Hay dos formas exageradas de considerar los vínculos entre ética y política: decir que ambas son la misma cosa y sostener que no tienen nada que ver. Ni tanto ni tan calvo: entre ética y política hay zonas de superposición y continuidad, pero porque son sistemas distintos. Simplificando, la ética trata del gobierno personal de la vida de cada uno (en contra de la extendida opinión de que sobre todo sirve para juzgar la conducta de los demás), y la política del gobierno de las cosas públicas que importan a todos (incluyendo a los que dicen que no les importan nada). Pero hay un tema particular donde ética y política establecen un vínculo de retroalimentación donde cada una de ellas ilumina a la otra: la obligación de decir la verdad o no mentir, que es tanto ética como política. Es cierto que decir la verdad y no mentir no son exactamente lo mismo, pero creo que la equivalencia sirve para el caso que nos ocupa: la acción política.

Una peculiaridad de la acción política es que consiste, en la mayoría de los casos, en una acción indisolublemente ligada al uso de la palabra: hacer política es decir ciertas cosas, adquirir ciertos compromisos, elegir las palabras y expresiones que van en las leyes, normas y decretos de gobierno. Abreviando, diríamos que hacer política es lo mismo que dar la palabra o comprometerse con la palabra dada. O debería serlo. Y cuidado, no sólo por el imperativo ético de que debemos evitar el engaño y rehuir la mentira, sino por pura eficacia: cuando no se mantiene la palabra dada la política deja de ser eficiente porque nadie puede creer en ella. Faltar a la palabra dada, engañar y mentir, es la vía más rápida para que crezca el escepticismo e incluso la hostilidad a la política. Todos sabemos que en los ataques a los “políticos” (y entrecomillo esta palabra porque en democracia todos somos políticos, como tantas veces ha explicado Savater) está siempre presente la acusación de que éstos son mentirosos, hipócritas o inmorales porque engañan a la gente. Aunque se debe añadir que si bien la primera vez que nos engañan la culpa es del mentiroso, la segunda vez ya es nuestra, por dejarle. Cierto es que la tolerancia o intolerancia del engaño no es la misma en todas las democracias: las anglosajonas y nórdicas son esto mucho más estrictas que las latinas o mediterráneas, como bien sabemos. En España no sólo es inimaginable un impeachment como el que sufrió Clinton por el caso Levinsky, sino que ni siquiera existe ese procedimiento para destituir a la máxima magistratura si se le descubre en flagrante engaño. Aquí somos más cínicos, o eso parece.

Todos los seres humanos sabemos lo que es mentir o engañar y lo hacemos a menudo, empezando por engañarnos a nosotros mismos. Esperar otra cosa de los semejantes metidos en la acción política –o en la empresa, que en esto se parecen mucho- sería demasiado ingenuo. Pero si la democracia funciona con instituciones, leyes y valores políticos es precisamente porque es necesario poner cortafuegos y sanciones a nuestras humanas debilidades. De manera que en una democracia es muy probable que los “políticos” mientan o engañen, pero la democracia tiene recursos para hacer pagar caro el abuso de esos vicios (el primero, no volver a votar a mentirosos ni corruptos, pero en eso la ciudadanía también falla a menudo repitiendo el mal conocido).

Así pues, el problema no es si la política es más o menos mentirosa que otras instituciones humanas como el periodismo, la economía o las bellas artes, sino en qué pasa cuando la democracia acaba siendo corroída por la mentira y el engaño, bien por la degeneración de las prácticas políticas, bien por la tolerancia de los ciudadanos o, como es lo habitual, por la confluencia de ambas.

Pues bien, se puede sostener sin género de dudas que cuando un sistema político ha perdido su credibilidad minado por la institucionalización del hábito de mentir, y además eso sucede en una crisis económica sistémica, está al borde del colapso. Es, ni más ni menos, lo que nos está pasando en la democracia española. La regeneración democrática comenzará por desterrar esos hábitos perniciosos, o sencillamente no se producirá. Todos los días tenemos pruebas y demostraciones elocuentes de que el Gobierno de Rajoy no es más sincero ni veraz que los de Zapatero, y que la ocultación de la verdad y el engaño son instrumentos habituales de gestión –desastrosa- de lo público, así se trate del fin de ETA o del saneamiento del sistema financiero. Los prestamistas internacionales, los famosos mercados, hace tiempo que se dieron cuenta de esto gracias a estar libres de la servidumbres consecuencia de la fidelidad partidista. Por eso, contra sus promesas, Rajoy no ha sido capaz de restaurar la invocada confianza en España, que en realidad es confianza en sus instituciones públicas y privadas; al contrario, esa confianza baja de día en día, como mide implacablemente la Prima de Riesgo. Es imposible obtener confianza y tener credibilidad cuando los mismos errores, omisiones, ocultaciones y mentiras se repiten rutinariamente, como ha vuelto a poner de relieve lo sucedido con Bankia. Porque no se trata sólo de cambiar de políticos, sino sobre todo de políticas. Para empezar, necesitamos con urgencia restablecer la veracidad en la acción política: entonces, la confianza y la credibilidad vendrán ellas solas.

El proceso que lleva a formar una nación es cualquier cosa salvo sencillo y lineal. Pueden pasar muchos siglos, y no digamos sobresaltos y cambios, hasta que una comunidad política prenacional se convierta en nación en el sentido ilustrado y democrático del término, que es el que aquí adopto. Sólo por razones de comodidad, y a causa de la humana inclinación por los mitos fundacionales, ponemos a las naciones una fecha de nacimiento. Así, la nación de los Estados Unidos habría nacido en el bostoniano motín del te que condujo a su revolución anticolonial, y la francesa en el vibrante asalto a la infame prisión de la Bastilla. En el caso de la nación española, la fecha equivalente es el 2 de mayo de 1808. Ya saben, la famosa rebelión armada del pueblo de Madrid contra la ocupación napoleónica y todo eso.

¿Así que sostiene usted –se preguntarán algunos- que antes del 2 de mayo no cabe hablar con propiedad de nación española? Pues más o menos (y tampoco es una idea original mía), y me explico.

Como en Francia, o con más claridad en las actuales Alemania e Italia, lo que había en España era un conjunto de reinos y señoríos con poca más unidad que formar parte del patrimonio personal del Rey y de su dinastía. Esa agregación de Estados estaba separada por fronteras interiores y leyes e instituciones diferentes, que subsistían en 1808 pese al proceso unificador, con la abolición foral de los reinos de la Corona de Aragón, emprendida por los Borbones. No existía nada semejante a la idea de ciudadanía, y por eso los súbditos de la Corona de Castilla y los de Aragón tenían, por ejemplo, distinto trato para instalarse en América, derecho limitado para los segundos porque los reinos americanos dependieron largo tiempo de Castilla mientras que los de Nápoles y Sicilia lo hacían de la de Aragón. Para decirlo brevemente: no había ciudadanía española porque no había nación española, es decir, una comunidad política articulada en un Estado común con instituciones y leyes iguales. Lo único común era la monarquía, y ésta no estaba sometida a una Constitución, sino a las leyes particulares de sus muchos reinos y señoríos; leyes impotentes para controlar de verdad al Rey y a sus validos o ministros, pese al mito vasco del “pase foral”, o al requisito de autorización de las Cortes de Castilla para guerras y gastos (liquidado por Carlos I, que convirtió a Castilla, para su desgracia, en la vaca lechera preferente de la monarquía imperial).

