Los juristas nos recordarán que el parlamento catalán no puede convocar referéndums sin la autorización expresa del Gobierno de España, único constitucionalmente autorizado a convocarlos porque es una competencia exclusiva del Estado (art. 143º.1.32 CE), pero es cierto que a estas alturas el gobierno da más risa e inspira más desprecio que cualquier otra cosa, y la Constitución es poco más que papel mojado gracias, entre otras cosas, a la reforma encubierta iniciada por el nuevo Estatuto de Cataluña y sus imitaciones. Los políticos de este régimen en descomposición también se agarrarán al argumento de las competencias legales, porque sus perezosas maquinarias mentales apenas pueden ir más allá o sus compromisos no les dejan, y la mayoría de los tertulianos y analistas de prensa que pasan por expertos harán lo mismo. Pero como el Parlament aprobó, con apoyo socialista, una Ley de Consultas que abría la puerta a esta tipo de iniciativas, cabe augurar una aburrida y desenfocado litigio sobre si la Ley de Consultas catalana es o no constitucional –y ya sólo faltaría preguntar al TC sobre el asunto-, y si el resultado de un referéndum celebrado bajo su problemático paraguas legal tiene o no algún poder vinculante (muchos dirán que no hay nada malo en preguntar a la gente su opinión…)

Pues no: el problema de ese referéndum no es si tiene o no cobertura legal, sino que la pregunta que hace y el ámbito de decisión política que instaura, y el que excluye, son incompatibles no con determinado precepto constitucional, sino con la Constitución en su conjunto y por tanto con la democracia. Veamos por qué.

Ibarretxe, que pretendía algo semejante con el “derecho a decidir” previsto en su famoso Plan, desafiaba siempre a sus críticos a decir “que había de malo en ello”; era ello que su “Pueblo Vasco” tomara decisiones unilaterales sobre asuntos que atañen a la soberanía de la nación española definida por la Constitución. Naturalmente, jamás se molestaba en escuchar la respuesta porque su premisa de partida es que nada hay más democrático que dar la palabra al “pueblo”. Exactamente lo mismo que dicen ahora sus correligionarios catalanes. Y lo mismo que proclaman populistas, demagogos y separatistas por todo el ancho mundo.

Sin embargo, en una democracia aceptable el único “pueblo” al que cabe dar la palabra es al cuerpo electoral definido por la Constitución vigente. Todas las constituciones son en este sentido similares: sobre asuntos de interés general solo puede decidir el cuerpo electoral nacional, por ejemplo para elegir el nuevo parlamento o para decidir algo en un referéndum legal. Lo que no se contempla nunca es que una parte separada de ese cuerpo electoral puede decidir por el conjunto, y de paso romperlo por la via de los hechos consumados. Ni el “pueblo vasco” ni el “pueblo catalán” pueden decidir sobre la independencia de los territorios que les atribuyen los nacionalistas, porque esa decisión afecta a la unidad territorial y política de la nación constitucional de la que forman parte (y esta es la única nación democrática, no las naciones románticas). Si se aceptara la pretensión nacionalista, resultaría que los vascos y catalanes tendrían más derechos que el resto de sus conciudadanos, pues podrían imponerles a éstos decisiones que les afectan pero sobre las que no se les permite decidir. Por lo tanto, esos referéndums rompen la igualdad consustancial a la democracia, segregando la ciudadanía en bloques desiguales en derechos y también en obligaciones, pues también se pretende que el resto de españoles acepte como una obligación democrática el resultado de esos referéndums en los que no se les permite participar pese a dirimir un asunto que les afecta directamente: el futuro de su país. Esto es lo que hay de malo en ello: que la concepción nacionalista de “democracia participativa” es un atentado en toda regla contra la democracia sin apellidos.

Nadie sabe cómo va a acabar esta aventura en un país donde el propio gobierno, comenzado por su presidente, no se aburren de proclamar la inmarcesible estupidez de que cuanto menos centralismo y más nacionalismo, más y mejor democracia. Ahora pueden ir recogiendo los frutos de su siembra de creencias estúpidas y oportunistas. Al desastre económico y político se une el hundimiento del Estado democrático como sistema de instituciones comunes fundadas en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos.

