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¿Hay peligro de berlusconización en la política española?

Nadie discute que en Italia no se mantenga un Estado de derecho con todas las instituciones imprescindibles en una democracia y fijadas por una Constitución. Pero también es indiscutible que la democracia italiana se ha convertido en el paradigma de un mal uso de las instituciones que, manteniendo formalmente las apariencias, pervierte profundamente su sentido original. El presidente del gobierno Silvio Berlusconi ha terminado encarnando, por méritos propios, esa perversión permanente que acaba convirtiendo los tribunales en agencias de arbitraje de intereses privados, el Parlamento en un zoco donde todo está en venta y alquiler, y la presidencia del gobierno en un circo más seguido por sus escándalos sexuales que por su actividad política. Una verdadera desgracia, pero el que haya sucedido esto en un país tan civilizado y rico como Italia debería tomarse como una llamada de atención sobre los peligros que acechan a todas las democracias, sin excepción, y no como una manifestación de la supuesta informalidad idiosincrásica de los italianos.

Fijémonos en España: ¿estamos mejor que en Italia? En algunos aspectos todavía sí. Al menos, aquí parece imposible todavía un escándalo como el de la acumulación de basura en la Campania ante la pasividad absoluta de las instituciones responsables. Sin embargo, el cambalacheo de votos parlamentarios donde se obtiene el apoyo al gobierno a cambio de favores es tan usual como en Italia, y esa no es la única coincidencia preocupante (da lo mismo que los beneficiarios sean partidos nacionalistas en vez de partidos personalistas). Que a Zapatero no se le conozcan veleidades orgiásticas no es sino una anécdota menor. La pregunta que debemos hacernos es si estamos inmersos en un proceso de berlusconización, es decir, de vaciamiento del sentido de las instituciones a través de su perversión práctica. En la administración de justicia y la pérdida de igualdad ante la ley ya se ha avanzado mucho en ese sentido, o al menos así lo percibe una gran mayoría social, según ponía de relieve la última encuesta del CIS.

Como en Italia, en España hay un gran descontento social con el funcionamiento del sistema, y también emergen nuevas formaciones políticas que buscan beneficiarse de este descrédito popular fácilmente convertible en deslegitimación. No todas ellas nacen con el propósito de enderezar lo degenerado y refundar las instituciones para restituir la democracia, sino para profundizar los peores aspectos de la situación. O sea, para obtener beneficios privados de la desaparición de la justicia autónoma, de los medios de comunicación independientes y de la exigencia de transparencia y rigor en la gestión pública, dominada por la corrupción.

Lo inquietante de la berlusconización es, precisamente, que abre paso no a una crisis del sistema con propuestas de renovación democrática, sino al estancamiento de lo peor a través del bloqueo institucional y del desistimiento cívico. Desistimiento expresado en el aumento de la abstención, el cinismo intelectual, la despolitización y el éxito de partidos políticos no críticos sino sencillamente ajenos u hostiles a los propósitos de la democracia. Por ejemplo, partidos personalistas que no son sino plataformas de proyección institucional de intereses básicamente personales, como el de Francisco Alvarez Cascos (FAC) –inquietante sujeto que también se parece a Berlusconi en su fama de depredador sexual-, o los de Revilla y Laporta, por no hablar de peores aventuras jaleadas por los medios como la catalana de Carmen Mairena. Cataluña es, sin duda, la parte de España donde todo se ha conjurado para el avance de la berlusconización. Pero hay otros signos inquietantes del avance del proceso en el conjunto del país: por ejemplo, el regreso en loor mediático de personajes como Mario Conde, presentado por el grupo Intereconomía como modelo de la “regeneración democrática” por venir y que no sería, por cierto, sino una variedad hispana del berlusconismo (lo que lejos de tranquilizar debe preocupar más).

