Publicado el 23 marzo, 2011
Pues señor, henos embarcados en una guerra más o menos contra Gadafi allá en Libia. Me parece que sin pretenderlo fui el primer portavoz de un partido parlamentario en pedir una intervención internacional según la doctrina de la “injerencia humanitaria”: se trata de impedir por la fuerza que un gobierno despótico, el de Gadafi, perpetre impunemente una masiva represión homicida contra la población desarmada que reclamaba cosas elementales en cualquier país decente. A estas alturas ya no hay ninguna duda razonable de que la represión en Libia se deslizaba rápidamente hacia la matanza de civiles, y de lo que se trataba y se trata es de impedirlo sin esperar a que se consume la matanza para, como pasó en Bosnia, Ruanda o Kosovo, darnos luego a un ruidoso festejo de rasgamiento de vestiduras de los que tanto deleitan a las pasivas y miedosas almas bellas, esas mismas empeñadas en dictarnos la moral y el derecho internacional y afanadas ahora en negarle a la ONU autoridad para interpretar legalmente su propia Carta fundacional. Sí, ya saben, los del “no a la guerra” que es un “sí a la guerra civil”, aunque las dos situaciones sean igual de trágicamente bélicas, aunque no igual de injustas. Ojalá en 1936 hubiera existido una comunidad internacional empeñada en parar la guerra civil española en vez de asistir impertérrita a su funesto desarrollo con la excusa barata de respetar la soberanía nacional. Como si las soberanías nacionales no fueran otra cosa que matanza a la carta de enemigos políticos.
Dicho esto y celebrando que el Consejo de Seguridad haya dado la autorización legal para que varios países, entre ellos el nuestro, bombardeen las defensas antiaéreas y el armamento pesado de Gadafi para que al menos no aplaste en una semana toda oposición a su dictadura, hay que añadir que la intervención en Libia muestra demasiados signos inquietantes de falta de un propósito claro. Para empezar, de un objetivo claro que, a su vez, permita trazar planes racionales que permitan en su momento tomar decisiones de alcance: desde una intervención terrestre en Libia si fuera necesaria –ahora excluida por la resolución de la ONU, limitada a la exclusión aérea- hasta el cese de las operaciones militares cuando sea aconsejable. La insistencia de Zapatero en que no se trata de expulsar a Gadafi sino de ayudar a la población civil es una de esas piadosas jaculatorias que embrollan más de lo que aclaran: ¿habría un modo mejor de ayudar a los libios que quitarles de encima al sátrapa? ¿Es razonable destruir por aire al ejército de Gadafi y permitirle que mantenga en control del terreno para Gadafi? Y así una larga lista de preguntas que todos los interesados nos hemos hecho.
La inconcreción de los objetivos queda de manifiesto en la imprecisión del mando militar: ¿la OTAN, Estados Unidos, Francia, todos y nadie? ¿Y dónde está la UE? Porque, como de costumbre, la UE ni está ni se le espera cuando esta es otra ocasión de oro para que asuma el papel internacional que esperamos como agua de mayo (en la mitad del Sáhara), sobre todo ante las reservas y limitaciones que impone la propia ONU y el veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad a cualquier autorización de mayor alcance político. En efecto, la injerencia democrática –intervenir en un país en crisis política para favorecer la democracia, y no sólo por motivos humanitarios- es algo no sólo temido, sino inaceptable para las dictaduras abiertas de China (o Cuba) y las encubiertas de Rusia, Irán o Venezuela. De modo que no hay razones para esperar de la ONU mucho más de lo que ya ha autorizado porque Rusia y China lo evitarán. Estados Unidos, por lo demás, bastante tiene con Afganistán e Irak y señala sin disimulo a los europeos su responsabilidad en uno de sus mares domésticos, el Mediterráneo. Pero por otra parte Europa no sólo carece de ambición política, es que tampoco tiene el poder militar –ni la medrosa y conservadora sociedad europea quiere tenerlo- capaz de sustituir con eficacia al de Estados Unidos cuando haga falta. Finalmente, consideremos que algunos de los actores políticos más importantes en esta intervención son jefes de gobierno con serios problemas domésticos: Obama, Sarkozy, Berlusconi y desde luego Zapatero, por no hablar de la ausente (por razones de política doméstica) Angela Merkel, confirmando para Alemania el paradójico (¿e insostenible?) papel de gigante económico y enano político. No parece haber ningún propósito común entre todos estos gobernantes, más allá del doble (y no antagónico) de poner orden en Libia y su petróleo y de contentar a la indignación humanitaria de sus opiniones públicas. Así están las cosas: un tremendo embrollo porque estamos metidos en harina guerrera en Libia, pero no se sabe muy bien para qué ni quién manda, aunque sí sepamos por qué y cómo.
En resumen, el caso de Libia debería forzar un debate sobre la legitimidad de la injerencia democrática, es decir, del derecho de la comunidad internacional democrática a intervenir en tragedias como la libia para favorecer la transición a la democracia. Porque está claro que la injerencia humanitaria es en sí misma insuficiente para definir el horizonte político de una intervención que es política, precisamente, por ser humanitaria. Pues sólo en la democracia evolucionada, con su ética pública de la libertad individual y de los sagrados derechos humanos universales, se considera que una crisis humanitaria de grandes proporciones justifica una intervención armada. Durante los genocidios armenio, soviético o nazi, casi nadie se planteó que estas catástrofes fueran en sí mismas un casus belli legítimo, por éticamente repugnantes que fueran.
Una objeción habitual de los pragmáticos es que una intervención abiertamente política en Libia obligaría por coherencia a intervenciones similares en Bahrein (abandonado al intervencionismo represivo de Arabia Saudí y Qatar), Yemen, quizás Siria y, por qué no, en cualquier país del mundo sometido a dictaduras contestadas por sus víctimas. Lo que valdría para Cuba, Corea o la propia China. Pero la respuesta es precisamente pragmática: ni todas las intervenciones son posibles a la vez ni son igual de urgentes, ni la respuesta de la dictadura será previsiblemente la misma. Seguro que los autócratas chinos no responderían igual que los Castros o Chávez, y de lo que se trata no es de arrastrar al mundo a la III Guerra Mundial, sino de ayudar a las sociedades que luchan abiertamente por derribar dictaduras que se defienden asesinando impunemente a diestro y siniestro. No se trata de elegir entre impedir todos los crímenes del mundo o dejar que se cometan todos, sino de progresar adecuadamente en la erradicación o castigo del crimen político. Razonable objetivo que a día de hoy nos parece demasiado remoto a muchos. Aunque hubiera una corriente pujante a favor de la injerencia democrática, habría que construir las instituciones capaces de poner manos a la obra, y por ahora, si existen, es sólo sobre el papel, como la inexistente “política internacional común” de la UE.
Publicado el 18 marzo, 2011
Incluso estando acostumbrados a la cazurra cortedad de miras del establishment que nos aflige sorprendía que el señor Griñán lamentara que el Tribunal Constitucional haya derogado el artículo del Estatuto de Andalucía que pretendía la “competencia exclusiva” de su comunidad sobre el río Guadalquivir. Eso fue el miércoles; el jueves, ese mismo Tribunal derogaba un artículo similar sobre el río Duero en el Estatuto de Castilla-León. Y sorprendía porque siempre se espera, quizás con demasiada ingenuidad, que incluso gente tan pegada al interés más mezquino comprendiera, a la luz de lo que pasa en el mundo, lo ridícula, anacrónica y extemporánea que es su reclamación de competencia fluvial exclusiva justo cuando, al otro lado del mundo, la tragedia japonesa ponía drásticamente de relieve que compartimos un planeta pequeño, limitado y peligroso. Y que las fronteras e intereses nacionales, lejos de protegernos de los riesgos de vivir en su sitio así –una bola recubierta de placas tectónicas móviles que chocan entre sí produciendo terremotos, tsunamis y volcanes-, no sirven sino para empeorarlos.
