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Democracia deliberativa… y de la otra, o el peligro de abusar del plebiscito

Suele decirse, con razón, que es mejor no adjetivar demasiado la democracia. En efecto, adjetivar ha servido a menudo para tratar de hacer pasar por “democracia” fórmulas que no se merecen ese título. Ahí están, sin ir más lejos, las infaustas “democracia orgánica”, que trataba de encubrir la dictadura de Franco, y las “democracias populares” de los países socialistas que perseveran en Cuba, Corea del Norte o China. A su vera, y en la misma familia semántica, tenemos las “repúblicas islámicas”, “bolivarianas” y otros engendros cuyo único sentido es derogar o eludir las instituciones propias de toda democracia elemental, a saber: libertades constitucionales, elecciones libres con partidos políticos libres, libertad de expresión y prensa, separación de poderes, Estado de derecho, igualdad jurídica y de oportunidades, cumplimiento de las leyes, y poca cosa más. Si se dan todos estos requisitos podemos estar seguros que se trata de una democracia, por peculiares que sean sus tradiciones; y si faltan que será otra cosa, pero no una democracia o al menos no del todo.

Hay quien impugna que la democracia “no es sólo votar cada cuatro años”, y tiene toda la razón. Porque la democracia es cosa de todos los días: que se respeten legalmente tus derechos y las instituciones funcionen, que haya Estado de derecho con una justicia independiente a la que recurrir, que sea posible hacer propuestas y protestas políticas sin acabar arrojado a un calabozo… En fin, cosas que no son nada sencillas: a menudo fallan y por eso mismo hay que vigilar y actualizarlas. Así pues, ¿quién dijo que la democracia consista en votar cada cuatro años? Claro que no, pero si fallara todo lo anterior -Estado de derecho, libertades constitucionales, igualdad jurídica-, ¡tampoco sería democracia aunque votáramos todos los días!

La cosa tiene su importancia, porque la crisis política y social que atravesamos es también una crisis del lenguaje, y tiene su importancia recordar de vez en cuando el verdadero significado de las palabras. Que “el significado es el uso”, como propuso Wittgenstein, no implica que cualquier palabra sirva para nombrar cualquier cosa sin traicionar ese significado originario que permite usarla para comunicar y pensar, y por eso no basta con llamar democracia a cualquier régimen para que lo sea. Del mismo modo, tampoco cabe llamar “reforma democrática” a cualquier ocurrencia que muchas veces sólo tiene de democrática… el adjetivo.

Una ocurrencia de este tipo fue la iniciativa presentada por Izquierda Plural y el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados el 27 de noviembre: “Proposición de Ley Orgánica sobre convocatoria de referéndum consultivo en el caso de decisiones políticas que afecten sustancialmente a derechos económicos, sociales y laborales”. Se trataba de una propuesta para que cualquier Ley o decreto del Gobierno con repercusiones sustanciales en la economía o derechos sociales y laborales tuviera que someterse obligatoriamente a referéndum (consultivo, en principio). Una medida que a la corriente empeñada en la que llaman “democracia directa” -¡otro adjetivo!- les parece el no va más del progreso en la participación política, pero a mí, y a muchos más, algo que no mejoraría nada la democracia, sino quizás todo lo contrario. Me ha parecido interesante por eso mismo profundizar un poco en los argumentos que ya expuse en el Congreso ese mismo día (sin que los medios se dignaran hacer siquiera un resumen de un debate necesario y de absoluta actualidad). Lo que va a continuación es, básicamente, el guion de mi intervención parlamentaria en el “turno en contra” que solicitamos como Grupo Unión Progreso y Democracia:

1 – En primer lugar, debe quedar claro que estamos de acuerdo en la necesidad de buscar formas de regenerar la democracia y de mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas, sobre todo su representatividad política y la participación ciudadana, tanto en las iniciativas políticas como en el control de las decisiones. Pero para eso es esencial no errar el tiro y no adoptar medidas que, con la mejor intención, empeoran el sistema en vez de mejorarlo.

2 – En España, la mejora de nuestra insatisfactoria democracia requiere de medidas proactivas como la reforma de la Ley Electoral para hacerla más equitativa y representativa; reforzar la separación de poderes incrementando la autonomía y capacidad de la administración de justicia; reformar la estructura territorial del Estado (en sentido federal) para que los derechos de los ciudadanos no sean limitados por supuestos derechos de los territorios o las lenguas; profundizar la construcción de Europa hacia una democracia federal, para que las decisiones de la Comisión tengan verdadero valor democrático; políticas exigentes de transparencia y dación de cuentas de los poderes públicos; lucha contra la corrupción y el despilfarro y mala administración de los recursos públicos; limitar el poder de partidos políticos, sindicatos, patronales etc. con más exigencia de transparencia, democracia interna, responsabilidad como persona jurídica y régimen de incompatibilidades para que, por ejemplo, no vuelvan a suceder escándalos como el de Bankia y las Cajas de Ahorros.

