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Alarmas cívicas en Francia y Holanda
Por CarlosMG - Uncategorized - 23 Febrero 2010
En Francia ha causado considerable revuelo que el Partido Anticapitalista, un partido de extrema izquierda cuyo nombre lo dice todo, haya incluido en sus listas para las próximas elecciones regionales a una joven musulmana que hace gala de su confesión religiosa llevando el preceptivo pañuelo que oculta el cabello y el cuello a la vista de cualquier hombre que no sea familiar directo. El PA procede de la izquierda revolucionaria trotskista, que en Francia siempre ha gozado de un predicamento mucho mayor al de países comparables. Lo llamativo, escandaloso para algunos, es que esa izquierda radical renuncie a los valores laicos –incluso prejuicios, a veces- unidos a las tradiciones republicanas francesas. En el interesante reportaje sobre la cuestión publicado el pasado domingo por El País, los jóvenes musulmanes afiliados al PA justificaban su militancia con razones de fuerte aroma identitario: ellos son “musulmanes franceses” que, como decía uno de ellos, “no pueden ser otra cosa”. Obsérvese el orden de los predicados: antes musulmanes que franceses, y el resignado comentario de la obligada pertenencia pero sin entusiasmo alguno, digno de aquel prócer de la Restauración que irónicamente propuso encabezar la nueva Constitución con un artículo que rezara: “es español todo aquel que no puede ser otra cosa”.
Antes de descargar el fuego de la indignación democrática contra la extrema izquierda francesa, convendrá recordar que fue el presidente Sarkozy el que jugó con fuego al enredar a la opinión pública francesa con un debate, absurdo y peligroso, sobre la identidad francesa… y sus consecuencias políticas (por ejemplo, exigir a los inmigrantes un contrato de integración). Iniciativa nada inocente en Francia, donde si la extrema izquierda paleomarxista tiene notorio arraigo, mayor lo tiene todavía el populismo nacionalista y xenófobo, republicano sólo de nombre, liderado por Le Pen y su Frente Nacional, que estuvo a punto de ganar una elección presidencial.
La concurrencia de ambos fenómenos lleva a una conclusión inevitable: el laicismo está en peligro en Francia, tanto el que se refiere a los símbolos religiosos en la esfera pública, como el referido a la tradición republicana de la igualdad (y fraternidad) de todos los ciudadanos, nacidos o no en Francia, que respeten sus leyes. Es inquietante, cuando menos, que Sarkozy enrede con la problematización de una “identidad francesa” cuando Francia es uno de los países con una identidad más clara, incluso avasalladora en muchos aspectos. Y es sintomático que incluso la extrema izquierda acepte crecer entre los “musulmanes franceses” aceptando el principio islámico, frontalmente opuesto al concepto ilustrado de ciudadanía, de que la religión está por encima de cualquier otra circunstancia que nos defina como personas. Es cierto que en España tenemos amplia experiencia de la forma en que la izquierda tradicional acaba renegando de sus orígenes intelectuales para mimetizarse con el nacionalismo y cualquier forma en auge de particularismo y comunitarismo, pero que ello ocurra también en Francia es todo un aviso del progreso de ese cáncer y, de paso, de que la fuerte centralización del Estado no es ese antídoto eficaz que algunos creen frente a las ofensivas contra el ideal de ciudadanía.
Un poco más al norte de Francia, en Holanda, asistimos a un encendido debate sobre el uso del árabe y el turco en la propaganda política de los principales partidos tradicionales para la próxima campaña electoral. La razón de este insólito babel político es doble: en Holanda hay fuertes comunidades musulmanas y turcas, y su voto puede decidir el resultado porque –y esta es la segunda razón- se espera una alta abstención del electorado holandés, quizás superior al 50% (y ello a pesar de las poderosas e ininterrumpidas tradiciones democráticas de los Países Bajos, uno de los laboratorios europeos de la democracia representativa). Los partidos tradicionales parecen haber renunciado a movilizar a sus votantes tradicionales y echan la red en los nuevos caladeros de votos. Hacerlo en sus lenguas maternas es sin duda ingenioso y hasta una muestra de tolerancia del país de Baruch Spinoza, pero no pocas voces advierten de que ésta puede ser el inicio de una serie de concesiones que no se limiten a la lengua vehicular de la propaganda política, sino a cuestiones constitucionales mucho más serias, como la aceptación de un estatus legal especial para comunidades cultural-religiosas –por ejemplo, la sharia para los musulmanes- que rechazan la completa asimilación y se resisten a hacer suyos todos los valores del país de acogida. De nuevo, la defensa de la identidad aparece enfrentada a la decadencia del laicismo, vinculado a una ciudadanía universal independiente de toda creencia religiosa o mitológica.
