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Paralelismos y coincidencias
Por CarlosMG - Uncategorized - 12 Julio 2010
Como debo ser uno de los cinco o seis ciudadanos de este país que admite tranquilamente no saber nada de fútbol, como mientras escribo esto el lance balompédico tampoco ha comenzado, como sin darme igual el resultado -pues por supuesto deseo que gane la selección española (La Roja, en eufemismo) para que mis amigos y familiares futboleros tengan su merecido goce- tampoco está uno desesperado porque ganen o pierdan, pues no voy a hablar para nada del partido de ayer, sino un poco, quizás, del celebrado antes de ayer. Veamos: no me digan que la manifestación de la Cataluña Unánime no era uno de esos eventos típicos de un régimen en la cuerda floja. Una manifestación convocada desde el poder, por todos los que gozan de ese poder y con la finalidad de protestar porque no se les garantiza el monopolio ad aeternum de ese mismo poder donde tan a gusto están (soberanía, derecho a decidir y cosas así le llaman, todo en eufemismo).
La manifestación fue, por descontado, gigantesca. No tanto que Barcelona se hundiera en el Mediterráneo como resultado de la enorme concentración humana, pero sí para que hundir el sentido de la realidad. Respecto a las cifras, uno se queda con la escéptica y contable de esa empresa profesional que cuenta manifestantes con un método razonable, a la que le salían 56.000 manifestantes (que no está nada mal), y es bastante coherente con los 600 autobuses fletados según la prensa amiga. Lo de los cientos de miles y el millón y medio es cuando poco dudoso en un país donde, según los estudios de opinión bien hechos, un 80% o más de los entrevistados afirman no haber acudido nunca a una manifestación. Eso nos da que sólo unos cinco o seis millones de los actuales españoles mayores de edad han ido, alguna vez en su vida, a una manifestación. Admitir que el 25% de esa cantidad se manifestó contra el Tribunal Constitucional el sábado en Barcelona es demasiado incluso para un país donde, como éste, el desprecio de la inteligencia es un hábito bien considerado socialmente.
Ciertamente, da igual: la manifestación de Montilla fue un horror en cualquier caso. No sólo porque iba contra el concepto mismo de democracia –contra la separación de poderes, contra la igualdad de los ciudadanos, contra la autonomía de la justicia, contra el Estado de derecho, contra la prevalencia de la Constitución-, sino porque despedía el tufo característico de una manifestación de régimen, de desfile de acarreados, estómagos agradecidos e indocumentados varios. Lo más parecido que recuerdo es una convocada por el franquismo al final del régimen, para protestar contra las manifestaciones “antiespañolas” (¿les suena?) tras la ejecución de tres miembros del FRAP y dos de ETA. La convocaron todos los medios de comunicación (¿a qué nos recuerda esto?), se celebró como una genuina manifestación del Pueblo por la dignidad de la patria agredida por el extranjero con apoyo de españoles traidores (¿y esto?), se garantizó su éxito mediante centenares de autobuses gratuitos que acarrearon manifestantes del régimen desde toda España (¡que coincidencia!), la retransmitieron en directo la tele y la radio pública (del gobierno), y se aseguró que en la Plaza de Oriente se habían amontonado más de un millón de manifestantes (aunque no cupieran tantos ni apilados en capas). Franco, ya muy decaído, salió al balcón de las salutaciones e incluso leyó unas líneas sobre la unidad inquebrantable de España con su Caudillo, la dignidad nacional, el rechazo de toda intromisión externa, etc.
La principal diferencia es que esta vez el convocante no ha podido salir a un balcón a arengar a las masas con los tópicos antidemocráticos del nacionalismo fósil, sino que tuvo que salir por piernas huyendo de algunos manifestantes. Por lo demás, la manifestación del president Montilla y sus secuaces se parece a la última de Franco mucho más que a cualquiera de las grandes movilizaciones registradas en los últimos años, por ejemplo cuando el secuestro de Miguel Ángel Blanco, o para apoyar la Constitución tras el 23-F.
En aquellos días crepusculares, el régimen también esperaba del fútbol toda clase de auxilios taumatúrgicos. También se elogiaba la noble limpieza del deporte en contraste con la vil suciedad de la política, y cosas así. Y se reclamaba al fútbol una especie se capacidad sacramental para unir en torno suyo una conciencia de nación ausente en otros dominios. Como ahora. Supongo que España ganará el mundial, y eso hará que los mil expertos en identidades nacionales y deporte que han aflorado estos días asciendan al culmen de la sublimidad, pues la victoria tiene mil padres y la derrota ninguna (e incluso si España queda sólo segunda y finalista no habrá estado nada mal). Algunos de esos expertos son los mismos que explicaban, con los mismos argumentos, por qué la selección española no concitaba adhesión ni entusiasmo debido, decía uno de ellos, a la “anorexia patriótica” de la España Plural. ¿Qué ha cambiado ahora? Naturalmente, la victoria: nadie quiere quedar al margen del reparto de beneficios que pueda conllevar. Pero también un hastío cívico de la centrifugación nacionalista que la manifestación catalana no puede ocultar.
De momento, es evidente que la gesta futbolística ya está reuniendo adhesiones inesperadas. En San Sebastián, donde vivo –cuando puedo-, la tarde del domingo asistió a una insólita abundancia de banderas españolas, niños y jóvenes de lo más españolizados con su camiseta roja y otros espectáculos de hispanofilia sin recato que habrán causado hondo dolor a los vigilantes de la esencias abertzales. Así son los vaivenes de la opinión pública, y así es el hartazgo del nacionalismo, que está de capa caída pese a –no se engañe nadie- la manifestación de Barcelona del sábado. También los franquistas, otra variedad de nacionalistas, creyeron que a ellos no les sacaría de la poltrona nadie tras aquella abrumadora demostración de fuerza, y ya ven.
El partido está a punto de comenzar, y yo me enteraré de sus incidencias por los bramidos del vecindario y los cohetes que hay preparados para celebrar el éxito de España. Para los desanimados: si alguien hubiera hecho un pronóstico de conducta semejante en pleno País Vasco hace sólo tres o cuatro años, hubiera sido recibido con carcajadas.
