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Desahucios hipotecarios, la hora cero de la “segunda oportunidad”

Ya estamos en la cuenta atrás de la resolución legal, o no, del drama de los desahucios hipotecarios. Esta semana se han reunido de nuevo las dos ponencias del Congreso para organizar el debate de la reforma del sistema hipotecario, y… ¡Un momento!, ¿cómo que las dos ponencias? Pues sí, y lo explico: había dos ponencias porque había en marcha dos reformas legales paralelas: la tramitación como Ley (121/ 000031) del Real Decreto “de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”, presentado por el Gobierno, y la ILP de “regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social”, cuya tramitación fue aprobada por unanimidad cuando la primera ya estaba en marcha.

Como no es posible que en una democracia razonable haya dos leyes diferentes sobre el mismo asunto -aunque el PSOE y su prensa amiga digan que sí-, ambas iniciativas estaban condenadas a refundirse en una propuesta única, que es lo que aprobamos el martes 2 de abril. Ahora sólo somos una ponencia y toca al ponente, el grupo del PP, presentar la suma de ambos proyectos en un texto único que será debatido, enmendado y votado tanto en su conjunto como enmienda por enmienda. Lo que significa que, dada la mayoría absoluta de que goza el Partido Popular, está en su mano aceptar o rechazar las abundantes enmiendas de todo tipo (muchas son parecidas y pueden refundirse sin dificultad) presentadas por todos los grupos a una o ambas iniciativas.

Si el PP demuestra ahora más inteligencia que la escasa empleada en lo que va de legislatura, y dada la importancia política y la repercusión social de los desahucios hipotecarios, intentará aceptar las enmiendas más razonables, aquellas que se proponen dos metas: resolver el problema de la deuda hipotecaria impagable por causas sobrevenidas, para lo cual la dación en pago es una opción pero no la única y, en segundo lugar, incorporar a la legislación la sentencia del TJUE. Esta, contra lo proclamado por el birrioso periodismo dominante, no dice que el sistema hipotecario sea ilegal, sino que las hipotecas que incluyan cláusulas abusivas que incumplen las leyes europeas de protección del consumidor podrían ser declaradas nulas.

Recapitulemos: el problema de fondo del sistema hipotecario español radica en que si bien ha servido para conceder millones de hipotecas inmobiliarias accesibles, pero de responsabilidad ilimitada -lo cual significa que la deuda es eterna si no se paga-, es durísimo con el deudor que, por lo que sea, no pueda hacer frente al pago de sus cuotas. El acreedor puede iniciar la ejecución del lanzamiento hipotecario con sólo una cuota impagada y con elevadísimos intereses de demora -una penalización usuraria- que afectan a todo el principal de la deuda y no sólo a lo que falta por pagar, por lo que el deudor se queda sin casa y con una deuda enorme que le persigue hasta la tumba. Esto es lo que debe acabarse, porque es un abuso.

Conviene recordar que la dación en pago consiste en que el deudor pueda entregar la casa al banco y liquidar la deuda, pero también se queda en la calle. Es una solución parcial pues no garantiza el derecho a la vivienda si la casa entregada en pago de la deuda es la vivienda habitual (ignoramos cuántos desahucios de este tipo se producen). Por tanto, no es la panacea justiciera que algunos han querido vender a la opinión pública. Es una opción legítima y necesaria… entre otras más.

¿Hay otros modos de resolver el problema conservando la propiedad de la casa? Porque muchas familias preferirían negociar una moratoria del pago, una reducción de la cuota o un acuerdo de anticresis, una especie de alquiler que permite descontar de la deuda lo pagado a título de intereses, conservando la propiedad.

La idea dogmática de que la dación en pago es la única solución al doble problema de la deuda contraída y del derecho a la vivienda, porque la dación en pago mantiene de hecho el uso de la vivienda como “alquiler social” (en realidad, ese alquiler siempre será privado), contradice las reglas del mercado de dinero en el que pedimos créditos o esperamos que no los den. Por supuesto, es legítimo estar en contra del mercado libre y defender un sistema socialista; lo deshonesto es ocultar lo que se pretende, explotando en beneficio de un proyecto político de Estado socialista un drama social.

