Igual de cierto y a veces olvidado es que España partía de una enorme desigualdad territorial en materia educativa o, mejor, de instrucción pública: la oferta educativa de las grandes ciudades no tenía nada que ver con la existente en regiones rurales, sobre todo del sur, donde a finales de los setenta subsistían grandes bolsas de analfabetismo. Todavía en los ochenta era corriente que reclutas andaluces, canarios o extremeños aprendieran a leer y escribir correctamente en la mili, donde sus compañeros universitarios servían de “maestros”. Las disparidades geográficas, resultado de siglos de incuria y subdesarrollo, no han sido resueltas por la existencia de 17 sistemas autonómicos: persisten hoy en las tasas de abandono temprano y fracaso escolar, donde se observa un característico patrón norte-sur: más bajo en el norte, medio en el centro y alto en el sur y Mediterráneo. Casi coincide con la distribución de la tasa de paro, lo que no es casual sino causal: caciquismo rural, atraso económico y analfabetismo eran ingredientes del mismo cóctel.

Sin embargo, junto a las cosas que se hicieron bien en la Transición se tomaron tres decisiones puramente políticas, por ajenas a los intereses y problemas educativos, que han tenido graves consecuencias. Veámoslas rápidamente, porque son los problemas esenciales que tiene nuestra educación y que la LOMCE del Gobierno ha renunciado a abordar como es debido.

1 – El traspaso de la competencia de educación a las Comunidades Autónomas, con el resultado de 17 sistemas diferentes y 11 leyes educativas vigentes además de la general.

Una consecuencia directa es la marginación del español en las comunidades bilingües y particularmente en Cataluña, pero también la instauración de sistemas cerrados, sin movilidad geográfica de profesorado y con currículos diferentes que dificultan la del alumnado y sus familias, un factor negativo para el empleo y la economía. El traspaso de la competencia educativa ha dado a las CCAA un poder enorme en el ese ámbito, como se ha comprobado en la negociación de la LOMCE, empeorada tras cada nueva ronda negociadora con ellas; las CCAA no han tenido otro propósito ni objetivo que retener (o aumentar) sus competencias educativas, sean o no las óptimas y estén o no bien gestionadas.

El Estado debe recuperar la competencia exclusiva en educación para volver a un espacio y una legislación educativa comunes, bilingüe en las comunidades que lo son. La gestión de los centros -inversiones y mantenimiento de la red- debe corresponder a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, pero el modelo curricular y la legislación deben ser comunes, como los docentes. Nadie ha explicado por qué es estupendo el modelo de Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia) y, paradójicamente, por qué ha sido aún mejor eliminar el espacio educativo español.

2 – El modelo pedagógico comprensivo-constructivista, popularmente conocido como de “aprender a aprender”. Es un modelo posmoderno y relativista que ha tenido días de gloria y ha sido rectificado en casi todos los países occidentales menos, significativamente, en nuestra inmovilista España. La razón, que está plagado de creencias gratuitas y falacias cognitivas e ideológicas, como la necesidad de enseñar a los niños cosas que saben hacer perfectamente, como jugar o hablar, o la prioridad del igualitarismo del grupo sobre el estímulo del talento individual, prejuicio que ha ralentizado e incluso atrasado la actualización de los conocimientos del currículo escolar.

La tiranía de este modelo desacreditado tiene cinco importantes consecuencias:

i – Acceso tardío y escaso a la lectura-escritura y a las matemáticas básicas (y al inglés), en beneficio de actividades lúdicas y expresivas que se consideran (sin fundamento) indispensables para la formación infantil, como si los niños fueran “pizarras en blanco” sin vida social, afectiva, cultural o lúdica fuera del aula (véase lo que prevé la LOGSE en su art. 12 sobre la enseñanza infantil).

La Primaria española es un año más prolongada que la de muchos países con mejores resultados educativos, pero muchos escolares españoles acaban la etapa con menos conocimientos y más atraso. Es un problema serio, pues ese atraso se va transmitiendo y acumulando en cadena a la secundaria, de ésta al bachillerato y de ahí a la universidad. Pero en lugar de revisar el modelo causante se pretende extenderlo a todas las etapas, incluso a la universitaria.

ii – Bajo nivel medio de conocimientos al final de la etapa obligatoria, expresado en los pobres resultados en las Pruebas Pisa en las habilidades y conocimientos básicos (también aquí hay grandes diferencias entre CCAA).

La extraordinaria fragmentación de asignaturas en secundaria, consecuencia de una concepción equivocada sobre la naturaleza del conocimiento y obediente a intereses de grupos sindicales, perjudica más que ayuda. La manía de inflar el currículo con más asignaturas, muchas absurdas, indica que no se acaba de comprender cuál es la función de la educación ni cómo aprendemos las cosas. Ni la importancia de conocimientos específicos de ética, filosofía o ciudadanía disueltas en transversalidades vaporosas mientras proliferan especialidades en un archipiélago caprichoso de materias inconexas. Es ridículo enseñar las diferentes clases de sintagmas del análisis sintáctico mientras se descuidan la lectura, el análisis crítico de textos y la expresión oral y escrita. O pretender enseñar “emprendimiento” mientras se instala la mediocridad en aritmética e inglés.

iii – Educación antimeritocrática y mediocre, particularmente inadecuada para escolares más inteligentes, creativos y dotados. Cuando se comparan los resultados de la educación española con otros países llama la atención el bajo número de “notas altas” respecto a los países con mejores resultados, como los nórdicos o asiáticos. Está claro que no se incentiva, todo lo contrario, el desarrollo del talento y la creatividad individual, sino la repetición de la media del grupo en cada escolar.

iv – Modelo centralista de centros educativos clónicos en cuanto al funcionamiento, preservados de la competencia -considerada perversa por la izquierda- y muy burocratizados, con la intromisión del Consejo Escolar en asuntos estrictamente educativos como la disciplina en el aula, competencia de un profesorado privado de su indispensable autoridad y autonomía en nombre de falaces concepciones “participativas” que, en realidad, es puro intervencionismo político y sindical.

v – Sistema de selección del profesorado fundado en escuelas de magisterio y pedagogía donde, en muchos casos, el manejo del lenguaje comprensivo-constructivista desplaza a los conocimientos en las diferentes materias a impartir. Se supone, ridículamente, que la “pedagogía de las matemáticas” (o del inglés) sustituye al conocimiento de las matemáticas (o del inglés) porque será el escolar quien aprenda por sí mismo descubriendo la materia a estudiar.

El abuso del sistema de interinos para cubrir las vacantes también ha agravado este aspecto, ya que en muchos casos éstos acababan siendo asimilados laboralmente al profesorado funcionario que ha ganado su oposición pública, lo que de paso concede a los sindicatos que negocian las convocatorias un poder académico que no les corresponde. Basta con recordar el escándalo causado por la filtración de las pruebas de acceso de interinos en la Comunidad de Madrid, que desvelaron una situación penosa.

3 – Y hablemos de la marginación del patito feo del sistema, la Formación Profesional.

Se impuso el prejuicio, muy querido por la izquierda, de que la educación obligatoria tenía como objetivo la promoción social mesocrática. Herencia de una mentalidad preindustrial y rentista, el “trabajo manual” se veía y sigue viendo como un estigma social. Los oficios mecánicos y técnicos se consideraban inferiores a las profesiones liberales a las que dan acceso los estudios superiores. Por eso la FP se organizó como una salida tardía para los incapaces de acceder al bachillerato, en vez de como una alternativa igual de digna y prestigiada, con oportunos itinerarios comunicantes con el bachillerato y la educación superior.

Para evitar ese supuesto trauma de origen social, la LOGSE instauró vicios como la promoción automática con cuatro suspensos y la prohibición de segregar grupos por el nivel académico, obligando a todos a adaptarse al ritmo de los más lentos, inadaptados o sin interés en estudiar (a los que se niega un acceso temprano a la FP), con los resultados conocidos: caída de la disciplina y aulas conflictivas, y que muchas familias de clase media prefieran incluso endeudarse para que sus hijos estudien en centros concertados o privados más ordenados y meritocráticos, redundando en el desprestigio de la enseñanza pública, muchas veces inmerecido. Un círculo vicioso de origen ideológico.

Eso no es todo: este modelo de FP como “educación de segunda” está muy vinculado a un modelo productivo, el de la burbuja inmobiliaria y el empleo precario, que no veía necesario invertir en FP de calidad, adaptativa y relacionada con el tejido industrial y sus cambios tecnológicos. El drama de los ni-nis, ese medio millón de jóvenes parados salidos del abandono escolar temprano, sin oficio ni graduado escolar, es el resultado de esta conjunción perversa de dos malos modelos, el educativo y el productivo.

Son problemas educativos que requieren de una reforma legal urgente y duradera, pues tienen su origen en la legislación educativa básica (y en la Constitución, en lo relativo a las competencias autonómicas): mejorar la enseñanza primaria y la selección del profesorado; cambio del modelo pedagógico dominante; más autonomía y competencia entre los centros; solución del fracaso escolar y del abandono escolar temprano; reforma a fondo de la FP. Pues bien, ninguno de ellos es tratado con profundidad en la LOMCE, que se limita a redistribuir asignaturas eliminando algunas, introducir pruebas externas de evaluación o reválidas -bien venidas sean- o reducir los poderes del Consejo Escolar en los centros. Respecto a la selección del profesorado, se deja para otra ley de carrera profesional, como si no fuera un aspecto esencial de la educación en su conjunto.

