1 – Todas las ideas son respetables y todas se pueden defender en democracia sin violencia. No es cierto: hay muchas ideas que no son respetables y algunas llegan a ser genocidas. Las tonterías, las supersticiones y las falacias más usuales no tienen nada de respetables. Ni el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la homofobia o las muchas variedades del totalitarismo y fundamentalismo son defendibles en democracia como lo son las demás ideas políticas. Otra cosa es que la democracia permita la libre expresión, difusión y discusión de ideas antidemocráticas, pero eso no las hace respetables en absoluto. Ni menos peligrosas, porque para abrirse paso muchas de estas ideas necesitan recurrir a formas de violencia y coerción incompatibles con los Derechos Humanos o los fundamentos de la democracia: la igualdad jurídica y la libertad personal. Por eso algunas democracias han declarado ilegales “ideas” como el negacionismo de algunos genocidios, o partidos políticos y asociaciones entre cuyos fines está, implícito o explícito, la destrucción de la democracia. Sin duda el debate de dónde están los límites entre libertad de expresión y defensa de valores públicos y derechos humanos es un debate inacabable, pero en cambio es evidente, para cualquiera que piense por sí mismo, que no todas las ideas son respetables ni es aceptable su defensa. Quienes sí son siempre respetables son las personas cuando piensan, pero no sus ideas ni opiniones como tales.

2 – No hay que hablar de la corrupción porque es excepcional y hacerlo desprestigia a todas las instituciones. En 2010, sólo la Policía Nacional investigó más de 750 casos de corrupción que implicaban a miles de personas, la mayoría de ellos cargos públicos. Obcecarse, como hizo Rajoy en el debate de su investidura, en que se trata de un fenómeno aislado y excepcional -y por tanto incomprensible- es el verdadero motivo de que las instituciones más importantes pierdan su prestigio y cada vez más gente las vea como un remedo de la Cueva de Alí Babá. Empeñarse en que lo cívico y democrático es un “prietas las filas” de la clase política es todavía una equivocación mayor. Más en una crisis tan grave como la actual, donde millones de personas consideran, con razón, que el sistema político les ha fallado en lo más básico, su derecho a desarrollar una vida autónoma digna de tal nombre. O sea, cosas como trabajar, formar una familia, arraigar –o no- en un lugar, no depender de terceros para solventar sus necesidades y aspiraciones legítimas, y buscar la felicidad. El enroque en que aquí no pasa nada, y si pasa aferrémonos a la presunción de inocencia y a los formalismos procedimentales –salvo si el sospechoso es un rival-, es un juego peligrosísimo para la democracia. Combinado con la crisis económica y política puede cebar la mecha de una bomba social que salte todo por los aires.

3 – El bipartidismo existe porque la gente quiere: es lo que vota. No me extiendo mucho: siguiendo esa lógica hay cinco millones de parados porque la gente elige no trabajar. De hecho, muchos fariseos lo piensan, pero la prudencia más elemental les aconseja guardarse esa opinión…

4 – Los partidos políticos no son realmente necesarios, los movimientos sociales son mucho más representativos. Los partidos políticos son imprescindibles en una sociedad tan compleja como la actual, con creencias e intereses muy diferentes, y en una cultura donde la gente tiene la afortunada costumbre de cambiar de opinión y de voto político en función de su evolución personal o del cambio de las circunstancias. Los movimientos sociales están muy bien: son una saludable expresión de vitalidad de la sociedad civil y un contrapeso a la amenaza de la partitocracia. Pero no cuando aspiran a sustituir a los partidos que expresan el pluralismo ideológico de la sociedad y, por tanto, a suprimir ese pluralismo cuando no la propia sociedad, con lo que devienen en el Movimiento Unánime al estilo de los ya padecidos infaustos Movimientos Nacionales de Franco o ETA.

5 – La descentralización acerca el poder al ciudadano y por eso siempre es mucho más democrática que la centralización. Este es un tópico de los relativos: según para qué. El problema es que en España se ha convertido en eje inamovible del discurso político. Está muy bien que el ayuntamiento se ocupe de asuntos mejor resueltos sobre el terreno y con conocimiento del detalle, como las políticas de asistencia social o vivienda, pero cuando se convierte en gestor de otros intereses esa “proximidad” puede dar lugar a atropellos y delitos como el urbanismo salvaje de muchos lugares y su corrupción asociada. Tampoco es mejor que el juez que vea tu caso sea ese vecino con el que te llevas fatal: un poco de distancia y neutralidad es entonces mucho más aconsejable. Y están las economías de escala: las competencias deben ser descentralizadas o centralizadas con criterios de eficacia. La centralización de la OTAN o la UE es mucho más eficaz en defensa o mercado que los viejos ejércitos nacionales o el nacionalismo económico, pero la centralización abusiva tiene también sus costos, sobre todo en forma de burocratismo excesivo y lejanía miope de las cosas.

6 – Lo que importa es la economía, la política vendrá luego. ¡Esto lo vamos a oír a diario! Tampoco hace falta extenderse mucho: la crisis económica tiene causas políticas porque el fracaso en la supervisión de las entidades financieras que iniciaron la crisis –se trate de Lehman Brothers en USA o de las Cajas en España-, tuvo causas políticas: irresponsabilidad y mal gobierno con fracaso de controles, falta de transparencia y estímulo de conductas especulativas que rozaron o sobrepasaron lo delictivo. Invirtiendo la famosa frase de la campaña de Clinton, “¡es la política, idiotas!”. Cualquier intento de orillar las reformas políticas en pos de soluciones puramente económicas retardará la salida de la crisis y sin duda la hará más injusta y peligrosa para ese delicado bien público que se llama “cohesión social”. No se pueden pedir sacrificios a los ya sacrificados y, además, pagarles con recortes de derechos políticos y con un sistema público en manos de una nueva oligarquía.

7 – Los banqueros y expertos en finanzas son los que mejor saben qué hacer contra la crisis. Extensión de lo anterior y sin duda otro tópico triunfante, viendo cómo ha quedado el área económica del Gobierno de Rajoy (a quien deseamos toda la suerte y acierto del mundo, obviamente). ¿Son los gestores más adecuados los mismos que negaban la burbuja inmobiliaria y animaban a invertir en vivienda, o juzgaron como genialidades financieras las subprimes y demás instrumentos bancarios de destrucción masiva de la economía productiva? En fin, lo dudo, qué quieren que les diga.

