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El caso Garzón como síntoma de los males de la época

Ciertamente, cuando el juez Garzón encausó a Augusto Pinochet, consiguiendo ascender al cénit de su prestigio internacional, pocos podían suponer que no muchos años después iba a ser encausado por sus colegas del Tribunal Supremo quienes, con rara unanimidad, han considerado que hay sobrados indicios de delito. Sin embargo, ya hace muchos años que los buenos conocedores del derecho procesal explicaban a quien quisiera oírles –pocos, como siempre- que los autos del juez estrella no se caracterizaban por su rigor técnico ni jurídico. De hecho, para referirse a los desastres surgidos de sus instrucciones se acuñó el término “garzonada”, pero como este palabro peyorativo tuvo mucho predicamento entre nacionalistas –por alusión a sus actuaciones contra ETA- y otras gentes de escasa virtud democrática, pareció que esa hostilidad más bien certificaba la calidad democrática de las actuaciones de Garzón. Pues bien, nos equivocamos por partida doble: ni cualquier crítica procedente de un nacionalista es improcedente por ser nacionalista, ni en un Estado de Derecho existe algo semejante a la calidad democrática de las actuaciones de un juez diferente a su impecable ajuste a lo que diga la legalidad. Vamos, que los fines perseguidos por un auto pueden ser sublimes, pero si no se instruyen adecuadamente desde el punto de vista judicial, no vale para nada. Como dice el viejo dicho: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

Y hete aquí a Baltasar Garzón metido finalmente en un paraje jurídico bastante infernal en el que se ha metido él solito con las mejores intenciones. Además de las posibles chapuzas procesales del caso Gürtell,  lo que ha llevado finalmente al juez Garzón a visitar el banquillo de los acusados es su intento de abrir una causa general al franquismo que se pretendía justificar en ese dislate llamado Ley de la Memoria Histórica, en la analogía con otras “causas generales” contra dictaduras sanguinarias que han derogado leyes de olvido,  y en el principio de la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio. Pero, al instruir esa causa, Garzón se pasaba por el arco del triunfo de su voluntad justiciera nada menos que la Ley de Amnistía de 1977, la piedra angular de nuestra transición a la democracia y, de paso, el principio de soberanía del poder legislativo. Otro ataque, este judicial para variar, a un principio rector de la democracia parlamentaria: el de la separación de poderes. En efecto, si en España es el judicial el poder habitualmente avasallado por la transgresión usual de ese principio, por ejemplo cuando PSOE y PP se reparten con toda desvergüenza el CGPJ entre sus acólitos togados y juristas, lo que pretendía hacer Garzón al ignorar una decisión soberana de las Cortes, la Ley de Amnistía, no era menos grave: pretender una Justicia Universal e Intemporal, administrada por los jueces, que puede ignorar tranquilamente, derogándolas de hecho, las competencias del poder legislativo. Casi nada.

Si Garzón parece afectado por una versión judicial del mal de altura que afecta a quienes se consideran muy por encima de los simples mortales, instalados en el Olimpo de la Historia, las razones que esgrimen sus muchos defensores no dejan de revelar algunos de los males conceptuales que erosionan la democracia en España.

Para empezar, el prejuicio de que hay una justicia de izquierdas más justa y legítima que la de derechas, descalificada ideológicamente. La indignación porque Garzón haya sido acusado por partidos como Falange, y su caso instruido por presuntos “jueces de derechas”, así lo indica, como también el prejuicio de que la buena gente de izquierdas, como Garzón, disfruta de una plenitud de derechos vedada a la gentuza de derechas, no digamos ya si son falangistas. Ya se sabe: Santiago Carrillo estaba legitimado por la Historia para perseguir sanguinariamente a la derecha (y a los del POUM), pero los falangistas no para hacer lo propio con la izquierda.

Lamentablemente para quien piensa así, en un Estado de Derecho bien constituido todos debemos ser iguales ante la ley, jueces incluidos y al margen del ideario político que se sostenga y del sentido más o menos delirante que se pretenda imprimir a la pobre Historia (esa dama sin virtud a disposición del primer Mesías que llegue a su lecho). Y quien niega o relativiza este principio, literalmente sagrado, no cree en el Estado de Derecho ni en una democracia digna del nombre. Y muchos de los apologistas del juez Garzón están dejando claro estos días que rechazan ambas cosas. Por eso mismo les parece estupendo que Garzón actuara políticamente, al servicio del Gobierno de Zapatero, durante la tregua de ETA, mientras rechazan indignados que su juez sea encausado por gentes de “derechas” (naturalmente, basta con estar en desacuerdo con Garzón para experimentar una derechización inapelable, incluso si se trata de la ex Secretaria de Estado Margarita Robles, colega de Gobierno de Garzón cuando el juez jugó a gobernante ejecutivo).

¿A qué obedece este rechazo implícito de la igualdad jurídica o aplicación sistemática de la ley del embudo? Básicamente, a una convicción doble relacionada: una, que la justicia debe estar al servicio de la política –la muerte de Montesquieu y de la independencia de la justicia-, que es la que establece las metas y objetivos de la acción de fiscales y jueces (como ayudar al gobierno a negociar con ETA); otra, que la administración de justicia no es tanto un servicio público fundamental como un canal para realizar la Justicia metafísica (y por eso algunos jueces que dejan pudrirse casos de ciudadanos españoles en los que son competentes intentan, en cambio, utilizar sus juzgados para el desarrollo de una especie de Justicia Mundial Histórica, consagrada a causas sublimes pero improbables, como erradicar el mal del mundo). Cuando se llega a este punto, la Justicia se opone al Derecho, y por tanto a la democracia.

En resumidas cuentas, aunque Garzón va a ser juzgado para decidir de acuerdo con la ley vigente si ha conculcado o no la legalidad, para sus apologistas más furiosos lo que se decide en este procesamiento es otra cosa: la prevalencia de una supuesta Justicia Ideal Universal sobre la administración constitucional de justicia y sobre el Estado de Derecho basado en la igualdad jurídica y la separación de poderes, tal como se derivan –tan imperfectamente- de la Constitución española actual. Que haya tanto apologista de Garzón que se considera a sí mismo un intransigente guardián de la democracia demuestra, por una parte, cuánto se ha debilitado entre nosotros el ABC de los principios democráticos, y qué fácil resulta, por la otra, ponerse la democracia y la justicia concretas por monteras en nombre de una Democracia y una Justicia que huelen malsanamente a la de los totalitarismos peores del siglo, porque están más allá de los límites constitucionales y jurídicos, y pueden ser injustas si el resultado final es bueno para la Justicia. Un horror.

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Crónica de los avances del fascismo en Cataluña: la agresión a Rosa Díez y UPyD en la UAB (5-3-10)

El periodismo se está convirtiendo en una profesión distraída. Leo los titulares de los medios sobre lo sucedido en la UAB el viernes 5 de marzo, y la inmensa mayoría –con la excepción significativa de Público, ya analizada por Santiago González- coindicen en titular cosas como “intento de boicot”, “intento de agresión”, “tratan de impedir”. No: fue un boicot y una agresión en toda regla, brutal. Lo que debía haber sido una conferencia que intentaron escuchar cientos de personas a las que se impidió a la fuerza el acceso a la sala –eso tampoco lo he visto relatado en ningún medio-, quedó reducido a un gesto de dignidad y coraje democrático muy importante, pero nada parecido a una conferencia-coloquio en libertad. Fue, por otra parte, un extraordinario documento sobre los avances del fascismo en Cataluña, gracias al desistimiento cívico de la mayoría de la sociedad, y a la cobardía y colaboracionismo de sus instituciones con el nacionalismo más energúmeno e impregnado de genuino fascismo. Pero también sirvió para demostrar cómo se le hace frente y de qué modo se defienden las libertades amenazadas: practicándolas sin pedir permiso a quienes quieren suprimirlas. Eso es todo.

