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Desahucios, dación en pago y otra oportunidad de oro que parece en peligro

Ayer, mientras pensaba en este blog sobre los problemas del mercado hipotecario, me topé en la prensa con dos noticias interesantes sobre el tema: una de El País con una encuesta de Metroscopia, según la cual el 80% de los encuestados pensaba que el cambio de opinión de los políticos sobre los desahucios hipotecarios y la dación en pago era mérito de las plataformas de afectados, y otra en El Diario Vasco sobre una inaudita promoción de VPO donostiarra, de ambicioso diseño, donde los beneficiados han descubierto con espanto que los gastos de comunidad mensuales llegan hasta los 600 €. Dos síntomas de dos problemas relacionados: el reciente descubrimiento de los problemas hipotecarios, no sólo por “los políticos” sino por la mayoría social, y los disparates, arbitrariedades y despilfarros perpetrados por las administraciones a la hora de hacer efectivo el derecho a la vivienda (que no a la propiedad de la vivienda, importante distinción), sin conseguirlo y a menudo empeorando el problema.

Las dos noticias expresan un fallo grave y generalizado: la carencia de información de calidad sobre el mercado hipotecario e inmobiliario español, que ha sido fundamental en el crecimiento de la burbuja inmobiliaria que tanto ha hecho por nuestra ruina actual. Incluso Mario Draghi aprovechó su berlanguiana visita a Madrid para desmentir que la banca europea esté muy implicada en la burbuja inmobiliaria que ha arruinado a las Cajas españolas, como se insiste en decir con sospechosa asiduidad y pobreza de datos (normalmente para advertir contra cualquier modificación del mercado hipotecario, que espeluzna a la banca ya que con gran diferencia este ha sido su principal negocio).

Verán: ni siquiera disponemos de estadísticas fiables sobre el mercado de la vivienda porque las administraciones públicas se han desentendido de hacerlas pese a contar con los medios para ese trabajo: ¿cuántas viviendas realmente vacías hay?; ¿dónde están y de quién son?; ¿cuántos desahucios de viviendas habituales y de residencias secundarias o locales comerciales se han ejecutado en los últimos años? Respuesta: nadie lo sabe a ciencia cierta. Y eso estimula que el sensacionalismo y la demagogia se alíen con el sentimentalismo y la indignación al abordar el asunto. Los peores asesores posibles para dar una buena solución económica, política y jurídica al problema de los muchos miles de familias sobre las que pende la amenaza de un desahucio de su casa por impago de la hipoteca, o también del alquiler. ¿Cuántas familias son realmente?: tampoco nadie lo sabe a ciencia cierta. El Estado nos vuelve a fallar en lo que es una obligación principal en una democracia avanzada: informar con transparencia, actualidad y calidad de las cosas que realmente nos importan.

Cuando se buscan datos se encuentran sorpresas tan jugosas como las reunidas por Andrés González en este estupendo blog: que sólo el 29’9% de los españoles están hipotecados, que el Estado dejó de recaudar 5.000 millones € al año por desgravaciones para esta minoría, y que los diputados del Congreso están hipotecados muy por encima de la media nacional y además en mucha mayor cuantía, dato que explica a la marxiana manera las resistencias a modificar las reglas de un mercado en el que están tan interesados, una colusión que, a la manera liberal, forma un evidente conflicto de intereses. Abreviando: “los políticos” están mucho más interesados que la mayoría social en mantener las reglas de juego de un mercado en el que muchos de ellos han invertido (y no siempre legalmente) muy por encima de lo normal. Así se entienden de paso otras cosas, como el vacío de tanta declaración de “cambio de modelo productivo” que encubre verdadera adicción al ladrillo y sus posibilidades de hacer dinero fácil.

Esto no significa que nadie se haya preocupado del problema del mercado hipotecario hasta que la profundización de la crisis, y la entrada en acción de plataformas de afectados, sobre todo tras la gran difusión de noticias de suicidios más o menos vinculadas a los desahucios, ha llevado los ahora fatalmente famosos “lanzamientos hipotecarios” a las primeras páginas y prime time de los medios. En absoluto. UPyD, BNG e IU, por lo menos (con apoyo de otros grupos minoritarios), han presentado en la pasada legislatura, y en esta, diversas iniciativas legislativas contra los desahucios abusivos. Si no se ha conseguido es por el absoluto desinterés de los gobiernos de PSOE y PP. Con un matiz: un Gobierno de ZP sí que aumentó el número de juzgados de Madrid para agilizar los desahucios.

