search
top

Por qué se debe remunerar a los cargos públicos y subvencionar a los partidos

La revolución americana que conduciría a la creación de los Estados Unidos de América comenzó bajo un lema muy actual: “no taxation whitout representation“, es decir, la negativa de los súbditos de las trece Colonias a pagar impuestos al Rey mientras carecieran de representación en el Parlamento británico (que era quien aprobaba las tasas e impuestos). Hoy asistimos a una protesta latente parecida porque muchos ciudadanos consideran que sus impuestos no les garantizan auténtica representación política, y que los impuestos aprobados por el Parlamento no tienen en cuenta sus derechos. Por eso existe un debate sobre si los partidos políticos, responsables en última instancia del deterioro de la representación política, deberían o no recibir dinero público para su funcionamiento, e incluso si los cargos públicos deben ser remunerados o no.

No es ninguna tontería, sino una cuestión que atañe a los fundamentos mismos de posibilidad de existencia de un sistema democrático, como voy a tratar de explicar. Esa discusión va tomando elevado tono pasional a medida que los recortes de gasto público afectan de modo doloroso a ciudadanos que exigen explicaciones de por qué sus impuestos deben ir a parar en parte a las instituciones, los partidos y los cargos públicos responsables de que se dedique menos a sanidad, educación o servicios sociales. ¿Por qué pagar a esos parásitos mientras se recorta por todas partes? Y sin duda esas explicaciones son necesarias, así como la información detallada sobre lo que cobramos los cargos públicos, las subvenciones que reciben los partidos, lo que cuesta un Parlamento o un Gobierno, etc. Pero hay una cuestión previa: ¿por qué debe dedicarse dinero público a partidos y cargos públicos?

Pues bien, es una exigencia de los propios objetivos y reglas de un sistema democrático: para que exista algo digno de tal nombre cualquier grupo de ciudadanos debe poder formar un partido, y cualquier ciudadano debe poder ser elegido para desempeñar un cargo público con normalidad. Es cierto que ha habido sistemas democráticos sin partidos y sistemas parlamentarios donde no se cobraba por ocupar el escaño, pero ¿qué sucedía en esos sistemas? Echemos una ojeada.

En la democracia asamblearia ateniense no había partidos políticos, aunque sí facciones y corrientes de opinión con un líder reconocido. Muchos cargos públicos eran nombrados por sorteo entre el restringido colectivo de ciudadanos; respecto a los cargos electivos, se esperaba de ellos no sólo que no cobraran nada por su labor sino incluso que sufragaran de su peculio cosas tales como representaciones teatrales y las trirremes de la marina de guerra (lo que los romanos, que hacían lo propio, llamaban munificencia). Ahora bien, ¿qué pasaba con los numerosos ciudadanos sin fortuna que salían sorteados para cualquiera de los abundantes consejos, asambleas y tribunales de la ciudad? Pronto fue obvio que, si no se quería que abandonaran los asuntos públicos por los privados, habría que pagarles una cantidad fija para retenerlos en sus puestos. Inevitablemente, el desempeño de cargos públicos supuestamente altruistas devino en profesionalización de la política (sobre todo para los ciudadanos más pobres, que encontraron así un socorrido modus vivendi) con el consiguiente abono de las tendencias degenerativas del sistema, la demagogia y el clientelismo. Atenas descubrió, con las consiguientes críticas de los detractores del sistema, que la democracia no es barata, y la búsqueda de recursos para financiarla a través de la guerra imperialista fue una de las causas de su caída.

En el veterano sistema parlamentario británico se tardó mucho en aceptar la remuneración pública de los miembros de los Comunes, porque la de parlamentario era una ocupación de caballero, o sea, de un rentista que no necesitaba trabajar para mantener su estilo de vida. Durante esa época aristocrática los Comunes celebraran sesiones nocturnas hasta altas horas de la madrugada, tras lo cual sus señorías se retiraban y dormían toda la mañana, como correspondía a un caballero. La costumbre se mantuvo hasta que la clase media y los trabajadores irrumpieron en el Parlamento de la mano de los partidos liberal y laborista: entonces se hizo evidente que un médico o un linotipista no podían ser parlamentarios si no recibían una remuneración adecuada para dedicarse en exclusiva a su labor. Que, por otra parte, debía ser la misma para todos los parlamentarios puesto que todos eran iguales en dignidad, derechos y obligaciones. Se trataba, precisamente, de progresar en igualdad, o sea, en democracia. Y la única manera de que cualquiera pueda ser elegido para desempeñar un cargo público, y no sólo rentistas o millonarios, es que el erario público se haga cargo de su manutención y de las necesidades que aquel conlleva (como viajar y mantener un despacho con auxiliares administrativos y técnicos). Si sólo los rentistas pudieran dedicarse a lo público no se trataría de una democracia, sino de una oligarquía. Conviene no olvidarlo.