Un terremoto seguido de tsunami, ambos tremendos, han bastado para poner en solfa el exceso de confianza en la ingeniería de la seguridad que llevó a Japón a instalar enormes centrales nucleares justo en la costa de una de las regiones más sísmicas del planeta. Los optimistas excesivos han subrayado que las centrales aguantaron bien el terremoto, pero callan que fracasaron ante el tsunami inmediato. Y “tsunami” no es por casualidad una palabra japonesa prestada a las demás lenguas del mundo, sino debido a lo habitual de ese fenómeno en aquel país. No resulta pues muy consolador que las centrales resistieran el brutal temblor 9.0 para quedar desbaratadas por la probable y previsible sucesión de olas de hasta 10 mtrs de altura causadas por aquel. Considerando retrospectivamente el riesgo, el emplazamiento de la central de Fukushima parece completamente reñido con el sentido común (y debería llevar a revisar el emplazamiento de centrales en zonas sísmicas o fácilmente inundables).
¿Significa eso que debamos renunciar a la energía nuclear en el resto del mundo, o al menos en Japón y países de gran sismicidad, como han exigido los predicadores de la religión política ecologista? Pues creo que no. Primero, porque una central nuclear se puede parar, en efecto, pero pararla no volatiliza la radioactividad que contienen sus reactores parados y las piscinas con combustible gastado: ante una inundación como la de Fukushima son tan peligrosas paradas como en marcha (desagradable hecho que se oculta a la opinión pública mientras se pide relanzar el “debate nuclear”… para cerrar las centrales). Segundo, porque mientras no se desarrollen alternativas reales a las nucleares de fisión, como la fusión nuclear (que no todo el mundo cree posible desarrollar para uso comercial), esas centrales son necesarias por dos razones: por el encarecimiento o agotamiento futuro de las fuentes fósiles petróleo y carbón (consideradas además contaminantes por el Protocolo de Kyoto), y porque las renovables necesitan una energía de base constante para compensar la variabilidad del clima, y eso las nucleares lo hacen perfectamente. La imagen de un mundo abarrotado de molinos de viento y huertos solares no sólo es estéticamente objetable –el paisaje también es un bien escaso a proteger- y económicamente dudosa –basta con ver nuestro problema con las insostenibles primas a las renovables, que también debemos a ZP y sus lamentables gobiernos-, sino que es incapaz de suministrar el 100% de las necesidades energéticas el 100% del tiempo requerido (aunque pudiera serlo algún tiempo en algún espacio excepcionalmente adecuado).
Dicho esto, parece obvio que el “debate nuclear” debería centrarse en la mejora de las centrales nucleares, en objetivos como buscar alternativas a las que deberían desmantelarse por estar emplazadas en sitios con un alto riesgo de desastre natural (o político, en algunos casos como Pakistán… o Irán, que reúne ambos).
Una alternativa racional consistiría en emplazar centrales nucleares, con seguridad reforzada, en territorios sin riesgo sísmico o de inundación catastrófica. Si se superara al nacionalismo energético –como todos los nacionalismos, fuente constante de problemas para la seguridad y el interés general-, países como Japón podrían obtener su energía eléctrica de origen nuclear de centrales ubicadas en sitios de tectónica más segura que la suya. La invocación a la soberanía nacional en peligro en caso de que esos otros países apagaran el interruptor debería llevar a fórmulas de cooperación y seguridad mutua que minimicen esos riesgos, en todo caso mucho menores que los representados por los enormes terremotos y tsunamis que cada cierto tiempo devastan las regiones del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El abandono del nacionalismo energético parece imprescindible para mantener un estilo de vida y un sistema productivo que consume muchísima energía, y que consumirá más y más a medida que enormes países como China, India y Brasil se incorporan a la economía desarrollada con todas sus consecuencias. Si se mantiene el principio de primar el autoabastecimiento para proteger la soberanía sobre la previsión de minimizar el impacto de desastres como el sufrido por Japón, se acaba pagando un precio mucho más alto debido a que la contaminación nuclear, como los terremotos, no saben nada de esas fronteras políticas a las que tanta importancia seguimos dando.
Y esta reflexión nos lleva de nuevo a España y a la insensata lucha entre CCAA por recursos naturales que muchas veces son más teóricos que prácticos. El Duero y el Guadalquivir son dos de los grandes ríos ibéricos, pero eso no es mucho decir: ¡son simples regatos comparados con los ríos realmente grandes! Sin embargo, es el nacionalismo más cegato e imprevisor el que ha tomado carta de naturaleza como la única política posible en España cuando se trata del agua o del territorio. En lugar de minimizar las fronteras administrativas, el establishment español se empeña en tratar de ahondarlas y subrayarlas un poco más cada año. Da igual que esa política esté condenada al fracaso por el hecho incontestable de que a la naturaleza le da lo mismo este tipo de absurdos particularismos, tan nocivos en cambio para los seres humanos que los imponen. Ni terremotos, ni sequías o inundaciones respetan frontera alguna ni éstas sirven para nada ante tragedias como la japonesa. Estos desastres cíclicos más bien ponen de relieve la futilidad, ridiculez e irracionalidad del empeño nacionalista por imponer fronteras y puertas al campo. ¿Aprenderán algo de esto en las capitales autonómicas españolas? Todo invita a pensar que esto es imposible para los partidos que aprobaron en sede parlamentaria cosas tan ridículas como Estatutos que declaraban cuencas fluviales enteras propiedad autonómica y competencia exclusiva. Me refiero, claro está, a los de siempre: PSOE, PP, IU y la macedonia nacionalista.
Publicado el 12 marzo, 2011
Nadie discute que en Italia no se mantenga un Estado de derecho con todas las instituciones imprescindibles en una democracia y fijadas por una Constitución. Pero también es indiscutible que la democracia italiana se ha convertido en el paradigma de un mal uso de las instituciones que, manteniendo formalmente las apariencias, pervierte profundamente su sentido original. El presidente del gobierno Silvio Berlusconi ha terminado encarnando, por méritos propios, esa perversión permanente que acaba convirtiendo los tribunales en agencias de arbitraje de intereses privados, el Parlamento en un zoco donde todo está en venta y alquiler, y la presidencia del gobierno en un circo más seguido por sus escándalos sexuales que por su actividad política. Una verdadera desgracia, pero el que haya sucedido esto en un país tan civilizado y rico como Italia debería tomarse como una llamada de atención sobre los peligros que acechan a todas las democracias, sin excepción, y no como una manifestación de la supuesta informalidad idiosincrásica de los italianos.
Fijémonos en España: ¿estamos mejor que en Italia? En algunos aspectos todavía sí. Al menos, aquí parece imposible todavía un escándalo como el de la acumulación de basura en la Campania ante la pasividad absoluta de las instituciones responsables. Sin embargo, el cambalacheo de votos parlamentarios donde se obtiene el apoyo al gobierno a cambio de favores es tan usual como en Italia, y esa no es la única coincidencia preocupante (da lo mismo que los beneficiarios sean partidos nacionalistas en vez de partidos personalistas). Que a Zapatero no se le conozcan veleidades orgiásticas no es sino una anécdota menor. La pregunta que debemos hacernos es si estamos inmersos en un proceso de berlusconización, es decir, de vaciamiento del sentido de las instituciones a través de su perversión práctica. En la administración de justicia y la pérdida de igualdad ante la ley ya se ha avanzado mucho en ese sentido, o al menos así lo percibe una gran mayoría social, según ponía de relieve la última encuesta del CIS.
Como en Italia, en España hay un gran descontento social con el funcionamiento del sistema, y también emergen nuevas formaciones políticas que buscan beneficiarse de este descrédito popular fácilmente convertible en deslegitimación. No todas ellas nacen con el propósito de enderezar lo degenerado y refundar las instituciones para restituir la democracia, sino para profundizar los peores aspectos de la situación. O sea, para obtener beneficios privados de la desaparición de la justicia autónoma, de los medios de comunicación independientes y de la exigencia de transparencia y rigor en la gestión pública, dominada por la corrupción.