Es otra victoria del inmovilismo del sistema bipartidista, con el excesivo poder de las Comunidades Autónomas y los sindicatos, con el rechazo de la innovación, la competencia y la evaluación pública de resultados, con el recurso al dinero fácil (que se acabó) para solucionar problemas que no son monetarios, con el conservadurismo teórico y la incapacidad para afrontar problemas que exigen diagnóstico y soluciones claras en vez de opacidad y apaños con los agentes implicados, como CCAA y sindicatos. En resumidas cuentas, lo que menos ha importado a unos y otros en esta reforma de la educación son los problemas de la educación. Es otro pulso por el poder político y el control del sistema educativo.

Mención aparte reclaman la situación de la lengua vehicular y la religión en la escuela.

Los intereses de partido han llevado al PP a pactar con la Iglesia la rehabilitación académica de la religión católica, es decir, que la nota en religión (católica, por supuesto) se evalúe en el expediente escolar a todos los efectos. Es innecesario para las personas religiosas, y esperpéntico para un sistema educativo racional que no puede evaluar creencias religiosas como si fueran postulados matemáticos o hechos históricos y conocimientos culturales. Forma parte del conservadurismo egoísta que incluye en el régimen concertado a centros que conculcan normas básicas de la educación pública como la educación de ambos sexos sin segregación. Mientras, se renuncia a tocar el modelo pedagógico dominante animando a los padres que no quieran experimentos fallidos para sus hijos a recurrir a las redes concertada y privada, las realmente potenciadas.

Y se renuncia a hacer cumplir la Constitución en las comunidades nacionalistas imponiendo de una vez la libertad de elección de lengua vehicular en un sistema bilingüe. La patochada grotesca de adelantar dinero a los padres que elijan un centro privado si quieren que sus hijos estudien en español en Cataluña es además un indicador preocupante de por dónde van las reformas del PP en materia de estos servicios básicos: págueselos usted que nosotros adelantaremos el dinero que nos parezca. Adiós a las indispensables redes públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, tan esencial en una democracia como la libertad de elegir, pues la una no es real sin la otra. La LOMCE es un retroceso de la Constitución y de la educación.

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El sábado pasado UPyD celebró “Vencedores y vencidos”, un acto dedicado al estado actual de la lucha contra ETA. Fue un éxito en todos los sentidos. La gran pregunta que quedó al final de todos los testimonios y reflexiones -de Maite Pagaurtundua, Consuelo Ordóñez, Rubén Múgica, Gorka Maneiro, Andrés Herzog y yo mismo, además de Fernando Savater ausente a última hora- es por qué la lucha policial contra ETA ha sido un éxito y la lucha política un fracaso saldado con la rendición del Estado. Pues la máxima debilidad operativa de la banda ha coincidido con su mayor éxito político: entrar en las instituciones de la mano de nuevas marcas blancas (que incorporan a partidos que habían roto con Batasuna, como Aralar) y, una vez instaladas en ellas -Diputación de Guipúzcoa, Ayuntamiento de San Sebastián y mucho otros menores-, iniciar la revisión de la historia de ETA en los términos más favorables a la banda y sus objetivos: los terroristas presos son presos políticos, el terrorismo ha sido la expresión de un conflicto entre dos bandos equiparables, tan dignas son las víctimas de un lado como del otro, sin violencia todos los fines políticos son legítimos aunque consistan en destruir la democracia. Se trata de la continuidad del terrorismo por otros medios.

Amaiur y Bildu, auxiliados por sus colegas nacionalistas vascos y periféricos, y también por el PSOE, IU y la pasividad complaciente del PP, no llevan a cabo esta revisión legitimadora del terrorismo por mero afán propagandístico. Es algo más serio: se trata de llevar a la práctica el programa político etarra explotando la vieja paradoja del “perder para ganar”. ETA ha perdido policialmente y por eso ya no asesina, pero no por su inexistente conversión a la democracia. La falsa conversión al pacifismo busca santificar el viejo programa de siempre: Estado vasco unificado, socialista y euskaldún. El programa por el que han sido asesinadas 858 personas en toda España y decenas de miles más han sufrido atentados, secuestros, violentas agresiones y acoso, instaurando de facto una verdadera “limpieza ideológica” en comarcas enteras del País Vasco y de Navarra, logrando la expulsión o la marginación violenta de toda oposición “españolista” a los designios de la banda. Olvidar todo esto es hacer eficaz la limpieza étnico-ideológica y decentes sus fines.

Esta es pues la pregunta: ¿Cómo es posible que ETA haya sido reducida a la impotencia, pero se le regala una victoria política?

Para entender este fenómeno de amnesia y estrabismo político hay que poner la atención en algo que señaló Maite Pagazaurtundua al hilo de quienes exigen que deje de hablarse de ETA porque ha dejado de ser una preocupación para la opinión pública. Y bien: hace cuatro años pocos creíamos que la corrupción fuera un problema en España, pero ahora es percibido como el principal. ¿Pero es que la corrupción es algo nuevo, desconocido hace ocho, doce, veinte años? En absoluto: la nuestra es una corrupción institucionalizada de largo recorrido. Sólo que la crisis ha puesto al desnudo su aberrante existencia.

En el debate de su investidura, Rajoy calificó la denuncia de la corrupción que hizo Rosa Díez de “demagógica”, “oportunista” y “populista”. O sea, de falsa. Lo mismo que ahora con la cesión a ETA. Ambos ataques negacionistas comparten el mismo principio, una raíz y una consecuencia comunes de esta actitud.

La raíz común es que la tolerancia de la corrupción también incluye la de una ETA “pacífica”. No se permite que alguien irrumpa pistola en mano en una sucursal bancaria y arramble con la caja, pero sí que un cargo público juegue a banquero, se enriquezca y hunda la entidad, nacionalizando luego los estragos. Y el modo de negar ambos fenómenos es sacarlos fuera del debate político y trasladarlos al campo de los sentimientos y de las mentiras: yo no quería que esto pasara, yo no sabía que estaba pasando.

Esta es la verdad: no quieren que hablemos de la continuidad de ETA los mismos que negaban que la corrupción es un problema político, y por los mismos móviles. Los casos Pallerols, Gürtel o Eres falsos deben considerarse incidentes aislados, la quiebra de las Cajas de ahorro o la estafa de las preferentes simples hechos desafortunados sin responsabilidad política alguna. Y así se nos llama a creer que Amaiur o Bildu son iniciativas políticas sin historia ni relación alguna con ETA, que la banda ya no existe aunque se niegue a desaparecer y siga captando activistas. Saber la verdad de ambas cosas dejaría en pésimo lugar al sistema político y sus hondas ramificaciones, y éste prefiere convivir con ellas antes que asumir responsabilidades que puedan liquidarlo.

Las razones por las que sufrimos una crisis económica tan grave son conocidas: tenemos una democracia de muy baja calidad, donde los reguladores y supervisores fracasan a la hora de impedir operaciones fraudulentas o descabelladas con un enorme costo económico y social. Nuestro Estado de derecho está corroído por las carencias de un sistema sin justicia independiente, con inseguridad jurídica y opacidad y corrupción institucionalizadas. Es el mismo sistema incapaz durante largos años de erradicar el fenómeno del terrorismo nacionalista etarra, precisamente porque su propio desdén del Estado de derecho impedía llevar las leyes hasta sus lógicas consecuencias, como la Ley de Partidos desactivada por el TC dentro de la hoja de ruta del Acuerdo de Guernica con una ETA derrotada policialmente, pero políticamente viva.

Esta es la razón de que la lucha por la regeneración de la democracia no puede dirigirse solo contra la corrupción, la opacidad o la mala gestión; debe incluir necesariamente la derrota de ETA porque es y representa la peor corrupción de todas. Y derrotar a ETA significa derrotar los objetivos políticos por los que asesinaron. Es imposible acabar con la corrupción y con la injustica, conseguir que las instituciones funcionen y que nuestra democracia sea digna de ese nombre, si se niega el terrorismo etarra, se legitima su historia y se bendice su proyecto político como algo legítimo. O mientras se tolera como si tal cosa, y se inocula en la sociedad a través de los medios de comunicación, su lenguaje corruptor trufado de falsos “presos políticos”, falso conflicto histórico, falsa reconciliación y falsa simetría de las víctimas.

Debe haber vencedores y vencidos: los demócratas y los terroristas. No nos importa que no sea popular, que no dé votos e incluso que los quite. Como decía Voltaire, nos repetiremos hasta que nos entiendan.

Islandia saltó a la fama por un grave patinazo de su política económica: sus tres grandes bancos, con la mayor parte de su negocio en el extranjero (y 10 veces mayor que el PIB de la isla), quebraron en la gran crisis financiera de 2008. Islandia se negó a garantizar los depósitos de los extranjeros -lo que le valió una denuncia del Reino Unido y Holanda, que éstos perdieron en los tribunales-, rescató a los bancos e inició un programa de reactivación económica con apoyo del FMI que le fue bastante bien, saliendo de la crisis mucho más rápido que los países de la UE (esto último ha enfriado considerablemente el tibio europeísmo del país, muy nacionalista en general, tras las dudas sobre la conveniencia de unirse al euro tras el desplome de su moneda).

Aunque el programa de saneamiento económico fue obra de una coalición de socialdemócratas y verdes, en las elecciones de ayer el electorado optó por devolver el poder a dos partidos tradicionales considerados -obviamente, fuera de Islandia- responsables de los graves problemas económicos del país: el Partido de la Independencia y el Partido del Progreso, que suman el 50’3% de los votos. Aparte del varapalo para socialdemócratas y verdes, el resultado implica que la famosa “Constitución ciudadana” elaborada al margen de los partidos políticos pasará muy probablemente a mejor vida. Esta es la otra razón por la que Islandia se hizo mucho más famosa después de 2008: la posibilidad de que la isla escandinava estuviera siendo el laboratorio exitoso de una democracia sin partidos. Muchos se apresuraron a proclamarlo.

