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El hundimiento (a cámara lenta) de la Transición

Ha hecho falta que Obama llamara el martes a Zapatero exigiéndoles medidas de recorte del gasto público, porque el default de la economía española puede agravar la crisis mundial, para que el gran ignaro subiera hoy a la tribuna del Congreso y anunciara una batería de medidas de ahorro que se pueden resumir así: hacer pagar la crisis a quienes tenemos menor capacidad de presión sobre el Gobierno. Y eso se traduce en suspender en la práctica la aplicación de la Ley de Dependencia (que ya venía siendo caótica o imaginaria), congelar las pensiones, apretar los tornillos a la industria farmacéutica y, sobre todo, bajar el sueldo de los funcionarios una media del 5% (que en muchos casos se acercará al 10%). Este último despojo será sin duda popular, porque muchos olvidan, cuando oyen el término funcionario, que se trata de bajar el sueldo al maestro de sus hijos, al médico y la enfermera que les atienden, o al bombero, el policía y el militar que se juegan el tipo por su seguridad. Unamos esta batería de medidas al incremento del IVA, que pagan por igual millonarios y desempleados sin ayudas públicas, la ausencia de cualquier reforma fiscal que afecte a las SICAV y similares, añadamos que no hay ninguna previsión de reducción del Gobierno ni sobre todo de las elefantiásicas administraciones autonómicas y municipales, y se acaba dibujando una “salida de la crisis” grotescamente reaccionaria, carente de la más mínima equidad y solidaridad social o racionalidad política.

Hemos repetido infinidad de veces que la crisis económica está empeorada en el caso español por una crisis política sin precedentes. Hemos explicado una y otra vez que si el Estado español ha renunciado a la política monetaria a cambio de entrar en la zona euro, también ha renunciado al control de la política fiscal al haber transferido la parte del león del gasto público, sin ningún control digno de ese nombre, a las CCAA y ayuntamientos. Parece que en España muchos no se han enterado o no quieren enterarse de que ese desmantelamiento del Estado, del que unos pocos se han beneficiado escandalosamente, convierte a éste en ingobernable; ni siquiera el PP que, junto a medidas anticrisis sensatas (encoger el tamaño del Gobierno central), renuncia a entrar en la madre del cordero del gasto público de CCAA y ayuntamientos (pues es más fácil meterse con los sindicatos paniaguados que con Aguirre, Camps, Feijoó o Gallardón). Pero resulta que los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea sí se han dado cuenta de que esta es la realidad que en España no se quiere ver. Y por eso han impuesto, como precio de la garantía de ayudas contra la suspensión de pagos, que la política fiscal española sea supervisada y controlada por el FMI y el Ecofin. Dicho en plata: como cualquier país subdesarrollado, España ha perdido la soberanía fiscal y el control de su gobierno económico. Es la consecuencia del fracaso del Estado de las Autonomías pactado en la Transición y del abusivo sistema clientelar de partidos crecido a su calor.

Los datos no mienten: en la actualidad, la Administración central del Estado, donde trabajan la inmensa mayoría de empleados públicos a los que primero se disminuirá y luego se congelará el salario (320.124 trabajan para la Administración Central, excluyendo los 263.323 del ejército y fuerzas de seguridad del Estado, frente a 1.345. 577 de empleados públicos de las CCAA), ya sólo administra el 20% del gasto público de España. Otro 29% corresponde a la Seguridad Social. Las Comunidades Autónomas administran el 36%, y los entes locales (incluidas las diputaciones forales vascas) el 15%. Sabido que no hay ninguna intención de meter mano en ese 51% del gasto público, con sus consecuencias en el déficit y la deuda –que seguirían creciendo si no lo vetaran Ecofin y FMI-, y ello porque pronto habrá elecciones autonómicas y municipales en las que PSOE, PP y nacionalistas pujarán en la subasta de promesas demagógicas, aldeanas e incumplibles para ganar el voto de ciudadanos muy despistados o demasiado ignorantes. Pero, ¿quién iba a prestar dinero al Estado para que pueda seguir pagando su deuda, pues de eso se trata y no de reactivar la economía, sin exigir primero la llave de la caja pública? ¿Quién puede fiarse de un Parlamento que aprueba en plena crisis, el año pasado, unos Presupuestos Generales del Estado completamente inviables y falsos, mediante la compra de votos nacionalistas de toda calaña? ¿Quién puede creer ya que el problema es que salga Zapatero y que entre Rajoy, cuando la mala administración es la misma en Barcelona, Valencia y Madrid? Nadie en sus cabales. He aquí que hemos descendido al nivel, ya predicho, de la monarquía bananera de Europa. Demasiado pesados para abandonarnos a nuestra suerte, demasiado irresponsables como para dejarnos el control.