8 – La precariedad laboral es el precio necesario del empleo para todos. Lo cierto es que la dualidad del mercado de trabajo español, con el protegido indefinido y el precario mal pagado, defendido a capa y espada por sus beneficiarios –sindicatos y patronales-, ha sido un factor de agravamiento de la crisis al mantener un modelo económico basado en bajos sueldos y producción de productos baratos, baja competitividad e innovación, destrucción masiva de empleo como procedimiento de ajuste en cuanto asoman las vacas flacas, y consiguiente bajada drástica del consumo con los demás efectos encadenados. La defensa de la precariedad laboral en la que parecen embarcados los “agentes sociales” y los partidos mayoritarios no anuncia nada bueno: es reafirmarse en la continuación de un modelo económico-laboral fracasado, con su viejo círculo vicioso. Esperemos que recapaciten. Para esto, nada como repetirles que se equivocan.

9 – La República es por definición mucho más democrática que cualquier Monarquía. Es una idea que mezcla la protesta legítima contra la crisis política actual y la nostalgia irracional de los malos tiempos de la II República, canonizada por una paleoizquierda que prefiere ignorar la historia y cultivar los cuentos. No comparto la idea de que las Jefaturas de Estado hereditarias (monarquía) sean la panacea y gocen de no sé qué autoridad carismática, pero tampoco la contraria de que una República sea porque sí más benéfica, justa y libre que cualquier monarquía. Comparemos las monarquías sueca, británica u holandesa con las repúblicas cubana, china o iraní. Como todo en la democracia, depende del funcionamiento de las instituciones, de la calidad de las leyes y –no es lo menos importante- del compromiso ciudadano con la mejora permanente del sistema. Una mezcla de pragmatismo con exigencia de los principios. Lo demás, pensamiento mágico.

10 – El laicismo consiste en reducir la libertad religiosa de la gente. Curiosamente, es un tópico que comparten tanto los comecuras que agredían a los participantes en la visita papal del 2011 –y se llamaban falazmente laicos- como los meapilas que consideraban los sermones papales más importantes que la Constitución. El laicismo, en cambio, es neutralidad de los poderes públicos respecto a la creencia privada. Esta última es digna no sólo de respeto sino de protección cuando es compatible con la democracia (véase tópico uno), a condición de que no pretenda imponerse como esqueleto del sistema legal del Estado democrático, que por definición debería ser laico, y mucho menos vivir de la sopa boba de ese mismo Estado democrático. Lo de la “aconfesionalidad” es otro arreglo provisional de la Transición que debería resolverse, como tantos otros pendientes. Entre tanto, importa pensar en qué es laicismo y qué no.

11 – No se puede cambiar la estructura del Estado porque los nacionalistas se rebelarían. Hay que admitir el éxito nacionalista en la interiorización generalizada de su chantaje permanente como un hecho fatídico de la naturaleza. Se puede proponer el despido libre, el copago sanitario, la congelación del funcionariado y la paralización de la inversión pública, pero no, al parecer, privar a los nacionalistas –y sus émulos vergonzantes que dicen no serlo: catalanistas, vasquistas, andalucistas etc.- de una sola prerrogativa o privilegio de los arrancados al Estado común, cuando no –casi siempre- al sentido común. Ni caso. Recordemos a los agoreros que vaticinaron la guerra civil en el País Vasco si se ilegalizaba a Batasuna. No pasó nada, al contrario, todo comenzó a ir mejor (y hubiera acabado estupendamente de no mediar la traición de la negociación, pero ese es otro tema).

12 – España debe aceptar lo que digan Alemania y Francia para que nos admitan en su exclusivo Club Nueva Europa. El problema del papel de España en la Unión Europea es que sencillamente no existe. ¿Cuándo dejó de existir? Seguramente cuando toda la política doméstica se volcó en el modo dominante de “hacer política”, a saber, el modelo nacionalista de mercadeo que ha ido desmontando el Estado en beneficio de taifas inviables. Un país así no podía sino dejar de pintar nada en un proceso, el europeo, que va en sentido contrario: ceder soberanía de los Estados para construir un ente político común. Proceso que atraviesa una crisis histórica a la que sin duda ha contribuido España con un paletismo político cuya más vívida expresión fue, quizás, el empeño de Zapatero para que catalán, gallego y euskera fueran lenguas oficiales de la UE, en vez de avanzar en la integración política. Algo a contrapelo de un proceso histórico muy delicado y de sentido radicalmente distinto: aparcar los particularismos nacionales en beneficio de algo común por inventar, la ciudadanía europea. Así acabó esa historia: en la nada o la irrisión. Lo malo es que no veo a Rajoy en una posición muy diferente. Ya anunció que la misión del renacido Ministerio de Agricultura será promover en Europa un nacionalismo agrario a la francesa.

Me parece que somos el único partido que propugna el fin del caduco sistema político de la Transición y regenerar la democracia española. Me explico: a los nacionalistas les gustaría finiquitarlo, pero para fundar en sus actuales taifas Estados soberanos (en la medida de lo posible). Izquierda Unida querría instaurar una República intervencionista, pero no quiere tocar el sistema de pactos con el nacionalismo y sus recetas económicas no pueden tomarse en serio. Y PP y PSOE, como escenificaron Rubalcaba y Rajoy en un debate que parecía más un revival del seudodebate en TV de la campaña electoral, ni se les pasa por la cabeza que haya algo razonable y necesario más allá de un sistema político cortado a su medida.

La destemplada, prepotente y agresiva réplica de Mariano Rajoy al discurso de Rosa Díez dejó las cosas claras: precisamente por exponer sin reservas la importancia de avanzar hacia una democracia del siglo XXI,  UPyD se ha convertido en un partido extraordinariamente molesto. Y por eso Rajoy atacó con su artillería pesada sobre un triple eje: a) los supuestos “parecidos” entre PP y UPyD; b) la denuncia de la corrupción política y la propuesta de reformar la ley electoral; y c) un misterioso “lo  que le importa a la gente”. El relato resultante es simplón y por eso mismo regocijará a simplones y sectarios: todo lo interesante de UPyD ya lo propone el PP; denunciar la corrupción política es un ataque a una clase política inocente y a una democracia virginal, mientras que la reforma de la Ley Electoral no persigue otra cosa que aumentar los escaños de UPyD; finalmente, estas no son las cosas que importan a la gente, interesada únicamente en aquello que Rajoy dice ser “sensato, razonable, lógico y de sentido común”, es decir, sus recetas anticrisis.