Si uno desea cargarse el sistema de libre mercado y que nadie preste dinero a nadie para comprar inmuebles, adelante, esa solución, que es inherente a la ILP, es perfecta, pero no para resolver el problema de los desahucios sino para convertirlo en un problema diferente: el cambio de sistema. Considero mucho peor un modelo donde sólo puedan comprar casas los millonarios y los demás dependan de una banca nacionalizada convertida en agencia inmobiliaria dependiente del Estado. Un modelo de tipo cubano, donde la vivienda digna sigue siendo una aspiración para los muchos que no tienen dólares.

Si desechamos la retroactividad universal de la dación en pago, ¿cómo se puede solucionar el problema de los que han visto ejecutada su hipoteca y están en la calle, sin casa y con deuda? Una vía abierta es aplicar la sentencia del TJUE ampliando la legislación que protege al deudor. En nuestro caso, cambiando la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que cualquier persona amenazada de ejecución hipotecaria, o que ya la haya sufrido, pueda presentar una demanda en un juzgado solicitando la paralización o revisión del proceso. Si su hipoteca tenía cláusulas abusivas podría ser anulada y sustituida por un contrato hipotecario diferente impuesto por el tribunal. Y ante un panorama semejante, los bancos estarían mucho más interesados en negociar que en desahuciar.

La otra vía, alternativa y a la vez complementaria, es cambiar la Ley Concursal para que los deudores privados puedan acogerse a un concurso de acreedores semejante al que disfrutan las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, lo que significa que la deuda se liquida con la entrega de los bienes del deudor a los acreedores: es la forma de dación en pago y fresh start que propusimos ya en marzo de 2012, y que por supuesto mantenemos en nuestra enmiendas a la Ley del Gobierno.

Como ven, es un problema complejo pero con soluciones legales no demasiado intrincadas. Lo que impide un arreglo que debería haberse comenzado a resolver hace años -por ejemplo, en el 2008 y de nuevo en 2012, cuando el Congreso aprobó una PNL de UPyD para acabar con los intereses abusivos de demora, sin que ni PSOE antes ni PP ahora hicieran nada-, son dos posturas inmovilistas nefastas.

Por una parte, la del PP que el PSOE compartió sin fisuras todos estos años: considerar que el sistema hipotecario español es perfecto y no necesita de arreglos ni cambios de ningún tipo; antes porque venía muy bien a la burbuja inmobiliaria, y ahora porque la banca y los promotores tienen terror a los cambios.

Por la otra, la recién descubierta con entusiasta oportunismo por el PSOE a la deriva, consistente en ignorar la seguridad jurídica y las reglas del mercado e imponer a la banca (esa encarnación del mal, salvo cuando eran las Cajas de Ahorro que ellos también saquearon) que se quede con cualquier inmueble cuyo propietario no pueda pagar el crédito o le resulte muy gravoso hacerlo, pues al fin y al cabo se le garantiza el disfrute de la casa con un “alquiler social” de cinco años al 30% de sus ingresos. Un trato envidiable para quienes viven de alquiler y pagan mucho más o deben compartir la vivienda ( la ILP tampoco se ocupa de los desahucios por alquiler impagado).

Tenemos pues a la vista una nueva oportunidad para legislar una solución realista y práctica al enorme problema creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. Me gustaría mucho equivocarme, pero todo indica que el PP pretenderá salir del apuro con retoques menores -el inútil Código de Buenas Prácticas- referentes al aumento de la tasación del valor de la vivienda, la rebaja de los intereses de demora y mayor control de las subastas y tasaciones, más la inevitable reforma obligada por la sentencia del TJUE. Y también todo indica que PSOE e IU han encontrado en una ILP cuyos obvios defecto jurídicos y consecuencias políticas se niegan a ver -o desean ver en práctica- un confortable búnker donde parapetarse contra las inclemencias de la realidad y contemplar el fascismo de los escraches que encuentran justificados contra sus rivales.

