Carlos Martínez Gorriarán » crisis política

De trajes y de corbatas, o el punto de no retorno de la degradación democrática

Carlos Martínez Gorriarán — Thu, 21 Jul 2011 04:15:22 +0000

El 20 de julio de 2011 puede convertirse en el Día Textil de la democracia, un día especial que puede ser señalado como efeméride del punto de no retorno de la paulatina degradación del sistema de partidos en España.

Por la mañana, el ministro Miguel Sebastián protagonizó en el Congreso un absurdo debate sobre si llevar o no corbata ayuda a la eficiencia energética de los edificios oficiales; por la tarde, el Presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps dimitía tras ser procesado por un posible cohecho impropio a propósito de unos trajes regalados. Lo más grave del caso Camps no es la acusación en sí, sino la mentira mantenida todo este tiempo y la actitud arrogante de alguien que se cree más allá de la Justicia en función de su alto cargo, a lo Berlusconi. Que el quedarse con trajes regalados sea algo bastante ridículo –más allá de si este tráfico de favores estaba relacionado con financiación ilegal y pago de comisiones- no banaliza el asunto porque lo que ha hecho Camps es trasladar ese ridículo, convertido en oprobio, a las instituciones políticas que debía preservar. En este sentido, Camps y el PP han hecho un daño tremendo a la democracia agravando nuestra crisis política (que agrava la económica), triste logro que comparten con todos los partidos que llevaron imputados a las elecciones o mantienen en ayuntamientos a cargos procesados. O ministros como Chaves, bajo cuyo gobierno en Andalucía se produjo el caso de los ERE falsos; o el candidato Rubalcaba, cuyos cargos de máxima confianza en la Policía Nacional acaban de ser procesados por colaboración con banda armada.

Por ironías de la pequeña historia, la tarde de los trajes de Camps tuvo el prólogo matutino de las corbatas de Sebastián (y Bono), completándose esta grotesca jornada textil de la degeneración del sistema. Porque no cabe llamar de otra manera a la actuación de un Ministro de Industria que, en plena crisis económica –una de cuyas causas está en la deficiente política energética, de la que es responsable su ministerio-, frivoliza sobre las soluciones a la crisis llevando el debate energético a si debe o no llevarse corbata en los edificios oficiales, con la inapreciable ayuda del presidente José Bono, firme partidario del “concorbatismo” riguroso frente al desenfadado “sincorbatismo” ministerial (parece que eso es todo lo que el principio de transversalidad puede dar en el PSOE). Con el diferencial de la deuda por las nubes y cinco millones de parados, en eso han quedado los debate políticos de altura en España: ¿debe o no llevarse corbata en el Congreso y demás edificios oficiales? Por cierto, para los diputados y ministros no es obligatorio hacerlo, así que el empecinamiento de Sebastián en la materia demuestra que no es sino un diversión para eludir los temas de su competencia que sí son urgentes, desde el precio del kilowatio doméstico a las primas a las renovables, pasando por el cierre absurdo de Garoña o las subvenciones insostenibles al carbón de Rodezno.

Corbatas de Sebastián y trajes de Camps vienen a recordarnos nuestro verdadero problema de fondo: la democracia está desnuda, las instituciones en harapos o en pelotas, sin dinero en la caja y sin ideas en quien la administra y a veces tampoco decencia. Corrupción y falta absoluta de ideas o puro engaño (corrupción intelectual) son nuestros dos principales problemas derivados de la baja calidad de la clase política y resto del establishment. Eso, y no el diferencial de la deuda, es lo que amenaza echar por tierra el frágil edificio democrático en el que tratamos de protegernos de la tempestad económica. Esto es lo que da de sí el bipartidismo cuando suenan todas las alarmas: peleas sobre trajes y corbatas de sus señorías y excelencias.

Es una crisis de régimen, no un malestar pasajero

Carlos Martínez Gorriarán — Sat, 18 Jun 2011 04:15:35 +0000

Cuando hace un par de años en UPyD comenzamos a explicar que la peculiaridad de la crisis española era la conjunción de una crisis financiera internacional con una crisis política, con el resultado de que la incapacidad de las instituciones estaba agravando la crisis económica y acabaría deslegitimando la democracia, pocos, muy pocos se tomaban este análisis en serio. Conste que es más agradable acertar el número de la lotería que este pronóstico, más propio de Casandra que de Papá Noel. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos confirma el acierto: lo que está en crisis no es ya sólo un determinado partido –aunque lo está el PSOE- y un cierto tipo de gobernanza –el bipartidismo imperfecto PP-PSOE más IU y nacionalistas como socios preferentes-, sino la propia arquitectura institucional de la Transición, o lo que es lo mismo, el régimen político conocido por “Estado de las Autonomías”.

La eclosión de los movimientos sociales asociados al 15M, Democracia Real Ya e iniciativa similares, tanto las pacíficas y ejemplares como las violentas y degradadas (que lógicamente dominan en Cataluña), es solo una expresión de esa crisis de régimen, pero no su causa, como les gusta pensar tanto a la derecha más conservadora que atribuye estos inquietantes fenómenos a la perfidia maquiavélica de Rubalcaba, como a la paleoizquierda agrupada en torno a IU, despreciada en ese mundo tal como pudieron comprobar a sus expensas Cayo Lara en Madrid o Joan Herrera en Barcelona.

Pero estos movimientos que en pocos días han pasado de solicitados –incluso por el inefable González Pons- y halagados –sobre todo por la izquierda pero no sólo por ella- a temidos y censurados por todos tras los amagos de asalto a las instituciones, no son la única expresión de la crisis de régimen. ¡Ni mucho menos!: también expresan esa crisis maniobras y acontecimientos de muy distinto género: la dimisión desvergonzada de los tres miembros del TC que de repente descubren que están siendo “secuestrados” por los partidos que los han nombrado con su absoluta complacencia demuestra que el merecido desprestigio del TC comienza a inquietar incluso a sus beneficiarios. Y en la acera contraria pero con idéntico significado la irrupción de Bildu, con las mejores tradiciones de Batasuna –exigencia de amnistía o impunidad para el terrorismo, amenazas a los críticos, acoso a concejales constitucionalistas, veto a los medios de comunicación-, demuestra que el régimen de la Transición ha fracasado incluso en una batalla que tenía por fin ganada, la del final de ETA sin compensaciones políticas.

A estos sucesos podemos añadir el creciente malestar social que se expresa de mil formas estos días y que, con toda seguridad, seguirá creciendo en los meses inmediatos. Es una especie de brusco despertar: tras años de incredulidad se ha descubierto que la crisis va para largo y no habrá regreso a los años dorados del modelo económico Solbes-Rato, caducado para siempre. Y también se ha descubierto que las instituciones mantenidas por todos para hacer frente a estas cosas no sólo se revelan incapaces de resolver nada importante –véase por ejemplo la increíble historia de la incompetencia del Banco de España para prevenir la crisis de las Cajas de Ahorros, anunciada por el propio ente-, sino que son en sí mismas fuentes de problemas derivados a la gente común, a la que ahora se exigen sacrificios que habrían sido más moderados, equitativos y asumibles, aunque fueran inevitables, de haberse actuado a tiempo contra el derroche de las duplicidades administrativas, el mal gobierno de ayuntamientos y CCAA, el saqueo del Estado común, el intervencionismo de los partidos, la falta de transparencia, etc. Como quien despierta de un largo sueño agradable para verse inmerso en una realidad siniestra de incertidumbre y empeoramiento, millones de españoles están descubriendo que las defensas con las que contaban no sirven o no existen. Sanidad, pensiones, educación, subsidios de desempleo, servicios públicos… están abocados a una degradación de calidad resultado del mal gobierno.