Como el interés principal de Rajoy es salir de la crisis sin que ésta ponga en solfa el sistema político vigente, es normal que haya sido UPyD, en la persona de Rosa Díez, el objeto del ataque más furibundo y desproporcionado a una minoría en un debate que, en ese momento, se convirtió en más de embestidura que de investidura. Ese interés por no cambiar nada de lo que afecte al modo de obtener poder político y de administrarlo explica aparentes anomalías del debate cuidadosamente barridas bajo la alfombra por los palmeros mediáticos del nuevo líder. Como su tácita aceptación de la petición del PNV de continuar el proceso con ETA con toda discreción.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka –muchísimo mejor tratado por Rajoy que Rosa Díez pese a representar al mismo número de diputados, cinco, y estar supuestamente muy lejos del PP en asuntos esenciales-, dijo en su intervención algo notable: que es recomendable no confundir el humo con el asado (préstamo de Josep Pla). Mientras se permite entretenerse con el humo a los amantes de la política espectáculo, los políticos discretos se dedican al asado (y a zampárselo, claro). Traducido a la negociación con ETA, la cosa estaba clara: dejad a Eguiguren con su libro y su declaración diaria, y sigamos nosotros el proceso con la menor publicidad posible. Rajoy alabó la vieja concepción nacionalista de la normalización política y recogió el guante con la salvaguarda retórica de que todo lo que haga con ETA –como le repitió más tarde a Amaiur- será dentro de la ley… ¡como si un Presidente de Gobierno pudiera comprometerse a otra cosa! Y como si la Ley de Partidos, para hablar de una que ha sido extraordinariamente útil, no fuera papel mojado tras la legalización de Bildu por el TC y la aceptación de Amaiur como un partido casi normal. Pronto lo veremos.

Pero, ¿por qué acepta Rajoy esa invitación? Sin duda, no porque desee favorecer de ningún modo a los herederos de los terroristas –aunque esa será la consecuencia-, sino porque hacerlo es otro precio –con el AVE y la intocabilidad del Concierto y del sistema foral, todos concedidos- que el PNV pone para apoyar discretamente la salida de la crisis planteada por Rajoy y porque, al fin y al cabo, es un proceso que ya está en marcha y despejará de alguna manera -o de la contraria, para decirlo al modo del nuevo Presidente- un fastidioso problema que conviene sacar de la mesa con el menor ruido posible (ya lo han apuntado dirigentes del PP vasco que desaconsejan aplicar a Amaiur la Ley de Partidos, como Javier Maroto, alcalde de Vitoria).

Podríamos seguir con otros ejemplos de esta política de apaciguamiento del nacionalismo y aceptación de la agenda política heredada de Zapatero, pero tiempo habrá de ir examinando su desarrollo. De momento, lo que está fuera de toda duda es que no se quiere tocar nada del sistema político español por razonables que sean los argumentos, aportados incluso por el Consejo de Estado. Se puede alegar en contra de este argumento que la lucha por la igualdad ante la ley y por la memoria, justicia y dignidad que piden las víctimas es un asunto menor en comparación con la lucha contra el paro, pero ese alegato ignoraría que el fracaso en ambos campos tiene las mismas raíces políticas: instituciones que no funcionan porque el bipartidismo las ha puesto a su servicio, y no al de la sociedad.

Pero esta estrategia a lo don Tancredo desconoce que a los ciudadanos se les pueden pedir e imponer renunciar y sacrificios fiscales, laborales y sociales, pero a cambio de vivir en un sistema político saneado, transparente, equitativo, participativo y abierto que, a su vez, garantice razonablemente un futuro mejor en todos los ámbitos. Y lo que se pretende es hacer todo lo contrario: sacrificar el debate político a la emergencia económica, aplicar recetas anticrisis de caballo no exentas de contradicciones elementales -¿cómo instaurar un tercer año de bachillerato reduciendo el presupuesto de educación?- y, entre tanto, achicar la democracia rehusando siquiera debatir reformas tan elementales como la de una Ley Electoral que restaure la igualdad del voto y de oportunidades de acción política. Es decir, más obligaciones y menos derechos, más obediencia impuesta y menos ciudadanía responsable, más partitocracia y menos democracia.

Queda por ver si las recetas fiscales y económicas de origen alemán sirven para remontar la crisis. Hay muchos que lo niegan, porque una crisis de deuda no puede solucionarse forzando una recesión económica que empeora el déficit fiscal. Lo que sí es seguro es que el intento de Rajoy de negarse a ninguna reforma política de envergadura mientras blinda el inmovilismo pactando con los nacionalistas, desprecia la igualdad del voto, convierte la corrupción en un tabú inabordable y pretende que una ley, por ser democrática, sea de hecho intocable, no tiene el menor futuro. Agravará la crisis política mientras se agrava la crisis económica. Vaya, Rajoy ya sufría el síndrome de la Moncloa antes de ser elegido el nuevo inquilino.

Los que se han molestado en informarse ya saben que unos pocos audaces fundamos Unión Progreso y Democracia en el verano de 2007. Surgió de una plataforma digital llamada Plataforma Pro nacida, a su vez, de un grupo de activista de Iniciativa Ciudadana Basta Ya, un potente y reconocido movimiento social vasco contra ETA (recibimos el 2001 el Premio Shajarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo). Los aproximadamente 50 que decidimos probar si se daban las condiciones para fundar un partido alternativo a los envejecidos y decepcionantes PSOE y PP teníamos en común la convicción de que poco podía esperarse de esos partidos viejos en materia de lo que considerábamos más urgente: una democracia de calidad que funcionara, se tratara de acabar con ETA o de acrecentar la libertad personal y la igualdad ante la ley  (lo expliqué en este libro: Movimientos Cívicos, de la calle al parlamento).

Tras una gira con Juan Luis Fabo por lo ancho y largo de España, celebrando numerosas reuniones en hoteles de todo el país con centenares de miembros y simpatizantes de Plataforma Pro (que llegó a tener unos 3000 asociados, cuyas cuotas pagaron en parte la expedición), llegamos a la conclusión de que había agua en la piscina para fundar un partido enteramente nuevo de carácter inequívocamente nacional y no sólo vasco, madrileño, catalán o andaluz, como otros experimentos parecidos. Decidimos registrar el partido bautizado con el nombre de Unión Progreso y Democracia (no había muchas combinaciones disponibles, debido a una absurda disposición de la Ley de Partidos que permite registrar partidos sin actividad para impedir que otros nuevos empleen sus siglas). El partido se definió como transversal –es decir, con gente de diferentes ideas en cosas importantes (como monárquicos y republicanos, católicos y laicistas, liberales y socialdemócratas) pero con un proyecto político compartido-, laico y progresista. Algo que a día de hoy sigue desconcertando a las mentes ancladas en el concepto de ideología instrumenta de Gramsci, y en el rancio modelo bipartidista que se remonta a la alternancia Cánovas-Sagasta. Pero no podíamos hacer un partido simplón sólo para satisfacer a los partidarios de las simplezas, así que preferimos desafiar la previsible –y de inmediato comprobada- pereza intelectual de tantos “expertos” en política que profetizaron nuestro ineludible fracaso.