Como servidor acompañaba a Rosa a Barcelona ese día, con Paco Pimentel, Nacho Prendes, Mayka, Jesús Prieto y muchos compañeros del partido en Cataluña, tuve la ocasión de ser no ya testigo, sino implicado activo en el caso. Así que voy a relatarlo para general instrucción. Como por desgracia uno ya se ha visto envuelto en situaciones parecidas muchas veces en los últimos veinte años, tanto en el País Vasco como en Cataluña, y a veces más violentas, tenía la ventaja que da el dejà vu: concentrarte en los detalles sin impresionarte demasiado por el ruido de fondo.

En 1999 pasé por una algarada semejante en la facultat de Filosofía de la Universitat de Barcelona, donde me habían invitado a compartir mesa redonda con Jon Juaristi, Alejo Vidal-Quadras y Paco Caja. Fue imposible porque, exactamente igual que el viernes 4 de marzo de 2010, un grupo de energúmenos bien organizado bramó, agredió y arrojó pintura sobre los audaces conferenciantes y el público congregado. Pero, a diferencia de lo pasado este viernes, que ha tenido bastante repercusión informativa, aquello no tuvo casi ninguna, y la escasa que hubo repudió la “provocación” de organizar una mesa redonda sobre el nacionalismo lingüístico en una Facultat de filosofía (igual si hubiera sido una Facultad…) Once años después se repite la agresión, y aunque esta vez haya habido información y eco de lo sucedido, y también mucho más público interesado que entonces (en el salón había al menos 250 personas normales que deseaban escuchar y debatir, y muchas más fuera), también comprobamos que una importante universidad, la UAB, está impunemente controlada por unos cientos de camisas pardas catalanas que campan por sus respetos ante el miedo, la indiferencia o la abierta colaboración de quienes deberían oponérseles: la comunidad universitaria, las instituciones catalanas y españolas, los medios de comunicación y la sociedad civil en general. Porque se trata de genuino fascismo en sus primeros estadios: ultranacionalismo antidemocrático trufado de una retórica izquierdista -el pueblo en peligro, los derechos sagrados de la tierra y la lengua, la ocupación extranjera-  que  sólo disimula su verdadera naturaleza. Mussolini primero y luego Hitler la emplearon a fondo. La fashion fascistoide ha cambiado y el modelo de vestimenta es ahora el de borroka vasco, no el de ario repeinado portando pulidos correajes, pero el fin y el mensaje son los mismos: aterrorizar al disidente metiendo el miedo en el cuerpo.

Vayamos a los hechos. La conferencia fue organizada por Joaquim Molins, catedrático de Ciencia Política de la facultad que le echó enorme coraje a lo que, como sabía perfectamente, era un desafío al orden implícito reinante en la UAB (y en muchas universidades españolas, no crean): que no puede invitarse a hablar de política a nadie que no sea o ultranacionalista o antisistema. Y no digamos si se trata de Rosa Díez y de UPyD en vísperas de las elecciones catalanas.

Desde dos horas antes del comienzo anunciado de la conferencia, unos 150 energúmenos ocupaban la sala para impedir el acceso no sólo a la ponente, sino a los muchos oyentes interesados que no pudieron ni entrar. Otros grupos de maulets se habían distribuido por la ruta de acceso al salón de actos con la obvia intención de hostigarnos e impedirnos la entrada.

Ante el panorama, se celebró una entrevista en el despacho del decano a la que asistieron Quim Molins, el decano Salvador Cardús –que acabó comportándose con dignidad-, Rosa, Paco Pimentel, Nacho Prendes, yo mismo y otros tres miembros más de UPyD. El decano intentó convencernos de la conveniencia de suspender la conferencia por razones de seguridad, pues había intentado infructuosamente negociar –ah, el seny catalán- con los maulets algún arreglo como que ellos hablaran un rato primero y luego dejaran hacerlo a Rosa Díez. El profesor Molins –¡qué gran tipo!- arguyó con vehemencia que la obligación de la UAB, y del decano, era garantizar la libertad de expresión sin ceder al boicot. Lo hizo muy enérgicamente, como pudo comprobar la mesa que golpeaba con el puño. Y Rosa, con nuestro asenso, se negó en redondo a ceder y exigió dar la conferencia en la sala donde se había anunciado.

Y allá que nos dirigimos con el magro dispositivo de seguridad montado: los expertos escoltas de Rosa, varios guardias de seguridad, y algunos mossos de paisano, más el refuerzo que representaban nuestras anchas espaldas detrás de Rosa y su muy engañosa fragilidad… Nos mantuvimos siempre varios pasos atrás -por eso salimos poco en las  fotos, aclaración para suspicaces- para dificultar que se le acercaran demasiado y, si alguno conseguía hacerlo, cazarlo al vuelo (son cosas que te enseña la mili de la vida en el País Vasco). Por el camino fuimos todo el rato acosados por los maulets de guardia. Fuera de la sala, en la que había un pandemónium de cuidado pues algunos asistentes afeaban la conducta a los nacionalistas y exigían libertad de expresión, otro medio centenar de boicoteadores procedió a gritar, empujar y tratar de impedirnos entrar. Una vez dentro, ni Rosa ni ninguno de nosotros pudo pasar más allá de dos metros de la puerta. Un muro humano –en el sentido zoológico del término- lo impedía, mientras bramaba en nuestra cara –aquello fue como una sauna con estrujamiento- las consignas del día:  “Rosa asesina”, “fora feixisistes de la universitat”, y –atentos- “Galicia lliure, fora Rosa Díez” (y espero con interés las muestras de solidaridad de las instituciones gallegas, sean peyorativas o no, además de las de sus personalidades más eminentes; alguno, como Manuel Rivas,  ya se pronunciaba ayer mismo a favor de que se tragara sus palabras: como los maulets).

El impasse duró su buena media hora de empujones, gritos, escupitajos y alguna patada y puñetazo, aunque  salpicados por diálogos insólitos. A Ramón de Veciana, compañero y amigo de UPyD en Cataluña,  un energúmeno le bramaba a cinco centímetros de la cara “¡feixiste!”, hasta que le soltó también “¡fil de puta!”, produciéndose el siguiente insólito intercambio en fluido catalán: Ramón: “¡que me llames feixiste pase porque es lenguaje político, pero no te tolero que me llames hijoputa!” El niñato, muy cortado: “oh, bueno, tienes razón. Retiro lo de hijoputa porque es personal, pero no que eres un fascista.” El diálogo digno de Ubú rey prosiguió mientras corríamos por los pasillos porque, entre tanto, el decano, subido a la mesa y con el micrófono en la mano, dio por suspendido el acto en el salón ante la imposibilidad física de que la conferenciante y el moderador subieran al estrado. En todo este tiempo, la única actuación del servicio de seguridad fue impedir las agresiones directas a Rosa, pero no impedir que se le impidiera el paso, ni los empujones, golpes y aplastamientos que sufrimos todos los demás.