3 – Ahora bien, la propuesta de Ley Orgánica de Izquierda Plural se limita exclusivamente a proponer un mecanismo de decisión política que, a nuestro juicio, anula prácticamente al Parlamento, sus funciones insustituibles de deliberación y de representación, y de paso a los partidos políticos y candidatos votados para ejercerlas en nombre de todos. En realidad, es un cambio de régimen.

4 – Es cierto que el mal funcionamiento de nuestras instituciones y el agotamiento del modelo político de la Transición exige cambios importantes, pero estos cambios deberán hacerse vía REFORMA CONSTITUCIONAL, lo que no es el caso de esta Ley, que sigue el procedimiento viciado de las reformas constitucionales de facto por la puerta trasera. El pobre funcionamiento de la deliberación y representación democrática en nuestro sistema actual no va a mejorarse limitando aun más el papel del Parlamento en la decisión política; sustituirlas por referendos consultivos sólo puede empeorarlas y por tanto deteriorar aún más la democracia.

 5 – Los referendos son insustituibles para tomar decisiones políticas trascendentales como la reforma constitucional, pero no pueden ser la forma habitual de legislar sustituyendo al Parlamento. Además, el referéndum debe ser vinculante cuando se celebra, no consultivo. Por eso es tan fundamental convocar un referéndum para una reforma constitucional, o una decisión semejante, como arbitrario el celebrarlo para aprobar cualquier ley o medida de un Gobierno.

6 – El porqué de esta iniciativa está en otra parte: es una propuesta de democracia plebiscitaria presentada con el pretexto de combatir las medidas anticrisis del Gobierno. Sin embargo, no se deben proponer cambios constitucionales por motivos coyunturales, un disparate en el que ya incurrieron en la anterior legislatura PSOE y PP al imponer la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución por exigencia de los países acreedores.

7 – La argumentación de esta propuesta plebiscitaria contiene notables disparates políticos: el Gobierno y el Parlamento sí tienen legitimación constitucional para subir impuestos o reformar leyes laborales. La única legitimidad política es la constitucional, y cambiar eso exige no sólo un cambio de la Constitución, sino de régimen, porque la separación y autonomía de los poderes públicos es un principio de la democracia. Un Gobierno no sólo debe gobernar porque ha recibido ese mandato en las elecciones, sino que se le debe dejar gobernar.

8 – No se debe sustituir el papel de la crítica política a las malas decisiones del Gobierno y de la mayoría que lo sostiene por plebiscitos donde, además, no se pueden presentar enmiendas a una ley, transacciones ni propuestas alternativas. El plebiscitario (referendos para todo) es un modelo que puede parecer más democrático pero no lo es: empobrece de hecho la iniciativa política y liquida el debate a elegir entre “sí” o “no”. No es casual que se emplee en dictaduras o regímenes predemocráticos, tanto muy antiguos (la República romana) como modernos (la Transición española).

9 – Incluso en los Estados muy dados a celebrar referendos estos suelen celebrarse coincidiendo con convocatorias electorales (USA y Suiza), porque no se pretende que sustituyan al poder legislativo o al ejecutivo. Pretender que la “voz del pueblo” es distinta, e incluso contrapuesta a la elección de instituciones representativas y deliberativas es tanto como negar legitimidad para legislar al Parlamento. En fin, no es democrático, sino populista (que a menudo es profundamente antidemocrático).

10 – Respecto al problema del incumplimiento del programa de un partido -en este caso del PP-, eso deben sancionarlo los electores en las próximas elecciones. Entender el programa como un contrato civil de obligado cumplimiento con sanción legal en caso contrario equivale a instaurar el mandato imperativo que no puede admitirse en una democracia deliberativa, donde no hay mandato imperativo porque haría imposible la deliberación (que incluye cambios de opinión o decisión, transacciones y pactos), y acabaría con la representación de todos, no sólo de los electores de un programa de un partido.

11 – En este modelo legislativo el Parlamento sobra. Se basa en una dialéctica Pueblo-Gobierno/Mayoría. Y todavía sobraría más la oposición, puesto que su única tarea parlamentaria sería pedir la celebración de referendos. O lo que es lo mismo, se ignora la trascendencia de la protección de la integridad política de las minorías y su derecho a la libertad política, una de las piezas claves de la democracia genuina.

