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El retroceso de la igualdad en España (en hechos y en ideas)

El pasado 11 Septiembre debatimos en el Congreso una Proposición de Ley presentado por el Grupo Socialista, titulada “Proposición de Ley relativa a la igualdad de trato y la no discriminación.” Teniendo en cuenta que son muchas las luces rojas encendidas con respecto a la situación de la igualdad en nuestro país, que cabe describir como de franco retroceso en todos los frentes, la iniciativa podía parecer tan oportuna como necesaria. Sin embargo, el hecho es que la idea de igualdad expresada por esa Ley era, por decirlo con brevedad, tan sesgada, paternalista y comunitarista que también atacaba el concepto democrático de igualdad. Lo que no tiene nada de extraño considerando que buena parte de los retrocesos más flagrantes de la igualdad efectiva y legal han ocurrido durante los últimos gobiernos socialistas o con su asentimiento tácito o expreso.

¿A qué retrocesos de la igualdad me refiero? Hagamos un pequeño repaso que estará lejos de ser exhaustivo (ya lo hice en el Congreso). Ayer mismo se publicaba un reportaje demostrativo de la ampliación de la brecha social abierta según retrocede la igualdad que debe garantizar la democracia: el costo de las matrículas universitarias en función de la Comunidad Autónoma (aunque la calidad de las universidades públicas es diferente, las tasas son decisión de la política autonómica). Pues bien, estudiar Derecho en Madrid cuesta una matrícula de 1279,2€, en Canarias 792€ y en Galicia 591€. Estudiando la información detallada por El País, se comprueba a primera vista que esas tasas no tienen nada que ver con la renta familiar, el salario medio o la demanda de la titulación en un centro en particular: sencillamente son tasas determinadas por las necesidades recaudatorias de las diferentes CCAA, lo que explica que en algunas haya habido aumentos del 30% sólo para el nuevo curso. Al parecer, el principio de igualdad no recibe aquí la menor consideración.

Pero hay muchos otros capítulos de la vida democrática en la que observamos retrocesos iguales o peores, e incluso ataques a la igualdad que no se han reparado desde 1977. Por ejemplo:

1 – Valor desigual del voto debido a los vicios de la LOREG. No todos los votos valen lo mismo porque el sistema electoral privilegia la adscripción territorial –las provincias- frente a la ciudadanía, produciendo un sistema virtualmente mayoritario en vez de proporcional.

2 – Igualdad en el acceso y permanencia en el mercado laboral. El mercado laboral dual de contratos fijos y temporales, con gran ventaja para los primeros, discrimina a los jóvenes y a los últimos incorporados al mercado de trabajo.

3 – Prestaciones sociales: como en el ejemplo de las tasas universitarias, su cuantía y calidad depende de la Comunidad Autónoma donde se viva; incluso pueden perderse si el ciudadano se desplaza a otra comunidad, como es el caso de la asistencia sanitaria.

4 – Elección de lengua vehicular en la enseñanza y en las relaciones con la administración en las comunidades bilingües: el caso de discriminación más patente, aunque en absoluto único, es el de Cataluña, sentenciado por el Tribunal Supremo. Supongo que ahora será obvio que el sentido de la “normalización lingüística” que ignora la cooficialidad del castellano no era otro que el lavado de cerebro de la secesión (otro flagrante ataque a la igualdad de derechos).

5 – Discriminación por sexo: considerar el sexo (llamado género) como una agravante natural es un disparate –un hombre no debe ser más castigado sólo por serlo- recogido en la Ley de Violencia de Género y otras normas semejantes.

6 – Desigualdad fiscal en el tratamiento impositivo de las rentas del trabajo y del capital, agravada por medidas como la amnistía fiscal y en general por la tolerancia del fraude y de la corrupción. Lo mismo sucede en los territorios con Concierto Económico, privilegiados a base de menoscabar los derechos del resto a la igualdad fiscal.

Claro que para reconocer que estos abusos y fallos de la igualdad son tales debe partirse de un concepto previo. Pues bien, el concepto democrático de igualdad deriva del antiguo griego de isonomía o igualdad ante la ley, ampliada en la democracia moderna por el de igualdad de oportunidades, según el cual nadie –ninguno de los “iguales ante la ley”- puede ser discriminado legalmente para o en la consecución de sus legítimas aspiraciones personales. Tanto la isonomía como la igualdad de oportunidades se basan a la vez en el concepto de ciudadanía: son los ciudadanos individuales los titulares de esos derechos básicos, no los grupos sociales. ¡Esto es fundamental!