Son Zapatero y su partido –“críticos” cómplices incluidos- los responsables principales de la debacle. Pero no le van a la zaga unos socios nacionalistas y un PP que han estado haciendo en sus feudos lo mismo que critican al Gobierno central, esperando que el deterioro de la situación hiciera caer la victoria electoral como fruta madura. A estos responsables hay que añadir las asociaciones patronales y los sindicatos, los grandes grupos de comunicación, las cajas de ahorros y las empresas constructoras y bancos que han financiado todos estos años este sistema condenado al fracaso. Así que el sistema político-financiero creado en la Transición ha naufragado de modo irremisible. Sí, ya sabemos que no todo el mundo está de acuerdo, y que siguen siendo mayoría los partidarios de recetas milagrosas, como que el PP gane las elecciones para que todo siga como está echando la culpa a Zapatero por la herencia dejada. Es sabido que mientras se hundía el Titanic, lentamente (era muy grande), la orquesta seguía tocando bailables, los oficiales trataban con cortesía a las damas y pateaban a la tercera clase, y había quien estaba más preocupado por la temperatura del champagne que por el caótico derroche de botes salvavidas. Pero eso no evitó que el Titanic se hundiera.

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Necesitamos un Gobierno de Europa

La crisis de las finanzas griegas y la discusión sobre su rescate desde las instituciones europeas están poniendo sobre la mesa un debate largo tiempo eludido por diversos agentes públicos que no viene a cuento enumerar. Se trata de si es posible una moneda común de economías tan distintas que a veces resultan divergentes, sin que existan órganos políticos encargados de implementar una política económica coherente y eficaz que incluya una política fiscal común, tanto de impuestos como de inversiones y ayudas públicas a quien las necesite. El valor de una moneda tiene mucho que ver con la pujanza, tamaño y capacidad de la economía subyacente, y estas cosas dependen mucho a su vez de la constitución y eficacia de las instituciones políticas que gobiernan la sociedad donde se desenvuelve esa economía. Eso lo entiendo hasta yo, un tipo de letras de escaso talento para cifras y cálculos, al que se le hace mucho más fácil explicar el imperativo categórico de Kant o la semiótica de Peirce que el deflactor del PIB o las consecuencias del abandono del patrón oro. Cuando los problemas económicos llegan a este punto de divulgación es evidente que afectan a toda la sociedad y no sólo al círculo de los expertos, iniciados e implicados.

El euro es un experimento curiosísimo: una moneda común de economías tan distintas como las de Francia y España, y de Estados de calidad institucional tan diversa como Alemania y Grecia. Precisamente es este primer país el llamado a liderar la concesión de una enorme inyección de dinero al Estado griego, a cambio de grandes sacrificios de su ciudadanía y sin garantías de que sirva para mucho más que impedir el default o suspensión de pagos. Para los alemanes, gente con fama de disciplinada y laboriosa, tampoco es banal dedicar decenas de miles de millones de euros a ayudar a un Estado acusado de manipular sus cuentas mediante una ingeniería contable de nefastas consecuencias. También se acusa a los ciudadanos helenos de defraudar a su propio Estado, jubilarse antes que nadie y recibir ayudas de todo tipo pese a mantener una productividad muy baja en un tejido empresarial precario: una economía más balcánica que europea occidental, se repite estos días (y sólo a otro manipulador como Zapatero puede ocurrírsele que sea un gran negocio prestar a alguien tan insolvente, aunque sea necesario por otras razones).

Por tanto, los ciudadanos alemanes se preguntan por qué deben arriesgar sus fondos por un país tan poco de fiar, y por una Unión Europea que, nadie puede negarlo, ha sido incapaz de supervisar seriamente –esta va a pasar a la historia como la crisis de los supervisores, ineficientes e incompetentes- las falaces cuentas que presentaban los gobiernos turnantes de los Karamanlis y Papandreus (una especie de bipartidismo tribal). ¿Y si esta vez las estadísticas también son falsas y el griego es un voraz pozo sin fondo? Aunque se ha criticado con acidez el escaso europeísmo de esa avaricia, nadie parece autorizado a reprochar su desconfianza a los paganos alemanes cuando es un hecho que la UE no ha sabido poner orden en las cuentas de Grecia y, por razones poco aceptables, ha preferido ponerse de perfil y aceptar el engaño. Se sospecha además que haya pasado algo muy parecido con Portugal, España, Irlanda e Italia.

Parece que se acabó el plazo de las prórrogas. Si queremos la moneda única, es inexcusable abordar la creación de verdaderas instituciones federales europeas que controlen el gasto de los Estados miembros y armonicen la política fiscal de modo que el euro tenga un respaldo real, en forma de ingresos y gasto público controlado y transparente. Para que el euro sobreviva la crisis debe resolverse en una intensificación decisiva de la conversión de la Unión Europea en Estado federal, con su gobierno con capacidad ejecutiva y un parlamento con capacidad legislativa. Un banco central como el actual, que sólo lo es a medias, es completamente insuficiente.