Y esto no ha hecho más que empezar. Ya hay indicios claros de que la gestión de esta crisis emprendida por PP, PSOE y demás partidos tradicionales no hará sino agravar las cosas y exacerbar el descontento.

Reparemos por ejemplo en la propuesta del PP de Madrid y Valencia para reformar la Ley Electoral de esas comunidades al rebufo de la exigencia de reforma de la LOREG. La propuesta de listas desbloqueadas y de creación de distritos electorales donde el diputado será elegido por mayoría –una adaptación del modelo anglosajón- se presenta bajo el manto virtuoso de la “cercanía al elector”, pero esconde la obvia intención de reforzar aún más el poder aplastante del PP en ambas comunidades, pasando prácticamente del actual bipartidismo imperfecto a un régimen de cuasi partido único, con el PP gozando de abrumadoras mayorías superiores al 70% de los diputados con sólo el 40% de los votos válidos o menos. Los partidos minoritarios quedarían reducidos al papel decorativo de pintorescos e impotentes contradictores de decisiones tomadas por la apisonadora parlamentaria. La consecuencia: reducir aún más el pluralismo político y profundizar en la desigualdad del valor del voto. Y aumentar la abstención a niveles catalanes. ¿Pero qué más da si eso permite el gobierno incontestado de ese liberalismo intervencionista de Esperanza Aguirre o del berlusconismo fallero de Camps?

Esa es la ceguera de la clase política actual: valorar los acontecimientos y mover piezas únicamente pensando en el beneficio partidista, se trate del PP barriendo para casa, del PSOE pensando únicamente en salvar los muebles, o de IU poniéndose al frente de cualquier manifestación que pase por la puerta. Y al fondo, como siempre, los nacionalistas intentando aprovechar la ocasión para dar un golpe definitivo al Estado común y obtener esa comodísima cuasi independencia de facto que llevan trabajando tantos años con gran éxito gracias a la ineficacia de las instituciones políticas y judiciales encargadas de impedirlo.

En definitiva, la actitud del establishment combina incomprensión, embotamiento y oportunismo. Oportunista y peligrosísima es, por ejemplo, la política de “orden público” de la Generalitat, cambiando del exceso policial a la tolerancia de la agresión a parlamentarios para, previsiblemente, cargarse de razones ante la opinión pública si es necesario pasar a mayores. Pero es una consecuencia del cáncer sistémico que pudre la democracia española porque se ha cargado la igualdad política y amenaza la libertad personal: la relativización de las leyes y su interpretación elástica en función de los intereses de los gobernantes.

Por eso no cabe ser optimistas: la economía da muestras de agotamiento, amenazando convertir la crisis en ciclo de depresión, mientras las instituciones políticas siguen en manos de grupos atentos exclusivamente a sus intereses a corto plazo, sea por incomprensión o incapacidad, sea porque la ocasión la pintan calva. En los próximos meses no va a haber institución que no esté obligada a recuperar la legitimidad que ha perdido por su inactividad, ineficacia o responsabilidad política. De los ayuntamientos a la monarquía, de los medios de comunicación al mundo empresarial y especialmente el financiero. Es toda una crisis de régimen, y no un malestar pasajero. Lo que precisa es un programa de reformas ambicioso, incluso revolucionario en algunos ámbitos, y no meras maniobras para capear la tempestad.

¿Qué nos jugamos el 22-M? El “día de la marmota” o un nuevo comienzo

Carlos Martínez Gorriarán — Sun, 15 May 2011 04:10:27 +0000

¿Hay alguna razón para considerar especiales las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de marzo? Una y fundamental: a estas alturas, la crisis económica ha puesto de relieve que el sistema político creado durante la transición es ineficaz e inviable y, sobre todo, patentemente inútil para afrontar las reformas de fondo que exige superar la crisis económica. Dicho de otro modo: la crisis ha puesto sobre la mesa, con toda crudeza, la crisis del sistema político que la ha agravado. Porque la razón de que España doble la media de paro de la UE, y triplique de sobra la de Alemania -pese a partir de niveles parejos en 2007-, es esencialmente una razón política.

Veamos un ejemplo importante que apoya esta afirmación: es cierto que las empresas españolas son, en general, menos competitivas y que esa desventaja no se soluciona de la noche a la mañana por una decisión política, pero buena parte de esa falta de competitividad es consecuencia de un mercado de trabajo dual –empleos indefinidos protegidos vs. empleos precarios- que impide la renovación de los cuadros laborales de muchas empresas que no quieren arriesgarse a contrataciones indefinidas de jóvenes profesionales, lo que tiene como consecuencia un monstruoso paro juvenil de catastróficas consecuencias para el futuro del país y, desde luego, para el presente de los jóvenes. Y a diferencia de la competitividad, el mercado de trabajo sí puede reformarse por una decisión política que reforme las leyes laborales. La que propuso UPyD, en la línea de la planteada por los llamados “cien economistas”, ha sido rechazada en el Congreso.

El mismo rechazo político que ha sufrido la necesaria reforma laboral han sufrido las propuestas de racionalizar las administraciones para reducir el gasto público desbocado, la petición al Gobierno para que controlara a tiempo el endeudamiento de las CCAA (iniciado de mala manera solo tras exigirlo Bruselas y el FMI, tras negar su mera posibilidad), las iniciativas para restaurar el mercado único español troceado por las 100.000 normas vigentes, para profesionalizar la gestión de las Cajas de Ahorro antes de que fuera tarde, para facilitar la creación de empresas, incrementar el apoyo a la investigación o mejorar la transparencia de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Todas estas medidas, de indudable importancia para salir cuanto antes de la crisis, han sido rechazadas una tras otra por esa Santa Alianza de facto constituida por PP, PSOE y sus socios nacionalistas. Lo mismo cabe decir de otras relacionadas también con la economía, como la mejora del sistema educativo, la restauración de sistemas únicos de sanidad y asistencia social, la lucha contra el fraude fiscal y un largo etcétera de impresionante extensión.

Para resumir: en esta legislatura han sido rechazadas casi todas las medidas políticas indispensables para combatir la crisis económica, reducir su profundidad y acelerar su superación. Unas veces por la alianza PP-PSOE, otras veces solo por el PSOE y su aliado de turno, aunque al PP no le han dolido prendas aliarse con CIU y PSC (en el Senado) para favorecer a Cataluña frente a otras CCAA en el despojo de los cada vez menores haberes financieros del Estado común.

En resumidas cuentas, esto es lo que significa que la crisis económica ha sido agravada en España por una crisis política previa: que han sido las instituciones políticas las que han frenado o rechazado todas las medidas necesarias para combatir la crisis cuando aún era posible a un costo social más equitativo. Crisis que no es otra que la de las principales instituciones del sistema, del modelo territorial al Tribunal Constitucional. Crisis de la que son los principales responsables dos partidos, PSOE y PP quienes, pese al modo en que se maltratan en las declaraciones públicas, en la práctica están de acuerdo en todo lo básico, manteniendo un verdadero mega-Pacto de Estado para no cambiar nada de lo que es urgente cambiar, de la Ley Electoral a la estructura administrativa del Estado, de la reforma laboral a la de las instituciones financieras.

Hace falta una fe ciega y tonta para, como decía Albert Einstein, repetir los mismos procedimientos de siempre y esperar contra toda lógica que pase algo distinto. Y eso es a lo que nos enfrentamos el 22-M: la repetición de las mismas políticas archifracasadas, sólo que ahora intercambiando una mayoría del PSOE por otra del PP, en una reedición del popular “día de la marmota”, o un nuevo comienzo, un cambio no de siglas y caras, sino de políticas, tanto de contenidos como de formas, como el que propone UPyD.

