En el 11 aniversario del asesinato de José Luis López de Lacalle por ETA
De vez en cuando conviene volver a los grandes principios para entender mejor el presente (e incluso para prepararnos para lo que se nos viene encima). Uno de estos es la finalidad o función de una Constitución democrática. Tiene muchas conocidas, desde dar acta de constitución a una nación democrática a la de trazar las líneas maestras de su desarrollo legislativo ulterior. Es la Constitución la que, por ejemplo, establece si el Código Penal admitirá o no la pena de muerte, o qué competencias corresponden a cada uno de los tres poderes clásicos del Estado. Sobre esto no estará de más recordar que el Judicial es tan poder político como el Legislativo y el Ejecutivo, y que si bien sus competencias propias deben ser acatadas, esto no significa que no deban ser tan objeto de crítica política como las acciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y viene esto a cuento por la instauración, en el anestésico discurso políticamente correcto, de un tópico tan manido como falso: que las decisiones del Poder Judicial deben acatarse sin rechistar. De ser esto así lo que tendríamos sería una dictadura de jueces y no un Estado de derecho. Pero podemos estar tranquilos al respecto: el riesgo, en España y otros países (como Italia), no es la dictadura de los jueces, sino el sometimiento de estos a los intereses del Ejecutivo, de los partidos políticos y los grupos de presión.
La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la previa del Supremo ilegalizando la coalición Bildu es una de esas acciones del Poder Judicial que se exige acatemos sin crítica porque así lo exigiría la coherencia democrática. Lo cierto es que una democracia saludable y en constante mejora exige exactamente lo contrario: mirar con lupa una sentencia directamente relacionada con uno de los peores problemas que la democracia española arrastra desde su renacimiento, la expulsión del terrorismo de las instituciones. La sentencia en cuestión vuelve a abrir la puerta a ETA a través de su enésimo avatar político, la coalición Bildu. Esto es lo que pensaba que acabaría pasando, y también acerté con el argumento principal que utilizaría el TC para justificarse: que el derecho constitucional a la representación política prevalece sobre la exclusión de cualquier continuidad de un partido ilegalizado que establece la Ley de Partidos. Literalmente la sentencia dice (en la versión adelantada en exclusiva del diario El País en otra flagrante demostración de la contaminación partidista y mediática del TC): “La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada, pero para el enjuiciamiento actual, la misma no podría conducir a un resultado limitador, so pena de dejar en lo incierto el ámbito del libre ejercicio de los derechos de participación política garantizados en el artículo 23 de la Constitución”.
La doctrina que sienta la sentencia es la siguiente: aunque se documente la vinculación de Bildu con ETA no se podrá proceder contra esta coalición hasta que no se demuestre de nuevo y empíricamente su complicidad, porque la instrumentalización es solo un deseo de ETA y la única demostración válida de que ésta ha tenido lugar es que Bildu vuelva a cometer el delito por el que ya fueron ilegalizados Batasuna y sus avateres (el último, Sortu, ¡que fue más crítico que Bildu en el último atentado de ETA!). Con esta interpretación no sólo se vacía totalmente de contenido la Ley de Partidos –continuando una tradición hermenéutica del TC que ha ido vaciando a la propia Constitución-, sino que se deja a la democracia y a los ciudadanos en la más total indefensión frente a colectivos organizados cuyo programa no es otro que la destrucción de la democracia misma, como es el caso de ETA-Batasuna y de sus sucesivas refundaciones, Bildu inclusive.
El siguiente párrafo de la sentencia (los énfasis son míos) rechaza a priori considerar prueba suficiente los documentos aportados por Guardia Civil, Fiscalía y Abogacía del Estado: “Puede admitirse que (…) ETA y el partido ilegalizado Batasuna han propugnado una “estrategia de convergencia con otras fuerzas de la izquierda abertzale que les permitiera articular una presencia electoral bajo la cobertura de partidos políticos legales” o que dirigieran “sus esfuerzos a la búsqueda de acuerdos electorales” con EA y Alternativa. Pero que hayan instrumentalizado a la coalición recurrente en amparo o que ésta o los partidos políticos que la integran hayan dejado instrumentalizar sus candidaturas a aquel fin es una conclusión que no puede alcanzarse sobre esa base.”
¿Consecuencias?: a la luz de esta doctrina es sencillamente imposible prevenir la comisión de delitos políticos por grupos organizados. Supongamos que un partido tiene la intención de perpetrar un golpe de Estado, y que hay pruebas documentales de sus intenciones: actas de reuniones, grabaciones de conversaciones, movimientos, etc. (Lenin, Mussolini o Hitler dirigían partidos legales que dieron un golpe de Estado). En aplicación de la doctrina del TC no se podría hacer nada hasta que ocurriera el golpe de Estado, puesto que los planes revelados por los documentos no constituirían otra cosa que intenciones en sí mismas tan irrelevantes como –dice la sentencia- las palabras de Otegi sobre Bildu grabadas en la cárcel. Así que aun conociendo las intenciones de los golpistas (como las de ETA sobre Bildu) y los pasos que fueran dando para su consecución tampoco se podrían considerar hechos ni acciones, sino meras conjeturas o ensoñaciones de una especie de ficción política sin sentido. De modo que la Constitución, aprobada entre otras cosas para impedir que un grupo determinado se haga con el poder político por la fuerza o para derogar la propia Constitución, quedaría completamente vacía de sentido según esa interpretación viciosa.
Se olvida a menudo que una Constitución no solo instaura derechos sino que, con lógica simetría, constituye las correspondientes obligaciones, y que las competencias de las instituciones tienen también límites muy claros al ejercicio del poder. Así la Constitución no sólo proclama el derecho a la representación y la libre actividad política de todos, sino que impone a los representantes y a la actividad política condiciones muy claras sobre el sentido de la misma. Por ejemplo, impone que la actividad política no vaya dirigida a destruir violentamente el sistema que la Constitución instaura. Ni a derogar de facto derechos básicos como la libertad personal, la igualdad jurídica, fiscal y otros similares. Si un partido actúa para destruir el Estado de derecho hay procedimientos constitucionales para ponerlo fuera de circulación declarándolo ilegal, que es lo que hizo la Ley de Partidos para sacar a ETA-Batasuna de las instituciones que explotaban para conspirar, financiar y auxiliar la destrucción de la democracia en el País Vasco y Navarra, con el resultado de 858 muertos y docenas de miles de heridos, extorsionados y perseguidos de todas las formas imaginables.
Ahora esta sentencia del TC sobre Bildu invierte el orden de prelación de los preceptos constitucionales al poner por delante de cualquier otro el derecho a la libre actividad política sin limitación alguna, incluyendo entre lo aceptable la vinculación a una organización terrorista y a la obtención de sus objetivos políticos, incompatibles con la Constitución. Claro que en la misma sentencia el TC niega cualquier valor a la vinculación histórica probada al declarar, sobre los documentos que demuestran el liderazgo de ETA en la gestación de Bildu, que son “documentos ajenos, que lo único que acreditan es la referida estrategia de la organización terrorista y del partido político ilegalizado, pero no la instrumentalización de la coalición al servicio de dicha estrategia”. Con los mismos argumentos utilizados contra el Supremo y para legalizar Bildu será posible dar vía libre a un partido que proponga restablecer la esclavitud, el feudalismo o el apartheid.
Me pregunto qué entenderán por “instrumentalización” los seis magistrados responsables de esta sentencia, nombrados por el PSOE. En cualquier caso, esta sentencia instrumentaliza la Constitución poniendo su interpretación al servicio de intereses partidistas reñidos con la democracia bien entendida. Despojada ésta de cualquier posibilidad de “controles preventivos” (sic) de la delincuencia política, como si tal fenómeno perteneciera sólo al mundo de las hipótesis imaginarias y no a la historia más reciente, la Constitución ya no puede defender a los ciudadanos de los brazos políticos de las bandas terroristas, ni en última instancia de cualquier grupo organizado que persiga destruir la Constitución misma… hasta que lo intente y pase a ser un asunto penal. Y entonces se llamará a defender el orden constitucional, previamente disuelto en humo de argumentaciones falaces, a esos mismos cuerpos de seguridad cuyas aportaciones documentales se desprecian como meras suposiciones. Con esta doctrina, el Estado de derecho tiene atados pies y manos para defenderse de sus enemigos violentos. El TC ha vuelto a hacer un gran favor a los enemigos de la democracia y a ofender a quienes se han jugado la vida por defenderla y, en muchos casos, hasta perderla.
