Publicado el 7 junio, 2011
La expresión “regeneración democrática” se ha puesto de moda y, como es natural, no todos la usamos con el mismo significado. En UPyD la usamos desde nuestro nacimiento, la usan muchos analistas y escritores –y el regeneracionismo es un viejo artefacto teórico de la democracia española desde al menos Joaquín Costa-, y lo han puesto de moda esta primavera iniciativas y movimientos como #nolesvotes, Democracia Real Ya y el variopinto (y decadente) movimiento de los Indignados acampados bajo el exagerado título de #spanishrevolution. Los que pedimos regeneración del sistema compartimos el diagnóstico básico, a saber, que el sistema democrático nacido en la Transición ha degenerado por muchas causas, pero no hay acuerdo en cuáles son éstas ni en cómo pueden atajarse. El amplio consenso sobre el que el bipartidismo inducido es un mal, la Ley Electoral injusta y la Justicia independiente sólo un deseo piadoso, se abre a continuación en un amplio abanico de propuestas alternativas. Unas, como las nuestras de UPyD, proponen medidas regeneradoras claramente institucionales: reformas parlamentarias de la Ley Electoral y de la Constitución para asegurar la separación de poderes, la autonomía de la justicia o leyes de transparencia y participación ciudadana. Otras, como las que se han oído en las asambleas de indignados, han derivado hacia políticas asamblearias fundamentalistas (eso es para mí el empeño en conseguir la unanimidad en una sociedad donde nada es unánime ni puede serlo) de orientación anarquista o consejista que han conseguido achicar al máximo el espacio social del movimiento hasta llevarlo a la parálisis y la marginalidad. Entre medio, los viejos partidos intentan ponerse al frente de la manifestación regeneracionista prometiendo reformas que han rechazado hasta ayer mismo, copiando descaradamente iniciativas de austeridad que exigen al rival mientras ignoran en sus taifas particulares, como sucede con las exigencias de transparencia de Rajoy a las comunidades que gobernaban los socialistas. ¿Pero cómo creer su buena disposición a quienes han fabricado este callejón sin salida?
Como es natural, esta profunda división desorienta a muchos ciudadanos interesados en qué se puede y debe hacer para solucionar la crisis política que amenaza con destruir todo lo que necesitamos para vivir con decencia, igualdad jurídica y libertad personal. Algo por otra parte inevitable cuando, como es el caso, asistimos a la que amenaza ser muy pronto una formidable crisis constitucional. La pregunta es más o menos esta: por dónde empezamos? Algo así como una versión reformista y cívica del revolucionario Qué hacer? que Lenin escribiera como guión del asalto al poder en Rusia.
Pues bien, en mi opinión lo que urge y lo primero es moralizar la vida pública. Entrar en las instituciones para hacer que actúen de acuerdo con los criterios de la ética pública de la democracia, que es algo bastante sencillo: respetar las leyes y hacerlas cumplir a todos, servir al interés general y no al particular ni partidario, rechazar cualquier corrupción y combatirla con medidas prácticas. Abrir las ventanas, los cajones y los armarios; levantar las alfombras y pasar la escoba; poner sobre la mesa lo que había estado tapado, desde el estado de las cuentas públicas al funcionamiento interno escamoteado al control de todos.
El entusiasmo que ha despertado una medida tan sencilla y de sentido común como el rechazo de los coches oficiales que corresponden a todos los concejales de Madrid –salvo entre sus antiguos beneficiarios, especialmente los de IU- por los cinco de UPyD es solo una muestra de lo extendida que está la urgencia por la moralización de la vida pública. Cuando se pide que se extingan los privilegios de los políticos la mayor parte de la gente reclama que desaparezcan los lujos injustificados –como esos coches oficiales con chófer y escolta que son más un signo de estatus que una medida de seguridad-, y también las zonas de sombra que ocultan al escrutinio público el verdadero funcionamiento de la maquinaria política y administrativa: la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a millones de personas. La vida pública se moraliza no mediante declaraciones altisonantes, sino con cargos públicos austeros que no buscan privilegios para sí ni para sus socios, mediante políticas de transparencia y apertura a la ciudadanía y con instituciones eficaces que –al menos- resuelvan más problemas de los que crean y aporten más beneficios que costos.
Moralizar la vida pública no es sin embargo el objetivo de la política de regeneración democrática, sino un requisito para su puesta en marcha, el saque que inicia el partido. Su objetivo no es sólo dar buen ejemplo y demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera, que también, sino devolver a las instituciones la legitimidad que han perdido por el mal uso que los viejos partidos han hecho de ellas. Esta legitimidad es indispensable para abordar el debate político que exige una reforma constitucional y para tener autoridad para enfrentar los grandes problemas que ya tenemos en casa: crisis económico-financiera, paro monstruoso (especialmente el juvenil) y desafíos nacionalistas al Estado común que la entrada de Bildu en las instituciones vascas y navarras van a reactivar inmediatamente echando más gasolina al fuego que consume el Estado.
La legitimidad que da la moralización de las instituciones es la convicción de que los cargos públicos no son un hato de corruptos o ineptos que están allí para medrar, sino ciudadanos como la mayoría, dispuestos a poner lo mejor de sí mismos para resolver los asuntos que se les han encomendado. En definitiva, la seguridad de que, al igual que un bombero, un policía o un médico, un concejal o un diputado está trabajando para resolver los asuntos públicos del mejor modo que sepa. Ese es el clima de opinión indispensable para abordar con seriedad y garantías un debate sobre cómo resolver de una vez la estructura territorial del Estado, cómo acabar con la corrupción, cómo instaurar una justicia independiente o una ley electoral más justa. O la reforma laboral que urge para acabar con el mercado dual y el paro juvenil consecuente.
Conviene recordar que nuestras sociedades modernas son complejas, cambiantes y, en muchos aspectos, impredecibles. Pretender que todos quienes las componemos debemos ponernos de acuerdo en todo –al estilo de las acampadas de “indignados”- no solo es una quimera y una soberana tontería, sino un atentado contra la naturaleza misma de la democracia, entendida como un sistema político que incluye a personas de muy distintas ideas, creencias, expectativas e intereses, organizadas por eso mismo en distintos partidos políticos. Los problemas políticos que tenemos solo va a solucionarlos una política mejor y más democracia, no menos, pero para eso es indispensable que primero moralicemos las instituciones acabando con la corrupción, las malas prácticas, la opacidad, la ineficacia y, sobre todo, con su secuestro para ponerlas al servicio de intereses particulares. Se puede empezar renunciando a coches superfluos y con otras cien medidas inmediatas. Pero lo importante es empezar ya, y empezar haciendo política.
Publicado el 30 mayo, 2011
EL 22-M produjo tres noticias políticas fundamentales: la primera brecha abierta en el bipartidismo PP-PSOE, el desastre del PSOE y el regreso de ETA-Batasuna a las instituciones bajo la marca blanca Bildu. De estas tres noticias la última es nefasta, la primera estupenda y la segunda, neutra. Dejemos para otro día lo de Bildu, que al fin y al cabo es otra consecuencia del bipartidismo –del reparto de la justicia entre PSOE y PP-, y veamos qué es eso de la brecha en el sistema. Consiste en que la suma de los votos de PP y PSOE ha descendido, grosso modo, un 5% de media y un 10% en Madrid. Aunque esa bajada global sea consecuencia del desplome socialista, el hecho relevante es que se ha roto la tradición de vasos comunicantes que daba a uno de los dos grandes partidos la mayoría de los votos que perdía el otro. El PP no se lleva ni mucho menos el porcentaje perdido por el PSOE, por mucha comprensible euforia que reine en sus filas. Y el partido satélite de duopolio, IU, apenas ha subido medio punto sus resultados. Y entonces, ¿a dónde han ido los votos perdidos por el bipartidismo? Una pequeña parte al voto en blanco y abstención, que han aumentado, y otra a pequeños partidos regionalistas como el FAC de Alvarez Cascos (e incluso Bildu en el País Vasco y Navarra). El único partido nacional que se ha llevado una buena parte de esos votos es UPyD. De modo podemos afirmar sin triunfalismo alguno que la campaña por el #votoutil y contra el bipartidismo ha sido un gran éxito; no tanto, que también, por los 162 nuevos cargos públicos conseguidos, sino porque se ha alcanzado el objetivo político principal: demostrar que votar UPyD es útil, y que el bipartidismo es un gigante con pies de barro al que se puede hacer temblar.
