El parlamento catalán aprobó ayer, con los votos de CIU, ERC e ICV, admitir a trámite una Iniciativa Popular (IP) para convocar un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Se trata de repetir a escala autonómica las caricaturas de referéndums sobre la independencia celebrados en numerosos municipios catalanes, en los que se preguntó a los inscritos en un censo simulado –que incluye menores de edad e inmigrantes sin derecho a voto- si deseaban que Cataluña fuera un Estado independiente miembro de la Unión Europea. Nadie se extrañe: se veía venir, porque ninguna autoridad hizo nada para impedir que esos simulacros se celebraran con la connivencia de los ayuntamientos, que prestaron locales públicos, soporte técnico y hasta policía y funcionarios municipales, manipulando un censo que necesariamente alguien tuvo que aportar sin que se reclamara la menor responsabilidad a nadie por un delito teóricamente muy penado por la exigente –casi histérica- legislación de protección de datos privados (procede recordar que Batasuna fue ilegalizada, entre otras razones, porque se consideró probado que pasaba a ETA el censo electoral). Pero ya es sabido que en este país de pandereta se puede perpetrar cualquier tropelía impunemente siempre que los autores sean poderosos e invoquen móviles “políticos”.

Los juristas nos recordarán que el parlamento catalán no puede convocar referéndums sin la autorización expresa del Gobierno de España, único constitucionalmente autorizado a convocarlos porque es una competencia exclusiva del Estado (art. 143º.1.32 CE), pero es cierto que a estas alturas el gobierno da más risa e inspira más desprecio que cualquier otra cosa, y la Constitución es poco más que papel mojado gracias, entre otras cosas, a la reforma encubierta iniciada por el nuevo Estatuto de Cataluña y sus imitaciones. Los políticos de este régimen en descomposición también se agarrarán al argumento de las competencias legales, porque sus perezosas maquinarias mentales apenas pueden ir más allá o sus compromisos no les dejan, y la mayoría de los tertulianos y analistas de prensa que pasan por expertos harán lo mismo. Pero como el Parlament aprobó, con apoyo socialista, una Ley de Consultas que abría la puerta a esta tipo de iniciativas, cabe augurar una aburrida y desenfocado litigio sobre si la Ley de Consultas catalana es o no constitucional –y ya sólo faltaría preguntar al TC sobre el asunto-, y si el resultado de un referéndum celebrado bajo su problemático paraguas legal tiene o no algún poder vinculante (muchos dirán que no hay nada malo en preguntar a la gente su opinión…)

Pues no: el problema de ese referéndum no es si tiene o no cobertura legal, sino que la pregunta que hace y el ámbito de decisión política que instaura, y el que excluye, son incompatibles no con determinado precepto constitucional, sino con la Constitución en su conjunto y por tanto con la democracia. Veamos por qué.

Ibarretxe, que pretendía algo semejante con el “derecho a decidir” previsto en su famoso Plan, desafiaba siempre a sus críticos a decir “que había de malo en ello”; era ello que su “Pueblo Vasco” tomara decisiones unilaterales sobre asuntos que atañen a la soberanía de la nación española definida por la Constitución. Naturalmente, jamás se molestaba en escuchar la respuesta porque su premisa de partida es que nada hay más democrático que dar la palabra al “pueblo”. Exactamente lo mismo que dicen ahora sus correligionarios catalanes. Y lo mismo que proclaman populistas, demagogos y separatistas por todo el ancho mundo.

Sin embargo, en una democracia aceptable el único “pueblo” al que cabe dar la palabra es al cuerpo electoral definido por la Constitución vigente. Todas las constituciones son en este sentido similares: sobre asuntos de interés general solo puede decidir el cuerpo electoral nacional, por ejemplo para elegir el nuevo parlamento o para decidir algo en un referéndum legal. Lo que no se contempla nunca es que una parte separada de ese cuerpo electoral puede decidir por el conjunto, y de paso romperlo por la via de los hechos consumados. Ni el “pueblo vasco” ni el “pueblo catalán” pueden decidir sobre la independencia de los territorios que les atribuyen los nacionalistas, porque esa decisión afecta a la unidad territorial y política de la nación constitucional de la que forman parte (y esta es la única nación democrática, no las naciones románticas). Si se aceptara la pretensión nacionalista, resultaría que los vascos y catalanes tendrían más derechos que el resto de sus conciudadanos, pues podrían imponerles a éstos decisiones que les afectan pero sobre las que no se les permite decidir. Por lo tanto, esos referéndums rompen la igualdad consustancial a la democracia, segregando la ciudadanía en bloques desiguales en derechos y también en obligaciones, pues también se pretende que el resto de españoles acepte como una obligación democrática el resultado de esos referéndums en los que no se les permite participar pese a dirimir un asunto que les afecta directamente: el futuro de su país. Esto es lo que hay de malo en ello: que la concepción nacionalista de “democracia participativa” es un atentado en toda regla contra la democracia sin apellidos.

Nadie sabe cómo va a acabar esta aventura en un país donde el propio gobierno, comenzado por su presidente, no se aburren de proclamar la inmarcesible estupidez de que cuanto menos centralismo y más nacionalismo, más y mejor democracia. Ahora pueden ir recogiendo los frutos de su siembra de creencias estúpidas y oportunistas. Al desastre económico y político se une el hundimiento del Estado democrático como sistema de instituciones comunes fundadas en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos.

Añadamos al pitorreo que el partido decisivo en la aprobación de la IP independentista haya sido CIU. Esa coalición cuyo portavoz en el Congreso, Durán i Lleida, recibió hace nada todo tipo de aplausos, loores y elogios por su altura de estadista y última o penúltima esperanza de la democracia hispana. Hubo muchos que incluso le postularon como presidente ideal de un gobierno de concentración que liderase la reacción contra la crisis, o al menos como un ministro de mucho peso en esa criatura gubernamental. Para ellos, el dato de que represente a un partido que pretende volar por los aires la Constitución rompiendo la comunidad política española para poner en su lugar al “poble català”, es una anécdota carente de la menor importancia. Como nombrar director del hospital a un enfermo terminal, ya que nadie sabe tanto del tema. Realmente, este es un país que agota los adjetivos.