Pocos cambios culturales afectan tanto a la política como la evolución de los sistemas de comunicación. La escritura estimuló la aparición de los primeros Estados dignos de tal nombre, y de los primeros experimentos democráticos. La imprenta modificó en profundidad la vida pública al multiplicar la emisión y recepción de textos, permitiendo la aparición de la prensa como un agente público de primer orden. Los medios eléctricos y electrónicos (del telégrafo y la radio a la tv y el vídeo) hicieron posible el acceso masivo a la información (y a su manipulación) incluso en sociedades poco alfabetizadas, un paso fundamental hacia la integración del mundo en una civilización global, proceso que sigue su curso. A la luz de esta serie histórica es obvio que internet y sus novedades también deben tener repercusiones políticas, la última muestra de las cuáles son las rebeliones democráticas de algunos países árabes (mientras que las de Polonia, RDA o Checoslovaquia fueron las últimas rebeliones políticas vinculadas a la radio y televisión). Esto ya es obvio, así que la pregunta interesante es si internet tiene propiedades comunicacionales con impacto político, y cuáles son esas. Propondré algunas.
Lo primero que debemos entender es que las propiedades políticas de internet no son una consecuencia de la tecnología como tal, sino de los nuevos hábitos comunicacionales que alienta. Aunque la tecnología sea idéntica no es lo mismo -¡en absoluto!- usar Facebook o la web para colgar fotos de vacaciones o leer las ediciones digitales de la prensa tradicional que para convocar manifestaciones contra una dictadura o escribir un blog político (en el sentido amplio del término). Considerar que todos los usuarios de internet –los internautas- son por el mero hecho de serlo la encarnación de un nuevo tipo de ciudadanía con una nueva conciencia global es una tontería narcisista (que para algunos exime de cualquier esfuerzo de verdadera educación política, científica y filosófica). Lo que hace internet, de un modo que no permitían los medios anteriores, es dar cauces de expresión y redes de comunicación muy eficaces y muy rápidas a ideas políticas que de otro modo apenas podrían hacerse oír. En este sentido, internet ha cambiado las reglas del famoso modelo socio-político de “voz y salida”: antes de internet los descontentos con una dictadura no tenían otra salida, si carecían de voz tradicional, que el exilio o el pataleo privado. Lo que internet aporta es la posibilidad de constituirse como una voz potente en las nuevas redes sociales sin que el gobierno pueda siempre erradicarlo pese a la infinidad de trabas que puede acumular. Incluso se puede ver obligado a tolerar el fenómeno, como prueba el caso de Yoani Sánchez o los blogueros chinos.
Lo segundo a resaltar es que internet ha cambiado de modo drástico dos importantes rasgos estructurales de los antiguos mass-media: la demora temporal de la retroalimentación, y la desigualdad entre emisores activos de información y receptores de la misma (entre periodistas y consumidores de su trabajo, para entendernos).
En la era pre-internet había un lapso de tiempo inevitable entre el acontecimiento y su difusión –que sólo radio y tv habían superado en determinados momentos-, y sobre todo entre su recepción y la reacción que podía motivar (el feed-back o retroalimentación). Internet ha suprimido ambas demoras al permitir la difusión de una información en el momento mismo de suceder y activar una conversación instantánea sobre el significado de la misma que incluye reacciones prácticas. Acabamos de ver ejemplos impresionantes de lo que esto significa en las rebeliones árabes y en el gran terremoto de Japón. Esta instantaneidad no sólo afecta a los medios tradicionales, incapaz de competir con la instantaneidad de internet y su enorme multiplicidad de voces y testimonios, sino que tiene efectos políticos al poner a los gobiernos ante fenómenos sin precedentes, como la información incesante e instantánea que incluye citas para manifestaciones, boicots, protestas y acciones similares convocadas a través de internet. El cambio del feed-back sería poco importante sin la añadidura de la supresión práctica de la distinción de los roles de informador y consumidor pasivo o de reacción diferida. Internet permite que cualquiera pueda escribir un blog, editar su propia web y participar en redes sociales, haciendo reversibles y simultáneos los papeles de emisor y receptor, convirtiendo la comunicación diferida de los mass media en una gigantesca conversación. Aunque algunos periodistas han desdeñado este fenómeno todo el tiempo que han podido, el desembarco de muchos de los más famosos en Twitter, y la conversión de los acontecimientos de las redes sociales en noticias destacadas (si bien sometidas a los filtros habituales) de los periódicos, confirma que la evidencia ha terminado por imponerse: Mahoma va a la montaña tras porfiar en que todo era tan plano como la página extendida de un periódico.
Ahora bien, la inmediatez de internet y la universalización de la información que permite no hace de la red una fuente prístina de verdades sin manipulación y de sinceras expresiones de legítimos intereses. De ninguna manera: internet no sólo permite engañar, manipular y abusar tanto como los medios tradicionales, sino que ofrece sus propios riesgos de perversión comunicacional y, por tanto, política. La creencia en que una noticia de autor anónimo en una red social siempre será más veraz que una ofrecida por un medio, un personaje conocido o un político, es un aviso de que la siempre delgada línea que separa rumor de noticia y versión de perversión ha adelgazado todavía más en internet. Como cualquier herramienta o instrumento, internet puede servir para cualquier uso que permitan sus propiedades, pero en sí mismo es amoral, apolítico e indiferente a valores de cualquier tipo. Quienes tienen puestas sus esperanzas en que internet alumbre por sí misma una nueva ciudadanía virtuosa y políticamente altruista, contrapuesta a la política degenerada de los profesionales, están tan acertados como quienes hubieran defendido que para educar sirve cualquier libro, se trate de Aristóteles o de una guía de teléfonos. Internet es un medio de comunicación revolucionario, pero como todos los medios es un instrumento ciego al servicio de un fin que le es ajeno.
Es cierto que algunas características de internet hacen más difícil el engaño, la manipulación o la simple mentira. Al ser muchísimos más numerosos los agentes activos en el proceso de comunicación, pues cada usuario es potencialmente un informador y analista activo, es más difícil, o imposible, conseguir el monopolio informativo típico de las dictaduras, como han confesado paladinamente Irán, China o Cuba al intervenir los correos electrónicos, censurar internet y restringir su uso libre. Pero la lucha por la neutralidad de la red pone de relieve que el peligro en los países democráticos no son tanto los denostados partidos y gobiernos como los grandes oligopolios informativos –asociados a los anteriores por tupidas redes de intereses comunes- que se niegan a considerar internet como el espacio de igualdad y libertad informativa que técnicamente puede ser… si hay voluntad política para que lo sea. Lo que de paso nos remite al hecho capital de que internet influye sobre la política y puede cambiarla, pero también ésta es fundamental para conseguir que no se malogren las mejores oportunidades de la red y ésta no sea colonizada y dominada por los mismos intereses que han convertido los medios de comunicación tradicionales en instrumentos al servicio no de la información veraz, sino del rumor, la profecía autocumpliente y la noticia manipulada.
En definitiva, comprender, proteger y potencias las propiedades políticas de internet –igualitarias y liberadoras en varios aspectos- parece exigir dos cosas: la primera, reconocer la instrumentalidad de internet y la supeditación de su calidad a la calidad del proyecto político; la segunda, que la política tiene poderosos instrumentos para desvirtuar las propiedades más igualitarias y liberadoras de internet, convirtiéndolo en otro campo de juego dominado por oligopolios viejos como la escritura misma, pero que por eso mismo el futuro de internet depende de la política casi tanto o más que esta de internet, como la Ley Sinde y otras decisiones políticas han venido a recordarnos.