A los partidos tradicionales este proceso sólo les preocupa en cuanto pueda poner en peligro su posición dominante, pero el sentido del mismo no solo les resulta indiferente, sino que en realidad emerge de sus propias prácticas. También en Italia pasó algo parecido: Berlusconi fue el oportunista sin escrúpulos que, apoyado en su imperio mediático y en la popularidad ganada explotando el mismo, recogió los frutos del hastío popular por el corrupto sistema de alianzas protagonizado durante años por los partidos italianos clásicos: el democratacristiano y sus satélites republicanos, socialistas y laicos. El sistema de partidos clásico se hundió en Italia, pero a pesar del juez Di Pietro y otros líderes y grupos regeneracionistas –como el Partido Radical de Marco Panella- no lo sucedió un sistema renovado que actualizara la democracia y limpiara las instituciones acabando con la corrupción y las mafias, sino una nueva amalgama de minipartidos personalistas, neofascistas y nacionalistas de la Padania agrupados en torno a Berlusconi, verdadero conseguidor de ese sistema degenerado; en frente, las viejas y desarboladas glorias, divididas, impotentes y anacrónicas, de la antaño pujante izquierda italiana. Ese es el triste panorama político y civil que ahora ofrece Italia. Y la amenaza es que en España acabe pasando algo similar si lo que hay de sociedad civil activa no es capaz de reaccionar contra la resignación, el pesimismo y la comodidad del que critica mucho pero no arriesga nada. La impotente ira del español sentado denunciada por Alvaro Pombo, el verdadero deporte nacional en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado.

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3 comentarios a “¿Hay peligro de berlusconización en la política española?”

  1. CM dice:

    Si, la sociedad civil no debe dejar de estar alerta ni un segundo ante este peligro. Lo que me extraña es que en Italia no aparezca un UPyD que canalice el descontento de la gente. Me gustaría es que cuando tuvierais algo que perder dijerais las cosas tan claritas.

  2. Sake dice:

    -¿Y porque no fundamos un partido politico amigo?
    -Porque no tenemos intereses particulares que proteger y además no somos políticos.
    -¿Crees que existe a honradez política?
    -Necesito creerlo y hay una forma ¿mira los programas, las ideas y juzga?.
    -Ya se lo que me vas a decir.
    -UPyD, no busques más.
    -Mirare el programa y conoceré a sus gentes.
    -Estas tardando.
    -Vale.

  3. alcotarelo dice:

    Los males que sufrimos son consecuencia del modelo político pactado en la transición y definido en la Constitución y la Ley Elecotoral.

    Se optó por un sistema parlamentario en lugar de uno presidencialista. El modelo parlamantario que tenemos tiene sólo elecciones de una vuelta al senado (una cámara que nació inútil y prescindible, y ahora además se ha vuelto derrochadora) y al congreso, que elije al gobierno haciéndolo dependiente de los pactos para formación de mayorías. Todo ello en detrimento de un presidencialista, en el cual el gobierno se elije en una segunda vuelta y es independiente del paramento.

    La justificación fue que de este modo se evitaba la hipotética posible coexistencia de un gobierno enfrentado a la mayoría del parlamento.

    Pero la gran perversión del sistema fue el sistema electoral establecido en la propia Constitución, que establece un sistema de representación territorial por circunscripciones provinciales en lugar de una única circunscripción nacional que garantizara la igualdad de todos los votantes. Es decir, prevalece el derecho de los territorios sobre el de los ciudadanos. Y se crea la nefasta incongruencia de que los diputados, que en teoría deberían representar a todo el país, son elegidos y realmente representan a un territorio determinado.

    Para mayor perversión antidemocrática, la Ley Electoral aplica dentro de cada circunscripción provicnial la Ley D’Hont como forma de reparto. Este sistema de reparto es injusto, ya que viola el principio de que todos los votos valgan lo mismo. Sin esto, no es posible la igualdad entre los ciudadanos. Pero además, aplicado provincia por provincia en lugar de en todo el país, se crea una gran bolsa de votos sin representación.