¿Y qué más paralelismos conviene apuntar? Pues también este: al final del franquismo, las manifestaciones contra el régimen eran, como mucho, protagonizadas por algunos centenares de audaces desobedientes. La prensa del régimen les ignoraba o tachaba de antiespañoles… El fútbol era mucho más importante y requería todo el esfuerzo informativo y analítico, porque es lo que quiere la gente… ¿Les suena también? La historia, que se repite pero como caricatura según el viejo Marx.
La fabricación mediática del resentimiento político en Cataluña
Por CarlosMG - Uncategorized - 5 Julio 2010
Está dando mucho que hablar la distancia cada vez mayor de percepción política entre la sociedad catalana y el resto de la española. Al parecer, causa un gran asombro que la mayoría de los catalanes encuestados haga suyos los tópicos y prejuicios políticos del establishment que controla el cotarro en el Principado, a saber: la abrumadora mayoría de la clase política, la práctica totalidad de los medios de comunicación, y las asociaciones y entidades de toda clase, desde el fútbol-club Barça hasta Omnium Cultural -siniestra entidad sedicentemente intelectual-, pasando por patronales, sindicatos, etc. Todos ellos llevan treinta años propagando los mismos mitos identitarios y las mismas exigencias políticas de más y más autogobierno para Cataluña, sea ello posible y conveniente o no, quepa o no en la Constitución, choque o deje de chocar contra principios elementales de igualdad democrática y de racionalidad política e incluso económica. Y lejos de haberse ido generando una oposición cívica y política contra este penoso cultivo de la unanimidad, los partidarios del victimismo y de su explotación a toda costa no han dejado de crecer. Quizás sea ese el “hecho diferencial catalán” más acusado: la marginalidad y el ostracismo que sufren los disidentes y críticos, por moderados y razonables que sean y muy integrados socialmente que estén, de esa manía antidemocrática de hablar en nombre de Cataluña, como si esta comunidad fuera un rebaño donde todos quieren lo mismo, piensan igual, comparten idénticos sentimientos, sangran por la misma herida patriótica, y cuyos corazones laten con acompasada taquicardia bajo las sevicias del centralismo de Castilla (¡muchos hablan como si siguiera gobernando el conde-duque de Olivares!) Un caso no ya desusado en España, sino insólito en Europa fuera de algún reducto residual de las antiguas repúblicas soviéticas. Y ellos, que se creen los más europeos y moderno de todos…
Con semejante panorama, lo insólito y milagroso sería que en Cataluña existieran redes sociales y entidades políticas no ya capaces de ofrecer resistencia y oponerse a esa envenenada unanimidad –pues éstas sí que existen en el mundo cívico y también en el político-, sino que a día de hoy ofrecieran una oposición potente al nacionalismo obligatorio –al estilo del constitucionalismo en el País Vasco, que tanto admiran muchos catalanes- y constituyeran una alternativa seria a medio plazo en todos los campos. Porque uno de los éxitos más innegables del nacionalismo obligatorio catalán ha consistido en inocular el virus diferencialista incluso a los más fervorosos antinacionalistas, que se sienten tan incomprendidos y atacados por las fuerzas ajenas a Cataluña como esos nacionalistas que tanto deploran, y acaban repitiendo como loros idénticos análisis obsesivos centrados en el “nadie nos comprende porque no viven en Cataluña y no saben lo que es esto”. Esta perspectiva desviada está en la raíz del fracaso de algún experimento político muy prometedor que se desbarató apenas comenzado, de ahí la importancia de no recaer en el mismo error: crear un partido antinacionalista puramente reactivo que acaba reproduciendo lo que denuncia y se refugia en políticas de gueto.
Tan grave parece el panorama que muchos piensan que todo está perdido –el mismo Albert Boadella, sin ir más lejos- y que lo máximo que puede lograrse es aquello que José Ortega y Gasset llamó en célebre debate parlamentario en las Cortes de la República, en polémica con Manuel Azaña, la conllevancia con el “problema catalán”. Sin embargo, cosas más improbables hemos vivido, comenzando por la transición a la democracia a partir de la dictadura de Franco. Al igual que aquella nefasta dictadura, el monolitismo nacionalista catalán es el resultado de un cruce de intereses sociales y políticos de lo más tradicional con un sistema comunicacional, cultural y educativo férreamente controlado por el poder político. Así como en la última época de la dictadura franquista buena parte de la sociedad española –donde los demócratas activos eran una minoría marginal- seguía pensando que los comunistas tenían cuernos y rabo y que el resto del mundo atacaba a España por pura envidia y mala voluntad, así ahora el catalanismo social cree a pies juntillas que los centralistas españoles son el demonio y que atacan a Cataluña por pura maldad depredatoria. ¿Qué van a creer si es lo que oyen y leen todos los días al 98% de los portavoces oficiosos y oficiales de las instituciones catalanas, muchos desde que tienen uso de razón?
Para afrontar con éxito el mal llamado “problema catalán”, o el “problema vasco” o cualquier otro semejante, se debe comprender que en gran parte son problemas fabricados y cultivados con perseverancia obsesiva por quienes viven de gestionarlos. El propio Zapatero se apuntó con desvergüenza y ya legendaria torpeza a esa estrategia al prometer que lo que se aprobara en Cataluña sería aprobado en Madrid. Es indudable que calculaba poder sacar grandes beneficios políticos de la indecente impostura de ponerse al frente de la manifestación por la soberanía de Cataluña. Lo que ha conseguido a la vista está: poner el Estado de derecho al borde del abismo.
