La amnistía de 1977 y las “leyes del olvido”

Uno de los argumentos fundamentales de los apologetas de la Causa General contra el franquismo que quiso abrir el juez Garzón y que le ha llevado a su desastrosa situación procesal y política, es que la Ley de Amnistía de 1977 no podía invocarse para dejar impunes los crímenes del franquismo, del mismo modo en que las llamadas “leyes del olvido” aprobadas en Argentina y otros países para encubrir y absolver sin juicio crímenes de lesa humanidad no habían podido imponerse al derecho penal internacional que considera imprescriptibles los delitos de genocidio. Dada mi incompetencia jurídica no voy a entrar en si los crímenes cometidos durante la posguerra por Franco y sus secuaces pueden calificarse de genocidio desde el punto de vista jurídico. Es evidente que, en cualquier caso, fueron crímenes atroces. Tampoco hace falta añadir que no más ni menos atroces que muchos cometidos en zona republicana durante la guerra civil. Fueron, eso sí, más numerosos porque se dio la circunstancia de que fue Franco quien ganó la guerra, en vez de la República. Y peores en sentido político y moral, porque fueron crímenes –asesinatos, desapariciones, esclavización legalizada en forma de “trabajos forzados”- planificados y ejecutados desde las instituciones de gobierno, sin la mala excusa de la espontaneidad, el desorden y el descontrol reinantes en una situación de guerra (la excusa esgrimida por Santiago Carrillo cuando sale a relucir la matanza de Paracuellos). Pero qué quieren, por mi parte no soy muy optimista sobre lo que hubiera pasado con los del “bando nacional” de ganar la guerra aquella República sin apenas republicanos, trufada de enemigos de la “democracia burguesa” dispuestos a liquidar toda disidencia. En cualquier caso, da igual: ya no se trata de jugar a los contrafácticos del “qué hubiera pasado si…”, ese al que se entregan ahora los antifranquistas sobrevenidos –magníficamente descubiertos ayer por Santiago González- y el agit-prop del zapaterismo en apuros. Si alguien prefiere creer que Pedro Almodóvar es el mejor historiador, pensador, político y demócrata vivo en España, un ejemplo de resistencia a Franco y de sacrificio personal por las libertades, pues qué le vamos a hacer.

Existe, sin embargo, una diferencia radical entre las Ley de Amnistía de 1977 y las “de olvido”, aprobadas para absolver sin juicio a los verdugos y olvidar a sus víctimas. Es la siguiente: la Ley de Amnistía española buscaba establecer una base sólida, indispensable, para la transición pactada de una dictadura a una democracia, objetivo que requería refundar la comunidad política mediante dos pasos sucesivos: primero, renunciar a la revancha por el daño recibido en el pasado, por justa que ésta fuera; segundo, proceder a elaborar una nueva Constitución que estableciera un borrón y cuenta nueva. Téngase en cuenta que no sólo fueron amnistiados los verdugos del franquismo que seguían con vida, o los propios que quedaran del lado republicano, sino también los terroristas de ETA, FRAP y GRAPO que se habían cobrado un buen número de vidas en los últimos años de la dictadura; algunos lo pagaron con su propia vida en las últimas ejecuciones del franquismo, y de lo que se trataba, precisamente, era de interrumpir mediante una gran renuncia colectiva esa trágica espiral de violencia y represión.

Lo que se perseguía -a ver si nos damos cuenta- era que todos renunciaran a “ganar la guerra”: los ganadores renunciaban a la dictadura así instaurada, y los perdedores a restaurar la República derrotada. Hegel hubiera puesto esta transacción como ejemplo de síntesis dialéctica: ni vieja dictadura ni vieja república, sino una democracia nueva. Considerar la Ley de Amnistía de 1977 como una absolución de los franquistas y un olvido de sus víctimas es tan acertado como considerar que la monarquía constitucional que tenemos es una especie de franquismo hereditario sin Franco. No es de extrañar que ambas barbaridades sean sostenidas por los mismos bárbaros. Lejos de olvidar a las víctimas, la Amnistía establecía el hecho de que había habido víctimas de todas clases, de los dos bandos si se quiere. En lugar de olvidar y negar, se afirmaba su existencia y, con ésta, la exigencia de una reparación política, que no podía ser otra que la instauración de una democracia sin vencedores ni vencidos que permitiera superar la violencia ilegítima.

¿Es lo mismo esta Ley de Amnistía que las “leyes del olvido”? No veo cómo pueda serlo: las “leyes del olvido” no pretendían de ningún modo propiciar un cambio de régimen político a una democracia razonable, ni reconocían la existencia de víctimas de injusticias atroces, sino que se limitaban a blindar la impunidad de quienes, con la excusa de la lucha contra el comunismo y la subversión, acababan de exterminar a la oposición política sin guerra civil por medio y sin intención alguna de abrir un proceso constituyente democrático. ¿Es lo mismo? No, aquí lo único igual es el extraordinario silogismo según el cual si Baltasar Garzón consiguió sentar en el banquillo a Augusto Pinochet por crímenes por la humanidad, también debe poder hacer lo propio con los supervivientes del franquismo que sigan vivos por ahí. Una consecuencia derivada de esta lógica justiciera es que podemos prescindir tranquilamente de la democracia, basada en buena medida en renuncias colectivas a la Justicia como esa Ley de Amnistía, para sustituirla tranquilamente por un Gobierno de los Jueces que ni siquiera necesitan leyes aprobadas por un Parlamento, puesto que en nombre de la Justicia pueden derogarlas de facto cuando les parezca. A continuación, podemos tirar la Constitución a la basura y sustituirla por las Tablas de la Ley entregadas por Jehová, que no se equivoca nunca.

Paz, perdón y piedad, las palabras de Manuel Azaña (esperemos que nada sospechoso de filofranquismo, aunque no sé lo que pensarán formidables fiscales demócratas como Mena y Villarejo, con sólo quince años de servicios a la dictadura…), eso fue lo que trataba de instaurar la Ley de Amnistía de 1977. Parecía que lo había conseguido razonablemente, con la excepción del País Vasco (donde, no hay que olvidarlo, esa Amnistía favoreció espectacularmente no a los franquistas sino… a ETA), hasta que ha irrumpido esa alianza de partidarios de sacrificar el Derecho (la legalidad democrática) a la Justicia intemporal (los más forofos de Garzón), de zapateristas en apuros por la crisis económica y política dispuestos a lo que sea con tal de ocultar la realidad, y de la cuota de descerebrados cainitas y rencorosos que nunca nos faltan. Si no lo estuviéramos viendo y oyendo, sería difícil de creer.

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Los enredos del velo islámico y la falsa tolerancia educativa

Un instituto de enseñanza media de Pozuelo de Alarcón tiene un Consejo Escolar que, en uso de sus prerrogativas legales, ha adoptado la norma de que en ese centro está prohibido que las alumnas y alumnos lleven velo en clase, o cualquier otra clase de tocado. El caso se ha hecho popular al aparecer una niña, Najwa Malha, que se niega a obedecer. Es musulmana y quiere seguir la tradición religiosa islámica que ordena a las mujeres ocultar cabello y cuello a las miradas de hombres extraños. No es un caso raro, sino cada vez más frecuente en muchos países occidentales donde rigen normas contrarias a esta clase de exhibiciones piadosas, sea por el principio laico de impedir en centros públicos la ostentación de signos religiosos –caso de Francia, por una ley de 2004-, sea por oponerse a una costumbre considerada, con razón según lo veo, un signo visible y apologético de la sumisión de las mujeres a los hombres, y por tanto de una desigualdad radical por motivos de sexo contraria a la democracia.