El ciudadano apático o conservador que en el fondo piensa que todo da igual y no piensa arriesgarse a cambiar su voto pese a desconfiar profundamente de PP y PSOE debería reparar en que no se limita a sancionar un sistema claramente agotado, sino que vota por el mantenimiento indefinido de los mismos vicios que nos han conducido a 5 millones de parados, 45% de paro juvenil, educación obligatoria en decadencia, derroche de recursos públicos y pérdida paulatina de la igualdad. Estos vicios se llaman colonización partidista de la justicia y de las cajas de ahorros, inseguridad jurídica, clientelismo, opacidad y corrupción, intervención de los medios de comunicación e intervencionismo económico, derroche y despilfarro en inversiones suntuarias mientras se abandonan servicios sociales básicos, duplicidades y triplicidades administrativas.

De manera que eso es lo que nos jugamos el 22-M: dejar que todo siga como está, y hundirnos un poco más y por más tiempo en el desastre, o probar alternativas razonables que proponen medidas de sentido común contra todas nuestras crisis: política, económica… y de valores como la veracidad, la equidad, la responsabilidad y el altruismo, cuya falta en demasiadas instancias no deja de ser responsable última de esta debacle institucional.

PSOE y PP: dos trayectorias convergentes de dos partidos intercambiables

Carlos Martínez Gorriarán — Wed, 05 Jan 2011 04:45:01 +0000

Zapatero ganó aquellas elecciones de marzo de 2004 no tanto por el atractivo de su programa como gracias a la antipatía e impopularidad en las que habían caído el PP de Aznar y sobre todo el propio presidente, rematado por el terrible atentado islamista cuya autoría su gobierno, víctima de un prejuicio invencible, tardó en reconocer demasiado. Casi siete años después todo indica que el cuadro se repite: el PP ganará las elecciones gracias al hundimiento de la popularidad del PSOE pero sobre todo de Zapatero (que ha llegado al odio en no pocos círculos de opinión, como le pasara a Aznar en otros).

Según un dicho no poco cínico aunque experimentado, la democracia consiste más en echar al mal gobierno que en elegir uno bueno (Popper lo formuló de modo más elegante, pero esa es la idea). Y lo cierto es que el partido que ahora comanda Rajoy no ha hecho gran cosa todos estos años para evitar la desastrosa situación política y económica del país; en la crítica gratuita del gobierno a la oposición –no ponen manos a la obra- hay un principio de verdad, aunque no del sentido buscado. Tan coautor como el PSOE de nuestros males nacionales gracias a su responsabilidad en el gobierno de Madrid, Valencia, Murcia o Galicia –aportación imprevista del Estado Autonómico-, el PP se beneficiará sin embargo de la irracional tardanza de ZP y sus centuriones en reconocer que se iniciaba una crisis económica de incalculables consecuencias. Del mismo modo en que el PP de Aznar no consiguió prever el peligro del terrorismo islamista, tampoco el PSOE de Zapatero y Solbes supo prever la crisis económico-financiera, incluso cuando ya estaba muy avanzada.

Pero aquí termina el paralelismo a lo Plutarco en que ambos parecen condenados a copiar sucesivamente los errores del otro. Porque, por lo demás, ambos partidos comparten la responsabilidad de:

1 – haber negado todos estos años que existía una alarmante burbuja inmobiliaria que amenazaba al sistema financiero y al endeudamiento privado.

2 – negarse a sanear y profesionalizar (despolitizar) las cajas de ahorro, incluso ahora.

3 – retrasar la puesta en marcha de un cambio prudente de modelo productivo.

4 – retrasar la mejora de la competitividad y productividad de la economía del país.

5 – negarse a tomar en serio la educación obligatoria dejándola en manos de burócratas y “expertos” promotores de modelos ideologizados y transnochados.

6 – negarse a potenciar la universidad y la investigación científica asfixiándola en burocracia y minifundismo autonómico, además de la vieja endogamia.

7 – negarse a iniciar una reforma laboral en el momento más favorable, cuando se creaban empleos en lugar de destruirse masivamente.

8 – negarse a racionalizar la administración eliminando du y triplicidades absurdas y carísimas.

9 – negarse a frenar el aumento del gasto público derivado de inversiones suntuarias y de un gasto corriente desbocado que se comió el superávit de un año para otro.

10 – negarse a reformar el sistema de pensiones cuando la caja estaba llena y el Pacto de Toledo intacto.

11 – realizar inversiones en infraestructuras sin planes de viabilidad económica, obedientes a criterios políticos clientelares y no a las necesidades económicas, como el carísimo AVE sólo para pasajeros (pudientes y subvencionados) o los aeropuertos desiertos.

12 – aceptar la regresión de la política fiscal, beneficiando a las rentas del capital y exprimiendo más y más a las del trabajo (los que cobramos nómina y pagamos por todo).

Y esto en lo que a medidas de índole económica y administrativa se refiere, pues a ellas podemos añadir sin demasiado esfuerzo que ambos partidos, PSOE y PP, son igual de responsables de:

1 – negarse a reformar la Ley Electoral heredada del franquismo para hacerla más equitativa y más representativos sus resultados.

2 – negarse a tocar otras leyes intactas del franquismo, como la legislación laboral.

3 – iniciar la reforma encubierta de la Constitución, en sentido confederal, mediante los llamados “Estatutos de segunda Generación”, acabando con toda política nacional que no sea mero trapicheo de transferencias del Estado a las CCAA.

4 – rechazar las reformas destinadas a instaurar y proteger la imprescindible autonomía del Poder Judicial.

5 – convertir al Tribunal Constitucional en un apéndice grotesco e ineficaz de sus propios partidos, con sus jueces “progresistas” y “conservadores” alineados como en un partido de fútbol sin árbitro.

6 – cultivar la disparatada proliferación de normas y leyes de todo tipo que convierten a España en un Estado intervencionista y de dudosa seguridad jurídica, con más excepciones que normas, con reglas para todo pero no iguales para todos.

7 – aceptar la fragmentación de la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios asistenciales y las políticas activas de empleo en 17 sistemas diferentes, ineficaces e incoherentes que además atentan contra la igualdad.

8 – derrochar recursos públicos en redes clientelares y subvenciones descontroladas, de la cultura a las teles autonómicas, que ninguna demanda ni resultados justifican.

9 – tratar de controlar la sociedad civil interviniendo toda iniciativa empresarial, comunicacional, política o cultural de interés público, y tratando de asfixiar a las que no pueden controlar mientras potencian las afines con recursos públicos.

10 – oponerse activamente al desarrollo de una gestión pública transparente que permita a los ciudadanos saber dónde van sus impuestos, quién, cómo y para qué los emplea, y con qué resultados.

11 – desarrollar iniciativas legislativas que o son inútiles y decorativas o interesan a muy pocos, como los nuevos Estatutos de Autonomía, mientras se retrasan ad calendas graecas la Ley de Huelga, de Propiedad Intelectual o de Financiación Municipal, entre otras urgentes.

12 – y sobre todo, haber convertido la política en una actividad desprestigiada hasta el punto de que partidos y políticos son ya uno de los principales problemas del país en las encuestas de opinión, cerrando así la vía de acción normal para resolver los problemas en una democracia: la implicación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos.

Y seguro que me dejo cosas importantes, pero esta es una relación a vuela pluma que sólo persigue un objetivo, o mejor dos:

A – Demostrar que no tienen razón quienes se quejan de que PSOE y PP (y CIU, PNV, ERC, CC, etc.) son incapaces de llegar a acuerdos: por el contrario, PSOE y PP están de acuerdo en no cambiar nada de lo que ha conducido a España a la más grave crisis doble, económica y política, de las que hay en la UE.