Veamos un ejemplo de cómo se crea ese estado unánime de opinión donde los efectos se convierten en causas y la pluralidad se falsea en unanimidad. Ayer mismo publicaba El País una triste encuesta que daba cuenta de la cada vez mayor diferencia de percepción entre los catalanes y el resto acerca del significado de la sentencia del TC. La mayoría consideraba que era una grave ofensa y agravio contra Cataluña. Pero había al menos un 39% de los encuestados que rechazaba ese punto de vista o tenía muchas dudas al respecto. A continuación, el periódico ofrecía lo que pretendía ser una muestra cualitativamente representativa del estado de opinión de Cataluña. Milagrosamente, ni uno sólo de los encuestados pensaba algo distinto de lo expresado por Montilla, Puigcercós o Mas: ¡absoluta unanimidad, sólo modulada por el grueso de la expresiones de victimismo (un industrial galletero tenía la caradura de afirmar que España considera a Cataluña una colonia que puede expoliar fiscalmente)! Y entonces, ¿Dónde estaba ese 39% que según la encuesta no comulga con las ruedas de molino del establishment? En El País del domingo no estaban, desde luego, y sobre todo no se les espera. ¡Ya pueden quedarse afónicos diciendo que piensan distinto! ¡Ay, qué sabrán ellos de lo que les conviene! Pero dirán que ese es el estado real y espontáneo de la opinión catalana. De la opinión fabricada e impuesta, pues sí. De la otra, que se hable lo menos posible. Así que ustedes me dirán si no es esperanzador y asombroso que, pese a todo, haya un 39% de catalanes que no se consideran atropellados por el TC.
Lo que hay de malo en ello
Por CarlosMG - Uncategorized - 9 Junio 2010
El parlamento catalán aprobó ayer, con los votos de CIU, ERC e ICV, admitir a trámite una Iniciativa Popular (IP) para convocar un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Se trata de repetir a escala autonómica las caricaturas de referéndums sobre la independencia celebrados en numerosos municipios catalanes, en los que se preguntó a los inscritos en un censo simulado –que incluye menores de edad e inmigrantes sin derecho a voto- si deseaban que Cataluña fuera un Estado independiente miembro de la Unión Europea. Nadie se extrañe: se veía venir, porque ninguna autoridad hizo nada para impedir que esos simulacros se celebraran con la connivencia de los ayuntamientos, que prestaron locales públicos, soporte técnico y hasta policía y funcionarios municipales, manipulando un censo que necesariamente alguien tuvo que aportar sin que se reclamara la menor responsabilidad a nadie por un delito teóricamente muy penado por la exigente –casi histérica- legislación de protección de datos privados (procede recordar que Batasuna fue ilegalizada, entre otras razones, porque se consideró probado que pasaba a ETA el censo electoral). Pero ya es sabido que en este país de pandereta se puede perpetrar cualquier tropelía impunemente siempre que los autores sean poderosos e invoquen móviles “políticos”.
Los juristas nos recordarán que el parlamento catalán no puede convocar referéndums sin la autorización expresa del Gobierno de España, único constitucionalmente autorizado a convocarlos porque es una competencia exclusiva del Estado (art. 143º.1.32 CE), pero es cierto que a estas alturas el gobierno da más risa e inspira más desprecio que cualquier otra cosa, y la Constitución es poco más que papel mojado gracias, entre otras cosas, a la reforma encubierta iniciada por el nuevo Estatuto de Cataluña y sus imitaciones. Los políticos de este régimen en descomposición también se agarrarán al argumento de las competencias legales, porque sus perezosas maquinarias mentales apenas pueden ir más allá o sus compromisos no les dejan, y la mayoría de los tertulianos y analistas de prensa que pasan por expertos harán lo mismo. Pero como el Parlament aprobó, con apoyo socialista, una Ley de Consultas que abría la puerta a esta tipo de iniciativas, cabe augurar una aburrida y desenfocado litigio sobre si la Ley de Consultas catalana es o no constitucional –y ya sólo faltaría preguntar al TC sobre el asunto-, y si el resultado de un referéndum celebrado bajo su problemático paraguas legal tiene o no algún poder vinculante (muchos dirán que no hay nada malo en preguntar a la gente su opinión…)
Pues no: el problema de ese referéndum no es si tiene o no cobertura legal, sino que la pregunta que hace y el ámbito de decisión política que instaura, y el que excluye, son incompatibles no con determinado precepto constitucional, sino con la Constitución en su conjunto y por tanto con la democracia. Veamos por qué.
Ibarretxe, que pretendía algo semejante con el “derecho a decidir” previsto en su famoso Plan, desafiaba siempre a sus críticos a decir “que había de malo en ello”; era ello que su “Pueblo Vasco” tomara decisiones unilaterales sobre asuntos que atañen a la soberanía de la nación española definida por la Constitución. Naturalmente, jamás se molestaba en escuchar la respuesta porque su premisa de partida es que nada hay más democrático que dar la palabra al “pueblo”. Exactamente lo mismo que dicen ahora sus correligionarios catalanes. Y lo mismo que proclaman populistas, demagogos y separatistas por todo el ancho mundo.
Sin embargo, en una democracia aceptable el único “pueblo” al que cabe dar la palabra es al cuerpo electoral definido por la Constitución vigente. Todas las constituciones son en este sentido similares: sobre asuntos de interés general solo puede decidir el cuerpo electoral nacional, por ejemplo para elegir el nuevo parlamento o para decidir algo en un referéndum legal. Lo que no se contempla nunca es que una parte separada de ese cuerpo electoral puede decidir por el conjunto, y de paso romperlo por la via de los hechos consumados. Ni el “pueblo vasco” ni el “pueblo catalán” pueden decidir sobre la independencia de los territorios que les atribuyen los nacionalistas, porque esa decisión afecta a la unidad territorial y política de la nación constitucional de la que forman parte (y esta es la única nación democrática, no las naciones románticas). Si se aceptara la pretensión nacionalista, resultaría que los vascos y catalanes tendrían más derechos que el resto de sus conciudadanos, pues podrían imponerles a éstos decisiones que les afectan pero sobre las que no se les permite decidir. Por lo tanto, esos referéndums rompen la igualdad consustancial a la democracia, segregando la ciudadanía en bloques desiguales en derechos y también en obligaciones, pues también se pretende que el resto de españoles acepte como una obligación democrática el resultado de esos referéndums en los que no se les permite participar pese a dirimir un asunto que les afecta directamente: el futuro de su país. Esto es lo que hay de malo en ello: que la concepción nacionalista de “democracia participativa” es un atentado en toda regla contra la democracia sin apellidos.