Permítanme comenzar por el final de este razonamiento, que va sobre la extraña manera de ver y entender los nacionalismos que domina en España. Vamos allá: uno de los tópicos sobre el parlamentarismo español dice que, a virtuosa diferencia de otros países europeos como Francia, Italia o Finlandia, la extrema derecha no ocupa ningún escaño en el Parlamento nacional (ni en la mayoría de los autonómicos, si exceptuamos el catalán por la SI de Laporta o de quien sea ahora). Una versión “progre” y taimada de este argumento agradece al PP esta excepción, ya que el gran partido de la derecha española habría hecho el favor de asumir la cuota de extrema derecha, haciendo innecesario un partido de ese perfil; en realidad este argumento insinúa lo que algunos publicistas dicen abiertamente, que en el PP la extrema derecha ya está representada por personas como Jaime Mayor Oreja o José María Aznar. Pero no es mi intención ahora refutar esta solemne tontería, sino indagar la afirmación del principio acerca de nuestra supuesta excepción democrática, de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos: en España no hay partidos parlamentarios de extrema derecha. Sea por las virtudes aglutinantes del PP, o bien por estar escarmentados del invento tras los cuarenta años de dictadura: ese vendría a ser el consolador corolario.
Ahora bien, ¿será cierto que estamos libres de esa plaga? Me parece que no, pero para localizar esa extrema derecha disimulada yo no miraría hacia los escaños del PP. Investiguemos por otra parte, y para orientar bien el escrutinio examinemos primero los países vecinos con los que nos comparamos.
¿Quiénes componen la extrema derecha de nuestros vecinos? Partidos como el Frente Nacional, la Liga Padana o los Auténticos Finlandeses allá en el norte. ¿Qué tienen todos ellos en común?: sin duda alguna el nacionalismo exacerbado, el euroescepticismo, la insolidaridad fiscal (como negativa a transferir recursos a sus vecinos más pobres o desfavorecidos) y una xenofobia que puede ser más o menos intensa y se expresa en hostilidad a los inmigrantes, temor a la aculturación y defensa de las tradiciones locales. Esos son los ingredientes ideológicos de partidos que en España los comentaristas califican de neofascistas o de extrema derecha por abrumadora mayoría y con unánime hilo argumental; ayer mismo Soledad Gallego-Díaz nos ofreció un hermoso ejemplo en El País. Yo suscribiría buena parte de sus críticas y temores si no me desconcertara algo previo: que esos rasgos tan temibles en partidos franceses, italianos, holandeses o finlandeses se aceptan como algo normal en partidos españoles que, aplicando la misma vara de medir, deberían ser sentenciados de tan neofascistas como sus adláteres ideológicos. Y me refiero, obviamente, a PNV, CIU, ERC, BNG y el resto de la nutrida y repetitiva sopa de letras nacionalista (con nada menos que seis siglas con representación institucional en País Vasco y Navarra).
¿Acaso no llevamos soportando 30 años a PNV, CIU y ERC –por no hablar de Batasuna y sus sucesivos avatares- la defensa y la práctica constantes de esas políticas que tanto miedo dan si las defienden siglas de otros países: insolidaridad fiscal, ataques al Estado común, xenofobia y particularismo cultural exacerbado con imposiciones políticas antidemocráticas de por medio (como la “normalización lingüística”)? ¿Por qué resulta escandaloso que los Auténticos Finlandeses se nieguen a ayudar a Portugal cuando es lo que llevan haciendo todos los políticos vascos y navarros (excepto los de UPyD) con las CCAA más desfavorecidas de España (que en realidad aportan a los respectivos Conciertos Económicos), y lo que acaban de lograr los catalanes con su nuevo Estatuto? Lo explicó muy bien hace poco Ruiz Soroa. ¿Qué clase de miopía o hipocresía conduce a tantos analistas a condenar como ultrareaccionario en Finlandia o Italia lo que se considera progresista si sucede en País Vasco o Cataluña? Yo diría que esto es o bien una ola generalizada de estupidez, o bien un caso patente de corrupción intelectual.
De manera que, regresando al principio, si aplicamos la misma vara de medir a los partidos nacionalistas europeos y a los españoles, resultará que nuestra supuesta excepción democrática y progresista se desvanece en el aire: hay escaños de extrema derecha en el Parlamento español, todos los que corresponden a partidos con esas ideas y prácticas ultranacionalistas, es decir, CIU, PNV, ERC, BNG, NaBai… Ahora díganme si quieren que no es para tanto y que en esos partidos hay gente estupenda a la que no se puede tildar de neofascista de ninguna de las maneras, pero díganme entonces por qué sí a sus correligionarios del resto de Europa. Si queremos entender el mundo que nos rodea porque aspiramos a transformarlo en algo mejor, qué menos que medirlo con la misma vara.
Por lo demás, es una gran satisfacción escribir estas líneas en pleno y aburrido Aberri Eguna, una celebración sectaria nacionalista impuesta a los demás, dentro de un lote de símbolos sectarios que incluye bandera, himno y corónimo (Euskadi), como “fiesta nacional” de una nación que democráticamente no lo es. Sin embargo, pocas voces en el País Vasco discrepan de semejante imposición e incluso la mayoría la acepta como opción propia libremente elegida aunque diga no ser nacionalista. Un buen ejemplo de cómo las fuerzas no nacionalistas de izquierda y derecha han acabado mimetizándose de nacionalistas hasta el punto de llegar a creer, en un malabarismo digno de Orwell, que el nacionalismo que detestan y temen en otros países es en cambio el no va más del progresismo y la democracia en el propio. Seguiremos con este asunto, porque el nacionalismo vuelve a llamar a la puerta de Europa tras no haberse ido nunca de España: primero con Franco y sus secuaces, luego con los separatistas y ahora con sus imitadores acomplejados.
PD: y a los pocos días de publicar este post me descubren en Twitter esta joya de un navarro de la cofradía xenófobo-progresista, el editor José María Esparza Zabalegi. Puro desperdicio que no tiene desperdicio!
Hace poco nos desayunamos con unas declaraciones del expresidente Aznar criticando la intervención en Libia porque la consideraba un grave error estratégico debido a que Gadafi sería un amigo de Occidente –en todo caso algo “extravagante”- en lo que realmente importa: la lucha contra el terrorismo islamista. Aznar iba más lejos y consideraba del mismo tipo de errónea ingratitud que no se hubiera apoyado a Ben Alí en Túnez y a Mubarak en Egipto. Su conferencia en Columbia abundaba en consideraciones parecidas presididas por el mismo hilo conductor: la política exterior de los países occidentales debería limitarse a proteger a los “amigos” y acosar a los “enemigos”, distinguidos según criterios de interés estratégico o comercial, estrictamente domésticos, que desprecian olímpicamente cuestiones como el respeto de los regímenes “amigos” a los Derechos Humanos o los legítimos deseos de cambio político en las sociedades árabes, totalmente despreciadas (por cierto: cabe decir lo mismo de la posición mantenida por Zapatero respecto a China). Un pensamiento reaccionario y, a la postre, muy peligroso porque nada hay más proclive a las guerras y desórdenes que las dictaduras. Pensamiento que hunde sus raíces en las más profundas capas tribales de la mente humana, las que repudian la igualdad de todos los semejantes y dividen a los congéneres en dos grandes grupos enemistados por naturaleza y sin otra conciliación que la procurada por la fuerza. La concepción ilustrada de la democracia nació precisamente para superar ese viejo atavismo poniendo en valor conceptos como la igualdad ante la ley, la fraternidad entre los individuos y la capacidad humana de progresar hacia formas sociales superiores. La verdad es que esa filosofía política sigue estando lejos de ser la dominante en el mundo de hoy, como indica el avance de movimientos xenófobos y nacionalistas en muchos países democráticos.
Es obvio que la división radical entre amigos y enemigos, aquella que fundamentó la filosofía del derecho antiliberal de Carl Schmitt, que tanto influyó en el nazismo y que también puso la soberanía absoluta del Estado como único objetivo trascendente de la política, está presente en las palabras de Aznar y en las de muchos más (que, paradójicamente, ¡se definen como liberales!) Pero no es ni mucho menos exclusiva de la derecha; en realidad, esta forma radical de antagonismo a muerte es muy transversal. Veamos si no, en el otro lado de la división tradicional y partidaria de la política española en izquierda y derecha, las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, a propósito de la lucha contra ETA, donde ha dicho lo que sigue: “la derecha española, la dirección actual del PP, tiene un problema atávico: tiene miedo de que el PSOE logre la paz y le vuelva a ganar las elecciones. Está haciendo lo que nunca puede hacer un patriota y un partido responsable, que es que en lugar de apoyar al Gobierno para acabar con ETA, se está apoyando en ETA para acabar con el Gobierno”.