B – Mostrar que con estas políticas, esos partidos y aquéllos políticos de PSOE y PP, más sus socios nacionalistas y de IU, no cabe esperar nada en lo relativo a las reformas y a las políticas imaginativas y audaces para salir de la crisis doble, tanto económica como política. Mientras PSOE y PP se alternen en el gobierno, gracias a una ley electoral pensada para los Procuradores en Cortes de Franco y al apoyo de pequeños partidos nacionalistas convertidos por aquélla en imprescindibles, que nadie espere otra cosa que rogativas a la UE y a los mercados para que se apiaden de nosotros. Y como solución a los males políticos, llamadas a la santa resignación -al “estoloarreglamosentretodos pero lo pagas tú”- y procesiones con los santos identitarios de cada autonomía llevados a hombros de parados (al estilo de Alvarez Cascos, ahora convertido al regionalismo asturianista desde el aznarismo de estricta observancia, en perfecto bucle ejemplar de lo que esta gente es capaz).

Luego no se quejen de que no estaban avisados, ni de que no había alternativa: UPyD, que ha propuesto exactamente lo contrario.

¿Cómo que ¡yo no he sido!? (carta a Javier Moreno, Drtor. de El País)

Carlos Martínez Gorriarán — Mon, 20 Dec 2010 04:35:25 +0000

Qué quieren que les diga: a pesar de algún calentón difícil de impedir, a estas alturas casi me da igual lo que vociferen esas lepras rencorosas y archipagadas –en dinero y de sí mismas- de esta pobre democracia como esos famosos tertulianos al estilo María Antonia Iglesias o Enric Sopena, o los de El Gato al Agua de Intereconomía (los extremos infames se tocan), o Enric Juliana y niños bonitos como Iñaki Gabilondo, Aizpeolea o Alberto Surio (todos parecen nacidos para encarnar esa cosa irritante de las “almas bellas” que flotan sobre las aguas… negras, ya denunciadas por Hegel), siempre tan comprensivos y adictos a los amigos de negociar con ETA y tan severos y hostiles con los que nos negamos en redondo a esa claudicación, tan cobarde como prescindible y que ellos sabrán por qué necesitan tanto. En fin, la lista es tan larga que es imposible tratar de apurarla aquí: inagotable el elenco de publicistas en alquiler, al servicio de quien más pague, que hacen la rueda del pavo como exigentes vigilantes de los abusos del poder al que están alquilados.

Pese a tanta aburrida redundancia, parece haber una novedad: ante la inminencia del derrumbe del mundo de ayer, el periodismo patrio comienza a entonar a coro el ¡yo no he sido! Así Público, por ejemplo, publicaba un alarmado estudio sobre el creciente descrédito de la clase política española. Claro que el reportaje eludía cualquier reflexión sobre el papel protagonista de los medios en la promoción y cerrada defensa de esa clase política de pacotilla que en buena medida es creación suya, y de la que ahora quieren despegarse como una mosca de la telaraña en que se debate atrapada.

Ayer mismo Javier Moreno incrementaba los esfuerzos por convencernos de que ellos no han sido con un largo artículo en su El País –como rivalizando en extensión con su rival PJ Ramírez- tratando de fundamentar algo tan espurio como reprochable, a saber: que los papeles de Wikileaks que su diario está publicando (cómo y cuando le parece: Assange, menos globos sobre transparencia) vienen a certificar la inocencia y buen hacer de la prensa tradicional, último garante de la libertad de información y blablablá: ¡la culpa es de los Gobiernos! Hace falta cara dura. Lo que ha publicado Wikileaks son un conjunto de comunicaciones de las embajadas USA que, en el caso de España y dejando de lado algunas que versan sobre asuntos comerciales y domésticos menos conocidos, no han venido sino a confirmar lo que cualquiera podía saber: la extraordinaria doblez, cinismo y servilismo del gobierno de Zapatero en las relaciones con Estados Unidos y otros países. Que es mucho peor, internamente, para la sociedad española.

Pues mire, señor Moreno: no se le puede creer. Han publicado unos papeles que les vienen a ustedes que ni pintados desde el punto de vista empresarial. Conste que me parece muy bien: mejor eso que no acceder a los mismos. Pero no se escandalice con tanta facilidad por la publicación de verdades que, en muchos casos, son las del barquero o el famoso Perogrullo. Me refiero a cosas como la posición del gobierno de Zapatero y del PSOE respecto al Sáhara, a favor de Marruecos; sobre los transgénicos, el demonio en casa y un gran negocio fuera; o sobre Cuba a favor del castrismo y un largo etcétera que incluye escándalos tan dolorosos para los afectados como la doble moral sobre el caso Couso o los vuelos clandestinos de la CIA a Guantánamo; y la solicitud con que fiscalía y jueces-estrella corrían a satisfacer los deseos de la gran y laboriosa embajada de la calle Serrano. Pero todas estas posiciones políticas, o degeneraciones institucionales, no necesitaban venir avaladas, y menos reveladas, por la misteriosa filtración de unos papeles sustraídos por canales de lo más turbio: se deducían racionalmente de la mera observación objetiva del sentido de las acciones y omisiones del Gobierno y demás instituciones españolas (o internacionales). Todavía estamos a la espera de una gran revelación, como que Zapatero ordenó adoptar medidas anticrisis a tiempo, o apoyar alguna causa política decente en algún lugar del mundo.

¿Quiénes han convertido en gran sorpresa la revelación de estos secretos de Polichinela? Pues ustedes, los grupos de comunicación que durante todos estos años se han esforzado, y siguen en ello, por ocultar los hechos o desfigurar su significado, por deformar hasta extremos grotescos la realidad de las responsabilidades políticas, por ofrecer una versión alternativa de las cosas en la que nada es lo que parece y todo parece extrañamente inverosímil, aunque muy ventajoso para según quién. Todavía este fin de semana nos han aburrido y hartado con su unánime celebración de algo tan banal, y en el fondo carísimo, como la inauguración del AVE Madrid-Valencia como el no-va-más del progreso hacia la cohesión social… en un tren que no puede pagarse ni la mitad de los viajeros habituales de esa línea (que ahora tendrán que tomar el bus), aunque esté subvencionada con dinero público.

No se esfuercen en decirnos que ustedes no han sido: han sido ustedes, y por eso son responsables políticos de una crisis política y económica que han contribuido a gestar primero y después a negar. Por supuesto, no al mismo nivel de los responsables políticos o financieros, pero la responsabilidad por la desinformación y la tergiversación de los hechos es enteramente suya. Lo lamento, pero su torpe táctica de presentar como un triunfo de la libertad de prensa lo que era según ustedes un delito cuando lo hacían sus rivales comerciales –por ejemplo, el diario El Mundo, que también se merece lo suyo- no va a colar. Algunos no olvidamos la chulería con que despachó, hace ya casi tres años, una pregunta en cierto sarao político-mediático madrileño: no vamos a entrevistar a Rosa Díez antes de las elecciones (del 2008) –dijo- porque si el resultado es el que pienso no merece la pena, y si acaso ya veremos después. Todo un programa y un concepto de la información sobre lo público tamizada al servicio de sus negocios particulares. Y sí, ustedes sí han sido los responsables de todo esto.