El decano ofreció un aula en la que, al parecer, también hubo de refugiarse Ibarretxe –o tempora o mores-, eso sí, en su caso acompañado por toda la solícita plana mayor de la UAB y muchísima más escolta. Fuimos, pues, al aula 12, ante el espanto de los guardias de seguridad. Los naturales estaban demudados, pero firmes. En el aula entramos apenas cincuenta personas y luego los de seguridad cerraron por dentro. Entre tanto, el pasillo de acceso se había llenado de energúmenos cada vez más furiosos por el semi-fracaso de su boicot. Con total impunidad, se pasaron las dos horas que duró la conferencia y el debate dentro del aula pateando con brutalidad las paredes, que literalmente temblaban, y aullando sus consignas (no teníamos megafonía dentro y eso incordiaba bastante). El decano intentó hacerles desistir de su actitud y fue premiado con una rociada de la pintura roja reservada para nosotros. También salpicó algo, entre otros, a nuestro hábil y archiprofesional realizador, Jesús Prieto, que cámara al hombro se quedó fuera para documentar a fondo lo que estaba pasando haciéndose pasar por cámara de un medio importante (y aprovecharon para pedirle que les grabara unas declaraciones…)

El cuadro era patético. Los cincuenta que estábamos en el aula cerrada veíamos por las ventanas cómo un poco más allá centenares de personas pasaban por el soleado campus como si aquello no estuviera sucediendo o no fuera con ellos. Se veían algunos guardias de seguridad privados pero no había policía alguna visible. Dentro, el clamor subía y bajaba según se enardecían o aburrían los escuadristas.

Rosa dio una conferencia resumida y se abrió el debate. De la veintena de estudiantes que lograron entrar más de la mitad se presentaron como independentistas que, muy educadamente a diferencia de sus compañeros vociferantes, fueron desgranando en más de tres docenas de preguntas, moderadas por el profesor Molins, sus muy previsibles objeciones al ideario de UPyD y sus no menos previsibles elementos de propaganda ultranacionalista, fruto de veinte años de adoctrinamiento educativo y mediático, a saber: UPyD quiere la muerte del catalán, el español no es su lengua aunque sepan hablarlo bien, España saquea Cataluña que sólo pide administrar su riqueza, España ocupa Cataluña por la fuerza, los referéndums independentistas son un espléndido ejercicio de democracia directa, si no se impone el catalán acabará muriendo ante la pujanza del español, etc. Al menos una de los asistentes, que había participado  activamente minutos antes en el escándalo del salón de actos y que por su aspecto agitanado de manual hubiera sido una buena figurante de cualquier Carmen de Bizet, ahora, quizás para hacer méritos antes los catalanes patanegra, hacía las preguntas más propagandísticas y cabeceaba negativamente, con horrorizada pesadumbre, cuando Rosa le explicaba cosas como que ninguna lengua tiene derechos, sólo los ciudadanos.

Trataban de jugar con nosotros al poli malo y al poli bueno, pero Rosa estuvo brillante, directa y persuasiva, y ellos cada vez más sorprendidos por las respuestas… Francamente, con una docena de sesiones semejantes, muchos de ellos quizás irían liberándose del espeso pelo de la dehesa catalanista que les han inculcado como una malaria ideológica. Y esa es, precisamente, la razón de que los más brutales boicoteen activamente actos como el del viernes, y de que las instituciones catalanas ayuden a boicotearlos pasivamente. Al fin y al cabo, ¿no se escribió también en la catalana Universidad de Cervera el famoso y abyecto manifiesto de los catedráticos absolutistas a Fernando VII, el de aquello de “lejos de nosotros la funesta manía de pensar”? Pues en eso siguen muchos en Bellaterra.

La salida fue, como las imágenes demuestran sin género de dudas, brutal. Abandonamos el aula corriendo un largo corredor y bajando por unas escaleras desde las que se arrojaron contra nosotros todo tipo de cosas. El paroxismo llegó cuando Rosa pudo, por fin, meterse en el coche, que esperaba muy lejos (lo que indica la peligrosa imprevisión y bisoñez de los, por lo demás esforzados, servicios de seguridad universitarios). Los más fanáticos no sólo patearon y apedrearon el vehículo rompiendo faros e intentándolo con los cristales blindados, sino que trataron de tirarse sobre el capó para forzar un atropellamiento, con las consecuencias imaginables de haber tenido éxito: ¡Rosa Díez atropella a un estudiante catalán en la UAB! Qué gran titular para Público, El Punt, El Periódico, etc. Contra lo que dicen periodistas que no estaban allí, el coche salió muy despacio y con todo cuidado para, precisamente, no atropellar a nadie. Por fin alcanzó la salida del campus, entre los improperios de unas docenas de fieras y la indiferencia, incomprensión o miedo de miles de universitarios. No hubo detenidos, ni intervención policial, ni llamada alguna de autoridades catalanas o españolas; éstas, las del Gobierno, llamaron a Rosa ya avanzada la noche –una vez vistos los telediarios y calculado su efecto demoledor- para interesarse por su bienestar y preguntar por la inexistente acción policial. A la Generalitat, ni estuvo ni se la esperaba. Así avanza el fascismo en Cataluña, con su ayuda. Luego que no digan que no estaban avisados.

Continuará.

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Desviar las responsabilidades, o cómo maquillar la crisis con falacias

“Porque cuando tú, y tú, y tú, y yo, nos convertimos en nosotros, no hay nada que no podamos arreglar.” Esto es lo que afirma, de forma así de taxativa y apodíctica, el manifiesto de una llamativa campaña publiciatria que seguro han visto por ahí: en la prensa, en cartelería o en internet: “estosololoarreglamosentretodos.org”.

De modo más o menos sibilino pero indisimulado, el mensaje de esta campaña, pagada por las Cámaras de Comercio y las empresas patrocinadoras de la Fundación Confianza (es asombroso lo fácil que resulta sacarles dinero para estas distracciones y lo difícil que es cuando se trata de algo serio), es que la gente debe –debemos- hacerse responsable de la salida de la crisis. Y en segunda lectura, que todos debemos arrimar el hombro… en vez de criticar y desanimarnos. La campaña subraya que el pesimismo y el desánimo empeoran la crisis que, en cierto modo, sería sobre todo un estado mental: “Pero la crisis no solo está ahí fuera, también está en nuestras cabezas”.

De ser así habríamos registrado un gran progreso cognitivo: aunque la crisis económica comenzó hace más de dos años, muchos negaban que existiera tal cosa y achacaban los indicios de la que se avecinaba al pesimismo, falta de entusiasmo e incluso de patriotismo de los críticos. Por desgracia, entre estos sujetos biempensantes, rebosantes de optimismo y buen rollo (¡incluso de patriotismo!), se contaba nada menos que José Luis Rodríguez Zapatero. Y el resto de su gobierno y de los partidos que lo sustentan. ¿O vamos a olvidar aquel debate televisivo en el que, contra todo pronóstico, el ministro Pedro Solbes ganó por puntos al empresario José Manuel Pizarro? Y ganó no porque tuviera más razones que éste, sino porque dijo las cosas que la mayoría de los televidentes quería oír. Que más o menos son la misma que dice esta campaña: esto-lo-arreglamos-entre-todos-con-mucho-optimismo. Pues qué bien. Ahora, que expliquen cómo es posible que se desencadenara semejante desastre financiero con la mayoría de las cabezas inundadas de optimismo y de ganas de seguir viendo como dios. ¿Cómo se explica, dada la importancia de los estados mentales en la solución de la crisis? ¿No tuvo esa ceguera colectiva ningún papel en su gestación?

Ciertamente, la campaña destila un cierto tufillo hegeliano al proponer que el salto cualitativo que va de la suma de muchos individuos al nosotros tiene consecuencias revolucionarias.  Y también del equipo de marketing de Obama, claro: yes, we can. Mientras que la suma de muchos túes y yoes resulta impotente, he aquí que el nosotros triunfa donde aquellos fracasan porque nada le está vedado. En fin, el optimismo de la voluntad. Pues cuidado, porque un pequeño empujón y ese optimismo entusiasta de los yoes disueltos en el nosotros victorioso conduce velozmente al totalitarismo. Esperemos que el siguiente paso de la campaña no consista en denunciar quiénes son (somos) los culpables de que el nosotros no consiga imponer su santa voluntad a la dura realidad. Por si acaso, estaremos atentos.