Nadie sabe cómo va a acabar esta aventura en un país donde el propio gobierno, comenzado por su presidente, no se aburren de proclamar la inmarcesible estupidez de que cuanto menos centralismo y más nacionalismo, más y mejor democracia. Ahora pueden ir recogiendo los frutos de su siembra de creencias estúpidas y oportunistas. Al desastre económico y político se une el hundimiento del Estado democrático como sistema de instituciones comunes fundadas en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos.
Añadamos al pitorreo que el partido decisivo en la aprobación de la IP independentista haya sido CIU. Esa coalición cuyo portavoz en el Congreso, Durán i Lleida, recibió hace nada todo tipo de aplausos, loores y elogios por su altura de estadista y última o penúltima esperanza de la democracia hispana. Hubo muchos que incluso le postularon como presidente ideal de un gobierno de concentración que liderase la reacción contra la crisis, o al menos como un ministro de mucho peso en esa criatura gubernamental. Para ellos, el dato de que represente a un partido que pretende volar por los aires la Constitución rompiendo la comunidad política española para poner en su lugar al “poble català”, es una anécdota carente de la menor importancia. Como nombrar director del hospital a un enfermo terminal, ya que nadie sabe tanto del tema. Realmente, este es un país que agota los adjetivos.
Crónica de los avances del fascismo en Cataluña: la agresión a Rosa Díez y UPyD en la UAB (5-3-10)
Por CarlosMG - Uncategorized - 7 Marzo 2010
El periodismo se está convirtiendo en una profesión distraída. Leo los titulares de los medios sobre lo sucedido en la UAB el viernes 5 de marzo, y la inmensa mayoría –con la excepción significativa de Público, ya analizada por Santiago González- coindicen en titular cosas como “intento de boicot”, “intento de agresión”, “tratan de impedir”. No: fue un boicot y una agresión en toda regla, brutal. Lo que debía haber sido una conferencia que intentaron escuchar cientos de personas a las que se impidió a la fuerza el acceso a la sala –eso tampoco lo he visto relatado en ningún medio-, quedó reducido a un gesto de dignidad y coraje democrático muy importante, pero nada parecido a una conferencia-coloquio en libertad. Fue, por otra parte, un extraordinario documento sobre los avances del fascismo en Cataluña, gracias al desistimiento cívico de la mayoría de la sociedad, y a la cobardía y colaboracionismo de sus instituciones con el nacionalismo más energúmeno e impregnado de genuino fascismo. Pero también sirvió para demostrar cómo se le hace frente y de qué modo se defienden las libertades amenazadas: practicándolas sin pedir permiso a quienes quieren suprimirlas. Eso es todo.
Como servidor acompañaba a Rosa a Barcelona ese día, con Paco Pimentel, Nacho Prendes, Mayka, Jesús Prieto y muchos compañeros del partido en Cataluña, tuve la ocasión de ser no ya testigo, sino implicado activo en el caso. Así que voy a relatarlo para general instrucción. Como por desgracia uno ya se ha visto envuelto en situaciones parecidas muchas veces en los últimos veinte años, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y a veces más violentas, tenía la ventaja que da el dejà vu: concentrarte en los detalles sin impresionarte demasiado por el ruido de fondo.
En 1999 pasé por una algarada semejante en la facultat de Filosofía de la Universitat de Barcelona, donde me habían invitado a compartir mesa redonda con Jon Juaristi, Alejo Vidal-Quadras y Paco Caja. Fue imposible porque, exactamente igual que el viernes 4 de marzo de 2010, un grupo de energúmenos bien organizado bramó, agredió y arrojó pintura sobre los audaces conferenciantes y el público congregado. Pero, a diferencia de lo pasado este viernes, que ha tenido bastante repercusión informativa, aquello no tuvo casi ninguna, y la escasa que hubo repudió la “provocación” de organizar una mesa redonda sobre el nacionalismo lingüístico en una Facultat de filosofía (igual si hubiera sido una Facultad…) Once años después se repite la agresión, y aunque esta vez haya habido información y eco de lo sucedido, y también mucho más público interesado que entonces (en el salón había al menos 250 personas normales que deseaban escuchar y debatir, y muchas más fuera), también comprobamos que una importante universidad, la UAB, está impunemente controlada por unos cientos de camisas pardas catalanas que campan por sus respetos ante el miedo, la indiferencia o la abierta colaboración de quienes deberían oponérseles: la comunidad universitaria, las instituciones catalanas y españolas, los medios de comunicación y la sociedad civil en general. Porque se trata de genuino fascismo en sus primeros estadios: ultranacionalismo antidemocrático trufado de una retórica izquierdista -el pueblo en peligro, los derechos sagrados de la tierra y la lengua, la ocupación extranjera- que sólo disimula su verdadera naturaleza. Mussolini primero y luego Hitler la emplearon a fondo. La fashion fascistoide ha cambiado y el modelo de vestimenta es ahora el de borroka vasco, no el de ario repeinado portando pulidos correajes, pero el fin y el mensaje son los mismos: aterrorizar al disidente metiendo el miedo en el cuerpo.
Vayamos a los hechos. La conferencia fue organizada por Joaquim Molins, catedrático de Ciencia Política de la facultad que le echó enorme coraje a lo que, como sabía perfectamente, era un desafío al orden implícito reinante en la UAB (y en muchas universidades españolas, no crean): que no puede invitarse a hablar de política a nadie que no sea o ultranacionalista o antisistema. Y no digamos si se trata de Rosa Díez y de UPyD en vísperas de las elecciones catalanas.
Desde dos horas antes del comienzo anunciado de la conferencia, unos 150 energúmenos ocupaban la sala para impedir el acceso no sólo a la ponente, sino a los muchos oyentes interesados que no pudieron ni entrar. Otros grupos de maulets se habían distribuido por la ruta de acceso al salón de actos con la obvia intención de hostigarnos e impedirnos la entrada.
Ante el panorama, se celebró una entrevista en el despacho del decano a la que asistieron Quim Molins, el decano Salvador Cardús –que acabó comportándose con dignidad-, Rosa, Paco Pimentel, Nacho Prendes, yo mismo y otros tres miembros más de UPyD. El decano intentó convencernos de la conveniencia de suspender la conferencia por razones de seguridad, pues había intentado infructuosamente negociar –ah, el seny catalán- con los maulets algún arreglo como que ellos hablaran un rato primero y luego dejaran hacerlo a Rosa Díez. El profesor Molins –¡qué gran tipo!- arguyó con vehemencia que la obligación de la UAB, y del decano, era garantizar la libertad de expresión sin ceder al boicot. Lo hizo muy enérgicamente, como pudo comprobar la mesa que golpeaba con el puño. Y Rosa, con nuestro asenso, se negó en redondo a ceder y exigió dar la conferencia en la sala donde se había anunciado.