Sinceramente suyo a sabiendas de que le da lo mismo,

El motín de los controladores aéreos, anuncio del caos que viene

Carlos Martínez Gorriarán — Tue, 07 Dec 2010 04:10:45 +0000

A estas alturas no hace falta decir que los controladores aéreos estaban muy mal aconsejados cuando decidieron abandonar masivamente las torres de control, dejando sin sus vacaciones o sus viajes a centenares de miles de usuarios. En primer lugar, porque ha sido un abuso sin paliativos; en segundo, porque han perdido cualquier razón que tengan sobre sus reclamaciones laborales razonables, que las tienen (como la reducción del número de horas de trabajo); y en tercero, porque parece que se han dejado manipular por un Gobierno en horas bajísimas que necesitaba con urgencia dar un golpe en la mesa para mostrar un control de la situación y una autoridad perdidos hace tiempo. Pues la huelga encubierta y salvaje de los controladores ha puesto la pelota en el único sitio que se le da bien para rematar al gobierno zapateril, a saber, el de la autopropaganda. Y no sólo al gobierno, sino al conjunto del PSOE, de las instituciones que controla y de sus medios amigos. En fin, consecuencias infaustas del culto a la testosterona, mucho más apreciada en España que la neurona.

Ayer, día de la Constitución, el presidente del Congreso, José Bono, aprovechó ese pretexto regalado para afirmar, sin que se le cayera la cara de vergüenza, que la declaración gubernamental del “estado de alarma” para retomar el control del tráfico aéreo –probablemente inconstitucional y jurídicamente chapucero-, demostraba de modo práctico que la Constitución festejada no tolera el chantaje ni los privilegios. Bono venía así a cerrar el círculo de declaraciones en idéntico sentido iniciadas por los ministros José Blanco y Alfredo Péreza Rubalcaba, según las cuales el colectivo de controladores es poco menos que un purulento quiste feudal incrustado en el por lo demás igualitarista y equitativo cuerpo democrático de la nación. Aplastado el motín de los controladores, las fuerzas constitucionales habrían alcanzado sus últimos objetivos de instauración de la igualdad ante la ley y la equidad en todas las cosas. O nos toman por idiotas o -y- son un peligro.

Eso se ha dicho en un país donde el chantaje y la conquista de privilegios, que no la negociación legítima, son el juego político habitual. Era y es escandaloso que sean los controladores aéreos quienes carguen con el sambenito de chantajistas privilegiados mientras quedan eximidos los piratas y terroristas a los que se pagan obscenos rescates, los nacionalistas que llevan haciendo eso mismo desde inicios de la transición, las cajas de ahorro quebradas que reciben dinero público para no cerrar en contra de cualquier principio de racionalidad económica y de gestión transparente, los grupos de comunicación amigos que reciben dinero público para compensar la pérdida de lectores consecuencia de su mal hacer y su sectarismo, o los arrendatarios de autopistas fracasadas –como las famosas radiales de Madrid- que ahora deben ser rescatados con más dinero público. Y la lista, de ser exhaustiva, daría para docenas de párrafos como este. Pero no, aquí los únicos privilegiados y chantajistas son los 2.300 controladores que han hecho tan inestimable regalo al gobierno… Les amenazan con la cárcel, pero merecerían una medalla al mérito progubernamental.

Sin embargo, el motín de las torres de control ha puesto de manifiesto algunos de los males atávicos de la democracia española. Por ejemplo, lagunas legales como la inexistencia de una Ley de Huelga que permita tratar estos problemas sin recurrir a medidas tan extremas y teatrales como la militarización, “estado de Alarma” mediante. O la insuficiencia de los sindicatos, marginales en un colectivo tan importante como éste. Y la escasísima trama cívica de una sociedad económicamente desarrollada pero políticamente subdesarrollada, pues de otro modo no se entiende que los controladores –al fin y al cabo una élite profesional- actuaran como adolescentes cabreados y no se encomendaran ni a dios ni al diablo antes de meterse en este nefasto sembrado. Sin olvidar las penurias de unos media de comunicación concertados -¿alguien se cree que exista en España “prensa privada”?- más preocupados en poner a parir a los controladores o al gobierno –o a ambos-, que a informar realmente de lo que sucedía, su origen y las posibles soluciones. Es un hecho que la mejor información, por cantidad, calidad y actualidad, la daban redes sociales como Twitter, y no los medios profesionales.

Ahora bien, si algo ha habido alarmante en todo esto ha sido, como ya estamos acostumbrados, la reacción del Gobierno y las fuerzas políticas tradicionales. Fue un gobierno del PP quien firmó el convenio colectivo de los contraladores, ahora tan denostado y sin duda con razón. Pero hay demasiados indicios de que al Gobierno le ha venido muy bien el aplastamiento manu militari de este motín como para rechazar sin más la tesis de que algo de provocación calculada ha habido en la, en caso contrario, torpeza inenarrable de sacar un nuevo decreto ley contra los controladores justo al comienzo del puente más ansiado del año, y eso tras privatizar por decreto ley las dos joyas de la corona de la deficitaria Aena (y con ellos, a sus controladores).

A falta de verdadera voluntad política de reformar lo urgente en la trama institucional española y en la política económica, comenzando por el portentoso derroche de las administraciones autonómicas y municipales, vapulear a un colectivo con tan mala fama y socialmente aislado es toda una bicoca. Así se las ponían a Fernando VII. Pero si esta es la cara de la situación para el gobierno, la cruz es que el motín ha puesto todavía más de relieve la gesticulación, imprevisión e improvisación chapucera a que se reduce la gestión política de Zapatero y sus ministros. La combinación diabólica de impotencia y prepotencia (la misma que ha revelado Wikileaks en los serviles tratos entre el gobierno y Estados Unidos) amenaza con arrastrar al país al caos. Porque la tentación de actuar con la misma arrogancia en los muchos conflictos que asoman por el horizonte, arrebatando al PP la vitola de la firmeza, va a ser muy fuerte en los próximos meses.

España es ahora mismo un Estado que se descompone, donde el gobierno trata de matar algunas moscas famosas a cañonazos mientras elude hacer algo frente a los verdaderos problemas. Y para el 28 de enero se anuncia una reforma de las pensiones que termina de liquidar el Pacto de Toledo y que probablemente significará no sólo la prolongación de la edad de jubilación y del cálculo de la contribución necesaria, sino el recorte neto de las pensiones que ya se pagan, de por sí bastante bajas en la mayoría de los casos. Veremos qué resulta de todo esto, pero el desprestigio galopante de la política y de las instituciones será imposible de evitar: las cosas pintan mal para la democracia.

Un país paralizado por autoengaños y mentiras

Carlos Martínez Gorriarán — Thu, 25 Nov 2010 04:32:05 +0000

Muchas veces, nada como un ejemplo para captar la lógica de una situación compleja. Les cuento este: un amigo se encontró hace poco con otro que venía un pueblo de Madrid; es empresario, y le habían convocado a una reunión con el ayuntamiento, que intenta promover un proyecto para resucitar la alicaída economía del municipio y resucitar los buenos viejos tiempos de las vacas gordas. ¿De qué se trata?: pues nada menos que de la construcción, en terrenos municipales, de un campo de golf con urbanización de lujo y los habituales aditamentos de centros comerciales, hostelería, etc. El empresario no podía dar crédito: en un país donde se estima –nadie lo sabe a ciencia cierta, otro ejemplo característico- que hay más de un millón de viviendas por vender, muchas de las cuales son chalets, adosados o apartamentos de esa clase de promociones de lujo; en un país donde es dificilísimo y casi imposible conseguir crédito para financiar cualquier cosa pero más una urbanización de esa clase, un ayuntamiento de Madrid propone volver a la carga añadiendo al parque de proyectos urbanísticos abandonados otro fracaso adicional. Y ello en terrenos públicos, y con financiación pública… de un ayuntamiento endeudado hasta las cejas que, seguramente, piensa en pedir que se implique a alguna de las Cajas de Ahorros, controladas por PP o PSOE o CIU o PNV, cuya insolvencia tanto daño está haciendo a la economía española (y muchos piensan que incluso al euro). Como si no hubiera pasado nada y bastara la mera fuerza de la voluntad para volver a inflar la gran juerga de la burbuja inmobiliaria.

