país de acogida. De nuevo, la defensa de la identidad aparece enfrentada a la decadencia del laicismo, vinculado a una ciudadanía universal independiente de toda creencia religiosa o mitológica.

Claro que la reflexión de fondo no es si los inmigrantes se dejan asimilar o no, o si tenemos derecho a pedirles que lo hagan –aunque sin duda la exigencia del cumplimiento de las leyes implica una importante asimilación en muchos aspectos, por ejemplo en la instauración de la igualdad legal de mujeres y varones-, sino más bien otra: tanta insistencia en la identidad en peligro y tanto alarmismo e impotencia política –pues eso manifiesta la recurrente referencia a “nuestros valores en peligro”-, ¿no será más bien una expresión asustada de que los valores que tanto se dice defender son más bien cosa del pasado, tradición más muerta que viva? ¿Una aceptación tácita de que el laicismo del pasado republicano o la tolerancia activa de antaño está bastante decaída, vaciadas de sustancia, convertidas en lemas al estilo del “detente bala”?

Dicho de otro modo: ¿qué expectativa legítima de conseguir la integración de comunidades con tradiciones de origen muy diferentes tenemos los ciudadanos de sociedades que claramente han dejado de practicar esos valores que exigen a los demás mediante un patético “contrato de integración”? ¿Puede Europa tratar de imponer, con una mezcla de oportunismo político y desarme cívico, lo que parece renunciar a conseguir mediante la educación y el civismo activo? Me parece difícil contestar que sí. O Europa reencuentra el sentido de esos valores tan añorados como desactivados, o no habrá mucho que hacer, aparte de asistir impotentes al auge de la xenofobia, el populismo antisistema y el fundamentalismo étnico y religioso. Mal asunto.

Enanéndum y ausencia del Estado

Carlos Martínez Gorriarán — Tue, 15 Dec 2009 04:00:46 +0000

Cuando Forges era el gran Forges, publicó una viñeta donde dos enanitos que paseaban juntos mantenían más o menos el siguiente diálogo: “¿y tú que vas a votar en el enanéndum?”; “servidor votará en rojo, o sea abstención”, contestaba el otro. Era una sátira contra uno de los últimos referéndums del franquismo, quizás el de la propia Reforma Política, en que gran parte de la izquierda renaciente pidió la abstención al considerar que era un modo de perpetuar el franquismo al modo gatopardesco. Luego no fue así, pero el cambio forgeano de referéndum por enanéndum resultó brillante. Pues bien, Cataluña tuvo su enanéndum el pasado domingo.

Que fuera una consulta ilegal, con ser grave, ya da casi igual en un país donde parece que las leyes se aprueban para poder burlarlas desde las más altas instancias, y donde la fiscalía es un instrumento al servicio del gobierno que actúa según le convenga a éste. Lo más grave del enanéndum perpetrado el domingo es que se preguntaba a los catalanes por una decisión que sencillamente no es de su competencia, porque en un eventual referéndum por la secesión de Cataluña tendríamos que votar todos los afectados y no sólo algunos, y ese “todos” no es otro que el conjunto de la nación constitucional -que es la única políticamente existente, aunque Peces Barba y otros descubran ahora los arcaísmos románticos de la “nación cultural”. Vamos, que no sólo los avecindados en Solsona o Puigcerdá, sean nativos o inmigrantes, deberían votar llegado el caso sobre si quieren o no seguir formando parte de España, sino también los avecindados en Algeciras, Vigo o Aranda de Duero.