Lo inquietante de la berlusconización es, precisamente, que abre paso no a una crisis del sistema con propuestas de renovación democrática, sino al estancamiento de lo peor a través del bloqueo institucional y del desistimiento cívico. Desistimiento expresado en el aumento de la abstención, el cinismo intelectual, la despolitización y el éxito de partidos políticos no críticos sino sencillamente ajenos u hostiles a los propósitos de la democracia. Por ejemplo, partidos personalistas que no son sino plataformas de proyección institucional de intereses básicamente personales, como el de Francisco Alvarez Cascos (FAC) –inquietante sujeto que también se parece a Berlusconi en su fama de depredador sexual-, o los de Revilla y Laporta, por no hablar de peores aventuras jaleadas por los medios como la catalana de Carmen Mairena. Cataluña es, sin duda, la parte de España donde todo se ha conjurado para el avance de la berlusconización. Pero hay otros signos inquietantes del avance del proceso en el conjunto del país: por ejemplo, el regreso en loor mediático de personajes como Mario Conde, presentado por el grupo Intereconomía como modelo de la “regeneración democrática” por venir y que no sería, por cierto, sino una variedad hispana del berlusconismo (lo que lejos de tranquilizar debe preocupar más).
A los partidos tradicionales este proceso sólo les preocupa en cuanto pueda poner en peligro su posición dominante, pero el sentido del mismo no solo les resulta indiferente, sino que en realidad emerge de sus propias prácticas. También en Italia pasó algo parecido: Berlusconi fue el oportunista sin escrúpulos que, apoyado en su imperio mediático y en la popularidad ganada explotando el mismo, recogió los frutos del hastío popular por el corrupto sistema de alianzas protagonizado durante años por los partidos italianos clásicos: el democratacristiano y sus satélites republicanos, socialistas y laicos. El sistema de partidos clásico se hundió en Italia, pero a pesar del juez Di Pietro y otros líderes y grupos regeneracionistas –como el Partido Radical de Marco Panella- no lo sucedió un sistema renovado que actualizara la democracia y limpiara las instituciones acabando con la corrupción y las mafias, sino una nueva amalgama de minipartidos personalistas, neofascistas y nacionalistas de la Padania agrupados en torno a Berlusconi, verdadero conseguidor de ese sistema degenerado; en frente, las viejas y desarboladas glorias, divididas, impotentes y anacrónicas, de la antaño pujante izquierda italiana. Ese es el triste panorama político y civil que ahora ofrece Italia. Y la amenaza es que en España acabe pasando algo similar si lo que hay de sociedad civil activa no es capaz de reaccionar contra la resignación, el pesimismo y la comodidad del que critica mucho pero no arriesga nada. La impotente ira del español sentado denunciada por Alvaro Pombo, el verdadero deporte nacional en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.
Publicado el 7 marzo, 2011
En una de sus famosas frases Albert Einstein dijo algo como esto: “me asombra que alguien espere un resultado distinto cuando procede del mismo modo”. Yo tengo una versión más breve que utilizaba a menudo en mis atribulados tiempos de director de departamento universitario: siempre que pasa igual ocurre lo mismo. Pues aunque parezca mentira hay muchas personas, intachables en muchos aspectos, que parecen incapaces de entender el principio de causalidad natural y se abonan al pensamiento mágico, a menudo revestido de teoría extravagante. Y así creen posible hacer las mismas cosas que otras veces les condujeron al fracaso y ahora conseguir el éxito. Supongo que conciben la vida como una lotería o una tómbola del tipo de aquella canción tan pegadiza (tómbola de luz y de color) de los franquistas sesenta o setenta.
Y viene todo esto al caso de las esperanzas puestas por unos en la última treta de ETA para volver a las instituciones vía la marca Sortu, y en la incomprensión de otros por lo que está sucediendo en los países árabes. La epistemología popular permite ver qué conexión hay entre ambas incomprensiones y el papel jugado por ciertos “expertos”.
Sobre lo primero, algunos parecen no haber aprendido nada de las pasadas treguas de ETA y de su constante refundación del mismo partido bajo diferentes marcas. Cuando se les recuerda amablemente el hecho innegable, tienden a despreciar el argumento de la experiencia diciendo que, esta vez, sí que será distinto. Pero, ¿por qué?, ¿porque ellos son expertos natos, o porque la experiencia no tiene ningún valor? A juzgar por lo que dice en un vídeo de El País Luis Aizpeolea, gran muñidor de esa variedad de pensamiento mágico que es “esta-vez-sí-que-ETA-va-en-serio-con-la-paz”, lo que se interpone entre el logro de sus bellos deseos y la penosa situación presente no es otra cosa que la maldita experiencia, siempre fastidiando a expertos de buena fe como él mismo o su amigo y socio en la materia, el socialista Jesús Eguiguren. Pero la mayoría de la sociedad, puede que no tan experta pero con más sentido común en lo que a ETA respecta, se niega a renegar de la experiencia del trato con esos asesinos. Bastaría que esa misma mayoría procediera igual con el PSOE, el PP y los nacionalistas para que este país mejorara considerablemente, pasando del pensamiento mágico y el reniego de la realidad y la experiencia al aprecio de los hechos y del pensamiento racional. ¡Así que no desesperemos, puede conseguirse!
Vayamos a la situación en los países árabes. Como no podía ser de otra manera, ésta es en sí misma muy variada: incluye desde revueltas que acaban con el gobierno, como en Túnez y en Egipto, a una guerra civil larvada como en Libia, pasando por los movimientos por la igualdad de derechos civiles de los chiitas de Bahrein y otros emiratos del Golfo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Si aplicamos la norma de recurrir a la experiencia acumulada, es decir a la historia, descubrimos rápidamente un parecido nada casual con las revueltas que derribaron el muro de Berlín y los regímenes socialistas del este de Europa hacia 1989. Se trata en todos los casos de una población civil sometida a regímenes despóticos, corruptos, anacrónicos y atrasados que bloquean la evolución del país, especialmente para la gente más joven, condenada a la pobreza y la marginalidad social. En este punto, el dilema que se plantea a los afectados es el que el sociólogo Albert Hirschman llamó de “voz o salida”: o se expresa públicamente la protesta contra el régimen (mediante manifestaciones, artículos, críticas públicas), o se abandona el país (emigrando o refugiándose en la marginalidad). Cuando la segunda alternativa desaparece del horizonte, por ejemplo porque los países vecinos cierran la frontera ante el riesgo de avalancha de refugiados o emigrantes económicos, o porque el propio régimen impide a la fuerza la emigración voluntaria (como hacían los países socialistas), la alternativa o preferencia de “salida” deja de serlo a favor de la “voz”, es decir, a favor de la protesta social en forma de manifestaciones de protesta cada vez más organizadas.
Veamos ahora lo que está sucediendo en los países árabes y puede suceder en otros, árabes o no (como Irán, China o Venezuela): el cierre de fronteras a la emigración económica como consecuencia de la crisis internacional, o del propio autoritarismo del régimen, debilita cada día más la opción “salida”: queda entonces la posibilidad de recurrir a la “voz” contra el régimen culpable, posibilidad agigantada hoy en día –a diferencia de los años 80 en la Europa oriental- por el desarrollo de internet y la comunicación vía satélite, desde los móviles a la televisión. A lo que estamos asistiendo, por tanto, es a una nueva oleada de un fenómeno de insurrección social en sociedades complejas –pues aunque atrasados, estos países ya son complejos y están más o menos integrados en la civilización global- que tuvo su primera y gran manifestación en la Europa del Este, comparativamente menos pobres que países como Túnez o Egipto pero mucho más cultos e informados que éstos. Convertir el debate sobre este fenómeno de “voz o salida” en el viejo debate etnocentrista sobre si los árabes están o no preparados para la democracia (como si nosotros lleváramos la democracia en los genes y ellos no), o sobre la difícil secularización del islam (como si las iglesias cristianas se hubieran dejado desposeer voluntariamente del poder político), es una vez más errar el tiro al ignorar la experiencia histórica: lo que sabemos de la naturaleza humana y de cómo evolucionan las sociedades bajo el conocido cóctel de explosión demográfica, opresión política, empobrecimiento económico y corrupción que saquean el país y bloquea sus posibilidades de evolución pacífica.