En fin, que vuelve la burra al trigo donde solía pastar tan ricamente. La pregunta que se impone es esta: ¿ha aprendido algo el establishment de esta crisis que soportamos? Parece que nada en absoluto: las reformas económicas son totalmente insuficientes, contradictorias y tardías; la reforma laboral es un fracaso; CCAA y ayuntamientos siguen a lo suyo, como si no pasara nada. Así, en Andalucía ha tenido que producirse una auténtica –y admirable- rebelión cívica de los funcionarios de carrera para que la Junta de Griñán recule en su pretensión de convertir en funcionarios por decreto a miles de trabajadores contratados a dedo (y que sin duda componen una suculenta bolsa de votos socialistas).

En fin, cuando vuelvo a casa y repaso la prensa vasca, encuentro estupefaciente la naturalidad con que siguen hablando de macroproyectos decorativos y suntuarios sin ninguna utilidad productiva o educativa y que será completamente imposible financiar y sostener en unos meses, como si el cuerno de la abundancia no fuera nunca a dejar de manar billetes de 500 euros. Eso sí, el PNV ha cobrado al patético gobierno de Zapatero dos inversiones estratégicas de enorme peso: un museo del carro y otro del txakolí. ¿Se extraña alguien de que nadie pueda tomarse en serio no ya a este gobierno impotente y prepotente, sino al propio país en su conjunto?

En el plano político la cosa es igual. La Fundación Everis presenta al Rey -¿y por qué al Rey, que no tiene prerrogativa constitucional alguna para eso?- un estudio, presentado a bombo y platillo, donde se proponen reformas urgentes –Ley Electoral, por ejemplo- (vean el comentario de Manuel Hernández) que UPyD lleva defendiendo en solitario desde su nacimiento. Pero las damas y caballeros de tan importante fundación todavía parecen no haberse enterado ni de que PSOE y PP y sus aliados nacionalistas se oponen frontalmente a cualquier reforma política, votando en contra a toda propuesta legislativa en ese sentido, ni de que, en cualquier caso, son los partidos políticos y las instituciones parlamentarias, y no la Corona –que cada vez cuestiona más gente-, los responsables de debatir y legislar sobre esas cuestiones que acaban de descubrir… Y esas son o pretenden ser las élites empresariales, académicas e intelectuales de este país… Lógico que nadie nos tome en serio, que todo el mundo apueste contra el futuro de España, y que las multinacionales españolas estén inquietas por el daño que está haciendo a su imagen su nacionalidad de origen.

O viajemos un rato a Cataluña, donde siempre ha dominado la narcisista percepción de que ellos son los más modernos, abiertos y avanzados de los españoles. Ya: la campaña electoral catalana se ha convertido en el hazmerreir de Europa con sus vídeos pornos o hispanófobos, sus juegos de rol racistas y el absoluto rechazo de la política que ha conseguido en la sociedad catalana, prometiendo cotas históricas de abstención (tengo comprometidas un par de apuestas a que superará el 50% del censo). Sí, pero quedan los famosos “intelectuales críticos”, dirá alguno para consolarse. Pues si se refiere a esos escritores y tertulianos empeñados todavía en salvar su juguete político, del que nunca se ocuparon en serio, sólo por salvar su vanidad de padres de la criatura, y sin querer entender que su apoyo a un pequeño partido regional sin horizonte ni proyecto político conocido, colabora tanto al ninguneo de UPyD (la única fuerza política nacional con un proyecto de reforma política constitucional que se presenta a las elecciones catalanas) como a reforzar al detestado establishment catalán, estamos aviados. Lo que se está larvando en Cataluña, y tiempo habrá para analizarlo tras los resultados electorales, es la explosiva amalgama del cóctel más peligroso de la historia europea, a saber: nacionalismo exaltado + crisis política y descrédito de la democracia + crisis económica de larga duración con gran desempleo + aumento de la xenofobia.

Somos, sencillamente, un país paralizado por un vicio: el cultivo del autoengaño y de la mentira.

La quiebra de Cataluña, de Madrid… y la de España (y quizás la UE)

Carlos Martínez Gorriarán — Fri, 19 Nov 2010 04:24:51 +0000

Alberto Ruiz Gallardón ha visitado a José Luis Rodríguez Zapatero para rogarle que haga una excepción con el ayuntamiento de Madrid y le permita endeudarse para hacer frente al gigantesco déficit de la capital. La Generalitat ha lanzado una emisión de bonos de deuda a un interés del 4’75% a un año y dos días que, me decía un amigo conocedor, les están quitando de las manos. Tanto la ciudad de Madrid como la Generalidad de Cataluña se enfrentan a una brutal falta de liquidez que les impide pagar a proveedores y, muy pronto si no hacen algo, las nóminas de sus empleados y los intereses de su enorme deuda. Entre tanto, la Junta de Andalucía –cuyo rating de deuda pública es tan malo como el catalán por las mismas razones: derroche de recursos- ha anunciado que convertirá a casi veinte mil empleados públicos en funcionarios, saltándose los procedimientos de oposición pública e incrementando su deuda por gasto corriente. Cada vez se anuncia con más insistencia que el Estado español está en puertas de una suspensión de pagos que, a diferencia de la irlandesa y la muy probable portuguesa, no podrá rescatarse con fondos de la UE debido al gran tamaño de nuestra economía. Como indicios de esta próxima quiebra, los inversores internacionales rechazan prestar dinero a las Cajas de Ahorro (51% del sistema financiero español) incluso cuando están avaladas por el Estado: sencillamente, el Estado español ya no tiene crédito, o lo que es lo mismo, el dinero internacional no se cree que sea capaz de hacer frente al pago de la deuda pública ni de la privada avalada.

La situación financiera de Madrid –también la de la Comunidad, aunque de esta se hable menos- tiene que ser desesperada –casi ocho mil millones de euros conocidos, seguramente muchos más ocultados en entes públicos- para que Gallardón recorra el humillante camino de Canossa de pedir ayuda excepcional a Zapatero, el único responsable de todos los desastres según su partido, el PP. La situación financiera de España tiene que ser desesperada para que Zapatero renuncie a la interesante humillación de uno de sus principales rivales políticos, despejando el camino a los candidatos socialistas.

La emisión de bonos catalanas es de las que ese amigo califica de “argentinas”: las ofertas fabulosas que preceden al crack del sistema. Porque es una emisión para captar dinero con el que pagar gasto corriente -nóminas, intereses y proveedores- que, en su momento, habrá que refinanciar con una emisión todavía más astronómica que endeudará aun más a Cataluña. Cuando los políticos catalanes peregrinen a La Moncloa para pedir que el detestado Estado común les saque del aprieto, el inquilino del momento les mostrará las arcas vacías y les mandará a casa sin nada, como a Gallardón.