    Es decir, la ley D’Hont es una aberración antidemocrática conceptualmente injusta e inadmisible. Pero al aplicarla en por circunscripciones aumenta exponencialmente sus efectos perversos e indeseables.

    El sistema está pensado para favorecer a los grandes partidos nacionales y a los partidos minoritarios que obtienen sus votos concentrados en unas pocas provincias: los nacionalistas.

    Tal aberración antidemocrática para favorecer y privilegiar a unos frente a otros se justificó en evitar un parlamento fragmentado a la italiana, donde los gobiernos duraban poco debido a la multitud de partidos necesarios para formar una coalición de gobierno. El razonamiento obviaba deliberadamente otras alternativas para evitarlo, como un sistema presidencialista en el que el gobierno tiene independencia respecto del parlamento.

    Esta justificación obviaba también que en todo caso justificaría el empleo de la Ley D’Hont, pero en ningún caso su aberrante aplicación por provincias.

    30 años después el resultado a la vista está. Un sistema en el cual la formación de gobiernos queda a merced de partidos nacionalistas de ámbito regional que representan únciamente a ciertos territorios y no a todo el país. Ciertamente las consecuencias eran fácilemente previsibles, aunque tal aberración antidemocrática se revistiera de una falsa legitimidad progresista y un complejo de todo lo español respecto a los nacionalismos regionales originado por la desafección con todo lo que pudiera tener que ver con la dictadura franquista.

    Durante estos 30 años hemos asistido a cómo el sistema degeneraba gradualmente. Cómo cada vez que no había mayoría absoluta los sucesivos gobiernos de distinto signo político (González, Aznar y Zapatero) pactaban sucesivamente con los nacionalistas regionales para formar gobierno y mantenerse en él. Sacrificando el interés común en pro de privilegios para esos partidos y esos territorios. Combiertiendo el parlamento en un zoco de compra de votos, en donde vemos cotidianamente cómo los diputados no representan a toda la nación, sino a su región en el mejor de los casos, cuando no en beneficios tangibles para su partido político. Como se desarticulaba al estado de sus atribuciones, competencias y medios, no ya para garantizar una mínima igualdad entre los ciudadanos, sino para funcionar operativamente.

    El sistema político creado en la transición estaba ya predestinado a fracasar. Pues como dice hoy Rosa Díez “no se puede pactar el modelo de estado con los que no creen en el estado”, y eso es lo que se hizo con la constitución española.

    Con Zapatero todo se ha llevado a un extremo difícil de imaginar antes de su llegada al poder. Pero el problema es muy anterior. Con los gobiernos de Gonzalez y Aznar se cedieron cosas intolerables (impuestos, educación, sanidad…) sin que nadie nos preocuparamos por lo que se estaba perpetrando. Se ha roto la unidad fiscal, de modo que los ciudadanos pagan diferente cantidad de impuestos según en qué comunidad vivan (especialmente grave con el cupo vasco y navarro). Y ya con Zapatero se ha roto el principio de que el gasto público se distribuye con criterios de necesidad, al comprometerse inversiones públicas para Cataluña independientemente de sus necesidades frente a las del resto.

    A todo ello hemos asistido impasibles. Y sólo cuando desde ciertos gobiernos autonómicos se están convocando o apoyando referendums independentistas y manifestaciones contra el cumplimiento de las sentencias del TC (Generalitat de Cataluña) o promulgando estatutos de autonomía secesionistas (Plan Ibarretxe) hemos notado cierta preocupación. Y tampoco un nivel de preocupación grande. Pues Zapatero sigue comprando votos en el congreso con el dinero de todos para subsistir políticamente, sin que ello provoque mayor escándalo. Tal vez porque el principal partido de la oposición aspira a recurrir a lo mismo el día de mañana cuando lo necesite.

    Si complementamos el panorama político con un gobierno de incompetentes, creado con criterios de cumplimiento de tasas (paridad sexual, cupo territorial del PSC…) y no de méritos ni competencia (“cualquiera podría ser presidente del gobierno” y no digamos ministro)… el resultado a la vista está.

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