Y por cierto: los “expertos” en países árabes tampoco predijeron lo que iba a pasar, a diferencia de algunos escritores y periodistas mucho más perspicaces (incluyendo muchos blogueros de los países árabes). Ahora esos mismos expertos nos dicen que desconfiemos de la experiencia porque lo de Libia o Yemen no tiene precedentes. Vamos, que confiemos en ellos en vez de en nuestra capacidad de comprensión fundada en la experiencia y la observación. Como con Sortu, en fin. Pues conmigo que no cuenten… Respecto a Sortu, en concreto, no hay nada más democrático que presionar contra cualquier “salida” que no sea obligarles a alzar la “voz” contra ETA. Entonces hablaremos. Y respecto a los países árabes, lo que conviene es que la voz civil recién estrenada en algunos pueda evolucionar hacia la democracia: un camino problemático, difícil y siempre lleno de incertidumbres.
Publicado el 21 febrero, 2011
Las revueltas democráticas del mundo árabe, lideradas por jóvenes organizados en internet –y extendidas a Irán y China estos días-, han quitado protagonismo a una iniciativa parecida lanzada en Bélgica por estudiantes más que hartos del desgobierno y la deriva hacia la disolución de su país: es la llamada “revolución de las patatas fritas”. Pero teniendo en cuenta que por fortuna España se parece mucho más a Bélgica que a Egipto o Marruecos, convendría dedicarle al menos una reflexión a lo que está sucediendo en un país que no hace tantos siglos era un espacio vital para la política española: los antiguos Países Bajos católicos (a diferencia de los protestantes, la Holanda actual). Y si fuera posible, imitarlo.
Bélgica es un Estado extraño, resultado de la ingeniería política y geoestratégica sobre un territorio martirizado por guerras inacabables desde el inicio de la edad moderna. Con dos lenguas principales yuxtapuestas –pues los belgas carecen, a diferencia de nosotros, de una verdadera lengua común-, la religión católica fue el cemento encargado de cohesionar un país “artificial” interpuesto entre poderosas potencias: Francia al sur, Alemania (antes Prusia) al este, Holanda al norte y muy cerca, al noroeste, Gran Bretaña. Uno de esos cruces de caminos estratégicos demasiado importantes para cederlos sin más a una potencia hegemónica, lo que condena a ese espacio a convertirse en un Estado neutral para todos. Esa fue también la causa de las inacabables y agotadoras guerras en las que se vio involucrada España: que los Países Bajos eran parte principal de la herencia de los Austrias desde Carlos I, y España no podía retirarse de Flandes –aquí eran más conocidos por ese nombre- sin renunciar a las ínfulas de superpotencia y paladín de la causa católica (e imperial romano-germánica).
Probablemente esa es la razón de fondo de que Bélgica, creada como Estado independiente, católico y neutral tras la revolución de 1830, no llegara nunca a cuajar del todo como país: que la razón estratégica no es capaz de crear naciones. Con dos comunidades lingüísticas tan diferentes, los flamencos del norte que hablan neerlandés y los valones meridionales que lo hacen en francés, la pérdida de importancia del conflicto religioso dejó al descubierto la insustancialidad del proyecto político una vez que el nacionalismo lingüístico se apoderó de la vida política de los belgas. En los últimos decenios, la política belga ha estado dominada por la obsesión por separar a flamencos de valones, acabando con cualquier institución común salvo la monarquía; incluso llegaron a dividir en dos la gran biblioteca de la famosa Universidad de Lovaina. Los “belgas” ya no tienen en común prácticamente otra cosa que un pasaporte y la capital virtual de Europa, la ciudad de Bruselas. ¿Les suena?: adelantándose a lo que aquí propugnan nacionalistas catalanes, vascos y gallegos y sus imitaciones, los respectivos partidos, tras dejar de ser belgas para alinearse como flamencos o valones, se han empeñado a fondo en volar puentes de todo tipo entre dos comunidades que viven de espaldas… salvo en Bruselas. Es aquí donde se ha recuperado la idea de una ciudadanía belga e irradiado a otras ciudades flamencas y valonas. El detonante de la reacción ha sido, a escala doméstica, el escándalo de los más de 250 días sin gobierno federal, y el catalizador internacional, citado expresamente por los promotores de la protesta, el ejemplo de las protestas democráticas árabes convocadas por jóvenes a través de internet.
La revuelta belga de las patatas fritas también es una protesta por la falta de democracia en Bélgica. Esto sorprenderá a quienes piensan que la democracia se reduce a la celebración de elecciones periódicas y al mantenimiento de ciertas formalidades públicas, y desde luego escandalizará a los nacionalistas, pero contra lo que protestan imaginativamente los estudiantes e internautas belgas es contra la destrucción de la ciudadanía operada por el avance de las reaccionarias políticas nacionalistas de la división artificial, el conflicto intercomunitario y la destrucción de la cultura común con la vista puesta en la supresión del Estado común. El mismo proceso que soportamos en España, sólo que mucho más avanzado.
Elegir las “patatas fritas” como icono de la protesta es una broma llena de significado: son algo que todos los belgas, flamencos o valones, tienen en común, como la excelente y variadísima cerveza, la ciudad bilingüe de Bruselas y la triste pero valiosa monarquía que allí se aloja. El catolicismo que les separaba de los neerlandeses del norte u holandeses ya no tiene, por fortuna, el papel cismático del pasado.
Ojalá progrese la rebelión belga de patatas fritas e internet contra la majadería nacionalista: sería una magnífica señal de reacción de la ciudadanía contra el avance del nacionalismo que tanto daño hace, siempre, a la democracia en las sociedades avanzadas. Porque, insistamos, lo que las chicas y chicos belgas, flamencos o valones, están diciendo al conjunto de la sociedad, es uno de los principios básicos de la democracia: sin ciudadanía no hay democracia, y quien destruye la comunidad política en nombre de la lengua o cualquier otra contingencia parecida no hace otra cosa que destruir la ciudadanía y, por tanto, destruye la democracia sobre la que jura en vano.
Publicado el 13 febrero, 2011
(en homenaje y recuerdo a Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003)
Disculpen la intemperancia, pero cada vez que oigo a alguien decir que se alegraría de la legalización de Sortu porque eso demostraría que el sistema democrático funciona, y permitirá la participación política de todos los vascos en las instituciones, me parece oír a alguien que considerara positiva la existencia del Ku Klux Klan porque refuerza el pluralismo de la sociedad americana reconociendo la actividad de xenófobos, antisemitas, racistas y fanáticos variados a quienes, puesto que existen, corresponde dar voz y voto en las instituciones. La verdad, no veo la ventaja de este arreglo.
Es evidente que la siniestra y violenta banda de racistas encapuchados existe por la misma razón que Sortu o cualquiera de las precedentes marcas políticas de ETA: porque hay gente que rechaza los fundamentos mismos de la democracia, a saber, los principios de igualdad y libertad personal de todos los ciudadanos, y el orden del Estado de Derecho, es decir, la obligatoriedad e igualdad de las leyes. Ya sabemos que, en determinadas condiciones, esa clase de gente se organiza y reúne, unos en bandas armadas y otros en partidos o asociaciones que están a la sombra de las primeras aunque estos partidos no sean “violentos” en el sentido literal del término: se limitan a dar apoyo moral, intelectual y social a los que cometen los atentados y a convertir en réditos políticos las consecuencias de la destrucción, la violencia y el crimen político desatado contra sus adversarios. Es verdad que en los Estados democráticos que funcionan la presión jurídica, social y policial puede acabar deshaciendo las bandas armadas aunque las ideas que les dieron origen sigan vigentes. Dicho esto me pregunto qué gana la democracia con la existencia de cosas como el Klu Klux Klan o Sortu y la respuesta es la misma: nada. Otra cosa es que la democracia, a consecuencia del sistema de garantías de las libertades que le es implícito, deba soportar asociaciones de racistas o de nacionalistas fanáticos siempre que respeten la legalidad, no puedan imputárseles crímenes ni complicidad con los criminales y se limiten a la expresión no violenta de sus aberraciones ideológicas y políticas. Esta es la razón de que algunas democracias intachables toleren grupos de ideología claramente totalitaria, sean maoístas o neonazis.