Madrid, Cataluña y Andalucía suman entre las tres casi la mitad de la población de España, y un gran porcentaje de su PIB. También acumulan una enorme deuda pública y privada en gran parte de magnitud desconocida, porque nadie se cree las cifras oficiales (basta con ver que el agujero de Cajasur era mucho mayor que el declarado oficialmente). Si esas tres comunidades quiebran, es imposible que España en su conjunto no quiebre. Los mercados internacionales dan por descontado que acabará pasando, e incluso dan una fecha aproximada: el primer trimestre del año que viene. De eso ya prácticamente no se duda, y las especulaciones giran en torno a lo que pasará después: ¿será España expulsada del euro? ¿podrá subsistir la propia UE si expulsa a España de su zona económica? ¿Arrastrará la quiebra de España a la Unión Europea, tal como es ahora? Así estamos.

Y sin embargo, muchos analistas insisten en que España tiene una economía y unas cuentas públicas en mejor estado que las de Grecia, Irlanda o Portugal. ¿Cuál es la diferencia con estos países que agrava tanto nuestras expectativas? Pues está claro: nuestro sistema político. Es un lastre para España. Y no sólo lo es Zapatero, aunque este sea el más responsable en su calidad de jefe del gobierno, también son un lastre Rajoy, Durán i Lleida, Erkoreka y compañía. Ninguno de ellos está dispuesto a poner en marcha ni una sola de las reformas indispensables para hacer viable al Estado y remontar esta enorme crisis económica.

Obsérvese que en las comunidades y ciudades citadas gobiernan o han gobernado en los últimos veinte años los tres actores principales del sistema político español: PSOE (en Andalucía y Cataluña bajo la franquicia PSC), PP (Madrid) y nacionalistas (CIU y ERC). Por cierto, las demás comunidades no están mucho mejor, aunque su situación sea menos llamativa debido a su menor tamaño demográfico y económico. Ni siquiera las del Concierto, País Vasco y Navarra, se salvarán de la quema si todo se hunde (por mucho que ello alegre a los abertzales, que ya sueñan con el desgajamiento de facto de España); significativa al respecto la amenaza de la Comisión Europea a las alegres y aprovechadas diputaciones forales por incumplir descaradamente la sanción impuesta por las “vacaciones fiscales” vascas. Si la Comisión llega hasta el final y obliga a devolver las ayudas ilegales a empresas y haciendas, también éstas se verán en apuros a la irlandesa… por mucho que se imaginen de un mundo aparte.

En resumen: crisis financiera hay en muchos Estados, pero España es el único de los de cierto peso mundial que ve muy agravada su situación por una pérdida total de crédito a consecuencia de que su sistema político es incapaz de gestionar el país como es debido, enfangado como está en la corrupción institucional y preso de oscuros intereses trabados durante estos años. PSOE, PP y nacionalistas no harán sino empeorar la situación del país, hundiendo el interés general por salvar el suyo partidario. No se trata sólo de echar a Zapatero, que también, sino de reformar la casa de la democracia de arriba abajo. El que no quiera verlo tendrá no muy tarde un amargo despertar.

Lo que hay de malo en ello

Carlos Martínez Gorriarán — Wed, 09 Jun 2010 04:00:01 +0000

El parlamento catalán aprobó ayer, con los votos de CIU, ERC e ICV, admitir a trámite una Iniciativa Popular (IP) para convocar un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Se trata de repetir a escala autonómica las caricaturas de referéndums sobre la independencia celebrados en numerosos municipios catalanes, en los que se preguntó a los inscritos en un censo simulado –que incluye menores de edad e inmigrantes sin derecho a voto- si deseaban que Cataluña fuera un Estado independiente miembro de la Unión Europea. Nadie se extrañe: se veía venir, porque ninguna autoridad hizo nada para impedir que esos simulacros se celebraran con la connivencia de los ayuntamientos, que prestaron locales públicos, soporte técnico y hasta policía y funcionarios municipales, manipulando un censo que necesariamente alguien tuvo que aportar sin que se reclamara la menor responsabilidad a nadie por un delito teóricamente muy penado por la exigente –casi histérica- legislación de protección de datos privados (procede recordar que Batasuna fue ilegalizada, entre otras razones, porque se consideró probado que pasaba a ETA el censo electoral). Pero ya es sabido que en este país de pandereta se puede perpetrar cualquier tropelía impunemente siempre que los autores sean poderosos e invoquen móviles “políticos”.

Los juristas nos recordarán que el parlamento catalán no puede convocar referéndums sin la autorización expresa del Gobierno de España, único constitucionalmente autorizado a convocarlos porque es una competencia exclusiva del Estado (art. 143º.1.32 CE), pero es cierto que a estas alturas el gobierno da más risa e inspira más desprecio que cualquier otra cosa, y la Constitución es poco más que papel mojado gracias, entre otras cosas, a la reforma encubierta iniciada por el nuevo Estatuto de Cataluña y sus imitaciones. Los políticos de este régimen en descomposición también se agarrarán al argumento de las competencias legales, porque sus perezosas maquinarias mentales apenas pueden ir más allá o sus compromisos no les dejan, y la mayoría de los tertulianos y analistas de prensa que pasan por expertos harán lo mismo. Pero como el Parlament aprobó, con apoyo socialista, una Ley de Consultas que abría la puerta a esta tipo de iniciativas, cabe augurar una aburrida y desenfocado litigio sobre si la Ley de Consultas catalana es o no constitucional –y ya sólo faltaría preguntar al TC sobre el asunto-, y si el resultado de un referéndum celebrado bajo su problemático paraguas legal tiene o no algún poder vinculante (muchos dirán que no hay nada malo en preguntar a la gente su opinión…)

Pues no: el problema de ese referéndum no es si tiene o no cobertura legal, sino que la pregunta que hace y el ámbito de decisión política que instaura, y el que excluye, son incompatibles no con determinado precepto constitucional, sino con la Constitución en su conjunto y por tanto con la democracia. Veamos por qué.

Ibarretxe, que pretendía algo semejante con el “derecho a decidir” previsto en su famoso Plan, desafiaba siempre a sus críticos a decir “que había de malo en ello”; era ello que su “Pueblo Vasco” tomara decisiones unilaterales sobre asuntos que atañen a la soberanía de la nación española definida por la Constitución. Naturalmente, jamás se molestaba en escuchar la respuesta porque su premisa de partida es que nada hay más democrático que dar la palabra al “pueblo”. Exactamente lo mismo que dicen ahora sus correligionarios catalanes. Y lo mismo que proclaman populistas, demagogos y separatistas por todo el ancho mundo.

Sin embargo, en una democracia aceptable el único “pueblo” al que cabe dar la palabra es al cuerpo electoral definido por la Constitución vigente. Todas las constituciones son en este sentido similares: sobre asuntos de interés general solo puede decidir el cuerpo electoral nacional, por ejemplo para elegir el nuevo parlamento o para decidir algo en un referéndum legal. Lo que no se contempla nunca es que una parte separada de ese cuerpo electoral puede decidir por el conjunto, y de paso romperlo por la via de los hechos consumados. Ni el “pueblo vasco” ni el “pueblo catalán” pueden decidir sobre la independencia de los territorios que les atribuyen los nacionalistas, porque esa decisión afecta a la unidad territorial y política de la nación constitucional de la que forman parte (y esta es la única nación democrática, no las naciones románticas). Si se aceptara la pretensión nacionalista, resultaría que los vascos y catalanes tendrían más derechos que el resto de sus conciudadanos, pues podrían imponerles a éstos decisiones que les afectan pero sobre las que no se les permite decidir. Por lo tanto, esos referéndums rompen la igualdad consustancial a la democracia, segregando la ciudadanía en bloques desiguales en derechos y también en obligaciones, pues también se pretende que el resto de españoles acepte como una obligación democrática el resultado de esos referéndums en los que no se les permite participar pese a dirimir un asunto que les afecta directamente: el futuro de su país. Esto es lo que hay de malo en ello: que la concepción nacionalista de “democracia participativa” es un atentado en toda regla contra la democracia sin apellidos.

