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¿Qué industria cultural defiende la Ley Sinde?

El debate posterior a la votación de la mal llamada “Ley Sinde” –en realidad, una adición oportunista que colgaba de la Ley de Economía Sostenible- está siendo más ilustrativo que el pobre debate previo, de hecho casi inexistente en el Congreso de los Diputados porque se hurtó al Pleno manifestarse al respecto. Y eso mismo ya es un síntoma del problema de fondo: una ley que tantos concernidos consideran importantísima no iba a debatirse con seriedad en la “sede de la soberanía nacional”, ni era un proyecto de ley autónomo sobre la Propiedad Intelectual, que es de lo que se trata. Por eso considero que quienes han cerrado filas en defensa de la ley rechazada por el Congreso también se equivocan al aceptar un procedimiento que constituye otro pequeño fraude a la exigencia democrática de que las leyes de interés general puedan ser debatidas, enmendadas y, en su caso, aprobadas como es debido: con luz y taquígrafos o al menos un poco de Twitter.

La defensa de la Ley Sinde, al menos las que yo he seguido, rara vez profundiza en el problema de fondo: el futuro de la autoría intelectual y de la industria cultural en una esfera de la comunicación que internet ha cambiado radicalmente y para siempre. Por el contrario, casi siempre son defensas reactivas, y a veces puramente reaccionarias, contra ese cambio y sus consecuencias: se reclama al Estado que defienda no los intereses de los creadores –cosa que por supuesto debe hacer, pero mediante una nueva Ley de la Propiedad Intelectual-, sino a la industria cultural existente de los cambios que le obligan a cambiar. Una petición bastante desbarrada, salvo si uno tiene los poderes de Josué cercando a Jericó y mandando pararse al sol.

Aunque seguramente no digo nada nuevo, creo que debemos partir de dos principios claros, o quizás mejor tres,  para iniciar un debate de verdad que contribuya al alumbramiento de una Ley adecuada a las nuevas circunstancias. Son estos:

1Los creadores y propietarios de bienes intelectuales tienen derecho, el mismo que cualquier otro trabajador o profesional, a ser retribuidos por quienes hacen uso de sus servicios o de su trabajo.

2La industria cultural no tiene derecho a una protección especial que, a diferencia de otras industrias, la proteja legalmente de los cambios tecnológicos que afectan a su sistema productivo y comercial.

3 – No hay ninguna relación causal entre el punto 1 y el 2: no se puede ligar el inexistente derecho de la industria a ser protegida del cambio histórico con el derecho de los autores a ver protegidos legalmente sus intereses legítimos.

Por lo tanto, separemos intereses legítimos de espurios. En este caso son los espurios los que llevan la batuta, aunque vengan acompañados por el apoyo de algunos creadores –músicos, escritores, cineastas…- de indudable altura profesional, pero un tanto despistados sobre el asunto (lo que no tiene nada de particular: se puede ser una autoridad en el Kamasutra y vivir en el celibato). A los escritores en concreto, y por mucho que alguno se ponga trágico, la posibilidad de descargas gratuitas de sus libros en internet apenas les afecta, porque la relación abrumadoramente habitual de los lectores con sus autores favoritos sigue siendo la del libro adquirido en una librería. Eso no quita ni da la razón a los escritores, pero permite enfocar un aspecto del asunto que hurtan con sus lamentos por el “atropello moral”: la confusión de los intereses de los autores con los de la industria, cuando desde un punto de vista jurídico y político no son lo mismo –ni los mismos muchísimas veces- en absoluto.