El problema es desde luego peliagudo. Por una parte, la democracia se basa en el principio de la libertad personal, que es el que invocan los partidarios de la tolerancia a la costumbre del velo y los propios musulmanes afectados. También tiene que ver con la libertad religiosa, un principio no sólo compatible con el laicismo, sino garantizado por éste. Pero la ostentación de signos de desigualdad y discriminación de las mujeres choca con los principios de la democracia moderna, más aun cuando se trata de un progreso tan reciente y no del todo consolidado como es el de la igualdad de sexos (los géneros son gramaticales o clases de mercancías, lo siento). Desde esta perspectiva se trata de qué principio debe prevalecer, si el de la libertad personal de ostentar un signo religioso –y no habría ostentación si se tratara de llevar un Corán en el bolsillo, o una media luna colgada del cuello: el signo no da igual ni es indiferente en este caso- o el de no discriminación e igualdad de hombres y mujeres en todos los aspectos, sin otras excepciones que las naturales o biológicas (estupendas diferencias para muchas y muchos).

Personalmente considero que en este caso debe prevalecer la regla de que no puede estimularse, cultivarse ni aceptarse ningún principio religioso que someta a las mujeres a la dominación de los hombres, aunque se trate de un sometimiento voluntario (y el Islam es la religión del sometimiento voluntario del creyente a la voluntad de Dios). Por tanto, es aceptable que en las escuelas públicas se impida a las niñas musulmanas llevar el velo de la discordia, aunque deseen llevarlo. Precisamente porque para que haya libertad de elegir, debe haber igualdad de los que eligen, sean hombres o mujeres. Porque las musulmanas tienen toda la libertad del mundo para llevar velo por la calle, en sus casas, centros privados y mezquitas. El problema se plantea, como es inevitable, en espacios públicos como los centros de enseñanza, los juzgados, los hospitales, oficinas públicas y sitios así. Ahí es donde una decisión privada puede convertirse en un conflicto si choca contra principios públicos básicos, como la igualdad de sexos.

Queda otro aspecto no menos relevante del conflicto, el de si el derecho a la educación debe prevalecer sobre la norma del velo, cuando cumplirlo puede implicar que la niña deba cambiar de centro escolar o renunciar a los centros públicos. Los detractores del centro de Pozuelo de Alarcón alegan estos días que por evitar una pequeña falta a la normativa del centro se estaría infligiendo un daño desproporcionado al derecho básico a la educación. ¿Es así?: sólo si se considera que el aprendizaje de las normas de convivencia y de los valores que las sustentan es algo no sólo indiferente para la educación, sino incluso antagónico. Y no, aquí sí que hay que plantarse: aprender a respetar las normas de todos es parte esencial de la educación, sobre todo en la infancia. Una educación sin normas, o a la carta (“multicultural”, dicen algunos), será lo que sea pero no es educación.

Se puede considerar que el instituto de Pozuelo ha ido demasiado lejos, que sería mejor una norma general obligatoria para todos los centros –como la que Sarkozy quiere para Francia-, o cualquier otra cosa. Lo que no se puede decir es que los centros educativos no pueden tener normas, ni tampoco que el aprendizaje de las mismas –incluyendo el del modo civilizado de cambiarlas- pueda oponerse a la educación si se trata de normas sensatas y razonables. Me parece que sólo el fanatismo puede sostener que el derecho a elegir llevar velo puede prevalecer sobre la obligación de los centros educativos a tener normas y reclamar su cumplimiento. Hasta aquí podíamos llegar, y de hecho en algunos sitios se ha llegado y traspasado, con la consiguiente conversión de los centros públicos educativos en pequeños frenopáticos donde la mitad del tiempo se consume en conseguir que los alumnos se estén callados y quietos. Pues si la norma de que en clase hay que trabajar y callar, o al menos no molestar, contraría el gaseoso “derecho a la educación”, entonces cambiemos la norma y hagámosla relativa, pura recomendación (no estaría mal: es mejor que usted pague impuestos pero si le molesta no se preocupe, y así). Claro que entonces la educación se convierte en un modo de estabular a ruidosas e inquietas criaturas en locales públicos, y poco más. Habría que tenerlo presente antes de cometer la insensatez de desligar el cumplimiento de normas de conducta de la educación, se trate de velos o de cualquier otra elección de los alumnos. Sobre todo, por razones de laicismo e igualdad. Es penoso que, una vez más, sea la izquierda que se proclama más laica e igualitaria que nadie –¡qué entenderán por eso!-, la que vuelva a patinar confundiendo tolerancia con relativismo de las normas y vaciado de la educación. Sí, claro, lo ha dicho el ministro de educación, Angel Gabilondo, que metafísico está aunque sí come. Y claro que Najwa Malha necesita apoyo, comprensión, explicaciones, atención, cuidado y mucha paciencia, pero no que le confundan con absurdas contraposiciones antagónicas entre libertad e igualdad y otros enredos muy velados que pueden llegar a desvelarnos.

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¿Es más eficaz la desigualdad electoral? Réplica a José Ignacio Wert

Publicaba ayer El País un artículo de José Ignacio Wert, presidente de Inspireconsultores, un artículo de réplica al de Rosa Díez a favor de la reforma electoral publicado en el mismo diario. En síntesis, y aplicando uno de los posibles modelos de cambio de la legislación electoral, Wert admite que el actual sistema electoral (LOREG) puede mejorarse para hacerlo más equitativo, que de esa mejora se beneficiarían sobre todo IU y UPyD, que los levemente perjudicados serían PSOE y PP, y que los partidos nacionalistas se quedarían más o menos como están. Ahora bien, objeta el autor, esa reforma haría más complicado formar mayorías parlamentarias y por tanto gobiernos viables y estables, que es una de las misiones esenciales del Parlamento. Así que hacer más equitativo el sistema electoral también lo haría menos eficaz. La pregunta que hace Wert, por tanto, es la de qué debe ser prioritario, si eficacia o equidad así contrapuestas. Un dilema que al menos merece un comentario. Y comenzando por lo primero: ¿es un auténtico dilema, o más bien una disyunción arbitraria? Yo creo que la oposición de eficacia a equidad en el sistema electoral es una falacia acogida a una supuesta razón técnica superior (a una ética de las consecuencias, si nos ponemos weberianos). Falacia que, como tantas de su especie, reclama el sacrificio de un principio democrático básico, el de equidad –en este caso del voto y de los votantes-, a un fin puramente instrumental, el de la eficacia. Veamos primero qué se entiende por ambas cosas y luego qué relación hay entre ellas, si de oposición como pretende Wert, o de otra clase.

Hablando de voto representativo, por equidad debe entenderse igualdad en el resultado práctico del mismo. En un sistema electoral equitativo cada elector tiene un voto y sólo uno (un hombre un voto), y además su valor a la hora de convertirlo en representación debe ajustarse todo lo posible al principio de igual valor (todos los votos valen lo mismo). Por supuesto, ciertas correcciones impiden que el valor sea idéntico al 100%, por ejemplo circunscripciones desiguales, o sistemas como la ley d’Hont y otras similares. Tales correcciones no invalidan la calidad democrática de un sistema electoral que las incorpore, pero uno donde el valor de un voto en cierta circunscripción triplique o quintuplique o más el de otra, como es el caso del español (grosso modo, Madrid elige 33 diputados al Congreso con 60 veces la población de Soria, que elige 2; una relación de 1-16’5), sin duda no puede considerarse razonablemente equitativo. Y la equidad es un objetivo esencial de la democracia, no un aspecto secundario de la misma que pueda sacrificarse a otras consideraciones, menos aun si son de distinto valor.