La igualdad ante la ley debe ponerse a prueba constantemente en cualquier democracia, corrigiendo su insuficiencia o fácil degeneración. Pero no todas las leyes tienen la misma importancia a la hora de definir la igualdad de los ciudadanos. Las leyes que definen derechos básicos son en este sentido más importantes que las derivadas de ellas. Preguntémonos entonces si las leyes españolas derivadas de la Constitución protegen y garantizan de modo suficiente la isonomía y la igualdad de oportunidades. Pues bien, es evidente que no.

La proposición de ley socialista se limitaba, pese a su abstracción, a la igualdad en tres ámbitos muy concretos: la llamada igualdad de género, que habitualmente protege discriminación legal por género sexual; la protección de los derechos para las personas con discapacidad; y la lucha contra la discriminación por orientación o identidad sexual. Siendo sin duda asuntos importantes, cuesta creer que alguien suponga que lo sean más que la igualdad del valor de voto de todos los ciudadanos, incluyendo los de ambos sexos, discapacitados y variedades de identidad sexual. Lo mismo puede decirse del acceso igualitario al trabajo o a la elección de lengua en comunidades con dos lenguas oficiales, sendos derechos básicos.

Además, el proyecto de ley expresaba una voluntad expresa de instaurar diversos grupos caracterizados por su “discriminabilidad” a los que se pretende poner bajo una protección o tutela legal del Estado: mujeres, discapacitados y minorías sexuales. ¿Es un gran progreso de la igualdad tratar a esas personas como menores de edad necesitados de especial protección del Estado? No lo creo, al menos si se pusiera el mismo énfasis en proteger la igualdad entre personas, es decir, los derechos individuales al mismo estatus jurídico y a las mismas oportunidades. Pero con tanta lejanía del enfoque individual no sorprenderá que el proyecto apareciera tan preocupado por las discriminaciones potenciales, incluso “por error” (art. 6), o incluso que pretendiera la aberración de invertir la “carga de la prueba” (art. 28), de modo que sean los acusados de discriminar los que deban demostrar su inocencia, en lugar de demostrarse la veracidad de las acusaciones. Barbaridades –justificadas como un novedoso “derecho antidiscriminatorio específico”- que acaban atacando la igualdad que se pretende proteger, actualizando aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones…

Esta ley daría a las administraciones un poder omnímodo para tutelar e intervenir las relaciones interpersonales y sociales de todo tipo: la alegación de alguna clase de discriminación por cualquier persona que se considerara perjudicada encontraría una receptividad excepcional incluso si quedara demostrado que no había ninguna intención delictiva por la otra parte. Y, a la vez, se intentan blindar como “trato diferenciado” las prácticas de discriminación positiva, siempre tan discutibles y necesariamente provisionales. Un peligroso reduccionismo del concepto de igualdad (isonomía) que amplía el derecho a la no discriminación hasta extremos nebulosos y arbitrarios, produciendo gran inseguridad jurídica y perjudicando notablemente la libertad personal de aquellos ciudadanos no pertenecientes a ningún grupo tutelado. En fin, abonaría un Estado intervencionista, autoritario y panóptico llamado a intervenir en las relaciones sociales e interpersonales más allá de lo que prevé la Constitución. Fatalmente, ese Estado ampararía la concepción de la sociedad basada no en la ciudadanía y la responsabilidad y libertad personal, sino en la identidad y la pertenencia a grupos y colectivos reconocidos como sujetos jurídicos, en la línea de las ideas comunitaristas y multiculturalistas contrarias a la democracia liberal.

No es legítimo discriminar para erradicar la discriminación. Los medios no son independientes de los fines, como tantas veces ha quedado trágicamente demostrado en la historia reciente. Buscando la mejora de la igualdad se puede empeorar todavía su ya muy mala calidad jurídica. Una tendencia, arraigada en la izquierda tradicional, que debe preocuparnos, porque es tan mala para la igualdad como el conservadurismo derechista que ve naturales y necesarias las desigualdades sociales contrarias a la igualdad de oportunidades.

