El rechazo de la construcción de minaretes en las mezquitas suizas, decidido por el 57´7% de los votantes en un referéndum celebrado el pasado domingo en la federación helvética ha causado un gran revuelo. Primero, por lo que revela del profundo anclaje de los prejuicios y el miedo a los otros (en este caso, a los musulmanes) en un país tan civilizado como Suiza; segundo, porque el referéndum es una propuesta oportunista de un partido ultraderechista (SVP-UDC, que obtuvo el 29% de los votos en las últimas elecciones federales) que ha sabido manipular a su favor un sentimiento xenófobo cuidadosamente ignorado por la cultura oficial; tercero, porque la decisión popular podría entrar en conflicto con la propia Constitución helvética, que garantiza la libertad de cultos, y con los tratados internacionales suscritos por Suiza. Por eso algunos partidos y colectivos suizos han anunciado que piensan llevar a Suiza al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pidiendo la anulación del referéndum.

El asunto presenta multitud de aspectos interesantes, y es, como nos pasa ahora a nosotros con el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto catalán, una auténtica “piedra de toque” del estado de la democracia no sólo en Suiza, sino en general. En efecto, es muy probable que, como dicen para consolarse algunos suizos consternados, si un referéndum similar se hubiera celebrado en otros países europeos, el resultado habría sido muy parecido. Suiza no tiene la exclusiva de la xenofobia, la islamofobia, el miedo a la globalización y a cambio, la incomprensión del mundo actual ni muchos otros males que afectan a las sociedades occidentales.

Así las cosas, hay una pregunta que me parece urgente hacer: ¿es conveniente para la salud de la democracia hacer referéndums que afectan a derechos fundamentales (como la libertad de culto)? Yo creo que no, y que la democracia rara vez mejora o progresa con esta clase de “consultas populares”. El resultado del referéndum suizo ha puesto sobre la mesa las limitaciones y peligros de la democracia plebiscitaria, ese modelo que considera lo más democrático y participativo preguntar a los ciudadanos sobre toda clase de asuntos controvertidos para que sean ellos, y no sus representantes en las instituciones, quienes decidan con su voto. Por ejemplo, si las mezquitas suizas deben o no tener derecho a levantar un minarete.

Suiza es uno de los países que más recurren a la fórmula plebiscitaria, y de hecho es puesto como ejemplo por los partidarios de la democracia consultiva. La teoría viene a sostener que nada hay más democrático que recurrir al voto directo de los ciudadanos, sin mediaciones ni intermediarios, para tomas las decisiones de interés general. Así, habría que facilitar al máximo la celebración frecuente de estas consultas populares. Pero a veces pasan cosas como ésta, que la “voluntad popular” sale un tanto xenófoba o islamófoba, y que la mayoría de los ciudadanos vota decisiones que sus representantes evitan tomar y no siempre sólo por oportunismo o por debilidad, sino por sentido de la responsabilidad o por un conocimiento más profundo y reflexivo del tema.

Desde luego, es evidente que determinadas decisiones fundamentales deben tomarse por la vía del referéndum, como la aprobación de la Constitución y otras leyes fundamentales (como los Estatutos de Autonomía, en España). Pero la práctica del referéndum debería evitarse cuando se pretende preguntar a los ciudadanos sobre derechos fundamentales o cosas que afecten de algún modo a su ejercicio, como era el caso de la pregunta suiza por los minaretes –que, nos pongamos como nos pongamos, afecta negativamente al derecho de los musulmanes a ejercer su culto con la misma libertad y publicidad que los cristianos o cualquier otra confesión. Precisamente, una obligación del Estado laico es la de garantizar que las distintas religiones puedan practicarse con la misma libertad, de acuerdo con lo que establezca la ley. Así que el referéndum suizo implicaba una pregunta doble: sobre la vigencia del derecho constitucional a la libertad de culto, y sobre la laicidad del Estado. La respuesta ha sido negativa para ambos supuestos: peligros de hacer preguntas que es mejor abstenerse de hacer.

¿Y por qué no se deben hacer esa clase de preguntas, dirán los entusiastas del plebiscito? Pues básicamente por dos razones: primera, porque los derechos básicos fijados por una Constitución democrática no deben revisarse “uno a uno”, sino en todo caso dentro de una reforma global de la Constitución; la segunda, porque en una democracia de verdad las minorías, sean coyunturales o sociales –por ejemplo, los musulmanes suizos o que residen en Suiza-, deben tener la garantía de que sus derechos no serán menoscabados, conculcados o anulados por una decisión de la mayoría, sea ésta también coyuntural (por ejemplo, los votantes del partido que ha ganado las elecciones) o social. Podemos añadir una tercera razón relacionada con la prudencia y la oportunidad: es especialmente torpe o malintencionado hacer un referéndum sobre algo tan delicado en una situación de miedo colectivo, conmoción social o indignación popular. Todos sabemos qué ocurriría si se hiciera una consulta popular sobre el restablecimiento de la pena de muerte tras un atentado terrorista o un crimen sexual especialmente execrable, como la violación y asesinato de una niña: el restablecimiento del verdugo público ganaría por goleada.

Por eso mismo existen las constituciones: para poner límites a los movimientos emocionales de la opinión pública y a la manipulación de los sentimientos colectivos en la que son maestros los nacionalistas y los movimientos antisistema. Una Constitución como dios manda no sólo instaura y garantiza (jurídicamente) derechos, también asegura que no nos los podrán quitar cuando vengan mal dadas. Por eso es una mala idea, más demagógica que democrática, recurrir a la consulta popular para elidir o solucionar dilemas vidriosos. Si el voto popular de la mayoría fuera siempre el colmo de la justicia, nada habría más democrático y justo que la sentencia a muerte de Sócrates decidida por la asamblea de Atenas, ese suceso que siempre se ha considerado el no va más de la injusticia, la arbitrariedad y la demagogia. Los peores peligros, sin duda, que alberga en su interior un sistema democrático.