Todavía estamos hablando de una brecha, no del resquebrajamiento del duopolio partidista ni de su colapso inminente. Podría suceder que el 22-M fuera sólo un sobresalto y que el bipartidismo volviera a restaurarse. Pero contra esta nefasta posibilidad se alzan tres grandes obstáculos: primero, el lamentable estado político del PSOE, que invita a pensar que, con o sin Rubalcaba, tardará mucho tiempo en volver a levantar cabeza como par del PP (e incluso podría no lograrlo); segundo, la aparición y crecimiento de un movimiento de protesta social contra ese mismo bipartidismo asfixiante del que el 15-M y sus derivaciones asamblearias es una expresión destacada, pero no todo el fenómeno ni mucho menos; tercero, que en UPyD no pensamos quedarnos sentados disfrutando de nuestro pequeño triunfo del 22-M, sino que seguiremos trabajando para ser una alternativa al bipartidismo a pesar de las trabas de la Ley Electoral o las de algunos medios de comunicación.
La reacción del PSOE a su mal resultado electoral es toda una demostración de agotamiento profundo. La política ha sido completamente arrollada en ese partido por las argucias e intrigas destinadas al salvamento de los muebles y al sacrificio selectivo de los menos aptos para los tiempos que se avecinan. No otra cosa es la solución tramposa de impedir la celebración de verdaderas primarias imponiendo por dedazo a Rubalcaba como único aspirante a la Presidencia del Gobierno mientras, de carambola, se evita un Congreso Extraordinario que habría expulsado a ZP de la Secretaría General. Zapatero, definitivamente consagrado como el político más inepto y dañino de esta etapa histórica, consigue mantener una apariencia de control y estabilidad –exigida por los omnipotentes mercados de la deuda- a cambio de sacrificar a esa legión de incompetentes prohijada por el zapaterismo encarnada por Carme Chacón (o a escala municipal por otro ilustre mindundi, Odón Elorza).
Digan lo que digan, la misión de Rubalcaba y de la vieja guardia felipista que representa no es derrotar a Rajoy el 2012, sino frenar la disgregación de un partido que, al igual que el PP, depende en gran medida del poder autonómico y local como consecuencia del vaciamiento progresivo del Estado. Y que, una vez perdido ese poder, se enfrenta a una especie de tremendo ERE poselectoral del que serán víctimas miles de cargos públicos y muchas decenas de miles más de empleados y liberados de toda especie en la administración, empresas públicas y entes más o menos públicos de variadísima condición (se calcula que quizás existan 21.000, aunque nadie lo sabe con certeza). Un buen ejemplo de la desesperación sobrevenida para tratar de mantener algunos restos del naufragio lo proporciona la desesperada –e inútil- intentona por convencer a UPyD para que pacte con PSOE e IU en algunos municipios de Madrid, en particular el emblemático Getafe. La tentación de abandonar el barco que se hunde y buscar refugio en los chiringuitos autonómicos y locales que puedan subsistir va a ser muy poderosa y pasará una costosa factura al PSOE en términos de cohesión, influencia social y potencia electoral. La posibilidad de que los socialistas de la España Plural se adentren en la senda de la extinción paulatina en la que andan perdidas las izquierdas francesa e italiana –y en España ya lo está su variedad catalana- es algo más que una fantasmagoría.
Por eso es impensable que, a medio plazo, el PSOE pueda reconstituirse como para restañar la brecha en la estructura del bipartidismo. Si en las elecciones generales el PSOE baja del peldaño del 30% de los votos válidos, comenzará a ser víctima de una Ley Electoral (LOREG) pensada para penalizar a los partidos de ámbito nacional medianos y pequeños (consiguió destruir a PCE y CDS), dificultando enormemente su entrada en las instituciones. Una postrer justicia poética, si se quiere, pero una oportunidad de oro para acabar, ahora sí, con el bipartidismo: ocurrirá si, en las Elecciones Generales, UPyD consigue el suficiente apoyo ciudadano para llenar el hueco socialista y obligar a un PP insensatamente eufórico a enfrentar de una vez la reforma de la Ley Electoral, y a continuación las reformas constitucionales cada día más urgentes, es decir, la separación efectiva de poderes para tener una justicia independiente digna de ese adjetivo, y cerrar para un largo plazo este modelo territorial caótico, sustituyendo el insostenible Estado de las Autonomías por otro de tipo federal igualitario, es decir, donde todas las CCAA tengan las mismas competencias y financiación, y el Estado común un núcleo de competencias exclusivas que garanticen la igualdad y libertad personal: educación, sanidad, fiscalidad, gestión del territorio, política exterior, etc.
Aunque el escepticismo sobre la viabilidad de semejante cambio político ha retrocedido, todavía hay muchos que consideran imposible hacer ceder al PP y PSOE en cosas como el sistema electoral o la estructura del Estado. Es imprescindible sacudirse esa pasiva resignación. No será fácil, sin duda, pero a la vista de lo que sobre todo los socialistas se han mostrado dispuestos a hacer por retener o conseguir la alcaldía de Getafe (¡incluso a apartar ahora a los imputados de sus listas!), ¿qué no harían si lo que estuviera en juego fuera acceder al Gobierno de la nación? Todas las puertas antes candadas han comenzado a entreabrirse. Bastará con empujar y no ceder para que se abran por completo.
Publicado el 20 mayo, 2011
Como suele pasar a menudo, la prensa internacional enfoca mejor los nuevos fenómenos políticos que aparecen en España que los medios locales, presos de demasiadas servidumbres. Mientras el Washintong Post llevaba la foto de la concentración de Puerta del Sol a portada, con un comentario atinado –los manifestantes están frustrados e indignados por el desastre económico y el enorme desempleo-, los medios españoles prefieren jugar en su mayoría a la interpretación paranoica del “quién está detrás” o “quién saldrá beneficiado” de este movimiento, completamente inesperado para muchos de ellos. Y con tanta preocupación por las traseras y delanteras, se olvidan de lo realmente importante: quiénes están dentro.
Como otros movimientos similares, el de #democraciarealya (este es el hashtag de Twitter por el que fue convocando manifestaciones y concentraciones) ha nacido en internet, y en concreto en las redes sociales. Pero aunque este hecho esponje de emoción a algunos gurús del mundo 2.0 que ya se ven a sí mismos como nuevos avatares de Lenin o Ghandi, los instrumentos de la red, cada vez más versátil y extensa, no son sino los instrumentos por los que se ha colado un malestar social negado, ignorado o minusvalorado por la mayoría de los actores y agentes políticos y comunicacionales. No deja de ser irónico que algunos de los que más deploraban “la pasividad de los jóvenes españoles” pongan ahora el grito en el cielo porque atribuyen el movimiento a una conspiración de ultraizquierda manejada por el PSOE para privar al PP del éxito electoral que se espera este domingo. La razón es que la protesta social les daba igual en sí misma, simplemente querían lanzarla contra ZP, pero no en vísperas electorales y, quizás, contra el PP (el recuerdo de la terrible noche electoral del 2004 escuece todavía). Pero todo esto, como los intentos de apropiación del movimiento cívico por IU y otros grupos izquierdistas, no son sino expresiones del mal que ha terminado provocando la emergencia del malestar social largamente incubado: una democracia que ha degenerado, de instituciones ineficaces y controladas por partidos turnantes que se alternan en el poder y sólo aspiran a que nada cambie demasiado para poder perpetuarse ellos e impedir la aparición de otros o su consolidación como alternativa. Otros como UPyD, desde luego. Es este sistema partitocrático esclerótico, ineficaz, cerrado, incapaz y cada vez más corrupto el que ha despertado la indignación de los manifestantes, que saben muy bien que las monstruosas cifras de paro y el enorme desempleo juvenil que afecta a muchos de ellos es una consecuencia de ese sistema degenerado, y no una maldición natural o un infortunio azaroso.