Los acontecimientos del 2 de mayo de 1808, y de los días siguientes, son de sobra conocidos. Me interesa poner de relieve un aspecto de esos hechos normalmente minusvalorado o negado por la mitología oficial de la efeméride, impregnada en España de nacionalismo derechista (esto es un pleonasmo, obviamente), a saber: que el 2 de mayo fue un acto revolucionario en toda regla. Revolución que abrió el proceso constituyente de la nación instituido por la Constitución de Cádiz, de la que hace poco recordábamos –a un bajísimo nivel oficial de nación vergonzante- los 200 años de celebración.

Los vecinos de Madrid que atacaron espontáneamente a las fuerzas napoleónicas de ocupación se rebelaron contra la condición de súbditos a los que se podía imponer una nueva dinastía, con nuevas leyes, sin ser consultados: los Borbones sustituidos por los Bonaparte, Fernando VII por José I (que seguramente hubiera sido mucho mejor que aquel desastre). A diferencia de otras revoluciones comparables, en la de España no hubo liderazgo político ni intelectual digno del nombre. No hubo un Fichte que escribiera algo parecido a sus “Discursos a la nación alemana”, y no digamos ya un Mirabeau o un Franklin. Hubo, ciertamente, animadores y gestores de la rebelión popular como Pérez de Villamil e incluso una ideología oficial, apoyada por el bajo clero y muchos militares, que negaba a Napoleón el derecho a dictar cambios en España porque su soberano legítimo seguía siendo Fernando VII; una mera ficción legal porque éste y Carlos IV habían abdicado de sus derechos a favor del Emperador de los franceses. Lo que está claro es que la mayoría del país se rebeló contra el papel de meros figurantes y carne de cañón de la gran política napoleónica que, poco más de un siglo atrás, sí aceptaron en cambio sus antepasados cuando otra gran guerra europea,  la de Sucesión, resolvió la sustitución de los Austrias por los Borbones como dinastía propietaria de los reinos españoles, que de eso se trató (pese al mito nacionalista catalán de la resistencia catalana a ultranza por sus derechos “nacionales”; simplemente, escogieron el bando equivocado mientras vascos y navarros eligieron al ganador).

Lo que no se esperaba Napoleón, ni seguramente nadie, es semejante reacción de los normalmente pacientes y resignados súbditos de la monarquía española. Contra lo que quiso el tópico posterior, es falso que España fuera un país mucho más atrasado que la media europea pues, salvo por su catolicismo integrista sin fisuras, era muy parecido al resto en instituciones, economía o sociedad (los realmente raros eran los hegemónicos: Gran Bretaña con su revolución industrial, y Francia con su veloz transición del absolutismo a la república y de ésta al Imperio). Esa es la razón de que, por inesperada, la épica de la rebelión española causara sensación en toda Europa y animara otras resistencias en otros países ocupados por el mesianismo imperialista francés. Fue vista como lo que era: una genuina revolución. Y desde luego, una revolución nacional porque afectó a todos los territorios peninsulares con formas muy semejantes: movilización popular, guerrillas y resistencia armada, asedios, emergencia del liberalismo en las Juntas Patrióticas. Eso pretendió instituir la Constitución de Cádiz.

Cómo y por qué esa revolución no consiguió cristalizar en una nación como la francesa o la inglesa, mientras que acabó favoreciendo la restauración del absolutismo y el catolicismo integrista del felón Fernando VII, es ya otro asunto. Apuntemos que una de las razones del éxito de la rebelión pero también de la derrota ulterior del liberalismo fue, precisamente, lo lejos que estaba España de ser algo parecido a un Estado nación. Napoleón descubrió con sorpresa –compartida por sus enemigos británicos- que en España, a diferencia de otros países, no bastaba con ocupar la Corte y las principales vías de comunicación y fortalezas estratégicas, o con derrotar al ejército, para imponerse. No, cada región tradicional actuaba como un país independiente y organizaba su propio ejército, enviando sus emisarios a Londres y a la Junta Suprema de resistencia que acabó refugiada en Cádiz. Fue puro continuismo del sistema altamente descentralizado y heterogéneo creado por los Austrias y aún no desmontado del todo por los Borbones. Eso obligó a Napoleón a tratar de ocupar todo ese anárquico país varias veces, a un costo agotador y militarmente insostenible, como es sabido. Y a un precio altísimo para el país ocupado, es decir España, en vidas y recursos.

De modo que lo emprendido el sin duda alguna heroico 2 de mayo fue una guerra revolucionaria para la instauración de una nación sobre los escombros del fallido régimen absolutista de los Borbones rematado por Napoleón. A partir de ese momento, y no por casualidad, la expresión “Nación Española” comenzó a sustituir a la de “Reino(s) de España” para designar la nueva realidad política o, al menos, su proyecto. Otra cosa distinta es que sigamos todavía discutiendo cuál es ese proyecto y cómo debe constituirse e incluso, para los nacionalistas periféricos y sus aliados de la paleoizquierda (todos ellos herederos ideológicos, en esto, de Fernando VII…), si tiene derecho incluso a llamarse nación, como si el mito fuera más importante y verdadero que los hechos. Tanto, que la fecha del 2 de mayo es una mera fiesta autonómica de Madrid. Algo así como si la memorable toma de la Bastilla lo fuera solo de París…

Está fuera de toda duda que el peculiar desarrollo del Estado de las Autonomías –menos Estado común responsable y más Autonomía fiscalmente irresponsable- sólo podía financiarse con el boom económico ligado a la nefasta burbuja inmobiliaria. La colusión de intereses de Cajas de Ahorros controladas por las fuerzas vivas autonómicas y municipales con promotores inmobiliarios fue motor esencial del inflado de esa burbuja. Y también, lo que es peor, de que no se desinflara a tiempo. No se ha insistido lo suficiente en la gravedad de que el 51% del sistema financiero español (las Cajas) estuviera controlado por los mismos que decidían, con la peculiaridad de su irresponsabilidad fiscal, el 50% del gasto público español: el 36% de las Comunidades Autónomas y el 14% correspondiente a los ayuntamientos. Como estamos viendo, en caso de problemas era papá Estado y nos las adolescentes CCAA, desatadas en rivalizar por el inflado de sus narcisistas diferencias, quien respondería por el destrozo. Hispabonos, le llaman ahora a eso.