Frases como esta traslucen un pensamiento de fondo apenas disimulado: el PP es el verdadero enemigo político del PSOE, no ETA. Pues “el proceso de paz” con la banda tiene, para Eguiguren, un objetivo ulterior que no es la paz misma –ya sabemos que la libertad no está en primera línea de sus aspiraciones, algo muy propio también de esta mentalidad antiliberal profunda-, sino desenmascarar la perfidia y maldad intrínsecas de “la derecha” encarnada en el PP.
La cosa es tanto más chusca en cuanto que el partido que preside Eguiguren tiene un pacto de gobierno con el PP que permite a Patxi López mantenerse como lehendakari pese a su minoría parlamentaria, y también si se considera que todo indica la existencia de un pacto entre PSOE y PP para conducir “el proceso” con ETA de modo que ninguno de los dos partidos se considere perjudicado en sus posiciones electorales, salvaguardando cada uno su identidad particular en esta complicada materia. Pero nada de eso importa a Eguiguren, cuyo odio al enemigo, o sea al PP, está mucho más próximo al expresidente Aznar de lo que jamás admitiría. Incluso comparten “el orgullo de ser españoles” (“yo me siento muy orgulloso de ser español y no puedo creer que la derecha haga estas cosas”, dice también Eguiguren respirando por su propia herida patriótica), un sentimiento absurdo pues no hay mérito alguno en el azar de nacer en un sitio en vez de en otro. Ambos rasgos, dividir el mundo en amigos y enemigos y el orgullo identitario son típicos del nacionalismo, y también de una patología ideológica transversal, a saber, el sectarismo.
El sectarismo es la propensión a dividir el mundo en bandos irreconciliables, aunque de composición variable: Gadafi era un enemigo de Occidente hasta que pasó a ser un amigo, y el PP era un amigo parlamentario hasta que dejó de serlo por sus críticas (superficiales) al proceso con ETA. El mundo en blanco y negro: lo característico del sectarismo es no admitir los matices ni los principios contrarios a su antagonismo, como los de igualdad o la relativización de los “enemigos” para convertirlos en adversarios y en colaboradores necesarios y socios en el desarrollo de la democracia. ¿Y saben qué?: todo indica que cuantas menos ideas se tienen o más rígidas, esquemáticas y superficiales son éstas, más fácil se cae en la enfermedad sectaria y menos se tolera la indispensable y tolerante agilidad mental que exige la democracia. Sobre todo cuando se ha tomado partido, decisión que también requiere sus anticuerpos de sentido común y amplitud de miras para no caer en el sectarismo más pedestre y peligroso.
La presentación de un montón de imputados por delitos de corrupción en las listas de PP, PSOE e incluso IU –que hasta ahora pretendía estar a salvo de la plaga por aquello de la supuesta “superioridad moral” de la vieja izquierda- ha servido para algo: tomar conciencia del problema. Pocas veces ha habido tanto consenso como estos días en que la corrupción es un problema grave de la democracia española, y pocas veces ha cundido tanto el desánimo entre la ciudadanía más politizada por lo que parece un problema sin solución. Sin embargo, es perfectamente posible mejorar mucho la prevención y la penalización de la corrupción con leyes mejores y más adecuadas. Porque lo cierto es que el sistema legal español está lleno de agujeros a este respecto, y que la parcialidad y lentitud de muchos tribunales empeora la situación, por no hablar de la absoluta pasividad o comprensión activa de los viejos partidos con sus corruptos y corruptelas… con la comprensión o indiferencia de muchos de sus votantes. De modo que lo primero que debe hacerse es presentar leyes de más calidad, dirigidas también a prevenir la corrupción haciéndola más difícil –sobre todo con medidas de transparencia realmente eficaces- y a penalizarla más en caso de que finalmente se produzca. Y conviene no hacerse ilusiones a este respecto: siempre habrá corruptos, y no sólo entre los políticos como a veces prefiere creerse, sino entre los beneficiados “civiles” de sus manejos tales como empresarios, profesionales o simples protegidos. Como tantos otros vicios y delitos, la corrupción es una consecuencia de la naturaleza humana: podemos elegir, podemos engañar y podemos robar, luego la corrupción de las instituciones públicas por quienes las administran es no sólo posible, sino probable si no se adoptan medidas de prevención y control.
El hartazgo de una parte considerable de la opinión pública con la corrupción estalló con cierta virulencia en Twitter la semana pasada, a raíz de una votación en el Parlamento Europeo sobre una recomendación para que los eurodiputados dejaran de viajar en primera clase en ciertos recorridos (hay que decir que volar en business no es obligatorio). La mayoría rechazó la recomendación por diversos motivos -de todos modos no tenía efecto presupuestario alguno- y se armó la marimorena: para muchos, ese voto negativo contradecía desvergonzadamente la austeridad que se nos exige e impone a los simples mortales desde los gobiernos, e incluso era una muestra de corrupción. Dieron igual las explicaciones que algunos eurodiputados quisieron dar para explicar por qué no votaron a favor de una recomendación presentada por un grupo donde alguno de sus miembros, como Willy Meyer (IU), no tienen empacho en volar en la tarifa más cara y ausentarse de la votación que se supone debía acabar con eso. Las razones buenas o malas de los eurodiputados fueron barridas por una indignación popular, e incluso populista, donde privilegios, abusos, derroches y corrupción formaron una amalgama indiscernible. Sin duda los eurodiputados partidarios del ahorro metieron la pata al no percatarse del eco público que esa votación iba a tener y del daño que su voto negativo iba a producir para el prestigio ya muy débil del Parlamento Europeo y el parlamentarismo en general, pero no es ahora ese asunto el que me interesa, sino el problema de la falta de distinción entre legalidad y ética que borboteaba en el fondo de la indignación.
Esta vez los eurodiputados –realmente mimados por una institución muy derrochadora, con dos sedes e inolerables migraciones mensuales entre ambas, Bruselas y Estrasburgo- volvieron a ejercer a su pesar una de las peores funciones que les tocan a los políticos en las democracias: la del chivo expiatorio. Porque todo el mundo sabe, aunque se niegue con vehemencia ofendida, que la corrupción no es una exclusiva de los políticos, sino una conducta extendida por el conjunto de la vida social: es corrupción meter la mano en la caja pública, cobrar comisiones ilegales o favorecer a tus socios quebrando el principio de igualdad de oportunidades y concurrencia, pero también lo es sobornar a los políticos, ofrecerles comisiones y llevarse contratos ventajosos mediante trampas. Y es corrupción pedir favores y recomendaciones a los amigos “políticos”, evadir impuestos, abusar de terceros en el trabajo, explotar a subordinados y empleados y docenas de abusos más –como copiar en un examen o colarse en una cola, sin ir más lejos- que todos los días comenten infinidad de personas que se consideran a sí mismas sumamente honradas. Lo que no obsta para que sea cierto que a los representantes políticos, como a la mujer del César, haya que pedirles más rigor, honestidad y veracidad que a los demás, ya que son “políticos” porque quieren.
De lo anterior sólo se colige una cosa: que los valores morales y la coherencia ética de cada cual es muy importante para combatir la corrupción, sobre todo para acabar con su tolerancia social (y algunos de los que más protestan contra la de los políticos están en realidad pidiendo su oportunidad para forrarse…), pero que la corrupción, como otros delitos, no se puede combatir solamente con ética: para hacerlo está la política, que es el modo de elaborar y aplicar las leyes. No vamos a progresar nada en la lucha contra la corrupción, revoluciones morales aparte, si no se mejora en tres campos muy claros y delimitados: 1: mejores leyes contra la corrupción, y por la transparencia que es su principal antídoto al hacer públicos los manejos opacos y las decisiones arbitrarias; 2: avances reales y contrastados en la independencia y rapidez de la administración de justicia encargada de aplicar esas leyes; 3: tolerancia cero de la corrupción en las instituciones públicas y privadas y en las personas físicas y jurídicas, o lo que es lo mismo, en todos y cada uno de nosotros.