Uno de los manifiestos publicitado en la red por los acampados en Sol gira en torno a tres reclamaciones esenciales: reforma de la ley electoral para acabar con la actual partitocracia; separación de poderes y especialmente del judicial; medidas contra la corrupción y para regenerar el sistema y los partidos políticos. A cualquier que siga a UPyD le sonarán mucho: son, esencialmente, el eje de nuestra actividad política desde que nacimos en 2007, y por cierto y no por casualidad, también gracias a la oportunidad brindada por internet: Plataforma Pro (2007) y UPyD ese mismo año. Las diferencias entre lo que es UPyD y el movimiento Democracia Real Ya son por lo demás evidentes: nosotros somos un partido con cuatro años de historia, y éste un movimiento cívico de una semana que ha nacido por su cuenta y riesgo; nuestras propuestas políticas han sido desarrolladas, maduradas y completadas en programas e iniciativas parlamentarias, las de los acampados en Sol y muchas otras plazas de toda España (uno de los aspectos más interesantes y novedosos del este movimiento es… su carácter espontáneamente nacional en vez de nacionalista) son reivindicaciones básicas.
Pero lo que no puede ignorarse, salvo que se busque no sólo engañar sino también el autoengaño (como les ocurre a los todólogos serviles y paranoicos que llenan tertulias y columnas de opinión), es que hay una continuidad evidente entre el nacimiento de UPyD, y antes del de Ciutadans en Cataluña, y el movimiento cívico que con cierta aparatosidad se conoce por el mundo 2.0 como la #spanishrevolution. Como suele pasar en estos casos, la organización política de una minoría, la que fundamos UPyD, ha precedido a la extensión más horizontal y espontánea de una protesta que tiene exactamente el mismo objetivo que el partido: cambiar de abajo a arriba el sistema político español cuya insania y esclerosis ha puesto en evidencia la crisis económica. Convendrá también advertir que ambas cosas, partido y movimiento social, han nacido para quedarse: ni son una burbuja ni pertenecen a la efímera cultura del espectáculo cultivada por los medios. Estoy convencido de que este domingo 22 de mayo podremos verlo, y de que esta protesta social, a diferencia de otras del pasado, sí sabe que la solución a los males que denuncia está en la política democrática y no contra ella. Aunque sin duda muchos harán denodados esfuerzos para que fracase enfrentándolo a la democracia desde la izquierda y la derecha. Exactamente lo mismo que han intentado con UPyD, y no les ha salido.
Publicado el 15 mayo, 2011
¿Hay alguna razón para considerar especiales las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de marzo? Una y fundamental: a estas alturas, la crisis económica ha puesto de relieve que el sistema político creado durante la transición es ineficaz e inviable y, sobre todo, patentemente inútil para afrontar las reformas de fondo que exige superar la crisis económica. Dicho de otro modo: la crisis ha puesto sobre la mesa, con toda crudeza, la crisis del sistema político que la ha agravado. Porque la razón de que España doble la media de paro de la UE, y triplique de sobra la de Alemania -pese a partir de niveles parejos en 2007-, es esencialmente una razón política.
Veamos un ejemplo importante que apoya esta afirmación: es cierto que las empresas españolas son, en general, menos competitivas y que esa desventaja no se soluciona de la noche a la mañana por una decisión política, pero buena parte de esa falta de competitividad es consecuencia de un mercado de trabajo dual –empleos indefinidos protegidos vs. empleos precarios- que impide la renovación de los cuadros laborales de muchas empresas que no quieren arriesgarse a contrataciones indefinidas de jóvenes profesionales, lo que tiene como consecuencia un monstruoso paro juvenil de catastróficas consecuencias para el futuro del país y, desde luego, para el presente de los jóvenes. Y a diferencia de la competitividad, el mercado de trabajo sí puede reformarse por una decisión política que reforme las leyes laborales. La que propuso UPyD, en la línea de la planteada por los llamados “cien economistas”, ha sido rechazada en el Congreso.
El mismo rechazo político que ha sufrido la necesaria reforma laboral han sufrido las propuestas de racionalizar las administraciones para reducir el gasto público desbocado, la petición al Gobierno para que controlara a tiempo el endeudamiento de las CCAA (iniciado de mala manera solo tras exigirlo Bruselas y el FMI, tras negar su mera posibilidad), las iniciativas para restaurar el mercado único español troceado por las 100.000 normas vigentes, para profesionalizar la gestión de las Cajas de Ahorro antes de que fuera tarde, para facilitar la creación de empresas, incrementar el apoyo a la investigación o mejorar la transparencia de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Todas estas medidas, de indudable importancia para salir cuanto antes de la crisis, han sido rechazadas una tras otra por esa Santa Alianza de facto constituida por PP, PSOE y sus socios nacionalistas. Lo mismo cabe decir de otras relacionadas también con la economía, como la mejora del sistema educativo, la restauración de sistemas únicos de sanidad y asistencia social, la lucha contra el fraude fiscal y un largo etcétera de impresionante extensión.
Para resumir: en esta legislatura han sido rechazadas casi todas las medidas políticas indispensables para combatir la crisis económica, reducir su profundidad y acelerar su superación. Unas veces por la alianza PP-PSOE, otras veces solo por el PSOE y su aliado de turno, aunque al PP no le han dolido prendas aliarse con CIU y PSC (en el Senado) para favorecer a Cataluña frente a otras CCAA en el despojo de los cada vez menores haberes financieros del Estado común.
En resumidas cuentas, esto es lo que significa que la crisis económica ha sido agravada en España por una crisis política previa: que han sido las instituciones políticas las que han frenado o rechazado todas las medidas necesarias para combatir la crisis cuando aún era posible a un costo social más equitativo. Crisis que no es otra que la de las principales instituciones del sistema, del modelo territorial al Tribunal Constitucional. Crisis de la que son los principales responsables dos partidos, PSOE y PP quienes, pese al modo en que se maltratan en las declaraciones públicas, en la práctica están de acuerdo en todo lo básico, manteniendo un verdadero mega-Pacto de Estado para no cambiar nada de lo que es urgente cambiar, de la Ley Electoral a la estructura administrativa del Estado, de la reforma laboral a la de las instituciones financieras.
Hace falta una fe ciega y tonta para, como decía Albert Einstein, repetir los mismos procedimientos de siempre y esperar contra toda lógica que pase algo distinto. Y eso es a lo que nos enfrentamos el 22-M: la repetición de las mismas políticas archifracasadas, sólo que ahora intercambiando una mayoría del PSOE por otra del PP, en una reedición del popular “día de la marmota”, o un nuevo comienzo, un cambio no de siglas y caras, sino de políticas, tanto de contenidos como de formas, como el que propone UPyD.
El ciudadano apático o conservador que en el fondo piensa que todo da igual y no piensa arriesgarse a cambiar su voto pese a desconfiar profundamente de PP y PSOE debería reparar en que no se limita a sancionar un sistema claramente agotado, sino que vota por el mantenimiento indefinido de los mismos vicios que nos han conducido a 5 millones de parados, 45% de paro juvenil, educación obligatoria en decadencia, derroche de recursos públicos y pérdida paulatina de la igualdad. Estos vicios se llaman colonización partidista de la justicia y de las cajas de ahorros, inseguridad jurídica, clientelismo, opacidad y corrupción, intervención de los medios de comunicación e intervencionismo económico, derroche y despilfarro en inversiones suntuarias mientras se abandonan servicios sociales básicos, duplicidades y triplicidades administrativas.
De manera que eso es lo que nos jugamos el 22-M: dejar que todo siga como está, y hundirnos un poco más y por más tiempo en el desastre, o probar alternativas razonables que proponen medidas de sentido común contra todas nuestras crisis: política, económica… y de valores como la veracidad, la equidad, la responsabilidad y el altruismo, cuya falta en demasiadas instancias no deja de ser responsable última de esta debacle institucional.