Añadamos al pitorreo que el partido decisivo en la aprobación de la IP independentista haya sido CIU. Esa coalición cuyo portavoz en el Congreso, Durán i Lleida, recibió hace nada todo tipo de aplausos, loores y elogios por su altura de estadista y última o penúltima esperanza de la democracia hispana. Hubo muchos que incluso le postularon como presidente ideal de un gobierno de concentración que liderase la reacción contra la crisis, o al menos como un ministro de mucho peso en esa criatura gubernamental. Para ellos, el dato de que represente a un partido que pretende volar por los aires la Constitución rompiendo la comunidad política española para poner en su lugar al “poble català”, es una anécdota carente de la menor importancia. Como nombrar director del hospital a un enfermo terminal, ya que nadie sabe tanto del tema. Realmente, este es un país que agota los adjetivos.

¡Dios santo, de las instituciones sólidas y estables, dice! ¿Cuáles? ¿La administración de justicia? ¿El Tribunal Constitucional empantanado y despreciado? ¿El Tribunal Supremo, motejado de fascista con la connivencia del Gobierno? ¿Los sindicatos empeñados en defender la intocabilidad de Garzón mientras el paro asciende al 20%? ¿La patronal CEOE, presidida por un empresario insolvente? ¿Las cajas de ahorros al borde de la quiebra, dirigidas por delegados de los partidos a los que condonan sus deudas? ¿Los medios de comunicación públicos, convertidos en altavoces del partido de gobierno que los manipula? ¿Los medios de comunicación privados, al servicio del partido que los sostiene con publicidad y favores? ¿El sistema educativo, con el récord europeo de empeoramiento constante de sus resultados? ¿Las CCAA, que derrochan 26.000 millones € anuales por su mala gestión y no responden ante nadie ni hacen nada para evitarlo? ¿Los ayuntamientos insaciables, que nos endeudan para varias generaciones sólo para volver a levantar calles y plazas recién levantadas? Y finalmente, ¿es sólido y estable el Gobierno que sólo controla el 35% o 30% del gasto público y cuyo único modo de conseguir mayorías parlamentarias es comprar votos nacionalistas, cosa ya imposible porque el saco de billetes está -¡por fortuna!- vacío, debido a lo cual el martes 27 perdió tres votaciones sobre medidas económicas importantes al no poder comprar ni votos vascos ni canarios o catalanes ya que no gallegos? ¿o confiamos en la oposición del PP, estúpida y corresponsable del actual desbarajuste? ¿Estas y otras son las estupendas, sólidas y estables instituciones que van a protegernos de un destino económico aciago? Pues dan ganas de pedir la nacionalidad griega, al menos allí ya saben lo que les pasa y lo que les espera.

En resumen: vivimos en una ineptocracia, un gobierno de ineptos resultado de un sistema inepto. Nadie informado puede ignorarlo ya. La ineptocracia es el resultado de treinta años de sistema político y público basado en la selección negativa, tanto de los personajes más ineptos de cada grupo social como de las normas y reglas más ineptas para gobernar y gestionar las cosas públicas. Y no sólo en el Gobierno y su partido, sino en todos los partidos tradicionales, en los grandes sindicatos, en las patronales, en las empresas públicas, etc. El sistema de pactos políticos vigente ha consistido en un mercadeo opaco y a gran escala de favores entre partidos, empresas, sindicatos, constructores y medios de comunicación. Mercadeo que ha sido posible mientras entraba dinero y más dinero en la caja gracias a la prosperidad económica, y que ha tenido la consecuencia del engorde ilimitado del sistema, ejemplificado en los más de 500.000 empleados públicos contratados entre 1999 y 2009 por las distintas administraciones públicas para gestionar los mismos asuntos, en un caso de extraordinaria elefantiasis burocrática, más descarnada todavía cuando se comprueba que el porcentaje de empleos productivos de esa cifra –de médicos, maestros, militares, policías, carteros, etc.- es inferior al de empleos de puro mantenimiento, pago de favores y gestión de la cosa obesa en sí.