Una gran proporción de los promotores de UPyD no tenían ninguna experiencia política en partidos, y muchos sólo alguna de tipo asociativo o sindical. Probablemente esta bisoñez ayudó mucho a embarcarnos en semejante empresa. El viejo dicho de Chesterton, “la aventura puede ser loca pero el aventurero debe ser cuerdo”, se iba a poner a prueba de manera inmediata. Y sin duda UPyD superó la prueba de la cordura en las elecciones de 2008, a pesar de los esfuerzos de bastantes en sentido contrario. No conseguimos ni un euro de crédito  bancario, pero reunimos más de 300.000 de préstamos y donativos personales. Tampoco nos dio cobertura digna de mención ningún periódico, radio o tele importante, pero la popularidad previa de Rosa Díez –nuestro principal e impagable activo político y popular-, más el esfuerzo titánico de los aproximadamente 4000 afiliados que había entonces, consiguió salvar barreras que parecían insalvables y que Rosa entrara en el Congreso de los Diputados en marzo de 2008. Muchos expertos volvieron a considerarlo un hecho fortuito sin continuidad, pero volvieron a equivocarse en las elecciones europeas y vascas de 2009, y en las recientes autonómicas y municipales. Ahora pronostican que no obtendremos Grupo Parlamentario, y anuncio que volverán a equivocarse. El esfuerzo de miles de afiliados y simpatizantes volverá a superar las barreras de la Ley Electoral, como el perverso 5% (declarado ilegal en Alemania por su Tribunal Constitucional porque priva de representación parlamentaria europea a ese 5%). Por si fuera poco, esta vez tenemos 1.535.000 euros de préstamos bancarios a pesar de la crisis, un buen barómetro del cambio de perspectivas para nuestro pequeño gran partido, lo que nos permite hacer una campaña mucho más ambiciosa que la de 2008 en un país mucho más harto del bipartidismo asfixiante.

Por mi parte, mi experiencia política procedía de unas cuentas fuentes disímiles: en primer lugar de Basta Ya, de la que fui uno de sus portavoces habituales desde 1999, lo que me obligó a llevar escolta policial diaria entre 2001 y 2004 –la dejé voluntariamente ese año-, además de a que la UPV-EHU suspendiera mis clases normales por temor a un atentado en la facultad, aunque seguí de director del departamento. Precisamente esa dirección de mi Departamento universitario (Filosofía de los Valores y Antropología) fue una escuela interesante de micropolítica gris, pero lo más interesante para mí es la veloz y emocionante militancia juvenil (1976-1978) en IT, un grupo de jóvenes vinculado a LCR-ETAVI, uno de los muchos partidos de extrema izquierda –trotskista en este caso- surgido en parte de las sucesivas escisiones de la primera ETA a causa, precisamente, de la posición contraria al terrorismo de algunos militantes. Los de ETA VI, como antes los de ETA IV asamblea (que fueron núcleo del MCE) y ETA Berri (importante para CCOO), dejaron la banda porque rechazaban el terrorismo pese a postular un modelo revolucionario anticapitalista. Cosa que aclaro para ilustración de las almas bellas o cínicas que, al estilo de las lapidadoras de la Vida de Brian, esperan, pedrusco en mano, para lapidarnos por exetarras arrepentidos a quienes formamos parte del abigarrado y en el fondo tan esforzado como ingenuo archipiélago de partidos de la izquierda radical de los setenta, más animados por el antifranquismo exasperado que por otra cosa.

Aparte de pintadas y de organizar algún piquete, me parece que lo más peligroso que hacíamos en IT era apoyar huelgas generales que dejaban algún o varios muertos (como la de Vitoria de 1976), y escapar de las temidas redadas policiales al mejor estilo de la dictadura, con aparatoso registro domiciliario incluido y sin habeas corpus alguno en que refugiarse, seguido de detención arbitraria con malos tratos garantizados. Aquellos partidos ideológicamente alucinados eran, con el PCE, prácticamente el único antifranquismo activo de verdad –pues no incluyo en este grupo a los conspiradores de salón: liberales académicos, monárquicos, democratacristianos y similares- en la fase terminal de aquella horrorosa dictadura. Y puedo decirlo: estoy muy satisfecho de haber participado, por lo menos al final y aún adolescente, en la lucha contra Franco que tanto ignoran quienes ahora quieren explicárnosla e incluso dictar una versión oficial de lo que fue como “memoria histórica”. No me parece casual, sino lógico, que muchos de esos memorialistas de agravios, en muchos casos imaginarios o ajenos, sean también ahora feroces detractores de UPyD y, por supuesto, de mí como uno de sus cofundadores.

Del mismo modo en que en los estertores del franquismo era posible comprometerse en algo más que en conversaciones indignadas de café o escuchas discretas de Radio París o la Pirenaica, y como mucho antes contra la nueva dictadura sangrienta de ETA en el País Vasco, también en 2007 era posible comprometerse en la regeneración democrática de un sistema que daba alarmantes signos de esclerosis, especialmente desde la reacción del último gobierno de Aznar a los atentados del 11M (sin olvidarnos de algunas desafortunadas ínfulas imperiales previas), y sobre todo con el ascenso a la Moncloa de José Luís Rodríguez Zapatero, sin duda el gobernante más inepto desde 1977. Por ejemplo, era posible fundar un partido diferente para probar a hacer algo efectivo en las instituciones, que es donde, en las democracias, se toman las decisiones que importan. Asambleas de las que votan si hay que votar y acaban obteniendo la unanimidad por el método de agotar a los disidentes ya tuvimos suficientes en la universidad de los setenta. No, el terreno elegido por UPyD desde el principio para la acción política fue el de las instituciones democráticas. Como el Congreso de los Diputados.