Por ejemplo, a la eficacia. A diferencia de la equidad, que es un valor, la eficacia es una medida de relación entre los objetivos perseguidos y los conseguidos. Una persona o una empresa eficaz es, sin duda, la que consigue gran parte de lo que se propone, y lo mismo vale para juzgar si un sistema parlamentario es más o menos eficaz. En una democracia como la española el Parlamento tiene dos misiones fundamentales: representar al cuerpo electoral en la deliberación y aprobación de leyes, y elegir al Presidente de Gobierno para que forme uno. Wert, por cierto, sólo se refiere a la eficacia relativa a la formación de gobiernos, olvidando que un Parlamento constituido mediante una ley electoral poco equitativa necesariamente perderá eficacia en su primera y prioritaria misión, la legislativa, pues amplias partes del cuerpo electoral quedan excluidas, infrarepresentadas o sobrerepresentadas.

Veamos de todos modos si, como afirma Wert, la falta de equidad que reconoce en la LOREG está compensada porque favorece la formación de gobiernos viables y estables. De nuevo hay que establecer qué entendemos por tales predicados. Es obvio que se refiere a gobiernos de larga duración, pero ¿es sólo esto lo que hace un gobierno viable, aunque sea estable? En un sistema como el nuestro, donde las mayorías absolutas son raras, la formación de mayorías parlamentarias de gobierno se hacen a base de pactos con formaciones minoritarias. Esto no es malo ni bueno en sí mismo, al menos si tales minorías y sumas de las mismas representan equitativamente al cuerpo electoral. Ahora bien, dada la escasa equidad de nuestro sistema por su deformación territorial, las minorías que realmente cuentan son aquellas con una fuerte concentración territorial en tres o cuatro circunscripciones: BNG, PNV, CIU, ERC y CC.

La escasa equidad de un sistema distorsionado que antepone al voto individual la la representación de territorios poco poblados –la mayor parte de las provincias españolas-, pone en manos de estos partidos la llave de la formación de gobiernos. Gobiernos que, por eso mismo, pueden ser muy estables, es decir, durar mucho sin cambios ministeriales, pero que dependen del favor de los pequeños partidos de alta concentración territorial. Para formar mayorías suficientes, Aznar en su primer mandato y Zapatero en los dos han tenido que cerrar pactos con los partidos nacionalistas (y secundariamente, con IU) con el resultado de sacrificar al apoyo parlamentario intereses nacionales objetivos que aparecían en su programa de gobierno, como la cohesión institucional, la igualdad legal y fiscal, la contención del gasto público o la racionalización de la administración. ¿Es viable un gobierno como los de Zapatero en esta segunda legislatura, obligado para preservar su duración (estabilidad) a sacar a subasta el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado? ¿Un gobierno obligado a constantes transferencias de recursos a las CCAA a costa del déficit público en plena crisis económica? En términos democráticos es una criatura muy duradera, pero muy poco viable en lo que se refiere a su capacidad de gobernar de acuerdo con sus objetivos programáticos. Es decir, ¡muy poco eficaz, porque no consigue los objetivos que persigue! Salvo que, como ocurre en el zapaterismo, el único objetivo sea gobernar como sea y a costa de lo que sea, eficacísimo pero contrario al interés general.

Por tanto, y contra lo que sostiene Wert, el sacrificio de la equidad en pos de una supuesta mejora de la eficacia no consigue de ningún modo ese objetivo, es decir, es muy poco eficaz. Los gobiernos son duraderos y parecen estables, pero no son sólidos en el sentido de estar en condiciones de desarrollar un programa de gobierno porque están sometidos a la presión y desestabilización permanente de los pequeños partidos de concentración territorial necesarios para la mayoría parlamentaria. ¿Dónde está, pues, la eficacia en términos de gobernanza y gobernación democrática? Yo diría que en ninguna parte.

Hay una razón más de fondo para este fenómeno: lo eficaz en democracia es perseguir más equidad, no sacrificar la segunda a la eficacia como si fueran cosas intercambiables o vinculadas al modo de vasos comunicantes. Por el contrario, la relación es causal: la prosecución de un sistema electoral más equitativo –y esto vale para el sistema fiscal, laboral, educativo, etc.- hace más eficaz al conjunto del sistema político. Esta es una de las explicaciones lógicas de porqué las democracias desarrolladas y evolucionadas son más eficaces que las dictaduras. Y que una mayor eficacia económica, por ejemplo, acabe exigiendo seguridad jurídica y lucha contra la corrupción, objetivos que requieren de medidas democratizadoras progresivas tendentes a instaurar más equidad, estableciendo un círculo virtuoso en las antípodas del círculo vicioso de renunciar a la equidad en pro de la eficacia.

En resumidas cuentas, España tiene mucho que ganar con un sistema electoral más equitativo que, por ejemplo, corrija que un voto al PNV en las elecciones generales del 2008 acabara valiendo seis veces más que otro a UPyD. No es cuestión de ideología, sino precisamente de eficacia en la búsqueda de la equidad. Que es una meta íntimamente relacionada con la búsqueda de la justicia, dicho sea de paso. Así que no enredemos: mantener un sistema electoral poco equitativo sólo porque viene muy bien a PSOE y PP, y a sus socios preferentes del PNV, CIU y CC, no sirve para conseguir un sistema más eficaz de gobiernos más sólidos y estables, sino que favorece el desgobierno y el Estado híbrido e inviable financiera y políticamente en el que ya estamos metidos. Además de injusto, chapucero.

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Las ventajas posibles de que todo vaya fatal

La economía no despega y según algunos indicadores y previsiones podría ir a peor, agravándose la crisis financiera. El desempleo se aproxima a la cifra catastrófica de cuatro millones y medio de parados, muchos de los cuales han dejado de tener derecho a prestaciones sociales. La administración de justicia es un carajal, se trate de la actuación del Tribunal Constitucional o del caso Garzón, que ha logrado por fin que los tertulianos actúen como jueces y los jueces como tertulianos. Los políticos y sus partidos son cada vez percibidos por más ciudadanos como un problema de primera magnitud, y en cualquier caso como un colectivo incapaz de aportar soluciones y sí de crear problemas. La corrupción política ha llegado a tal extensión que más de 800 cargos de casi todos los partidos políticos están encausados por delitos aburridamente similares que sus partidos parecen incapaces de prevenir. La percepción de que el Estado de las Autonomías es incompatible con la crisis económica, además de fuente de abusos y absurdos estructurales, pero también con el proceso de integración europea, se extiende cada vez más sin que la clase política al mando y los llamados “líderes de opinión” hagan otra cosa que encogerse de hombros y esperar imposibles milagros financieros. Los sindicatos subvencionados se dedican a extender cortinas de humo a propósito de Garzón, y la principal patronal está liderada por un empresario fracasado. Los principales medios de comunicación subsisten a base de propaganda institucional, anuncios de teletienda y puterío, y un reparto ventajista y oligopólico del mercado audiovisual pactado con el poder político. Las instituciones europeas parecen incapaces de adoptar las medidas políticas indispensables para que el euro tenga un futuro real y viable como moneda supraestatal de países de rentas y tamaños tan diferentes como Alemania y Grecia. Estos son algunos datos de la situación, y no se trata de ninguna enumeración apocalíptica: es la pura realidad, y podríamos agravarla con datos sobre educación, sanidad, inversión, deuda pública, emigración, economía sumergida, cierre de empresas, etc. Por fortuna, la pandemia de la nueva gripe no fue nada, y no para de llover y ha sido un invierno frío con récords de nieve pese a los agoreros del calentamiento vertiginoso, pero sólo porque a la naturaleza va a lo suyo.