Nadie sabe cómo va a acabar esta aventura en un país donde el propio gobierno, comenzado por su presidente, no se aburren de proclamar la inmarcesible estupidez de que cuanto menos centralismo y más nacionalismo, más y mejor democracia. Ahora pueden ir recogiendo los frutos de su siembra de creencias estúpidas y oportunistas. Al desastre económico y político se une el hundimiento del Estado democrático como sistema de instituciones comunes fundadas en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos.

Añadamos al pitorreo que el partido decisivo en la aprobación de la IP independentista haya sido CIU. Esa coalición cuyo portavoz en el Congreso, Durán i Lleida, recibió hace nada todo tipo de aplausos, loores y elogios por su altura de estadista y última o penúltima esperanza de la democracia hispana. Hubo muchos que incluso le postularon como presidente ideal de un gobierno de concentración que liderase la reacción contra la crisis, o al menos como un ministro de mucho peso en esa criatura gubernamental. Para ellos, el dato de que represente a un partido que pretende volar por los aires la Constitución rompiendo la comunidad política española para poner en su lugar al “poble català”, es una anécdota carente de la menor importancia. Como nombrar director del hospital a un enfermo terminal, ya que nadie sabe tanto del tema. Realmente, este es un país que agota los adjetivos.

Ineptocracia, crisis y política

Carlos Martínez Gorriarán — Thu, 29 Apr 2010 04:00:43 +0000

En la sesión de control del Gobierno de ayer, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta Salgado se quedó en blanco en plena réplica a Soraya Sáez de Santamaría. Enmudeció cuando estaba explicando a su rival las grandes ventajas de la economía española en comparación con las de Grecia. Visto el tema, no es extraño que perdiera el hilo y la trama, porque tales ventajas son muy discutibles y para algunos más imaginarias que otra cosa; de hecho, los mercados internacionales de deuda pública no parecen creérselas demasiado (y por cierto, dos excelentes artículos al respecto de McCoy y de Alvaro Anchuelo). Pero confirmando el adagio de que todo lo que va mal puede empeorar, la vicepresidenta Salgado recuperó el don de la palabra con esta extraordinaria revelación: la gran diferencia respecto a Grecia es la solidez y estabilidad de las instituciones españolas. Léanlo de nuevo, es lo que dijo. Pura antiprofecía, porque si esto es todo lo que el Gobierno –y la oposición- puede presentar como aval de su solvencia, estamos perdidos.

¡Dios santo, de las instituciones sólidas y estables, dice! ¿Cuáles? ¿La administración de justicia? ¿El Tribunal Constitucional empantanado y despreciado? ¿El Tribunal Supremo, motejado de fascista con la connivencia del Gobierno? ¿Los sindicatos empeñados en defender la intocabilidad de Garzón mientras el paro asciende al 20%? ¿La patronal CEOE, presidida por un empresario insolvente? ¿Las cajas de ahorros al borde de la quiebra, dirigidas por delegados de los partidos a los que condonan sus deudas? ¿Los medios de comunicación públicos, convertidos en altavoces del partido de gobierno que los manipula? ¿Los medios de comunicación privados, al servicio del partido que los sostiene con publicidad y favores? ¿El sistema educativo, con el récord europeo de empeoramiento constante de sus resultados? ¿Las CCAA, que derrochan 26.000 millones € anuales por su mala gestión y no responden ante nadie ni hacen nada para evitarlo? ¿Los ayuntamientos insaciables, que nos endeudan para varias generaciones sólo para volver a levantar calles y plazas recién levantadas? Y finalmente, ¿es sólido y estable el Gobierno que sólo controla el 35% o 30% del gasto público y cuyo único modo de conseguir mayorías parlamentarias es comprar votos nacionalistas, cosa ya imposible porque el saco de billetes está -¡por fortuna!- vacío, debido a lo cual el martes 27 perdió tres votaciones sobre medidas económicas importantes al no poder comprar ni votos vascos ni canarios o catalanes ya que no gallegos? ¿o confiamos en la oposición del PP, estúpida y corresponsable del actual desbarajuste? ¿Estas y otras son las estupendas, sólidas y estables instituciones que van a protegernos de un destino económico aciago? Pues dan ganas de pedir la nacionalidad griega, al menos allí ya saben lo que les pasa y lo que les espera.

En resumen: vivimos en una ineptocracia, un gobierno de ineptos resultado de un sistema inepto. Nadie informado puede ignorarlo ya. La ineptocracia es el resultado de treinta años de sistema político y público basado en la selección negativa, tanto de los personajes más ineptos de cada grupo social como de las normas y reglas más ineptas para gobernar y gestionar las cosas públicas. Y no sólo en el Gobierno y su partido, sino en todos los partidos tradicionales, en los grandes sindicatos, en las patronales, en las empresas públicas, etc. El sistema de pactos políticos vigente ha consistido en un mercadeo opaco y a gran escala de favores entre partidos, empresas, sindicatos, constructores y medios de comunicación. Mercadeo que ha sido posible mientras entraba dinero y más dinero en la caja gracias a la prosperidad económica, y que ha tenido la consecuencia del engorde ilimitado del sistema, ejemplificado en los más de 500.000 empleados públicos contratados entre 1999 y 2009 por las distintas administraciones públicas para gestionar los mismos asuntos, en un caso de extraordinaria elefantiasis burocrática, más descarnada todavía cuando se comprueba que el porcentaje de empleos productivos de esa cifra –de médicos, maestros, militares, policías, carteros, etc.- es inferior al de empleos de puro mantenimiento, pago de favores y gestión de la cosa obesa en sí.

Pues señor, se acabó lo que se daba: cada año entrará menos dinero a las arcas públicas por la contracción de la economía, y aumentará en cambio el monto de la deuda a pagar. Ya no se podrá mantener el pago de favores opacos ni el reparto de beneficios entre los socios y leales. Y vamos a pagarlo caro todos. Sobre todo porque si bien se extiende la conciencia de que la crisis que vivimos es la suma de una crisis económico-financiera muy grave con una crisis político-institucional gravísima, sin precedentes –una especie de tormenta perfecta de la cosa pública, en la que flotamos como cascarones a la deriva-, sigue estancada la conciencia de que esta crisis tiene pese a todo solución, pero que tal solución es básicamente política, es decir, pública y ciudadana. ¡Es la política, estúpidos! (© Rosa Díez, sobre una idea original de la campaña de Clinton).

La crisis no se va a resolver en la buena dirección –porque se resolverá, pero puede que en la mala- con lamentos y denuestos ni alarmada contemplación. No basta con soltar elevadas denuncias y logradas soflamas en las tertulias de radios y televisiones. No es suficiente con escribir airados posts contra los políticos (¿y los vagos? ¿y los defraudadores? ¿y los parásitos de todos los ámbitos?) en blogs y foros de internet. No sirve para nada reclamar mesura, sosiego y altura de miras a la ineptocracia. Reclamar a otros lo que están en la propia mano pero no se hace es una muestra de impotencia, cobardía o hipocresía. Es hora de asumir riesgos y compromisos que sólo pueden ser personales. Si estás por la labor, nosotros te ofrecemos un instrumento político para hacer frente al desmoronamiento de lo público, de lo que nos une a todos porque todos lo necesitamos. Un instrumento sin duda mejorable, pero dispuesto a todo y preparado para funcionar. Se llama UPyD y es un pequeño y joven partido político con poca experiencia y muchas ideas. Y anímense, hay sitio de sobra para todas las personas que puedan aportar algo. A la política, por supuesto.