Esta campaña tiene de malo tres cosas: primera, que pretende que la crisis económica (y política) es sobre todo un estado mental, es decir, una representación subjetiva contagiosa, en vez de una situación de hecho fundada en poderosos datos materiales. Por ejemplo, el desempleo. Sintomáticamente, la campaña pone como ejemplo de la actitud a seguir a un espabilado sevillano que ha superado el problema imaginándose un trabajo. En segundo lugar, la campaña desvía el tiro: está muy bien que todos estemos dispuestos a cooperar, pero las soluciones no vendrán por esa disposición de ánimo, sino porque quienes pueden tomar decisiones las tomen de una vez, comenzando por los poderes político y económicos. En este sentido, la campaña es una peligrosa engañifa, porque desvía las responsabilidades de quienes sí tienen la capacidad y responsabilidad de tomar decisiones a quienes son meros espectadores y víctimas, con más impotencia que otra cosa. ¿O es que alguien sostiene seriamente que medidas tales como la despolitización de las cajas de ahorro, la reforma del mercado laboral o la reducción del déficit público mediante una racionalización del disparatado “Estado de las autonomías” son cosas que pasarán gracias al buen rollito de la gente?

En cualquier caso, la crisis no se resolverá promoviendo patrañas y falacias. Y llegamos así al tercer problema de esta campaña: su fe ilimitada en las virtudes del marketing y de la propaganda de calidad –es una campaña ingeniosa y bien diseñada, qué duda cabe- como sustitutivo de la comunicación basada en la veracidad cognitiva, la competencia lógica y la responsabilidad ética y política. No, miren: igual es conveniente emplear el mejor marketing y publicidad posibles en la comunicación de la realidad de la crisis y de las medidas indispensables para superarla, pero pretender que marketing y publicidad sustituyan a la política y la economía, y la propaganda a la verdad y el conocimiento, es tan inútil como peligroso a la larga.

Además, qué quieren, a uno le solivianta que le tomen por tonto y carne de creativo publicitario. Ya lo escribió magistralmente –imposible mejorarlo- Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía allí”. Pues lo mismo: cuando despertó del sueño narcótico del buen rollito y el optimismo creativo de la campaña, la crisis todavía seguía allí. Sólo que acrecida y desbocada por el desvío de responsabilidades, que conduce al desvarío de la razón.

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Aminetu Haidar y Orlando Zapata, dos luchas paralelas (Sáhara y Cuba o la amnesia voluntaria de España)

Este 27 de febrero se ha celebrado el 35º aniversario de la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática (RASD). Marruecos ocupa la mayor parte del territorio que los saharauis reclaman como propio, el de la antigua provincia española del “Sáhara Español” -que aparecía en todos los mapas de España de los libros de texto de mi generación con el mismo trato que Asturias o Málaga-, pero los saharauis conservan, empero, una amplia faja del desierto, fronteriza con Mauritania. Incluye algunos puntos habitados, como Tifariti. Son los “territorios liberados” del Polisario, donde mantiene sus fuerzas armadas mientras la mayoría de los saharauis refugiados subsisten como pueden en Tinduf (Argelia). Esta franja irregular de desierto bajo control saharaui es la prueba principal de que la RSAD no es una mera ficción. Es obvio que Marruecos tolera el desafío que esto representa porque considera fuerte su posición en el resto del Sáhara, aproximadamente un 80% del territorio, donde ha establecido numerosos colonos marroquíes. La ocupación de toda nuestra antigua provincia desértica no compensa el riesgo de una guerra más generalizada, quizás con Argelia. Al Polisario, en cambio, la conservación de esa franja de desierto les sirve como símbolo vivo de su voluntad de resistencia y prueba material de la existencia de su Estado, por precario que sea. Pero la precariedad de su situación ha sido confirmada de un modo clamoroso, y precisamente en España, por el silencio de los medios de comunicación sobre la celebración de su 35º aniversario. Apenas se han publicado unas líneas sobre la efeméride. Y ello a pesar de que el Polisario puede, también, presumir de un logro nada despreciable a día de hoy: ha evitado degenerar hacia el terrorismo (aunque, visto lo poco cotizado que está el respeto a la legalidad internacional, hay que preguntarse que por cuánto tiempo…)

El olvido habitual de los medios de comunicación españoles e internacionales por el Sáhara Occidental apenas fue roto por la huelga de hambre de Aminetu Haidar. Una vez resuelto el nudo de la cuestión humanitaria, cuando Marruecos autorizó el regreso de esta admirable mujer a su casa de El Aiún para que interrumpiera su huelga de hambre, el silencio informativo ha vuelto a caer sobre los saharauis que resisten a Marruecos. No es de extrañar, pues, que también haya sido ninguneado el viaje de Rosa Díez y una delegación de UPyD a los actos de conmemoración del 35º aniversario de la RSAD.

A diferencia de Aminetu Haidar, el preso político cubano Orlando Zapata no consiguió movilizar los apoyos necesarios para obligar al gobierno de Cuba a reconocer su estatuto de preso de conciencia, que eso pedía, y por eso murió de hambre. Ciertamente, Cuba no es Marruecos, ni tampoco el régimen de Fidel Castro se parece demasiado al de Mohamed V: es una dictadura mucho peor. Sin duda habría sido mucho más difícil convencer al gobierno cubano que al marroquí, pero la pregunta es si al menos se ha intentado, si el gobierno español intentó siquiera mejorar la situación de Orlando Zapata y los demás presos políticos de Cuba, aprovechando la excelente oportunidad brindada por esa tan cacareada presidencia de turno de la UE.

El interesado olvido de Zapatero no es por otra parte exclusivamente suyo. Más bien manifiesta un estado de opinión muy extendido en la clase política española, muy ligada a los intereses empresariales más interesados en la continuidad del castrismo o en una transición sin rupturas. Es significativo que en el borrador de declaración de celebración del bicentenario del inicio de los procesos de emancipación de las repúblicas sudamericanas de España, que comenzó en las actuales México y Argentina, presentado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, no se haga ni la menor mención de la ausencia de libertades más elementales en Cuba, mientras se celebran retóricamente los grandes avances de la libertad en el continente. Precisamente fue Cuba la última en independizarse de España tras una sucesión de guerras y revueltas mucho más cruentas que en las otras colonias, aunque finalmente fue la intervención de Estados Unidos la que sentenció el conflicto mediante una ingeniosa neocolonización de Cuba responsable, en última instancia, de la última revolución nacionalista (eso era en sus comienzos, el “socialismo real” llegó después, con la ayuda soviética) que llevó a los Castro al poder. Y allí siguen, sin que los sucesivos gobiernos españoles hagan nada que merezca la pena para ayudar a iniciar una transición democrática digna de ese nombre. Vean al respecto las últimas declaraciones de Zapatero, esperando que el gobierno de Cuba “comprenda”, del mismo modo en que “espera” que pase la crisis económica: sin hacer nada al respecto.

La opinión pública española, por lo demás, parece tan desconcertada como pasiva ante una situación de palmaria injusticia en la que estamos históricamente implicados, y en cuyo mantenimiento, tanto en Cuba como en el Sáhara Occidental, pesan muchos intereses españoles. Parece claro que la causa de la libertad no cuenta con muchos adeptos influyentes entre nosotros (y menos tendrá todavía con cretinos solidarios como el actor Willy Toledo).