Sin duda Islandia reaccionó contra su crisis político-financiera particular con una energía ciudadana admirable y una capacidad de recuperación envidiable. Otra cosa es que la ciudadanía fuera tan inocente de lo que había pasado como quieren pensar los adanistas que prefieren concentrar todos los vicios y delitos en unos pocos chivos expiatorios (por ejemplo, políticos y banqueros). El caso es que los ciudadanos islandeses, que ya gozaban de un alto nivel de vida, lo aumentaron gracias al mucho dinero que aportó el éxito pasajero de sus bancos especulativos. Su propia burbuja.

Los bancos no tenían enemigos dignos de mención hasta que quebraron y pretendieron que los ciudadanos se hicieran cargo de sus deudas, como ha pasado en España, para nuestro mal, con las Cajas nacionalizadas. Entonces se armó el belén: se exigió la depuración de las responsabilidades y banqueros y políticos pasaron por el banquillo. Pero el hecho es que sólo dos banqueros fueron condenados y que los políticos fueron absueltos, lo cual parece justo teniendo en cuenta que si bien fueron obviamente irresponsables al dejar que la economía y la moneda islandesa dependiera de tres bancos hiperapalancados, se limitaron a ejecutar la política especulativa que sus electores votaron para poder pedir créditos baratos y comprar más y mejores casas, coches, barcos, servicios e infraestructuras. ¿Nos suena?

Como suele suceder tan a menudo, buena parte de la opinión pública española, liderada por aguerridos periodistas resueltos a que la realidad no les estropeara un buen reportaje (el de ayer era “Islandia regresa al pasado” y sus variantes), se dedicó a inflar una burbuja política muy diferente: Islandia se había enfrentado con éxito a la dictadura del FMI (falso 100%); se negaba a pagar un rescate injusto a costa de sus ciudadanos (verdad a medias); políticos y banqueros, encarcelados (absoluta exageración); los ciudadanos habían tomado el control de las instituciones (como si antes estuvieran gestionadas por marcianos) y habían decidido redactar una nueva Constitución con métodos semejantes a los del 15M (con un incoherente resultado: prevé, por ejemplo, hacer de Islandia un Estado confesional); había nacido una nueva generación de líderes políticos sin nada que ver con el pasado y afectos a la democracia directa (ayer se demostró que no era para tanto).

La verdad es que era un cuento político demasiado infantil para ser cierto, aunque la prensa española lo comprara sin pestañear. Bastaba con molestarse en buscar las fuentes originales sobre lo que pasaba en Islandia para que tanto geiser asambleario se apagara con el agua fría de una realidad distinta. Pero, ¿podía ser de otra manera?

La democracia directa y asamblearia, sin partidos políticos ni otras instituciones mediadoras, sólo podría funcionar en una sociedad reducida, sencilla y muy homogénea. En un pequeño municipio sin grandes diferencias sociales, por ejemplo. Ni siquiera Islandia reunía todos esos requisitos. El único experimento conocido de larga duración relativa de una democracia así tuvo lugar en la Grecia clásica, en polis como Atenas (que en su auge no superó los 150.000 ciudadanos con derechos políticos, y era la más grande con diferencia), y siempre apoyada en la esclavitud y la exclusión política de las mujeres y metecos.

Las sociedades complejas y abiertas, y las nuestras lo son, no pueden ser regidas por asambleas soberanas que parten de cero, ni por sorteos como los usados en Atenas para elegir a sus cargos y magistrados. El mundo se ha convertido en demasiado complicado e interdependiente para eso, y los sorteos para acceder a derechos han quedado -injustamente- limitados a la VPO. Los ciudadanos somos muchos y demasiado diferentes en creencias, preferencias e intereses como para que una asamblea presencial o virtual pueda conciliar las diferencias sin que las mayorías vulneren el derecho de las minorías a ser diferentes, estar representadas y ser oídas en las decisiones, preservando su sagrado derecho al desacuerdo. Una democracia sin partidos, representantes e instituciones es sencillamente una democracia sin derecho a la diferencia personal ni colectiva, activa y viva (en griego clásico, una demagogia o tiranía del demos).

Cierto que una democracia tampoco puede ser gestionada por partidos corruptos, ineptos e irresponsables sin que fracase como está fracasando en España y otros países. De eso se trata, precisamente: de conseguir que los partidos estén bajo control y no se salgan del papel que les corresponde invadiendo la sociedad civil (como sucede en España, donde controlan todo con desastrosos resultados). Hay dos vías para eso: la legal, exigiendo a los partidos transparencia y democracia interna, y la del voto. Las leyes no sirven para nada, por buenas que sean, si a la gente no le importa la corrupción, el mal gobierno y el disparate político sistemático.

Por eso lo fundamental aquí y ahora es cambiar el sistema de partidos para que sean más representativos, más democráticos y transparentes. Los partidos tradicionales deben reformarse y cambiar o desaparecer, y los partidos nuevos deben merecer el voto ciudadano con el ejemplo de sus acciones; eso es lo que nosotros procuramos a diario, y necesitamos muchas más personas para hacerlo más y mejor.

En Islandia parece que han preferido dar una nueva oportunidad a los partidos y desoír a los que imaginaban su isla convertida en una gran Puerta del Sol. El tiempo dirá si han acertado; lo bueno de la democracia es que podrán cambiar de voto si les decepcionan, y volver a llevarles a los tribunales si hay fraude. Hoy Islandia es un país fuertemente endeudado y con numerosos emigrantes en busca de trabajo. Lo que está claro es que sus ciudadanos no quieren que también les quiten el derecho a elegir a sus representantes y gobierno en nombre de un paraíso de la democracia directa que parte de un gigantesco malentendido, pues la complejidad de una sociedad abierta no cabe de ninguna manera en la estrecha horma de un sistema asambleario, con o sin internet.

Una consecuencia psicosocial -con permiso de Jaime Berenguer- de una crisis sistémica (es decir, no sólo económica sino política y moral) tan larga como la que padecemos -va para el sexto año- es el daño a la autoestima colectiva. En España, mucha gente está convencida de que “no tenemos remedio”: tras unos años de prosperidad artificial y efímera volvemos a la pobreza, los dramas, la emigración -el “ven a Alemania Pepe”, aunque ahora sea vía Twitter o Washap- y la corrupción generalizada y sin remedio.

Ha llegado la hora de decir que, sin embargo, hay muchas cosas que se hacen bien en España y que, en general, la crisis está demostrando que la sociedad civil, pese a su histórica debilidad y excesiva complacencia con la mala política, es mucho más saludable que un mísero establishment (políticos profesionales, altos ejecutivos, jueces y periodistas estrella, grandes opinadores…) obviamente agotado, carente de ideas, impregnado de un conservadurismo egoísta y agusanado por la corrupción y la inmoralidad. Apesta. Si alguien tenía alguna duda, las querellas que hemos puesto en marcha por los casos de saqueos de Cajas de Ahorro (Bankia, Banca Cívica, Caja Navarra, Caja Segovia) y la estafa de las preferentes, por citar las más importantes, lo está dejando muy claro.

En contraste con el momento depresivo de la autoestima colectiva del país, el establishment da muestras de sentirse no sólo muy satisfecho de sus fechorías y papel dirigente, sino firmemente dispuesto a seguir al frente de todo tras su desastrosa gestión y tratar de restablecer los años dorados de la burbuja inmobiliaria y el pelotazo especulativo: a eso le llaman estabilidad política e institucional. Pero es otra cosa: es egoísmo, narcisismo e inmovilismo. No quieren ningún cambio, y los que no haya más remedio que aceptar, los quieren inocuos para sus intereses oligopólicos. Las “élites extractivas”, en la irónica definición popularizada por César Molinas, quieren seguir extrayendo y dejar el monopolio de la extracción a los herederos que designen. Llevan muy mal que se les recuerde su ostentosa incompetencia y rapacidad, como volvió a demostrar Mariano Rajoy en el último encontronazo con Rosa Díez.

Un establishment de mala calidad subido a hombros de una sociedad paciente, sensata y desmoralizada por su propia mansedumbre: ese me parece un buen retrato de España. Los observadores foráneos, que vislumbraban con emoción un nuevo 36 donde pudieran imitar a Malraux y Hemingway, comienzan a reconocerlo: la diferencia de España con otros países del entorno es que la profundísima crisis y la creciente pobreza no ha producido reacciones antisistema comparables a las de Grecia o Italia (Portugal demuestra también una secular sensatez). Los partidos abiertamente xenófobos y eurofóbicos son marginales, y la crisis del sistema de partidos no ha dado lugar a la emergencia, en olor de multitudes, de golfos ostentóreos como Berlusconi o rencorosos sin proyecto político como Beppe Grillo.

En los execrables escraches participan cuatro gatos -¡uno de ellos el facha Verstrynge!- pese al esfuerzo de los medios por hacerles publicidad gratuita. La gente paga sus deudas hasta el límite de sus fuerzas (a diferencia de las administraciones morosas). No culpamos a los inmigrantes de nuestros problemas, ni tampoco -al menos la mayoría- a los países nórdicos. Sabemos que nuestros problemas son sobre todo nuestros y que buscar chivos expiatorios foráneos (salvo en Cataluña) es tan inútil como erróneo. En resumen, merecemos algo mejor. Lo decía hace poco el diario económico alemán Handelsblatt.

¿Qué tenemos que hacer para superar esta crisis? En primer lugar, observar lo que hacemos bien y adaptar ese modo de hacer a las cosas que hacemos peor.