 

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6 comentarios a “El retroceso de la igualdad en España (en hechos y en ideas)”

  1. Sake dice:

    -He visto a Rajoy y he visto a Rubalcaba en la televisión llamada pública, y de verdad te digo ¡no he encontrado diferencia en sus mensajes!.
    -Es verdad, nunguno ha hablado de la cuestión territorial, de cómo recortar en cosas inútiles (empresa públicas, embajadas, Diputaciones, Tv autonómicas), de la reordenación de municipios que data del siglo diecinueve, etc.etc. nunguno ha dicho nada de nada de lo importante y se han quedado tan tranquilos ¿a quién quieren engañar?.
    -Si no hablan de éso cómo van a hablar de igualdad.
    -Aquí los únicos iguales son ellos PPSOE.

  2. alc dice:

    Analizando un poco estas desigualdades, se identifican claramente tres causas diferentes:

    1.— La primera causa de desigualdad flagrante es la ley electoral. Una democracia no es tal, si no garantiza no solo que todos puedan votar, sino algo tan elemental como que el voto de todos valga lo mismo. Hablando en propiedad, el problema no es ley electoral, sino las leyes electorales. Porque muchas leyes electorales autonómicas reproducen las injusticias de la ley electoral nacional, y son también injustas al hacer que no todos los votos valgan lo mismo según donde hayas votado y aquién hayas votado. Por ejemplo, la ley electoral asturiana divide la provicnia en 3 circunscripciones arbitrariamente delimitadas, con la clara finalidad de aumentar el valor del voto en las 2 menos pobladas (la oriental y la occidental, más rurales) frente a la más poblada (la central, donde están todas las grandes ciudades: Oviedo, Gijón y Avilés); y también para aumentar el número de votos que quedan sin ningún representante (si sumamos los votos que quedan sin representación en cada una de las 3 circunscripciones, estos son más que si sólo hubiera una sola circunscripción), lo cual perjudica especialmente a los ciudadanos que votan a partidos minoritarios.

    2.— La segunda gran causa de desigualdad es el establecimiento de impuestos y tasas (como el ejemplo de las matrículas en la universidades públicas), sin establecer baremos en función de la renta familiar o cualquier otro indicador relacionado con la riqueza y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

    3.— La siguiente causa de desigualdad es, paradógicamente, la legislación proteccionista de ciertos grupos sociales. Y muy particularmente la legisalción feminista. Con aberraciones como la discriminación positiva (un eufemismo, ya que de positiva no tiene nada: toda discriminación es discriminación y punto), que violan el principio de igualdad de oportunidades y tratan de solventar una injustucia cometiendo otra injusticia.

    4.— Y por último, la principal causa de desigualdad es la descentralización del Estado. Como las competencias sanitarias, educativas y sociales son prácticamente todas de las comunidades autónomas, los ciudadanos tienen derecho a diferentes coberturas y tienen diferentes oportunidades según en qué comunidad autónoma vivan. Y también tienen que pagar diferentes tasas e impuestos para acceder dichos servicios básicos según donde vivan. Y (en contra del artículo 14 de la Constitución) están sujetos a diferente derechos y obligaciones según donde vivan, gracias al desarrollo de la legislación autonómica contemplada en otroas artículos dela propia constitución.

    De hecho la constitución española está llena de contradicciones de este tipo. En ciertos artículos se declaran grandes principios —como la soberanía nacional (art. 1.2) o el principio de jerarquía entre las administraciones públicas (art. 103)—, que luego son violadas por la propia constitución al desarrollar otros artículos —como el que determina competencias exclusivas para las autonomías, anulando de facto dicha jerarquía y la soberanía nacional. Si la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado (art. 1.2), entonces no puede ser que a dichos poderes (los únicos poderes que emanan de todo el pueblo español son las cortes y el gobierno central, y no las autonomías cuyos gobiernos y parlamentos son elegidos solo por una parte de los ciudadanos) no puedan actuar ni legislar sobre ciertos aspectos que son competencia exclusiva de las autonomías.

    La realidad es que la Constitución Española formula en su comienzo toda una serie de grandes principios que luego ella misma viola al determinar una organización del estado contraria a dichos princpios. En el fondo, la causa primera de todo el problema independista vasco y catalán, y de todas las tensiones territoriales de España reside en las contradicciones de la propia constitución española y en el modelo y funcionamiento del estado que define en contra de sus propios principios.