Por nuestra parte, insistiremos en los argumentos ya conocidos y no apoyaremos ninguna ley que no garantice una segunda oportunidad para los deudores hipotecarios insolventes, sea por la vía de la Ley Concursal o por la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por cualquier otra similar -hay más alternativas- que incentive la renegociación de una hipoteca, o la dación en pago, o acogerse a cualquier otra fórmula de fresh start con un resultado semejante: una nueva oportunidad para el deudor de rehacer su vida económica y disfrutar de una vivienda. La incógnita se resolverá pronto.

Hipoteca

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11 comentarios a “Desahucios hipotecarios, la hora cero de la “segunda oportunidad””

  1. El PP reforma un poquito para cumplir malamente, y el Psoe saca los pies del tiesto pensando sólamente en la demagogia fácil que le de renta de votos fáciles.
    El PPSOE no se preocupa de las cosas hasta que no tienen más remedio que hacer algo.
    Sin embargo hay opciones realistas, factibles y justas como propone UPyD.

  2. josejazz dice:

    enhorabuena Carlos, como siempre, para el que tenga paciencia para leer, pensar y analizar sin demagogias, todas las alternativas posibles. Yo por mi parte estoy de acuerdo con las dos vías que propones. No hay que olvidarse que la forma de resolver este asunto tiene influencia directa en las condiciones de los futuros préstamos. Y que un país que se respete tiene que tener seguridad jurídica. Es una vergüenza que los intereses de demora lo sean por el total de la deuda (no por el pendiente de amortizar) y sean intereses de un 18 y un 20 por ciento.

  3. santiago dice:

    Estimado don Carlos, naturalmente entiendo que usted rechace de plano la intimidación que suponen los llamados escraches pero, al menos hasta ahora ¿Que salida le queda a una familia que, como ha sucedido a muchas de personas humildes, se han fiado de que la ley les protegería y también de la buena voluntad del empleado de su oficina? Empleados que también en muchos casos han asesorado sin mala intención (como en el caso de las preferentes donde según he leído hay unos 11.000 empleados bancarios afectados por este tipo de inversión).
    gracias y un cordial saludo.
    Santiago.

    • Estimado Santiago, lo que está claro es que acosar a un diputado no sólo es un delito -un diputado tiene los mismos derechos que cualquiera-, sino que no resolverá absolutamente ninguno de los problemas que tenga. Y al revés, servirá de excusa para no hacer para los inmovilistas. Saludos.

  4. Cándido dice:

    Don Carlos, un perfecto resumen de lo que se podría hacer y, ¡ay!, lo que nos tememos que se puede abortar.

    Son muchas las condiciones leoninas que todos hemos soportado en mayor o menor medida. Una costumbre bancaria muy extendida es hacer el (o los) seguro de vida asociado al crédito (el cual tampoco es legalmente obligatorio, creo) por el montante total del préstamo hasta el final del compromiso hipotecario, cuando lo lógico sería que bajase el capital asegurado (y con el la cuota) en relación a la mengua de la deuda, así mismo muchos bancos se niegan al prorrateo mensual de dichas cuotas con el consiguiente desequilibrio presupuestario para una economía modesta.

    Estos ejemplos, que no dependen de la legislación hipotecaria, que yo creo poder denominar corruptelas del sistema bancario, son también importantes y debería encararse su reforma aprovechando la sentencia del TJUE, que debería obligar a tomarse el asunto en serio, y no al presumible lavado de imagen.

    En general las reclamaciones de AUSBANC y otras asociaciones de usuarios de banca que hacen mucho menos ruido que los piquetes de la Srª Colau, serían mucho más dignas, sin embargo, de ser tenidas en cuenta.