Nota al pie: Con este nivel de exigencia democrática no extrañará el siguiente dato, resultante de una inocente búsqueda realizada en Google. Resultados de la búsqueda “Rosa Díez”+Galicia+Zapatero: 132.000; de la búsqueda “Roberto Blanco Valdés”+bomba: 6.930. De los primeros, la inmensa mayoría son denuestos y ataques de todo tipo de instituciones y personajes de Galicia, incluyendo los lamentos político-morales de Mario Conde (sí, el delincuente). Dicho en román paladino nada peyorativo: una expresión coloquial ha despertado muchísimas más protestas y atención unánimemente indignada de los medios e instituciones de Galicia que la bomba puesta frente a la casa de un brillante catedrático gallego (y excelente persona) de la Universidad de Santiago de Compostela. A estas alturas, no digo nada más. Para qué (bueno, sí: la Diputación de Pontevedra, que ha condenado a Rosa, no condenó el bombazo…)

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Cuba y el hambre como instrumento de opresión politica

El castrismo es un régimen homicida que perdura a base de reducir al hambre a una población sometida. Llevando esta lógica a su consumación, ha dejado morir de hambre a un preso político, Orlando Zapata. Así se cierra el bucle de la absoluta perversidad del régimen: su perduración depende de la extenuación de Cuba, y para que vivan los Castro y sus sicarios de los cubanos unos se mueren poco a poco y otros más rápidamente (Zapata, 85 días de huelga de hambre), pero todos de lo mismo: de un hambre útil para oprimir con las mínimas protestas. Y también del colaboracionismo de gobiernos como el español, por cierto. ¿Valen los intereses de las empresas turísticas y hoteleras españolas la vida de un solo cubano y el hambre de la mayoría?

Galicia, ¿ofendida por Rosa Díez o sumisa a la tontería?

En la entrevista que le hacía Iñaki Gabilondo en Canal +, Rosa Díez dijo una bilbainada (¡huy, perdón!, no quería ofender a Bilbao), a saber: que UPyD es un partido necesario. Véase el minuto 8´20´´. Sin embargo, ni el ayuntamiento de la villa vizcaína, ni las fuerzas vivas del lugar, famosas por su buena imagen de sí mismos, han organizado alboroto alguno ni exigido rectificación alguna. En franco –perdón a los “francos”- contraste, en Galicia han montado un enorme pandemónium por su afirmación de que Zapatero es un “gallego en el sentido más peyorativo”. ¿Cuál es ese sentido peyorativo?: el del chiste: un gallego es ese señor que te encuentras en la escalera y no sabes si está subiendo o bajando. Es decir, un artista del disimulo, del cálculo y de la reserva (y viceversa). ¿Es eso insultante y ofensivo? Pues depende para quién, desde luego. La moda de lo políticamente correcto condena expresiones proverbiales tan arraigadas como la empleada por Rosa para describir, gráficamente, un rasgo inequívoco de la personalidad de José Luis Rodríguez Zapatero: que no hay manera de arrancarle compromiso alguno sobre ningún asunto. De haber venido a cuento –que no era el caso-, Rosa podría haber dicho de Zapatero que es “chulo como un madrileño”, “testarudo como un baturro”, “agarrado como un catalán”, “triste como un castellano”, “bruto como un vasco”, “fallero como un valenciano”, “aplatanado como un canario”, “fanfarrón como un asturiano”, “vago como un gitano” y un largo etcétera semejante, con extensiones internacionales y planetarias. Pues decimos que a alguien le han “engañado como un chino”, que “trabaja como un negro” o “bebe como un cosaco”, además de tener “cabeza cuadrada como los alemanes” o ser “elegante como los italianos”, cuando no “avaro como un escocés” (o judío) e “hipócrita como un inglés” (o un francés). Pero es que además los ingleses son, en este lenguaje proverbial que tan útil resulta para comunicarse a bajo costo –pero ya vemos que no siempre-, bastantes más cosas que hipócritas; también son tenaces, puntuales, tradicionalistas, arrogantes, cerrados, valerosos, borrachos –sobre todo jueces y lores- y muchas otras cualidades, virtuosas o viciosas, que predicamos de ellos por mera costumbre lingüística. Como de los gallegos y gallegas, todo hay que decirlo.

La reacción desmedida a las palabras de Rosa sobre la galleguidad de Zapatero en sentido proverbial han sido, por cierto, confirmadas por el sujeto de este predicado, que ha afirmado: “me sentiría muy orgulloso de ser gallego”. Y zamorano, escocés o mandinga, según le convenga, como la novia de la boda, el muerto del entierro y el niño del bautizo, desde luego (espero con resignada paciencia las protestas indignadas de los sindicatos de novias, muertos y lactantes).

Lo que queda claro es que Galicia no sólo está afectada por los estragos de la estúpida moda de la corrección política, sino atontada por ese nacionalismo que arrumba los sentidos del humor y del ridículo. Pues sí que tienen un problema, me refiero a las fuerzas vivas gallegas, desde la academia de la lengua a los partidos políticos y todas las instituciones que ocupan. Y una curiosidad: la bomba que pusieron hace poco frente a la casa de un excelente analista político gallego caracterizado por su crítica razonada de los excesos nacionalistas, Roberto Blanco Valdés, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Santiago, ¿mereció la misma unánime e intensa reacción de dignidad ofendida? Me parece que no. Pues sí que tienen un problema nuestros conciudadanos gallegos. Pero ese problema no se llama Rosa Díez, precisamente.

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Alarmas cívicas en Francia y Holanda

En Francia ha causado considerable revuelo que el Partido Anticapitalista, un partido de extrema izquierda cuyo nombre lo dice todo, haya incluido en sus listas para las próximas elecciones regionales a una joven musulmana que hace gala de su confesión religiosa llevando el preceptivo pañuelo que oculta el cabello y el cuello a la vista de cualquier hombre que no sea familiar directo. El PA procede de la izquierda revolucionaria trotskista, que en Francia siempre ha gozado de un predicamento mucho mayor al de países comparables. Lo llamativo, escandaloso para algunos, es que esa izquierda radical renuncie a los valores laicos –incluso prejuicios, a veces- unidos a las tradiciones republicanas francesas. En el interesante reportaje sobre la cuestión publicado el pasado domingo por El País, los jóvenes musulmanes afiliados al PA justificaban su militancia con razones de fuerte aroma identitario: ellos son “musulmanes franceses” que, como decía uno de ellos, “no pueden ser otra cosa”. Obsérvese el orden de los predicados: antes musulmanes que franceses, y el resignado comentario de la obligada pertenencia pero sin entusiasmo alguno, digno de aquel prócer de la Restauración que irónicamente propuso encabezar la nueva Constitución con un artículo que rezara: “es español todo aquel que no puede ser otra cosa”.

Antes de descargar el fuego de la indignación democrática contra la extrema izquierda francesa, convendrá recordar que fue el presidente Sarkozy el que jugó con fuego al enredar a la opinión pública francesa con un debate, absurdo y peligroso, sobre la identidad francesa… y sus consecuencias políticas (por ejemplo, exigir a los inmigrantes un contrato de integración). Iniciativa nada inocente en Francia, donde si la extrema izquierda paleomarxista tiene notorio arraigo, mayor lo tiene todavía el populismo nacionalista y xenófobo, republicano sólo de nombre, liderado por Le Pen y su Frente Nacional, que estuvo a punto de ganar una elección presidencial.