Pues señor, se acabó lo que se daba: cada año entrará menos dinero a las arcas públicas por la contracción de la economía, y aumentará en cambio el monto de la deuda a pagar. Ya no se podrá mantener el pago de favores opacos ni el reparto de beneficios entre los socios y leales. Y vamos a pagarlo caro todos. Sobre todo porque si bien se extiende la conciencia de que la crisis que vivimos es la suma de una crisis económico-financiera muy grave con una crisis político-institucional gravísima, sin precedentes –una especie de tormenta perfecta de la cosa pública, en la que flotamos como cascarones a la deriva-, sigue estancada la conciencia de que esta crisis tiene pese a todo solución, pero que tal solución es básicamente política, es decir, pública y ciudadana. ¡Es la política, estúpidos! (© Rosa Díez, sobre una idea original de la campaña de Clinton).

La crisis no se va a resolver en la buena dirección –porque se resolverá, pero puede que en la mala- con lamentos y denuestos ni alarmada contemplación. No basta con soltar elevadas denuncias y logradas soflamas en las tertulias de radios y televisiones. No es suficiente con escribir airados posts contra los políticos (¿y los vagos? ¿y los defraudadores? ¿y los parásitos de todos los ámbitos?) en blogs y foros de internet. No sirve para nada reclamar mesura, sosiego y altura de miras a la ineptocracia. Reclamar a otros lo que están en la propia mano pero no se hace es una muestra de impotencia, cobardía o hipocresía. Es hora de asumir riesgos y compromisos que sólo pueden ser personales. Si estás por la labor, nosotros te ofrecemos un instrumento político para hacer frente al desmoronamiento de lo público, de lo que nos une a todos porque todos lo necesitamos. Un instrumento sin duda mejorable, pero dispuesto a todo y preparado para funcionar. Se llama UPyD y es un pequeño y joven partido político con poca experiencia y muchas ideas. Y anímense, hay sitio de sobra para todas las personas que puedan aportar algo. A la política, por supuesto.

Es evidente que la reforma de la anacrónica regulación de las cajas de ahorro urge por las exigencias de saneamiento del sistema financiero, pues las cajas se han convertido en bombas de relojería por riesgos acumulados de magnitud en buena parte desconocida. Por ejemplo, la insolvencia de muchas debido a su abusiva implicación en la burbuja inmobiliaria (son las principales acreedoras de esa escalofriante cifra de 350.000 millones de euros en créditos inmobiliarios probablemente incobrables). Y además hay razones de justicia no menos urgentes: los privilegios y chanchullos que prodigan a sus beneficiarios, inaccesibles para los simples particulares que, encima, son quienes las sostienen con sus depósitos y nóminas.

La moción de UPyD que todos los demás partidos han votado en contra, como un solo hombre o mujer, pedía cosas tan insólitas –aunque adoptadas en muchos países europeos desde hace años- como separar la “obra social” del negocio bancario, que debe regirse por criterios profesionales de rentabilidad, impedir a las comunidades autónomas que puedan vetar fusiones de cajas o cambios similares –como pretende la ley de Núñez Feijóo que el Gobierno ha decidió recurrir ante el Constitucional-, poner al frente de la gestión a profesionales, someter las decisiones estratégicas al control del Banco de España, y erradicar la manipulación actual que ha convertido la representación en los órganos de gestión de trabajadores y clientes en sendas representaciones delegadas de partidos y sindicatos. Entre otras cosas. Pues bien: PSOE, PP, CIU, PNV, ERC, CC, BNG, IU-IPC, NaBai y tuti quanti han votado unánimemente en contra. El mismo día en que un inspirado Eduardo Sotillos explicaba en su blog que el ascenso de la popularidad de UPyD expresa la indiferencia de algunos votantes… ¡por las diferencias de programa entre los partidos! ¿No es desternillante?

Se trataba, claro, de la caja, o mejor dicho, de la libertad de meter mano en ella para financiar todo tipo de intereses espurios, políticos en el sentido peyorativo del término, porque poco tienen que ver con el interés público inversiones disparatadas como el aeropuerto de Ciudad Real que ha hundido a Caja de Castillla-La Mancha, o la especulación inmobiliaria a la que casi todas se echaron a tumba abierta. Otro de los ingredientes obvios de la crisis económica, en curso, una crisis económica agravada por una crisis política consecuencia de un sistema de partidos degenerado. Pero claro, ya lo dice José Blanco: ¡es una conspiración internacional contra nuestro maravilloso sistema! Y contra el euro, o.c.

Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).

Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.

En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?

Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?

En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.

Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.

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