¿Tiene esto remedio? Naturalmente, pero sólo a condición de que la percepción de que todo va mal vaya acompañada de que las soluciones son conocidas, y de que sólo dependen de una voluntad de cambio y mejora que en última instancia depende del voto de la ciudadanía, y de nada más. Por fortuna, porque si no estábamos aviados. Que nadie espere nada de quienes manejan el cotarro, sino de sí mismo y de sus iguales.

Es posible sustituir a Zapatero y Rajoy, y sus respectivos partidos, por nuevos liderazgos y nuevos partidos: basta con dejar de votar a aquellos y votar a éstos. Es posible una administración de justicia más eficaz, concebida como un servicio público independiente; es posible sustituir el desmadre autonómico por un Estado racional, adaptado a la complejidad española pero también a los principios de eficacia, transparencia y equidad; es posible dejar de subvencionar a grupos y empresas apesebradas, sean poderosos sindicatos, patronales o medios de comunicación; es posible iniciar una reforma laboral racional y despolitizar las cajas de ahorros; es posible reducir el déficit público sin subir los impuestos ni rebajar prestaciones sociales básicas reduciendo el gasto superfluo e  innecesario de las administraciones; es posible mejorar la educación y la sanidad volviendo a un modelo público integrado, libre de barreras territoriales, lingüísticas o sindicales y de papanatismo seudopedagógico; es posible empeñarse en un proceso de mayor integración política de Europa si queremos seguir compartiendo una moneda y un mercado común.

En fin, son posibles cantidad de cosas y medidas que sólo consideran imposibles los inmovilistas y pasivos profesionales, que muchas veces coinciden con quienes ahora mismo se benefician de un sistema inviable, incluso si son detractores profesionales del mismo, bien es cierto que siempre añadiendo la coletilla resignada: “pero esto es lo que hay y no puede cambiarse”. Pues sí que se puede, y se debe: hay que cambiar la Ley Electoral, que privilegia a estos dinosaurios voraces, y cambiar la Constitución, que consagra su voracidad confundiéndola con la normalidad. Hay que adoptar iniciativas políticas y juídicas, y dejar de lamentarse. Hay que comprender la complicada realidad en profundidad, y dejar de caricaturizarla.

Cuando toda va mal y parece que irá a peor es el momento de proponerse grandes cambios, y de llevarlos a la práctica. Esa es la gran ventaja del horizonte desastroso al que nos dirigimos: que no tendremos más remedio que cambiar. O si no, dejarnos caer hasta hundirnos sin remisión. Pero no va a ocurrir: vamos a ver grandes cosas, aunque pasemos por grandes zozobras. Seguro.

Y bueno, se dirán ustedes, ¿a qué viene esto? A que también necesitamos de vez en cuando recordar que hay luz al final del túnel (salvo que, como advertía aquel, no sea la de un tren que viene de frente…)

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Profilaxis de la corrupción política: ética y votos.

Lamentar la corrupción pero limitarse a combatirla apelando a la moralidad de las personas es similar a luchar contra la sequía sacando los santos de procesión. Esta costumbre presenta un riesgo adicional: así como en algunos pueblos tiraban al río el santo e incluso el Cristo si pese a las rogativas no llegaba la lluvia implorada, la persistencia y multiplicación de los casos de corrupción también puede llevar a tirar la ética a la basura. Pues en efecto, si los llamamientos a la moralización de la vida pública no dan resultado, ¿para qué sirve esa ética invocada a modo de jaculatoria milagrera? Para nada, debe de pensar la multitud convencida de que todos los políticos son unos corruptos, que la cosa no tiene remedio y que, por eso mismo, cuando vote apoyará al partido que menos le repela aunque sea tan corrupto como el otro: PSOE y PP, tanto monta monta tanto, como CIU y PNV y resto de la vieja  sopa de letras.

La corrupción política no se resuelve con llamamientos a la ética, y empeñarse en hacerlo acaba perjudicando a la ética pública. Habrá que pensar en algo mejor, ¿pero en qué? Lo primero es ser conscientes de que siempre habrá políticos corruptos, del mismo modo en que hay empresarios y empleados que también lo son, y funcionarios, profesionales, periodistas, jueces, etc: gente que se enriquece ilícitamente, que defrauda o que no hace lo que dice hacer. La corrupción política es más grave, ciertamente, porque afecta a todos y traiciona la confianza depositada en los gestores y representantes públicos; llevada al extremo, destruye la democracia. No se trata pues de banalizar su importancia, pero sí de reconocer que los comportamientos corruptos están a la orden del día en todos los ámbitos de la existencia humana, y no es exclusiva de los políticos. Como no es posible erradicarlos, hay que prevenirlos y castigarlos si se producen (qué horror: castigar, que políticamente incorrecto).

Prevenir y perseguir la corrupción política si se produce: ahí está la clave. Y se trata de prevención en varios órdenes, para hacer la corrupción no imposible, sino más difícil y penalizada. En España, en concreto, hay que revisar a fondo las competencias urbanísticas de los ayuntamientos para dificultar la forma más usual, la ligada a recalificaciones de suelo y construcción. Además, hay que modificar el Código Penal para que sea posible, por ejemplo, que el juez suspenda automáticamente al político sospechoso de corrupción para que su permanencia en el cargo no agrave el caso ni legitime el delito. Por cierto, esta es una de las enmiendas al Código Penal que Rosa Díez ha presentado en la comisión del Congreso donde se estudia su reforma, y una enmienda que el PSOE ha rechazado… Pero además es indispensable profundizar en la mejora de la transparencia de la gestión. Por eso hay que cambiar la ley de financiación de los partidos políticos, que estimula claramente la corrupción como financiación ilegal (a menudo mezclada con el enriquecimiento personal); hay que despolitizar las cajas de ahorros, para impedir la sistemática condonación de créditos, el blanqueo de financiación ilícita y otros trucos habituales; hay que eliminar las empresas públicas y entidades superfluas o ineficaces, pues en muchos casos no sólo son un derroche, sino que están ligadas a prácticas corruptas tales como colocar a los amigos y clientes como “expertos” y “asesores”, u ocultar endeudamiento público a base de trasladarles deuda del ayuntamiento, diputación o comunidad. Hay, en fin, numerosas medidas que podemos adoptar para dificultar la corrupción y castigarla ejemplarmente. Entonces, ¿por qué no se adoptan?

La razón de esta pasividad es muy clara, y además es doble: los principales focos de corrupción de la vida pública, los partidos tradicionales, no están dispuestos a asumir ningún riesgo que amenace su control de las instituciones, pero además tampoco harán nada mientras millones de ciudadanos les voten a pesar de su clara complicidad en el mantenimiento de un sistema que no sólo tolera la corrupción, sino que la fomenta. En resumidas cuentas: PSOE, PP y sus socios nacionalistas no actuarán contra la corrupción, ni dentro de sus partidos ni en las instituciones, por las mismas razones por las que evitan mejorar la ley electoral, combatir el déficit público, despolitizar las cajas de ahorro, reformar el mercado de trabajo o asegurar una enseñanza pública de calidad. Y mientras reciban elección tras elección 24 millones de votos, no verán la necesidad de cambiar de actitud.

Conclusión: está muy bien invocar la ética e indignarse con los corruptos, pero no sirve de nada mientras combatamos la corrupción dónde y cómo hay que hacerlo: en las instituciones y en las elecciones. Con reformas legales y con votos.