La razón es muy simple: todos los ciudadanos españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales, luego todos tenemos idéntico derecho a votar sobre algo que sin duda nos afecta a todos, a saber, la integridad y unidad del Estado del que somos ciudadanos. Ni más ni menos. Y esta es la razón básica por la que, en un Estado democrático, un referéndum de autodeterminación representa siempre un atentado contra la democracia: da a una parte el privilegio de decidir sobre lo de todos, creando por tanto dos categorías de ciudadanos, una con derechos plenos y otra privada de ellos. La parte privilegiada se impone a la mayoría muda despojada de la integridad de su ciudadanía por una decisión unilateral: eso y no otra cosa es un acto de autodeterminación en un país democrático. Y esta es la razón por la que un demócrata no puede aceptarlo: porque rompe absolutamente el principio de igualdad política y jurídica de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, rompe la regla seminal de la democracia.

Un enanéndum es a un referéndum lo que un juego de monopoli al genuino mercado inmobiliario. Jurídicamente no sirve para nada y tampoco respeta las reglas de una consulta democrática, pero puede ser divertido y maneja conceptos imponentes. Y desde luego, tiene consecuencias políticas. A diferencia del referéndum, el enanéndum jibariza a los ciudadanos, enaniza sus derechos y encoge el concepto de ciudadanía.

Boadella se ha referido a que el desafecto del nacionalismo catalán ya comenzó, en el inicio mismo de la Transición, con el cultivo deliberado de la diferencia cultural, que encubría la falacia de que Cataluña y España carecen de verdaderos lazos políticos democráticos, pues la segunda siempre se habría impuesto a la primera mediante la opresión y la fuerza. Sin duda Albert tiene razón, y su lúcido comentario alerta del extremado peligro que encubre el cultivo político de las llamadas “diferencias culturales”. Pero la Caja de Pandora comenzó a abrirse con la deconstrucción planificada del principio constitucional de igualdad. En concreto, cuando el PSOE aceptó la aberración del principio de bilateralidad España-Cataluña, instaurado por el nuevo Estatuto catalán, y luego cuando el PP, pese a recurrir el Estatut en el Constitucional (por cierto, ¿sigue alguien ahí?), incorporó ese mismo principio recurrido al Estatuto de Valencia a través de la “cláusula Camps”.

Una vez instaurada la bilateralidad en las relaciones España-Cataluña –y en su huella, el de todas y cada una de las comunidades autónomas con el Estado-, no sólo se ha dado un paso casi definitivo hacia un sistema confederal, sino que se abrió la veda que ha conducido al enanéndum del domingo. En efecto, si Cataluña ha conseguido casi una relación de Estado a Estado con España, ¿por qué no darle un carácter más claro y definitivo mediante una consulta de autodeterminación no mucho más unilateral que el Estatuto de autonomía? No es a los independentistas catalanes a quienes hay que reprochar que persigan sus metas políticas –aunque sí que lo hagan por medios ilegales, ante la pasividad del Estado que debe impedirlo-, sino a la estupidez ya indescriptible de los partidos políticos grandes, que permanecen paralizados y estupefactos como si no hubiera nada que hacer o esto no fuera con ellos. Ellos son tan responsables del enanéndum como quienes lo han convocado.

Mientras la amenaza de Ibarretxe de convocar su propio enanéndum consiguió al menos suscitar la respuesta conjunta de rechazo total de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados –gracias a la larga movilización del constitucionalismo vasco contra el nacionalismo obligatorio-, esta última barbaridad ni siquiera ha merecido una declaración en los pasillos. Una buena muestra de la velocidad a la que degenera nuestro sistema político, una demostración de la importancia de los movimientos ciudadanos y de la opinión pública (de su actividad o de su ausencia), y un aviso de la proliferación de enanéndums que se avecina. Un amigo de León me alerta, por ejemplo, de que los nacionalistas de allí desean hacer uno como el catalán para crear su propia comunidad autónoma en León, Zamora y Salamanca. Pronto se convocarán incluso en las comunidades de vecinos para ver si se les conviene más ser municipio independiente. Es lo que pasa cuando el Estado desaparece, convertido en una cáscara vacía, y cuando el gobierno de las leyes, que no otra cosa es la democracia, es sustituido por el interés de los grupos de presión.