¿Pero es que hacemos cosas bien? Pues sí, bastantes. Tenemos un sistema sanitario que no está nada mal, eficaz y de un coste razonable; todavía sería mejor si fuera un sistema único en vez de autonómico porque mejoraría en equidad y eficiencia. Pese a su mala fama, en buena parte injusta, la educación superior no está tan mal pese a ser francamente mejorable: la razón de que Alemania y otros países busquen ingenieros y técnicos superiores españoles no es la caridad, sino su buena formación. Y mejor es la formación de profesionales sanitarios, médicos y ATSs: de las mejores del mundo, por eso exportamos tantos. Aunque se hable poco de ello, España tienen en muchos organismos internacionales -de la UE al CERN- más empleados, científicos y técnicos de lo que nos corresponde por aportación económica: es que son competentes (de ahí vino el elogio teutónico de llamar a los españoles “los prusianos del sur”).

El sistema de trasplantes de órganos es uno de los mejores del mundo (algo tendrá que ver que no se haya transferido a las comunidades autónomas…). También hay reguladores de referencia mundial que todavía no ha logrado cargarse -en ello están- PP y PSOE, como el Consejo de Seguridad Nuclear. Red Eléctrica Española o las Confederaciones Hidrográficas han servido de modelo de organismos públicos energéticos e hidráulicos en muchos países. Y hay más ejemplos en museos, investigación y empresas de sectores emergentes de gran importancia tecnológica: acuicultura, biofarmacia, nuevos materiales, renovables (eólica y solar) y otros.

Así pues no todo es horrible ni todo está perdido; al revés, quizás sea cierto que, pese a nuestros muchos lastres, tengamos un potencial extraordinario para salir de la crisis transformados. Lo horrendo es ese establishment que nos aflige con su rapacidad, corrupción, incompetencia, inmovilismo y falsedad. ¿Qué puede hacerse para cambiar las cosas? Mandar a casa a esos personajes lamentables y sus grupos de intereses (sociedades, medios, partidos, sindicatos), cosa que se consigue fácilmente por la vía del voto electoral y de la presión pública (legal), y poniendo en su lugar a esos gestores, educadores, profesionales y técnicos que hacen que algunas cosas valiosas funcionen muy bien. Es tan sencillo y factible como eso. Sursum corda!

Como no es posible que en una democracia razonable haya dos leyes diferentes sobre el mismo asunto -aunque el PSOE y su prensa amiga digan que sí-, ambas iniciativas estaban condenadas a refundirse en una propuesta única, que es lo que aprobamos el martes 2 de abril. Ahora sólo somos una ponencia y toca al ponente, el grupo del PP, presentar la suma de ambos proyectos en un texto único que será debatido, enmendado y votado tanto en su conjunto como enmienda por enmienda. Lo que significa que, dada la mayoría absoluta de que goza el Partido Popular, está en su mano aceptar o rechazar las abundantes enmiendas de todo tipo (muchas son parecidas y pueden refundirse sin dificultad) presentadas por todos los grupos a una o ambas iniciativas.

Si el PP demuestra ahora más inteligencia que la escasa empleada en lo que va de legislatura, y dada la importancia política y la repercusión social de los desahucios hipotecarios, intentará aceptar las enmiendas más razonables, aquellas que se proponen dos metas: resolver el problema de la deuda hipotecaria impagable por causas sobrevenidas, para lo cual la dación en pago es una opción pero no la única y, en segundo lugar, incorporar a la legislación la sentencia del TJUE. Esta, contra lo proclamado por el birrioso periodismo dominante, no dice que el sistema hipotecario sea ilegal, sino que las hipotecas que incluyan cláusulas abusivas que incumplen las leyes europeas de protección del consumidor podrían ser declaradas nulas.

Recapitulemos: el problema de fondo del sistema hipotecario español radica en que si bien ha servido para conceder millones de hipotecas inmobiliarias accesibles, pero de responsabilidad ilimitada -lo cual significa que la deuda es eterna si no se paga-, es durísimo con el deudor que, por lo que sea, no pueda hacer frente al pago de sus cuotas. El acreedor puede iniciar la ejecución del lanzamiento hipotecario con sólo una cuota impagada y con elevadísimos intereses de demora -una penalización usuraria- que afectan a todo el principal de la deuda y no sólo a lo que falta por pagar, por lo que el deudor se queda sin casa y con una deuda enorme que le persigue hasta la tumba. Esto es lo que debe acabarse, porque es un abuso.

Conviene recordar que la dación en pago consiste en que el deudor pueda entregar la casa al banco y liquidar la deuda, pero también se queda en la calle. Es una solución parcial pues no garantiza el derecho a la vivienda si la casa entregada en pago de la deuda es la vivienda habitual (ignoramos cuántos desahucios de este tipo se producen). Por tanto, no es la panacea justiciera que algunos han querido vender a la opinión pública. Es una opción legítima y necesaria… entre otras más.

¿Hay otros modos de resolver el problema conservando la propiedad de la casa? Porque muchas familias preferirían negociar una moratoria del pago, una reducción de la cuota o un acuerdo de anticresis, una especie de alquiler que permite descontar de la deuda lo pagado a título de intereses, conservando la propiedad.

La idea dogmática de que la dación en pago es la única solución al doble problema de la deuda contraída y del derecho a la vivienda, porque la dación en pago mantiene de hecho el uso de la vivienda como “alquiler social” (en realidad, ese alquiler siempre será privado), contradice las reglas del mercado de dinero en el que pedimos créditos o esperamos que no los den. Por supuesto, es legítimo estar en contra del mercado libre y defender un sistema socialista; lo deshonesto es ocultar lo que se pretende, explotando en beneficio de un proyecto político de Estado socialista un drama social.

Si uno desea cargarse el sistema de libre mercado y que nadie preste dinero a nadie para comprar inmuebles, adelante, esa solución, que es inherente a la ILP, es perfecta, pero no para resolver el problema de los desahucios sino para convertirlo en un problema diferente: el cambio de sistema. Considero mucho peor un modelo donde sólo puedan comprar casas los millonarios y los demás dependan de una banca nacionalizada convertida en agencia inmobiliaria dependiente del Estado. Un modelo de tipo cubano, donde la vivienda digna sigue siendo una aspiración para los muchos que no tienen dólares.

Si desechamos la retroactividad universal de la dación en pago, ¿cómo se puede solucionar el problema de los que han visto ejecutada su hipoteca y están en la calle, sin casa y con deuda? Una vía abierta es aplicar la sentencia del TJUE ampliando la legislación que protege al deudor. En nuestro caso, cambiando la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que cualquier persona amenazada de ejecución hipotecaria, o que ya la haya sufrido, pueda presentar una demanda en un juzgado solicitando la paralización o revisión del proceso. Si su hipoteca tenía cláusulas abusivas podría ser anulada y sustituida por un contrato hipotecario diferente impuesto por el tribunal. Y ante un panorama semejante, los bancos estarían mucho más interesados en negociar que en desahuciar.

La otra vía, alternativa y a la vez complementaria, es cambiar la Ley Concursal para que los deudores privados puedan acogerse a un concurso de acreedores semejante al que disfrutan las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, lo que significa que la deuda se liquida con la entrega de los bienes del deudor a los acreedores: es la forma de dación en pago y fresh start que propusimos ya en marzo de 2012, y que por supuesto mantenemos en nuestra enmiendas a la Ley del Gobierno.

Como ven, es un problema complejo pero con soluciones legales no demasiado intrincadas. Lo que impide un arreglo que debería haberse comenzado a resolver hace años -por ejemplo, en el 2008 y de nuevo en 2012, cuando el Congreso aprobó una PNL de UPyD para acabar con los intereses abusivos de demora, sin que ni PSOE antes ni PP ahora hicieran nada-, son dos posturas inmovilistas nefastas.

Por una parte, la del PP que el PSOE compartió sin fisuras todos estos años: considerar que el sistema hipotecario español es perfecto y no necesita de arreglos ni cambios de ningún tipo; antes porque venía muy bien a la burbuja inmobiliaria, y ahora porque la banca y los promotores tienen terror a los cambios.

Por la otra, la recién descubierta con entusiasta oportunismo por el PSOE a la deriva, consistente en ignorar la seguridad jurídica y las reglas del mercado e imponer a la banca (esa encarnación del mal, salvo cuando eran las Cajas de Ahorro que ellos también saquearon) que se quede con cualquier inmueble cuyo propietario no pueda pagar el crédito o le resulte muy gravoso hacerlo, pues al fin y al cabo se le garantiza el disfrute de la casa con un “alquiler social” de cinco años al 30% de sus ingresos. Un trato envidiable para quienes viven de alquiler y pagan mucho más o deben compartir la vivienda ( la ILP tampoco se ocupa de los desahucios por alquiler impagado).

Tenemos pues a la vista una nueva oportunidad para legislar una solución realista y práctica al enorme problema creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Me gustaría mucho equivocarme, pero todo indica que el PP pretenderá salir del apuro con retoques menores -el inútil Código de Buenas Prácticas- referentes al aumento de la tasación del valor de la vivienda, la rebaja de los intereses de demora y mayor control de las subastas y tasaciones, más la inevitable reforma obligada por la sentencia del TJUE. Y también todo indica que PSOE e IU han encontrado en una ILP cuyos obvios defecto jurídicos y consecuencias políticas se niegan a ver -o desean ver en práctica- un confortable búnker donde parapetarse contra las inclemencias de la realidad y contemplar el fascismo de los escraches que encuentran justificados contra sus rivales.