Participar en la fundación de UPyD y comprometerme en su trabajo diario era una decisión que no podía terminar en el trabajo interno de partido, ni en mi caso ni en el de muchos otros. Poner un partido en marcha y desentenderse de su evolución es para mí absurdo. Como pretender influir en su actividad desde fuera. Una vez embarcados en esta travesía, sólo hay dos cosas que pueden apartarte de un modo éticamente aceptable la decisión de llegar hasta el final, tal como yo entiendo el fundamento ético del compromiso político. Una es el fracaso del proyecto, pero UPyD no ha fracasado, sino todo lo contrario. Otra es algún cambio drástico en la vida personal que en mi caso tampoco se ha dado. Por consiguiente, no queda otra que seguir en el camino emprendido en 2007 aceptando representar a UPyD en la campaña electoral y, si los ciudadanos nos dan su confianza, también en las instituciones.

Hay algo más. Comprometerse en la acción política una parte de tu vida –pues en mi caso estuve bastante apartado de todo esto entre 1980 y 1995; volví por ETA y contra ella- es también algo que debemos a quienes se dejaron la vida para que todos tuviéramos libertad de acción y de conciencia.

Esta mañana, lunes 14 de noviembre, estaré en la Audiencia Nacional asistiendo al juicio contra el presunto asesino de Joseba Pagazaurtundua, asesinado el 8 de febrero de 2003. Estaré apoyando a la familia: a mis amigas su hermana Maite y viuda Estíbaliz, a la madre de Joseba, Pilar Ruiz, a su hermano Iñaki y a sus dos hijos adolescentes. Sobre todo estaré renovando la memoria de Joseba, un amigo y asiduo compañero de Basta Ya que, probablemente, se habría incorporado a UPyD de no haber acabado un asesino con su vida aquel sábado invernal por la mañana. Esa es la opinión de Estíbaliz y de Pilar, ambas afiliadas a UPyD y habituales en nuestras listas electorales en el País Vasco. Muchas veces le han preguntado a Pilar Ruiz por su afiliación a UPyD siendo, como es, de familia socialista y republicana, y siempre responde lo mismo esta mujer admirable: “soy de UPyD por Joseba, sé que el habría querido estar y yo estoy aquí en su lugar porque a él no le dejaron”.

Para mí, como para muchos de los que empezamos en Basta Ya y hemos terminado en una candidatura de UPyD en estas elecciones generales, esto no es literatura necrológica sino parte de nuestras vidas. Quiero estar en el Congreso de los Diputados para poder llevar allí la voz y las ideas de los que, como Joseba, no podrán nunca estar porque han sido asesinados en el camino hasta llegar aquí, y también de los millones que viven con la creciente preocupación de asistir al hundimiento de su país y de un futuro que hace sólo cuatro años se presentaba de engañoso color de rosa. Quizás la marea magenta pueda impulsar un cambio de dirección a una política extraviada en los objetivos y enredada en el mero interés de supervivencia de los partidos viejos que viven a sus expensas. El magenta, guste o no, es uno de los tres colores básicos necesarios para producir y combinar los demás colores de una sociedad polícroma propia del siglo XXI. Eso es lo que me gustaría hacer en el Congreso de los Diputados en la legislatura que elegimos el 20N, creo que debo hacerlo y por eso soy candidato.

Agradecimientos: a Rosa, Juan Luis, Arantza, Fernando S. y Fernando C., con los que me metí en este lío llamado UPyD. A Paco, Elvira, Ramón, Beatriz, Antonio S., Antonio B., Nacho, Gorka, Fran, Alvaro, Sinforoso y muchos más, sin los cuales no habría sido posible seguir con este mismo lío.

Hoy muchos se preguntan qué fronteras debería tener el demos. Los xenófobos y nacionalistas porque temen ir demasiado lejos, y así protestan contra el todavía pacato reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes, o se niegan a acatar acuerdos internacionales en nombre de la soberanía nacional; y los cosmopolitas y asamblearios porque consideran que no debería haber apenas requisitos para integrarse en el demos de cualquier país, los primeros, y los segundos porque piensan que el demos es puramente teórico ya que la democracia está secuestrada de hecho por una minoría profesional (partitocracia).

Sobrepuesto a este debate e incrementando su complejidad está el fenómeno de la globalización a la luz de la crisis económica que azota Occidente, con el hecho incontrovertible de que los viejos Estados nacionales, incluso tan poderosos como Estados Unidos, se ven impotentes ante procesos económicos, informativos y financieros que escapan a su regulación. En esta situación, la vieja invocación a la soberanía nacional o del pueblo ha quedado profundamente devaluada: ¿qué soberanía popular funciona contra tormentas financieras como las actuales? Y sin embargo, la gestión democrática de la crisis exige un control ciudadano de las decisiones políticas para atajarla. Por eso la Unión Europea se enfrenta hoy a una pregunta insidiosa y temida: cuál es el demos soberano que debería decidir sobre las medidas económicas que comprometen el Estado de bienestar, la soberanía de los Estados y el futuro del euro y la Unión. Nunca antes había emergido tan obscenamente el problema pendiente de la pobre articulación democrática de la UE.

Los problemas complicados suelen suscitar respuestas más bien simplonas que pueden ser las más populares. Por ejemplo, que lo que importa es la soberanía del pueblo y su integridad (o identidad), y no la democracia porque este sistema sería incapaz de defender al uno y a la otra. Fue la respuesta antidemocrática que sacudió Europa en el primer tercio del siglo XX y condujo a revoluciones y dos guerras mundiales consecutivas. La crítica exacerbada a la democracia conduce fácilmente a la contraposición negativa entre sistema democrático y derechos del pueblo, entre la nula moralidad de los políticos y la elevada de la asamblea popular. Una dialéctica negativa que compartían las modalidades del fascismo y del marxismo revolucionario, y que ahora renace en movimientos antisistema alentados por la doble crisis, política y económica, en la que estamos inmersos.

La idea, en cuya pavorosa simplicidad radica su seducción, es que bastaría dejar decidir al Pueblo para resolver de golpe la crisis creada por los Mercados con la complicidad de los Políticos. Disueltas en el Pueblo, las personas individuales no tienen por qué hacerse responsables de sus propias decisiones especulativas. Sin duda hay gravísimas responsabilidades políticas y económicas en la crisis, pero también algunas populares (para usar ese léxico), porque muchos de los indignados ahora son los mismos que pedían créditos disparatados y votaban a políticos populistas que les alentaban a endeudarse sin límite. Impopular pero verdadero.