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De Madrid y su futuro (y no hablo de las elecciones)

Se acabaron las vacaciones. Ayer domingo busqué un sitio para comer, en solitario, por la zona de Alonso Martínez. Elegí una de esas típicas tascas madrileñas que, para quienes venimos de fuera, sustancian como pocos lugares el alma tradicional de Madrid. No un bar típico en una zona bulliciosa de inexcusable visita para los turistas, sino un establecimiento frecuentado más bien por los vecinos y visitas habituales (viajeros, que no turistas). Signo de los tiempos, llevan el negocio un par de chicas pertenecientes a la última gran oleada demográfica incorporada al rompeolas de las Españas, que decían antes: una joven latinoamericana probablemente caribeña y una probable africana de –impresionante- aspecto etíope. La carta, sin embargo, no ofrece ninguna aportación caribeña o abisinia; quizás en la próxima generación. Como es habitual de unos años a esta parte, la tasca ofrece a su clientela los platos tradicionales de-toda-la-vida de Madrid, lo que significa que, aparte de cocido, callos y similares bajo diversas formas, hay numerosas aportaciones del norte y el sur de la península en interesante mestizaje, desde las croquetas de queso de Cabrales al “salmorejo a la madrileña”. Aunque dentro de un orden, porque se trata de una típica casa de comidas de Madrid exenta de servidumbres a la moda. Y todo está muy limpio pero como anclado en, pongamos, los años cincuenta.

En el pequeño comedor al que me conduce la belleza de aire etíope –es decir, alta y esbelta, increíblemente elegante con su cuello grácil sobre el que reina una pequeña y hermosa cabeza de pelo rizado y piel más dorado-tostada que chocolate- hay media docena de mesas y sólo dos están ocupadas. Conociendo los absurdos horarios de que hacen gala los nativos de Madrid, he tenido la precaución de llegar temprano para comer sin esperas ni agobios en una ciudad donde la gente se sienta alegremente a la mesa dominical a las tres y media e incluso más tarde, a la hora de la siesta.

Las paredes del comedor están alicatadas de colorines hasta media altura y la ventana bajo la que me siento es exactamente igual a la primera que hubo en la cocina de mis padres, con marcos de madera biselados, cerrajería de latón y cristales traslúcidos de textura rugosa. Nada que ver con las últimas tendencias. Altamente improbable que un lugar así sorprenda en la sección de cocina o fashion de los colorines de fin de semana, como los que traigo conmigo para amenizar la espera y saber de esos mundos del periodismo, tan remotos. Pero el vino de la casa es un Ribera de Duero joven y decente que, cosa no tan frecuente en Madrid en los bares sin pretensiones (e incluso o sobre todo en algunos de éstos), llega servido a la temperatura adecuada. Una caña bien tirada para entretener la lectura de la carta y decidir qué va a caer al plato, y todo marcha sobre ruedas.

Las tabernas clásicas de barrio muestran como pocos observatorios el ser social de esta ciudad, de la que muchos maldicen y que muchos más cientos de miles abandonan en masa en cuanto cae un puente o cualquier excusa, pero que para mí siempre ha sido acogedora y divertida (y deben opinar lo mismo los muchos donostiarras con los que doy en calles y plazas). Esta casa de comidas muestra, por ejemplo, su admirable y al parecer inagotable capacidad de absorción humana, de formación de una sociedad muy típica precisamente porque no pretende serlo, surgida de sumar e incluir gente venida de todas partes. Si antes esas partes eran las españolas, luego algunas latinoamericanas y ahora de todo el mundo –como sucede con este par de beldades ya plenamente madrileñas precisamente por haber nacido tan lejos-, la fórmula para conseguir esa integración ha sido siempre la misma: no preguntar a nadie de dónde es. No por falta de curiosidad –pues sí se preguntan otras cosas, incluso demasiadas-, sino por saber que ese dato es trivial, carece de relevancia. Pues, ¿qué más te da saber de dónde viene alguien, comparado con saber de sus gustos o intereses de cualquier tipo?

Veamos en vivo cómo funciona este proceso. Comparto comedor con una pareja joven y un trío de dos adultos maduros y un chico. Los jóvenes se marchan pronto, pero al poco nuevas mesas se ocupan con otros dos tríos muy parecidos a éste. ¿Será casualidad? Prestando un poco de atención en el sosegado comedor, el comensal descubre, por su idioma, que el primer trío es valenciano. Tienen toda la pinta de ser unos padres solícitos con su vástago universitario, invitado a comer ese domingo como despedida para el tramo final del curso. Los dos tríos recién llegados, más próximos a mi mesa, repiten ese patrón: un par de vascos con su hijo –el padre le dice a la madre al leer la carta: “mira, hay esto, como en Bilbao”-, que explica lo bien que se lo está pasando en la facultad, y un par de andaluces, de marcado acento, con su chaval. Los tres jóvenes, el valenciano, el vasco y el andaluz, deben haberse matriculado en cualquiera de las universidades de Madrid. No porque no las haya en su ciudad de origen, sino porque han tenido el buen criterio, y la suerte, de aprovechar la oportunidad para escapar del nido y conocer mundo. Aunque papá y mamá les invitan a comer, mañana, hoy, se despedirán de ellos y pasarán a ese nuevo mundo en constante recreación del que ya son agentes activos. En mi época, hacia 1975, habrían probado a estudiar en Barcelona, donde estaban las universidades más famosas y atractivas por el –entonces- ambiente cosmopolita de la urbe catalana, pero eso es cosa del pasado. Madrid ha ganado la batalla cultural a Barcelona simplemente, casi, por haber sabido desterrar esa pregunta tan urgente para los nacionalistas: “y tú, ¿de dónde eres?” (para, a continuación, reclamar complicidades a los nativos o impartir al foráneo un conferencia sobre las sagradas particularidades de su identidad).

La gran particularidad de Madrid es la de carecer de particularismo, más allá de algunos elementos anecdóticos que a los de fuera nos resultan más divertidos que molestos, exactamente al revés de lo que sucede en las cada vez más insufribles “comunidades históricas” (¿y cuál no lo es o se postula para serlo?). Gracias a eso, Madrid, la sociedad de esta ciudad, se ha convertido en una excepción a la tendencia dominante en España, una fuerza que tira en sentido contrario y por tanto en la última esperanza de redención contra el naufragio en la trivialidad elevada al rango de categoría. Por fortuna, tiene el suficiente tamaño y potencia para superar con éxito el pegajoso asedio del artificioso particularismo de la “España multinacional”, donde lo mezquino nunca es lo suficientemente mezquino y siempre tiende a empeorar. Y uno se marcha de esa tasca tan madrileña, precisamente por la variedad humana que acoge –las chicas emigrantes, los comensales viajeros y hasta su par de americanos tomándose unas cañas junto a la puerta-, con la esperanza de que esta de suma y sigue sea la España real que acabará abriéndose paso y emergiendo, a pesar de los pesares, entre esa marea negra compuesta de logreros, caraduras y mentecatos cainitas o paletos que dominan el cotarro patrio, incluyendo a las fuerzas vivas de la Capital, que no de Madrid (conviene distinguir ambas cosas, la Corte y la Villa). Siempre nos quedará, a los foráneos o madrileños a tiempo parcial, la perfecta desconexión que representa volver unos días a nuestros lugares de origen para marcharnos en cuanto fastidie demasiado su particularidad. Un día de estos cuento cómo son las cosas, por ejemplo, en mi ciudad de bolsillo, San Sebastián, donde es tan estupendo llegar a pasar unos días o semanas como marcharse una vez bien pasados. Entre tanto, ¿no es una suerte inmerecida vivir a caballo de estos dos mundos? Sí, entre la sociedad abierta (y sus enemigos) y la sociedad gastronómica (y sus indigestiones).