La concurrencia de ambos fenómenos lleva a una conclusión inevitable: el laicismo está en peligro en Francia, tanto el que se refiere a los símbolos religiosos en la esfera pública, como el referido a la tradición republicana de la igualdad (y fraternidad) de todos los ciudadanos, nacidos o no en Francia, que respeten sus leyes. Es inquietante, cuando menos, que Sarkozy enrede con la problematización de una “identidad francesa” cuando Francia es uno de los países con una identidad más clara, incluso avasalladora en muchos aspectos. Y es sintomático que incluso la extrema izquierda acepte crecer entre los “musulmanes franceses” aceptando el principio islámico, frontalmente opuesto al concepto ilustrado de ciudadanía, de que la religión está por encima de cualquier otra circunstancia que nos defina como personas. Es cierto que en España tenemos amplia experiencia de la forma en que la izquierda tradicional acaba renegando de sus orígenes intelectuales para mimetizarse con el nacionalismo y cualquier forma en auge de particularismo y comunitarismo, pero que ello ocurra también en Francia es todo un aviso del progreso de ese cáncer y, de paso, de que la fuerte centralización del Estado no es ese antídoto eficaz que algunos creen frente a las ofensivas contra el ideal de ciudadanía.

Un poco más al norte de Francia, en Holanda, asistimos a un encendido debate sobre el uso del árabe y el turco en la propaganda política de los principales partidos tradicionales para la próxima campaña electoral. La razón de este insólito babel político es doble: en Holanda hay fuertes comunidades musulmanas y turcas, y su voto puede decidir el resultado porque –y esta es la segunda razón- se espera una alta abstención del electorado holandés, quizás superior al 50% (y ello a pesar de las poderosas e ininterrumpidas tradiciones democráticas de los Países Bajos, uno de los laboratorios europeos de la democracia representativa). Los partidos tradicionales parecen haber renunciado a movilizar a sus votantes tradicionales y echan la red en los nuevos caladeros de votos. Hacerlo en sus lenguas maternas es sin duda ingenioso y hasta una muestra de tolerancia del país de Baruch Spinoza, pero no pocas voces advierten de que ésta puede ser el inicio de una serie de concesiones que no se limiten a la lengua vehicular de la propaganda política, sino a cuestiones constitucionales mucho más serias, como la aceptación de un estatus legal especial para comunidades cultural-religiosas –por ejemplo, la sharia para los musulmanes- que rechazan la completa asimilación y se resisten a hacer suyos todos los valores del país de acogida. De nuevo, la defensa de la identidad aparece enfrentada a la decadencia del laicismo, vinculado a una ciudadanía universal independiente de toda creencia religiosa o mitológica.

Claro que la reflexión de fondo no es si los inmigrantes se dejan asimilar o no, o si tenemos derecho a pedirles que lo hagan –aunque sin duda la exigencia del cumplimiento de las leyes implica una importante asimilación en muchos aspectos, por ejemplo en la instauración de la igualdad legal de mujeres y varones-, sino más bien otra: tanta insistencia en la identidad en peligro y tanto alarmismo e impotencia política –pues eso manifiesta la recurrente referencia a “nuestros valores en peligro”-, ¿no será más bien una expresión asustada de que los valores que tanto se dice defender son más bien cosa del pasado, tradición más muerta que viva? ¿Una aceptación tácita de que el laicismo del pasado republicano o la tolerancia activa de antaño está bastante decaída, vaciadas de sustancia, convertidas en lemas al estilo del “detente bala”?

Dicho de otro modo: ¿qué expectativa legítima de conseguir la integración de comunidades con tradiciones de origen muy diferentes tenemos los ciudadanos de sociedades que claramente han dejado de practicar esos valores que exigen a los demás mediante un patético “contrato de integración”? ¿Puede Europa tratar de imponer, con una mezcla de oportunismo político y desarme cívico, lo que parece renunciar a conseguir mediante la educación y el civismo activo? Me parece difícil contestar que sí. O Europa reencuentra el sentido de esos valores tan añorados como desactivados, o no habrá mucho que hacer, aparte de asistir impotentes al auge de la xenofobia, el populismo antisistema y el fundamentalismo étnico y religioso. Mal asunto.

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El terrorista como gamberro

El Noticiero de las Ideas me publicó un artículo titulado ETA, final confuso. Data de la última tregua de la banda nacionalista homicida, y defiende la tesis de que ese final no iba a llegar por la negociación política o por el diálogo pacifista -tan bobo como bienintencionado-, ni tampoco por la autodisolución –imposible en una banda donde hace treinta años dejaron de pensar en algo distinto a cómo asesinar más y mejor-, sino por la inevitable deriva del terrorismo nacionalista al gamberrismo vulgar. Pues bien, parece que ese proceso ya está muy avanzado: muchos de los etarras detenidos estos días en feliz abundancia también son, según varios indicios, trapicheros de drogas al por menor. O, como en el último caso comentado con tanto regocijo, imbéciles al uso que se sacaban fotos con la camiseta de la selección nacional (española, por supuesto) para colgarla en su página de Facebook junto a enlaces a sus páginas abertzales favoritas y fotos de la última cogorza en la disco del pueblo. Lo único que diferencia a esta clase de terrorista de un gamberro vulgar es que todavía invoca móviles políticos para justificar su afición a divertirse mediante la violencia desenfrenada contra sus semejantes.

Como ha dicho con acierto Fernando Savater, el terrorismo ha entrado en su fase de completa trivialidad. Porque poner bombas o tratar de matar a otros es, para esa gente, otra forma de divertirse hasta reventar. En cierto modo, un destino prefigurado irónicamente en el lema de ETA: Jo ta ke, coloquial sintagma traducible como “dale que te pego”.

En mi papel no deseado de “etólogo” de cierta reputación en una época, acabé insistiendo en que la búsqueda de complicadas teorías para explicar la persistencia del terrorismo nacionalista era una tarea tan prescindible y vana como en el fondo contraproducente. Vana y prescindible porque el terrorismo nacionalista –a diferencia en esto del islamista, por ejemplo- es un fenómeno surgido de la absoluta carencia de frenos éticos y en un cálculo muy simple: si matar es rentable para tus fines, mata. Que esos fines sean, como es el caso, políticos, no cambia el hecho básico de que el móvil principal del terrorismo nacionalista es la pura, llana y simple utilidad, la obtención de ventajas sobre “el enemigo”. Las teorías alambicadas y barrocas no sólo complican la comprensión de este principio, sino que en muchos casos dan a los propios terroristas estupendas justificaciones por sus móviles inconscientes, históricos o antropológicos, argumentos retorcidos que impresionan a muchos cuando algún papanatas académico o mediático las esgrime en cualquiera de los muchos foros convocados para darle vueltas a algo tan simple como explicar por qué ETA lleva cincuenta años asesinando o tratando de hacerlo: porque sale rentable, es decir, produce beneficios asumiendo algún riesgo. Y otros, como el PNV y el nacionalismo en su conjunto, consiguen incluso muchos más beneficios con riesgo escaso o nulo… (forma de parasitismo que siempre ha soliviantado a ETA, pero esta es otra historia).

Nos les sorprenderá que quienes hemos postulado el minimalismo hermenéutico en relación con el terrorismo en general y ETA en particular dejáramos muy pronto de ser invitados a participar en las incontables mesas redondas, sesudos debates y espesos cursos de verano, por no hablar de informes magníficamente remunerados, donde aplaudidas nulidades explicaban la necesidad de encarar con valentía las razones antropológicas, psicoanalíticas o metahistóricas de la persistencia de la violencia, razones que inevitablemente conducían al diálogo y la negociación con los asesinos y cómplices. Quizás fue bueno, porque al no tener tiempo que perder visitando despachos o reputadas instituciones y perorando en tertulias, organizamos movimientos cívicos que dieron un buen empujón al fin de ETA exigiendo en la calle hacer lo único que cabe hacer: ponérselo tan caro y difícil que asesinar deje de ser rentable y se convierta en un mal negocio. Y en esas estamos. Es normal que los etarras actuales sean tan parecidos a gamberros de discoteca y pequeños delincuentes: no son los más listos ni aplicados de la clase.