    Perdone por la longitud del post y muchas gracias.

  5. David dice:

    Pero es que nadie se da cuenta que todo este contubernio es claramente resultado de la asociación criminal del PPSOE con los bancos y mercados en contra del pueblo ? A alguien le cabe duda de que los abusos eran evidentes desde siempre y de que NADIE dentro del sistema a querido nunca arreglar porque eran muy beneficiosos para los amigos ? Montaron muy bien la traicision para que haya tenido que ser Europa la que viniera a señalar lo evidente. En UPyD deberíais ser aun mas combativos.

  6. diego dice:

    Mejor la vía del la ley concursal, Carlos, puesto que el unico problema de las familias y particulares quebrados no es la vivienda, sino la necesidad de liquidar deudas y poder incorporarse nuevamente a la actividad. Y esto urge realmente.

  7. Como suele suceder, nadie tiene la razón, toda la razón y nada más que la razón… RECUERDEN, tanto los diputados como los defensores de esta ILP, que existen los artículos 41 y 50 de la constitución, ambos de aplicación a los ciudadanos españoles tengan deudas contraídas o no:

    “Los poderes públicos mantendrán un RÉGIMEN PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS, que garantice la ASISTENCIA Y PRESTACIONES SOCIALES SUFICIENTES ANTE SITUACIONES DE NECESIDAD, ESPECIALMENTE EN CASO DE DESEMPLEO. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. (art. 41 CE)

    “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. (art.50 CE).

    La aplicación efectiva del 41, que no se hace, beneficiaría, en primer lugar, a las familias con todos sus miembros en paro forzoso. Si de verdad se dieran “prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”, el derecho a una vivienda digna y adecuada se vería facilitado en gran medida, así como la protección de la familia y de los hijos, etc., etc.

    La aplicación efectiva del 50, que tampoco se cumple, garantizaría “la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, con todo lo que ello significa…

    Cabría, en su caso, requerir fehacientemente a distintos “poderes públicos” (desde el alcalde del pueblo hasta el presidente del gobierno, atendiendo a las competencias que la ley les atribuye en cuanto poderes públicos) que definan de manera clara y distinta, tanto la suficiencia de las prestaciones sociales como la suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad… ¿suficiencia con qué criterios y suficiencia exactamente para qué? ¿para pasar estrecheces con prestaciones que, en su conjunto, están por debajo del nivel de la pobreza?

    Si, además de esto, la ley contempla la protección de los consumidores contra los abusos de las empresas inmobiliarias o arrendadores, y viceversa, la posibilidad de la dación en pago, la renegociación del alquiler, una red estatal de viviendas para alquiler social y asegurar el derecho de “TODOS LOS ESPAÑOLES” “A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA”, todavía mejor.

    Y si, de paso, nos planteamos el establecimiento de una RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA, como mínimo a nivel nacional, mejor que mejor:

    Pues SOBRAN RAZONES PARA UNA RENTA BÁSICA:
    http://horac-enmarcha.blogspot.com.es/2010/05/sobran-razones-para-una-renta-basica.html

    Actualmente, se están recogiendo firmas en favor de una ILP europea en la que se pide al Parlamento Europeo que estudie la posibilidad de establecer, en toda la Unión Europea, “UNA RENTA BÁSICA UNIVERSAL E INCONDICIONAL”.

    https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?initiativeLang=es

    A mi parecer, esta ILP está bastante mal formulada y, tal como se plantea, sería muy difícil de aplicar, por no decir imposible, o insostenible, principalmente por lo que atañe a la financiación y al control presupuestario que, de aprobarse, vincularía al gobierno de dos monedas, el euro y la libra esterlina… Pues se plantea su aplicación en dos zonas monetarias a la vez, lo que complicaría todavía más la operación.