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Mr. Rajoy is Bartleby? O la confusión de la incompetencia con la responsabilidad

Uno de los héroes de la literatura universal, por desgracia poco conocido en España, es Bartleby el escribiente, obra maestra de Hermann Melville. Sí, el de Moby Dick. Y si aquella era una ballena terrible (cachalote, en la película de John Huston), albino terror de los balleneros y mortífera obsesión del capitán Achab, Bartleby es el pequeño cetáceo exangüe, varado en la playa de la existencia mientras espera el fin respirando lentamente. Su lema y casi única expresión verbal cuando se le requería algo, fuera ir a correos o escribir un memorial: “preferiría no hacerlo”. El héroe, o antihéroe en propiedad, de la no-acción en absoluto.

Pues bien, he aquí que también tenemos un Bartleby en la política patria, donde no nos privamos de ningún castigo. Se trata del señor Rajoy, Bartleby en el sentido más peyorativo del término (no voy a decir que gallego, descuiden los gaiteiros con la furiosa cornamusa a punto de soplido). La diferencia, en efecto, es a peor en el caso de ese señor del puro que preside la Oposición oficial. Porque si el escribiente padecía de un desierto interior donde vagaba perdido y le aislaba del mundo entorno, lo que le llevaba a preferir la inacción y la pasividad a cualquier acto o iniciativa, Rajoy finge que algo hará sin hacer nunca nada más que amagar que algo hará cuando toque. Junto a la mezcla de cinismo, ignorancia y prepotencia sentimental de Zapatero, la pasividad, oportunismo y vacuidad de Rajoy componen ese cóctel político de nuestras desgracias.

Viene esto a cuento de que, preguntado en un acto en Santander sobre la conveniencia de introducir reformas en el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA, el interrogado se limitó a decir que “no veo posible ni sensato retirar competencias a las autonomías”. Añadiendo: Les digo una cosa, cuando oigan a partidos políticos que nunca van a ganar las elecciones y que por tanto pueden decir lo que quieran, actuar irresponsablemente, que van a conseguir que se devuelvan competencias, no les hagan caso“. Se ve que actuar con responsabilidad es, en cambio, no actuar en absoluto y dejar todo como está. No llega ni a las botas al príncipe de Salina, el héroe de El Gatopardo.

Y todo lo cuenta ABC, diario nada sospechoso de desafección por quien presenta como única esperanza salvadora, aunque no sepamos de qué va a salvar ni a quiénes, porque a tenor de la breve pero jugosa crónica Rajoy no piensa hacer nada en ningún asunto espinoso: no va a proponer cambios de los Estatutos de Autonomía, ni mucho menos cambios de la Constitución. Tampoco, ya lo sabemos, de la ley electoral (LOREG), de la ley de Cajas de Ahorros, ni de la ley de elección del Tribunal Constitucional. Su partido tampoco abandera cambios de ningún tipo en las comunidades autónomas que gobierna, si exceptuamos la campaña de desobediencia fiscal encabezada por Esperanza Aguirre, esa falsa liberal, en Madrid.

Rajoy preferiría no hacerlo. Nunca y en ningún caso. Preguntado sobre qué hará con la Ley del Aborto cuando gane –si las gana- las elecciones, confiesa: Espero no tener que hacer nada“. Exacto. Eso es. Eso es todo. No hacer nada, ni dejar hacer: Bartleby privado de grandeza existencial, fumándose un puro con cara de enterado.

“Les digo una cosa, cuando oigan a partidos políticos que nunca van a ganar las elecciones y que por tanto pueden decir lo que quieran, actuar irresponsablemente, que van a conseguir que se devuelvan competencias, no les hagan caso”

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La diferencia entre Obama y Zapatero, o quizás nos merecemos lo que tenemos

Cada día se hace más evidente dónde radica la diferencia entre el presidente de los USA y el del Gobierno de España, que tan parecidos se prometían desde Ferraz y sus voceros: el primero intenta cumplir sus compromisos de campaña incluso si en un momento dado son peligrosos o impopulares; el segundo no sabe ni a qué se comprometió, pero aunque lo supiera no cumpliría ni harto de grifa (o una modalidad más actual de sustancia psicodélica). Viene esto a cuento de la muy accidentada aprobación por las cámaras parlamentarias de Estados Unidos del proyecto de seguridad social universal de Obama, una de sus propuestas electorales estrella. Y aunque la propuesta parece que ha perdido bastante sustancia en el curso de su debate parlamentario, movilizando en contra argumentos tan insólitos como que es un avance hacia la implantación de comunismo en Estados Unidos, es un hecho innegable que el presidente Obama y su partido, el Demócrata, se han empeñado contra viento y marea en obtener la aprobación de un proyecto controvertido con poderosos intereses en contra, tanto ideológicos como económicos, como las aseguradoras privadas de seguros de enfermedad. Mis amigos americanos me han dicho muchas veces que el tema recurrente de los americanos de clase media, a partir de los 35 años, es su seguro privado de enfermedad y las eventualidades que cubre. Y no por afición a temas morbosos, sino porque la perspectiva de esas enfermedades que inevitablemente comienzan a desfilar por la vida de la mayoría a partir de cierta edad es sencillamente pavorosa si no se cuenta con el colchón asistencial de un sistema de Seguridad Social, por mejorable que sea. Mucho peor es no tenerlo.

Pero no era mi intención comentar las razones por las que tantos americanos se oponen, a veces con extraños argumentos, a un servicio público tan elemental como la seguridad social universal. No pretendo ser un experto de la sociedad americana de la que, como me pasa en tantísimas cosas, necesito mucha más información y juicios bien fundamentados. No, lo ilustrativo en este caso es el contraste entre la disposición de Obama y su partido a dejarse muchos pelos en la gatera con tal de cumplir en la medida de lo posible un compromiso electoral, afrontando incluso reveses electorales (como se ha visto en Massachussetts), y la habitual de Zapatero y el PSOE, ampliable en este caso al PP de Rajoy. ¿Alguien ha visto en los últimos seis años a alguno de ambos líderes o a sus respectivos partidos impulsando iniciativas legislativas con algún grado de impopularidad y resistencia social? Yo no. Todo lo contrario: lo habitual, por no decir la regla fija, es renunciar de entrada a cualquier iniciativa que pueda ser contestada por algún sector de los propios votantes y traducirse en la pérdida de votos. Aquí también hay un pacto de hierro no escrito entre PSOE y PP: nunca hagas nada que ayude al contrario, pero sobre todo nada que pueda perjudicarte a ti o a los dos. Por eso Zapatero sigue derrochando en plena crisis financiera, sin que el PP sea capaz de hacer algo más que una crítica superficial y oportunista: ambos temen, como a la peste, enajenarse el apoyo de los beneficiarios del PER, de los pensionistas y funcionarios, de los sindicatos, de los empresarios, de las cajas de ahorro, de los medios de comunicación, de los ayuntamientos, de los vascos y navarros que disfrutan del Concierto, y hasta de los cazadores furtivos si representaran una amenaza electoral suficiente.

Dado que no hay por qué pensar que Obama sea un Santo que camina sobre la Tierra –no comparto en absoluto la obamanía tan ñoña que ha llevado a darle un Nobel de la Paz antes de obtener resultado alguno por el que merecerlo-, sino un político que pretende gobernar y ser reelegido, cabe preguntarse por qué esta diferencia tan llamativa entre la conducta de los políticos americanos y los españoles. Una posible explicación está en la diferencia de cultura cívica de ambos países. En España existe el prejuicio de que los americanos son unos paletos sin cultura, atribución realmente insólita a nada que se esté un poco al tanto del verdadero nivel cultural de este país de nuestros pecados –para llorar-, pero bastará con examinar un reciente y expresivo suceso político-informativo para entender en qué consiste esa diferencia de cultura cívica auténtica.