Y allá que nos dirigimos con el magro dispositivo de seguridad montado: los expertos escoltas de Rosa, varios guardias de seguridad, y algunos mossos de paisano, más el refuerzo que representaban nuestras anchas espaldas detrás de Rosa y su muy engañosa fragilidad… Nos mantuvimos siempre varios pasos atrás -por eso salimos poco en las fotos, aclaración para suspicaces- para dificultar que se le acercaran demasiado y, si alguno conseguía hacerlo, cazarlo al vuelo (son cosas que te enseña la mili de la vida en el País Vasco). Por el camino fuimos todo el rato acosados por los maulets de guardia. Fuera de la sala, en la que había un pandemónium de cuidado pues algunos asistentes afeaban la conducta a los nacionalistas y exigían libertad de expresión, otro medio centenar de boicoteadores procedió a gritar, empujar y tratar de impedirnos entrar. Una vez dentro, ni Rosa ni ninguno de nosotros pudo pasar más allá de dos metros de la puerta. Un muro humano –en el sentido zoológico del término- lo impedía, mientras bramaba en nuestra cara –aquello fue como una sauna con estrujamiento- las consignas del día: “Rosa asesina”, “fora feixisistes de la universitat”, y –atentos- “Galicia lliure, fora Rosa Díez” (y espero con interés las muestras de solidaridad de las instituciones gallegas, sean peyorativas o no, además de las de sus personalidades más eminentes; alguno, como Manuel Rivas, ya se pronunciaba ayer mismo a favor de que se tragara sus palabras: como los maulets).
El impasse duró su buena media hora de empujones, gritos, escupitajos y alguna patada y puñetazo, aunque salpicados por diálogos insólitos. A Ramón de Veciana, compañero y amigo de UPyD en Cataluña, un energúmeno le bramaba a cinco centímetros de la cara “¡feixiste!”, hasta que le soltó también “¡fil de puta!”, produciéndose el siguiente insólito intercambio en fluido catalán: Ramón: “¡que me llames feixiste pase porque es lenguaje político, pero no te tolero que me llames hijoputa!” El niñato, muy cortado: “oh, bueno, tienes razón. Retiro lo de hijoputa porque es personal, pero no que eres un fascista.” El diálogo digno de Ubú rey prosiguió mientras corríamos por los pasillos porque, entre tanto, el decano, subido a la mesa y con el micrófono en la mano, dio por suspendido el acto en el salón ante la imposibilidad física de que la conferenciante y el moderador subieran al estrado. En todo este tiempo, la única actuación del servicio de seguridad fue impedir las agresiones directas a Rosa, pero no impedir que se le impidiera el paso, ni los empujones, golpes y aplastamientos que sufrimos todos los demás.
El decano ofreció un aula en la que, al parecer, también hubo de refugiarse Ibarretxe –o tempora o mores-, eso sí, en su caso acompañado por toda la solícita plana mayor de la UAB y muchísima más escolta. Fuimos, pues, al aula 12, ante el espanto de los guardias de seguridad. Los naturales estaban demudados, pero firmes. En el aula entramos apenas cincuenta personas y luego los de seguridad cerraron por dentro. Entre tanto, el pasillo de acceso se había llenado de energúmenos cada vez más furiosos por el semi-fracaso de su boicot. Con total impunidad, se pasaron las dos horas que duró la conferencia y el debate dentro del aula pateando con brutalidad las paredes, que literalmente temblaban, y aullando sus consignas (no teníamos megafonía dentro y eso incordiaba bastante). El decano intentó hacerles desistir de su actitud y fue premiado con una rociada de la pintura roja reservada para nosotros. También salpicó algo, entre otros, a nuestro hábil y archiprofesional realizador, Jesús Prieto, que cámara al hombro se quedó fuera para documentar a fondo lo que estaba pasando haciéndose pasar por cámara de un medio importante (y aprovecharon para pedirle que les grabara unas declaraciones…)
El cuadro era patético. Los cincuenta que estábamos en el aula cerrada veíamos por las ventanas cómo un poco más allá centenares de personas pasaban por el soleado campus como si aquello no estuviera sucediendo o no fuera con ellos. Se veían algunos guardias de seguridad privados pero no había policía alguna visible. Dentro, el clamor subía y bajaba según se enardecían o aburrían los escuadristas.
Rosa dio una conferencia resumida y se abrió el debate. De la veintena de estudiantes que lograron entrar más de la mitad se presentaron como independentistas que, muy educadamente a diferencia de sus compañeros vociferantes, fueron desgranando en más de tres docenas de preguntas, moderadas por el profesor Molins, sus muy previsibles objeciones al ideario de UPyD y sus no menos previsibles elementos de propaganda ultranacionalista, fruto de veinte años de adoctrinamiento educativo y mediático, a saber: UPyD quiere la muerte del catalán, el español no es su lengua aunque sepan hablarlo bien, España saquea Cataluña que sólo pide administrar su riqueza, España ocupa Cataluña por la fuerza, los referéndums independentistas son un espléndido ejercicio de democracia directa, si no se impone el catalán acabará muriendo ante la pujanza del español, etc. Al menos una de los asistentes, que había participado activamente minutos antes en el escándalo del salón de actos y que por su aspecto agitanado de manual hubiera sido una buena figurante de cualquier Carmen de Bizet, ahora, quizás para hacer méritos antes los catalanes patanegra, hacía las preguntas más propagandísticas y cabeceaba negativamente, con horrorizada pesadumbre, cuando Rosa le explicaba cosas como que ninguna lengua tiene derechos, sólo los ciudadanos.