La orgía de dinero fácil se basó en dos falacias muy caras: que las burbujas especulativas podían sustituir con ventaja a la economía competitiva (el “milagro español”), y que el ciclo de crédito barato internacional y doméstico no iba a tener fin. Todo ello empeorado por el negacionismo de la crisis ejemplificado por Zapatero y su gobierno, pero en el que participaron todos los grandes partidos, sindicatos, patronales, agencias de calificación y medios de comunicación. Las escasas Casandras en ejercicio que advertían del inminente final de la fiesta eran tratadas don desdén o simplemente ninguneadas; en UPyD lo sufrimos a fondo. La negligente y populista gestión política e institucional -¡ay, el Banco de España, puesto como modelo mundial de regulador bancario (de un sistema de los más sólidos del mundo, decían) mientras colaboraba en la orgía!- no hizo sino empeorar las cosas cuando las burbujas empezaron a desinflarse, a veces catastróficamente en el caso de la banca internacional.

Bastaron dos años (2008-2010), los que fueron del superávit al déficit y del casi pleno empleo al paro desbocado, para demostrar que lo negado por casi todos era la pura verdad, a saber: que el Estado de las Autonomías era insostenible en caso de crisis económica, y que se convertiría en un factor de empeoramiento de la crisis en vez de ser un instrumento democrático para atajarla. Pese a las indignadas negaciones de los partidos grandes, y particularmente de los nacionalistas y paleoizquierdistas -¿quién recuerda ahora a ZP empeñado en sostener desde la tribuna del Congreso, contra Rosa Díez y apoyado por el PP, que las Autonomías eran la clave del progreso social y económico de España y un milagro igualitario?-, los impasibles mercados y observadores económicos internacionales pronto pusieron sus focos en las Comunidades Autónomas. O mejor, en lo único que les importa de ellas: su deuda.

Las descubrieron tras horrorizarse con el estado financiero de las Cajas de Ahorro que éstas debían controlar. Siguiendo el hilo llegaron al ovillo: el problema era más político-administrativo que económico: la deuda pública de España era comparativamente reducida, pero la privada –garantizada también por el Estado- es descomunal, y de extensión y profundidad desconocida: la banca estaba pillada por su propia retórica del crecimiento ilimitado. Siendo cierto que la deuda española es una consecuencia de la crisis económica y no su causa, no es menos cierto sino más que tiene su causa en un Estado mal gobernado, elefantiásico, carente de transparencia y de controles públicos financieros eficaces, y con un reparto absurdo de competencias: el Estado que debe responder por las deudas de todos, el único con responsabilidad fiscal, sólo decide el 20% del gasto público y la inversión (y administra el 30% de la eficiente Seguridad Social).

De modo que una crisis política nacida de un Estado inviable agravó los efectos de la crisis financiera internacional y de la burbuja inmobiliaria doméstica al revelarse incapaz de adoptar medidas de racionalización indispensables. Mientras el Estado recortaba su administración y sus gastos (por ejemplo, rebajando el sueldo a sus funcionarios), CCAA y Ayuntamientos seguían endeudándose sin dar cuentas a nadie, emitiendo “bonos patrióticos” cuando los prestamistas habituales rehusaron invertir en su deuda desconocida pero enorme, ocultando facturas impagadas, haciendo quebrar a empresas y autónomos con esa morosidad, y ampliando por motivos clientelares su ya mórbido séquito de entes públicos, la mayoría perfectamente prescindibles.

Hay que repetir, hasta que todos lo entiendan, que los gobiernos de turno ya tenían y tienen instrumentos constitucionales para atajar esta deriva, controlar los presupuestos autonómicos y locales, eliminar duplicidades o administraciones superfluas (como las Diputaciones provinciales y los pequeños ayuntamientos estructuralmente deficitarios) y mejorar la gestión pública (capítulos de ahorro estimados por nosotros en unos 40.000 – 60.000 millones € anuales, cifra que todos repiten ahora sin citar la procedencia), pero no se hizo así, ni se quiere hacer, por una razón tan obvia como inconfesable, o mejor por dos: el enfrentamiento inevitable con los nacionalistas, considerados por PP y PSOE como sus socios naturales, y también con sus propios partidos, que han gobernado sus feudos autonómicos exactamente igual que aquéllos. Eso explica que la situación financiera calamitosa de muchas comunidades no distinga el color del partido que más tiempo las ha gobernado, sean PSOE, PP o CIU. Así como la crisis nace de un conjunto de malas políticas, son esas mismas las que ahora preservan de los recortes a ese Estado elefantiásico, mientras la podadera se emplea para los servicios públicos, educación, sanidad, defensa o I+D.

¿Y qué tienen que ver nuestras calamidades nacionales con la de la Europa del euro? Todo: si en vez de un club desigual y desorientado de egoístas Estados nacionales hubiera una verdadera unión política europea, una Europa federal con instituciones de gobierno económico bajo legitimación y control democrático, habrían quizá sucedido dos cosas imposibles hasta ahora.

En primer lugar, una reacción contra la crisis a través de una política fiscal europea única, como única es la moneda, con un Presupuesto de la Unión que habría permitido traspasar recursos de las zonas con superávit a las deficitarias, del mismo modo en que en la fase anterior expansiva la periferia europea traspasó recursos al centro de la UE a través de sus importaciones. Es el funcionamiento habitual de un estado federal, como los Estados Unidos.

Y en segundo lugar España se habría visto obligada, por su pertenencia a esa verdadera Unión Europea, a acabar con aquellos elementos del Estado de las Autonomías que lo hacen políticamente inestable e irracional, y financieramente insostenible. Habríamos tenido que acabar con las duplicidades y triplicidades, la gestión irresponsable y populista, el cáncer de los entes públicos incontrolados con el despilfarro, la opacidad y la corrupción que les son inmanentes.

Nuestra democracia chirría desgarrada entre un sistema autonómico que ha vaciado de soberanía fiscal al Estado, y una Unión Europea que no es tal pero ha desprovisto a sus miembros de soberanía monetaria, sin compensarlos en casos de crisis. A esta UE que no es  ni chicha ni limoná, como España considerada como Estado –ni centralista ni federal, sino todo lo contrario-, le es ahora indiferente si nuestra democracia se rige por normas constitucionales serias y es gobernada con buenas prácticas y sensatez, o todo lo contrario. Sólo le importa si podremos pagar la deuda contraída porque es el euro mismo el que estaría en juego en caso de quiebra. Terrible panorama, ciertamente: y sin embargo, una oportunidad histórica para que la UE se convierta en un verdadero Estado de nuevo tipo, y España deje de ser un chapucero work in progress encaminado hacia el fracaso como Estado.