La semana pasada, Zapatero presentó a la prensa una batería de medidas anti-crisis entre la que descollaba una tan peregrina como reducir la factura eléctrica de los edificios oficiales dependientes de su gobierno. Peregrina no porque sea malo ahorrar, sino porque tal factura es la típica de habas contadas. Sin embargo, Zapatero atribuyó a tal ahorro resultados económicos espectaculares: afirmó que el ahorro en las cuentas públicas ascendería a ¡3.000 millones de euros!, sobre una factura total de 15.000 millones. Según los pocos que se molestaron en investigar tan increíble afirmación, resultaría que el Estado estaría pagando, por el consumo de 2.000 edificios, el 50% de la facturación total por consumo eléctrico de toda España.

Pero, ¿quiénes se molestaron en investigar esta estrafalaria “previsión económica” de “recorte del gasto público”? En primer lugar, hay que decir que los grandes medios de comunicación la reprodujeron sin pestañear (¿estaban de vacaciones todos los expertos en economía, o también han sido sustituidos por becarios baratitos?) En segundo lugar, que el primero en dar la voz de alarma fue Santiago González en una entrada de su blog del 21 de marzo (vinculada en nuestra web al día siguiente); McCoy, que ayer escribía de lo mismo en su blog de Cotizalia tras entonar el mea culpa profesional, descubría otro analista que había denunciado la patraña desde su blog personal. En resumidas cuentas: con unanimidad no tan rara más allá de los ataques partidistas habituales, la casi práctica totalidad literal de expertos, periodistas económicos y políticos, tertulianos omniscientes y demás encargados de escrutar las maniobras del poder en nombre del interés general, incluido el partido de la oposición, se habían tragado la milonga de Zapatero sin pestañear. ¿No es fácil gobernar con tanta aquiescencia y tolerancia, por mucho que de vez en cuando te ponga como no digan dueñas por cosas mucho más banales que mentir al país sobre las medidas anticrisis?

Y aquí llegamos a Obama, los USA y a su diferencia de civismo con Zapatero y España. Tal cosa parece difícil de concebir en aquel país: me refiero a que un presidente anuncie un absurdo económico que no se sabe bien si es una mentira descarada o una tomadura de pelo masiva. Y todavía parece más difícil de concebir que, en ese caso, los medios de comunicación y los políticos de la oposición –porque aquí el PP, ni se ha enterado- dejaran pasar sin acerbas críticas tal muestra de ignorancia, falta de respeto a la nación o ambas cosas a la vez. Seguramente por eso un presidente como Obama no tiene más remedio que seguir adelante con sus promesas electorales, incluso si el previsto paseo triunfal se convierte en camino al Gólgota. Sencillamente, ellos se toman colectivamente mucho más en serio que nosotros, y no toleran fácilmente la mentira sistemática a un Presidente. Como colectivo humano, tenemos lo que nos merecemos a pesar de que a título individual sea profundamente injusto. ¿Y qué tenemos?: pues un país dirigido por pillos y paletos con sus correspondientes séquitos asalariados de chismosos, palmeros y difamadores del contrario, no mucho más espabilados ni cultos. Así es la cosa y así se lo hemos contado, que decía aquel periodista americano.

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¿Por qué todos se quejan y tan pocos hacen algo?

La cultura actual ha sido descrita, con fortuna, como cultura de la queja (expresión popularizada por un libro del crítico de arte Robert Hugues). Lo que procede es quejarse, y a la queja de los ciudadanos, de las minorías, de los poderes fácticos o declarados, de las iglesias, las onegés y todo tipo de asociaciones y entidades, responde el poder político con dosis crecientes de sentimentalismo. Contra la queja, que siempre es una expresión de impotencia –como cuando nos duele algo-, responde el reconocimiento de impotencia: le oigo y simpatizo con usted, pero yo no puedo hacer nada. ¿La crisis económica? ¡Qué más querría yo que arreglárselo, pero ya ve, simpatizo mucho con su caso! O dicho de otro modo: mientras la mayoría de la sociedad, de las personas, se limiten a quejarse, el poder político se limitará a mostrar simpatía y asumirá su impotencia para no tener que hacer nada. El político y cualquier otra instancia de poder. No necesita hacer más porque tampoco se le pide otra cosa. Es penoso, pero el hecho es que la mayoría de las personas que nos rodean se limitan a quejarse, sea en conversaciones de café, en sobremesas o en las cartas al director de los periódicos o las llamadas en directo a la radio, por no hablar de ese paroxismo de la queja y el denuesto en que han devenido los foros participativos de internet, que sólo participan de la extensión del derecho al pataleo a gran escala.

El panorama económico y político español es sencillamente sobrecogedor. La sensación de que todo se sostiene en el aire, como un castillo de naipes que vacila un instante antes de desplomarse, está fundamentada en un número creciente de indicios. ¿Es necesario repasarlos?: ahí está el aumento del desempleo, de la deuda pública, del déficit de las administraciones, las quiebras y cierres de empresas, la caída del consumo, la falta de crédito, el número de hogares que no llegan a fin de mes (¡se estima que uno de cada tres!) y, como guinda que corona la tarta, la posible reactivación de la burbuja inmobiliaria sin haber llegado a reventar.

Frente a esta desolación, que en buena parte es consecuencia de sus acciones y omisiones, las fuerzas vivas siguen aferradas a la consigna única de sobrevivir como sea y al precio que sea: políticos que te confiesan en privado que esto se hunde, pero convencidos -¡es tan cómodo!- que no hay alternativa ni nada que quepa hacer; medios de comunicación volcados en el descrédito del rival, la caza de subvenciones y la deformación grotesca de la realidad. Y como coros de fondo, más de farsa que de tragedia, el coro de los quejicas que se lamentan y muestran su dolor sin decidirse a hacer nada, porque ¡es tan peligroso tratar de cambiar las cosas! ¡Hay tanto que perder! El viejo prejuicio: no lo toques que es peor, vamos de Málaga a malagón, saltar de la sartén para caer en el fuego y virgencita que me quede como estoy.

Todas las almas bellas y personalidades supuestamente responsables insisten en la necesidad de grandes pactos de Estado para salir de esto. ¡Pero si ya los tenemos! Y sólidos como el granito. En las dos últimas semanas hemos asistido al cierre de férreos pactos para impedir la despolitización de las cajas de ahorro, para que el Tribunal Constitucional siga como está, y para dejar tal cual la Ley Electoral. Esto es, estamos bajo un pacto de hierro para que nada sustancioso cambie. Pactos entre PSOE y PP con el apoyo más o menos unánime o variable de CIU, PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC y NaBai. ¿Quién dice que los políticos españoles no tienen altura de miras y capacidad de pactar? Pues claro que sí, a condición de que se trate de pactos estrictamente conservadores. Todo lo demás puede esperar, o morir en la espera.

Y eso mismo piensa la patronal, presidida por un empresario fracasado; los sindicatos, que viven esencialmente de las ayudas públicas, como los grupos de comunicación y mucha falsa sociedad civil. Las grandes empresas menean la cabeza desalentadas, pero no hay modo de sacarles nada práctico, salvo si se lo pide el gobierno de turno, en cuyo caso se suman y pagan absurdas campañas sentimentales para sublimar la lluvia de quejas en una profilaxis de estupendas pero gratuitas intenciones que sólo convierten la impotencia en virtud sentimental, como esa campaña de estoloarreglamosentretodos. El único resultado visible de tales empeños es la extensión del infantilismo y de la irresponsabilidad, vinculados a la cultura de la queja: la cultura de la impotencia, el conformismo y la pereza. Menudo panorama, pero no me quejo: prefiero equivocarme haciendo algo que acertar en el desestimiento. Lo recomiendo vivamente, es mucho mejor para disfrutar de la vida: al menos, sé tan dueño de tus aciertos como eres víctima de tus errores.