Trataban de jugar con nosotros al poli malo y al poli bueno, pero Rosa estuvo brillante, directa y persuasiva, y ellos cada vez más sorprendidos por las respuestas… Francamente, con una docena de sesiones semejantes, muchos de ellos quizás irían liberándose del espeso pelo de la dehesa catalanista que les han inculcado como una malaria ideológica. Y esa es, precisamente, la razón de que los más brutales boicoteen activamente actos como el del viernes, y de que las instituciones catalanas ayuden a boicotearlos pasivamente. Al fin y al cabo, ¿no se escribió también en la catalana Universidad de Cervera el famoso y abyecto manifiesto de los catedráticos absolutistas a Fernando VII, el de aquello de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar”? Pues en eso siguen muchos en Bellaterra.
La salida fue, como las imágenes demuestran sin género de dudas, brutal. Abandonamos el aula corriendo un largo corredor y bajando por unas escaleras desde las que se arrojaron contra nosotros todo tipo de cosas. El paroxismo llegó cuando Rosa pudo, por fin, meterse en el coche, que esperaba muy lejos (lo que indica la peligrosa imprevisión y bisoñez de los, por lo demás esforzados, servicios de seguridad universitarios). Los más fanáticos no sólo patearon y apedrearon el vehículo rompiendo faros e intentándolo con los cristales blindados, sino que trataron de tirarse sobre el capó para forzar un atropellamiento, con las consecuencias imaginables de haber tenido éxito: ¡Rosa Díez atropella a un estudiante catalán en la UAB! Qué gran titular para Público, El Punt, El Periódico, etc. Contra lo que dicen periodistas que no estaban allí, el coche salió muy despacio y con todo cuidado para, precisamente, no atropellar a nadie. Por fin alcanzó la salida del campus, entre los improperios de unas docenas de fieras y la indiferencia, incomprensión o miedo de miles de universitarios. No hubo detenidos, ni intervención policial, ni llamada alguna de autoridades catalanas o españolas; éstas, las del Gobierno, llamaron a Rosa ya avanzada la noche –una vez vistos los telediarios y calculado su efecto demoledor- para interesarse por su bienestar y preguntar por la inexistente acción policial. A la Generalitat, ni estuvo ni se la esperaba. Así avanza el fascismo en Cataluña, con su ayuda. Luego que no digan que no estaban avisados.
Continuará.
El PP se pasa la xenofobia y al populismo
Por CarlosMG - Uncategorized - 21 Enero 2010
El PP parece empeñado en ratificar que ya es “la peor oposición” de la breve historia democrática española. Y no se trata de una mera cuestión de estilo. No, si acusamos al PP de hacer la peor oposición posible es porque elude sistemáticamente los problemas de fondo, en los que no tiene una posición muy diferente al PSOE (ley electoral, reforma de la Constitución, de la educación, del modelo territorial, etc.), para refugiarse en el oportunismo demoscópico, esto es, en tratar de abanderar causas de moda que, o bien son irrelevantes para resolver los problemas de fondo o, lo que es peor, conseguirán agravarlos. La última de estas cortinas de humo oportunistas es la subida a esa nave de los locos que es la xenofobia. Porque proponer políticas activas contra los inmigrantes, con o sin papeles, no es otra cosa que xenofobia. Eso es proponer “contratos morales” especiales para los inmigrantes legales, como si tuvieran obligaciones especiales -de las que están exentos, en cambio, los cargos corruptos del PP-, y de reconsiderar la obligación legal de los ayuntamientos de empadronar a todos los habitantes de la localidad, tengan visado o no o duerman de tres en tres en habitaciones de doce metros cuadrados (con suerte).
Repitámoslo, a ver si a base de insistir cunde la idea: un emigrante que cumpla todas las leyes del país de acogida no tiene ninguna otra obligación que no tengan los ciudadanos del mismo; todos los seres humanos tienen derechos básicos intocables, aunque no tengan visado; la obligación de empadronar también a los que no tiene visado atiende al interés general, y si un ayuntamiento tiene cien mil habitantes reales esos son los que deben figurar en el padrón, aunque el 10% carezca de visado. Estos pueden ser expulsados legalmente del país, pero sin ser privados hasta entonces de sus derechos básicos ni de servicios que los materialicen, como educación para sus hijos o atención sanitaria si la necesitan. Por eso el PP hace muy mal al proponer retorcidas necedades como un “contrato moral” (¿a qué diablos puede obligar?) que sólo sirve para alentar las sospechas xenófobas, y cuando pone en solfa una obligación muy sensata del padrón municipal que, por cierto, impuso Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior (o tempora o mores) en atención al interés general: saber dónde están todos los extranjeros que viven en el país, hayan entrado en bussines o en patera.
Muchas voces alertan de que no deja de ser verdad que los servicios sociales no estaban preparados para atender adecuadamente el aumento de población de las zonas más receptoras de inmigrantes, de modo que algunos centros escolares públicos se convierten en guetos de niños con costumbres problemáticas, o que los servicios de urgencias de los hospitales parecen abarrotados por nuevos vecinos que en algunos casos recurren a la sanidad gratuita con escasa prudencia, y otras denuncias semejantes de personas conocedoras de lo que hablan y nada xenófobas ni populistas. De acuerdo, afrontemos el problema comenzando por las causas. Cuando un hospital o un centro escolar, o todo un barrio, se satura o degrada por la avalancha, ¿a quién hacemos responsable: al emigrante llegado a trabajar en lo que se le ofrezca, o a las administraciones incapaces de tomar previsiones mientras alentaban la inmigración masiva, incluso sin papeles, para alimentar la demanda de mano de obra barata y poco cualificada del fallido modelo económico español?
Pero donde el dislate xenófobo-populista llega al apogeo es en declaraciones como las de Alicia Sánchez-Camacho, según la cual “en Cataluña y España no cabemos todos”. ¿Nos dirá, pues, quiénes sobran y deben ser expulsados? Y lo dice para abrir campaña electoral en una comunidad, Cataluña, donde al nacionalismo etnolingüístico que tampoco encuentra sitio para los españoles que no saben catalán y para los catalanes no nacionalistas o aficionados al uso del español con preferencia al catalán o conjuntamente con éste (bilingües, vaya). Viejo problema al que se ha sumado ahora una plataforma, PxC, de ideología puramente xenófoba (y al que todos los pronósticos electorales dan buenas perspectivas de entrar en el Parlamento catalán). Impresionante deriva. Junto a la unanimidad de los medios de comunicación catalanes (con perdón) con la editorial del no al Constitucional (como si hiciera falta pararlo), la alienación del PP catalán con los nacionalistas y xenófobos regionales expresa otro avance de la berlusconización de Cataluña (con aspirante al título de Berlusconi catalán en la figura del presidente balompédico Laporta).