1 – Todas las ideas son respetables y todas se pueden defender en democracia sin violencia. No es cierto: hay muchas ideas que no son respetables y algunas llegan a ser genocidas. Las tonterías, las supersticiones y las falacias más usuales no tienen nada de respetables. Ni el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la homofobia o las muchas variedades del totalitarismo y fundamentalismo son defendibles en democracia como lo son las demás ideas políticas. Otra cosa es que la democracia permita la libre expresión, difusión y discusión de ideas antidemocráticas, pero eso no las hace respetables en absoluto. Ni menos peligrosas, porque para abrirse paso muchas de estas ideas necesitan recurrir a formas de violencia y coerción incompatibles con los Derechos Humanos o los fundamentos de la democracia: la igualdad jurídica y la libertad personal. Por eso algunas democracias han declarado ilegales “ideas” como el negacionismo de algunos genocidios, o partidos políticos y asociaciones entre cuyos fines está, implícito o explícito, la destrucción de la democracia. Sin duda el debate de dónde están los límites entre libertad de expresión y defensa de valores públicos y derechos humanos es un debate inacabable, pero en cambio es evidente, para cualquiera que piense por sí mismo, que no todas las ideas son respetables ni es aceptable su defensa. Quienes sí son siempre respetables son las personas cuando piensan, pero no sus ideas ni opiniones como tales.

2 – No hay que hablar de la corrupción porque es excepcional y hacerlo desprestigia a todas las instituciones. En 2010, sólo la Policía Nacional investigó más de 750 casos de corrupción que implicaban a miles de personas, la mayoría de ellos cargos públicos. Obcecarse, como hizo Rajoy en el debate de su investidura, en que se trata de un fenómeno aislado y excepcional -y por tanto incomprensible- es el verdadero motivo de que las instituciones más importantes pierdan su prestigio y cada vez más gente las vea como un remedo de la Cueva de Alí Babá. Empeñarse en que lo cívico y democrático es un “prietas las filas” de la clase política es todavía una equivocación mayor. Más en una crisis tan grave como la actual, donde millones de personas consideran, con razón, que el sistema político les ha fallado en lo más básico, su derecho a desarrollar una vida autónoma digna de tal nombre. O sea, cosas como trabajar, formar una familia, arraigar –o no- en un lugar, no depender de terceros para solventar sus necesidades y aspiraciones legítimas, y buscar la felicidad. El enroque en que aquí no pasa nada, y si pasa aferrémonos a la presunción de inocencia y a los formalismos procedimentales –salvo si el sospechoso es un rival-, es un juego peligrosísimo para la democracia. Combinado con la crisis económica y política puede cebar la mecha de una bomba social que salte todo por los aires.

3 – El bipartidismo existe porque la gente quiere: es lo que vota. No me extiendo mucho: siguiendo esa lógica hay cinco millones de parados porque la gente elige no trabajar. De hecho, muchos fariseos lo piensan, pero la prudencia más elemental les aconseja guardarse esa opinión…

4 – Los partidos políticos no son realmente necesarios, los movimientos sociales son mucho más representativos. Los partidos políticos son imprescindibles en una sociedad tan compleja como la actual, con creencias e intereses muy diferentes, y en una cultura donde la gente tiene la afortunada costumbre de cambiar de opinión y de voto político en función de su evolución personal o del cambio de las circunstancias. Los movimientos sociales están muy bien: son una saludable expresión de vitalidad de la sociedad civil y un contrapeso a la amenaza de la partitocracia. Pero no cuando aspiran a sustituir a los partidos que expresan el pluralismo ideológico de la sociedad y, por tanto, a suprimir ese pluralismo cuando no la propia sociedad, con lo que devienen en el Movimiento Unánime al estilo de los ya padecidos infaustos Movimientos Nacionales de Franco o ETA.

5 – La descentralización acerca el poder al ciudadano y por eso siempre es mucho más democrática que la centralización. Este es un tópico de los relativos: según para qué. El problema es que en España se ha convertido en eje inamovible del discurso político. Está muy bien que el ayuntamiento se ocupe de asuntos mejor resueltos sobre el terreno y con conocimiento del detalle, como las políticas de asistencia social o vivienda, pero cuando se convierte en gestor de otros intereses esa “proximidad” puede dar lugar a atropellos y delitos como el urbanismo salvaje de muchos lugares y su corrupción asociada. Tampoco es mejor que el juez que vea tu caso sea ese vecino con el que te llevas fatal: un poco de distancia y neutralidad es entonces mucho más aconsejable. Y están las economías de escala: las competencias deben ser descentralizadas o centralizadas con criterios de eficacia. La centralización de la OTAN o la UE es mucho más eficaz en defensa o mercado que los viejos ejércitos nacionales o el nacionalismo económico, pero la centralización abusiva tiene también sus costos, sobre todo en forma de burocratismo excesivo y lejanía miope de las cosas.

6 – Lo que importa es la economía, la política vendrá luego. ¡Esto lo vamos a oír a diario! Tampoco hace falta extenderse mucho: la crisis económica tiene causas políticas porque el fracaso en la supervisión de las entidades financieras que iniciaron la crisis –se trate de Lehman Brothers en USA o de las Cajas en España-, tuvo causas políticas: irresponsabilidad y mal gobierno con fracaso de controles, falta de transparencia y estímulo de conductas especulativas que rozaron o sobrepasaron lo delictivo. Invirtiendo la famosa frase de la campaña de Clinton, “¡es la política, idiotas!”. Cualquier intento de orillar las reformas políticas en pos de soluciones puramente económicas retardará la salida de la crisis y sin duda la hará más injusta y peligrosa para ese delicado bien público que se llama “cohesión social”. No se pueden pedir sacrificios a los ya sacrificados y, además, pagarles con recortes de derechos políticos y con un sistema público en manos de una nueva oligarquía.

7 – Los banqueros y expertos en finanzas son los que mejor saben qué hacer contra la crisis. Extensión de lo anterior y sin duda otro tópico triunfante, viendo cómo ha quedado el área económica del Gobierno de Rajoy (a quien deseamos toda la suerte y acierto del mundo, obviamente). ¿Son los gestores más adecuados los mismos que negaban la burbuja inmobiliaria y animaban a invertir en vivienda, o juzgaron como genialidades financieras las subprimes y demás instrumentos bancarios de destrucción masiva de la economía productiva? En fin, lo dudo, qué quieren que les diga.

8 – La precariedad laboral es el precio necesario del empleo para todos. Lo cierto es que la dualidad del mercado de trabajo español, con el protegido indefinido y el precario mal pagado, defendido a capa y espada por sus beneficiarios –sindicatos y patronales-, ha sido un factor de agravamiento de la crisis al mantener un modelo económico basado en bajos sueldos y producción de productos baratos, baja competitividad e innovación, destrucción masiva de empleo como procedimiento de ajuste en cuanto asoman las vacas flacas, y consiguiente bajada drástica del consumo con los demás efectos encadenados. La defensa de la precariedad laboral en la que parecen embarcados los “agentes sociales” y los partidos mayoritarios no anuncia nada bueno: es reafirmarse en la continuación de un modelo económico-laboral fracasado, con su viejo círculo vicioso. Esperemos que recapaciten. Para esto, nada como repetirles que se equivocan.