Como se ha repetido y documentado en abundancia, el problema del “robo” de los derechos de autor en España es una consecuencia práctica de un defecto de la industria cultural del país que, en lugar de afanarse estos años por ofrecer a clientes digitales sus productos a un precio atractivo y competitivo, por ejemplo al estilo de iTunes y demás sistemas que permiten ver las películas y series de TV en streaming (sin descarga del documento), han preferido ignorar esos fastidiosos cambios y pedir al Estado que vele por sus intereses en una insensata imposición de puertas al campo. La consecuencia, que ya ha comenzado, es que ese vacío de la perezosa, protegida y concertada industria cultura nacional –muy ligada a oligopolios mediáticos que padecen la misma tara- será simplemente colmado por empresas de otros países que ofrecerán a los usuarios españoles los productos que la industria nacional no ha sabido producir porque confiaba en un proteccionismo de tipo decimonónico.

En fin, nadie duda de que millones de usuarios prefieren comprar sus pelis o teleseries, o canciones favoritas, si se las ofrecen a un precio competitivo y con calidad garantizada. La piratería y la preferencia por copias chapuceras o subtituladas artesanalmente pasarían a ser algo marginal, como en otros países. Lo que no es de recibo, como he visto recientemente, es que una editorial electrónica ofrezca en formato e-book por 16 euros un libro que en una librería vale menos de 25, pese a haber suprimido la parte de precio correspondiente a la impresión, distribución y venta del libro (en torno al 60%).

La mentalidad subyacente a esta defensa miedosa contra un cambio cultural comparable a la aparición de la imprenta para el libro escrito a mano, es la misma que no se escandaliza de una anomalía como la relación entre SGAE y Canon Digital, culpable de esa mala fama de la entidad que Arcadi Espada ha prometido investigar para ilustración general de todos. La SGAE es una entidad privada, nada transparente, que cobra un tasa pública universal a personas y entidades que no le han solicitado ningún servicio ni producto, y sobre los que proyecta la sombra universal de la sospecha: como sois piratas potenciales, pagadme por anticipado, que por mi parte repartiré la recaudación como me dé la gana y sin rendir cuentas a nadie. ¡Estas cosas sólo eran normales antes de la Revolución Francesa!

Lo que sí debería investigarse es si esos miles de músicos o profesionales del cine y el vídeo modestos, en cuyo nombre se reclama la necesidad de proteger los derechos de autor persiguiendo las descargar gratuitas en internet, consiguen beneficiarse de la mordida obligatoria llamada Canon Digital. La realidad es que en España son poquísimas las personas que consiguen vivir decentemente de la escritura, la música o los audiovisuales, en parte como consecuencia de una industria cultural más preocupada por parar el reloj y detener la evolución que por adaptarse a cambios que conseguirán frenar, pero no impedir. Eso sí, frenando la economía, la cultura y la educación del país, obligado a poner los intereses de unos pocos grupos industriales y unos pocos autores confundidos por encima del interés general. Porque no se trata de defender una gratuidad por otra parte falsa –y ahí está la SGAE para demostrarlo-, o una ilegalidad igual de falsa a tenor de las sentencias judiciales en mucho países, sino de promover la accesibilidad y difusión de las producciones culturales, de pago o gratuitas, en un medio tan rebosante de posibilidades como es internet. Y de paso, que los autores cobren por ello y ganen todo lo que puedan por sus canciones o películas, pero, ¿por qué deberían beneficiarse otros comensales de dudosa necesidad y bajísima eficiencia en la conducción de sus negocios?

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1 comentario a “¿Qué industria cultural defiende la Ley Sinde?”

  1. Sake dice:

    -Yo lo que digo es que el que crea arte debe recibir algo según los que lo vean y disfruten ¿no?.
    -Eso lo creemos todos, lo que ocurre es que hay que adaptarse a los tiempos, porque internet es algo nuevo y poderoso y si no te adaptas quedarás descolgado.
    -Sabes, lo que parece claro es que al campo no puedes ponerle puertas porque te entrará aire por todas partes.
    -La libertad es compleja y a los tiempos hay que adaptarse ofreciendo calidad a buen precio.
    -¡Todo el mundo tiene derecho a la cultura!
    -Y los autores a vivir.
    -Que empiecen creando la forma de adaptarse.
    -Puedes tener razón.
    -Creo que si.

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