Publicado el 8 mayo, 2011
En el 11 aniversario del asesinato de José Luis López de Lacalle por ETA
De vez en cuando conviene volver a los grandes principios para entender mejor el presente (e incluso para prepararnos para lo que se nos viene encima). Uno de estos es la finalidad o función de una Constitución democrática. Tiene muchas conocidas, desde dar acta de constitución a una nación democrática a la de trazar las líneas maestras de su desarrollo legislativo ulterior. Es la Constitución la que, por ejemplo, establece si el Código Penal admitirá o no la pena de muerte, o qué competencias corresponden a cada uno de los tres poderes clásicos del Estado. Sobre esto no estará de más recordar que el Judicial es tan poder político como el Legislativo y el Ejecutivo, y que si bien sus competencias propias deben ser acatadas, esto no significa que no deban ser tan objeto de crítica política como las acciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y viene esto a cuento por la instauración, en el anestésico discurso políticamente correcto, de un tópico tan manido como falso: que las decisiones del Poder Judicial deben acatarse sin rechistar. De ser esto así lo que tendríamos sería una dictadura de jueces y no un Estado de derecho. Pero podemos estar tranquilos al respecto: el riesgo, en España y otros países (como Italia), no es la dictadura de los jueces, sino el sometimiento de estos a los intereses del Ejecutivo, de los partidos políticos y los grupos de presión.
La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la previa del Supremo ilegalizando la coalición Bildu es una de esas acciones del Poder Judicial que se exige acatemos sin crítica porque así lo exigiría la coherencia democrática. Lo cierto es que una democracia saludable y en constante mejora exige exactamente lo contrario: mirar con lupa una sentencia directamente relacionada con uno de los peores problemas que la democracia española arrastra desde su renacimiento, la expulsión del terrorismo de las instituciones. La sentencia en cuestión vuelve a abrir la puerta a ETA a través de su enésimo avatar político, la coalición Bildu. Esto es lo que pensaba que acabaría pasando, y también acerté con el argumento principal que utilizaría el TC para justificarse: que el derecho constitucional a la representación política prevalece sobre la exclusión de cualquier continuidad de un partido ilegalizado que establece la Ley de Partidos. Literalmente la sentencia dice (en la versión adelantada en exclusiva del diario El País en otra flagrante demostración de la contaminación partidista y mediática del TC): “La simple sospecha no puede constituirse en argumento jurídicamente aceptable para excluir a nadie del pleno ejercicio de su derecho fundamental de participación política. Puede que en el futuro la sospecha quede confirmada, pero para el enjuiciamiento actual, la misma no podría conducir a un resultado limitador, so pena de dejar en lo incierto el ámbito del libre ejercicio de los derechos de participación política garantizados en el artículo 23 de la Constitución”.
La doctrina que sienta la sentencia es la siguiente: aunque se documente la vinculación de Bildu con ETA no se podrá proceder contra esta coalición hasta que no se demuestre de nuevo y empíricamente su complicidad, porque la instrumentalización es solo un deseo de ETA y la única demostración válida de que ésta ha tenido lugar es que Bildu vuelva a cometer el delito por el que ya fueron ilegalizados Batasuna y sus avateres (el último, Sortu, ¡que fue más crítico que Bildu en el último atentado de ETA!). Con esta interpretación no sólo se vacía totalmente de contenido la Ley de Partidos –continuando una tradición hermenéutica del TC que ha ido vaciando a la propia Constitución-, sino que se deja a la democracia y a los ciudadanos en la más total indefensión frente a colectivos organizados cuyo programa no es otro que la destrucción de la democracia misma, como es el caso de ETA-Batasuna y de sus sucesivas refundaciones, Bildu inclusive.
El siguiente párrafo de la sentencia (los énfasis son míos) rechaza a priori considerar prueba suficiente los documentos aportados por Guardia Civil, Fiscalía y Abogacía del Estado: “Puede admitirse que (…) ETA y el partido ilegalizado Batasuna han propugnado una “estrategia de convergencia con otras fuerzas de la izquierda abertzale que les permitiera articular una presencia electoral bajo la cobertura de partidos políticos legales” o que dirigieran “sus esfuerzos a la búsqueda de acuerdos electorales” con EA y Alternativa. Pero que hayan instrumentalizado a la coalición recurrente en amparo o que ésta o los partidos políticos que la integran hayan dejado instrumentalizar sus candidaturas a aquel fin es una conclusión que no puede alcanzarse sobre esa base.”
¿Consecuencias?: a la luz de esta doctrina es sencillamente imposible prevenir la comisión de delitos políticos por grupos organizados. Supongamos que un partido tiene la intención de perpetrar un golpe de Estado, y que hay pruebas documentales de sus intenciones: actas de reuniones, grabaciones de conversaciones, movimientos, etc. (Lenin, Mussolini o Hitler dirigían partidos legales que dieron un golpe de Estado). En aplicación de la doctrina del TC no se podría hacer nada hasta que ocurriera el golpe de Estado, puesto que los planes revelados por los documentos no constituirían otra cosa que intenciones en sí mismas tan irrelevantes como –dice la sentencia- las palabras de Otegi sobre Bildu grabadas en la cárcel. Así que aun conociendo las intenciones de los golpistas (como las de ETA sobre Bildu) y los pasos que fueran dando para su consecución tampoco se podrían considerar hechos ni acciones, sino meras conjeturas o ensoñaciones de una especie de ficción política sin sentido. De modo que la Constitución, aprobada entre otras cosas para impedir que un grupo determinado se haga con el poder político por la fuerza o para derogar la propia Constitución, quedaría completamente vacía de sentido según esa interpretación viciosa.
Se olvida a menudo que una Constitución no solo instaura derechos sino que, con lógica simetría, constituye las correspondientes obligaciones, y que las competencias de las instituciones tienen también límites muy claros al ejercicio del poder. Así la Constitución no sólo proclama el derecho a la representación y la libre actividad política de todos, sino que impone a los representantes y a la actividad política condiciones muy claras sobre el sentido de la misma. Por ejemplo, impone que la actividad política no vaya dirigida a destruir violentamente el sistema que la Constitución instaura. Ni a derogar de facto derechos básicos como la libertad personal, la igualdad jurídica, fiscal y otros similares. Si un partido actúa para destruir el Estado de derecho hay procedimientos constitucionales para ponerlo fuera de circulación declarándolo ilegal, que es lo que hizo la Ley de Partidos para sacar a ETA-Batasuna de las instituciones que explotaban para conspirar, financiar y auxiliar la destrucción de la democracia en el País Vasco y Navarra, con el resultado de 858 muertos y docenas de miles de heridos, extorsionados y perseguidos de todas las formas imaginables.
Ahora esta sentencia del TC sobre Bildu invierte el orden de prelación de los preceptos constitucionales al poner por delante de cualquier otro el derecho a la libre actividad política sin limitación alguna, incluyendo entre lo aceptable la vinculación a una organización terrorista y a la obtención de sus objetivos políticos, incompatibles con la Constitución. Claro que en la misma sentencia el TC niega cualquier valor a la vinculación histórica probada al declarar, sobre los documentos que demuestran el liderazgo de ETA en la gestación de Bildu, que son “documentos ajenos, que lo único que acreditan es la referida estrategia de la organización terrorista y del partido político ilegalizado, pero no la instrumentalización de la coalición al servicio de dicha estrategia”. Con los mismos argumentos utilizados contra el Supremo y para legalizar Bildu será posible dar vía libre a un partido que proponga restablecer la esclavitud, el feudalismo o el apartheid.
Me pregunto qué entenderán por “instrumentalización” los seis magistrados responsables de esta sentencia, nombrados por el PSOE. En cualquier caso, esta sentencia instrumentaliza la Constitución poniendo su interpretación al servicio de intereses partidistas reñidos con la democracia bien entendida. Despojada ésta de cualquier posibilidad de “controles preventivos” (sic) de la delincuencia política, como si tal fenómeno perteneciera sólo al mundo de las hipótesis imaginarias y no a la historia más reciente, la Constitución ya no puede defender a los ciudadanos de los brazos políticos de las bandas terroristas, ni en última instancia de cualquier grupo organizado que persiga destruir la Constitución misma… hasta que lo intente y pase a ser un asunto penal. Y entonces se llamará a defender el orden constitucional, previamente disuelto en humo de argumentaciones falaces, a esos mismos cuerpos de seguridad cuyas aportaciones documentales se desprecian como meras suposiciones. Con esta doctrina, el Estado de derecho tiene atados pies y manos para defenderse de sus enemigos violentos. El TC ha vuelto a hacer un gran favor a los enemigos de la democracia y a ofender a quienes se han jugado la vida por defenderla y, en muchos casos, hasta perderla.