Este es el caso de Sortu: su rechazo estatutario de la violencia no les convierte en demócratas porque la democracia es mucho más que acción no violenta: comporta un cierto número de valores y creencias básicas, como la supremacía de la igualdad y la libertad y la aceptación del Estado de derecho. Algo que sigue en las antípodas de Sortu. Para conseguir la legalización el último avatar de la Herri Batasuna de siempre tiene que conseguir el visto bueno de los tribunales, que decidirán si cumple la Ley de Partidos, y si para ello bastan los nuevos Estatutos donde se rechaza –pero no condena- a ETA y se comprometen a rechazar atentados futuros… pero no los del pasado. Y sea cual sea la decisión de los tribunales competentes debería estar claro que sólo van a juzgar si el nuevo partido reúne los requisitos legales para permitirle actividad pública, y nada más. No se va a juzgar la calidad del sistema democrático a cuya puerta llama Sortu por estricto instinto de supervivencia sino si éste es, formalmente, un partido legal.
Sin embargo, proliferan las declaraciones –por supuesto bienintencionadas, faltaba más- que de modo más o menos implícito admiten que no se va a juzgar sólo a Sortu, sino al sistema democrático como tal. Sin duda, estamos ante otro éxito de la propaganda totalitaria en un país de una cultura política frágil y superficial, donde parece que la democracia debe justificarse ante corruptos, totalitarios y energúmenos varios, en vez de pedirles cuentas. Y si es de esperar que los partidarios y amigos de Sortu se apresuren a enfocar así el problema de la legalización de su engendro, resulta alarmante que esa perspectiva haya sido aceptada por muchos socialistas –con los inefables e inaguantables Jesús Eguiguren y Odón Elorza a la cabeza- e incluso por algunos del PP: Iñaki Oyarzábal declaraba que “sería una buena noticia” que se pudiera legalizar a Sortu si cumplía los requisitos (y todo sugiere que en este asunto hay un arreglo entre PSOE y PP para que la sangre no llegue al río… y Sortu sea legal antes o después).
Si finalmente los jueces consideran que Sortu reúne los requisitos y es legalizado, tal noticia no sería mejor que la de que hay entre nosotros suficientes fanáticos contrarios a la democracia como para formar un partido que el sistema democrático tolera por sus propias exigencias constitucionales de estirar al máximo las libertades de asociación y expresión. Por lo demás, Sortu no va a mejorar la democracia por las mismas razones por las que el Klu Klux Klan no mejora el pluralismo de la sociedad americana, sino todo lo contrario: lo amenaza y aminora de hecho.
Esperemos que la confusión reinante sobre a quién se juzga en el procedimiento de registro legal de Sortu no lleve a una relajación judicial excesiva. No sería la primera vez que un alto tribunal español acaba resolviendo una conflicto constitucional con una sentencia “interpretativa” –en este caso de la Ley de Partidos- que deja las cosas peor de lo que estaban, aumentando la inseguridad jurídica y extendiendo la máxima confusión entre la opinión pública. A Sortu lo menos que se le debe exigir es que su “rechazo” estatutario de ETA sea una condena sin paliativos de toda la historia de ETA y de cada uno de sus atentados, acompañada como es lógico de una petición expresa para que la banda se disuelva sin ninguna contrapartida. A partir de ahí podríamos considerar que Sortu es un partido de fanáticos nacionalistas democráticamente indeseables pero con suficiente miedo al Estado de Derecho como para no reservarse el menor margen de ambigüedad sobre la violencia, ni representar un peligro apreciable de servir los cuarteles de invierno de una ETA que no se resigna a desaparecer. Por cierto: el siniestro Klu Klux Klan también ha pasado por varios ciclos de ilegalización y legalidad al albur de los cambios políticos.
Publicado el 7 febrero, 2011
El debate sobre los beneficios y perjuicios de internet es recurrente y predecible. Ha ocurrido lo mismo a lo largo de la historia cada vez que ha aparecido un nuevo medio de comunicación e información, y esta vez no iba a ser diferente. Platón, en la histórica transición de una cultura esencialmente oral a otra mucho más dependiente de la escritura, sucedido en su época en Grecia, advirtió contra los peligros de que ésta debilitara la capacidad de pensar (dialéctica) al sustituir el esfuerzo de reflexionar y recordar por la comodidad de conservar en libros ideas que podían poseerse, pero realmente no se comprendían. Cada vez que tropiezo con alguien que presume de sus muchos libros, como si poseerlos equivaliera a comprenderlos, reconozco que Platón tenía sus razones para alarmarse, pero también que esa actitud a la defensiva es la característica del pensamiento reaccionario (totalitario, para Popper). Ocurrió lo mismo con la irrupción de la imprenta, que muchos denunciaron como un nuevo mal para el conocimiento porque facilitaba su divulgación; luego pasó lo mismo con la extensión de las traducciones de la Biblia a lenguas comunes, con la divulgación de las enciclopedias, con la irrupción de la prensa barata y masiva, y finalmente con la aparición de la radio y la televisión comerciales. Cada vez que aparece un nuevo medio capaz de transformar en profundidad la comunicación o la conservación y producción de información, aparecen desinteresadas o interesadas almas afligidas por el cambio para advertirnos contra los peligros ominosos que les van unidos. Los apocalípticos (e integrados) analizados por Umberto Eco en uno de sus libros más logrados.
El último debate de moda sobre internet es sobre si la proliferación de herramientas que requieren atención personal –blogs, webs, redes sociales, correo electrónico- no nos estará volviendo más tontos que cuando no existían tales distracciones. Dudo de que una herramienta informativa haga más tonto a quien ya lo sea o que atonte a personas inteligentes. Más allá de la interacción de estas herramientas y hábitos de uso con la evolución fisiológica de nuestras capacidades cognitivas, está demostrado que facilitar el acceso a más información es fundamental para el progreso de la cultura. Así, es evidente que el uso masivo de la escritura hizo retroceder mucho el entrenamiento exigente de la memoria, pero no nos hizo más desmemoriados, sino más autónomos de la memoria personal y colectiva.
Donde mejor se aprecia en qué medida internet es un medio revolucionario de comunicación –me gustaría de paso subrayar que también es un medio, hay cierta tendencia a negar esta evidencia- es en el terreno de la lucha política. Aquí internet ha significado una auténtica revolución, y no tanto por el contenido de las reivindicaciones políticas como por la forma de transmitirlas, practicarlas y extenderlas. Algo que han comprendido muy bien los gobiernos autoritarios de Cuba, Irán o China, prohibiendo a sus súbditos el acceso universal a internet como medida de preservación de sus dictaduras. Sin lograr impedir, empero, que la ejemplar ciberactivista cubana Yoani Sánchez pueda reflexionar desde La Habana sobre la rebelión democrática en Egipto y otros países árabes. Como también descubrió tarde el gobierno de Mubarak, es posible desconectar internet pero no impedir por completo que los usuarios más avezados encuentren formas de seguir conectados con la ubicua red. Basta con un móvil actualizado y saber usarlo.
Por mi parte desconfío del romanticismo tecnológico de quienes creen que lo revolucionario de internet es que abole todas las barreras que separaban al género humano porque habría dejado de ser un medio para crear un espacio virtual libérrimo, o que constituye el germen de una democracia ácrata sin precedentes, mediadores ni representantes. La cosa no va por ahí. Lo revolucionario, en mi opinión, es que internet ha sustituido ventajosamente a los medios de comunicación tradicionales al instaurar un feed-back instantáneo imposible en aquéllos: ha terminado con la comunicación basada en la retroalimentación diferida, es decir, con la que incorpora una demora inevitable entre la emisión de una comunicación, su recepción social y sus consecuencias prácticas. Ahora es posible saber casi instantáneamente qué está sucediendo en cualquier lugar del mundo e incluso tratar de participar de algún modo en ello. Esta instantaneidad es la que comunicó a Egipto los disturbios de Túnez que consiguieron expulsar al sátrapa Ben Ali. Y al suprimir la diferencia de rol entre emisores y receptores, pues gracias a los blogs y redes sociales o sms cualquier emisor puede ser a la vez receptor, y viceversa, el efecto de la instantaneidad de la comunicación se multiplica potencialmente por tantas personas como estén conectadas a la red en algún sitio y momento.