La democracia moderna, a diferencia de las formas antiguas, es inseparable de la existencia y actividad de partidos políticos. La razón es sencilla: el pluralismo de la sociedad moderna, donde debido a la libertad individual conviven idearios políticos diferentes e intereses rivales de todo tipo. Y la forma más sencilla de expresar y articular ese pluralismo es mediante partidos políticos diferentes: en una democracia moderna la institución política exclusivamente única y común a todos es su Constitución.

Pero con los partidos sucede como con los cargos públicos: para que haya igualdad de derecho y de oportunidad de participar en la vida política, cualquier grupo de ciudadanos debe tener no sólo la oportunidad de fundar un partido, sino que debe tener facilidades para hacerlo. Eso incluye facilidades financieras: del mismo modo en que cualquier ciudadano debe poder dedicarse a la política y por eso se paga por desempeñar un cargo, también todos los partidos que hayan obtenido un apoyo electoral significativo debe contar con ayudas públicas para desempeñar su labor. Incluso en un país tan enemigo de los subsidios como Estados Unidos, los candidatos a la Presidencia –y a otras magistraturas- pueden elegir entre financiar su campaña con dinero privado o con dinero público (aunque los candidatos con posibilidades eligen siempre la primera, existe la segunda opción). Por supuesto, hay que discutir los detalles de esta financiación: cuánto, para qué, cómo, cuándo, hasta donde, etc. Si se rechaza el principio de que los partidos políticos reciban ayudas públicas, tendremos otra forma de oligarquía: sólo podrán actuar los partidos con dinero privado detrás, provenga de lobbys de cierto negocio o de misteriosos donantes anónimos… (la noticia de que en 2007 CIU, PNV y PP se llevaron el 94% de todos los donativos privados entre 1987 y 2007 es bastante significativa a este respecto).

Por tanto, me parece evidente que un sistema democrático basado en la igualdad de oportunidades para la actividad política exige retribuir a los cargos públicos y ayudar al funcionamiento de los partidos políticos. Quien sostenga lo contrario postula una oligarquía, una dictadura o cualquier otra cosa, pero no una democracia.

Por supuesto, a los partidos hay que exigirles un nivel mínimo de autofinanciación, que ahora no se exige legalmente, y por supuesto absoluta transparencia en lo que ingresan y gastan, sus créditos bancarios, propiedades y gastos de funcionamiento. Hablo de conocer al 100% la economía del partido como requisito para recibir ayudas públicas, de auditorias de su contabilidad y de transparencia en las cuentas. Es un sistema que funciona en Alemania y otros países, tanto para evitar la absoluta irresponsabilidad y la corrupción en la financiación de los partidos, como para prevenir que montarse un partido sea un modo provechoso de explotar el erario. Para garantizar la igualdad de derechos a la hora de crear un partido y competir en las elecciones, el Estado debería responsabilizarse de la publicidad de todos ellos, lo que abarataría mucho las campañas y acabaría con sistemas discriminatorios como el mailing electoral (pagado según los resultados electorales a los partidos que consiguen representación). Y así con otro buen montón de cosas.

Respecto a la remuneración de los cargos públicos, la lógica es similar: transparencia, publicidad y suficiencia para desempeñar su labor (lo que excluye las peticiones descabelladas de penalizar esa dedicación con retribuciones lo más reducidas posibles, o ninguna en absoluto: buena fórmula para estimular la corrupción y el clientelismo). Lo que incluye la proporcionalidad: ¿es aceptable que un Consejero de RTVE, un alcalde o un presidente autonómico cobren más que el Presidente del Gobierno? ¿O que un asesor de libre designación cobre más que un funcionario de carrera o el propio cargo, como sucede en no pocos ayuntamientos y CCAA? ¿Es aceptable compensar esta falta de progresividad mediante la permisividad en la acumulación de retribuciones e indemnizaciones públicas? Evidentemente, no.