Traduciendo esto al lenguaje doméstico español digamos que, para salir reforzados de la crisis económica y financiera, los europeos debemos hacer exactamente lo contrario de lo hecho estos treinta años en España, razón de que seamos el Estado peor preparado políticamente para hacer frente a la crisis, y por eso mismo severamente penalizado en los mercados de deuda, donde la credibilidad y solvencia del Gobierno del país al que se le compran bonos es un valor fundamental. Y no se trata sólo de que Zapatero sea un gobernante nefasto, que también, sino de que el Estado ha ido renunciando a todas las herramientas de disciplina fiscal y del gasto público indispensables para hacer frente a la crisis. Y es que nadie piensa entrevistarse con los gobiernos de las 17 CCAA para pactar con ellos las medidas contra la crisis… Si estamos tan locos como para dejar en manos de estas instituciones irracionales nuestro futuro, peor para nosotros: eso es lo que van a decirnos en todas partes.

Así, a diferencia de lo deshecho en España, Europa debe reforzar las instituciones que conviertan esta laxa Unión en un Estado de verdad. Para ayudar se podría, por ejemplo, crear un sanedrín de sabios compuesto por Zapatero, Rajoy, Montilla, Camps, Aguirre, López, Núñez Feijóo, etcétera, pedirles dictámenes sobre cómo proceder para construir Europa y salir de la crisis y hacer exactamente lo contrario de lo que aconsejen. Sera un método infalible para acertar. Es verdad que Europa soporta el grave inconveniente de carecer de una verdadera lengua común, pero en España, donde sí la tenemos, hay un amplio acuerdo entre nuestra ignara clase política en que tal ventaja es despreciable y digna de negarse porque el cultivo de la Babel doméstica resulta muy preferible, y si pese a tamaña estupidez España sigue siendo mal que bien un Estado, también Europa podrá serlo pronto si ponemos voluntad política para conseguirlo.

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Ineptocracia, crisis y política

En la sesión de control del Gobierno de ayer, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta Salgado se quedó en blanco en plena réplica a Soraya Sáez de Santamaría. Enmudeció cuando estaba explicando a su rival las grandes ventajas de la economía española en comparación con las de Grecia. Visto el tema, no es extraño que perdiera el hilo y la trama, porque tales ventajas son muy discutibles y para algunos más imaginarias que otra cosa; de hecho, los mercados internacionales de deuda pública no parecen creérselas demasiado (y por cierto, dos excelentes artículos al respecto de McCoy y de Alvaro Anchuelo). Pero confirmando el adagio de que todo lo que va mal puede empeorar, la vicepresidenta Salgado recuperó el don de la palabra con esta extraordinaria revelación: la gran diferencia respecto a Grecia es la solidez y estabilidad de las instituciones españolas. Léanlo de nuevo, es lo que dijo. Pura antiprofecía, porque si esto es todo lo que el Gobierno –y la oposición- puede presentar como aval de su solvencia, estamos perdidos.

¡Dios santo, de las instituciones sólidas y estables, dice! ¿Cuáles? ¿La administración de justicia? ¿El Tribunal Constitucional empantanado y despreciado? ¿El Tribunal Supremo, motejado de fascista con la connivencia del Gobierno? ¿Los sindicatos empeñados en defender la intocabilidad de Garzón mientras el paro asciende al 20%? ¿La patronal CEOE, presidida por un empresario insolvente? ¿Las cajas de ahorros al borde de la quiebra, dirigidas por delegados de los partidos a los que condonan sus deudas? ¿Los medios de comunicación públicos, convertidos en altavoces del partido de gobierno que los manipula? ¿Los medios de comunicación privados, al servicio del partido que los sostiene con publicidad y favores? ¿El sistema educativo, con el récord europeo de empeoramiento constante de sus resultados? ¿Las CCAA, que derrochan 26.000 millones € anuales por su mala gestión y no responden ante nadie ni hacen nada para evitarlo? ¿Los ayuntamientos insaciables, que nos endeudan para varias generaciones sólo para volver a levantar calles y plazas recién levantadas? Y finalmente, ¿es sólido y estable el Gobierno que sólo controla el 35% o 30% del gasto público y cuyo único modo de conseguir mayorías parlamentarias es comprar votos nacionalistas, cosa ya imposible porque el saco de billetes está -¡por fortuna!- vacío, debido a lo cual el martes 27 perdió tres votaciones sobre medidas económicas importantes al no poder comprar ni votos vascos ni canarios o catalanes ya que no gallegos? ¿o confiamos en la oposición del PP, estúpida y corresponsable del actual desbarajuste? ¿Estas y otras son las estupendas, sólidas y estables instituciones que van a protegernos de un destino económico aciago? Pues dan ganas de pedir la nacionalidad griega, al menos allí ya saben lo que les pasa y lo que les espera.