Claro que la reflexión de fondo no es si los inmigrantes se dejan asimilar o no, o si tenemos derecho a pedirles que lo hagan –aunque sin duda la exigencia del cumplimiento de las leyes implica una importante asimilación en muchos aspectos, por ejemplo en la instauración de la igualdad legal de mujeres y varones-, sino más bien otra: tanta insistencia en la identidad en peligro y tanto alarmismo e impotencia política –pues eso manifiesta la recurrente referencia a “nuestros valores en peligro”-, ¿no será más bien una expresión asustada de que los valores que tanto se dice defender son más bien cosa del pasado, tradición más muerta que viva? ¿Una aceptación tácita de que el laicismo del pasado republicano o la tolerancia activa de antaño está bastante decaída, vaciadas de sustancia, convertidas en lemas al estilo del “detente bala”?
Dicho de otro modo: ¿qué expectativa legítima de conseguir la integración de comunidades con tradiciones de origen muy diferentes tenemos los ciudadanos de sociedades que claramente han dejado de practicar esos valores que exigen a los demás mediante un patético “contrato de integración”? ¿Puede Europa tratar de imponer, con una mezcla de oportunismo político y desarme cívico, lo que parece renunciar a conseguir mediante la educación y el civismo activo? Me parece difícil contestar que sí. O Europa reencuentra el sentido de esos valores tan añorados como desactivados, o no habrá mucho que hacer, aparte de asistir impotentes al auge de la xenofobia, el populismo antisistema y el fundamentalismo étnico y religioso. Mal asunto.
Enanéndum y ausencia del Estado
Por CarlosMG - Uncategorized - 15 Diciembre 2009
Cuando Forges era el gran Forges, publicó una viñeta donde dos enanitos que paseaban juntos mantenían más o menos el siguiente diálogo: “¿y tú que vas a votar en el enanéndum?”; “servidor votará en rojo, o sea abstención”, contestaba el otro. Era una sátira contra uno de los últimos referéndums del franquismo, quizás el de la propia Reforma Política, en que gran parte de la izquierda renaciente pidió la abstención al considerar que era un modo de perpetuar el franquismo al modo gatopardesco. Luego no fue así, pero el cambio forgeano de referéndum por enanéndum resultó brillante. Pues bien, Cataluña tuvo su enanéndum el pasado domingo.
Que fuera una consulta ilegal, con ser grave, ya da casi igual en un país donde parece que las leyes se aprueban para poder burlarlas desde las más altas instancias, y donde la fiscalía es un instrumento al servicio del gobierno que actúa según le convenga a éste. Lo más grave del enanéndum perpetrado el domingo es que se preguntaba a los catalanes por una decisión que sencillamente no es de su competencia, porque en un eventual referéndum por la secesión de Cataluña tendríamos que votar todos los afectados y no sólo algunos, y ese “todos” no es otro que el conjunto de la nación constitucional -que es la única políticamente existente, aunque Peces Barba y otros descubran ahora los arcaísmos románticos de la “nación cultural”. Vamos, que no sólo los avecindados en Solsona o Puigcerdá, sean nativos o inmigrantes, deberían votar llegado el caso sobre si quieren o no seguir formando parte de España, sino también los avecindados en Algeciras, Vigo o Aranda de Duero.