La razón por la que la corrupción progresa en España, con espectáculos tan bochornosos como su práctica impunidad en partidos como CIU, PP o Unión Mallorquina, y el propio PSOE con su demoledor espectáculo en Andalucía, sin olvidarnos del PNV y los corrupctos manejos de ciertos burukides en las haciendas forales del País Vasco, es la consecuencia lógica de que seguimos sin una legislación suficiente contra la corrupción y prácticamente ninguna de transparencia; carecemos de una justicia eficaz e independiente de los partidos políticos; tenemos una opinión pública que puede explotar con algunas casos aislados, pero sigue votando y por tanto tolerando a partidos que presentan imputados y condenados por corrupción. Hay que recordar que Rosa Díez presentó en el Congreso varias enmiendas a la reforma del Código Penal para endurecer la lucha contra la corrupción, pero casi todas fueron rechazadas, excepto la que preveía la inhabilitación electoral de los condenados. De modo que no es cierto que nadie haga nada contra la corrupción y que no se hagan propuestas que vayan más allá de la moralina; el hecho es que son PSOE, PP y nacionalistas varios los que se vienen oponiendo sistemáticamente a progresar en esta lucha legislativa y política, cuando no la obstruyen como ha ocurrido con el proyecto casi fantasma de una Ley de Transparencia que duerme el sueño de los justos en una de esas comisiones napoleónicas del Congreso (las que se crean para impedir los cambios, como la que impidió reformar en serio la Ley Electoral). La semana pasada UPyD registró en el Congreso una nueva Ley contra la Corrupción y para la Transparencia en la Gestión Pública que entra en el fondo de la cuestión, pero veremos si al menos es posible que se debata en el pleno…
Moralina es esa moda de “contratos éticos” que firman, sin el menor empacho y con todo el cinismo del mundo, probables imputados como Camps y muchos otros de su estilo. Meros instrumentos de propaganda, estos “contratos” y compromisos públicos no comprometen realmente a nada, porque en una democracia lo único que compromete a todos son las leyes y su obligado cumplimiento (algo en lo que también vamos a peor). La inutilidad de tales obras maestras de papel mojado brilló el sábado, cuando se supo que el cabeza de lista por IU en Sevilla, Antonio Rodríguez Torrijos, iba a ser imputado por el caso Mercasevilla y sin embargo seguía en su puesto porque él se consideraba inocente. Si todo es asunto de voluntad o interpretación personal, ¿para qué sirven entonces esas rimbombantes declaraciones éticas amablemente cubiertas por los medios de comunicación concertados con el partido de turno? Para nada. Si queremos luchar contra la corrupción son las leyes y los tribunales de justicia los que hay que mejorar, junto con la conciencia pública de que la corrupción es intolerable porque daña los bienes públicos materiales e inmateriales, comenzando por la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica y la autoestima colectiva.
Como todos sabéis, este domingo 3 nos hemos citado en la vieja plaza de toros de Vistalegre, en Carabanchel. Estas líneas son un pequeño comentario sobre una iniciativa que al principio –cuando se la sugerí a Rosa que la pilló al vuelo- casi todos consideraron un desvarío… hasta que fueron entrando en el sentido y fondo del asunto. ¿Y cuál es este sentido? Muy sencillo: un desafío. No me refiero al más superficial de sus aspectos, que será el de si conseguimos o no llenar el enorme aforo de la plaza (en torno a 15.000 personas, y algunos toros y mulas cuando hay corrida). Aun siendo importante, este es el desafío menor (no dejéis aquí la lectura considerando que he perdido el juicio). Tampoco se trata de si los medios de comunicación, cuya actitud respecto a UPyD sigue oscilando entre la hostilidad, la indiferencia y la displicencia, nos tratarán esta vez como a un partido “de los grandes”, de los que cuentan en la carrera electoral, pueden tener poder y por tanto interesan a los empresarios de comunicación como posibles socios o rivales. Seguro que esta vez van más cámaras y periodistas que nunca antes a un acto nuestro, siquiera para certificar el batacazo si Vistalegre tuviera una triste entrada o para guardar imágenes y testimonios del inesperado éxito si este se produce e intenta entonces al dueño del medio subirse al carro del triunfo ajeno. Ni siquiera es lo más importante el otro aspecto notorio de este desafío: si un pequeño y joven partido maltratado por los medios de comunicación consigue llenar Vistalegre, triunfando allí donde el PSOE no se atreve, renunciando a sus baños de masas de arranque de campaña, espectáculo embriagador al que ahora renuncia por miedo a que se congregue también una multitud, sí, pero para silbar, abuchear y protestar a Zapatero por la desastrosa política de sus gobiernos en casi todos los terrenos. Un éxito de comunicación de UPyD en el sitio y fecha en que solía disfrutarlo el PSOE haría mucho más verosímil la posibilidad, cierta, de que pronto UPyD sea el tercer partido nacional, pisándole los talones al declinante socialista.
Y si no importa demasiado si llenamos o no la plaza, ni si los media informan o no, y tampoco si competimos ventajosamente con el PSOE, ¿en qué consiste entonces el desafío de Vistalegre, se dirán algunos? Pues en que es una invitación a restaurar la grandeza y nobleza de la política, diría yo. Es verdad que UPyD es sólo un partido y que la política no le pertenece ni es cosa exclusiva nuestra esa restauración –sería grotescamente pretencioso pensar tal cosa-, pero si alguna institución tiene responsabilidad en la restauración de la política es precisamente un partido político porque han sido otros partidos políticos los principales responsables del triste estado actual de la política democrática, de su degradación, corrupción y pésima fama.
¿Y qué es restaurar la política democrática (y hacerlo en Vistalegre)? Llevarla al lugar originario de donde la secuestró la mala política, es decir, a la plaza pública, al ágora de la ciudad donde los ciudadanos discutían libremente de sus asuntos comunes según una Constitución. Vistalegre es una versión actualizada de ese ágora imposible en nuestras grandes ciudades, y por supuesto un ágora a escala de partido: para quien quiera ir, y por tanto sin invadir el espacio público que por definición es de todos. Por eso asistir a Vistalegre es una invitación a la política en su estado original: va quien quiere y porque le interesa, sean muchos o pocos (reservamos para muchos confiando en que la regeneración de la política tiene mucha demanda). Y es más, le pedimos al que vaya un donativo voluntario para ayudar a pagar la factura. Porque otro rasgo originario de la política democrática, basada en la actividad de ciudadanos libres y autónomos, es la conciencia de que son los ciudadanos quienes se pagan de su bolsillo la representación de sus intereses, y por eso mismo tienen un derecho reforzado a controlar a sus representantes y asegurarse de que hacen su trabajo como deben. Los otros partidos ocultan esta verdad simple –que todos pagamos sus actos porque no hay nada gratis en esta vida- ofreciendo mítines gratuitos, carísimos y espectaculares… que los ciudadanos también pagamos sin que nos consulten, porque en última instancia el dinero para pagar ese mitin es dinero público transferido a los partidos sin la transparencia y el control necesarios para que sea legítima esta forma de financiarse.
Ese es el desafío de Vistalagre: ¿hay en España suficientes ciudadanos comprometidos a la regeneración de la política democrática como para celebrar un acto así? ¿Ciudadanos dispuestos a pagar libremente para que se celebre, en vez de cobrar por asistir o pagar sin enterarse? ¿Personas interesadas en oír discursos políticos sin compromiso previo de votarlos ciegamente? Eso es Vistalegre, esa es la idea: es un desafío.