La tendencia comenzó a manifestarse hace años. Cuando al nefasto Txelis, felizmente encarcelado, se le ocurrió a mediados de los noventa montar los grupos de kale borroka en el papel sicario de formación profesional juvenil del terrorismo adulto, también inició la recluta de los más brutos y torpes, llamados a hacerse cargo un día de la banda terrorista. Al poco tiempo comenzaron los casos de etarras detenidos por la policía por presumir de pistola en un bar de copas, o de aquel comando de cretinos a los que encomendaron un coche bomba para volar el diario El Correo, en Bilbao, pero primero lo usaron para regalarse un fin de semanas de copas y ligoteo, de modo que la grúa municipal se lo llevó al depósito por dejarlo mal aparcado en una calle muy animada.

El juez Baltasar Garzón, en su época más feliz –cuando se concentraba en la lucha contra el terrorismo y no contra el sentido común-, nos contó un día que mientras interrogaba en la Audiencia Nacional a un chaval de los del cóctel molotov trató de profundizar en sus móviles preguntándole por sus convicciones e ideas, su visión de la realidad, etc. El chaval dio un respingo y cortó el interrogatorio diciendo: “hombre, si vamos a hablar de política…!”  Él, como recomendaba Francisco Franco, nunca se metía en tales inutilidades.

A estas alturas, y en medio de este mes de febrero que para muchos de nosotros es una sucesión de duelos dolorosos (asesinatos de Fernando Múgica, José Luis López de la Calle, Joseba Pagazaurtundua, Francisco Tomás y Valiente…), produce cierta indignación melancólica comprobar cuánto se ha perdido y cuántos han muerto por el prestigio de teorías estúpidas que sólo enredaban y confundían el único sentido posible, en una democracia, conducente al fin de ETA. No es otro que aprobar las leyes apropiadas, como la Ley de Partidos, y aplicarlas sin titubeos a los delincuentes. Por desgracia, la naturaleza humana es tal, agravada por el defectuoso funcionamiento de nuestras instituciones y el escaso civismo de nuestra sociedad, que la imbecilidad no sólo está profundamente arraigada en ETA, sino también entre sus posibles víctimas. Y así hemos llegado a este punto en el que la banda se va deshaciendo más por la lógica interna de su inevitable degeneración que por haber reaccionado contra ella con decencia, civismo, racionalidad e integridad política. En fin, ya lo dice Homero en los primeros versos de La Odisea: los humanos atribuyen a los dioses muchos de los males que ellos mismos se infligen por su obstinada estupidez.

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Adiós a la Transición

¿Quién iba a decirnos hace un par de años que Garzón no sólo iba a ser encausado por la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, y esta vez sin la bochornosa diferencia entre “conservadores” y “progresistas”, sino que la Audiencia Nacional iba a ordenarle reanudar las diligencias de uno de sus famosos casos mal instruidos y peor cerrados, el del chivatazo del bar Faisán durante la última tregua-farsa de ETA? ¿Y quién podía prever que los problemas de Garzón iban a seguirse no tanto de sus sumarios mal instruidos o de su turismo académico subvencionado por banqueros, sino por la Causa General al Franquismo con la que quiso consagrar un concepto estrafalario de la administración de justicia, de una Justicia histórica y retroactiva cuasi divina que juzga a los muertos, incompatible con el Estado de Derecho? ¡Ay!: el ocaso de Baltasar Garzón, el superjuez ayer intocable y halagado por todos, es otro síntoma de que la era de la Transición política iniciada en 1976 se está acabando.

Todo se tambalea: los partidos tradicionales, pringados por la corrupción, en manos de ineptos e incapaces de hacer frente a la endiablada amalgama de crisis económica y política; los sindicatos, que dependen de esos mismos partidos para financiarse a través de subvenciones encubiertas o abiertas; la patronal, en manos de empresarios fracasados y carente del mínimo liderazgo que cabría esperar en una crisis tan brutal como la presente; los grupos de comunicación, cuyos periódicos pierden lectores todos los días y peregrinan al Gobierno con el cazo de las subvenciones en la mano, para cobrarse los constantes favores a la clase política; el modelo económico del mal llamado “milagro español”, basado en la baja productividad de una mano de obra poco formada y en la escasa capacidad de innovación de la mayor parte de sus empresas. Hasta la monarquía se está dejando un buen montón de plumas en su última e imprudente incursión en la política de Estado, reclamando los pactos que convienen al inquilino de la Moncloa: peligrosa imprudencia en un país monárquico más por compromiso que por convicción. Y por un compromiso forjado en una Transición que hace aguas por todas partes. No todo es negativo en este naufragio: también ETA está en franca decadencia, y hay indicios de que el nacionalismo afronta también el declive, como indican la tendencia a la atomización del catalán y el relevo vasco.

Es sabido que las crisis históricas se producen cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Pues bien, estamos en una de esas situaciones. A diferencia de otras anteriores, esta vez la crisis afecta a una sociedad que, a pesar de sus deficiencias educativas y cívicas, es mucho más moderna, más cohesionada y más sensata que la de los años treinta, pongamos por caso, y también que la clase política actual y que sus socios periodistas y financieros, surgidos muchos de ellos de esa selección negativa que ha promocionado a toda esta cochambre de logreros, tertulianos e indocumentados. En este sentido, la crisis representa una oportunidad, también histórica, para abordar de una vez los cambios de fondo –económicos, políticos, educativos, culturales- que ese establishment desgastado y sin credibilidad, como están certificando los mercados financieros internacionales, no quiere ni quizás pueda siquiera emprender.

No hay alternativa. Si no nos encargamos nosotros mismos de dar nueva forma a nuestro país aprovechando las oportunidades que abre la crisis de todas y cada una de las instituciones, serán otros, como los países europeos para los que nuestra crisis representa un peligro objetivo de arrastre a la decadencia, los que dicten la forma y clase de país que les convenga para sus intereses, nos guste poco o nada. Y si no, observemos el ejemplo de Grecia, y aprendamos. Atentos, vienen tiempos de decisiones trascendentales.

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Por la caja, todos a una

La tarde de ayer, Rosa Díez se quedó sola a la hora de votar una moción de UPyD para “despolitizar” las cajas de ahorro, es decir, para liberarlas de su actual servidumbre a los intereses inconfesables de partidos políticos, sindicatos y fuerzas vivas locales, con el fin de convertir a las instituciones que controlan el 51% del negocio bancario español en verdaderas entidades crediticias al servicio de los clientes, gestionadas por profesionales e independientes de la presión de sus actuales dueños de facto para, por ejemplo, condonar créditos a los partidos políticos y financiarlos de otros mil modos turbios.

Es evidente que la reforma de la anacrónica regulación de las cajas de ahorro urge por las exigencias de saneamiento del sistema financiero, pues las cajas se han convertido en bombas de relojería por riesgos acumulados de magnitud en buena parte desconocida. Por ejemplo, la insolvencia de muchas debido a su abusiva implicación en la burbuja inmobiliaria (son las principales acreedoras de esa escalofriante cifra de 350.000 millones de euros en créditos inmobiliarios probablemente incobrables). Y además hay razones de justicia no menos urgentes: los privilegios y chanchullos que prodigan a sus beneficiarios, inaccesibles para los simples particulares que, encima, son quienes las sostienen con sus depósitos y nóminas.