Por nuestra parte, insistiremos en los argumentos ya conocidos y no apoyaremos ninguna ley que no garantice una segunda oportunidad para los deudores hipotecarios insolventes, sea por la vía de la Ley Concursal o por la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por cualquier otra similar -hay más alternativas- que incentive la renegociación de una hipoteca, o la dación en pago, o acogerse a cualquier otra fórmula de fresh start con un resultado semejante: una nueva oportunidad para el deudor de rehacer su vida económica y disfrutar de una vivienda. La incógnita se resolverá pronto.

Para la mayoría de la gente, la democracia es un do ut des. El contrato social democrático consiste en que los ciudadanos pagan sus impuestos, eligen a sus representantes y respetan las leyes (todo ello en grado variable de cumplimiento) a cambio de que el Estado garantice seguridad, prosperidad y tranquilidad. Si estas tres cosas fallan durante mucho tiempo, aparecen mesías más o menos peligrosos que se ofrecen a restaurar esa sagrada trilogía: seguridad, prosperidad y tranquilidad.

Pasó en muchos países europeos entre 1918 y 1945; en ese periodo, en Europa la democracia sólo sobrevivió, con enormes dificultades, en Gran Bretaña, Suecia, Suiza e Irlanda. Conviene recordar que la democracia es muy frágil, y que las crisis económicas y políticas prolongadas le sientan tan mal como bien a sus enemigos, algo que sin ir más lejos ya se ha ido viendo en Grecia e Italia (y en Venezuela).

Debido a su fragilidad, la democracia está condenada a reinventarse sin cesar. Por eso la breve historia de la democracia moderna es una sucesión de cambios incesantes: reformas de la constitución política, ampliación de derechos y creación de otros nuevos, invención de nuevas instituciones. El acceso a la información y la transparencia son de los últimos derechos e instituciones incorporados al elenco. Pero en España todavía no hemos aprobado siquiera una Ley de Transparencia (estamos en las primeras fases de la tramitación), mientras Ruanda estrenaba hace poco una muy avanzada. Y eso explica por otra parte la profunda institucionalización de la corrupción en nuestro sistema político: la transparencia es su antídoto.

El retraso español en política de transparencia, caso único en la Europa democrática, puede explicarse por muchas razones, desde la herencia de pactos de opacidad del régimen de la Transición (la amnesia política tendida sobre la dictadura es decididamente poco transparente) a la debilidad de una sociedad civil poco exigente. Porque la transparencia es básicamente una reclamación cívica surgida en las sociedades democráticas más maduras. Nace del principio de que toda la información que concierne a las personas, en poder de las administraciones del Estado, debe ser de libre acceso, salvo aquella, tasada, que afecte a la seguridad y al derecho a la privacidad. Y ello por dos razones: porque es una información de todos, propiedad de los ciudadanos, que el Estado sólo custodia, y porque cualquiera tiene derecho a saber en qué y cómo se gastan sus impuestos o lo que una administración guarda sobre él y sus bienes.

El concepto ha ido ampliando su radio: del derecho a saber cómo se administran los bienes públicos que salen de nuestro bolsillo, lo que implica conocer cómo se ejecuta un presupuesto, cómo se contraen deudas, cuánto se paga a los representantes públicos, que organismos reciben subvenciones públicas, etcétera, se ha pasado a considerar que el acceso a la información es un derecho básico que debería estar reconocido expresamente en la Constitución (no lo está en la española, por ejemplo), y que la política de transparencia debe ir mucho más lejos que la mera publicación pasiva, parcial y a petición, de datos en poder de la administración.

Ya se debate  si la obligación de transparencia no debe incluir no sólo ya a quienes reciben subvenciones públicas sin excepción (eso ni se discute, como aquí pretenden hacerlo PP, PSOE, CIU o PNV), sino a cualquier organismo o entidad privada cuya influencia (poder) en la economía, la seguridad o la política del país sea tanta que pueda condicionarlas. Eso significaría que también bancos y grandes empresas estratégicas -por ejemplo, las energéticas, grandes corporaciones industriales y grandes grupos de comunicación- estarían obligadas a hacer públicas informaciones que ahora se consideran privadas.

La transparencia está muy vinculada a otra institución poco desarrollada entre nosotros: la dación de cuentas. Es la cara activa de la transparencia y el gran antídoto contra la opacidad: la obligación de los cargos públicos, administraciones e instituciones políticas de dar cuenta pública de sus actos y responder a cualquier cuestión pertinente sobre los mismos.

Veamos ahora en qué modo transparencia y dación de cuentas mejoran la democracia y pueden rescatarla de sus males degenerativos. Pondré dos ejemplos: la ruina de la mayoría de las Cajas de Ahorro españolas, y el rescate de Chipre por la Trokia (UE, BCE y FMI).

La ruina de las Cajas (51% del sector financiero español) fue consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, pero esta burbuja no se infló sola: fue cebada a conciencia por decisiones políticas y también por la credulidad de la gente (favorecida por la poca o nula crítica de la burbuja en los grandes medios de comunicación). De haber habido políticas exigentes de transparencia y dación de cuentas de los responsables de las Cajas, nombrados por partidos políticos, sindicatos y patronales, es obvio que la verdadera situación financiera de las Cajas se habría conocido mucho antes de que fuera irremediable elegir entre rescate del Estado (que ha resultado muy erróneo y dañino para el interés general) o la quiebra ordenada. Pero además se habría sabido a tiempo que los gestores de esas Cajas eran una mezcla de ineptos y saqueadores, y se podría haber desmontado a tiempo esa bomba de relojería financiera que eran esas Cajas al servicio del poder político, sindical y empresarial.

Lo mismo cabe decir del fallido y chapucero rescate de Chipre. La Unión Europea está demostrando un enorme déficit de transparencia y dación de cuentas compatible con altos niveles de exigencia en ambas cosas en algunos de sus Estados miembros. Obviamente, porque la UE no es un Estado aunque se vea obligada a tomar decisiones propias de uno. Pero lo hace con total opacidad y sin responder ante nadie, pues el Parlamento Europeo no tiene la capacidad de obligar a la Comisión a responder de sus insensateces en los rescates, ni al BCE de su política de salvación de la banca y abandono de los Estados. La consecuencia es que nos enteramos de decisiones tan graves como el rescate de Chipre cuando ya están tomadas y no pueden corregirse.

Transparencia y dación de cuentas no son la panacea, que desgraciadamente no existe. Pero sí poderosas instituciones para el desarrollo de la democracia, su mejora y la preservación de su eterno peligro, el secuestro del interés general por el de poderosos grupos de interés particular, sean partidos políticos descarriados o corruptos, o poderes financieros y económicos. Para ser eficaces y no mero papel mojado en el BOE, necesitan actuar en sinérgica combinación con una justicia independiente y con reguladores independientes con capacidad sancionadora. Y por supuesto, con ciudadanos responsables, activos y exigentes. Pero de esto último hablaremos otro día.

La caza de brujas es un fenómeno tan antiguo como la tendencia de la masa social a convertirse en jauría irracional a la caza del chivo expiatorio por motivos inconfesables (les remito al espléndido ensayo “Masa y poder”, de Elías Canetti). Ahora parece revitalizado por corrientes de opinión vinculadas a la izquierda, en este caso con la llamada “ideología de género”, esa visión sexista de la violencia que culpa y condena a los varones de la especie no por sus actos, sino por su propia naturaleza sexual. Desde esa perspectiva, cualquier hombre es sospechoso de ser un agresor por el mero hecho de serlo, y si una mujer le denuncia ni siquiera es necesario demostrar que haya habido agresión para incoar un proceso. La denuncia basta. Es una inversión simétrica de la estúpida, atroz y dañina misoginia tradicionalista que condenaba a todas las mujeres como pecadoras y seductoras de los hombres inocentes.

La caza de brujas, ¿es de derechas o de izquierdas?

Lo siento, tampoco es un fenómeno de derechas o de izquierdas: ha tenido versiones de todos los colores ideológicos. La lanzada en Estados Unidos por el senador republicano McCarthy, un paranoico anticomunista, es un buen ejemplo de caza de brujas derechista. La de Franco contra los masones, otra. O la atroz de la dictadura militar argentina de los Videla y compañía contra la subversión izquierdista, causa de miles de desapariciones.

Para entender mejor de qué va el asunto conviene remontarse a sus orígenes: la histérica campaña masiva de persecución de la brujería lanzada en Europa occidental durante, sobre todo, los siglos XVI y XVII por las distintas iglesias cristianas (por cierto: en esta ocasión la Iglesia católica fue más moderada que sus escisiones protestantes). Se estima que cientos de miles de mujeres y hombres sufrieron procesos y fueron ejecutados por practicar una brujería que sólo existía en la imaginación de sus acusadores.

La visión romántica y new age cree que la brujería pudo existir como supervivencia popular de antiguos cultos paganos y saberes secretos transmitidos por vía matrilineal (de ahí que fueran acusadas muchas más mujeres que hombres), pero lo demostrado es que la brujería fue una invención de jueces y teólogos vertida a tratados como el famoso y siniestro Malleus Maleficarum, obra de dos dominicos (Heinrich Kramer y Jacob Sprenger) publicada en 1486 y rápidamente convertida en best seller inquisitorial.

La caza de brujas estuvo muy ligada a las luchas políticas, como las Guerras de Religión que devastaron Europa en los siglos XVI y XVII, y a la aparición de un Estado moderno monolítico en materia de creencias y jurisdicción, que no toleraba disidencias en su seno. La acusación de brujería era, sobre todo, la de haber apostatado de la fe cristiana, pactado con Satanás y entrado en una secta secreta que conspiraba contra el propio Estado. Las pócimas, aquelarres y encantamientos eran sólo la parte folklórica de la acusación nuclear: haber roto con las creencias de la comunidad y subvertir el poder religioso y secular desde una secta clandestina. Una secta que se imaginaba como una anti-Iglesia, son sus jerarquías satánicas y mandamientos, ritos y misas negras.