En resumen: mientras resulta inútil esperar al PP para las grandes reformas urgentes, de la económica a la educativa pasando por la constitucional y electoral, he aquí que el partido que aspira a suceder al PSOE disputa el menguante voto catalán a lo peor de esa comunidad identificándose con él. Estamos en plena caída de una democracia con problemas nacionales a un régimen de nacionalismos desbocados.
Enanéndum y ausencia del Estado
Por CarlosMG - Uncategorized - 15 Diciembre 2009
Cuando Forges era el gran Forges, publicó una viñeta donde dos enanitos que paseaban juntos mantenían más o menos el siguiente diálogo: “¿y tú que vas a votar en el enanéndum?”; “servidor votará en rojo, o sea abstención”, contestaba el otro. Era una sátira contra uno de los últimos referéndums del franquismo, quizás el de la propia Reforma Política, en que gran parte de la izquierda renaciente pidió la abstención al considerar que era un modo de perpetuar el franquismo al modo gatopardesco. Luego no fue así, pero el cambio forgeano de referéndum por enanéndum resultó brillante. Pues bien, Cataluña tuvo su enanéndum el pasado domingo.
Que fuera una consulta ilegal, con ser grave, ya da casi igual en un país donde parece que las leyes se aprueban para poder burlarlas desde las más altas instancias, y donde la fiscalía es un instrumento al servicio del gobierno que actúa según le convenga a éste. Lo más grave del enanéndum perpetrado el domingo es que se preguntaba a los catalanes por una decisión que sencillamente no es de su competencia, porque en un eventual referéndum por la secesión de Cataluña tendríamos que votar todos los afectados y no sólo algunos, y ese “todos” no es otro que el conjunto de la nación constitucional -que es la única políticamente existente, aunque Peces Barba y otros descubran ahora los arcaísmos románticos de la “nación cultural”. Vamos, que no sólo los avecindados en Solsona o Puigcerdá, sean nativos o inmigrantes, deberían votar llegado el caso sobre si quieren o no seguir formando parte de España, sino también los avecindados en Algeciras, Vigo o Aranda de Duero.
La razón es muy simple: todos los ciudadanos españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales, luego todos tenemos idéntico derecho a votar sobre algo que sin duda nos afecta a todos, a saber, la integridad y unidad del Estado del que somos ciudadanos. Ni más ni menos. Y esta es la razón básica por la que, en un Estado democrático, un referéndum de autodeterminación representa siempre un atentado contra la democracia: da a una parte el privilegio de decidir sobre lo de todos, creando por tanto dos categorías de ciudadanos, una con derechos plenos y otra privada de ellos. La parte privilegiada se impone a la mayoría muda despojada de la integridad de su ciudadanía por una decisión unilateral: eso y no otra cosa es un acto de autodeterminación en un país democrático. Y esta es la razón por la que un demócrata no puede aceptarlo: porque rompe absolutamente el principio de igualdad política y jurídica de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, rompe la regla seminal de la democracia.
Un enanéndum es a un referéndum lo que un juego de monopoli al genuino mercado inmobiliario. Jurídicamente no sirve para nada y tampoco respeta las reglas de una consulta democrática, pero puede ser divertido y maneja conceptos imponentes. Y desde luego, tiene consecuencias políticas. A diferencia del referéndum, el enanéndum jibariza a los ciudadanos, enaniza sus derechos y encoge el concepto de ciudadanía.
Boadella se ha referido a que el desafecto del nacionalismo catalán ya comenzó, en el inicio mismo de la Transición, con el cultivo deliberado de la diferencia cultural, que encubría la falacia de que Cataluña y España carecen de verdaderos lazos políticos democráticos, pues la segunda siempre se habría impuesto a la primera mediante la opresión y la fuerza. Sin duda Albert tiene razón, y su lúcido comentario alerta del extremado peligro que encubre el cultivo político de las llamadas “diferencias culturales”. Pero la Caja de Pandora comenzó a abrirse con la deconstrucción planificada del principio constitucional de igualdad. En concreto, cuando el PSOE aceptó la aberración del principio de bilateralidad España-Cataluña, instaurado por el nuevo Estatuto catalán, y luego cuando el PP, pese a recurrir el Estatut en el Constitucional (por cierto, ¿sigue alguien ahí?), incorporó ese mismo principio recurrido al Estatuto de Valencia a través de la “cláusula Camps”.
Una vez instaurada la bilateralidad en las relaciones España-Cataluña –y en su huella, el de todas y cada una de las comunidades autónomas con el Estado-, no sólo se ha dado un paso casi definitivo hacia un sistema confederal, sino que se abrió la veda que ha conducido al enanéndum del domingo. En efecto, si Cataluña ha conseguido casi una relación de Estado a Estado con España, ¿por qué no darle un carácter más claro y definitivo mediante una consulta de autodeterminación no mucho más unilateral que el Estatuto de autonomía? No es a los independentistas catalanes a quienes hay que reprochar que persigan sus metas políticas –aunque sí que lo hagan por medios ilegales, ante la pasividad del Estado que debe impedirlo-, sino a la estupidez ya indescriptible de los partidos políticos grandes, que permanecen paralizados y estupefactos como si no hubiera nada que hacer o esto no fuera con ellos. Ellos son tan responsables del enanéndum como quienes lo han convocado.