En resumen: vivimos en una ineptocracia, un gobierno de ineptos resultado de un sistema inepto. Nadie informado puede ignorarlo ya. La ineptocracia es el resultado de treinta años de sistema político y público basado en la selección negativa, tanto de los personajes más ineptos de cada grupo social como de las normas y reglas más ineptas para gobernar y gestionar las cosas públicas. Y no sólo en el Gobierno y su partido, sino en todos los partidos tradicionales, en los grandes sindicatos, en las patronales, en las empresas públicas, etc. El sistema de pactos políticos vigente ha consistido en un mercadeo opaco y a gran escala de favores entre partidos, empresas, sindicatos, constructores y medios de comunicación. Mercadeo que ha sido posible mientras entraba dinero y más dinero en la caja gracias a la prosperidad económica, y que ha tenido la consecuencia del engorde ilimitado del sistema, ejemplificado en los más de 500.000 empleados públicos contratados entre 1999 y 2009 por las distintas administraciones públicas para gestionar los mismos asuntos, en un caso de extraordinaria elefantiasis burocrática, más descarnada todavía cuando se comprueba que el porcentaje de empleos productivos de esa cifra –de médicos, maestros, militares, policías, carteros, etc.- es inferior al de empleos de puro mantenimiento, pago de favores y gestión de la cosa obesa en sí.

Pues señor, se acabó lo que se daba: cada año entrará menos dinero a las arcas públicas por la contracción de la economía, y aumentará en cambio el monto de la deuda a pagar. Ya no se podrá mantener el pago de favores opacos ni el reparto de beneficios entre los socios y leales. Y vamos a pagarlo caro todos. Sobre todo porque si bien se extiende la conciencia de que la crisis que vivimos es la suma de una crisis económico-financiera muy grave con una crisis político-institucional gravísima, sin precedentes –una especie de tormenta perfecta de la cosa pública, en la que flotamos como cascarones a la deriva-, sigue estancada la conciencia de que esta crisis tiene pese a todo solución, pero que tal solución es básicamente política, es decir, pública y ciudadana. ¡Es la política, estúpidos! (© Rosa Díez, sobre una idea original de la campaña de Clinton).

La crisis no se va a resolver en la buena dirección –porque se resolverá, pero puede que en la mala- con lamentos y denuestos ni alarmada contemplación. No basta con soltar elevadas denuncias y logradas soflamas en las tertulias de radios y televisiones. No es suficiente con escribir airados posts contra los políticos (¿y los vagos? ¿y los defraudadores? ¿y los parásitos de todos los ámbitos?) en blogs y foros de internet. No sirve para nada reclamar mesura, sosiego y altura de miras a la ineptocracia. Reclamar a otros lo que están en la propia mano pero no se hace es una muestra de impotencia, cobardía o hipocresía. Es hora de asumir riesgos y compromisos que sólo pueden ser personales. Si estás por la labor, nosotros te ofrecemos un instrumento político para hacer frente al desmoronamiento de lo público, de lo que nos une a todos porque todos lo necesitamos. Un instrumento sin duda mejorable, pero dispuesto a todo y preparado para funcionar. Se llama UPyD y es un pequeño y joven partido político con poca experiencia y muchas ideas. Y anímense, hay sitio de sobra para todas las personas que puedan aportar algo. A la política, por supuesto.

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La diferencia entre Obama y Zapatero, o quizás nos merecemos lo que tenemos

Cada día se hace más evidente dónde radica la diferencia entre el presidente de los USA y el del Gobierno de España, que tan parecidos se prometían desde Ferraz y sus voceros: el primero intenta cumplir sus compromisos de campaña incluso si en un momento dado son peligrosos o impopulares; el segundo no sabe ni a qué se comprometió, pero aunque lo supiera no cumpliría ni harto de grifa (o una modalidad más actual de sustancia psicodélica). Viene esto a cuento de la muy accidentada aprobación por las cámaras parlamentarias de Estados Unidos del proyecto de seguridad social universal de Obama, una de sus propuestas electorales estrella. Y aunque la propuesta parece que ha perdido bastante sustancia en el curso de su debate parlamentario, movilizando en contra argumentos tan insólitos como que es un avance hacia la implantación de comunismo en Estados Unidos, es un hecho innegable que el presidente Obama y su partido, el Demócrata, se han empeñado contra viento y marea en obtener la aprobación de un proyecto controvertido con poderosos intereses en contra, tanto ideológicos como económicos, como las aseguradoras privadas de seguros de enfermedad. Mis amigos americanos me han dicho muchas veces que el tema recurrente de los americanos de clase media, a partir de los 35 años, es su seguro privado de enfermedad y las eventualidades que cubre. Y no por afición a temas morbosos, sino porque la perspectiva de esas enfermedades que inevitablemente comienzan a desfilar por la vida de la mayoría a partir de cierta edad es sencillamente pavorosa si no se cuenta con el colchón asistencial de un sistema de Seguridad Social, por mejorable que sea. Mucho peor es no tenerlo.