En fin, es un poco absurdo el empeño de algunos por clamar contra lo que cobran los cargos electos y acusarles de incompetencia y corrupción… para volver a votar a los mismos y desentenderse de las mejoras posibles en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, entre otras urgencias. El objetivo también requiere de un cambio de mentalidad y de hábitos en la sociedad española: para que los partidos puedan alcanzar una autofinanciación real hay que estar dispuesto a afiliarse y pagar una cuota, o lo que es lo mismo, a asumir parte de la responsabilidad política. Así son las cosas. Reclamar al Estado que lo facilite todo y reprocharle que financie el sistema que lo sostiene es pueril e irresponsable. Necesitamos tomarnos en serio el funcionamiento de la democracia, y eso pasa por admitir que tiene un costo económico y que, como en todo, se trata de invertirlo bien pidiendo los mejores retornos para el gasto: un buen sistema representativo y deliberativo, y el resultado de un buen gobierno. En nuestra situación degenerada tampoco parece muy difícil.

 

Share

12 comentarios a “Por qué se debe remunerar a los cargos públicos y subvencionar a los partidos”

  1. guticid dice:

    Comprendo la necesidad de retribuir a los cargos públicos, pero no veo suficientemente justificado el porqué sólo pueda existir un sistema democrático indisolublemente asociado a partidos políticos a los que se ha de financiar con impuestos.
    El sistema parlamentario actual se crea en un contexto previo a la entrada de las nuevas tecnologías y comunicaciones; en la democracia ateniense no existían propiamente partidos políticos sino corrientes, puesto que había una cercanía física entre electores y elegidos…
    Los sistemas parlamentarios actuales asumen la distancia geográfica, lo que comporta una incomunicación y desconexión temporal que se suplía con el envío de cientos de delegados representativos que podían ser conocidos por los electores y se organizan en partidos para poderse coordinar y alinear criterios, poder ser percibidos, comunicar con el exterior, etc..
    El problema es que los partidos políticos se gestionan en base aparatos burocráticos que al no ser controlados por los votantes y muy poco por sus afiliados…con el tiempo derivan en redes clientelares que pueden tomar vida propia y degradarse por lealtades e intereses ajenos a los de los electores, etc. y los líderes de los partidos tienen que contemporizar con estos aparatos para poderse mantener…, alejarse de sus programas origen y acercarse a lobbies varios para sostenerse, etc..
    Sólo lo partidos políticos nuevos pueden en cierta manera (y de momento…) escapar de esta “maldición general” que con el tiempo se instala en el conjunto de democracias del mundo
    Con los actuales medios de comunicación se puede perfectamente conocer a los líderes políticos y sus programas sin necesidad de tantos intermediarios.
    Considero que sería interesante la fórmula de que el líder parlamentario de cada partido tenga un peso en votos equivalente a los diputados teóricos elegidos, y que su voto tenga ese peso, por ejemplo, en el parlamento nacional, el voto de Rosa Díez vale 5, el de Rajoy 180, el de Rubalcaba 140, etc..…; asimismo cada líder podría tener potestad para nombrar como máximo tantos diputados miembros de comisiones parlamentarias como requiera (pero seguro que no harán falta cientos de diputados en todas y cada una de las instancias gubernativas nacionales o autonómicas, como es el caso actual, en el que se percibe al diputado como una especie de carguista perezoso…).
    Nos ahorraríamos un montón de diputados, senadores y caros cortesanos que casi todo el mundo desconoce, y enormes y caras estructuras de partidos con financiaciones opacas que giran a su alrededor…, asimismo el sistema sería más operativo, eficaz, barato y de fácil control por parte de los ciudadanos.
    Nos acercaríamos un poco más a ese sueño de acercarnos a una democracia cada día más real desde dentro del sistema…

    • alc dice:

      Efectivamente, si no abolimos la disciplina de partidos, para tener lo que tenemos ahora nos valdría con un único diputado por cada partido. Además, no haría falta utilziar la ley d’Hont ni ningún otro sistema —injusto— de reparto. Su voto se podría multiplicar exáctamente por el número de votos que ha tenido.

      Si se quiere que en las gradas haya ambientillo —aplausos, silvidos, abucheos— para que las retransmisiones televisivas y radiofónicas no resulten aburridas, que permitan a los partidos llevar público (y que repartan el público con la ley d’Hont o como quieran).

      Un buen sistema podría ser un congreso de los diputados así, y un senado con circunscripciones unipersonales, con candidaturas ajenas a los partidos políticos y publicidad electoral estrictamente institucional (televisión pública, etc.) para garantizar igualdad de oportunidades a todos los candidatos independientemente de sus posibilidades económicas y de los lobbies que les apoyen.

top