Al final, lo que se dirimía en la caza de brujas eran cosas tan vulgares como el odio entre vecinos, típico de las pequeñas comunidades (origen del proceso de brujería más famoso de España, el de la aldea navarra de Zugarramurdi en 1610), o más estratégicas, como la creación de aparatos judiciales de excepción para la represión implacable de toda posible heterodoxia y resistencia clandestina -real o supuesta- al poder central del Estado moderno (como justificaba el brutal juez especializado en la caza de brujas, Pierre de Lancre, que devastó el país vasco-francés en esa misión; he escrito sobre esto aquí).

A diferencia de la herejía ordinaria -como el luteranismo o el calvinismo-, la brujería era un delito imaginario y, por tanto, indemostrable.  La carga de la prueba se trasladaba al acusado: él debía demostrar su inocencia, no sus acusadores, ya que sus artes malignas le permitían parecer inocente sin serlo. Tal imposibilidad conllevaba una condena dictada de antemano y reforzada con el testimonio de niños y otros “inocentes” (siguiendo un patrón que se ha repetido en campañas modernas de persecución del acoso sexual imaginario y otros desvaríos de masas). La única esperanza de salvación del reo, por lo demás insegura y frágil, era confesar el mal causado y, sobre todo, denunciar a sus cómplices. Este perverso mecanismo de acusación, condena previa y delación en cadena convirtió la caza de brujas en un terrorífico fenómeno de masas.

Del odio ideológico a la violencia política

Aunque ya nadie sensato crea en brujerías, la lógica de la caza de brujas ha sobrevivido al motivo original, mutando en otras variedades dirigidas a otros objetivos. Por ejemplo, la persecución y condena de Alfred Dreyfus fue un episodio moderno de caza de brujas antisemita en Francia, que se remonta a los progromos del medievo y tiene su culminación absoluta en la Shoah del nazismo.

El nazismo introdujo otra vuelta de tuerca: naturalizó el delito apartándolo del dominio de la acción y de la conciencia. La víctima de la caza de brujas nazi no era acusada de hacer algo, sino de ser algo: judío, gitano, homosexual o subhumano (untersmench), amplísima categoría aplicable a los minusválidos psíquicos o físicos, y a ciertos pueblos como los eslavos o categorías ideológicas como los comunistas y cualquiera no nazi. Un rasgo particularmente inquietante de la caza de brujas es que no persigue la comisión de un delito, sino la pertenencia a un grupo natural, social o ideológico.

Así, los regímenes totalitarios se han servido de la caza de brujas como un instrumento de dominación absoluta. Stalin, Mao Zedong y los Jemeres Rojos fueron maestros en culpar a millones de personas de delitos imaginarios indemostrables o naturales, como la naturaleza social (kulaks) o cierta mentalidad contrarrevolucionaria innata, perpetrando genocidios sin otro propósito que mantener y reforzar su poder absoluto mediante el régimen de terror impuesto. No se trata de una especialidad de cierta izquierda: el genocidio tutsi de Rwanda en 1994 fue una perversión totalitaria de una ideología, de origen colonial europeo y certificada por la antropología, que inventó a los tutsi como una casta superior a los hutu para dividir y controlar mejor a la sociedad nativa.

Lo que hace tan peligrosa e intolerable la caza de brujas es, precisamente, su propensión sistémica a desatar una violencia contra el otro que puede llegar al genocidio si es dirigida por un poder totalitario. Por eso es un fenómeno que debe atajarse de raíz: su adaptabilidad a cualquier excusa la hace tan peligrosa, en una crisis social y política, como arrojar una cerilla en un pinar mediterráneo agostado por meses de sequía. La caza de brujas vive y se nutre del miedo, la superstición ideológica y el odio al diferente, irreductible o insumiso a las reglas comunitarias. Es sobre todo odio ideológico.

Pues bien, en el reciente linchamiento moral de Toni Cantó -tras haber rectificado y pedido disculpas varias veces por uso inadecuado de datos inexactos o falsos- han participado partidos políticos, prensa concertada y grupos feministas, practicando los principales ingredientes de la caza de brujas: el acusado debía purgar un delito imaginario indemostrable, a saber, su simpatía y complicidad con la denominada “violencia de género”; la acusación afectaba a todo el partido político en el que milita y, posiblemente, a sus votantes. La rectificación no tenían valor alguno porque el error de Cantó no era juzgado como tal, sino como la comisión de un delito de opinión.

Pensar y sostener públicamente que la Ley de Violencia de Género tiene fundamentos ideológicos que la hacen injusta, e inútil para los objetivos que invoca es, para la ideología de género, un delito de opinión a reprobar, no una idea a refutar. La brujería tampoco podía rebatirse porque era una explicación perversa y estrafalaria que unificaba miles de pequeños incidentes inconexos, desde la enemistad entre vecinos a la muerte inesperada del ganado pasando por una tempestad devastadora: no se podía refutar porque sólo existía en las mentes y manuales de los inquisidores y acusadores (¿no nos recuerda nada esto?).

Pero los delitos de opinión no existen en las democracias, sino en los sistemas autoritarios y totalitarios. La puerta que conduce a éstos es, precisamente, aceptar en la práctica que determinadas opiniones sean delitos a castigar, o que pertenecer a determinados grupos también. Si no por vía penal, sí con linchamiento moral y persecución política como la vieja caza de brujas. Es, ni más ni menos, el deplorable espectáculo al que hemos asistido estos días. No permitamos que se repita, contra nadie.

PD: sin habernos puesto de acuerdo, también Rosa Díez ha escrito en su blog un relato documentado -no exhaustivo porque hay documentos que da vergüenza ajena publicar- sobre el acoso a Toni en redes sociales, instituciones y medios. Para los anales de la infamia.

Las dos noticias expresan un fallo grave y generalizado: la carencia de información de calidad sobre el mercado hipotecario e inmobiliario español, que ha sido fundamental en el crecimiento de la burbuja inmobiliaria que tanto ha hecho por nuestra ruina actual. Incluso Mario Draghi aprovechó su berlanguiana visita a Madrid para desmentir que la banca europea esté muy implicada en la burbuja inmobiliaria que ha arruinado a las Cajas españolas, como se insiste en decir con sospechosa asiduidad y pobreza de datos (normalmente para advertir contra cualquier modificación del mercado hipotecario, que espeluzna a la banca ya que con gran diferencia este ha sido su principal negocio).

Verán: ni siquiera disponemos de estadísticas fiables sobre el mercado de la vivienda porque las administraciones públicas se han desentendido de hacerlas pese a contar con los medios para ese trabajo: ¿cuántas viviendas realmente vacías hay?; ¿dónde están y de quién son?; ¿cuántos desahucios de viviendas habituales y de residencias secundarias o locales comerciales se han ejecutado en los últimos años? Respuesta: nadie lo sabe a ciencia cierta. Y eso estimula que el sensacionalismo y la demagogia se alíen con el sentimentalismo y la indignación al abordar el asunto. Los peores asesores posibles para dar una buena solución económica, política y jurídica al problema de los muchos miles de familias sobre las que pende la amenaza de un desahucio de su casa por impago de la hipoteca, o también del alquiler. ¿Cuántas familias son realmente?: tampoco nadie lo sabe a ciencia cierta. El Estado nos vuelve a fallar en lo que es una obligación principal en una democracia avanzada: informar con transparencia, actualidad y calidad de las cosas que realmente nos importan.

Cuando se buscan datos se encuentran sorpresas tan jugosas como las reunidas por Andrés González en este estupendo blog: que sólo el 29’9% de los españoles están hipotecados, que el Estado dejó de recaudar 5.000 millones € al año por desgravaciones para esta minoría, y que los diputados del Congreso están hipotecados muy por encima de la media nacional y además en mucha mayor cuantía, dato que explica a la marxiana manera las resistencias a modificar las reglas de un mercado en el que están tan interesados, una colusión que, a la manera liberal, forma un evidente conflicto de intereses. Abreviando: “los políticos” están mucho más interesados que la mayoría social en mantener las reglas de juego de un mercado en el que muchos de ellos han invertido (y no siempre legalmente) muy por encima de lo normal. Así se entienden de paso otras cosas, como el vacío de tanta declaración de “cambio de modelo productivo” que encubre verdadera adicción al ladrillo y sus posibilidades de hacer dinero fácil.

Esto no significa que nadie se haya preocupado del problema del mercado hipotecario hasta que la profundización de la crisis, y la entrada en acción de plataformas de afectados, sobre todo tras la gran difusión de noticias de suicidios más o menos vinculadas a los desahucios, ha llevado los ahora fatalmente famosos “lanzamientos hipotecarios” a las primeras páginas y prime time de los medios. En absoluto. UPyD, BNG e IU, por lo menos (con apoyo de otros grupos minoritarios), han presentado en la pasada legislatura, y en esta, diversas iniciativas legislativas contra los desahucios abusivos. Si no se ha conseguido es por el absoluto desinterés de los gobiernos de PSOE y PP. Con un matiz: un Gobierno de ZP sí que aumentó el número de juzgados de Madrid para agilizar los desahucios.

Por lo que respecta a UPyD, Rosa Díez ya presentó una iniciativa para acabar con los intereses abusivos de demora en septiembre de 2008, nada menos. Y todos los grupos la votaron pero sin que se convirtiera en nada concreto al desentenderse el Gobierno de su obligación de convertirla en Ley (la absoluta indiferencia con que el Ejecutivo ignora los mandatos del Legislativo es otro defecto bananero de nuestra defectuosa democracia). Por mi parte, presenté todo una Proposición de Ley completa para resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias y la dación en pago en diciembre de 2011. Sólo el PP votó en contra (y los socialistas votaron a favor tras un turno en contra, ellos y sus enredos son así).