Lamentablemente, esta forma de pensamiento mágico no va a resolver nada. Se ha podido ver de nuevo en las reacciones suscitadas por la maniobra de Papandreu para salvar su Gobierno de las adversas consecuencias políticas que provocaría la aplicación del plan de Merkel y Sarkozy para el segundo rescate financiero de Grecia. Muchas muestras de apoyo y admiración por la triquiñuela del tramposo mandatario heleno –que ocultó a sus socios europeos sus intenciones mientras imploraba su ayuda- han abundado en esa vieja y peligrosa idea de que si la democracia no funciona, es decir, las instituciones como parlamento, gobierno y justicia, entonces hay que dar la palabra al Pueblo. Al viejo demos. El problema, sin embargo, sigue siendo el mismo y duplicado: quién es el demos supuestamente soberano, y por qué confiar en que su decisión suplirá con eficacia el fracaso de las instituciones.

Vayamos al problema del demos y el euro: el referéndum de Papandreu no trataba de un asunto puramente doméstico griego porque afectaba directamente al futuro del euro, moneda común de 21 Estados de la UE (por mucho que se pretenda relativizar ese hecho con la preponderancia, y a veces prepotencia, alemana). Dicho de otro modo, Papandreu pretendía llamar a los griegos a decidir unilateralmente sobre un asunto que afectaba a centenares de millones de europeos convertidos en paganos y convidados de piedra. Un abuso político se mire por donde se mire, similar al típico plebiscito nacionalista que pretende que una parte (por ejemplo, Cataluña) decida unilateralmente sobre el futuro del todo (pongamos que España). Tan insostenible que Papandreu no tuvo más remedio que retroceder ante el inevitable ultimátum del resto de socios del euro, que le invitaron a decidir en referéndum sobre la solución de los problemas financieros griegos… pero fuera del euro, con gran disgusto de los creyentes en el mito de la soberanía popular como valor supremo contrapuesto a la democracia de las instituciones. Quizás porque del mismo modo en que no se puede pertenecer a una sociedad si se pretende decidir unilateralmente en asuntos de todos los socios (te acaban echando), tampoco es posible que funcione una democracia que puede suspenderse a conveniencia del demagógico “poder popular”. Y por eso Papandreu no ha tenido más remedio que renunciar al referéndum y buscar otra triquiñuela alternativa (al menos mientras escribo esto).

Es evidente que el único demos que debería decidir sobre todo lo relacionado con el futuro del euro es uno que todavía no existe: el fundamentado en una verdadera ciudadanía europea. Y para que nazca y crezca esa ciudadanía, que significaría igualdad de derechos y obligaciones e instituciones políticas y económicas comunes, habrá que ir a la Constitución de una Europa federal de ciudadanos, no de Pueblos enfrentados. La crisis de euro deja esto cada vez más claro. Hay que agradecer a Papandreu haberlo aclarado aun más.

Acabamos de ver otro ejemplo –el enésimo- de la delicuescencia de la igualdad jurídica cuando los encargados de garantizarla son, precisamente, los primeros que la traicionan: la Conferencia por la Paz del 17 de octubre en San Sebastián. Un paripé cuyo objetivo no era otro que lograr el enésimo trazado de una “pista de aterrizaje” para ETA, o lo que es lo mismo, dar a la banda terrorista la posibilidad de hacerse honorable sin disolverse, renunciar a sus fines ni arrepentirse de su historia criminal. Propósito con un precio evidente: un grave destrozo de principios como la igualdad jurídica. Porque si a los terroristas no se les exige renunciar a serlo de facto y de intención para volver a la comunidad politica, salta por los aires la legalidad que prohíbe el terrorismo y protege a sus víctimas potenciales y reales. La violencia privada se impone al derecho y al monopolio estatal de la violencia legítima. O sea, ETA gana y la democracia pierde. Eso es lo que ha ocurrido en la sedicente “Conferencia de Paz”, firma de una paz que sigue a una guerra que nunca existió (salvo, quizás, el episodio terrorista del GAL organizado por un Gobierno de uno de los partidos anfitriones del escarnio, el PSOE).

La Conferencia de Paz ni siquiera tiene el beneficio de la novedad. Siempre ha estado en el imaginario y el proyecto político de ETA, porque materializaba su delirante imagen de una guerra de ETA-Euskalherria con España-Francia. La novedad ha sido otra: que ETA sí estaba policial y judicialmente derrotada. Desde hace unos años sus comandos no podían moverse –ni por tanto atentar- sin ser detenidos más pronto que tarde. Sus almacenes, pisos francos y aparato logísticos eran desmantelados con una periodicidad casi aburrida. Su desprestigio social subía como la espuma. Sus partidos políticos, ilegalizados uno tras otro con el beneplácito de la Justicia Europea. Y la responsabilidad de estos éxitos correspondía a las Fuerzas de Seguridad del Estado (con la colaboración francesa), a las movilizaciones sociales masivas contra ETA organizadas por colectivos como Basta Ya (ahora denostados u olvidados), y al trabajo jurídico del Parlamento que dio como resultado el efímero Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, y la ahora congelada (por el politizado Tribunal Constitucional) Ley de Partidos.

Hace pocos años todo permitía prever que el fin de ETA se conseguiría no por alambicadas o brutales concesiones imposibles, sino por esa derrota policial y política que los partidarios irredentos del “diálogo” y la “negociación” llevaban lustros profetizando imposible. Los propios etarras habían interiorizado el desastre: veteranos dirigentes encarcelados llamaban a dejar las armas e intentar negociar la reinserción a cambio de una declaración de abandono, incluso pidiendo perdón a las víctimas. ¿Qué ha sucedido para que esa derrota policial y política se haya transformado en victoria política de los derrotados y en escarnio, como “enemigos de la paz”, de los que rechazamos el disparate?

Podríamos adentrarnos en un largo análisis del favorable cambio de expectativas, en lo referido a ETA y el nacionalismo, que supuso la irrupción en el Gobierno del inaudito Rodríguez Zapatero y su corte de los milagros políticos (PSOE, IU y nacionalistas, y el nutrido séquito de socios empresariales y palmeros mediáticos). Pero no es el momento: yendo un poco más al fondo de la cuestión, el problema era y es la pobre calidad de la democracia española.