9 – La República es por definición mucho más democrática que cualquier Monarquía. Es una idea que mezcla la protesta legítima contra la crisis política actual y la nostalgia irracional de los malos tiempos de la II República, canonizada por una paleoizquierda que prefiere ignorar la historia y cultivar los cuentos. No comparto la idea de que las Jefaturas de Estado hereditarias (monarquía) sean la panacea y gocen de no sé qué autoridad carismática, pero tampoco la contraria de que una República sea porque sí más benéfica, justa y libre que cualquier monarquía. Comparemos las monarquías sueca, británica u holandesa con las repúblicas cubana, china o iraní. Como todo en la democracia, depende del funcionamiento de las instituciones, de la calidad de las leyes y –no es lo menos importante- del compromiso ciudadano con la mejora permanente del sistema. Una mezcla de pragmatismo con exigencia de los principios. Lo demás, pensamiento mágico.

10 – El laicismo consiste en reducir la libertad religiosa de la gente. Curiosamente, es un tópico que comparten tanto los comecuras que agredían a los participantes en la visita papal del 2011 –y se llamaban falazmente laicos- como los meapilas que consideraban los sermones papales más importantes que la Constitución. El laicismo, en cambio, es neutralidad de los poderes públicos respecto a la creencia privada. Esta última es digna no sólo de respeto sino de protección cuando es compatible con la democracia (véase tópico uno), a condición de que no pretenda imponerse como esqueleto del sistema legal del Estado democrático, que por definición debería ser laico, y mucho menos vivir de la sopa boba de ese mismo Estado democrático. Lo de la “aconfesionalidad” es otro arreglo provisional de la Transición que debería resolverse, como tantos otros pendientes. Entre tanto, importa pensar en qué es laicismo y qué no.

11 – No se puede cambiar la estructura del Estado porque los nacionalistas se rebelarían. Hay que admitir el éxito nacionalista en la interiorización generalizada de su chantaje permanente como un hecho fatídico de la naturaleza. Se puede proponer el despido libre, el copago sanitario, la congelación del funcionariado y la paralización de la inversión pública, pero no, al parecer, privar a los nacionalistas –y sus émulos vergonzantes que dicen no serlo: catalanistas, vasquistas, andalucistas etc.- de una sola prerrogativa o privilegio de los arrancados al Estado común, cuando no –casi siempre- al sentido común. Ni caso. Recordemos a los agoreros que vaticinaron la guerra civil en el País Vasco si se ilegalizaba a Batasuna. No pasó nada, al contrario, todo comenzó a ir mejor (y hubiera acabado estupendamente de no mediar la traición de la negociación, pero ese es otro tema).

12 – España debe aceptar lo que digan Alemania y Francia para que nos admitan en su exclusivo Club Nueva Europa. El problema del papel de España en la Unión Europea es que sencillamente no existe. ¿Cuándo dejó de existir? Seguramente cuando toda la política doméstica se volcó en el modo dominante de “hacer política”, a saber, el modelo nacionalista de mercadeo que ha ido desmontando el Estado en beneficio de taifas inviables. Un país así no podía sino dejar de pintar nada en un proceso, el europeo, que va en sentido contrario: ceder soberanía de los Estados para construir un ente político común. Proceso que atraviesa una crisis histórica a la que sin duda ha contribuido España con un paletismo político cuya más vívida expresión fue, quizás, el empeño de Zapatero para que catalán, gallego y euskera fueran lenguas oficiales de la UE, en vez de avanzar en la integración política. Algo a contrapelo de un proceso histórico muy delicado y de sentido radicalmente distinto: aparcar los particularismos nacionales en beneficio de algo común por inventar, la ciudadanía europea. Así acabó esa historia: en la nada o la irrisión. Lo malo es que no veo a Rajoy en una posición muy diferente. Ya anunció que la misión del renacido Ministerio de Agricultura será promover en Europa un nacionalismo agrario a la francesa.

Me parece que somos el único partido que propugna el fin del caduco sistema político de la Transición y regenerar la democracia española. Me explico: a los nacionalistas les gustaría finiquitarlo, pero para fundar en sus actuales taifas Estados soberanos (en la medida de lo posible). Izquierda Unida querría instaurar una República intervencionista, pero no quiere tocar el sistema de pactos con el nacionalismo y sus recetas económicas no pueden tomarse en serio. Y PP y PSOE, como escenificaron Rubalcaba y Rajoy en un debate que parecía más un revival del seudodebate en TV de la campaña electoral, ni se les pasa por la cabeza que haya algo razonable y necesario más allá de un sistema político cortado a su medida.

La destemplada, prepotente y agresiva réplica de Mariano Rajoy al discurso de Rosa Díez dejó las cosas claras: precisamente por exponer sin reservas la importancia de avanzar hacia una democracia del siglo XXI,  UPyD se ha convertido en un partido extraordinariamente molesto. Y por eso Rajoy atacó con su artillería pesada sobre un triple eje: a) los supuestos “parecidos” entre PP y UPyD; b) la denuncia de la corrupción política y la propuesta de reformar la ley electoral; y c) un misterioso “lo  que le importa a la gente”. El relato resultante es simplón y por eso mismo regocijará a simplones y sectarios: todo lo interesante de UPyD ya lo propone el PP; denunciar la corrupción política es un ataque a una clase política inocente y a una democracia virginal, mientras que la reforma de la Ley Electoral no persigue otra cosa que aumentar los escaños de UPyD; finalmente, estas no son las cosas que importan a la gente, interesada únicamente en aquello que Rajoy dice ser “sensato, razonable, lógico y de sentido común”, es decir, sus recetas anticrisis.

Como el interés principal de Rajoy es salir de la crisis sin que ésta ponga en solfa el sistema político vigente, es normal que haya sido UPyD, en la persona de Rosa Díez, el objeto del ataque más furibundo y desproporcionado a una minoría en un debate que, en ese momento, se convirtió en más de embestidura que de investidura. Ese interés por no cambiar nada de lo que afecte al modo de obtener poder político y de administrarlo explica aparentes anomalías del debate cuidadosamente barridas bajo la alfombra por los palmeros mediáticos del nuevo líder. Como su tácita aceptación de la petición del PNV de continuar el proceso con ETA con toda discreción.

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka –muchísimo mejor tratado por Rajoy que Rosa Díez pese a representar al mismo número de diputados, cinco, y estar supuestamente muy lejos del PP en asuntos esenciales-, dijo en su intervención algo notable: que es recomendable no confundir el humo con el asado (préstamo de Josep Pla). Mientras se permite entretenerse con el humo a los amantes de la política espectáculo, los políticos discretos se dedican al asado (y a zampárselo, claro). Traducido a la negociación con ETA, la cosa estaba clara: dejad a Eguiguren con su libro y su declaración diaria, y sigamos nosotros el proceso con la menor publicidad posible. Rajoy alabó la vieja concepción nacionalista de la normalización política y recogió el guante con la salvaguarda retórica de que todo lo que haga con ETA –como le repitió más tarde a Amaiur- será dentro de la ley… ¡como si un Presidente de Gobierno pudiera comprometerse a otra cosa! Y como si la Ley de Partidos, para hablar de una que ha sido extraordinariamente útil, no fuera papel mojado tras la legalización de Bildu por el TC y la aceptación de Amaiur como un partido casi normal. Pronto lo veremos.

