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El caso Sortu o la pobre autoestima de la democracia española

(en homenaje y recuerdo a Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA el 8 de febrero de 2003)

Disculpen la intemperancia, pero cada vez que oigo a alguien decir que se alegraría de la legalización de Sortu porque eso demostraría que el sistema democrático funciona, y permitirá la participación política de todos los vascos en las instituciones, me parece oír a alguien que considerara positiva la existencia del Ku Klux Klan porque refuerza el pluralismo de la sociedad americana reconociendo la actividad de xenófobos, antisemitas, racistas y fanáticos variados a quienes, puesto que existen, corresponde dar voz y voto en las instituciones. La verdad, no veo la ventaja de este arreglo.

Es evidente que la siniestra y violenta banda de racistas encapuchados existe por la misma razón que Sortu o cualquiera de las precedentes marcas políticas de ETA: porque hay gente que rechaza los fundamentos mismos de la democracia, a saber, los principios de igualdad y libertad personal de todos los ciudadanos, y el orden del Estado de Derecho, es decir, la obligatoriedad e igualdad de las leyes. Ya sabemos que, en determinadas condiciones, esa clase de gente se organiza y reúne, unos en bandas armadas y otros en partidos o asociaciones que están a la sombra de las primeras aunque estos partidos no sean “violentos” en el sentido literal del término: se limitan a dar apoyo moral, intelectual y social a los que cometen los atentados y a convertir en réditos políticos las consecuencias de la destrucción, la violencia y el crimen político desatado contra sus adversarios. Es verdad que en los Estados democráticos que funcionan la presión jurídica, social y policial puede acabar deshaciendo las bandas armadas aunque las ideas que les dieron origen sigan vigentes. Dicho esto me pregunto qué gana la democracia con la existencia de cosas como el Klu Klux Klan o Sortu y la respuesta es la misma: nada. Otra cosa es que la democracia, a consecuencia del sistema de garantías de las libertades que le es implícito, deba soportar asociaciones de racistas o de nacionalistas fanáticos siempre que respeten la legalidad, no puedan imputárseles crímenes ni complicidad con los criminales y se limiten a la expresión no violenta de sus aberraciones ideológicas y políticas. Esta es la razón de que algunas democracias intachables toleren grupos de ideología claramente totalitaria, sean maoístas o neonazis.

Este es el caso de Sortu: su rechazo estatutario de la violencia no les convierte en demócratas porque la democracia es mucho más que acción no violenta: comporta un cierto número de valores y creencias básicas, como la supremacía de la igualdad y la libertad y la aceptación del Estado de derecho. Algo que sigue en las antípodas de Sortu. Para conseguir la legalización el último avatar de la Herri Batasuna de siempre tiene que conseguir el visto bueno de los tribunales, que decidirán si cumple la Ley de Partidos, y si para ello bastan los nuevos Estatutos donde se rechaza –pero no condena- a ETA y se comprometen a rechazar atentados futuros… pero no los del pasado. Y sea cual sea la decisión de los tribunales competentes debería estar claro que sólo van a juzgar si el nuevo partido reúne los requisitos legales para permitirle actividad pública, y nada más. No se va a juzgar la calidad del sistema democrático a cuya puerta llama Sortu por estricto instinto de supervivencia sino si éste es, formalmente, un partido legal.

Sin embargo, proliferan las declaraciones –por supuesto bienintencionadas, faltaba más- que de modo más o menos implícito admiten que no se va a juzgar sólo a Sortu, sino al sistema democrático como tal. Sin duda, estamos ante otro éxito de la propaganda totalitaria en un país de una cultura política frágil y superficial, donde parece que la democracia debe justificarse ante corruptos, totalitarios y energúmenos varios, en vez de pedirles cuentas. Y si es de esperar que los partidarios y amigos de Sortu se apresuren a enfocar así el problema de la legalización de su engendro, resulta alarmante que esa perspectiva haya sido aceptada por muchos socialistas –con los inefables e inaguantables Jesús Eguiguren y Odón Elorza a la cabeza- e incluso por algunos del PP: Iñaki Oyarzábal declaraba que “sería una buena noticia” que se pudiera legalizar a Sortu si cumplía los requisitos (y todo sugiere que en este asunto hay un arreglo entre PSOE y PP para que la sangre no llegue al río… y Sortu sea legal antes o después).