Publicado el 5 mayo, 2011
Pocos cambios culturales afectan tanto a la política como la evolución de los sistemas de comunicación. La escritura estimuló la aparición de los primeros Estados dignos de tal nombre, y de los primeros experimentos democráticos. La imprenta modificó en profundidad la vida pública al multiplicar la emisión y recepción de textos, permitiendo la aparición de la prensa como un agente público de primer orden. Los medios eléctricos y electrónicos (del telégrafo y la radio a la tv y el vídeo) hicieron posible el acceso masivo a la información (y a su manipulación) incluso en sociedades poco alfabetizadas, un paso fundamental hacia la integración del mundo en una civilización global, proceso que sigue su curso. A la luz de esta serie histórica es obvio que internet y sus novedades también deben tener repercusiones políticas, la última muestra de las cuáles son las rebeliones democráticas de algunos países árabes (mientras que las de Polonia, RDA o Checoslovaquia fueron las últimas rebeliones políticas vinculadas a la radio y televisión). Esto ya es obvio, así que la pregunta interesante es si internet tiene propiedades comunicacionales con impacto político, y cuáles son esas. Propondré algunas.
Lo primero que debemos entender es que las propiedades políticas de internet no son una consecuencia de la tecnología como tal, sino de los nuevos hábitos comunicacionales que alienta. Aunque la tecnología sea idéntica no es lo mismo -¡en absoluto!- usar Facebook o la web para colgar fotos de vacaciones o leer las ediciones digitales de la prensa tradicional que para convocar manifestaciones contra una dictadura o escribir un blog político (en el sentido amplio del término). Considerar que todos los usuarios de internet –los internautas- son por el mero hecho de serlo la encarnación de un nuevo tipo de ciudadanía con una nueva conciencia global es una tontería narcisista (que para algunos exime de cualquier esfuerzo de verdadera educación política, científica y filosófica). Lo que hace internet, de un modo que no permitían los medios anteriores, es dar cauces de expresión y redes de comunicación muy eficaces y muy rápidas a ideas políticas que de otro modo apenas podrían hacerse oír. En este sentido, internet ha cambiado las reglas del famoso modelo socio-político de “voz y salida”: antes de internet los descontentos con una dictadura no tenían otra salida, si carecían de voz tradicional, que el exilio o el pataleo privado. Lo que internet aporta es la posibilidad de constituirse como una voz potente en las nuevas redes sociales sin que el gobierno pueda siempre erradicarlo pese a la infinidad de trabas que puede acumular. Incluso se puede ver obligado a tolerar el fenómeno, como prueba el caso de Yoani Sánchez o los blogueros chinos.
Lo segundo a resaltar es que internet ha cambiado de modo drástico dos importantes rasgos estructurales de los antiguos mass-media: la demora temporal de la retroalimentación, y la desigualdad entre emisores activos de información y receptores de la misma (entre periodistas y consumidores de su trabajo, para entendernos).
En la era pre-internet había un lapso de tiempo inevitable entre el acontecimiento y su difusión –que sólo radio y tv habían superado en determinados momentos-, y sobre todo entre su recepción y la reacción que podía motivar (el feed-back o retroalimentación). Internet ha suprimido ambas demoras al permitir la difusión de una información en el momento mismo de suceder y activar una conversación instantánea sobre el significado de la misma que incluye reacciones prácticas. Acabamos de ver ejemplos impresionantes de lo que esto significa en las rebeliones árabes y en el gran terremoto de Japón. Esta instantaneidad no sólo afecta a los medios tradicionales, incapaz de competir con la instantaneidad de internet y su enorme multiplicidad de voces y testimonios, sino que tiene efectos políticos al poner a los gobiernos ante fenómenos sin precedentes, como la información incesante e instantánea que incluye citas para manifestaciones, boicots, protestas y acciones similares convocadas a través de internet. El cambio del feed-back sería poco importante sin la añadidura de la supresión práctica de la distinción de los roles de informador y consumidor pasivo o de reacción diferida. Internet permite que cualquiera pueda escribir un blog, editar su propia web y participar en redes sociales, haciendo reversibles y simultáneos los papeles de emisor y receptor, convirtiendo la comunicación diferida de los mass media en una gigantesca conversación. Aunque algunos periodistas han desdeñado este fenómeno todo el tiempo que han podido, el desembarco de muchos de los más famosos en Twitter, y la conversión de los acontecimientos de las redes sociales en noticias destacadas (si bien sometidas a los filtros habituales) de los periódicos, confirma que la evidencia ha terminado por imponerse: Mahoma va a la montaña tras porfiar en que todo era tan plano como la página extendida de un periódico.
Ahora bien, la inmediatez de internet y la universalización de la información que permite no hace de la red una fuente prístina de verdades sin manipulación y de sinceras expresiones de legítimos intereses. De ninguna manera: internet no sólo permite engañar, manipular y abusar tanto como los medios tradicionales, sino que ofrece sus propios riesgos de perversión comunicacional y, por tanto, política. La creencia en que una noticia de autor anónimo en una red social siempre será más veraz que una ofrecida por un medio, un personaje conocido o un político, es un aviso de que la siempre delgada línea que separa rumor de noticia y versión de perversión ha adelgazado todavía más en internet. Como cualquier herramienta o instrumento, internet puede servir para cualquier uso que permitan sus propiedades, pero en sí mismo es amoral, apolítico e indiferente a valores de cualquier tipo. Quienes tienen puestas sus esperanzas en que internet alumbre por sí misma una nueva ciudadanía virtuosa y políticamente altruista, contrapuesta a la política degenerada de los profesionales, están tan acertados como quienes hubieran defendido que para educar sirve cualquier libro, se trate de Aristóteles o de una guía de teléfonos. Internet es un medio de comunicación revolucionario, pero como todos los medios es un instrumento ciego al servicio de un fin que le es ajeno.
Es cierto que algunas características de internet hacen más difícil el engaño, la manipulación o la simple mentira. Al ser muchísimos más numerosos los agentes activos en el proceso de comunicación, pues cada usuario es potencialmente un informador y analista activo, es más difícil, o imposible, conseguir el monopolio informativo típico de las dictaduras, como han confesado paladinamente Irán, China o Cuba al intervenir los correos electrónicos, censurar internet y restringir su uso libre. Pero la lucha por la neutralidad de la red pone de relieve que el peligro en los países democráticos no son tanto los denostados partidos y gobiernos como los grandes oligopolios informativos –asociados a los anteriores por tupidas redes de intereses comunes- que se niegan a considerar internet como el espacio de igualdad y libertad informativa que técnicamente puede ser… si hay voluntad política para que lo sea. Lo que de paso nos remite al hecho capital de que internet influye sobre la política y puede cambiarla, pero también ésta es fundamental para conseguir que no se malogren las mejores oportunidades de la red y ésta no sea colonizada y dominada por los mismos intereses que han convertido los medios de comunicación tradicionales en instrumentos al servicio no de la información veraz, sino del rumor, la profecía autocumpliente y la noticia manipulada.
En definitiva, comprender, proteger y potencias las propiedades políticas de internet –igualitarias y liberadoras en varios aspectos- parece exigir dos cosas: la primera, reconocer la instrumentalidad de internet y la supeditación de su calidad a la calidad del proyecto político; la segunda, que la política tiene poderosos instrumentos para desvirtuar las propiedades más igualitarias y liberadoras de internet, convirtiéndolo en otro campo de juego dominado por oligopolios viejos como la escritura misma, pero que por eso mismo el futuro de internet depende de la política casi tanto o más que esta de internet, como la Ley Sinde y otras decisiones políticas han venido a recordarnos.