Pero, ¿por qué acepta Rajoy esa invitación? Sin duda, no porque desee favorecer de ningún modo a los herederos de los terroristas –aunque esa será la consecuencia-, sino porque hacerlo es otro precio –con el AVE y la intocabilidad del Concierto y del sistema foral, todos concedidos- que el PNV pone para apoyar discretamente la salida de la crisis planteada por Rajoy y porque, al fin y al cabo, es un proceso que ya está en marcha y despejará de alguna manera -o de la contraria, para decirlo al modo del nuevo Presidente- un fastidioso problema que conviene sacar de la mesa con el menor ruido posible (ya lo han apuntado dirigentes del PP vasco que desaconsejan aplicar a Amaiur la Ley de Partidos, como Javier Maroto, alcalde de Vitoria).

Podríamos seguir con otros ejemplos de esta política de apaciguamiento del nacionalismo y aceptación de la agenda política heredada de Zapatero, pero tiempo habrá de ir examinando su desarrollo. De momento, lo que está fuera de toda duda es que no se quiere tocar nada del sistema político español por razonables que sean los argumentos, aportados incluso por el Consejo de Estado. Se puede alegar en contra de este argumento que la lucha por la igualdad ante la ley y por la memoria, justicia y dignidad que piden las víctimas es un asunto menor en comparación con la lucha contra el paro, pero ese alegato ignoraría que el fracaso en ambos campos tiene las mismas raíces políticas: instituciones que no funcionan porque el bipartidismo las ha puesto a su servicio, y no al de la sociedad.

Pero esta estrategia a lo don Tancredo desconoce que a los ciudadanos se les pueden pedir e imponer renunciar y sacrificios fiscales, laborales y sociales, pero a cambio de vivir en un sistema político saneado, transparente, equitativo, participativo y abierto que, a su vez, garantice razonablemente un futuro mejor en todos los ámbitos. Y lo que se pretende es hacer todo lo contrario: sacrificar el debate político a la emergencia económica, aplicar recetas anticrisis de caballo no exentas de contradicciones elementales -¿cómo instaurar un tercer año de bachillerato reduciendo el presupuesto de educación?- y, entre tanto, achicar la democracia rehusando siquiera debatir reformas tan elementales como la de una Ley Electoral que restaure la igualdad del voto y de oportunidades de acción política. Es decir, más obligaciones y menos derechos, más obediencia impuesta y menos ciudadanía responsable, más partitocracia y menos democracia.

Queda por ver si las recetas fiscales y económicas de origen alemán sirven para remontar la crisis. Hay muchos que lo niegan, porque una crisis de deuda no puede solucionarse forzando una recesión económica que empeora el déficit fiscal. Lo que sí es seguro es que el intento de Rajoy de negarse a ninguna reforma política de envergadura mientras blinda el inmovilismo pactando con los nacionalistas, desprecia la igualdad del voto, convierte la corrupción en un tabú inabordable y pretende que una ley, por ser democrática, sea de hecho intocable, no tiene el menor futuro. Agravará la crisis política mientras se agrava la crisis económica. Vaya, Rajoy ya sufría el síndrome de la Moncloa antes de ser elegido el nuevo inquilino.

Los que se han molestado en informarse ya saben que unos pocos audaces fundamos Unión Progreso y Democracia en el verano de 2007. Surgió de una plataforma digital llamada Plataforma Pro nacida, a su vez, de un grupo de activista de Iniciativa Ciudadana Basta Ya, un potente y reconocido movimiento social vasco contra ETA (recibimos el 2001 el Premio Shajarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo). Los aproximadamente 50 que decidimos probar si se daban las condiciones para fundar un partido alternativo a los envejecidos y decepcionantes PSOE y PP teníamos en común la convicción de que poco podía esperarse de esos partidos viejos en materia de lo que considerábamos más urgente: una democracia de calidad que funcionara, se tratara de acabar con ETA o de acrecentar la libertad personal y la igualdad ante la ley  (lo expliqué en este libro: Movimientos Cívicos, de la calle al parlamento).

Tras una gira con Juan Luis Fabo por lo ancho y largo de España, celebrando numerosas reuniones en hoteles de todo el país con centenares de miembros y simpatizantes de Plataforma Pro (que llegó a tener unos 3000 asociados, cuyas cuotas pagaron en parte la expedición), llegamos a la conclusión de que había agua en la piscina para fundar un partido enteramente nuevo de carácter inequívocamente nacional y no sólo vasco, madrileño, catalán o andaluz, como otros experimentos parecidos. Decidimos registrar el partido bautizado con el nombre de Unión Progreso y Democracia (no había muchas combinaciones disponibles, debido a una absurda disposición de la Ley de Partidos que permite registrar partidos sin actividad para impedir que otros nuevos empleen sus siglas). El partido se definió como transversal –es decir, con gente de diferentes ideas en cosas importantes (como monárquicos y republicanos, católicos y laicistas, liberales y socialdemócratas) pero con un proyecto político compartido-, laico y progresista. Algo que a día de hoy sigue desconcertando a las mentes ancladas en el concepto de ideología instrumenta de Gramsci, y en el rancio modelo bipartidista que se remonta a la alternancia Cánovas-Sagasta. Pero no podíamos hacer un partido simplón sólo para satisfacer a los partidarios de las simplezas, así que preferimos desafiar la previsible –y de inmediato comprobada- pereza intelectual de tantos “expertos” en política que profetizaron nuestro ineludible fracaso.

Una gran proporción de los promotores de UPyD no tenían ninguna experiencia política en partidos, y muchos sólo alguna de tipo asociativo o sindical. Probablemente esta bisoñez ayudó mucho a embarcarnos en semejante empresa. El viejo dicho de Chesterton, “la aventura puede ser loca pero el aventurero debe ser cuerdo”, se iba a poner a prueba de manera inmediata. Y sin duda UPyD superó la prueba de la cordura en las elecciones de 2008, a pesar de los esfuerzos de bastantes en sentido contrario. No conseguimos ni un euro de crédito  bancario, pero reunimos más de 300.000 de préstamos y donativos personales. Tampoco nos dio cobertura digna de mención ningún periódico, radio o tele importante, pero la popularidad previa de Rosa Díez –nuestro principal e impagable activo político y popular-, más el esfuerzo titánico de los aproximadamente 4000 afiliados que había entonces, consiguió salvar barreras que parecían insalvables y que Rosa entrara en el Congreso de los Diputados en marzo de 2008. Muchos expertos volvieron a considerarlo un hecho fortuito sin continuidad, pero volvieron a equivocarse en las elecciones europeas y vascas de 2009, y en las recientes autonómicas y municipales. Ahora pronostican que no obtendremos Grupo Parlamentario, y anuncio que volverán a equivocarse. El esfuerzo de miles de afiliados y simpatizantes volverá a superar las barreras de la Ley Electoral, como el perverso 5% (declarado ilegal en Alemania por su Tribunal Constitucional porque priva de representación parlamentaria europea a ese 5%). Por si fuera poco, esta vez tenemos 1.535.000 euros de préstamos bancarios a pesar de la crisis, un buen barómetro del cambio de perspectivas para nuestro pequeño gran partido, lo que nos permite hacer una campaña mucho más ambiciosa que la de 2008 en un país mucho más harto del bipartidismo asfixiante.