Pero no era mi intención comentar las razones por las que tantos americanos se oponen, a veces con extraños argumentos, a un servicio público tan elemental como la seguridad social universal. No pretendo ser un experto de la sociedad americana de la que, como me pasa en tantísimas cosas, necesito mucha más información y juicios bien fundamentados. No, lo ilustrativo en este caso es el contraste entre la disposición de Obama y su partido a dejarse muchos pelos en la gatera con tal de cumplir en la medida de lo posible un compromiso electoral, afrontando incluso reveses electorales (como se ha visto en Massachussetts), y la habitual de Zapatero y el PSOE, ampliable en este caso al PP de Rajoy. ¿Alguien ha visto en los últimos seis años a alguno de ambos líderes o a sus respectivos partidos impulsando iniciativas legislativas con algún grado de impopularidad y resistencia social? Yo no. Todo lo contrario: lo habitual, por no decir la regla fija, es renunciar de entrada a cualquier iniciativa que pueda ser contestada por algún sector de los propios votantes y traducirse en la pérdida de votos. Aquí también hay un pacto de hierro no escrito entre PSOE y PP: nunca hagas nada que ayude al contrario, pero sobre todo nada que pueda perjudicarte a ti o a los dos. Por eso Zapatero sigue derrochando en plena crisis financiera, sin que el PP sea capaz de hacer algo más que una crítica superficial y oportunista: ambos temen, como a la peste, enajenarse el apoyo de los beneficiarios del PER, de los pensionistas y funcionarios, de los sindicatos, de los empresarios, de las cajas de ahorro, de los medios de comunicación, de los ayuntamientos, de los vascos y navarros que disfrutan del Concierto, y hasta de los cazadores furtivos si representaran una amenaza electoral suficiente.

Dado que no hay por qué pensar que Obama sea un Santo que camina sobre la Tierra –no comparto en absoluto la obamanía tan ñoña que ha llevado a darle un Nobel de la Paz antes de obtener resultado alguno por el que merecerlo-, sino un político que pretende gobernar y ser reelegido, cabe preguntarse por qué esta diferencia tan llamativa entre la conducta de los políticos americanos y los españoles. Una posible explicación está en la diferencia de cultura cívica de ambos países. En España existe el prejuicio de que los americanos son unos paletos sin cultura, atribución realmente insólita a nada que se esté un poco al tanto del verdadero nivel cultural de este país de nuestros pecados –para llorar-, pero bastará con examinar un reciente y expresivo suceso político-informativo para entender en qué consiste esa diferencia de cultura cívica auténtica.

La semana pasada, Zapatero presentó a la prensa una batería de medidas anti-crisis entre la que descollaba una tan peregrina como reducir la factura eléctrica de los edificios oficiales dependientes de su gobierno. Peregrina no porque sea malo ahorrar, sino porque tal factura es la típica de habas contadas. Sin embargo, Zapatero atribuyó a tal ahorro resultados económicos espectaculares: afirmó que el ahorro en las cuentas públicas ascendería a ¡3.000 millones de euros!, sobre una factura total de 15.000 millones. Según los pocos que se molestaron en investigar tan increíble afirmación, resultaría que el Estado estaría pagando, por el consumo de 2.000 edificios, el 50% de la facturación total por consumo eléctrico de toda España.

Pero, ¿quiénes se molestaron en investigar esta estrafalaria “previsión económica” de “recorte del gasto público”? En primer lugar, hay que decir que los grandes medios de comunicación la reprodujeron sin pestañear (¿estaban de vacaciones todos los expertos en economía, o también han sido sustituidos por becarios baratitos?) En segundo lugar, que el primero en dar la voz de alarma fue Santiago González en una entrada de su blog del 21 de marzo (vinculada en nuestra web al día siguiente); McCoy, que ayer escribía de lo mismo en su blog de Cotizalia tras entonar el mea culpa profesional, descubría otro analista que había denunciado la patraña desde su blog personal. En resumidas cuentas: con unanimidad no tan rara más allá de los ataques partidistas habituales, la casi práctica totalidad literal de expertos, periodistas económicos y políticos, tertulianos omniscientes y demás encargados de escrutar las maniobras del poder en nombre del interés general, incluido el partido de la oposición, se habían tragado la milonga de Zapatero sin pestañear. ¿No es fácil gobernar con tanta aquiescencia y tolerancia, por mucho que de vez en cuando te ponga como no digan dueñas por cosas mucho más banales que mentir al país sobre las medidas anticrisis?

Y aquí llegamos a Obama, los USA y a su diferencia de civismo con Zapatero y España. Tal cosa parece difícil de concebir en aquel país: me refiero a que un presidente anuncie un absurdo económico que no se sabe bien si es una mentira descarada o una tomadura de pelo masiva. Y todavía parece más difícil de concebir que, en ese caso, los medios de comunicación y los políticos de la oposición –porque aquí el PP, ni se ha enterado- dejaran pasar sin acerbas críticas tal muestra de ignorancia, falta de respeto a la nación o ambas cosas a la vez. Seguramente por eso un presidente como Obama no tiene más remedio que seguir adelante con sus promesas electorales, incluso si el previsto paseo triunfal se convierte en camino al Gólgota. Sencillamente, ellos se toman colectivamente mucho más en serio que nosotros, y no toleran fácilmente la mentira sistemática a un Presidente. Como colectivo humano, tenemos lo que nos merecemos a pesar de que a título individual sea profundamente injusto. ¿Y qué tenemos?: pues un país dirigido por pillos y paletos con sus correspondientes séquitos asalariados de chismosos, palmeros y difamadores del contrario, no mucho más espabilados ni cultos. Así es la cosa y así se lo hemos contado, que decía aquel periodista americano.