Publicado el 25 abril, 2011
Permítanme comenzar por el final de este razonamiento, que va sobre la extraña manera de ver y entender los nacionalismos que domina en España. Vamos allá: uno de los tópicos sobre el parlamentarismo español dice que, a virtuosa diferencia de otros países europeos como Francia, Italia o Finlandia, la extrema derecha no ocupa ningún escaño en el Parlamento nacional (ni en la mayoría de los autonómicos, si exceptuamos el catalán por la SI de Laporta o de quien sea ahora). Una versión “progre” y taimada de este argumento agradece al PP esta excepción, ya que el gran partido de la derecha española habría hecho el favor de asumir la cuota de extrema derecha, haciendo innecesario un partido de ese perfil; en realidad este argumento insinúa lo que algunos publicistas dicen abiertamente, que en el PP la extrema derecha ya está representada por personas como Jaime Mayor Oreja o José María Aznar. Pero no es mi intención ahora refutar esta solemne tontería, sino indagar la afirmación del principio acerca de nuestra supuesta excepción democrática, de la que deberíamos sentirnos muy orgullosos: en España no hay partidos parlamentarios de extrema derecha. Sea por las virtudes aglutinantes del PP, o bien por estar escarmentados del invento tras los cuarenta años de dictadura: ese vendría a ser el consolador corolario.
Ahora bien, ¿será cierto que estamos libres de esa plaga? Me parece que no, pero para localizar esa extrema derecha disimulada yo no miraría hacia los escaños del PP. Investiguemos por otra parte, y para orientar bien el escrutinio examinemos primero los países vecinos con los que nos comparamos.
¿Quiénes componen la extrema derecha de nuestros vecinos? Partidos como el Frente Nacional, la Liga Padana o los Auténticos Finlandeses allá en el norte. ¿Qué tienen todos ellos en común?: sin duda alguna el nacionalismo exacerbado, el euroescepticismo, la insolidaridad fiscal (como negativa a transferir recursos a sus vecinos más pobres o desfavorecidos) y una xenofobia que puede ser más o menos intensa y se expresa en hostilidad a los inmigrantes, temor a la aculturación y defensa de las tradiciones locales. Esos son los ingredientes ideológicos de partidos que en España los comentaristas califican de neofascistas o de extrema derecha por abrumadora mayoría y con unánime hilo argumental; ayer mismo Soledad Gallego-Díaz nos ofreció un hermoso ejemplo en El País. Yo suscribiría buena parte de sus críticas y temores si no me desconcertara algo previo: que esos rasgos tan temibles en partidos franceses, italianos, holandeses o finlandeses se aceptan como algo normal en partidos españoles que, aplicando la misma vara de medir, deberían ser sentenciados de tan neofascistas como sus adláteres ideológicos. Y me refiero, obviamente, a PNV, CIU, ERC, BNG y el resto de la nutrida y repetitiva sopa de letras nacionalista (con nada menos que seis siglas con representación institucional en País Vasco y Navarra).
¿Acaso no llevamos soportando 30 años a PNV, CIU y ERC –por no hablar de Batasuna y sus sucesivos avatares- la defensa y la práctica constantes de esas políticas que tanto miedo dan si las defienden siglas de otros países: insolidaridad fiscal, ataques al Estado común, xenofobia y particularismo cultural exacerbado con imposiciones políticas antidemocráticas de por medio (como la “normalización lingüística”)? ¿Por qué resulta escandaloso que los Auténticos Finlandeses se nieguen a ayudar a Portugal cuando es lo que llevan haciendo todos los políticos vascos y navarros (excepto los de UPyD) con las CCAA más desfavorecidas de España (que en realidad aportan a los respectivos Conciertos Económicos), y lo que acaban de lograr los catalanes con su nuevo Estatuto? Lo explicó muy bien hace poco Ruiz Soroa. ¿Qué clase de miopía o hipocresía conduce a tantos analistas a condenar como ultrareaccionario en Finlandia o Italia lo que se considera progresista si sucede en País Vasco o Cataluña? Yo diría que esto es o bien una ola generalizada de estupidez, o bien un caso patente de corrupción intelectual.
De manera que, regresando al principio, si aplicamos la misma vara de medir a los partidos nacionalistas europeos y a los españoles, resultará que nuestra supuesta excepción democrática y progresista se desvanece en el aire: hay escaños de extrema derecha en el Parlamento español, todos los que corresponden a partidos con esas ideas y prácticas ultranacionalistas, es decir, CIU, PNV, ERC, BNG, NaBai… Ahora díganme si quieren que no es para tanto y que en esos partidos hay gente estupenda a la que no se puede tildar de neofascista de ninguna de las maneras, pero díganme entonces por qué sí a sus correligionarios del resto de Europa. Si queremos entender el mundo que nos rodea porque aspiramos a transformarlo en algo mejor, qué menos que medirlo con la misma vara.
Por lo demás, es una gran satisfacción escribir estas líneas en pleno y aburrido Aberri Eguna, una celebración sectaria nacionalista impuesta a los demás, dentro de un lote de símbolos sectarios que incluye bandera, himno y corónimo (Euskadi), como “fiesta nacional” de una nación que democráticamente no lo es. Sin embargo, pocas voces en el País Vasco discrepan de semejante imposición e incluso la mayoría la acepta como opción propia libremente elegida aunque diga no ser nacionalista. Un buen ejemplo de cómo las fuerzas no nacionalistas de izquierda y derecha han acabado mimetizándose de nacionalistas hasta el punto de llegar a creer, en un malabarismo digno de Orwell, que el nacionalismo que detestan y temen en otros países es en cambio el no va más del progresismo y la democracia en el propio. Seguiremos con este asunto, porque el nacionalismo vuelve a llamar a la puerta de Europa tras no haberse ido nunca de España: primero con Franco y sus secuaces, luego con los separatistas y ahora con sus imitadores acomplejados.
PD: y a los pocos días de publicar este post me descubren en Twitter esta joya de un navarro de la cofradía xenófobo-progresista, el editor José María Esparza Zabalegi. Puro desperdicio que no tiene desperdicio!
Publicado el 19 abril, 2011
Hace poco nos desayunamos con unas declaraciones del expresidente Aznar criticando la intervención en Libia porque la consideraba un grave error estratégico debido a que Gadafi sería un amigo de Occidente –en todo caso algo “extravagante”- en lo que realmente importa: la lucha contra el terrorismo islamista. Aznar iba más lejos y consideraba del mismo tipo de errónea ingratitud que no se hubiera apoyado a Ben Alí en Túnez y a Mubarak en Egipto. Su conferencia en Columbia abundaba en consideraciones parecidas presididas por el mismo hilo conductor: la política exterior de los países occidentales debería limitarse a proteger a los “amigos” y acosar a los “enemigos”, distinguidos según criterios de interés estratégico o comercial, estrictamente domésticos, que desprecian olímpicamente cuestiones como el respeto de los regímenes “amigos” a los Derechos Humanos o los legítimos deseos de cambio político en las sociedades árabes, totalmente despreciadas (por cierto: cabe decir lo mismo de la posición mantenida por Zapatero respecto a China). Un pensamiento reaccionario y, a la postre, muy peligroso porque nada hay más proclive a las guerras y desórdenes que las dictaduras. Pensamiento que hunde sus raíces en las más profundas capas tribales de la mente humana, las que repudian la igualdad de todos los semejantes y dividen a los congéneres en dos grandes grupos enemistados por naturaleza y sin otra conciliación que la procurada por la fuerza. La concepción ilustrada de la democracia nació precisamente para superar ese viejo atavismo poniendo en valor conceptos como la igualdad ante la ley, la fraternidad entre los individuos y la capacidad humana de progresar hacia formas sociales superiores. La verdad es que esa filosofía política sigue estando lejos de ser la dominante en el mundo de hoy, como indica el avance de movimientos xenófobos y nacionalistas en muchos países democráticos.