La filtración de los papeles de Wikileaks llevó a muchos gurús del periodismo a advertir, con melancólicos tintes platónicos, que una cosa es pasar información y otra hacer periodismo (una diferencia cada vez más percibida por la gente, pero en sentido contrario al propuesto), pero no se trata de esto. Es evidente que una convocatoria para manifestarse en un punto a una hora dada, pasada por las redes sociales, no tiene nada que ver con un análisis sesudo del porqué de esa iniciativa y de sus consecuencias, pero es que nadie con sentido común confundirá una cosa con otra. La novedad radica en que ahora todos los interesados pueden saber, con sólo tener un teléfono móvil, si existe esa convocatoria y si deciden unirse a la misma o no, con efectos de inmediatez y sorpresa imposibles en los tiempos en que organizar una manifestación requería reuniones, imprimir octavillas y repartirlas, etc.
Por lo demás, el contenido de las reivindicaciones políticas de los manifestantes de Túnez o El Cairo no son novedosas en absoluto, ni parecen atontadas por internet. Todo lo contrario, reivindican lo característico de cualquier movimiento cívico y democrático: limpiar el sistema de corrupción, instituciones eficaces, gestión más transparente, respeto real a los derechos humanos y políticos básicos. El elemento religioso vinculado al islamismo ha tenido poco o ningún protagonismo pese al indudable arraigo y poder de los grupos de ese signo ideológico. ¿Tiene que ver algo internet con esa indudable secularización de las protestas políticas? Creo que sí: el acceso a la información de cualquier lugar del mundo a través de internet ha propiciado que los jóvenes y profesionales que han encabezado las protestas exijan para sí mismos y sus sociedades lo que tienen otras que conocen todo lo bien que permite un medio de comunicación en red. Un fenómeno que ya emergió en Irán o China, y reprimido por sus respectivas dictaduras, no por casualidad, como un indeseable brote de “occidentalización” política y cultural.
¿Está occidentalizando el mundo internet? Eso es lo que pretenden hacer creer y temer los partidarios del localismo, el nacionalismo y los particularismos de toda ralea. La realidad es que estamos asistiendo a la instauración de un mundo donde siguen conviviendo culturas diferentes, pero ahora inmersas en una civilización unificada. Porque es evidente que Al Jazeera hace televisión de un modo similar a la CNN, y que el uso de las redes sociales en Egipto, Sudáfrica o Rusia es idéntico, salvo en la extensión de su uso social, al vigente en España, Estados Unidos o Suecia. Y sería idéntico en China, Cuba o Irán si los gobiernos dictatoriales de esos países permitieran el libre acceso a las herramientas de información que brinda internet. Eso es lo más revolucionario que está sucediendo: que no sólo muchísima gente de culturas y lenguas diferentes puede acceder a la vez a la misma información, sino que además esa misma información significa lo mismo para todos ellos en cuanto que valores políticos y sociales. Es mucho más fácil entender qué es eso de la libertad y la igualdad cuando lo ves no como un valor abstracto y retórico contenido en las constituciones políticas, sino como algo que hacen millones de personas semejantes a ti en todo el ancho mundo: libre acceso a la comunicación e igualdad de oportunidades de acceso a la información y la educación.
Publicado el 5 febrero, 2011
España parece tener cierto sino histórico para mezclar su destino con los intereses germanos y alemanes. Veamos: los reyes visigodos –olvidados por la Logse pero antaño muy populares- fueron los primeros que trataron de crear una monarquía hispana unificada (sin conseguirlo del todo). En el siglo XVI, Carlos V de Alemania desembarcó en Asturias para hacerse cargo de su herencia española, instaurar la dinastía Habsburgo y convertir a Castilla –sobre todo- en patio trasero, caja de reclutas y caja fuerte de su política imperial europea, lo que visto a día de hoy fue más un desastre histórico que otra cosa. En la pasada guerra civil el régimen nazi jugó un papel muy importante en el triunfo de Franco, con la desastrosa consecuencia del aislamiento internacional del país –como último baluarte del fascismo derrotado en la II Guerra Mundial- hasta avanzada la década de los cincuenta. Ahora es frau Merkel la que ha visitado España con un objetivo muy claro. ¿Cuál, se dirán ustedes?: ¿defender el euro del peligro desestabilizador de la deuda española?; ¿despejar las dudas sobre el apoyo alemán y por ende de la UE a las reformas de Zapatero?; ¿escenificar la confianza en el futuro de la economía española y, por tanto, de la UE? Pues algo o mucho de todo eso hay, pero el principal objetivo ha sido otro: obligar al gobierno y oposición a hacer los deberes que han sido incapaces de hacer. En realidad, sólo algunos de esos deberes, los que interesan directamente a Europa porque amenazan el futuro del euro y por tanto de la Unión.
Si uno fuera nacionalista, que no lo es, podría sentirse humillado por esta bastante descarada intervención alemana en la política española. Porque si bien de momento no ha habido –y esperemos que no se produzca- intervención o rescate financiero como los impuestos a Grecia e Irlanda y el que ronda a Portugal (incluso a Bélgica como sigan incapaces de formar gobierno), el hecho es que España ha sido intervenida políticamente por la UE; sobre todo por Alemania y en menor medida por Francia. Pero como no soy nacionalista de nación irredenta alguna, en vez de humillación lo que siento es una mezcla de diversión, indignación y frustrado fastidio por la demostración más clara de lo que en UPyD llevamos tiempo diciendo, a saber: que el sistema político-financiero del llamado Estado de las Autonomías es insostenible, como iba a demostrar la primera crisis seria (esta que atravesamos), y que el establishment español es, a causa de sus compromisos e implicaciones, incapaz de hacer las indispensables y urgentes reformas constitucionales que hagan de España algo más que un peso muerto que amenaza con arrastrar a la UE. Ha sido necesaria la presión nada disimulada de Alemania y Francia para obligar al calamitoso gobierno de ZP a iniciar algunas reformas destinadas no a reformar el Estado que se hunde, sino a mejorar la viabilidad de las finanzas públicas mediante una contracción brutal de la inversión y del gasto social (¡cuyo más elocuente ejemplo es la reducción de facto de las pensiones en un 20%, nada menos!) El mal llamado “pacto social” que ZP y sus palmeros tratan de vender como la segunda edición de los históricos Pactos de la Moncloa no es otra cosa que el allanamiento a la urgencia de la situación por parte de partidos, sindicatos y patronal.
Así que debemos dar gracias por formar parte de una UE que, al menos, pone límites a la capacidad de los gobernantes españoles para tomar decisiones perjudiciales para todos. Este menoscabo de soberanía no puede ser más afortunado, y de paso demuestra la importancia y la necesidad de la integración política europea que supere a las viejas e ineficaces naciones-estado (sí, esas mismas que el incompetente nacionalismo catalán y el aprovechado vasco pretenden hacer proliferar).
Pero si la visita de frau Merkel significa un alivio de las negras perspectivas financieras públicas, sobre todo ha puesto de relieve la incapacidad del sistema político español para acometer las reformas de fondo más urgentes. Por ejemplo, la constitución de un auténtico Estado federal igualitario o cooperativo, que sustituya a la desintegración del Estado en 17 CCAA derrochadoras, endeudadas e ineficaces. Y por supuesto, la reforma de una Ley Electoral que ha estimulado ese centrifugado irracional al dar más pesos a los poderes provinciales y autonómicos que a la sociedad civil compuesta –que debería estarlo- por ciudadanos individuales con los mismos derechos y obligaciones.
De manera que aunque el apoyo de Alemania y Francia a la política de recortes de gasto del gobierno haya servido para solucionar algunas urgencias, el problema político de fondo sigue intacto, y con él la salida de una crisis económica brutal que está directamente vinculada al mismo, como demuestra el problema de las Cajas de Ahorros sometidas a los intereses partidarios de los poderes locales hasta arruinarlas como entidades de crédito público. Y la pregunta es si de nuevo tendrá que ser la presión alemana y europea en general la que obligue a plantearse el gran tabú: la racionalización del Estado ordenando como es debido las administraciones, las competencias y la capacidad financiera de CCAA y entes locales. Lo que requiere una reforma constitucional que tanto PP como PSOE rechazan de plano (y que da pavor a sus socios nacionalistas, de ahí el ruido independentista de CIU), pero que acabará imponiéndose por necesidad antes o después. Si es que no la impone, que pudiera ser aunque es improbable, avances hacia la integración europea fustigados por la crisis financiera.