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Desviar las responsabilidades, o cómo maquillar la crisis con falacias

“Porque cuando tú, y tú, y tú, y yo, nos convertimos en nosotros, no hay nada que no podamos arreglar.” Esto es lo que afirma, de forma así de taxativa y apodíctica, el manifiesto de una llamativa campaña publiciatria que seguro han visto por ahí: en la prensa, en cartelería o en internet: “estosololoarreglamosentretodos.org”.

De modo más o menos sibilino pero indisimulado, el mensaje de esta campaña, pagada por las Cámaras de Comercio y las empresas patrocinadoras de la Fundación Confianza (es asombroso lo fácil que resulta sacarles dinero para estas distracciones y lo difícil que es cuando se trata de algo serio), es que la gente debe –debemos- hacerse responsable de la salida de la crisis. Y en segunda lectura, que todos debemos arrimar el hombro… en vez de criticar y desanimarnos. La campaña subraya que el pesimismo y el desánimo empeoran la crisis que, en cierto modo, sería sobre todo un estado mental: “Pero la crisis no solo está ahí fuera, también está en nuestras cabezas”.

De ser así habríamos registrado un gran progreso cognitivo: aunque la crisis económica comenzó hace más de dos años, muchos negaban que existiera tal cosa y achacaban los indicios de la que se avecinaba al pesimismo, falta de entusiasmo e incluso de patriotismo de los críticos. Por desgracia, entre estos sujetos biempensantes, rebosantes de optimismo y buen rollo (¡incluso de patriotismo!), se contaba nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero. Y el resto de su gobierno y de los partidos que lo sustentan. ¿O vamos a olvidar aquel debate televisivo en el que, contra todo pronóstico, el ministro Pedro Solbes ganó por puntos al empresario José Manuel Pizarro? Y ganó no porque tuviera más razones que éste, sino porque dijo las cosas que la mayoría de los televidentes quería oír. Que más o menos son la misma que dice esta campaña: esto-lo-arreglamos-entre-todos-con-mucho-optimismo. Pues qué bien. Ahora, que expliquen cómo es posible que se desencadenara semejante desastre financiero con la mayoría de las cabezas inundadas de optimismo y de ganas de seguir viendo como dios. ¿Cómo se explica, dada la importancia de los estados mentales en la solución de la crisis? ¿No tuvo esa ceguera colectiva ningún papel en su gestación?

Ciertamente, la campaña destila un cierto tufillo hegeliano al proponer que el salto cualitativo que va de la suma de muchos individuos al nosotros tiene consecuencias revolucionarias.  Y también del equipo de marketing de Obama, claro: yes, we can. Mientras que la suma de muchos túes y yoes resulta impotente, he aquí que el nosotros triunfa donde aquellos fracasan porque nada le está vedado. En fin, el optimismo de la voluntad. Pues cuidado, porque un pequeño empujón y ese optimismo entusiasta de los yoes disueltos en el nosotros victorioso conduce velozmente al totalitarismo. Esperemos que el siguiente paso de la campaña no consista en denunciar quiénes son (somos) los culpables de que el nosotros no consiga imponer su santa voluntad a la dura realidad. Por si acaso, estaremos atentos.

Esta campaña tiene de malo tres cosas: primera, que pretende que la crisis económica (y política) es sobre todo un estado mental, es decir, una representación subjetiva contagiosa, en vez de una situación de hecho fundada en poderosos datos materiales. Por ejemplo, el desempleo. Sintomáticamente, la campaña pone como ejemplo de la actitud a seguir a un espabilado sevillano que ha superado el problema imaginándose un trabajo. En segundo lugar, la campaña desvía el tiro: está muy bien que todos estemos dispuestos a cooperar, pero las soluciones no vendrán por esa disposición de ánimo, sino porque quienes pueden tomar decisiones las tomen de una vez, comenzando por los poderes político y económicos. En este sentido, la campaña es una peligrosa engañifa, porque desvía las responsabilidades de quienes sí tienen la capacidad y responsabilidad de tomar decisiones a quienes son meros espectadores y víctimas, con más impotencia que otra cosa. ¿O es que alguien sostiene seriamente que medidas tales como la despolitización de las cajas de ahorro, la reforma del mercado laboral o la reducción del déficit público mediante una racionalización del disparatado “Estado de las autonomías” son cosas que pasarán gracias al buen rollito de la gente?