Ya ven: nada más falso que la afirmación de que nadie se había ocupado nunca en el Parlamento de los desahucios, y que la prisa actual por buscar una salida, debido a una demora de la que son responsables sobre todo PP y PSOE, sea consecuencia de la manida presión de la calle. Es una falsedad muy reiterada por la mayoría de los medios, e igual de falsa que la manipulación morbosa de los suicidios en España -indispensable este blog: “Los suicidios y el periodismo de click”- para descubrirlos de repente (es uno de los últimos tabúes) como una consecuencia de la crisis, y por supuesto de la criminalidad de la banca, de creer a algunos cazadores de catástrofes que tratan de explotar estas tragedias personales para volverlas contra un sistema democrático en el que obviamente no creen. Golpismo blando, lo han llamado algunos con acierto, como Santiago González en este blog de: “Ada Colau, si us plau”.

En resumidas cuentas, hay al menos tres responsables de que no se haya resuelto a tiempo el problema de los desahucios de vivienda habitual por impago hipotecario: el desinterés absoluto y pasivo del establishment político y financiero; el periodismo de baja calidad adicto al sensacionalismo pero incapaz de explicar el problema con objetividad y profundidad; y finalmente, una legislación que no ataca los problemas de la gente, como el que nos ocupa. Vayamos a lo último.

No soy jurista (ni inmobiliario o banquero), pero la democracia es un sistema donde los representantes políticos no sólo no tenemos por qué ser expertos en un tema, sino que muchas veces es mejor que no lo seamos para abordar los problemas sin prejuicios o ideas preconcebidas. Esto último tiene sus ventajas. Por ejemplo, tener que dedicar mucho tiempo a hablar con afectados, expertos y técnicos para formarse una idea compleja de lo que es un problema complejo. Pero que, sin embargo, tiene una solución legislativa o jurídica relativamente sencilla, como lo demuestra la existencia de un consenso básico sobre lo que se debe y no se debe hacer.

En mi opinión y en la de UPyD, compartida por muchos, el problema a resolver es el siguiente: liquidar legalmente las deudas impagables sobrevenidas como consecuencia de la crisis a deudores que sí podían pagarla cuando tomaron un crédito inmobiliario. Este es el núcleo del problema, y no la maldad del capital, los créditos concedidos irresponsablemente (que deben regularse en otro campo) o los hipotecados especuladores e irresponsables, que los hay.

El problema es el de las personas que pueden perder su vivienda habitual debido a que suscribieron un crédito de responsabilidad ilimitada (como lo son la inmensa mayoría ya que los bancos no ofrecían otros), lo que significa que se quedarán sin su casa pero seguirán con una deuda que no dejará de crecer, por lo que el banco podrá embargar la nómina y cualquier ingreso que tengan hasta que se liquide: es la muerte civil y económica del deudor. Es una diferencia con la situación de una empresa o emprendedor que, en una situación similar de impago, puede acogerse a la Ley Concursal, hacer un Concurso de Acreedores y liquidar su deuda de tal modo que quede a salvo de embargos para comenzar un nuevo negocio o buscar otro trabajo. ¿De qué se trata pues?: de que el deudor hipotecario pueda tener las mismas facilidades que el empresario común y liquidar legalmente su deuda con su vivienda (dación en pago), sin que se le pueda embargar ni perseguir, de tal modo que tenga una segunda oportunidad para rehacer su vida. Es tanto una cuestión de justicia como de interés común, pues ninguna economía puede mejorar con cientos de miles de familias jóvenes dedicadas exclusivamente a pagar como sea una deuda impagable que llega a convertirlos en muertos civiles.

Y esto, liquidar las deudas impagables y dar una segunda oportunidad al deudor hipotecario, puede lograrse de distintas maneras. Conviene subrayar que la dación en pago, convertida por la simplificación del asunto en una panacea justiciera, no es sino un medio para liquidar la deuda. Y esto se puede conseguir por varios medios, probados en distintos países: el conocido como fresh start o segunda oportunidad, en el que un juez o mediador liquida la deuda con la dación en pago de la vivienda al acreedor; una Ley de Superendeudamiento en el que un organismo público liquida las deudas privadas consideradas abusivas o impagables (existente en Francia); o una reforma de la Ley Concursal que amplíe a los particulares el Concurso de Acreedores usado por las empresas y sociedades, etc. Nosotros aceptamos cualquier forma de estas, aunque nos parece que tanto el fresh start como la reforma de la Ley Concursal son las más sencillas y eficaces, porque no hacen falta nuevas leyes e instauran la segunda oportunidad con cambios menores de la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la Tributaria y alguna más (aquí un resumen jurídico del debate, de Ignacio Gomá).

Lamentablemente, todo indica que el debate político se ha envenenado por el deseo de Gobierno, PP y PSOE de camuflarse en el paisaje de la indignación con medidas de emergencia -como el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno y reformado de nuevo tras su escasísima eficacia- en vez de buscar soluciones jurídicas duraderas, eficientes y coherentes. Al reducir el debate a si dación en pago universal y retroactiva sí o no, la famosa Plataforma de Afectados ha conseguido desviar el foco de atención del verdadero problema, que no es el instrumento jurídico que se use, sino garantizar la segunda oportunidad a cualquier deudor sobrevenido que se encuentre atrapado en una deuda que no parará de crecer y le perseguirá hasta la tumba. Una vez más, hay la fundada impresión de que se está perdiendo una oportunidad de oro para dar una solución universal digna, duradera y democrática a un problema no tan complicado. Y a la vez, que se reforzará el descrédito de las instituciones y de la democracia. Y por supuesto, sin haber resuleto realmente nada del fondo de la cuestión tras aprobarse una moratoria de los lanzamientos indispensable, pero que dejaría pendiente la deuda impagable que a muchos les perseguirá hasta la tumba.

Es cierto que Mariano Rajoy podría buscar excusas en la abundancia de malas compañías en su actitud negacionista: todo su partido, y todos los demás partidos viejos, con sindicatos, patronales y mayoría de grupos de comunicación, han tendido a relativizar el problema de la corrupción y la opacidad o a usarlo únicamente como ariete contra sus rivales y algún chivo expiatorio ocasional. Ninguno de los partidos tradicionales se ha librado de protagonizar diversos escándalos, pero sobre todo han sido tolerantes y pasivos con la corrupción, lo que permite hablar con toda propiedad de la corrupción como delito organizado y práctica institucionalizada. Y la consecuencia de esta actitud irresponsable y sospechosa ha sido la destrucción de la confianza.

La democracia se basa en la confianza mucho más que en cualquier otro valor: confianza en que las instituciones harán su trabajo, en que las leyes se cumplirán y en que las reglas no escritas funcionan. Es confianza en que tus derechos, bienes y libertades están a salvo, protegidos por el Estado de derecho y por la igualdad jurídica. Es aquello de Churchill de que democracia es que llamen a tu puerta a las seis de la mañana y sólo sea el lechero, en vez de un agente de la Gestapo o la NKVD.

Tras la destrucción de la confianza, todo aparece envuelto por el halo de la sospecha, sea una sospecha honestamente verosímil o interesadamente maligna; la segunda puede muy pronto desbancar por completo a la primera, como pasó en los años veinte y treinta del siglo XX en muchos países, cuando se renunció a mejorar o implantar la democracia en beneficio de la tiranía de líderes o partidos visionarios: por eso la destrucción de la confianza en las instituciones es una crisis de la democracia. Y eso es, ni más ni menos, lo que nos está pasando en España.

Como no podía ser de otra manera, para utilizar una frase suya, esta crisis ha acabado encarnada en la persona física e institucional de Mariano Rajoy. Y no tanto por sus presuntos manejos turbios, que si no han sido suyos sin duda ha tolerado o alentado en su entorno -como a esos ex altos cargos enriquecidos ilegalmente, como el propio Bárcenas, delincuente probado aunque algunos delitos que podían imputársele hayan prescrito-, como por su negativa terca, imprudente e irresponsable a luchar contra la corrupción de las tres únicas maneras en que es posible en una democracia, a saber:

a)      Aprobando leyes eficaces de prevención, sanción y persecución de la corrupción individual y organizada.

b)      Adoptando la transparencia activa obligatoria para todas las administraciones e instituciones políticas, desde el Gobierno del Estado hasta partidos y sindicatos.

c)      Impulsando la independencia y eficiencia de la administración de justicia, renunciando a cualquier manipulación del poder judicial y dotándola de medios materiales y humanos suficientes para hacer bien su labor.

No hace falta mucho esfuerzo para demostrar que se ha hecho exactamente lo contrario: negar la corrupción como problema político para rechazar propuestas de leyes anticorrupción específicas, o aprobar medidas tímidas e incluso, aprobándolas (como la responsabilidad penal de partidos y sindicatos vigente desde enero), preferir taparlas para que no se hable de la corrupción que combaten. La Ley de Transparencia presentada al Congreso es tardía y tímida: pretende incluir el silencio administrativo, exigir la justificación de la solicitud de información, y excluir a la Casa Real (gravemente involucrada en el caso Noos) y a los partidos políticos (sin comentarios) de la exigencia activa de transparencia. Finalmente, la urgente necesidad de una justicia independiente, eficaz y creíble ha sido respondida con la demencial reforma Gallardón: Ley de Tasas, nuevo reparto del CGPJ entre PP y PSOE, restricción de la acusación particular y disminución del número de jueces. Una calamidad tras otra.