    Es indiscutible que un estado centralizado garantiza la igualdad en mayor medida de uno descentralizado. Pero incluso aunque las competencias siguieran siendo regionales, el gobierno de la nación debería establecer coberturas mínimas para todo el país y baremos o precios únicos para impuestos o tasas. O mejor una unión fiscal, es decir, que la recuadación de los impuestos vuelva a ser competencia exclusiva del estado: es decir, el centralismo como garantía de igualdad aunque los que defienden la unidad fiscal no se atrevan a formularlo así.

    Estos mismo errores y problemas que ocurren dentro de España, se reproducen en la Uinión Europea. Dos ejemplos (España y la UE) de funcionamiento federal pésimamente articulado. La mal llamada Constitución Europea (formalmente no es una constitución, sino un texto refundido de tratados internacionales) no garantiza ni un solo derecho en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos europeos, cuyos derechos fundamentales quedan amparados únicamente por los contemplados en las constituciones y legislaciones de cada país (y en el caso de España, en la práctica también de la legislación de cada autonomía).

  3. alc dice:

    El caso del artículo 1.2 (a soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado) es particularmente relevante en la situación actual.

    Un estado es plenamente soberano cuando su poder legislativo (parlamento y/o senado) y ejecutivo (gobierno de la nación) tiene capacidad plena para legislar y actuar sobre cualquier cuestión. Por ejemplo: el gobierno, el congreso y el senado de EE.UU. son soberanos ya que pueden legislar y actuar ilimitadamente sobre cada estado (otra cosa es que decidan hacerlo o no en cada cuestión).

    De ese modo, por ejemplo los tratados de adhesión de España a la Unión Europea son inconstitucionales en la medida en que se realiza una cesión de la soberanía nacional a la Comisión Europea, al Consejo Europea y al Parlamento Europeo, cuyas leyes (directivas) y disposiciones son de obligado cumplimiento (obligación de transposición de las directivas al ordenacmiento jurídico nacional, o obligación de cumplir con las disposiciones de la Comisión Europea) en contra de dicho artículo 1.2 de la CE. De hecho, actualmente somos un país inervenido y estamos viendo cotidianamente como los organismos europeos (y lo que es peor, directamente otros estados como Alemania sin ningún tipo de legitimidad para ello) toman decisiones que violan flagrantemente nuestra soberanía nacional y por tanto nuestra constitución.

    Pero también viola flagrantemente de este principio de sobernía nacional (art. 1.2) el hecho de que los gobiernos y los parlamentos autonómicos tengan competencias exlusivas y capacidad legislativa exclusiva sobre ciertas cuestiones (art. 147 y 148) que en a práctica no pueden ser legisladas por las cortes españolas ni el goierno central pueda actuar sobre ellas. Numerosas sentencias del Tribunal Constitucional han sentenciado repetidamente en este sentido.

    Los parlamentos y los gobiernos autonómicos ya son <i<de facto soberanos cuando de forma ordinaria legislan y disponen en custiones que escapan a las cortes y al gobierno de la nación. El gobierno y el parlamento de Cataluña (y los del resto de autonomías, y particulamente la del Pais Vasco) actúan de forma soberana sobre multitud de competencias exclusivas que escapan al más mínimo control del Estado.

    En esta situación, sacar a colación ahora el artículo 1.2 de la constitución española y exigir su cumplimiento es ridículo. Este artículo ha sido socavado y está totalmente vacio de contenido por el resto de disposiciones de la propia constitución, por la forma en que durante más de 30 años ha aplicación que la propia constitución el Tribunal Constitucional y por los Estatutos de Autonomía en vigor.

    Diga lo que diga la constitución, y las declaraciones grandilocuentes y pretendidamente garantistas de la unidad nacional, el hecho es que España no es nación soberana. Y Cataluña, País Vasco y el resto de autonomías gozan de facto de un importantísimo grado de soberanía.

    En estas situación, pretender ahora mentarle a Artur Mas y su gobierno el artículo 1.2 de la constitución para negarles que su Parlament y su Gobern son soberanos es inútil y ridíulo. El germen de los problemas actuales de España está en la propia Constitución de 1977 y en el nefasto sistema legal y administrativo que articula.

  4. alc dice:

    El autonomismo fue una chapuza asquerosa de los constituyentes. A sabiendas de que el modelo de estado que estaban formulando en la propia constitución suponía de hecho que España perdiera su sobernía nacional, introdujeron el artículo 1.2 para negar formalmente lo que se estaba instiyendo de hecho.