Tenemos una democracia que se ha demostrado incapaz de resolver los retos más acuciantes y, a la vez, simples de afrontar en su momento de tener las convicciones e ideas necesarias. Entre estos se pueden enumerar la consecución de una justicia independiente, de una estructura estable y sostenible del Estado, de un tejido administrativo racional y eficiente, de un sistema financiero sano, de unas instituciones solventes. Hace dos o tres años también aparecía, casi residual y casi al final de la lista, el reto de acabar democráticamente con una ETA en sus peores horas. Parecía tan sencillo e inminente que la gente normal dejó de preocuparse.

Repasemos ahora la situación y el encaje del salto mortal perpetrado con ETA en este proceso degenerativo: en vez de justicia independiente, tenemos una administración ineficaz e intervenida por los partidos políticos, hasta el grado máximo en el Tribunal Constitucional (pieza maestra del proceso tras legalizar a Bildu invadiendo competencias del Supremo); en lugar de un Estado sostenible, el de las Autonomías es un frankenstein aturdido que ha dado bandazos y palos de ciego en la peor crisis político-financiera de la época, en buena parte consecuencia de su ineficacia; no hay un sector financiero saneado, sino un conjunto de Cajas de Ahorros al borde de la quiebra, saqueadas por la mala gestión y apresuradamente privatizadas sin control ni explicaciones aceptables. Y así todo lo demás. Y bien, al final de esta cadena de irresponsabilidad y mal gobierno aparece, como no podía ser de otra manera, esta guinda: la conversión de la derrota policial de ETA en una victoria política. Sólo obedece a los intereses partidistas de un PSOE en caída libre que trata de seducir esgrimiendo el conejo de la Paz, y a la de un nacionalismo alarmado, que se sabía arrastrado a la deslegitimación general si ETA caía por la acción del Estado del derecho: es decir, de la democracia.

Que una serie de figurones internacionales, mediadores profesionales y fundaciones pacifistas extraviadas se presten a representar el papel de mamporreros de un trato con una ETA en tiempo de descuento, y que tal aberración se produzca entre un coro mediático y social de cánticos a la paz y siembra de pétalos amnésicos de adormidera, sólo puede comprenderse en una democracia perdida e impotente, que lo mismo es incapaz de impedir que unos cajistas sin escrúpulos arramplen con millones de euros de Cajas que han hundido, que de impedir en cambio que el proceso de fin del terrorismo nacionalista sin concesiones acabara su recorrido. No, ni una cosa ni otra. Tanto la ruina económica como la ético-política representada en la Conferencia de Capitulación con ETA tienen el mismo origen: una democracia que ha renunciado a resolver por sí misma sus problemas con sus instrumentos e instituciones.

Es la consecuencia del bipartidismo que reserva todo su ingenio para recortar el pluralismo político, ocultar sus maquinaciones en las instituciones y maquillas su pésima política con las más elevadas etiquetas. Como esa de traernos la Paz a nuestro pesar y con el agradecimiento (temporal y reversible) de nuestros verdugos. Pero que no se confíen: ha sido un episodio más de una historia que está lejos de terminar. Y seguramente de un modo peor que si se hubiera permitido al Estado de derecho actuar como estaba actuando. Es decir, dejando a la democracia que actúe de acuerdo con su naturaleza y finalidad: la igualdad jurídica y la libertad personal.

Aquí supimos ayer, en cambio, de la concesión a Joseba Sarrionaindia del Premio Euskadi de las Letras. Sarrionandia es un terrorista de ETA fugado tras una fuga novelesca de la cárcel de Martutene, paradójicamente en un bafle del grupo musical de Imanol Larzabal, un músico vasco que se prestó a colaborar aunque luego fuera él mismo otra víctima de ETA cuando rompió públicamente con la banda tras el asesinato de Yoyes y condenar el terrorismo; se volvió, a su vez, el objeto de un campaña de feroz boicot y persecución que le llevó a morir triste y prematuramente lejos de su casa. No creo que Sarrionandia escribiera ni un mal verso por la muerte en el exilio interior de su equivocado benefactor, pero es lo que tienen los terroristas: deben hacerse temer negando radicalmente la criminalidad de sus crímenes y amenazando o matando al que se los reproche. Exigiendo en cambio premios que, como en este caso, obtienen.

Sarriondia también es, dicen, un escritor competente. No lo sé y me da igual. Sí, en cambio, que es un terrorista competente y comprometido con la causa del exterminio de los críticos de su causa criminal. Pero como escribe versos ha sido siempre presentado como un ejemplo de que no todos los etarras son tan malos; más aún, de que en ellos late una pulsión poética redentora que alimenta un alma bella y elevada. Una banda de “rock radical” llamada Kortatu popularizó al infame con una canción pegadiza y verbenera, “Sarri-sarri”, que celebraba su fuga en voces de adolescentes borrachos y, de antemano, los nuevos asesinatos y violencias a la que ésta pudiera auxiliar. En esta variedad cobarde y cretina del dualismo alma-cuerpo, convertida en tienen buena intención-son un poco brutos, todos los etarras que llegan a la lágrima viendo ondear la ikurriña y repicar la chalaparta están de antemano absueltos y elevados al Olimpo de los poetas. Allí se encontrarán con otros poetas de la cobardía moral y de la masacre política, quizás no tan malos como ellos.

Con todos estos méritos no es de extrañar que Sarrionandia se haya convertido en héroe admirable tanto de la gentuza proetarra como de los partidarios de una Paz, a la neofranquista, “sin vencedores ni vencidos”. Uno de ellos, el actual lehendakari socialista Patxi López, incluyó una cita en euskera de Sarrionandia en su discurso de toma de posesión. Salvando las distancias es como si Mitterrand se hubiera esponjado de gálica emoción citando a Céline como una de las glorias de Francia en su ingreso al Elíseo. Por la razón contraria a la de los socialistas franceses para evitar cuidadosamente la mancha del antisemitismo y el nazismo vergonzosamente vinculados para siempre al autor de Voyage au bout de la nuit, los socialistas vascos y españoles, y sus socios bienpensantes del mester de progresía y el nacionalismo, buscan en cambio la complicidad y el contacto con los “célines” euskaros. Porque se trata de ser aceptados en la Casa del Padre, y eso conlleva un peaje: admitir su dominio exclusivo de la finca.

