Por otro lado me veo obligado a aclarar que no abogo por la negación de ningún derecho o servicio básico a ningún Ser Humano que resida en España, regular o irregularmente.

Lo que sí exijo es la igualdad de trato y de derechos para todos sin discriminación de ningún tipo, ni positiva, ni negativa.

Además de tratar de poner de manifiesto que las acciones y decisiones de los gobernantes tienen consecuencias que deberían de serles exigibles en las urnas e incluso en los tribunales.

Insisto: cuando se siembran vientos al dictado del utópico voluntarismo “buenista” la cruda realidad suele tornarlos tempestades donde se estrellan los discursos de palabras bonitas. Y lo de Vic, no creo que sea mucho más que un viento algo más fuerte del que estamos acostumbrados, lo preocupante es que sea la punta de un iceberg.

Espero haberme podido explicar mejor esta vez.

Los diferentes gobiernos nacionalistas que ha padecido Cataluña siempre han sido especialistas en abanderar la modernidad y el progresismo cuando, en la práctica, han implementado políticas guiadas por un racismo cultural bochornoso. Ahí está, sin ir más lejos, la política lingüística de inmersión obligatoria en catalán comenzada por CiU en los años 80 con el apoyo de la falsa izquierda catalana, una inmersión que ha intensificado la degradación de la enseñanza pública y el fracaso escolar -y social- de tantos estudiantes, así como la marginación sociolaboral de muchos trabajadores, la intromisión en las empresas y el perjuicio de ciertos sectores económicos -lo estamos presenciando en estos momentos con la ley del sector audiovisual.

Estas políticas nacionalistas ponen palos en las ruedas en el libre desarrollo de la sociedad y de la economía catalanas, y también en su vida cultural, en otros tiempos tan dinámica. Pero los más perjudicados siempre son los grupos sociales más débiles, la inmigración entre ellos, que ven cómo los intereses de los políticos catalanes son ajenos -y contrarios- a los suyos.

Si la educación es una de las piedras de toque del racismo étnico-lingüístico catalanista -con los segracionistas “Espais de Benvinguda Educativa” como corolario-, no es menos grave la voluntad nacionalista de arrogarse plenas competencias en materia de inmigración -contraviniendo, una vez más, la Constitución-, para poder regular los flujos migratorios bajo sus parámetros estrictamente ideológicos y partidistas. El chantajista “Pacte Nacional per la Immigració” no es más que la avanzadilla que precede esta voluntad.

Algunos confiamos en que la entrada de UPyD en el Parlamento autonómico catalán -esforcémonos todos para que se consiga- sirva, al menos, para denunciar estos hechos y dar voz a los que ahora mismo prácticamente no la tienen.

Los “papeles para todos” han ocasionado el desbordamiento de servicios que estaban dimensionados para una población más o menos estable que se ha incrementado repentinamente.

Eso ha causado una merma en su eficacia y funcionalidad, pero también han surgido auténticos ghettos que los “nacionales” de esas poblaciones toman como una suerte de invasión y que impide la integración de los recién llegados.

Esas poblaciones pueden ofrecer servicios y ayuda a algunos forasteros durante algún tiempo. Incluso pueden hacerlo con algunos “todo el tiempo”, pero no pueden asumirlo con TODOS, “todo el tiempo”.

Al final esas situaciones se convierten en un auténtico polvorín hasta que se desata el desastre como ha pasado en varias ocasiones, llegándose a violentos enfrentamientos entre la población autóctona y la inmigrante.

No deja de ser la vieja historia del mundo de la que se supone que los gobernantes deberían de haber aprendido algo y así poner los medios para evitarlo.

¿Estaremos a las puertas de una nueva ley (al estilo Zapatero) sobre el modelo poblacional sostenible? ¿Se prohibirá por ley el supuesto racismo, xenofobia, clasismo, aporofobia o lo que quiera ser que se llame?

Parece ser que la medida de negarse al empadronamiento está prevista en la ley y que para su tramitación por no comunitarios, es exigible la presentación del pasaporte y su visado correspondiente, cosa que a todas luces no tienen los inmigrantes irregulares, el visado seguro que no.

Ahora bien, y hecha la anterior declaración de principio… ¿quién puede afear conductas de ese tipo, por ejemplo, a un industrial autónomo que habiéndose visto obligado a abandonar su actividad, recibe una factura por atención sanitaria de la S.S. por que habiendo tenido que dejar de cotizar en su régimen, no tiene ya cobertura médica?

¿Cual es la política inmigratoria de nuestro gobierno? ¿Cuántas modificaciones ha sufrido la ley correspondiente?

¿No es más cierto que quizá el origen de estos “brotes negros” puedan tener su foco en políticas populistas que sembradas hace seis años como ligeras brisas, ahora se tornan tempestades?

Si recordamos el viejo adagio de la caridad bien entendida y sabemos que los recursos no son ilimitados, también tenemos que aceptar que siempre ayudaremos primero a nuestro hijo que al hijo del vecino. Es ley de vida, o… condición humana. No sé si es de más o menos educación, pero así lo tengo de claro, decir otra cosa es muy bonito, muy correcto políticamente y suena muy solidario, pero no es cierto.