Es obvio que la división radical entre amigos y enemigos, aquella que fundamentó la filosofía del derecho antiliberal de Carl Schmitt, que tanto influyó en el nazismo y que también puso la soberanía absoluta del Estado como único objetivo trascendente de la política, está presente en las palabras de Aznar y en las de muchos más (que, paradójicamente, ¡se definen como liberales!) Pero no es ni mucho menos exclusiva de la derecha; en realidad, esta forma radical de antagonismo a muerte es muy transversal. Veamos si no, en el otro lado de la división tradicional y partidaria de la política española en izquierda y derecha, las declaraciones del presidente del PSE, Jesús Eguiguren, a propósito de la lucha contra ETA, donde ha dicho lo que sigue: “la derecha española, la dirección actual del PP, tiene un problema atávico: tiene miedo de que el PSOE logre la paz y le vuelva a ganar las elecciones. Está haciendo lo que nunca puede hacer un patriota y un partido responsable, que es que en lugar de apoyar al Gobierno para acabar con ETA, se está apoyando en ETA para acabar con el Gobierno”.
Frases como esta traslucen un pensamiento de fondo apenas disimulado: el PP es el verdadero enemigo político del PSOE, no ETA. Pues “el proceso de paz” con la banda tiene, para Eguiguren, un objetivo ulterior que no es la paz misma –ya sabemos que la libertad no está en primera línea de sus aspiraciones, algo muy propio también de esta mentalidad antiliberal profunda-, sino desenmascarar la perfidia y maldad intrínsecas de “la derecha” encarnada en el PP.
La cosa es tanto más chusca en cuanto que el partido que preside Eguiguren tiene un pacto de gobierno con el PP que permite a Patxi López mantenerse como lehendakari pese a su minoría parlamentaria, y también si se considera que todo indica la existencia de un pacto entre PSOE y PP para conducir “el proceso” con ETA de modo que ninguno de los dos partidos se considere perjudicado en sus posiciones electorales, salvaguardando cada uno su identidad particular en esta complicada materia. Pero nada de eso importa a Eguiguren, cuyo odio al enemigo, o sea al PP, está mucho más próximo al expresidente Aznar de lo que jamás admitiría. Incluso comparten “el orgullo de ser españoles” (“yo me siento muy orgulloso de ser español y no puedo creer que la derecha haga estas cosas”, dice también Eguiguren respirando por su propia herida patriótica), un sentimiento absurdo pues no hay mérito alguno en el azar de nacer en un sitio en vez de en otro. Ambos rasgos, dividir el mundo en amigos y enemigos y el orgullo identitario son típicos del nacionalismo, y también de una patología ideológica transversal, a saber, el sectarismo.
El sectarismo es la propensión a dividir el mundo en bandos irreconciliables, aunque de composición variable: Gadafi era un enemigo de Occidente hasta que pasó a ser un amigo, y el PP era un amigo parlamentario hasta que dejó de serlo por sus críticas (superficiales) al proceso con ETA. El mundo en blanco y negro: lo característico del sectarismo es no admitir los matices ni los principios contrarios a su antagonismo, como los de igualdad o la relativización de los “enemigos” para convertirlos en adversarios y en colaboradores necesarios y socios en el desarrollo de la democracia. ¿Y saben qué?: todo indica que cuantas menos ideas se tienen o más rígidas, esquemáticas y superficiales son éstas, más fácil se cae en la enfermedad sectaria y menos se tolera la indispensable y tolerante agilidad mental que exige la democracia. Sobre todo cuando se ha tomado partido, decisión que también requiere sus anticuerpos de sentido común y amplitud de miras para no caer en el sectarismo más pedestre y peligroso.
Publicado el 11 abril, 2011
La presentación de un montón de imputados por delitos de corrupción en las listas de PP, PSOE e incluso IU –que hasta ahora pretendía estar a salvo de la plaga por aquello de la supuesta “superioridad moral” de la vieja izquierda- ha servido para algo: tomar conciencia del problema. Pocas veces ha habido tanto consenso como estos días en que la corrupción es un problema grave de la democracia española, y pocas veces ha cundido tanto el desánimo entre la ciudadanía más politizada por lo que parece un problema sin solución. Sin embargo, es perfectamente posible mejorar mucho la prevención y la penalización de la corrupción con leyes mejores y más adecuadas. Porque lo cierto es que el sistema legal español está lleno de agujeros a este respecto, y que la parcialidad y lentitud de muchos tribunales empeora la situación, por no hablar de la absoluta pasividad o comprensión activa de los viejos partidos con sus corruptos y corruptelas… con la comprensión o indiferencia de muchos de sus votantes. De modo que lo primero que debe hacerse es presentar leyes de más calidad, dirigidas también a prevenir la corrupción haciéndola más difícil –sobre todo con medidas de transparencia realmente eficaces- y a penalizarla más en caso de que finalmente se produzca. Y conviene no hacerse ilusiones a este respecto: siempre habrá corruptos, y no sólo entre los políticos como a veces prefiere creerse, sino entre los beneficiados “civiles” de sus manejos tales como empresarios, profesionales o simples protegidos. Como tantos otros vicios y delitos, la corrupción es una consecuencia de la naturaleza humana: podemos elegir, podemos engañar y podemos robar, luego la corrupción de las instituciones públicas por quienes las administran es no sólo posible, sino probable si no se adoptan medidas de prevención y control.
El hartazgo de una parte considerable de la opinión pública con la corrupción estalló con cierta virulencia en Twitter la semana pasada, a raíz de una votación en el Parlamento Europeo sobre una recomendación para que los eurodiputados dejaran de viajar en primera clase en ciertos recorridos (hay que decir que volar en business no es obligatorio). La mayoría rechazó la recomendación por diversos motivos -de todos modos no tenía efecto presupuestario alguno- y se armó la marimorena: para muchos, ese voto negativo contradecía desvergonzadamente la austeridad que se nos exige e impone a los simples mortales desde los gobiernos, e incluso era una muestra de corrupción. Dieron igual las explicaciones que algunos eurodiputados quisieron dar para explicar por qué no votaron a favor de una recomendación presentada por un grupo donde alguno de sus miembros, como Willy Meyer (IU), no tienen empacho en volar en la tarifa más cara y ausentarse de la votación que se supone debía acabar con eso. Las razones buenas o malas de los eurodiputados fueron barridas por una indignación popular, e incluso populista, donde privilegios, abusos, derroches y corrupción formaron una amalgama indiscernible. Sin duda los eurodiputados partidarios del ahorro metieron la pata al no percatarse del eco público que esa votación iba a tener y del daño que su voto negativo iba a producir para el prestigio ya muy débil del Parlamento Europeo y el parlamentarismo en general, pero no es ahora ese asunto el que me interesa, sino el problema de la falta de distinción entre legalidad y ética que borboteaba en el fondo de la indignación.
Esta vez los eurodiputados –realmente mimados por una institución muy derrochadora, con dos sedes e inolerables migraciones mensuales entre ambas, Bruselas y Estrasburgo- volvieron a ejercer a su pesar una de las peores funciones que les tocan a los políticos en las democracias: la del chivo expiatorio. Porque todo el mundo sabe, aunque se niegue con vehemencia ofendida, que la corrupción no es una exclusiva de los políticos, sino una conducta extendida por el conjunto de la vida social: es corrupción meter la mano en la caja pública, cobrar comisiones ilegales o favorecer a tus socios quebrando el principio de igualdad de oportunidades y concurrencia, pero también lo es sobornar a los políticos, ofrecerles comisiones y llevarse contratos ventajosos mediante trampas. Y es corrupción pedir favores y recomendaciones a los amigos “políticos”, evadir impuestos, abusar de terceros en el trabajo, explotar a subordinados y empleados y docenas de abusos más –como copiar en un examen o colarse en una cola, sin ir más lejos- que todos los días comenten infinidad de personas que se consideran a sí mismas sumamente honradas. Lo que no obsta para que sea cierto que a los representantes políticos, como a la mujer del César, haya que pedirles más rigor, honestidad y veracidad que a los demás, ya que son “políticos” porque quieren.