Pues señor, henos embarcados en una guerra más o menos contra Gadafi allá en Libia. Me parece que sin pretenderlo fui el primer portavoz de un partido parlamentario en pedir una intervención internacional según la doctrina de la “injerencia humanitaria”: se trata de impedir por la fuerza que un gobierno despótico, el de Gadafi, perpetre impunemente una masiva represión homicida contra la población desarmada que reclamaba cosas elementales en cualquier país decente. A estas alturas ya no hay ninguna duda razonable de que la represión en Libia se deslizaba rápidamente hacia la matanza de civiles, y de lo que se trataba y se trata es de impedirlo sin esperar a que se consume la matanza para, como pasó en Bosnia, Ruanda o Kosovo, darnos luego a un ruidoso festejo de rasgamiento de vestiduras de los que tanto deleitan a las pasivas y miedosas almas bellas, esas mismas empeñadas en dictarnos la moral y el derecho internacional y afanadas ahora en negarle a la ONU autoridad para interpretar legalmente su propia Carta fundacional. Sí, ya saben, los del “no a la guerra” que es un “sí a la guerra civil”, aunque las dos situaciones sean igual de trágicamente bélicas, aunque no igual de injustas. Ojalá en 1936 hubiera existido una comunidad internacional empeñada en parar la guerra civil española en vez de asistir impertérrita a su funesto desarrollo con la excusa barata de respetar la soberanía nacional. Como si las soberanías nacionales no fueran otra cosa que matanza a la carta de enemigos políticos.
Dicho esto y celebrando que el Consejo de Seguridad haya dado la autorización legal para que varios países, entre ellos el nuestro, bombardeen las defensas antiaéreas y el armamento pesado de Gadafi para que al menos no aplaste en una semana toda oposición a su dictadura, hay que añadir que la intervención en Libia muestra demasiados signos inquietantes de falta de un propósito claro. Para empezar, de un objetivo claro que, a su vez, permita trazar planes racionales que permitan en su momento tomar decisiones de alcance: desde una intervención terrestre en Libia si fuera necesaria –ahora excluida por la resolución de la ONU, limitada a la exclusión aérea- hasta el cese de las operaciones militares cuando sea aconsejable. La insistencia de Zapatero en que no se trata de expulsar a Gadafi sino de ayudar a la población civil es una de esas piadosas jaculatorias que embrollan más de lo que aclaran: ¿habría un modo mejor de ayudar a los libios que quitarles de encima al sátrapa? ¿Es razonable destruir por aire al ejército de Gadafi y permitirle que mantenga en control del terreno para Gadafi? Y así una larga lista de preguntas que todos los interesados nos hemos hecho.
La inconcreción de los objetivos queda de manifiesto en la imprecisión del mando militar: ¿la OTAN, Estados Unidos, Francia, todos y nadie? ¿Y dónde está la UE? Porque, como de costumbre, la UE ni está ni se le espera cuando esta es otra ocasión de oro para que asuma el papel internacional que esperamos como agua de mayo (en la mitad del Sáhara), sobre todo ante las reservas y limitaciones que impone la propia ONU y el veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad a cualquier autorización de mayor alcance político. En efecto, la injerencia democrática –intervenir en un país en crisis política para favorecer la democracia, y no sólo por motivos humanitarios- es algo no sólo temido, sino inaceptable para las dictaduras abiertas de China (o Cuba) y las encubiertas de Rusia, Irán o Venezuela. De modo que no hay razones para esperar de la ONU mucho más de lo que ya ha autorizado porque Rusia y China lo evitarán. Estados Unidos, por lo demás, bastante tiene con Afganistán e Irak y señala sin disimulo a los europeos su responsabilidad en uno de sus mares domésticos, el Mediterráneo. Pero por otra parte Europa no sólo carece de ambición política, es que tampoco tiene el poder militar –ni la medrosa y conservadora sociedad europea quiere tenerlo- capaz de sustituir con eficacia al de Estados Unidos cuando haga falta. Finalmente, consideremos que algunos de los actores políticos más importantes en esta intervención son jefes de gobierno con serios problemas domésticos: Obama, Sarkozy, Berlusconi y desde luego Zapatero, por no hablar de la ausente (por razones de política doméstica) Angela Merkel, confirmando para Alemania el paradójico (¿e insostenible?) papel de gigante económico y enano político. No parece haber ningún propósito común entre todos estos gobernantes, más allá del doble (y no antagónico) de poner orden en Libia y su petróleo y de contentar a la indignación humanitaria de sus opiniones públicas. Así están las cosas: un tremendo embrollo porque estamos metidos en harina guerrera en Libia, pero no se sabe muy bien para qué ni quién manda, aunque sí sepamos por qué y cómo.
En resumen, el caso de Libia debería forzar un debate sobre la legitimidad de la injerencia democrática, es decir, del derecho de la comunidad internacional democrática a intervenir en tragedias como la libia para favorecer la transición a la democracia. Porque está claro que la injerencia humanitaria es en sí misma insuficiente para definir el horizonte político de una intervención que es política, precisamente, por ser humanitaria. Pues sólo en la democracia evolucionada, con su ética pública de la libertad individual y de los sagrados derechos humanos universales, se considera que una crisis humanitaria de grandes proporciones justifica una intervención armada. Durante los genocidios armenio, soviético o nazi, casi nadie se planteó que estas catástrofes fueran en sí mismas un casus belli legítimo, por éticamente repugnantes que fueran.
Una objeción habitual de los pragmáticos es que una intervención abiertamente política en Libia obligaría por coherencia a intervenciones similares en Bahrein (abandonado al intervencionismo represivo de Arabia Saudí y Qatar), Yemen, quizás Siria y, por qué no, en cualquier país del mundo sometido a dictaduras contestadas por sus víctimas. Lo que valdría para Cuba, Corea o la propia China. Pero la respuesta es precisamente pragmática: ni todas las intervenciones son posibles a la vez ni son igual de urgentes, ni la respuesta de la dictadura será previsiblemente la misma. Seguro que los autócratas chinos no responderían igual que los Castros o Chávez, y de lo que se trata no es de arrastrar al mundo a la III Guerra Mundial, sino de ayudar a las sociedades que luchan abiertamente por derribar dictaduras que se defienden asesinando impunemente a diestro y siniestro. No se trata de elegir entre impedir todos los crímenes del mundo o dejar que se cometan todos, sino de progresar adecuadamente en la erradicación o castigo del crimen político. Razonable objetivo que a día de hoy nos parece demasiado remoto a muchos. Aunque hubiera una corriente pujante a favor de la injerencia democrática, habría que construir las instituciones capaces de poner manos a la obra, y por ahora, si existen, es sólo sobre el papel, como la inexistente “política internacional común” de la UE.
Incluso estando acostumbrados a la cazurra cortedad de miras del establishment que nos aflige sorprendía que el señor Griñán lamentara que el Tribunal Constitucional haya derogado el artículo del Estatuto de Andalucía que pretendía la “competencia exclusiva” de su comunidad sobre el río Guadalquivir. Eso fue el miércoles; el jueves, ese mismo Tribunal derogaba un artículo similar sobre el río Duero en el Estatuto de Castilla-León. Y sorprendía porque siempre se espera, quizás con demasiada ingenuidad, que incluso gente tan pegada al interés más mezquino comprendiera, a la luz de lo que pasa en el mundo, lo ridícula, anacrónica y extemporánea que es su reclamación de competencia fluvial exclusiva justo cuando, al otro lado del mundo, la tragedia japonesa ponía drásticamente de relieve que compartimos un planeta pequeño, limitado y peligroso. Y que las fronteras e intereses nacionales, lejos de protegernos de los riesgos de vivir en su sitio así –una bola recubierta de placas tectónicas móviles que chocan entre sí produciendo terremotos, tsunamis y volcanes-, no sirven sino para empeorarlos.
Un terremoto seguido de tsunami, ambos tremendos, han bastado para poner en solfa el exceso de confianza en la ingeniería de la seguridad que llevó a Japón a instalar enormes centrales nucleares justo en la costa de una de las regiones más sísmicas del planeta. Los optimistas excesivos han subrayado que las centrales aguantaron bien el terremoto, pero callan que fracasaron ante el tsunami inmediato. Y “tsunami” no es por casualidad una palabra japonesa prestada a las demás lenguas del mundo, sino debido a lo habitual de ese fenómeno en aquel país. No resulta pues muy consolador que las centrales resistieran el brutal temblor 9.0 para quedar desbaratadas por la probable y previsible sucesión de olas de hasta 10 mtrs de altura causadas por aquel. Considerando retrospectivamente el riesgo, el emplazamiento de la central de Fukushima parece completamente reñido con el sentido común (y debería llevar a revisar el emplazamiento de centrales en zonas sísmicas o fácilmente inundables).