En cualquier caso, la crisis no se resolverá promoviendo patrañas y falacias. Y llegamos así al tercer problema de esta campaña: su fe ilimitada en las virtudes del marketing y de la propaganda de calidad –es una campaña ingeniosa y bien diseñada, qué duda cabe- como sustitutivo de la comunicación basada en la veracidad cognitiva, la competencia lógica y la responsabilidad ética y política. No, miren: igual es conveniente emplear el mejor marketing y publicidad posibles en la comunicación de la realidad de la crisis y de las medidas indispensables para superarla, pero pretender que marketing y publicidad sustituyan a la política y la economía, y la propaganda a la verdad y el conocimiento, es tan inútil como peligroso a la larga.

Además, qué quieren, a uno le solivianta que le tomen por tonto y carne de creativo publicitario. Ya lo escribió magistralmente –imposible mejorarlo- Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí”. Pues lo mismo: cuando despertó del sueño narcótico del buen rollito y el optimismo creativo de la campaña, la crisis todavía seguía allí. Sólo que acrecida y desbocada por el desvío de responsabilidades, que conduce al desvarío de la razón.

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Por la caja, todos a una

La tarde de ayer, Rosa Díez se quedó sola a la hora de votar una moción de UPyD para “despolitizar” las cajas de ahorro, es decir, para liberarlas de su actual servidumbre a los intereses inconfesables de partidos políticos, sindicatos y fuerzas vivas locales, con el fin de convertir a las instituciones que controlan el 51% del negocio bancario español en verdaderas entidades crediticias al servicio de los clientes, gestionadas por profesionales e independientes de la presión de sus actuales dueños de facto para, por ejemplo, condonar créditos a los partidos políticos y financiarlos de otros mil modos turbios.

Es evidente que la reforma de la anacrónica regulación de las cajas de ahorro urge por las exigencias de saneamiento del sistema financiero, pues las cajas se han convertido en bombas de relojería por riesgos acumulados de magnitud en buena parte desconocida. Por ejemplo, la insolvencia de muchas debido a su abusiva implicación en la burbuja inmobiliaria (son las principales acreedoras de esa escalofriante cifra de 350.000 millones de euros en créditos inmobiliarios probablemente incobrables). Y además hay razones de justicia no menos urgentes: los privilegios y chanchullos que prodigan a sus beneficiarios, inaccesibles para los simples particulares que, encima, son quienes las sostienen con sus depósitos y nóminas.

La moción de UPyD que todos los demás partidos han votado en contra, como un solo hombre o mujer, pedía cosas tan insólitas –aunque adoptadas en muchos países europeos desde hace años- como separar la “obra social” del negocio bancario, que debe regirse por criterios profesionales de rentabilidad, impedir a las comunidades autónomas que puedan vetar fusiones de cajas o cambios similares –como pretende la ley de Núñez Feijóo que el Gobierno ha decidió recurrir ante el Constitucional-, poner al frente de la gestión a profesionales, someter las decisiones estratégicas al control del Banco de España, y erradicar la manipulación actual que ha convertido la representación en los órganos de gestión de trabajadores y clientes en sendas representaciones delegadas de partidos y sindicatos. Entre otras cosas. Pues bien: PSOE, PP, CIU, PNV, ERC, CC, BNG, IU-IPC, NaBai y tuti quanti han votado unánimemente en contra. El mismo día en que un inspirado Eduardo Sotillos explicaba en su blog que el ascenso de la popularidad de UPyD expresa la indiferencia de algunos votantes… ¡por las diferencias de programa entre los partidos! ¿No es desternillante?

Se trataba, claro, de la caja, o mejor dicho, de la libertad de meter mano en ella para financiar todo tipo de intereses espurios, políticos en el sentido peyorativo del término, porque poco tienen que ver con el interés público inversiones disparatadas como el aeropuerto de Ciudad Real que ha hundido a Caja de Castillla-La Mancha, o la especulación inmobiliaria a la que casi todas se echaron a tumba abierta. Otro de los ingredientes obvios de la crisis económica, en curso, una crisis económica agravada por una crisis política consecuencia de un sistema de partidos degenerado. Pero claro, ya lo dice José Blanco: ¡es una conspiración internacional contra nuestro maravilloso sistema! Y contra el euro, o.c.

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¿Necesitamos pactos PSOE-PP?

Ante la magnitud de la crisis, numerosas voces proponen enfrentarla mediante pactos entre las principales fuerzas políticas, es decir, entre PSOE y PP. Urge reeditar los Pactos de la Moncloa, dicen algunos, e incluso un Gobierno de concentración PSOE-PP, según otros, porque todos debemos tirar del carro en la misma dirección, tener generosidad y sentido de Estado, etcétera.

Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).

Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.

En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?

Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?

En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.

Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.