Premiar a un etarra fugitivo porque escribe cosas, y eso es lo que ha ocurrido, forma parte de la estrategia de reescritura del “conflicto vasco”: los etarras tenían razones que la razón no comprende porque eran de la víscera. Los cagatintas patrióticos están emocionados con su nuevo papel tutelar de la razón de fondo de la sinrazón totalitaria, certificada ayer con un premio público. No un gran premio literario aunque bien dotado, ciertamente (el Jurado suele valorar la “facilidad para la lectura” de las obras premiadas): el año pasado se lo dieron, también en Ensayo (¡el género de la argumentación pública de las buenas razones!), a un dietario que tenía tanto de ensayo como un paraguas de paracaídas, pero claro, también era obra de un letraferit navarro y pronacionalista, que es lo que se debe ser en Euskadi y colonias anexas si se espera algo más que agresiones o ninguneo. Bueno, qué quieren que les diga: a mí el premiado y los premiadores me parecen chusma. Pueden, como la mayoría de los vascos y las vascas, seguir ciegos en su empeño por cerrar en fals, suturada con mentiras poéticas, la herida patriótica del terrorismo que ellos consintieron y otros padecimos. Será su pútrido cuerpo político, no el nuestro, el que reventará gangrenado.

Y les digo algo más: yo puedo defenderme escribiendo y con la famosa catarsis que produce (a veces) pero, ¿nos imaginamos cómo deben sentirse las víctimas a las que se pide generosidad, amnesia e invisibilidad mientras sus verdugos, como Sarrionandia, reciben homenajes y premios mientras siguen fugados y predicando la bondad del asesinato político?

En fin: lo que no han conseguido los análisis más sensatos ni las propuestas políticas más oportunas e imaginativas lo han hecho posible el Banco Central Europeo y las exigencias francoalemanas. El BCE es el más que probable autor de una carta al presidente Rodríguez Zapatero con el siguiente mensaje: o España modifica su Constitución para prohibir el endeudamiento excesivo de las administraciones públicas, o el BCE deja de comprar deuda pública española con el riesgo real de quiebra que esto comporta, más la consiguiente salida de España del euro. Pero ni España puede permitirse ese horizonte –tener que volver a la vieja peseta sería todo un fracaso simbólico de la modernización del país, además de un desastre económico-, ni al núcleo de Europa liderado por Alemania le interesa arriesgar la desaparición de una moneda de la que depende en alto grado su competitividad económica.

En el dilema entre reconocer el fracaso del euro por la falta de unidad fiscal y de un gobierno económico genuino, y el de dar pasos en esta dirección, parece que se abre paso la segunda opción, y sencillamente porque es la más realista. Puede chocar que la reforma constitucional española sea un paso en este sentido, pero tiene una lógica mayor de la que parece. En la exigencia del BCE hay sin duda un interés político muy primario: se trata de que Merkel pueda tranquilizar a su partido y al electorado alemán con la idea de que la Constitución española obligará al Estado a dejar de gastar más de lo que ingresa, de modo que podrá pagar la deuda pública en manos alemanas y del BCE. Ahora bien, esa condición, de dudosa o nula eficacia económica –el Tratado que abrió paso al euro ya prohibía déficits fiscales anuales de más del 3% del PIB, incumplido por casi todos los Estados de la zona euro en algún momento-, es lo que en lenguaje político tradicional se llamaría un recorte de soberanía por otros países. Porque España es, de hecho, un país intervenido como ya lo ha sido Italia y antes, en condiciones más duras, Irlanda, Portugal y Grecia. Por supuesto, España podría rechazar la condición exigida por el BCE, pero eso casi equivaldría a renunciar a formar parte de la UE, siquiera como socio menor e intervenido (otro de los grandes logros de la política de Zapatero). Y en España, salvo una minoría, nadie quiere jugar esa insensata carta nacionalista. Como además se trata de una reforma constitucional de efectos más simbólicos que otra cosa –una muestra de sumisión a las exigencias de nuestros tutores financieros-, al PP y al PSOE no les ha costado nada ponerse de acuerdo en aceptar esa auténtica humillación política.

Pero, a diferencia de otros pactos PP-PSOE anteriores, debido a su naturaleza éste no puede ser inmovilista aunque se pretenda. Sea cual sea la intención del BCE o las condiciones políticas de Merkel y Sarkozy, la exigencia de limitar constitucionalmente el déficit público –cuyos detalles seguimos desconociendo- muerde de modo irreversible e irrevocable en el fruto prohibido: la reforma de la Constitución de 1978. Porque una vez aprobada esa mini-reforma sobre el déficit público mediante procedimiento de urgencia –injustificable: un fraude sobre otro fraude-, ¿qué impide debatir reformas mucho más importantes y trascendentales, como la del régimen electoral, la estructura territorial del Estado, su laicidad, la independencia de la Justicia y la separación efectiva de poderes, la supresión de los falaces “derechos históricos” y otros defectos de la actual Constitución? Nada, salvo la cerrazón de los partidos viejos, su inmovilismo  y la profunda incapacidad que han demostrado al gestionar una crisis anunciada, de tal forma que su incapacidad para la reforma política ha obligado a intervenir a Estados socios de la UE en nuestros asuntos domésticos.

Naturalmente, la reacción nacionalista de rechazar toda “intervención extranjera” sería una estupidez gravísima. Ni los europeos son ya para nosotros “el extranjero”, sino socios y conciudadanos en muchos aspectos, ni se puede salir de nuestra crisis doble, política y económica, con recetas aislacionistas y del pasado. La salida es obvia y puede resumirse de nuevo en términos hegelianos: frente a la tesis de una Constitución desfasada y la antítesis de la exigencia del BCE para reformarla en un punto económico, la síntesis de una reforma de verdad de la Constitución que no venga impuesta por agentes económicos externos, sino por la libre voluntad de la ciudadanía española. Esta es la oportunidad: aprovechemos la exigencia europea de reforma constitucional para imponer a PP y PSOE y sus socios menores un debate de reforma constitucional a fondo, sin reservas y con amplitud de miras. Con toda la calma que se quiera, pero con un objetivo firme y claro: adecuar la Constitución a las necesidades políticas del siglo XXI. UPyD ya tiene un programa de reforma constitucional que, por descontado, no se trata de imponer a nadie, sino que se ofrece como una propuesta para un debate que no debe ser partidista ni, sobre todo, partitocrático.

Si se abre paso esta idea, el Parlamento surgido de la convocatoria electoral del 20N se convertiría, como debe ser de acuerdo con las reglas básicas de la democracia, en un Parlamento constituyente que debata y apruebe, y someta a referéndum, la Constitución española para el siglo XXI. Hay un modo de hacerlo muy fácil y barato: que el 20 N haya una tercera urna para que podamos votar la mini-reforma constitucional pactada por PSOE y PP a finales de agosto, iniciando así un procedimiento general de reforma debatida a fondo.