¿Significa eso que debamos renunciar a la energía nuclear en el resto del mundo, o al menos en Japón y países de gran sismicidad, como han exigido los predicadores de la religión política ecologista? Pues creo que no. Primero, porque una central nuclear se puede parar, en efecto, pero pararla no volatiliza la radioactividad que contienen sus reactores parados y las piscinas con combustible gastado: ante una inundación como la de Fukushima son tan peligrosas paradas como en marcha (desagradable hecho que se oculta a la opinión pública mientras se pide relanzar el “debate nuclear”… para cerrar las centrales). Segundo, porque mientras no se desarrollen alternativas reales a las nucleares de fisión, como la fusión nuclear (que no todo el mundo cree posible desarrollar para uso comercial), esas centrales son necesarias por dos razones: por el encarecimiento o agotamiento futuro de las fuentes fósiles petróleo y carbón (consideradas además contaminantes por el Protocolo de Kyoto), y porque las renovables necesitan una energía de base constante para compensar la variabilidad del clima, y eso las nucleares lo hacen perfectamente. La imagen de un mundo abarrotado de molinos de viento y huertos solares no sólo es estéticamente objetable –el paisaje también es un bien escaso a proteger- y económicamente dudosa –basta con ver nuestro problema con las insostenibles primas a las renovables, que también debemos a ZP y sus lamentables gobiernos-, sino que es incapaz de suministrar el 100% de las necesidades energéticas el 100% del tiempo requerido (aunque pudiera serlo algún tiempo en algún espacio excepcionalmente adecuado).
Dicho esto, parece obvio que el “debate nuclear” debería centrarse en la mejora de las centrales nucleares, en objetivos como buscar alternativas a las que deberían desmantelarse por estar emplazadas en sitios con un alto riesgo de desastre natural (o político, en algunos casos como Pakistán… o Irán, que reúne ambos).
Una alternativa racional consistiría en emplazar centrales nucleares, con seguridad reforzada, en territorios sin riesgo sísmico o de inundación catastrófica. Si se superara al nacionalismo energético –como todos los nacionalismos, fuente constante de problemas para la seguridad y el interés general-, países como Japón podrían obtener su energía eléctrica de origen nuclear de centrales ubicadas en sitios de tectónica más segura que la suya. La invocación a la soberanía nacional en peligro en caso de que esos otros países apagaran el interruptor debería llevar a fórmulas de cooperación y seguridad mutua que minimicen esos riesgos, en todo caso mucho menores que los representados por los enormes terremotos y tsunamis que cada cierto tiempo devastan las regiones del Cinturón de Fuego del Pacífico.
El abandono del nacionalismo energético parece imprescindible para mantener un estilo de vida y un sistema productivo que consume muchísima energía, y que consumirá más y más a medida que enormes países como China, India y Brasil se incorporan a la economía desarrollada con todas sus consecuencias. Si se mantiene el principio de primar el autoabastecimiento para proteger la soberanía sobre la previsión de minimizar el impacto de desastres como el sufrido por Japón, se acaba pagando un precio mucho más alto debido a que la contaminación nuclear, como los terremotos, no saben nada de esas fronteras políticas a las que tanta importancia seguimos dando.
Y esta reflexión nos lleva de nuevo a España y a la insensata lucha entre CCAA por recursos naturales que muchas veces son más teóricos que prácticos. El Duero y el Guadalquivir son dos de los grandes ríos ibéricos, pero eso no es mucho decir: ¡son simples regatos comparados con los ríos realmente grandes! Sin embargo, es el nacionalismo más cegato e imprevisor el que ha tomado carta de naturaleza como la única política posible en España cuando se trata del agua o del territorio. En lugar de minimizar las fronteras administrativas, el establishment español se empeña en tratar de ahondarlas y subrayarlas un poco más cada año. Da igual que esa política esté condenada al fracaso por el hecho incontestable de que a la naturaleza le da lo mismo este tipo de absurdos particularismos, tan nocivos en cambio para los seres humanos que los imponen. Ni terremotos, ni sequías o inundaciones respetan frontera alguna ni éstas sirven para nada ante tragedias como la japonesa. Estos desastres cíclicos más bien ponen de relieve la futilidad, ridiculez e irracionalidad del empeño nacionalista por imponer fronteras y puertas al campo. ¿Aprenderán algo de esto en las capitales autonómicas españolas? Todo invita a pensar que esto es imposible para los partidos que aprobaron en sede parlamentaria cosas tan ridículas como Estatutos que declaraban cuencas fluviales enteras propiedad autonómica y competencia exclusiva. Me refiero, claro está, a los de siempre: PSOE, PP, IU y la macedonia nacionalista.
Nadie discute que en Italia no se mantenga un Estado de derecho con todas las instituciones imprescindibles en una democracia y fijadas por una Constitución. Pero también es indiscutible que la democracia italiana se ha convertido en el paradigma de un mal uso de las instituciones que, manteniendo formalmente las apariencias, pervierte profundamente su sentido original. El presidente del gobierno Silvio Berlusconi ha terminado encarnando, por méritos propios, esa perversión permanente que acaba convirtiendo los tribunales en agencias de arbitraje de intereses privados, el Parlamento en un zoco donde todo está en venta y alquiler, y la presidencia del gobierno en un circo más seguido por sus escándalos sexuales que por su actividad política. Una verdadera desgracia, pero el que haya sucedido esto en un país tan civilizado y rico como Italia debería tomarse como una llamada de atención sobre los peligros que acechan a todas las democracias, sin excepción, y no como una manifestación de la supuesta informalidad idiosincrásica de los italianos.
Fijémonos en España: ¿estamos mejor que en Italia? En algunos aspectos todavía sí. Al menos, aquí parece imposible todavía un escándalo como el de la acumulación de basura en la Campania ante la pasividad absoluta de las instituciones responsables. Sin embargo, el cambalacheo de votos parlamentarios donde se obtiene el apoyo al gobierno a cambio de favores es tan usual como en Italia, y esa no es la única coincidencia preocupante (da lo mismo que los beneficiarios sean partidos nacionalistas en vez de partidos personalistas). Que a Zapatero no se le conozcan veleidades orgiásticas no es sino una anécdota menor. La pregunta que debemos hacernos es si estamos inmersos en un proceso de berlusconización, es decir, de vaciamiento del sentido de las instituciones a través de su perversión práctica. En la administración de justicia y la pérdida de igualdad ante la ley ya se ha avanzado mucho en ese sentido, o al menos así lo percibe una gran mayoría social, según ponía de relieve la última encuesta del CIS.
Como en Italia, en España hay un gran descontento social con el funcionamiento del sistema, y también emergen nuevas formaciones políticas que buscan beneficiarse de este descrédito popular fácilmente convertible en deslegitimación. No todas ellas nacen con el propósito de enderezar lo degenerado y refundar las instituciones para restituir la democracia, sino para profundizar los peores aspectos de la situación. O sea, para obtener beneficios privados de la desaparición de la justicia autónoma, de los medios de comunicación independientes y de la exigencia de transparencia y rigor en la gestión pública, dominada por la corrupción.
Lo inquietante de la berlusconización es, precisamente, que abre paso no a una crisis del sistema con propuestas de renovación democrática, sino al estancamiento de lo peor a través del bloqueo institucional y del desistimiento cívico. Desistimiento expresado en el aumento de la abstención, el cinismo intelectual, la despolitización y el éxito de partidos políticos no críticos sino sencillamente ajenos u hostiles a los propósitos de la democracia. Por ejemplo, partidos personalistas que no son sino plataformas de proyección institucional de intereses básicamente personales, como el de Francisco Alvarez Cascos (FAC) –inquietante sujeto que también se parece a Berlusconi en su fama de depredador sexual-, o los de Revilla y Laporta, por no hablar de peores aventuras jaleadas por los medios como la catalana de Carmen Mairena. Cataluña es, sin duda, la parte de España donde todo se ha conjurado para el avance de la berlusconización. Pero hay otros signos inquietantes del avance del proceso en el conjunto del país: por ejemplo, el regreso en loor mediático de personajes como Mario Conde, presentado por el grupo Intereconomía como modelo de la “regeneración democrática” por venir y que no sería, por cierto, sino una variedad hispana del berlusconismo (lo que lejos de tranquilizar debe preocupar más).