Mientras la amenaza de Ibarretxe de convocar su propio enanéndum consiguió al menos suscitar la respuesta conjunta de rechazo total de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados –gracias a la larga movilización del constitucionalismo vasco contra el nacionalismo obligatorio-, esta última barbaridad ni siquiera ha merecido una declaración en los pasillos. Una buena muestra de la velocidad a la que degenera nuestro sistema político, una demostración de la importancia de los movimientos ciudadanos y de la opinión pública (de su actividad o de su ausencia), y un aviso de la proliferación de enanéndums que se avecina. Un amigo de León me alerta, por ejemplo, de que los nacionalistas de allí desean hacer uno como el catalán para crear su propia comunidad autónoma en León, Zamora y Salamanca. Pronto se convocarán incluso en las comunidades de vecinos para ver si se les conviene más ser municipio independiente. Es lo que pasa cuando el Estado desaparece, convertido en una cáscara vacía, y cuando el gobierno de las leyes, que no otra cosa es la democracia, es sustituido por el interés de los grupos de presión.
La piedra de toque catalana
Por CarlosMG - Uncategorized - 27 Noviembre 2009
El follón montado en torno al nuevo Estatut de Catalunya era perfectamente previsible, y de hecho fue previsto por muchos de nosotros. La irresponsabilidad manifiesta de Zapatero, un trilero de la política; el auge del pensamiento único nacionalista en Cataluña, promovido por un establishment incómodo con la democracia; la chapuza constitucional de que no exista un recurso previo de inconstitucionalidad para las leyes orgánicas (fuimos el primer partido que puso su implantación en el programa y que lo llevó al Congreso de los Diputados); la puesta de la administración de justicia al servicio de los partidos, cuya máxima expresión es la incompetencia e inoperancia del Tribunal Constitucional; la ambigüedad y oportunismo del PP al aprobar en otros estatutos de autonomía lo que ha recurrido en el catalán (como la “cláusula Camps” del estatuto valenciano), dando así razones a quienes claman que los catalanes son discriminados porque se les niega lo que se aprueba para otros, todos estos y otros factores han coincidido y puesto de manifiesto en el conflicto suscitado por la tramitación del nuevo estatuto catalán. Nadie debería sorprenderse por un drama perfectamente anunciado y cuyos elementos de explosiva mezcla estaban a la vista de todos.
Es verdad que ahora la cosa se ha enriquecido con el manifiesto titulado, con esencialismo nacionalista, “Por la dignidad de Cataluña”, publicado unánimemente por los periódicos catalanes en papel y algunos digitales. Esta sospechosa unanimidad es la consecuencia de la desaparición práctica de la prensa independiente, pues los grupos de comunicación actuales no sólo forman parte ellos mismos del establishment que debería ser objeto de su escrutinio crítico, sino que sencillamente es una prensa comprada mediante subvenciones y dádivas de todas clases, sea en forma de subvención directa, de gravosa publicidad institucional o de créditos de las cajas de ahorro que controlan los partidos (además de los anuncios de prostitución que encubren conductas delictivas). Es solamente la guinda que corona la pringosa tarta en que ha devenido la democracia fundada en la Transición. Hora es ya de cambiarla, pero para eso hace falta tener un plan.
Desde luego, no hace falta ni decir que negarse a acatar la resolución del TC, sea la que sea, es un ataque directo a las bases de la democracia. Incluso si aquella fuera favorable, lo que procedería es pedir la reforma de la Constitución para que no cupiera la maniobra a la que llevamos tantos años asistiendo: la reforma subrepticia y por la puerta trasera –y ahora, mediante los hechos consumados- de la ley suprema. Esta es, por cierto, la cuestión política más grave implicada en el proceso de reformas estatutarias iniciado en Cataluña: que a los ciudadanos españoles, a la nación constitucional, se le está cambiando la forma del Estado, y por tanto sus derechos y obligaciones, sin consultarles ni explicarles claramente lo que pasa. Con el Estatuto catalán, y con todos los demás aprobados en su huella y a su estilo, España se está convirtiendo en una confederación, ni más ni menos.
El “Estado de las autonomías”, ese eufemismo de urgencia para eludir la palabra “federal” (palabra maldita para cierta mentalidad intolerante demasiado extendida todavía en nuestro país), se está convirtiendo en algo completamente distinto, un agregado confederal de entidades de distinto poder, viabilidad y futuro, flojamente hilvanadas por un Estado cada vez más débil. Esto es lo que hay, y sobre lo que nadie nos ha preguntado nunca. En cualquier caso, Cataluña no es La Rioja ni Extremadura, para citar dos socios menores de la chapuza confederal en curso de gestación. Y si la minoría que domina Cataluña mediante el control de todos sus resortes institucionales, de la prensa “independiente” a los clubs de fútbol –minoría, sí, pues recordemos que el Estatut fue aprobado por menos del 36% de los catalanes con derecho a voto-, decide seguir adelante en la política de hechos consumados, negándose a aceptar cualquier resolución del TC que juzgue contraria a su “dignidad” (a su poder), ¿qué haría el gobierno del Estado presidido por Zapatero, un hombre de ilimitada capacidad para el error, la manipulación y el ridículo? Mejor no dar ideas.
Y aquí me parece oportuna una pequeña reflexión sobre la utilidad de ese Estado federal cooperativo que hemos aprobado en nuestro Congreso como modelo a debatir cuando se abra una verdadera reforma constitucional.
En un Estado federal nunca se habría abierto un proceso de reforma estatutaria como el que hemos sufrido, ni sería posible considerar siquiera el tipo de bilateralidad Estado-Cataluña que instaura el Estatuto recurrido. Para entendernos, es como si Texas, o California, aprobara una nueva Constitución estatal instaurando la bilateralidad confederal con el resto de los Estados Unidos: allí ya tuvieron una guerra civil por algo parecido, así que ¿se imagina alguien una situación semejante? En cambio, en la república federal de Alemania hemos asistido hace poco a una cesión de competencias de los lander en beneficio del gobierno federal, a pesar de que algunos de ellos podrían alegar haber sido en un pasado reciente auténticos Estados soberanos, como Baviera o Sajonia, por no hablar de Prusia. Esa es la ventaja del federalismo sobre el caos autonómico español: hay unas reglas claras, con límites a los que todo el mundo sabe que deberá atenerse salvo que desee dinamitar el país. Precisamente lo que está ocurriendo en España por carecer de reglas constitucionales claras e iguales para todos, y de límites inviolables para la rapacidad localista. Y que todavía haya quien no quiera entenderlo…






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