Pero si el cambio constitucional viene impuesto de facto por las presiones de los socios europeos no tendremos el cambio político e institucional que nos interesa a los ciudadanos españoles, sino el más conveniente para los gobiernos y poderes financieros europeos. Las efusivas felicitaciones de Emilio Botín a Zapatero por el acierto de sus reformas anuncian esa dirección: cambios de política financiera dejando tal cual el dislocado esqueleto institucional del Estado; cambios que dejen todo lo demás igual pero que repartan entre los grandes bancos buena parte de ese 51% del mercado financiero de las Cajas, y no sólo gratis, sino con subvenciones públicas. De manera que tarde o temprano la sociedad española tendrá que elegir entre tomar en sus manos el arreglo en profundidad de esta casa común llena de grietas, chapuzas y goteras, o de permitir su adaptación no a sus necesidades sino a las de los jubilados alemanes, los turistas británicos, las empresas francesas y los bancos españoles, todos ellos entes muy respetables pero que no deben imponerse a nuestros legítimos intereses ciudadanos. That is the question!
Publicado el 29 enero, 2011
La noticia de esta semana no es –lo siento- la dimisión de Alex de la Iglesia de esa academia que tienen los cineastas españoles para jugar a Hollywood, dicho sea con todo el afecto, sino la revuelta popular que se inició en Túnez derribando al gobierno de Ben Alí –sedicente socialista- y ayer mismo –todavía no queda claro mientras escribía esto- amenazaba con expulsar a Mubarak de Egipto. Pero entre la noticia de interés local y la mundial hay un nexo en común: el uso de las redes sociales de internet como medio de comunicación alternativo a los canales tradicionales para emprender cambios políticos significativos, incluso revolucionarios en el caso de Túnez y Egipto.
La reacción del gobierno de Egipto para tratar de frenar las protestas populares no puede haber sido más elocuente: suspender internet. Una medida desesperada que, además de autoritaria, ha sido muy torpe: primero, porque era posible seguir accediendo a las redes sociales que convocaban las protestas populares a través de la telefonía móvil –como yendo un poco más lejos hace de modo ejemplar Yoani Sánchez en la Cuba tiranizada por los Castros y el PCC- o por conexión GPRS, de modo que la desconexión total ya no es posible; segundo, porque la suspensión de internet fue en sí mismo un mensaje elocuente que, lejos de parar las manifestaciones, sirvió para reforzarlas al modo de un llamamiento inequívoco. De modo que el gobierno del anciano Mubarak ha contribuido, con su apagón digital, a propiciar su más que probable caída.
Otra cosa muy distinta, cierto, es si estas revueltas populares auxiliadas y extendidas por internet como un reguero de pólvora servirán para cambiar los regímenes corruptos y seudodemocráticos que padecen Túnez, Egipto y otros estratégicos países musulmanes como Marruecos, Jordania, Yemen o Argelia, entre otros. Sin duda llama la atención que en Egipto los Hermanos Musulmanes, un gran grupo islámico fundado a finales del siglo XIX, hayan acabado teniendo un protagonismo político que no parece corresponderles en la era digital, pero las informaciones más competentes, como las de la cadena árabe Al Jazeera, han dado por probado que las protestas comenzaron sobre todo mediante llamamientos en los foros sociales de internet. Los grupos de toda la vida, como los egipcios Hermanos Musulmanes, se han ido incorporando después a una protesta que pueden canalizar pero que no ha partido de ellos.
De manera que también las sociedades musulmanas, en las que tendemos a pensar como las más “medievales” del mundo, hay minorías emergentes que disponen y usan con eficacia de los medios de comunicación de la era digital a espaldas de sus gobiernos y de las organizaciones políticas tradicionales. Esta es la gran novedad política y social que aporta la red y la que da a su extensión una potencialidad de innovación sociocultural de consecuencias incalculables. Pues la extensión de las redes sociales tiene un efecto directo innegable: potencia la autonomía de los individuos al permitir superar el aislamiento o la filiación tradicional que imponían los viejos sistemas de comunicación manejados por gobiernos y establishment. A diferencias de otras revueltas nada raras en países musulmanes, esta vez no han sido “las masas árabes” las que han invadido las calles, es decir una multitud agitada por pasiones más elementales que políticas y dirigidas por iluminados o por nadie, sino que se han tratado de manifestaciones en las que han participado muchísimos estudiantes y profesionales cuya soltura con los medios digitales es igual que la de sus colegas occidentales y asiáticos. Y esta vez el control de la técnica va acompañado por un mayor conocimiento e información de lo que pasa por el mundo: de ese modo se ha extendido la revuelta de Túnez a la de Egipto pese a la censura gubernamental.
Por supuesto, estas revueltas populares no servirán de gran cosa si se limitan a expulsar un gobierno de rufianes para poner en su lugar otro semejante, como parece que ha ocurrido en Túnez. Hacen falta alternativas políticas organizadas y con ideas y programas de reforma constitucional claros. Pero también la extensión de internet puede ayudar, y mucho, a que surjan estas imprescindibles instituciones en esos países. Desde la edad media Europa ha recorrido un largo camino, y a veces pasado terribles calvarios, hasta que fue liberándose de la tiranía de los clérigos e iluminados religiosos para desembocar en formas liberales de democracia secularizada (más allá de la permanencia de tradiciones sagradas como la monarquía de algunos países como el nuestro, no menos democráticos por eso). Hay que observar si la nueva sociedad digitalizada ofrece a las sociedades musulmanas vías más rápidas y menos violentas de secularización y democratización desde dentro de sus propias formas sociales y culturales, es decir, sin dejar de ser musulmanes de un día para otro, algo imposible. De momento hay coincidencia en que si bien policías y manifestantes paraban unos minutos la reyerta para poder orar, en las manifestaciones no había presencia llamativa de consignas islamistas o religiosas, sino que se trataba de exigencias claramente civiles.
Y dicho todo esto no deja de ser un contrapunto lamentable que la polémica en España sobre la era digital en la que estamos inmersos guste o no siga gravitando en torno a las dichosas descargas ilegales que pretende erradicar la Ley Sinde pactada por PSOE y PP –con la rotunda oposición de UPyD a este texto- para proteger más los intereses de una industria tradicionalista, protegida y perezosa más que los intereses legítimos de los autores, y sobre anécdotas como la dimisión –por lo demás rara y digna- de Alex de la Iglesia al verse manipulado por el ministerio de Cultura. Hace unos días el político más poderoso de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, se refería muy desafortunadamente a internet como esa cosa que ha permitido la extensión del terrorismo internacional islamista. Y lo decía mientras en Túnez primero, y ahora en Egipto, la red servía para derribar regímenes inicuos e impresentables como el de Ben Alí en Túnez, por mucho que estuviera protegido por la UE y la Internacional Socialista a la que pertenecía su partido (¡qué sarcasmo!). No se me ocurre un caso más patético y elocuente del problema de fondo: ver internet como una molestia y un fastidio para cierta industria que no quiere adaptarse y exige protección a sus socios políticos, y como un peligro para la vida pacífica de los ciudadanos occidentales. No es un problema menor sino un síntoma de conservadurismo preocupante y de cerrado talante reaccionario ante los cambios que agitan al mundo y tumban tiranos intocables en Túnez o Egipto. Cuando se prefiere soportar a los tiranos antes que a los internautas algo va muy mal.
Publicado el 25 enero, 2011
Suele decirse que una idea atraviesa tres fases en su recepción social: primero es ridiculizada, luego atacada y finalmente aceptada por todos; entonces ha triunfado (atención, hablamos de ideas verdaderas y no de majaderías que, en el mejor de los casos, experimentan una evolución en sentido contrario, aunque suelen triunfar a menudo). Claro que una idea verdaderamente exitosa es algo más que una idea aceptada en abstracto: debe ser aceptada para la acción, es decir, como fundamento de un programa práctico para hacer algo. Porque se puede dar una apariencia de aceptación que no es tal: se trata de la imitación o plagio: hago como que estoy de acuerdo con algo para desactivar su potencial, porque no tengo la menor intención de llevar la idea a la práctica, e incluso pretendo que no se lleva a cabo jamás. Hay numerosos ejemplos históricos de ideas imitadas y plagiadas para desactivar su potencial: los sindicatos verticales de Franco para desactivar el viejo sindicalismo obrero, los nacionalistas aceptando el pluralismo político para convertirlo en pluralidad de pueblos en vez de individuos, los comunistas chinos imitando la libertad de empresa económica para prohibir la de actividad política, los fundamentalistas cristianos americanos imitando la libertad de credo religioso para prohibir la enseñanza de la evolución o equipararla al creacionismo, etc.
