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Los enredos del velo islámico y la falsa tolerancia educativa
Por CarlosMG - Uncategorized - 23 Abril 2010
Un instituto de enseñanza media de Pozuelo de Alarcón tiene un Consejo Escolar que, en uso de sus prerrogativas legales, ha adoptado la norma de que en ese centro está prohibido que las alumnas y alumnos lleven velo en clase, o cualquier otra clase de tocado. El caso se ha hecho popular al aparecer una niña, Najwa Malha, que se niega a obedecer. Es musulmana y quiere seguir la tradición religiosa islámica que ordena a las mujeres ocultar cabello y cuello a las miradas de hombres extraños. No es un caso raro, sino cada vez más frecuente en muchos países occidentales donde rigen normas contrarias a esta clase de exhibiciones piadosas, sea por el principio laico de impedir en centros públicos la ostentación de signos religiosos –caso de Francia, por una ley de 2004-, sea por oponerse a una costumbre considerada, con razón según lo veo, un signo visible y apologético de la sumisión de las mujeres a los hombres, y por tanto de una desigualdad radical por motivos de sexo contraria a la democracia.
El problema es desde luego peliagudo. Por una parte, la democracia se basa en el principio de la libertad personal, que es el que invocan los partidarios de la tolerancia a la costumbre del velo y los propios musulmanes afectados. También tiene que ver con la libertad religiosa, un principio no sólo compatible con el laicismo, sino garantizado por éste. Pero la ostentación de signos de desigualdad y discriminación de las mujeres choca con los principios de la democracia moderna, más aun cuando se trata de un progreso tan reciente y no del todo consolidado como es el de la igualdad de sexos (los géneros son gramaticales o clases de mercancías, lo siento). Desde esta perspectiva se trata de qué principio debe prevalecer, si el de la libertad personal de ostentar un signo religioso –y no habría ostentación si se tratara de llevar un Corán en el bolsillo, o una media luna colgada del cuello: el signo no da igual ni es indiferente en este caso- o el de no discriminación e igualdad de hombres y mujeres en todos los aspectos, sin otras excepciones que las naturales o biológicas (estupendas diferencias para muchas y muchos).
Personalmente considero que en este caso debe prevalecer la regla de que no puede estimularse, cultivarse ni aceptarse ningún principio religioso que someta a las mujeres a la dominación de los hombres, aunque se trate de un sometimiento voluntario (y el Islam es la religión del sometimiento voluntario del creyente a la voluntad de Dios). Por tanto, es aceptable que en las escuelas públicas se impida a las niñas musulmanas llevar el velo de la discordia, aunque deseen llevarlo. Precisamente porque para que haya libertad de elegir, debe haber igualdad de los que eligen, sean hombres o mujeres. Porque las musulmanas tienen toda la libertad del mundo para llevar velo por la calle, en sus casas, centros privados y mezquitas. El problema se plantea, como es inevitable, en espacios públicos como los centros de enseñanza, los juzgados, los hospitales, oficinas públicas y sitios así. Ahí es donde una decisión privada puede convertirse en un conflicto si choca contra principios públicos básicos, como la igualdad de sexos.
Queda otro aspecto no menos relevante del conflicto, el de si el derecho a la educación debe prevalecer sobre la norma del velo, cuando cumplirlo puede implicar que la niña deba cambiar de centro escolar o renunciar a los centros públicos. Los detractores del centro de Pozuelo de Alarcón alegan estos días que por evitar una pequeña falta a la normativa del centro se estaría infligiendo un daño desproporcionado al derecho básico a la educación. ¿Es así?: sólo si se considera que el aprendizaje de las normas de convivencia y de los valores que las sustentan es algo no sólo indiferente para la educación, sino incluso antagónico. Y no, aquí sí que hay que plantarse: aprender a respetar las normas de todos es parte esencial de la educación, sobre todo en la infancia. Una educación sin normas, o a la carta (“multicultural”, dicen algunos), será lo que sea pero no es educación.