Si finalmente los jueces consideran que Sortu reúne los requisitos y es legalizado, tal noticia no sería mejor que la de que hay entre nosotros suficientes fanáticos contrarios a la democracia como para formar un partido que el sistema democrático tolera por sus propias exigencias constitucionales de estirar al máximo las libertades de asociación y expresión. Por lo demás, Sortu no va a mejorar la democracia por las mismas razones por las que el Klu Klux Klan no mejora el pluralismo de la sociedad americana, sino todo lo contrario: lo amenaza y aminora de hecho.

Esperemos que la confusión reinante sobre a quién se juzga en el procedimiento de registro legal de Sortu no lleve a una relajación judicial excesiva. No sería la primera vez que un alto tribunal español acaba resolviendo una conflicto constitucional con una sentencia “interpretativa” –en este caso de la Ley de Partidos- que deja las cosas peor de lo que estaban, aumentando la inseguridad jurídica y extendiendo la máxima confusión entre la opinión pública. A Sortu lo menos que se le debe exigir es que su “rechazo” estatutario de ETA sea una condena sin paliativos de toda la historia de ETA y de cada uno de sus atentados, acompañada como es lógico de una petición expresa para que la banda se disuelva sin ninguna contrapartida. A partir de ahí podríamos considerar que Sortu es un partido de fanáticos nacionalistas democráticamente indeseables pero con suficiente miedo al Estado de Derecho como para no reservarse el menor margen de ambigüedad sobre la violencia, ni representar un peligro apreciable de servir los cuarteles de invierno de una ETA que no se resigna a desaparecer. Por cierto: el siniestro Klu Klux Klan también ha pasado por varios ciclos de ilegalización y legalidad al albur de los cambios políticos.

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3 comentarios a “El caso Sortu o la pobre autoestima de la democracia española”

  1. Sake dice:

    -Ha habido un milagro los que siempre defendieron la violencia y la muerte ahora se han convertido a la paz, sin cambiar de caras ni de pensamiento.
    -El ser humano evoluciona.
    -Si, pero lo que realmente buscan es colocarse en las instituciones para mejor controlar a los demás.
    -Bueno yo digo que para que te perdonen los pecados tienes que arrepentirte ¿no?.
    -Ellos no se arrepienten de su pasado porque piensan igual en el presente.
    -¡todo estrategia planificada!, ahora que ETA esta débil y necesita oxígeno.
    -No pienses mal.
    -Piensa mal y acertarás.
    -En éste caso se ve bastante claro.
    -Por desgracia.

  2. anviau dice:

    Hace ya tanto tiempo que Pagaza se fue…y le seguimos dando vueltas ¿a que?, vueltas y vueltas como peonzas siempre a lo mismo, LA VIOLENCIA, la sinrazon, el mas punzante fascismo orquestado por los “salvapatrias”, realas de lobos hambrientos vistiendose de corderos democraticos, ¿ NO LOS CONOCEMOS YA ? entonces porque volver a….
    YA ESTÁ BIEN, YA ESTÁ BIEN..
    FUERA ESTARAN MEJOR… SEGURO OYE,
    S E G U R O

    • alc dice:

      ¿Qué por qué seguimos dando vueltas?…

      Venimos, desde la transición, de una política de concesiones al nacionalismo aunque (y porque) había terrorismo. El razonamiento era que había que hacer estas concesiones al nacionalismo-no terrorista (PNV y EA) para apaciguar y des-radicalizar a la base social del nacionalismo-terrorista (Herri Batasuna).