La razón es muy simple: todos los ciudadanos españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales, luego todos tenemos idéntico derecho a votar sobre algo que sin duda nos afecta a todos, a saber, la integridad y unidad del Estado del que somos ciudadanos. Ni más ni menos. Y esta es la razón básica por la que, en un Estado democrático, un referéndum de autodeterminación representa siempre un atentado contra la democracia: da a una parte el privilegio de decidir sobre lo de todos, creando por tanto dos categorías de ciudadanos, una con derechos plenos y otra privada de ellos. La parte privilegiada se impone a la mayoría muda despojada de la integridad de su ciudadanía por una decisión unilateral: eso y no otra cosa es un acto de autodeterminación en un país democrático. Y esta es la razón por la que un demócrata no puede aceptarlo: porque rompe absolutamente el principio de igualdad política y jurídica de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, rompe la regla seminal de la democracia.
Un enanéndum es a un referéndum lo que un juego de monopoli al genuino mercado inmobiliario. Jurídicamente no sirve para nada y tampoco respeta las reglas de una consulta democrática, pero puede ser divertido y maneja conceptos imponentes. Y desde luego, tiene consecuencias políticas. A diferencia del referéndum, el enanéndum jibariza a los ciudadanos, enaniza sus derechos y encoge el concepto de ciudadanía.
Boadella se ha referido a que el desafecto del nacionalismo catalán ya comenzó, en el inicio mismo de la Transición, con el cultivo deliberado de la diferencia cultural, que encubría la falacia de que Cataluña y España carecen de verdaderos lazos políticos democráticos, pues la segunda siempre se habría impuesto a la primera mediante la opresión y la fuerza. Sin duda Albert tiene razón, y su lúcido comentario alerta del extremado peligro que encubre el cultivo político de las llamadas “diferencias culturales”. Pero la Caja de Pandora comenzó a abrirse con la deconstrucción planificada del principio constitucional de igualdad. En concreto, cuando el PSOE aceptó la aberración del principio de bilateralidad España-Cataluña, instaurado por el nuevo Estatuto catalán, y luego cuando el PP, pese a recurrir el Estatut en el Constitucional (por cierto, ¿sigue alguien ahí?), incorporó ese mismo principio recurrido al Estatuto de Valencia a través de la “cláusula Camps”.
Una vez instaurada la bilateralidad en las relaciones España-Cataluña –y en su huella, el de todas y cada una de las comunidades autónomas con el Estado-, no sólo se ha dado un paso casi definitivo hacia un sistema confederal, sino que se abrió la veda que ha conducido al enanéndum del domingo. En efecto, si Cataluña ha conseguido casi una relación de Estado a Estado con España, ¿por qué no darle un carácter más claro y definitivo mediante una consulta de autodeterminación no mucho más unilateral que el Estatuto de autonomía? No es a los independentistas catalanes a quienes hay que reprochar que persigan sus metas políticas –aunque sí que lo hagan por medios ilegales, ante la pasividad del Estado que debe impedirlo-, sino a la estupidez ya indescriptible de los partidos políticos grandes, que permanecen paralizados y estupefactos como si no hubiera nada que hacer o esto no fuera con ellos. Ellos son tan responsables del enanéndum como quienes lo han convocado.
Mientras la amenaza de Ibarretxe de convocar su propio enanéndum consiguió al menos suscitar la respuesta conjunta de rechazo total de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados –gracias a la larga movilización del constitucionalismo vasco contra el nacionalismo obligatorio-, esta última barbaridad ni siquiera ha merecido una declaración en los pasillos. Una buena muestra de la velocidad a la que degenera nuestro sistema político, una demostración de la importancia de los movimientos ciudadanos y de la opinión pública (de su actividad o de su ausencia), y un aviso de la proliferación de enanéndums que se avecina. Un amigo de León me alerta, por ejemplo, de que los nacionalistas de allí desean hacer uno como el catalán para crear su propia comunidad autónoma en León, Zamora y Salamanca. Pronto se convocarán incluso en las comunidades de vecinos para ver si se les conviene más ser municipio independiente. Es lo que pasa cuando el Estado desaparece, convertido en una cáscara vacía, y cuando el gobierno de las leyes, que no otra cosa es la democracia, es sustituido por el interés de los grupos de presión.






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