Por lo que respecta a UPyD, Rosa Díez ya presentó una iniciativa para acabar con los intereses abusivos de demora en septiembre de 2008, nada menos. Y todos los grupos la votaron pero sin que se convirtiera en nada concreto al desentenderse el Gobierno de su obligación de convertirla en Ley (la absoluta indiferencia con que el Ejecutivo ignora los mandatos del Legislativo es otro defecto bananero de nuestra defectuosa democracia). Por mi parte, presenté todo una Proposición de Ley completa para resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias y la dación en pago en diciembre de 2011. Sólo el PP votó en contra (y los socialistas votaron a favor tras un turno en contra, ellos y sus enredos son así).

Ya ven: nada más falso que la afirmación de que nadie se había ocupado nunca en el Parlamento de los desahucios, y que la prisa actual por buscar una salida, debido a una demora de la que son responsables sobre todo PP y PSOE, sea consecuencia de la manida presión de la calle. Es una falsedad muy reiterada por la mayoría de los medios, e igual de falsa que la manipulación morbosa de los suicidios en España -indispensable este blog: “Los suicidios y el periodismo de click”– para descubrirlos de repente (es uno de los últimos tabúes) como una consecuencia de la crisis, y por supuesto de la criminalidad de la banca, de creer a algunos cazadores de catástrofes que tratan de explotar estas tragedias personales para volverlas contra un sistema democrático en el que obviamente no creen. Golpismo blando, lo han llamado algunos con acierto, como Santiago González en este blog de: “Ada Colau, si us plau”.

En resumidas cuentas, hay al menos tres responsables de que no se haya resuelto a tiempo el problema de los desahucios de vivienda habitual por impago hipotecario: el desinterés absoluto y pasivo del establishment político y financiero; el periodismo de baja calidad adicto al sensacionalismo pero incapaz de explicar el problema con objetividad y profundidad; y finalmente, una legislación que no ataca los problemas de la gente, como el que nos ocupa. Vayamos a lo último.

No soy jurista (ni inmobiliario o banquero), pero la democracia es un sistema donde los representantes políticos no sólo no tenemos por qué ser expertos en un tema, sino que muchas veces es mejor que no lo seamos para abordar los problemas sin prejuicios o ideas preconcebidas. Esto último tiene sus ventajas. Por ejemplo, tener que dedicar mucho tiempo a hablar con afectados, expertos y técnicos para formarse una idea compleja de lo que es un problema complejo. Pero que, sin embargo, tiene una solución legislativa o jurídica relativamente sencilla, como lo demuestra la existencia de un consenso básico sobre lo que se debe y no se debe hacer.

En mi opinión y en la de UPyD, compartida por muchos, el problema a resolver es el siguiente: liquidar legalmente las deudas impagables sobrevenidas como consecuencia de la crisis a deudores que sí podían pagarla cuando tomaron un crédito inmobiliario. Este es el núcleo del problema, y no la maldad del capital, los créditos concedidos irresponsablemente (que deben regularse en otro campo) o los hipotecados especuladores e irresponsables, que los hay.

El problema es el de las personas que pueden perder su vivienda habitual debido a que suscribieron un crédito de responsabilidad ilimitada (como lo son la inmensa mayoría ya que los bancos no ofrecían otros), lo que significa que se quedarán sin su casa pero seguirán con una deuda que no dejará de crecer, por lo que el banco podrá embargar la nómina y cualquier ingreso que tengan hasta que se liquide: es la muerte civil y económica del deudor. Es una diferencia con la situación de una empresa o emprendedor que, en una situación similar de impago, puede acogerse a la Ley Concursal, hacer un Concurso de Acreedores y liquidar su deuda de tal modo que quede a salvo de embargos para comenzar un nuevo negocio o buscar otro trabajo. ¿De qué se trata pues?: de que el deudor hipotecario pueda tener las mismas facilidades que el empresario común y liquidar legalmente su deuda con su vivienda (dación en pago), sin que se le pueda embargar ni perseguir, de tal modo que tenga una segunda oportunidad para rehacer su vida. Es tanto una cuestión de justicia como de interés común, pues ninguna economía puede mejorar con cientos de miles de familias jóvenes dedicadas exclusivamente a pagar como sea una deuda impagable que llega a convertirlos en muertos civiles.