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La naturalidad de la xenofobia

Era de prever que actitudes xenófobas como la del ayuntamiento de Vich o el de Torrejón de Ardoz iban a brotar tarde o temprano. Es más, me parece notable que hayan tardado tanto en aparecer, y más en una crisis económica y laboral tan severa como la que atravesamos. Había varias razones para este pronóstico: cosas así ya han pasado en otros países con mucha inmigración, y es una reacción política populista muy rentable para quien la perpetra. Porque, no nos hagamos ilusiones al respecto, la xenofobia es un instinto muy arraigado en la mente humana, o lo que es lo mismo, es una pasión –baja- de lo más natural. Lo culto es tratar de vencer nuestro natural instinto xenófobo y combatir sus excesos. Porque la xenofobia, como otras fobias parecidas –el antisemitismo, el racismo o la homofobia-, es uno de esos aspectos de la naturaleza humana ordinaria que debemos esforzarnos por minimizar en lo posible. Su erradicación ya es algo más problemático, si no quimérico.

A la actual idolatría de la naturaleza, con tantas expresiones a día de hoy –del ecofundamentalismo a la nueva religión del cambio climático (¡he leído que López Uralde era un “mártir del clima” por su detención en Copenhaghe!)-, puede chocarle, o algo peor, hacer responsable a la naturaleza de la xenofobia, considerando esa baja pasión como un instinto más que como una noción ideológica o una convención cultural. Pero es muy difícil refutar el hecho de que la práctica totalidad de las comunidades humanas documentadas, sea por la historia o por la antropología, e incluso por la experiencia viajera de cada cual, albergan una profunda desconfianza, que puede llegar al odio más irracional, por “los otros”, es decir, por el extranjero. Un elocuente ejemplo de esta tendencia es el hecho de cada comunidad llamara a su vecina con un nombre despectivo que señalaba algún presunto defecto o tara de esos tipos no del todo humanos. Incluso en la civilizadísima Atenas de Pericles la condición de meteko, descendiente de un extranjero, era motivo suficiente para quedar excluido de la ciudadanía, reservada a los varones de las supuestas familias autóctonas. La idea de la igualdad radical de todos los seres humanos ha sido siempre muy minoritaria o más bien parcial (los cristianos y musulmanes sólo consideraban, o siguen considerando, realmente iguales a los fieles de la comunidad, excluyendo a herejes, paganos e infieles), hasta que la Ilustración la proclamó con un carácter realmente universal. Así pues, las ideologías xenófobas o abiertamente racistas se han reducido, por lo general, a algo tan fácil como dar una carta de naturaleza supuestamente respetable, política, a lo que no son sino prejuicios, fobias y miedos reaccionarios contra los ajenos a la propia tribu, sea ésta pequeña o se trate de una comunidad enorme. Siguiendo el llamado “síndrome del gallinero” -todas las gallinas tienen una o varias a las que picotear agresivamente, excepto la de más bajo rango-, incluso las comunidades marginadas y despreciadas desprecian y marginan a su vez a las que consideran inferiores.

La buena educación no es, sin duda, suficiente para por lo menos avergonzarse y renegar de las emociones xenófobas que albergamos más o menos secretamente, pero tampoco parece haber duda de que es condición necesaria para ello. Esta es la razón de que en los países occidentales los sectores sociales más abiertamente xenófobos suelan coincidir con harta facilidad con los de menor educación. Trasladado a la política, este fenómeno social implica fórmulas populistas muy peligrosas para la libertad y la igualdad, es decir, para la democracia. Así, un modo de ganar un buen montón de votos allí donde la gente cree que hay demasiada emigración o extranjeros asentados –percepción que muchas veces resulta más subjetiva que otra cosa- es proponer la institucionalización de su marginación, privando a los extranjeros de algunos derechos reservados a los nativos. Por ejemplo, servicios básicos universales como la educación obligatoria y la atención sanitaria, que pueden negarse a quienes no estén empadronados. El reciente progreso de las fuerzas políticas populistas y nacionalistas en Francia, Holanda, Gran Bretaña o Italia ha seguido esa sencilla senda: atraer los votos que antes solía llevarse la izquierda –desempleados, trabajadores poco cualificados, jóvenes, pensionistas- asegurándoles que los emigrantes no iban a quitarles nunca más su trabajo, sus casas o sus servicios sociales. Huelga decir que sin referirse nunca a la aportación indispensable de esos inmigrantes, legales o no, al desarrollo económico que permite mantener esos servicios públicos.

La decadencia de la izquierda tradicional también puede favorecer movimientos populistas xenófobos en España, si no lo está haciendo ya. La derecha tradicional también tiene fácil, como se ha visto en Italia y en menor medida en Francia, la caída en la xenofobia militante por su tradicional poca fe en valores como el universalismo cultural o la igualdad. Los casos de Vich o Torrejón podrían ser, por eso mismo, la cima de un iceberg con mucha masa sumergida por manifestarse. Hay que estar atentos a esta posibilidad, y tratar de atajarla cada vez que esté en nuestra mano. Máxime cuando todas las previsiones económicas coinciden en que el desempleo y el déficit público se van a mantener muy altos durante muchos años, aunque mejoren algunos indicadores económicos que permitan a los gobiernos hablar, engañando de nuevo, del “fin de la crisis”. En semejantes condiciones, los inmigrantes tienen todas las papeletas para convertirse en chivos expiatorios del malestar social.

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