    Pero, si se consiguen las firmas necesarias, dicha ILP nos permitiría plantear una Renta Básica de Ciudadanía, deseable, posible y hasta necesaria para salir de esta crisis y prevenir las futuras , circunscrita a los nacionales de la Eurozona y técnicamente sostenible desde planteamientos estrictamente económicos y fiscales, algo distintos de los que actualmente se aplican, eso sí. Por razones técnicas relacionadas con la soberanía monetaria que afectarían directamente a la aplicación de la renta básica, y no por injusta discriminación, se plantearía, en su caso, otra Renta Básica de Ciudadanía para para los ciudadanos de la Unión Europea en los territorios con moneda propia distinta del Euro…

    En los casos que afecten a extranjeros habría que estar a lo que dice la legislación Europea y la española en referencia a los tratados internacionales asumidos…

  8. anrodi dice:

    Si las propuestas pueden quedar bien…legalmente. Sin embargo, la situación real de muchas familias es q, la situación de desempleo y consiguiente falta de ingresos, unidos a la indefensión jurídica, les está llevando a la miseria. Y además endeudados de por vida. Y eso exige una solución POLÍTICA (no sólo jurídica) inmediata. Y cuando estas personas han sido desahuciadas de sus vidas (no sólo de sus casas) ya les da igual todo.
    Y a eso es a lo q hay q dar respuesta, no al escrache. UPyD puede defender medidas “dentro” del sistema, pero ese mismo sistema es el q los ha dejado abandonados y en el q no creen ya.
    La política tendrá q arbitrar un mecanismo de demora para hacer frente a sus pagos pendientes, y construir otro funcionamiento DISTINTO del existente para q puedan rehacer sus vidas. Lo demás son componendas q no van a mitigar todo el daño hecho.

  9. Por favor, debido a un despiste grave en mi redacción, ruego que se sustituya el comentario precedente por este otro, donde se habla en términos bastante más exactos de “RENTA BÁSICA INCONDICIONAL”, que es lo que se pide estudiar al Parlamento Europeo en la Iniciativa Ciudadana Europea mencionada, que se denomina oficialmente ICE y no y ILP…

    Como suele suceder, nadie tiene la razón, toda la razón y nada más que la razón… RECUERDEN, tanto los diputados como los defensores de esta ILP, que existen los artículos 41 y 50 de la constitución, ambos de aplicación a los ciudadanos españoles tengan deudas contraídas o no:

    “Los poderes públicos mantendrán un RÉGIMEN PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS, que garantice la ASISTENCIA Y PRESTACIONES SOCIALES SUFICIENTES ANTE SITUACIONES DE NECESIDAD, ESPECIALMENTE EN CASO DE DESEMPLEO. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. (art. 41 CE)

    “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. (art.50 CE).

    La aplicación efectiva del 41, que no se hace, beneficiaría, en primer lugar, a las familias con todos sus miembros en paro forzoso. Si de verdad se dieran “prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”, el derecho a una vivienda digna y adecuada se vería facilitado en gran medida, así como la protección de la familia y de los hijos, etc., etc.

    La aplicación efectiva del 50, que tampoco se cumple, garantizaría “la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, con todo lo que ello significa…

    Cabría, en su caso, requerir fehacientemente a distintos “poderes públicos” (desde el alcalde del pueblo hasta el presidente del gobierno, atendiendo a las competencias que la ley les atribuye en cuanto poderes públicos) que definan de manera clara y distinta, tanto la suficiencia de las prestaciones sociales como la suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad… ¿suficiencia con qué criterios y suficiencia exactamente para qué? ¿Para pasar estrecheces con prestaciones que, en su conjunto, están por debajo del nivel de la pobreza?

    Si, además de esto, la ley contempla la protección de los consumidores contra los abusos de las empresas inmobiliarias o arrendadores, y viceversa, la posibilidad de la dación en pago, la renegociación del alquiler, una red estatal de viviendas para alquiler social y asegurar el derecho de “TODOS LOS ESPAÑOLES” “A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA”, todavía mejor.