Y esto, liquidar las deudas impagables y dar una segunda oportunidad al deudor hipotecario, puede lograrse de distintas maneras. Conviene subrayar que la dación en pago, convertida por la simplificación del asunto en una panacea justiciera, no es sino un medio para liquidar la deuda. Y esto se puede conseguir por varios medios, probados en distintos países: el conocido como fresh start o segunda oportunidad, en el que un juez o mediador liquida la deuda con la dación en pago de la vivienda al acreedor; una Ley de Superendeudamiento en el que un organismo público liquida las deudas privadas consideradas abusivas o impagables (existente en Francia); o una reforma de la Ley Concursal que amplíe a los particulares el Concurso de Acreedores usado por las empresas y sociedades, etc. Nosotros aceptamos cualquier forma de estas, aunque nos parece que tanto el fresh start como la reforma de la Ley Concursal son las más sencillas y eficaces, porque no hacen falta nuevas leyes e instauran la segunda oportunidad con cambios menores de la Ley Hipotecaria, la de Enjuiciamiento Civil, la Tributaria y alguna más (aquí un resumen jurídico del debate, de Ignacio Gomá).

Lamentablemente, todo indica que el debate político se ha envenenado por el deseo de Gobierno, PP y PSOE de camuflarse en el paisaje de la indignación con medidas de emergencia -como el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno y reformado de nuevo tras su escasísima eficacia- en vez de buscar soluciones jurídicas duraderas, eficientes y coherentes. Al reducir el debate a si dación en pago universal y retroactiva sí o no, la famosa Plataforma de Afectados ha conseguido desviar el foco de atención del verdadero problema, que no es el instrumento jurídico que se use, sino garantizar la segunda oportunidad a cualquier deudor sobrevenido que se encuentre atrapado en una deuda que no parará de crecer y le perseguirá hasta la tumba. Una vez más, hay la fundada impresión de que se está perdiendo una oportunidad de oro para dar una solución universal digna, duradera y democrática a un problema no tan complicado. Y a la vez, que se reforzará el descrédito de las instituciones y de la democracia. Y por supuesto, sin haber resuleto realmente nada del fondo de la cuestión tras aprobarse una moratoria de los lanzamientos indispensable, pero que dejaría pendiente la deuda impagable que a muchos les perseguirá hasta la tumba.

 Casas vacías

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21 comentarios a “Desahucios, dación en pago y otra oportunidad de oro que parece en peligro”

  1. Alc dice:

    Otra cosa es que los bancos no se fíen de la pequeña S.L. sin apenas capital ni bienes de la mayoría de los emprendedores. Y exijan como aval para el préstamo los bienes personales del emprendedor o de otra persona (frecuentemente los padres). Luego si la SL quiebra, los bancos van a por los vienes que han avalado el prestamo (frecuentemente la vivienda familiar del emprendedor o la de sus padres). Por este motivo ha habido muchos desahucios en España.

    Pero en este caso, el riesgo lo asumieron voluntariamente al acceder a financiar su empresa de esa manera. No al constituir la empresa, ni al entrar la empresa en pérdidas o quiebra.

    Es decir, que eso no significa, y no se puede decir porque es falso, que los propietarios o administradores de uan S.L. o una S.A. respondan con sus bienes personales de las deudas de la empresa. En todo caso, únicamente responderán con sus bienes personales ante la justicia por los delitos que hayan podido cometer como administradores de la empresa.

  2. JLGalan dice:

    Me ha parecido bastante interesante su reflexión en algunos puntos pero, corriíame si me equivoco, a tenor de los artículos 1 y 2 de la Ley 22/2003 Concursal pueden acogerse a este procedimiento la “persona natural o jurídica” (art. 1.1) y “en caso de insolvencia del deudor común” (art.2.1).

    Por lo que tengo entendido de mis años en la facultad (aunque no me dedique a diario a la situación de concurso, tan común hoy en día…) la nueva Ley de 2003 de Concurso vino a sustituir los antiguos procedimientos de quiebra e insolvencia para empresarios y particulares respectivamente unificándolos en uno. Por ende, el deudor civil, particular, puede acogerse al concurso igualmente, ¿no?

    Por otra parte, en el fondo del asunto estoy de acuerdo con usted. La existencia de créditos que, de facto, resultan incobrables debería reconocerse bien por entidades públicas que las extingan de manera automática o bien como ocurre en la Administración Pública por la declaración como “incobrables” y el transcurso del plazo de prescripción (4 años) en tanto no hubiese cambio en la situación económico-financiera del deudor. Lo contrario supone la muerte económica del sujeto. Un saludo.

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