Por mi parte, mi experiencia política procedía de unas cuentas fuentes disímiles: en primer lugar de Basta Ya, de la que fui uno de sus portavoces habituales desde 1999, lo que me obligó a llevar escolta policial diaria entre 2001 y 2004 –la dejé voluntariamente ese año-, además de a que la UPV-EHU suspendiera mis clases normales por temor a un atentado en la facultad, aunque seguí de director del departamento. Precisamente esa dirección de mi Departamento universitario (Filosofía de los Valores y Antropología) fue una escuela interesante de micropolítica gris, pero lo más interesante para mí es la veloz y emocionante militancia juvenil (1976-1978) en IT, un grupo de jóvenes vinculado a LCR-ETAVI, uno de los muchos partidos de extrema izquierda –trotskista en este caso- surgido en parte de las sucesivas escisiones de la primera ETA a causa, precisamente, de la posición contraria al terrorismo de algunos militantes. Los de ETA VI, como antes los de ETA IV asamblea (que fueron núcleo del MCE) y ETA Berri (importante para CCOO), dejaron la banda porque rechazaban el terrorismo pese a postular un modelo revolucionario anticapitalista. Cosa que aclaro para ilustración de las almas bellas o cínicas que, al estilo de las lapidadoras de la Vida de Brian, esperan, pedrusco en mano, para lapidarnos por exetarras arrepentidos a quienes formamos parte del abigarrado y en el fondo tan esforzado como ingenuo archipiélago de partidos de la izquierda radical de los setenta, más animados por el antifranquismo exasperado que por otra cosa.

Aparte de pintadas y de organizar algún piquete, me parece que lo más peligroso que hacíamos en IT era apoyar huelgas generales que dejaban algún o varios muertos (como la de Vitoria de 1976), y escapar de las temidas redadas policiales al mejor estilo de la dictadura, con aparatoso registro domiciliario incluido y sin habeas corpus alguno en que refugiarse, seguido de detención arbitraria con malos tratos garantizados. Aquellos partidos ideológicamente alucinados eran, con el PCE, prácticamente el único antifranquismo activo de verdad –pues no incluyo en este grupo a los conspiradores de salón: liberales académicos, monárquicos, democratacristianos y similares- en la fase terminal de aquella horrorosa dictadura. Y puedo decirlo: estoy muy satisfecho de haber participado, por lo menos al final y aún adolescente, en la lucha contra Franco que tanto ignoran quienes ahora quieren explicárnosla e incluso dictar una versión oficial de lo que fue como “memoria histórica”. No me parece casual, sino lógico, que muchos de esos memorialistas de agravios, en muchos casos imaginarios o ajenos, sean también ahora feroces detractores de UPyD y, por supuesto, de mí como uno de sus cofundadores.

Del mismo modo en que en los estertores del franquismo era posible comprometerse en algo más que en conversaciones indignadas de café o escuchas discretas de Radio París o la Pirenaica, y como mucho antes contra la nueva dictadura sangrienta de ETA en el País Vasco, también en 2007 era posible comprometerse en la regeneración democrática de un sistema que daba alarmantes signos de esclerosis, especialmente desde la reacción del último gobierno de Aznar a los atentados del 11M (sin olvidarnos de algunas desafortunadas ínfulas imperiales previas), y sobre todo con el ascenso a la Moncloa de José Luís Rodríguez Zapatero, sin duda el gobernante más inepto desde 1977. Por ejemplo, era posible fundar un partido diferente para probar a hacer algo efectivo en las instituciones, que es donde, en las democracias, se toman las decisiones que importan. Asambleas de las que votan si hay que votar y acaban obteniendo la unanimidad por el método de agotar a los disidentes ya tuvimos suficientes en la universidad de los setenta. No, el terreno elegido por UPyD desde el principio para la acción política fue el de las instituciones democráticas. Como el Congreso de los Diputados.

Participar en la fundación de UPyD y comprometerme en su trabajo diario era una decisión que no podía terminar en el trabajo interno de partido, ni en mi caso ni en el de muchos otros. Poner un partido en marcha y desentenderse de su evolución es para mí absurdo. Como pretender influir en su actividad desde fuera. Una vez embarcados en esta travesía, sólo hay dos cosas que pueden apartarte de un modo éticamente aceptable la decisión de llegar hasta el final, tal como yo entiendo el fundamento ético del compromiso político. Una es el fracaso del proyecto, pero UPyD no ha fracasado, sino todo lo contrario. Otra es algún cambio drástico en la vida personal que en mi caso tampoco se ha dado. Por consiguiente, no queda otra que seguir en el camino emprendido en 2007 aceptando representar a UPyD en la campaña electoral y, si los ciudadanos nos dan su confianza, también en las instituciones.

Hay algo más. Comprometerse en la acción política una parte de tu vida –pues en mi caso estuve bastante apartado de todo esto entre 1980 y 1995; volví por ETA y contra ella- es también algo que debemos a quienes se dejaron la vida para que todos tuviéramos libertad de acción y de conciencia.

Esta mañana, lunes 14 de noviembre, estaré en la Audiencia Nacional asistiendo al juicio contra el presunto asesino de Joseba Pagazaurtundua, asesinado el 8 de febrero de 2003. Estaré apoyando a la familia: a mis amigas su hermana Maite y viuda Estíbaliz, a la madre de Joseba, Pilar Ruiz, a su hermano Iñaki y a sus dos hijos adolescentes. Sobre todo estaré renovando la memoria de Joseba, un amigo y asiduo compañero de Basta Ya que, probablemente, se habría incorporado a UPyD de no haber acabado un asesino con su vida aquel sábado invernal por la mañana. Esa es la opinión de Estíbaliz y de Pilar, ambas afiliadas a UPyD y habituales en nuestras listas electorales en el País Vasco. Muchas veces le han preguntado a Pilar Ruiz por su afiliación a UPyD siendo, como es, de familia socialista y republicana, y siempre responde lo mismo esta mujer admirable: “soy de UPyD por Joseba, sé que el habría querido estar y yo estoy aquí en su lugar porque a él no le dejaron”.