    En los casos que afecten a extranjeros habría que estar a lo que dice la legislación Europea y la española en referencia a los tratados internacionales asumidos…

    Y si, de paso, nos planteamos el establecimiento de una RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA, como mínimo a nivel nacional, mejor que mejor:

    Pues SOBRAN RAZONES PARA UNA RENTA BÁSICA:
    http://horac-enmarcha.blogspot.com.es/2010/05/sobran-razones-para-una-renta-basica.html

    Actualmente, se están recogiendo firmas en favor de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), en la que se pide al Parlamento Europeo que estudie la posibilidad de establecer, en toda la Unión Europea, “UNA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL”.

    https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/index.do?initiativeLang=es

    A mi parecer, la Renta Básica, tal como se plantea en esta ICE, sería muy difícil de aplicar, por no decir imposible, o insostenible, si hemos de tomar en serio algunas de las características requeridas por los peticionarios que se expresan en una “Definición de Renta Básica Incondicional” que, contraviniendo a la lógica más elemental, incluye lo definido en los términos de la propia definición:

    «La Renta Básica Incondicional (RBI) no sustituye al Estado del bienestar pero sí lo completa y transforma desde un Estado del bienestar compensatorio a otro emancipatorio. La Renta Básica Incondicional emancipatoria se define con los siguientes cuatro criterios: universal, individual, incondicional, lo bastante elevada para asegurar una existencia digna y la participación en la sociedad».

    Queda en el aire todo lo que atañe a la financiación y al control presupuestario que, de aprobarse la implantación esa “RENTA BÁSICA”, tan pretenciosamente “INCONDICIONAL”, estaría vinculado, como mínimo, al gobierno de dos monedas, el euro y la libra esterlina… Se pide la aplicación de dicha “RENTA BÁSICA INCONDICIONAL” en dos zonas monetarias a la vez, pero claramente diferenciadas, lo que complicaría todavía más la operación.

    Pero, si se consiguen las firmas necesarias, dicha ICE nos permitiría plantear una Renta Básica de Ciudadanía, deseable, posible y hasta necesaria para salir de la crisis actual y prevenir las futuras. Se trataría entonces, de una “RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA” que, lejos de presentarse con el gancho publicitario sensacionalista de “INCONDICIONAL”, se acompañaría de una mínima referencia a las condiciones técnicas de viabilidad, desde planteamientos estrictamente económicos referidos al control de la moneda, a la producción, contabilidad, distribución y circulación de la riqueza acumulada, a los presupuestos y a la fiscalidad.

    Por razones técnicas relacionadas con la soberanía monetaria que afectarían directamente a la aplicación de la renta básica de ciudadanía, y no por injusta discriminación, habría que plantear, a mi entender, una Renta Básica de Ciudadanía para la Eurozona, y otra para los ciudadanos de la Unión Europea en los territorios con moneda propia distinta del Euro. Y es que la renta básica, para ser viable y sostenible, ha de pensarse desde planteamientos estrictamente económicos referidos a una zona monetaria concreta que haya llegado a un punto de desarrollo económico capaz de asegurar una renta que cubra el mínimo de subsistencia de todos los ciudadanos residentes, contando con los engranajes de la economía real, entre los que la renta básica se insertaría como una variable económica más, junto al PIB, a la Tasa de inflación o al IPC y no como una medida de política social al albur de la voluntad del gobierno.

    Descarto, por consiguiente, pensar la Renta Básica para una sola nación o territorio sin control efectivo sobre su propia moneda, o desde planteamientos meramente éticos o ideológicos como parece que se hace en la referida ICE. Sigo, en esta cuestión, los planteamientos de PINTO CAÑÓN, R. (2003): Los fundamentos de la Renta Básica y la ‘perestroika’ del capitalismo. Teoría alternativa sobre economía política en la sociedad tecnológica y del bienestar, Entimema: Madrid. Se trata de una obra innovadora que todos los que se dedicar a “arreglar el mundo”, sin duda, deberían conocer, leer y releer.

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