A los partidos tradicionales este proceso sólo les preocupa en cuanto pueda poner en peligro su posición dominante, pero el sentido del mismo no solo les resulta indiferente, sino que en realidad emerge de sus propias prácticas. También en Italia pasó algo parecido: Berlusconi fue el oportunista sin escrúpulos que, apoyado en su imperio mediático y en la popularidad ganada explotando el mismo, recogió los frutos del hastío popular por el corrupto sistema de alianzas protagonizado durante años por los partidos italianos clásicos: el democratacristiano y sus satélites republicanos, socialistas y laicos. El sistema de partidos clásico se hundió en Italia, pero a pesar del juez Di Pietro y otros líderes y grupos regeneracionistas –como el Partido Radical de Marco Panella- no lo sucedió un sistema renovado que actualizara la democracia y limpiara las instituciones acabando con la corrupción y las mafias, sino una nueva amalgama de minipartidos personalistas, neofascistas y nacionalistas de la Padania agrupados en torno a Berlusconi, verdadero conseguidor de ese sistema degenerado; en frente, las viejas y desarboladas glorias, divididas, impotentes y anacrónicas, de la antaño pujante izquierda italiana. Ese es el triste panorama político y civil que ahora ofrece Italia. Y la amenaza es que en España acabe pasando algo similar si lo que hay de sociedad civil activa no es capaz de reaccionar contra la resignación, el pesimismo y la comodidad del que critica mucho pero no arriesga nada. La impotente ira del español sentado denunciada por Alvaro Pombo, el verdadero deporte nacional en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.
En una de sus famosas frases Albert Einstein dijo algo como esto: “me asombra que alguien espere un resultado distinto cuando procede del mismo modo”. Yo tengo una versión más breve que utilizaba a menudo en mis atribulados tiempos de director de departamento universitario: siempre que pasa igual ocurre lo mismo. Pues aunque parezca mentira hay muchas personas, intachables en muchos aspectos, que parecen incapaces de entender el principio de causalidad natural y se abonan al pensamiento mágico, a menudo revestido de teoría extravagante. Y así creen posible hacer las mismas cosas que otras veces les condujeron al fracaso y ahora conseguir el éxito. Supongo que conciben la vida como una lotería o una tómbola del tipo de aquella canción tan pegadiza (tómbola de luz y de color) de los franquistas sesenta o setenta.
Y viene todo esto al caso de las esperanzas puestas por unos en la última treta de ETA para volver a las instituciones vía la marca Sortu, y en la incomprensión de otros por lo que está sucediendo en los países árabes. La epistemología popular permite ver qué conexión hay entre ambas incomprensiones y el papel jugado por ciertos “expertos”.
Sobre lo primero, algunos parecen no haber aprendido nada de las pasadas treguas de ETA y de su constante refundación del mismo partido bajo diferentes marcas. Cuando se les recuerda amablemente el hecho innegable, tienden a despreciar el argumento de la experiencia diciendo que, esta vez, sí que será distinto. Pero, ¿por qué?, ¿porque ellos son expertos natos, o porque la experiencia no tiene ningún valor? A juzgar por lo que dice en un vídeo de El País Luis Aizpeolea, gran muñidor de esa variedad de pensamiento mágico que es “esta-vez-sí-que-ETA-va-en-serio-con-la-paz”, lo que se interpone entre el logro de sus bellos deseos y la penosa situación presente no es otra cosa que la maldita experiencia, siempre fastidiando a expertos de buena fe como él mismo o su amigo y socio en la materia, el socialista Jesús Eguiguren. Pero la mayoría de la sociedad, puede que no tan experta pero con más sentido común en lo que a ETA respecta, se niega a renegar de la experiencia del trato con esos asesinos. Bastaría que esa misma mayoría procediera igual con el PSOE, el PP y los nacionalistas para que este país mejorara considerablemente, pasando del pensamiento mágico y el reniego de la realidad y la experiencia al aprecio de los hechos y del pensamiento racional. ¡Así que no desesperemos, puede conseguirse!
Vayamos a la situación en los países árabes. Como no podía ser de otra manera, ésta es en sí misma muy variada: incluye desde revueltas que acaban con el gobierno, como en Túnez y en Egipto, a una guerra civil larvada como en Libia, pasando por los movimientos por la igualdad de derechos civiles de los chiitas de Bahrein y otros emiratos del Golfo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Si aplicamos la norma de recurrir a la experiencia acumulada, es decir a la historia, descubrimos rápidamente un parecido nada casual con las revueltas que derribaron el muro de Berlín y los regímenes socialistas del este de Europa hacia 1989. Se trata en todos los casos de una población civil sometida a regímenes despóticos, corruptos, anacrónicos y atrasados que bloquean la evolución del país, especialmente para la gente más joven, condenada a la pobreza y la marginalidad social. En este punto, el dilema que se plantea a los afectados es el que el sociólogo Albert Hirschman llamó de “voz o salida”: o se expresa públicamente la protesta contra el régimen (mediante manifestaciones, artículos, críticas públicas), o se abandona el país (emigrando o refugiándose en la marginalidad). Cuando la segunda alternativa desaparece del horizonte, por ejemplo porque los países vecinos cierran la frontera ante el riesgo de avalancha de refugiados o emigrantes económicos, o porque el propio régimen impide a la fuerza la emigración voluntaria (como hacían los países socialistas), la alternativa o preferencia de “salida” deja de serlo a favor de la “voz”, es decir, a favor de la protesta social en forma de manifestaciones de protesta cada vez más organizadas.
Veamos ahora lo que está sucediendo en los países árabes y puede suceder en otros, árabes o no (como Irán, China o Venezuela): el cierre de fronteras a la emigración económica como consecuencia de la crisis internacional, o del propio autoritarismo del régimen, debilita cada día más la opción “salida”: queda entonces la posibilidad de recurrir a la “voz” contra el régimen culpable, posibilidad agigantada hoy en día –a diferencia de los años 80 en la Europa oriental- por el desarrollo de internet y la comunicación vía satélite, desde los móviles a la televisión. A lo que estamos asistiendo, por tanto, es a una nueva oleada de un fenómeno de insurrección social en sociedades complejas –pues aunque atrasados, estos países ya son complejos y están más o menos integrados en la civilización global- que tuvo su primera y gran manifestación en la Europa del Este, comparativamente menos pobres que países como Túnez o Egipto pero mucho más cultos e informados que éstos. Convertir el debate sobre este fenómeno de “voz o salida” en el viejo debate etnocentrista sobre si los árabes están o no preparados para la democracia (como si nosotros lleváramos la democracia en los genes y ellos no), o sobre la difícil secularización del islam (como si las iglesias cristianas se hubieran dejado desposeer voluntariamente del poder político), es una vez más errar el tiro al ignorar la experiencia histórica: lo que sabemos de la naturaleza humana y de cómo evolucionan las sociedades bajo el conocido cóctel de explosión demográfica, opresión política, empobrecimiento económico y corrupción que saquean el país y bloquea sus posibilidades de evolución pacífica.
Y por cierto: los “expertos” en países árabes tampoco predijeron lo que iba a pasar, a diferencia de algunos escritores y periodistas mucho más perspicaces (incluyendo muchos blogueros de los países árabes). Ahora esos mismos expertos nos dicen que desconfiemos de la experiencia porque lo de Libia o Yemen no tiene precedentes. Vamos, que confiemos en ellos en vez de en nuestra capacidad de comprensión fundada en la experiencia y la observación. Como con Sortu, en fin. Pues conmigo que no cuenten… Respecto a Sortu, en concreto, no hay nada más democrático que presionar contra cualquier “salida” que no sea obligarles a alzar la “voz” contra ETA. Entonces hablaremos. Y respecto a los países árabes, lo que conviene es que la voz civil recién estrenada en algunos pueda evolucionar hacia la democracia: un camino problemático, difícil y siempre lleno de incertidumbres.
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