Y así hemos llegado a ese punto en que ya nadie puede creer, ni aunque lo desee, las explicaciones y negaciones del Presidente del Gobierno porque son tardías, incompletas y unilaterales, y vienen precedidas de demasiadas mentiras y engaños, tanto sobre la crisis como sobre el programa de gobierno propuesto (y votado) para atajarla. Se le pide ya que demuestre su inocencia y la de su partido; incluso analistas amigos, como José Antonio Zarzalejos, le exigen que en su caso se invierta la carga de la prueba. Expresivo indicador de crisis de la democracia, porque una de las reglas sagradas de ésta es que sea el acusador, y no el acusado, quien aporte las pruebas de la culpa. Pero por lo demás, Rajoy tampoco puede ser imputado en un juicio por corrupción con lo que se ha publicado (hasta ahora): unas anotaciones inculpadoras del principal beneficiario, el extesorero Bárcenas, relativas a actuaciones fiscales ilegales que ya han prescrito. Y perversamente mezcladas con otras totalmente inocuas, como préstamos a miembros del partido, o ayudas a concejales perseguidos por ETA para blindar los cristales de su casa. Para más confusión, Bárcenas niega ahora que sean sus anotaciones genuinas, y se insinúa incluso que podría haberlas fabricado ex profeso para chantajear a su partido e impedir una querella contra él. Es la estrategia del ventilador y del caos en su apogeo.

Por tanto, no será la justicia la que nos saque de ésta. Volvamos la vista hacia las posibilidades de la política y la ética pública.

A este respecto, ¿estará la salida de la crisis en la dimisión de Rajoy y o en un adelanto de las elecciones? Si no hubiera una crisis general de la confianza en el sistema democrático sería una salida legal, aunque de dudosa viabilidad porque el PP tiene mayoría absoluta y puede resistir hasta 2015 mientras no se escinda (y no va a escindirse con encuestas tan calamitosas de intención de voto). La salida de Rajoy no solucionará nada si no conlleva un programa de regeneración que incluya una reforma constitucional y una reforma de la Ley Electoral. No creo que una eventual mayoría de socialistas, más IU y nacionalistas, igual de responsable que el PP del actual deterioro, regenere nada de los que ellos mismos han creado: este bipartidismo degenerado. Al contrario, una mayoría parlamentaria semejante aumentaría la crisis porque ya sabemos que los socialistas rechazan todas las reformas indispensables, que IU busca un modelo político diferente -sin UE y con economía nacionalizada-, y que los nacionalistas aprovecharían para acelerar la secesión de sus territorios con consecuencias imprevisibles. No necesitamos otra alternancia bipartidista, sino renovar las instituciones para depurar la corrupción, hacer justicia y establecer la transparencia de la vida política y económica. Y eso no va a hacerse mediante una campaña electoral.

Debemos restaurar la confianza democrática mediante una regeneración urgente de las instituciones. Es imprescindible aprobar cuanto antes, por vía de urgencia, leyes anticorrupción y de transparencia efectivas, conseguir una justicia independiente para restablecer la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes sin excepciones, y acometer políticas de igualdad de oportunidades y reparto equitativo de los costes de la crisis; esto supone derogar retroactivamente la amnistía fiscal, perseguir el fraude, iniciar la reforma laboral, dedicar los recursos públicos al empleo, la creación de empresas y la educación e investigación. Nada distinto de lo que llevamos cinco años pidiendo, pero ahora es más urgente y claro que nunca.

Por tanto, el PP y PSOE, como partidos más votados y más responsables del deterioro actual, deberían comprometerse pública y solemnemente a impulsar y culminar este mismo año el programa básico de reformas democráticas, que debe incluir una Ley Electoral más justa y proporcional, y tras esto convocar elecciones generales con el fin de elegir un nuevo Parlamento que reforme la Constitución de acuerdo con las aspiraciones ciudadanas y las exigencias de una democracia del siglo XXI. Esto, de hacerse, sí sería el paso a un nuevo tiempo político a partir del propio sistema.

Sin embargo, no hay nada que ocultar al respecto. Es posible que Luis Bárcenas ingresara, efectivamente, esos 3000 euros en la cuenta corriente que Basta Ya tenía abierta en un banco español (y cuyos movimientos, por supuesto, puede reclamar cualquier juzgado si lo considera necesario). Sólo sería otro entre miles de donantes anónimos o con nombre, el suyo o ficticio, que quisieron echar una mano a Basta Ya. Además de esas aportaciones vía donativo por cuenta corriente, muchas personas preferían dar veinte euros, pongamos por caso, en el propio acto de nuestro colectivo cívico al que asistían. Porque alquilar una sala de hotel o un polideportivo para celebrar un acto público, o hacer un anuncio de prensa convocando una manifestación, o editar un informe, son cosas que cuestan dinero (mucho más de 3000 euros casi siempre, por cierto) y de alguna parte debía salir. Y salió de los bolsillos de los miembros de Basta Ya y del de miles de personas.

Alguno podría reprocharnos que no utilizáramos medios discretos de financiación que con el tiempo han dejado menor huella, como la extorsión sistemática practicada por ETA y su entorno, pero resulta que Basta Ya nació, precisamente, para oponerse a cualquier forma de chantaje y violencia política. Por eso estábamos obligados a pasar la boina a la ciudadanía, que supo responder a la petición. Naturalmente, a cambio de discreción por nuestra parte. No se trataba de facilitar las cosas a ETA y sus tentáculos de la kale borroka, haciendo públicos los nombres de quienes aportaban su óbolo para que pudieran más fácilmente amenazarles, atacar sus bienes o a ellos mismos y sus familias. Quizás alguien lo encuentre poco transparente, pero los movimientos de resistencia, y el nuestro lo fue, están obligados a cierta discreción sobre sus apoyos.

Eso también los hace menos eficaces: ETA y sus sicarios manejaron y manejan muchísimo más dinero, no de “cajas B” sino de la extorsión y prevaricación, y lo usaban para chantajear, perseguir, atentar y matar a sus enemigos políticos y a quien se pusiera por delante, pese a lo cual hoy se nos pretende convencer de que sus herederos de Amaiur, Bildu y demás patulea son gente honorable y honrada, a la vez que se trata de enfangar a sus víctimas como beneficiarios de la corrupción (naturalmente, esto lo hacen sujetos y entidades que sí encubrieron o se beneficiaron de la corrupción realmente existente).

Todas esas ayudas, anónimas en su mayoría, eran finalmente reunidas por los miembros de Basta Ya y empleadas en nuestras actividades ordinarias: manifestaciones, actos públicos, publicación de informes y de una pequeña revista, y viajes para explicar la situación creada por el terrorismo en el País Vasco en organismos internacionales de Derechos Humanos (por los que enviados de ETA se paseaban hasta entonces como Pedro por su casa, justificando que se les obligara a asesinar a personas al ver rechazadas sus modestas peticiones). Por lo demás, mantuvimos varios años una pequeña oficina abierta en San Sebastián (creo que entre 2002 y 2005), con un responsable para atenderla y organizar toda nuestra abundante actividad. En definitiva, nuestros gastos fijos consistían en el pago del alquiler de la oficina, la remuneración de la persona que la atendía, nuestra muy activa página web y un boletín mensual llamado “Hasta Aquí”. Todo lo demás que se reunía iba dedicado a actividades de diverso tipo con un único objetivo: luchar contra ETA y la persecución política. Por eso muchos fuimos amenazados y perseguidos, otros sufrieron atentados y algunos perdieron la vida.

La mayor donación que recibimos nunca fueron los 50.000 euros (ayer puse 8.000 euros por error) del Premio Shajarov del Parlamento Europeo, que ganamos en 2001, y del que vivimos más de un año. Si alguien está interesado en conocer más a fondo cómo y por qué nacimos, lo explico en Movimientos Cívicos, de la calle al Parlamento.

Por tanto, es perfectamente posible que Luis Bárcenas hiciera ese ingreso, a su nombre o bajo otro o anónimamente, como hicieron miles de ciudadanos a los que sigo profundamente agradecido por compartir con nosotros aquello años durísimos, ayudar con lo que podían y compartir en parte los riesgos, aunque fuera moralmente.

Aprovecho la ocasión para reiterar mi agradecimiento a todos ellos, rememorar aquellos años inolvidables en los que con su ayuda conseguimos llenar las calles o recintos de manifestaciones nunca vistas contra ETA, tanto por su magnitud como por la claridad del mensaje, y por supuesto a los que se dejaron literalmente la vida en aquel compromiso ético y político, como los concejales socialistas y populares asesinados entonces por ETA que también eran miembros activos de Basta Ya, nuestro amigo José Luis López de Lacalle y uno de nuestros activistas fundamentales e inolvidables, Joseba Pagazaurtundua. Gracias a todos ellos ahora discutimos cómo acabar definitivamente con ETA. El heroísmo ya no es necesario porque ellos sí lo tuvieron.

P.D.: dicho todo esto, es lamentable volver a constatar que el diario El País, y otros medios desde la extrema derecha a la extrema izquierda, vuelven a mentir al titular que yo he “reconocido” haber recibido dinero de Bárcenas, cosa que como explico es sencillamente imposible de saber y, en cualquier caso, no hubiera sido sino otro donativo entre miles, todos no sólo legales sino ética y políticamente dignos de aplauso. Que quienes han amparado, justificado y usado la corrupción para sus propios fines vengan ahora poniendo contra nosotros el ventilador de su propia basura acumulada es un hecho que señala otro fenómeno digno de reflexión: la corrupción mediática, protegida legalmente por una práctica judicial particularmente benevolente con los delitos contra el honor de las personas (salvo si son jueces).