Se puede considerar que el instituto de Pozuelo ha ido demasiado lejos, que sería mejor una norma general obligatoria para todos los centros –como la que Sarkozy quiere para Francia-, o cualquier otra cosa. Lo que no se puede decir es que los centros educativos no pueden tener normas, ni tampoco que el aprendizaje de las mismas –incluyendo el del modo civilizado de cambiarlas- pueda oponerse a la educación si se trata de normas sensatas y razonables. Me parece que sólo el fanatismo puede sostener que el derecho a elegir llevar velo puede prevalecer sobre la obligación de los centros educativos a tener normas y reclamar su cumplimiento. Hasta aquí podíamos llegar, y de hecho en algunos sitios se ha llegado y traspasado, con la consiguiente conversión de los centros públicos educativos en pequeños frenopáticos donde la mitad del tiempo se consume en conseguir que los alumnos se estén callados y quietos. Pues si la norma de que en clase hay que trabajar y callar, o al menos no molestar, contraría el gaseoso “derecho a la educación”, entonces cambiemos la norma y hagámosla relativa, pura recomendación (no estaría mal: es mejor que usted pague impuestos pero si le molesta no se preocupe, y así). Claro que entonces la educación se convierte en un modo de estabular a ruidosas e inquietas criaturas en locales públicos, y poco más. Habría que tenerlo presente antes de cometer la insensatez de desligar el cumplimiento de normas de conducta de la educación, se trate de velos o de cualquier otra elección de los alumnos. Sobre todo, por razones de laicismo e igualdad. Es penoso que, una vez más, sea la izquierda que se proclama más laica e igualitaria que nadie –¡qué entenderán por eso!-, la que vuelva a patinar confundiendo tolerancia con relativismo de las normas y vaciado de la educación. Sí, claro, lo ha dicho el ministro de educación, Angel Gabilondo, que metafísico está aunque sí come. Y claro que Najwa Malha necesita apoyo, comprensión, explicaciones, atención, cuidado y mucha paciencia, pero no que le confundan con absurdas contraposiciones antagónicas entre libertad e igualdad y otros enredos muy velados que pueden llegar a desvelarnos.
Defender “identidades”, una pésima política
Por CarlosMG - Uncategorized - 18 Diciembre 2009
Resulta inquietante el avance de las políticas identitarias en tantos sitios, es decir, de aquellas políticas dirigidas a cultivar, alentar, frenar, perseguir (con amor o con una pistola) o definir una identidad. A las obsesiones identitarias tan arraigadas en España –donde al fin y al cabo inventamos, en el siglo XV, el desafortunado concepto de “limpieza de sangre”, la identidad del “cristiano viejo”-, se añade el auge mundial de diversos fundamentalismos religiosos, el progreso de la xenofobia en el mismo momento en el que el mundo encoge como nunca lo había hecho, o iniciativas tan lamentables como la de Sarkozy para definir la identidad francesa… e imponerla por ley al que no la encarne o, si no, excluirle de la sociedad, que es de lo que se trata siempre. El viejo juego de los “cristianos viejos” y los conversos sospechosos.
Casi apetece añadir otra definición a las muchas disponibles sobre qué es la democracia: un régimen político donde la identidad no cuenta para nada, y donde lo importante es la igualdad (jurídica y de oportunidades). Porque a estas alturas no podemos engañarnos: en política, la antítesis de la identidad no es la alteridad (la cualidad de lo otro, ajeno o diferente), sino la igualdad.
La igualdad política moderna se basa en el principio empírico de que todos los seres humanos somos naturalmente iguales, con cualidades y necesidades básicas semejantes y comparables, aunque tengamos talentos o capacidades y gustos diferentes. Y si tenemos capacidad semejante de razonar, conocer, apetecer, experimentar, imaginar o merecer, también debemos tener el mismo reconocimiento como sujetos iguales en derechos y obligaciones. ¿Qué tiene que ver con esto la llamada identidad? Pues básicamente que representa una amenaza contra el principio de igualdad, porque en lugar de poner el énfasis en lo que nos une a todos los seres humanos (desde lo burdamente fisiológico hasta lo más espiritual), coloca el foco en lo que nos separa y divide. Una política identitaria es siempre una política de cultivo de la diferencia, es decir, contraria a la igualdad y, como es consustancial, a la libertad.