12 – En conclusión, la mejora de la participación y del control ciudadano de las instituciones debe hacerse en el marco de una reforma constitucional completa, que aborde todos los aspectos de la cuestión a partir de las reglas y procedimientos propios de la democracia deliberativa. Eso incluye celebrar referendos para las decisiones más trascendentales, o si se quiere también para asuntos de ámbito local, como en muchos Estados de USA (en California acaban de refrendar la pena de muerte) o en Suiza, y hacer más sencillas y factibles las Iniciativas Legislativas Populares. Lo que en ningún caso mejoraría la democracia es limitar todavía más el debate político y la transacción en la toma de decisiones, y eso ocurriría indefectiblemente privando al Parlamento de sus funciones legislativas y al Gobierno de las suyas ejecutivas.

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4 comentarios a “Democracia deliberativa… y de la otra, o el peligro de abusar del plebiscito”

  1. Me ha gustado mucho el artículo. Utilizar un referéndum de forma reiterada a modo consultivo para tomar las decisiones políticas tiene muchos inconvenientes. Por una parte, tener en cuenta que cada cual tiene su oficio, y no todos los ciudadanos son expertos en política, y por tanto, su decisión podría obedecer mas a circunstancias personales que a el bien general.
    Sin embargo , señor Gorriarán, como simpatizante de UPyD y también de IU , eché de menos un mayor acercamiento de posturas entre ambos grupos en este aspecto.Si bien no se utiliza el referéndum para cualquier ley ¿por qué no podría usarse un referéndum consultivo al menos, con mas frecuencia que la actual?. No hablo ya de usarla para todos los reales decretos, simplemente para los más importantes . Y en lugar de ser consultivas porque el gobierno pregunta, que esté en manos de los ciudadanos por su propia iniciativa someter la normativa, como mínimo, a cuestión.

    Disculpe si parece desubicado o poco expertas mis sugerencias, pero las decisiones las toma un gobierno que no las va a sufrir ¿ Entiende usted lo que le digo?. Diputados, ministros y otros entes estáis economicamente blindados de cualquier precariedad, y ya estáis a favor o en contra no os afecta la crisis actual en términos económicos. Si fuera el caso contrario, pienso yo, la situación cambiaría bastante, puesto que ya se ha visto en los órganos de administración de bancos y cajas de ahorro como tanto PP como PSOE e incluso IU y otros partidos autonómicos han colocado a sus preferentes. ¿Si el político sufriera de forma directa todas las medidas con mas o menos la misma intensidad que la gran mayoría de los ciudadanos, y además de él, su familia y allegados , realmente podría tomar las decisiones que toma?.
    Yo pienso que no.
    De esta manera se produciría una contraposición entre la incapacidad de decidir bien del pueblo por su sentimentalismo, y las crueles decisiones que toma ahora el gobierno por ser “demasiado racional” o poco cercano con las consecuencias de las decisiones.

    Eso es todo, señor Gorriarán, espero no haberle aburrido ni sobre sofocado con este discurso, pero realmente tenía que comentar todas las cosas que me suscitó primero el vídeo de su debate con los miembros de IU y más tarde su artículo, muy buen artículo.

    Un fuerte saludo , confiamos en vosotros!

    • Carlos Calvo Pérez dice:

      El problema está en que el Parlamento en estos momentos no es un órgano efectivo de control del Gobierno, los procesos deliberativos que se desencadenan tras propuestas legislativas o de otro orden del gobierno quedan automaticamente respaldadas por la mayoría parlamentaria. Yo creo que un ejemplo canónico de Parlamento que efectivamente controla al Gobierno es el Parlamento de EEUU, claro que la estructura de los partidos en juego es radicalmente distinto a la estructura de los partidos que en Europa configuran los sistemas democráticos y, en especial, en España.

  2. David dice:

    Si, de acuerdo en casi todo. Pero un día el sistema de democracia representativa no nos parecerá suficiente y estará superado. Lo mejor que podéis hacer mientras tanto es ir preparando el terreno, arreglando la educación, la transparencia, el compromiso, los valores democráticos y de participación…en definitiva, que cuando los aperos pasen a estar en nuestras manos sepamos bien como funcionan y que es lo mejor que podemos hacer con ellos.

  3. Esperanza Fernández Acedo dice:

    Los referendums han sido utilizados sobre todo por las dictaduras; sin ir más lejos, por la franquista. Su finalidad en general ha sido la de dar una apariencia de legitimidad democrática a decisiones antidemocráticas. Siempre van acompañados de gran carga propagandística y con enormes e increíbles porcentajes de participación y de asentimiento a la decisión que se pretende legitimar. En este caso, lo que está planteando Izquierda Plural es una Ley Orgánica que abra paso a un referendum de signo completamente opuesto, es decir, un referendum-suicidio del Gobierno, por el resultado previsible. En una democracia parlamentaria, lo que procedería en este caso sería pedir elecciones anticipadas si se entiende que el Gobierno está tomando decisiones tan contradictorias con su programa que necesitan revalidarse en las urnas, pero el recurso al referendum en este caso no se lo creen ni ellos.

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