De modo que la mera imitación o plagio de una idea no significa que esa idea haya triunfado, pero sí que ha progresado extraordinariamente hacia el éxito, tanto que alarma a los posibles perjudicados por su puesta en práctica. Tras haberla ridiculizado y haber mantenido que era imposible llevarla a la práctica, los perjudicados deciden en un momento dado que es mejor sumarse a la marea ascendente que seguir combatiendo principios que cada día apoya más gente. Pero no para realizarlos, sino para tratar de reducirlos a mera caricatura. Y entonces plagian la idea para apropiársela. Es verdad que suele ocurrirles lo que a Avallaneda con la apropiación plagiaria del Quijote de Cervantes, que obliga a reaccionar al autor hasta llevar al público a reconocer que la imitación es una birria, pero eso no siempre es rápido ni evidente. Y menos en los tiempos de la comunicación de masas: ¡todavía hay gente que cree que Hitler era alemán y Beethoven austriaco!
Veamos un ejemplo que nos afecta directamente: el descarado plagio que PP y PSOE están haciendo de propuestas de UPyD que en su día ridiculizaron en sus medios concertados y rechazaron con luz y taquígrafos en sesiones parlamentarias. Sólo el despiste colectivo y el servilismo publicitario han tratado de negar o disimular el hecho incontestable de que el PP votó dos veces en contra de la propuesta de Rosa Díez para que las pensiones de los parlamentarios fueran similares a las del resto de los ciudadanos, sin privilegios como la obtención de la pensión máxima con sólo siete años de cotización. Al contrario: los medios palmeros del PP, partido de extraordinaria pereza intelectual, han tratado de presentar como la buena nueva de su inexistente regeneracionismo el plagio descarado de una propuesta de UPyD rechazada en su día, por dos veces, en la Mesa del Parlamento que decide en estas materias para hacer más opacos los acuerdos relativos a los privilegios de sus señorías. Veremos qué vota hoy martes el PP en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de lo relativo a las pensiones, donde Rosa volverá a proponer por tercera vez lo negado ya dos veces por PSOE, PP & Asociados…
Respecto al Gobierno y la bancada socialista, el plagio más llamativo, compartido por el PP, se refiere a la limitación de las competencias de gasto de las CCAA y la eliminación de las duplicidades administrativas. También aquí UPyD planteó, a través de Rosa Díez y de Gorka Maneiro (en el Parlamento Vasco), numerosas iniciativas parlamentarias de racionalización que merecieron el rechazo unánime de las cámaras. Es más, Rosa Díez ha tenido que escuchar toda clase de vituperios y burlas por plantear reformas que, según diversos vicepresidentes del gobierno (María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves), eran disparates jacobinos imposibles dentro de la Constitución. Numerosos portavoces del PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, se han apuntado a esa tesis: el Estado de las Autonomías es intocable, no es posible ni que el Gobierno controle su gasto ni reordenar el caos de competencias y administraciones. Rematando el veredicto condenatorio, PSOE y PP se pusieron de acuerdo en diciembre –para que se diga que nunca lo hacen- para votar en el Congreso un nuevo Estatuto de Extremadura, que otorga a esta comunidad competencias estatales en materia internacional y judicial, entre otros dislates. Pues bien, llevamos algunas semanas escuchando a Zapatero y sus ministros que ha llegado el momento de prohibir a las CCAA que hagan nuevas emisiones de deuda pública -¡algo imposible, según ellos!-, y a González Pons cuantificando en 24.000 millones de euros el sobre costo del Estado Autonómico, cifra descaradamente sacada de la única publicación que hay al respecto, la de la Fundación Progreso y Democracia. No sólo esto: oímos la urgencia de adoptar medidas para recuperar la deshecha unidad de mercado española, un grave problema negado hasta ayer, o para despolitizar las Cajas de Ahorro. Medias ambas, como otras muchas, contra las que han votado juntos PSOE y PP, y demás partidos con raras excepciones.
Pero, ¿puede creer alguien que PSOE y PP tengan la menor voluntad genuina de convertir en el eje de su acción de gobierno las ideas políticas que han ridiculizado, negado y combatido? Es como confiar en que el PNV se ponga a la cabeza de la derrota de ETA. Todo invita a pensar que ambos partidos se apresuran a apropiarse de la autoría de ciertas políticas bien para minimizar sus efectos –en el caso de medidas exigidas por la UE y otras instancias internacionales- bien para paralizarlas sine die –como la reforma a fondo del Estado de las Autonomías.
Hay dos razones convergentes que explican el desaforado plagio de PP y PSOE: uno es la presión de los socios europeos con Alemania a la cabeza, reclamando el saneamiento de las Cajas de Ahorro y la racionalización administrativa para frenar el déficit público (dos problemas muy ligados); pero el otro es el extraordinario cambio de la opinión pública respecto a este conjunto de temas ligados. En los últimos años ha ido creciendo el apoyo a propuestas de UPyD como la devolución de ciertas competencias al Estado (educación y sanidad, por ejemplo), la delimitación clara de competencias y el fin de las duplicidades administrativas, el adelgazamiento drástico de la trama descontrolada de entes y empresas públicas, etc. A pesar del boicot activo y pasivo de los medios de comunicación a UPyD era cosa de tiempo que esa misma opinión pública conozca que ese es el partido empeñado en hacer las reformas que piden, precisamente porque nació con un ideario muy claro al respecto. La prisa de PSOE y PP por invertir ese reconocimiento público intenta que se les adjudique a ellos, y no a UPyD, la paternidad de las ideas que ridiculizaban o impugnaban a la totalidad hace nada. Pero no porque tengan la menor intención de llevarlas a la práctica, sino para impedir que eso ocurra. Como un propietario avaro, lo que intentan es hacer el mínimo de reformas capaces de mantener en pie la casa que amenaza ruina en lugar de levantar una mejor y adaptada a las necesidades de sus habitantes.
El filósofo americano pragmatista Charles S. Peirce –difícil y poco conocido en España (donde se han admirado más los galimatías de Heidegger) pero uno de los grandes de la filosofía moderna- definía magistralmente las ideas como operaciones mentales (lógicas y simbólicas) capaces de producir cambios prácticos (pragmáticos). Tener la idea de un negocio nuevo, por ejemplo, es el primer paso para ponerlo en marcha; la de igualdad del género humano sin excepciones, indispensable para abolir la esclavitud. Aceptar de verdad una idea es eso: permitir que libere su capacidad de transformación. El plagio es, por el contrario, el intento de apropiarse de una idea ajena para congelarla o esterilizar su potencial. De modo que nada de conformarse con que el plagio del PP-PSOE es un progreso. El suyo es un reconocimiento incompleto que busca el efecto contrario de lo que la idea propone o contiene en sí.
Posdata, miércoles 26 de enero: en la votación de las propuestas de UPyD relativas a la igualación de las pensiones de los parlamentarios a las del común de los mortales (régimen general de la Seguridad Social) y las incompatibilidades para excargos públicos, de modo que sea imposible cobrar a la vez una pensión pública y una remuneración privada (como Aznar, González y muchos más), PSOE, PP y todos los demás (salvo UPN) votaron en contra. Quedó demostrado que su voluntad regeneracionista es falaz, que su plagio busca únicamente desactivar las ideas de UPyD en vez de llevarlas a la práctica y, sobre todo, que ponen sus intereses de casta o secta (caso de IU, que se abstuvo) por encima del interés general. Conviene deja escrito que Rosa Díez (UPyD) sí voto a favor de una proposición del PP sobre limitación del gasto autonómico y a otra de IU sobre incompatibilidades. Se puede hacer política integradora y coherente.
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