Del mismo modo en que es sumamente peligroso preguntar sobre derechos básicos, que deben estar protegidos de los cambios de humor colectivos y de las modas o coyunturas, una democracia como es debido debería renunciar explícitamente a definir la identidad de sus ciudadanos, a exigirles algo al respecto o a declararla un bien protegido jurídicamente. Si el nacionalismo se lleva tan mal con la democracia, como vimos el pasado domingo en Cataluña, es precisamente porque toda su política gira en torno a la promoción de una identidad y a la exclusión de todo lo que pueda contradecirla o ponerla en entredicho. Sea por vías legales y moderadas, sea mediante el terrorismo y la violencia política. Pero no sólo los nacionalistas padecen esta patología política, pues en realidad afecta a todas las formas de comunitarismo, es decir, a las corrientes que sostienen que existen entidades colectivas (comunidades) con derechos colectivos superpuestos o impuestos a sus miembros individuales, y por supuesto anteriores a cualquier constitución democrática: feligreses de una comunidad religiosa, miembros de un etnia o “nación cultural”, hablantes de una lengua, etcétera.
En una democracia genuina, lo único exigible a los ciudadanos es que cumplan las leyes. Punto. Todo lo demás es cosa suya, y por eso mismo las leyes deben limitarse a ordenar las obligaciones con la esfera pública, cosas como los impuestos, las normas de tráfico o los procedimientos jurídicos. Por lo demás, la vida sexual de cada uno, sus creencias privadas, sus preferencias estéticas, sus gustos de cualquier tipo, son cosas en las que debe reinar la mayor libertad, sin interferencias de unos poderes públicos que sólo deben velar por asegurar que estas libertades no son vulneradas ni por delincuentes, ni por dementes, ni por grupos de presión… ni por obsesos de la identidad de cualquier clase.
Empeñarse en que hay una identidad colectiva que se debe defender de las amenazas conduce fatalmente a compartimentar la humanidad en grupos identitarios desiguales y enfrentados. El progreso de la democracia y la libertad conlleva el retroceso de la obsesión por la propia identidad, y también reclama perder el miedo a otras “identidades”. Este último es particularmente absurdo e irracional. Si rechazamos absolutamente cosas como la sharia o ley tradicional islámica no es porque tenga identidad musulmana, sino porque responden a preceptos contrarios a la libertad personal y a la igualdad de los seres humanos, ya que niegan la igualdad de hombres y mujeres, creyentes e infieles, persiguen la libertad sexual, etc. Por eso no hay nada que reprochar a ningún musulmán –ni católico, ni judío, ni rastafari o ateo, masón o librepensador- en cuanto tal, si su conducta, sus hechos y acciones, se atienen a las leyes democráticas. Si no entendemos esto, estaremos cavando la tumba de esas convicciones que decimos defender… en nombre de una identidad evanescente que no es otra cosa que un miedo al otro y diferente. Incluso a lo que de diferente habita en cada uno de nosotros.
Aquí radica precisamente el quid de la cuestión: incluso como individuos somos y tenemos un conjunto de rasgos personales que responderían a “identidades diferentes”. Nuestra “identidad personal” no sólo es algo mucho más esquivo, contradictorio, paradójico y vaporoso –más próximo a un personaje y una imagen que a cierta esencia- de lo que solemos admitir, sino que cambia a lo largo de nuestra vida. Si esta circunstancia tan orteguiana es innegable en cada persona, no digamos nada de lo que ocurre cuando hablamos de colectivos de personas. Y más aun si los colectivos son de decenas o cientos de millones de personas (el tamaño sí importa, la cantidad cambia la cualidad) con distintas “identidades” de la más variada procedencia, en constante mutación o creación. Defender “identidades” es, por eso mismo, defender quimeras, fantasmas, manías, miedos, fobias. La identidad de la democracia debería consistir en no tener identidad alguna. Una bonita no-identidad con forma de aporía, como la de la liebre y la tortuga.






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