    Igualmente, a sabiendas de que dicho modelo de esatdo liquidaba el principio de jerarquía entre las administraciones, redactaron el artíclo 103 para declarar de forma tan grandilocuente como inútil lo que la propia constitución liquidaba.

    Y a sabiendas de que el modelo de estado liquidaba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la igualdad de oportunidades redactaron el artículo 14.

  5. alc dice:

    Una vez que los gobiernos autonómicos nacionalistas han visto que no tienen por qué cumplir con toda una serie de artículos de la constitución española que no les son favorables para sus intereses (entre ellos el 1.2, el 103 y el 14), se normalizó por parte de dichas autonomías durante más de 30 años el cumplimiento únicamentede aquellos artículos y preceptos que les interesan.

    Por poner un ejemplo, la Generalitar de Cataluña (y la Xunta de Galicia o el Gobierno Vasco) llevan decenios incumpliendo el art. 3.1 (el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla) al no facilitar el acceso a la educación en Castellano. Y lo hacían y lo hacen con la misma naturalidad y normalidad con la que incumplen el art. 1.2, el 103 o el 14: porque no pasa nada.

    De ahí a saltarse las sentencias del Tribunal Supremo (como la que obliga a faclitar educación en castellano) y del Tribunal Constitucional (la sentencia del Estatut) que no les interesan hay solo un paso. Y de ahí a convocar y realizar un referendum de constitucionalidad hay otro.

    Gobiernos particularmente irresponsables como el socialista de Rodríguez-Zapatero (con su promesa cumplida de apoyar y aprobar en el Congreso cualquier estuto de autonomía que vinera del Parlamento de Cataluña fuera el que fuera, haciendo dejación de su obligación de cumplir la ley y velar por el interés general) han acelerado los acontecimientos. Pero la deriva secesionista en España comenzó indudablemente con el autonomismo de la Constitución de 1977 y sus importantes contradicciones.

  6. Felix_71 dice:

    Sin duda debate mas que interesante en estos momentos en los que la losa de la realidad económica hace repensar los fundamentos de nuestro modelo político.
    La IGUALDAD sin duda es junto a la LIBERTAD el segundo pilar de Occidente, y sin duda es el que sufre una mayor desgaste a causa de la crisis.
    Las crisis económicas desembocaron en máximos desigualdades sociales que en el XX abocaron a los totalitarismos y tras ellos los niveles de libertad propios de la época tumben quedaron fulminados.
    Y es que la necesidad económica arrecia la confusión entre el hecho de que al nacer no somos iguales en cuanto a capacidades y el derecho de ser igual frente a algo ( Estado, Leyes, Oportunidades…)
    Derecho y hecho contradictorios que los intereses de poder desmesurados adoran por ser el campo de cultivo ideal para la DEMAGOGIA, arma de máxima efectividad contra la democracia.
    La denominada alternativa de izquierda española (PSOE) demuestra con planteamientos como la proposición de LEY que se ha descrito, que contiene en sus genes todas las degeneraciones propias de un grupo político en fase preterminal:
    – La invención y uso demagógico de supuestas desigualdades, que ya estan garantizadas legalmente en la propia Constitución para que los afectados RESPONSABLES Y LIBRES puedan exigir su cumplimiento por el Estado de Derecho.
    – Una clara falta de principios e ideales políticos que se sustentes en realidades propias de nuestra sociedad ( la del XXI), ya que enarbolan viejos anzuelos como si fueran nuevos.
    – Su desprecio intelectual ante sus potenciales votantes, que con la que esta cayendo evidentemente debieran tener criterio intelectual para entender que las prioridades actuales no pueden pasar por inventar nuevos derechos cuando ni el mas basico ( sobrevivir dignamente) esta garantizado por mas que se repita en 10.000 leyes.

    Si UPyD realmente pretende ser alternativa y ayudarnos con ello, debe ser claro y fijar claramente su enemigo, aquel que quiere CONSERVAR un sistema que esta colapsando,y ese es el PSOE.Por ello les ruego que se mantengan loa mas alejado posible de demagogias fáciles y que confié en sus principios, como los expuestos en el articulo. Si no, solo sera una ramita de ese tronco muerto en el que se ha convertido la social democracia española.

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