De lo anterior sólo se colige una cosa: que los valores morales y la coherencia ética de cada cual es muy importante para combatir la corrupción, sobre todo para acabar con su tolerancia social (y algunos de los que más protestan contra la de los políticos están en realidad pidiendo su oportunidad para forrarse…), pero que la corrupción, como otros delitos, no se puede combatir solamente con ética: para hacerlo está la política, que es el modo de elaborar y aplicar las leyes. No vamos a progresar nada en la lucha contra la corrupción, revoluciones morales aparte, si no se mejora en tres campos muy claros y delimitados: 1: mejores leyes contra la corrupción, y por la transparencia que es su principal antídoto al hacer públicos los manejos opacos y las decisiones arbitrarias; 2: avances reales y contrastados en la independencia y rapidez de la administración de justicia encargada de aplicar esas leyes; 3: tolerancia cero de la corrupción en las instituciones públicas y privadas y en las personas físicas y jurídicas, o lo que es lo mismo, en todos y cada uno de nosotros.
La razón por la que la corrupción progresa en España, con espectáculos tan bochornosos como su práctica impunidad en partidos como CIU, PP o Unión Mallorquina, y el propio PSOE con su demoledor espectáculo en Andalucía, sin olvidarnos del PNV y los corrupctos manejos de ciertos burukides en las haciendas forales del País Vasco, es la consecuencia lógica de que seguimos sin una legislación suficiente contra la corrupción y prácticamente ninguna de transparencia; carecemos de una justicia eficaz e independiente de los partidos políticos; tenemos una opinión pública que puede explotar con algunas casos aislados, pero sigue votando y por tanto tolerando a partidos que presentan imputados y condenados por corrupción. Hay que recordar que Rosa Díez presentó en el Congreso varias enmiendas a la reforma del Código Penal para endurecer la lucha contra la corrupción, pero casi todas fueron rechazadas, excepto la que preveía la inhabilitación electoral de los condenados. De modo que no es cierto que nadie haga nada contra la corrupción y que no se hagan propuestas que vayan más allá de la moralina; el hecho es que son PSOE, PP y nacionalistas varios los que se vienen oponiendo sistemáticamente a progresar en esta lucha legislativa y política, cuando no la obstruyen como ha ocurrido con el proyecto casi fantasma de una Ley de Transparencia que duerme el sueño de los justos en una de esas comisiones napoleónicas del Congreso (las que se crean para impedir los cambios, como la que impidió reformar en serio la Ley Electoral). La semana pasada UPyD registró en el Congreso una nueva Ley contra la Corrupción y para la Transparencia en la Gestión Pública que entra en el fondo de la cuestión, pero veremos si al menos es posible que se debata en el pleno…
Moralina es esa moda de “contratos éticos” que firman, sin el menor empacho y con todo el cinismo del mundo, probables imputados como Camps y muchos otros de su estilo. Meros instrumentos de propaganda, estos “contratos” y compromisos públicos no comprometen realmente a nada, porque en una democracia lo único que compromete a todos son las leyes y su obligado cumplimiento (algo en lo que también vamos a peor). La inutilidad de tales obras maestras de papel mojado brilló el sábado, cuando se supo que el cabeza de lista por IU en Sevilla, Antonio Rodríguez Torrijos, iba a ser imputado por el caso Mercasevilla y sin embargo seguía en su puesto porque él se consideraba inocente. Si todo es asunto de voluntad o interpretación personal, ¿para qué sirven entonces esas rimbombantes declaraciones éticas amablemente cubiertas por los medios de comunicación concertados con el partido de turno? Para nada. Si queremos luchar contra la corrupción son las leyes y los tribunales de justicia los que hay que mejorar, junto con la conciencia pública de que la corrupción es intolerable porque daña los bienes públicos materiales e inmateriales, comenzando por la igualdad de oportunidades, la seguridad jurídica y la autoestima colectiva.
Publicado el 31 marzo, 2011
Como todos sabéis, este domingo 3 nos hemos citado en la vieja plaza de toros de Vistalegre, en Carabanchel. Estas líneas son un pequeño comentario sobre una iniciativa que al principio –cuando se la sugerí a Rosa que la pilló al vuelo- casi todos consideraron un desvarío… hasta que fueron entrando en el sentido y fondo del asunto. ¿Y cuál es este sentido? Muy sencillo: un desafío. No me refiero al más superficial de sus aspectos, que será el de si conseguimos o no llenar el enorme aforo de la plaza (en torno a 15.000 personas, y algunos toros y mulas cuando hay corrida). Aun siendo importante, este es el desafío menor (no dejéis aquí la lectura considerando que he perdido el juicio). Tampoco se trata de si los medios de comunicación, cuya actitud respecto a UPyD sigue oscilando entre la hostilidad, la indiferencia y la displicencia, nos tratarán esta vez como a un partido “de los grandes”, de los que cuentan en la carrera electoral, pueden tener poder y por tanto interesan a los empresarios de comunicación como posibles socios o rivales. Seguro que esta vez van más cámaras y periodistas que nunca antes a un acto nuestro, siquiera para certificar el batacazo si Vistalegre tuviera una triste entrada o para guardar imágenes y testimonios del inesperado éxito si este se produce e intenta entonces al dueño del medio subirse al carro del triunfo ajeno. Ni siquiera es lo más importante el otro aspecto notorio de este desafío: si un pequeño y joven partido maltratado por los medios de comunicación consigue llenar Vistalegre, triunfando allí donde el PSOE no se atreve, renunciando a sus baños de masas de arranque de campaña, espectáculo embriagador al que ahora renuncia por miedo a que se congregue también una multitud, sí, pero para silbar, abuchear y protestar a Zapatero por la desastrosa política de sus gobiernos en casi todos los terrenos. Un éxito de comunicación de UPyD en el sitio y fecha en que solía disfrutarlo el PSOE haría mucho más verosímil la posibilidad, cierta, de que pronto UPyD sea el tercer partido nacional, pisándole los talones al declinante socialista.
Y si no importa demasiado si llenamos o no la plaza, ni si los media informan o no, y tampoco si competimos ventajosamente con el PSOE, ¿en qué consiste entonces el desafío de Vistalegre, se dirán algunos? Pues en que es una invitación a restaurar la grandeza y nobleza de la política, diría yo. Es verdad que UPyD es sólo un partido y que la política no le pertenece ni es cosa exclusiva nuestra esa restauración –sería grotescamente pretencioso pensar tal cosa-, pero si alguna institución tiene responsabilidad en la restauración de la política es precisamente un partido político porque han sido otros partidos políticos los principales responsables del triste estado actual de la política democrática, de su degradación, corrupción y pésima fama.
¿Y qué es restaurar la política democrática (y hacerlo en Vistalegre)? Llevarla al lugar originario de donde la secuestró la mala política, es decir, a la plaza pública, al ágora de la ciudad donde los ciudadanos discutían libremente de sus asuntos comunes según una Constitución. Vistalegre es una versión actualizada de ese ágora imposible en nuestras grandes ciudades, y por supuesto un ágora a escala de partido: para quien quiera ir, y por tanto sin invadir el espacio público que por definición es de todos. Por eso asistir a Vistalegre es una invitación a la política en su estado original: va quien quiere y porque le interesa, sean muchos o pocos (reservamos para muchos confiando en que la regeneración de la política tiene mucha demanda). Y es más, le pedimos al que vaya un donativo voluntario para ayudar a pagar la factura. Porque otro rasgo originario de la política democrática, basada en la actividad de ciudadanos libres y autónomos, es la conciencia de que son los ciudadanos quienes se pagan de su bolsillo la representación de sus intereses, y por eso mismo tienen un derecho reforzado a controlar a sus representantes y asegurarse de que hacen su trabajo como deben. Los otros partidos ocultan esta verdad simple –que todos pagamos sus actos porque no hay nada gratis en esta vida- ofreciendo mítines gratuitos, carísimos y espectaculares… que los ciudadanos también pagamos sin que nos consulten, porque en última instancia el dinero para pagar ese mitin es dinero público transferido a los partidos sin la transparencia y el control necesarios para que sea legítima esta forma de financiarse.
Ese es el desafío de Vistalagre: ¿hay en España suficientes ciudadanos comprometidos a la regeneración de la política democrática como para celebrar un acto así? ¿Ciudadanos dispuestos a pagar libremente para que se celebre, en vez de cobrar por asistir o pagar sin enterarse? ¿Personas interesadas en oír discursos políticos sin compromiso previo de votarlos ciegamente? Eso es Vistalegre, esa es la idea: es un desafío.
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