      Cesiones como la autonomía del País Vasco, el cupo vasco y tantas otras cosas. O el Estauto de Guernica, ahora cínicamente denostado por ellos y presentado cínicamente como una cesión suya, cuando fue una cesión a ellos. Por eso es un error, por parte de los no nacionalistas, defender el Estatuto de Guernica como algo propio.

      Se creía que cuando los seguidores y militantes del nacionalismo-terrorista vieran todo lo que obtenía el nacionalismo-no terrorista sin matar, secuestrar ni extorionar, se iban a pasar todos en masa al nacionalismo-no terrorista. Y problema resuelto.

      Evidentemente, el planteamiento era erróneo, ya que obviaba deliberadamente que el nacionalismo-no terrorista sí que obtenía todas estas concesiones gracias al terrorismo. No al suyo, pero sí al de los demás. Sin terrorismo, no hubiera sido nunca posible que hubieran conseguido todas esas cesiones y privilegios.

      En este escenario el nacionalismo-no terrorista necesita la existencia del terrorismo para conseguir sus objetivos políticos. Pero necesita distanciarse de él para pedir y obtener cesiones. Son los equidistantes que justifican y amparan con medias tintas a los terroristas, y criminalizan, estigmatizan socialmente y equiparan a las víctimas con los terroristas.

      Tras el secuestro de Ortega-Lara y sobre todo el asesinato de Miguel Ángel Blanco todo esto empieza a cambiar. Con esa gran indignación social, el debate político es ocupado y dominado por los movimientos cívicos (Basta Ya, Foro de Ermua) y los partidos políticos claramente opuestos al terrorismo (PP de Mayor Oreja y María San Gil, y PSOE de Nicolás Redondo y Carlos Totorika por citar a algunos).

      Entonces parece que el nacionalismo-no terrorista ha perdido la dominancia en el debate político e ideológico. Parece. Para recuperarlo se dan cuenta de que ya no pueden pedir contrapartidas a cambio de nada mientras existe terrorismo. Ahora esas contrapartidas y cesiones políticas las tienen que pedir a cambio del fin del terrorismo y en un clima de escasa actividad terrorista.

      Pues en las épocas en las que la actividad terrorista se recrudece, la población se indigna y el nacionalismo-no terrorista tiene cada vez más difícil defender e imponer sus argumentos e ideas en el debate público. Con la sangre fresca encima de la mesa tienen cada vez más difícil hacer política. Sin embargo, en las épocas de poca actividad terrorista (o de tregua) la sociedad y los partidos políticos son más receptivos al chantaje terrorista (proceso de paz, final dialogado de la violencia).

      El nacionalismo-no terrorista se encuentran ahora ante una disyuntiva. Por una parte siguen necesitando la existencia de una amenaza terrorista como elemento de negociación política para obtener sus objetivos. Pero por otra, cada vez más necesitan más que no haya muertos recientes para encontrar a una sociedad más receptiva al pago del chantaje (fin del terrorismo a cambio de cesiones políticas).

      En este nuevo escenario, necesitan combinar periodos de alta actividad terrorista (para mantener viva una amenaza creíble, aunque en estos periodos de indignación tengan dificultades para defender sus ideas políticas), con periodos de escasa o nula actividad (tregua) en los que la sociedad está predispuesta a la cesión al chantaje (fin dialogado de la violencia, etc.).

      Por eso seguimos dando vueltas y seguiremos dándolas todavía durante mucho tiempo. No les interesa de ninguna manera el fin de la actividad terrorista, porque aspiran a seguir obteniendo beneficios políticos y privilegios de ella durante mucho tiempo. Pero ahora para conseguir estos beneficios, necesitan crear expectativas de que esa actividad terrorista va a desaparecer si se cede ¿y qué mejor para ello que una tregua indefinida [que no permanente, que por definición se llama “paz” y no “tregua”] y no verificable?.

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