Para mí, como para muchos de los que empezamos en Basta Ya y hemos terminado en una candidatura de UPyD en estas elecciones generales, esto no es literatura necrológica sino parte de nuestras vidas. Quiero estar en el Congreso de los Diputados para poder llevar allí la voz y las ideas de los que, como Joseba, no podrán nunca estar porque han sido asesinados en el camino hasta llegar aquí, y también de los millones que viven con la creciente preocupación de asistir al hundimiento de su país y de un futuro que hace sólo cuatro años se presentaba de engañoso color de rosa. Quizás la marea magenta pueda impulsar un cambio de dirección a una política extraviada en los objetivos y enredada en el mero interés de supervivencia de los partidos viejos que viven a sus expensas. El magenta, guste o no, es uno de los tres colores básicos necesarios para producir y combinar los demás colores de una sociedad polícroma propia del siglo XXI. Eso es lo que me gustaría hacer en el Congreso de los Diputados en la legislatura que elegimos el 20N, creo que debo hacerlo y por eso soy candidato.

Agradecimientos: a Rosa, Juan Luis, Arantza, Fernando S. y Fernando C., con los que me metí en este lío llamado UPyD. A Paco, Elvira, Ramón, Beatriz, Antonio S., Antonio B., Nacho, Gorka, Fran, Alvaro, Sinforoso y muchos más, sin los cuales no habría sido posible seguir con este mismo lío.

Hoy muchos se preguntan qué fronteras debería tener el demos. Los xenófobos y nacionalistas porque temen ir demasiado lejos, y así protestan contra el todavía pacato reconocimiento de derechos políticos a los inmigrantes, o se niegan a acatar acuerdos internacionales en nombre de la soberanía nacional; y los cosmopolitas y asamblearios porque consideran que no debería haber apenas requisitos para integrarse en el demos de cualquier país, los primeros, y los segundos porque piensan que el demos es puramente teórico ya que la democracia está secuestrada de hecho por una minoría profesional (partitocracia).

Sobrepuesto a este debate e incrementando su complejidad está el fenómeno de la globalización a la luz de la crisis económica que azota Occidente, con el hecho incontrovertible de que los viejos Estados nacionales, incluso tan poderosos como Estados Unidos, se ven impotentes ante procesos económicos, informativos y financieros que escapan a su regulación. En esta situación, la vieja invocación a la soberanía nacional o del pueblo ha quedado profundamente devaluada: ¿qué soberanía popular funciona contra tormentas financieras como las actuales? Y sin embargo, la gestión democrática de la crisis exige un control ciudadano de las decisiones políticas para atajarla. Por eso la Unión Europea se enfrenta hoy a una pregunta insidiosa y temida: cuál es el demos soberano que debería decidir sobre las medidas económicas que comprometen el Estado de bienestar, la soberanía de los Estados y el futuro del euro y la Unión. Nunca antes había emergido tan obscenamente el problema pendiente de la pobre articulación democrática de la UE.

Los problemas complicados suelen suscitar respuestas más bien simplonas que pueden ser las más populares. Por ejemplo, que lo que importa es la soberanía del pueblo y su integridad (o identidad), y no la democracia porque este sistema sería incapaz de defender al uno y a la otra. Fue la respuesta antidemocrática que sacudió Europa en el primer tercio del siglo XX y condujo a revoluciones y dos guerras mundiales consecutivas. La crítica exacerbada a la democracia conduce fácilmente a la contraposición negativa entre sistema democrático y derechos del pueblo, entre la nula moralidad de los políticos y la elevada de la asamblea popular. Una dialéctica negativa que compartían las modalidades del fascismo y del marxismo revolucionario, y que ahora renace en movimientos antisistema alentados por la doble crisis, política y económica, en la que estamos inmersos.

La idea, en cuya pavorosa simplicidad radica su seducción, es que bastaría dejar decidir al Pueblo para resolver de golpe la crisis creada por los Mercados con la complicidad de los Políticos. Disueltas en el Pueblo, las personas individuales no tienen por qué hacerse responsables de sus propias decisiones especulativas. Sin duda hay gravísimas responsabilidades políticas y económicas en la crisis, pero también algunas populares (para usar ese léxico), porque muchos de los indignados ahora son los mismos que pedían créditos disparatados y votaban a políticos populistas que les alentaban a endeudarse sin límite. Impopular pero verdadero.

Lamentablemente, esta forma de pensamiento mágico no va a resolver nada. Se ha podido ver de nuevo en las reacciones suscitadas por la maniobra de Papandreu para salvar su Gobierno de las adversas consecuencias políticas que provocaría la aplicación del plan de Merkel y Sarkozy para el segundo rescate financiero de Grecia. Muchas muestras de apoyo y admiración por la triquiñuela del tramposo mandatario heleno –que ocultó a sus socios europeos sus intenciones mientras imploraba su ayuda- han abundado en esa vieja y peligrosa idea de que si la democracia no funciona, es decir, las instituciones como parlamento, gobierno y justicia, entonces hay que dar la palabra al Pueblo. Al viejo demos. El problema, sin embargo, sigue siendo el mismo y duplicado: quién es el demos supuestamente soberano, y por qué confiar en que su decisión suplirá con eficacia el fracaso de las instituciones.

Vayamos al problema del demos y el euro: el referéndum de Papandreu no trataba de un asunto puramente doméstico griego porque afectaba directamente al futuro del euro, moneda común de 21 Estados de la UE (por mucho que se pretenda relativizar ese hecho con la preponderancia, y a veces prepotencia, alemana). Dicho de otro modo, Papandreu pretendía llamar a los griegos a decidir unilateralmente sobre un asunto que afectaba a centenares de millones de europeos convertidos en paganos y convidados de piedra. Un abuso político se mire por donde se mire, similar al típico plebiscito nacionalista que pretende que una parte (por ejemplo, Cataluña) decida unilateralmente sobre el futuro del todo (pongamos que España). Tan insostenible que Papandreu no tuvo más remedio que retroceder ante el inevitable ultimátum del resto de socios del euro, que le invitaron a decidir en referéndum sobre la solución de los problemas financieros griegos… pero fuera del euro, con gran disgusto de los creyentes en el mito de la soberanía popular como valor supremo contrapuesto a la democracia de las instituciones. Quizás porque del mismo modo en que no se puede pertenecer a una sociedad si se pretende decidir unilateralmente en asuntos de todos los socios (te acaban echando), tampoco es posible que funcione una democracia que puede suspenderse a conveniencia del demagógico “poder popular”. Y por eso Papandreu no ha tenido más remedio que renunciar al referéndum y buscar otra triquiñuela alternativa (al menos mientras escribo esto).

Es evidente que el único demos que debería decidir sobre todo lo relacionado con el futuro del euro es uno que todavía no existe: el fundamentado en una verdadera ciudadanía europea. Y para que nazca y crezca esa ciudadanía, que significaría igualdad de derechos y obligaciones e instituciones políticas y económicas comunes, habrá que ir a la Constitución de una Europa federal de ciudadanos, no de Pueblos enfrentados. La crisis de euro deja esto cada vez más claro. Hay que agradecer a Papandreu haberlo aclarado aun más.