La moción de UPyD que todos los demás partidos han votado en contra, como un solo hombre o mujer, pedía cosas tan insólitas –aunque adoptadas en muchos países europeos desde hace años- como separar la “obra social” del negocio bancario, que debe regirse por criterios profesionales de rentabilidad, impedir a las comunidades autónomas que puedan vetar fusiones de cajas o cambios similares –como pretende la ley de Núñez Feijóo que el Gobierno ha decidió recurrir ante el Constitucional-, poner al frente de la gestión a profesionales, someter las decisiones estratégicas al control del Banco de España, y erradicar la manipulación actual que ha convertido la representación en los órganos de gestión de trabajadores y clientes en sendas representaciones delegadas de partidos y sindicatos. Entre otras cosas. Pues bien: PSOE, PP, CIU, PNV, ERC, CC, BNG, IU-IPC, NaBai y tuti quanti han votado unánimemente en contra. El mismo día en que un inspirado Eduardo Sotillos explicaba en su blog que el ascenso de la popularidad de UPyD expresa la indiferencia de algunos votantes… ¡por las diferencias de programa entre los partidos! ¿No es desternillante?

Se trataba, claro, de la caja, o mejor dicho, de la libertad de meter mano en ella para financiar todo tipo de intereses espurios, políticos en el sentido peyorativo del término, porque poco tienen que ver con el interés público inversiones disparatadas como el aeropuerto de Ciudad Real que ha hundido a Caja de Castillla-La Mancha, o la especulación inmobiliaria a la que casi todas se echaron a tumba abierta. Otro de los ingredientes obvios de la crisis económica, en curso, una crisis económica agravada por una crisis política consecuencia de un sistema de partidos degenerado. Pero claro, ya lo dice José Blanco: ¡es una conspiración internacional contra nuestro maravilloso sistema! Y contra el euro, o.c.

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¿Necesitamos pactos PSOE-PP?

Ante la magnitud de la crisis, numerosas voces proponen enfrentarla mediante pactos entre las principales fuerzas políticas, es decir, entre PSOE y PP. Urge reeditar los Pactos de la Moncloa, dicen algunos, e incluso un Gobierno de concentración PSOE-PP, según otros, porque todos debemos tirar del carro en la misma dirección, tener generosidad y sentido de Estado, etcétera.

Veo las cosas de un modo algo diferente: temo que cualquier pacto PSOE-PP sea, en lugar de un Pacto de Estado contra la crisis, un pacto por la conservación del poder político en su forma actual, que es en buena medida la que nos ha metido en esta crisis sin precedentes. Pues, a diferencia de otras crisis económicas anteriores, esta es también una crisis política. Y del mismo modo en que salir de la crisis y evitar recaídas implica adoptar importantes reformas económicas, desde la del mercado del trabajo a la de las cajas de ahorro pasando por el sistema de pensiones, la crisis política exige profundas reformas políticas todavía más considerables. La cuestión, pues, es si PSOE y PP están en condiciones de emprender un profundo programa de reformas políticas. En seguida vamos a verlo, pero conviene entender que el agravamiento de la crisis económica en nuestro país, desde la desafortunada visita a Davos y el pasado “jueves negro” –cuando Zapatero se fue a por la foto con Obama en vez de estar gobernando España-, obedece a razones políticas. Si los mercados financieros internacionales apuestan contra España castigando la emisión de deuda pública porque consideran muy alto el riesgo de quiebra del Estado, no es sólo porque el lamentable e inepto Gobierno de Zapatero carezca de la credibilidad necesaria, sino también porque los observadores externos aprecian que el sistema político español se ha vuelto ingobernable. Aunque sobre este último y trascendental factor se prefiera pasar de puntillas y mencionarlo en casa lo menos posible… Concluyendo: la solución de la actual crisis económica demanda una solución política, y esta consiste en reformar a fondo un sistema constitucional que ha minado gravemente la imagen económica de España, por mucho que haya otros factores adicionales de menor importancia (desde la envidia a Iberdrola o al Banco de Santander hasta la leyenda negra de cuando Felipe II).

Reparemos en los pactos PSOE-PP cerrados o abiertos y veremos mejor de qué se trata. Bastará con dos ejemplos: el pacto para impedir que haya elecciones anticipadas en Baleares, y el llamado Pacto por la Educación promovido por el Gobierno.

En Baleares, la incalificable putrefacción de la pequeña Unió Mallorquina es sólo la nota más repugnante de una política autonómica podrida desde hace lustros. Esa generalizada fetidez es la que desaconseja a los principales partidos, PSOE y PP, la salida más lógica en una democracia cuando un gobierno pierde la mayoría parlamentaria: convocar elecciones para que los votantes decidan. El pacto entre PSOE y PP para hacer como que UM no existe –aunque su presidenta, María Antonia Munar, sigue presidiendo el Parlamento- y no hay mayor problema es sólo una maniobra dilatoria para retrasar la crisis del sistema en Baleares. Naturalmente, esto hace un gran daño a las instituciones y a la democracia, pero ¿qué importancia tiene eso frente el riesgo de perder el poder, y de que salgan a la luz los datos de una corrupción generalizada ligada a la economía del ladrillo, del turismo y de la recalificación de terrenos?

Vayamos ahora al Pacto por la Educación que promueve Ángel Gabilondo. Lo que se conoce hasta el momento es un conjunto de reformas muy insuficientes, pues dejan intacto el factor principal de de la constante decadencia de la educación pública española, a saber, un modelo educativo caduco y fracasado. Pero es que hay otro problema adicional y definitivo: en realidad, el Gobierno y el Parlamento de España carecen de capacidad de decisión en política educativa, porque la competencia está en manos de las 17 comunidades autónomas, y lo que tenemos son, por tanto, 17 leyes y sistemas educativos. Así que las comunidades autónomas no pueden ser obligadas a aceptar las reformas educativas que apruebe ese Pacto. O es que, tras la vergonzosa pasividad del Tribunal Constitucional en los recursos contra el Estatuto de Cataluña, ¿alguien puede creer que hay alguna institución capaz de imponerse a las comunidades autónomas, es decir, a sus 17 clases políticas?

En resumen: PSOE y PP sólo se ponen de acuerdo o bien para impedir todo cambio real, como en Baleares, o para proponer pactos que el Estado no podrá imponer a las comunidades autónomas y serán reducidos a papel mojado. Estos Pactos son meras expresiones de incapacidad e impotencia política . Desde luego, se puede invocar el pacto PSOE-PP en el País Vasco como un ejemplo de lo contrario, pero también ese pacto ha hecho poco más que expulsar al PNV de Ajuria-enea; descontando la implicación de la Ertzaintza en la lucha contra ETA, casi todo lo demás permanece como con los nacionalistas.

Mientras la alternativa política se limite a elegir gobiernos socialistas o gobiernos populares, no habrá manera de afrontar las reformas políticas imprescindibles para que la crisis económica no se convierta en una catástrofe que heredará la próxima generación de empobrecidos ciudadanos. Así que no perdamos el tiempo: no son los pactos entre PSOE y PP los que solucionarán los problemas de la economía, la educación, la corrupción o la justicia, sino que más bien actuarán en la dirección contraria, perpetuando los vicios estructurales que arruinan el edificio constitucional español. No, lo que necesitamos, y cada día con más urgencia, son nuevos partidos políticos y nuevos programas de acción que enfrenten una reforma global que va tomando visos de convertirse, casi, en una revolución. Pacífica, cívica y constitucional, pero revolución al fin y al cabo.

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