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El pequeño Quique y el gran Felipe González

Ahora que rememoramos el cincuentenario de la muerte de Albert Camus, uno de los raros verdaderos intelectuales del siglo XX, tan pródigo en imitaciones de la especie, conviene recordar uno de sus títulos fundamentales: La Peste. Es también uno de los suyos más alegóricos, sometido por lo tanto a interpretaciones muy variadas. En el relato, unos pocos hombres se enfrentan en la ciudad de Orán al progreso de la enfermedad y la muerte, mientras las autoridades se enfrentan al problema eludiéndolo y restringiendo la libertad de movimientos de sus habitantes. ¿Les suena? Me he acordado de la historia gracias a un par de aportaciones socialistas al debate político. Una, que puede parecer anecdótica, es el comentario de un joven socialista que responde por Quique y se define a sí mismo como Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE-Moratalaz, además de doctorando en biológicas. En su blog, el pequeño Quique justifica y celebra la agresión contra Rosa Díez y el resto de nosotros sucedida en la Universidad Autónoma de Barcelona: “No queremos –dice- que piseis (sic) nuestra universidad, no nos provoqueis (sic), dejadnos en paz”. Angelito.

Como quiera que esta contribución a la defensa de la democracia lleva colgada en internet desde el 5 de marzo, cabría haber esperado una reacción socialista y ésta, en efecto, se ha producido: no hay motivo de alarma y Quique sigue con su blog progresista abierto y vinculado al PSOE. Y dado que este blog ha conseguido cierta celebridad, la pasividad socialista significa un innegable asentimiento, una acción por omisión. Me pregunto qué pensará al respecto José Bono, que ha pedido a la fiscalía que actúe para investigar los sucesos de la UAB y depure las posibles responsabilidades penales derivadas de la prolongada e impune agresión de los independentistas catalanes.

Naturalmente, puede alegarse que el tal Quique es un simple pelanas que de ningún modo representa al PSOE ni su posición frente a hechos innegables como que en la UAB no se puedan impartir conferencias políticas si no se es independentista o antisistema, que allí se conculque sistemáticamente las libertad de expresión y reunión, y que se pueda atacar materialmente a una diputado nacional y a quienes pretendían acompañarla y escucharla sin que se depuren responsabilidades. El pequeño Quique, al fin y al caso, sería un caso aislado, mera anécdota.

¿Pero qué cabe pensar si vinculamos la incitación al odio ideológico del pequeño Quique con las expresiones del gran Felipe González en el reciente Congreso del PSOE de Andalucía? Allí explicó el gran estadista los problemas de la administración de justicia española, y lo hizo de esta manera: “la Justicia está hecha unos zorros por el ganao que hay al frente”. Doy por descontado que la hinchada socialista expresó grandes satisfacción y felicidad por este análisis, delicadamente metafórico (zorros y ganao, caramba), de uno de los problemas más graves de la democracia española.

Ahí los tenemos: el veterano Felipe y el joven Quique en una misma lucha con un mismo lenguaje, útil para el derribo de los principios básicos de la democracia.

¿Hay algún vínculo histórico entre ese Quique que apoya nuestra lapidación y el del famoso Felipe que descubre los inconvenientes del ganao que él prohijó (como Baltasar Garzón, Secretario de Estado en uno de sus gobiernos del final de su mandato, cuando la era prodigiosa socialista se despeñaba por la corrupción y el terrorismo de Estado)? Pues sí, casualmente. Les cuento.

En la primavera de 1976 Felipe González, secretario general de un PSOE todavía ilegal pero manifiestamente tolerado por el régimen agónico de un Franco ya muerto, visitó la Facultad de Derecho de San Sebastián para dar una charla a los estudiantes sobre la democracia en España y todo eso. Iba acompañado, creo recordar, por Fernando “Poto” Múgica –asesinado por ETA años más tarde- y otros socialistas vascos. El caso es que cientos de estudiantes y otros que no lo eran tanto le esperábamos en la entrada de la facultad. Tantos, que el mitin se trasladó del paraninfo a la escalinata de acceso principal. Lamentablemente para Felipe –todavía conocido por “Isidoro”-, la mayoría de aquellos jóvenes no habían ido a aplaudirle ni escucharle, ni a mostrar entusiasmo por la democracia burguesa a punto de llegar, sino a mostrarle su indignada irritación por el privilegio del que disfrutaba el PSOE en comparación con otras fuerzas de izquierda, perseguidas mientras los socialistas gozaban de amplia tolerancia que aprovechaban para reorganizarse (el PSOE era entonces poco más que un sigla histórica) mediante acciones de promoción como aquella.

Entre aquellos jóvenes había bastantes que militaban en grupos de extrema izquierda maoístas y trotskistas, además de comunistas más clásicos y muchos de lo que luego se comenzó a llamar “izquierda abertzale” (entonces escindida en las dos ramas activas de ETA, mili y poli-mili; la segunda a punto de disolverse en un nuevo partido político, Euskadiko Ezkerra). Dado el sesgo ideológico de la concurrencia, a Felipe no sólo se le reprochaba el sospechoso trato de favor del régimen y su implicación en el proceso que luego se llamó la Transición, sino la degeneración reformista y contrarrevolucionaria de su partido (que todavía se definía como marxista, aunque no se lo creía casi nadie).

Total, que Felipe hubo de soportar no pocos improperios, silbidos, abucheos y, sobre todo, exigencias de cuentas de por qué él podía dar mítines en lo que todavía era una bárbara dictadura mientras los luchadores revolucionarios seguían siendo detenidos, torturados a veces y maltratados siempre, y encarcelados por delitos como formar parte de un partido comunista, separatista o simplemente democrático. Así eran las cosas. Felipe se defendió como pudo usando un megáfono manual mientras algunos estudiantes y los profesores pedían a gritos, a los más airados, que le dejaran explicarse. Lo consiguió sólo a medias. Pero no se arrojó pintura ni se empujó o golpeó a ninguno de sus acompañantes y simpatizantes. Sin embargo, no fue una actitud democrática, ni respetuosa de la libertad de expresión que tanto se exigía. Fue, por el contrario, un boicot que expresaba el avance de la peste antidemocrática en el País Vasco, la razón de que allí la Transición fracasara en gran medida mientras progresaba en el resto del país.

No sé si Felipe González se acordará alguna vez de aquella algarada. Yo sí, porque era uno de los estudiantes allí reunidos, y probablemente uno de los más jóvenes,  pues tenía poco más de dieciséis años y estaba estudiando COU. Lo que son las cosas: ahora me encuentro a Felipe González, completamente superado aquel “Isidoro” tan atractivo –entusiasmaba a nuestras madres y abuelas-, arengando a los dirigentes de su partido, que gobierna en Andalucía y España, contra los jueces y las instituciones básicas de la democracia: ese ganao con esos zorros. Nada más natural entonces que la entrada y promoción en el PSOE de tipos como el pequeño Quique, y la desenvoltura con la que lanza consignas de matón totalitario mientras presume de cargo orgánico, por modesto que parezca.

Cosas de la vida, yo mismo he sufrido después de 1976 algaradas como la que padeció Felipe en mi ciudad, sólo que mucho peores y más violentas -como la reciente de la UAB- porque la peste siguió avanzando más y más, y éramos muchos menos los que nos oponíamos que los que la toleraban e incluso aplaudían. Camus terminó su relato vindicando lo mejor que hay en los seres humanos frente a lo malo que anida en todos (sólo que unos lo reprimen mientras otros le dan rienda suelta). Tenía y tiene razón, pero hay días en que resulta muy dudoso porque parece que los Quiques y Felipes son muchos más que los otros.

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