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ETA: ¿terrorismo residual o democracia inmadura?

Pronto sabremos si el Supremo juzga a los lehendakaris Juan José Ibarretxe (ex) y Patxi López por haberse reunido con Batasuna cuando esa cosa había sido no sólo ilegalizada, sino declarada parte de ETA. Corresponde a los magistrados del Supremo decidir si aplican la doctrina Botín, que inhabilita a la acusación popular para actuar en el caso, o la doctrina Atutxa dando la razón a Dignidad y Justicia, el colectivo que realmente ha impulsado la acusación popular, al igual que en el caso Egunkaria, una vez retirado el ministerio fiscal por mor de los intereses gubernamentales. Pero no pretendía reflexionar sobre el procedimiento a seguir respecto a López e Ibarretxe sino sobre el problema raíz, a saber: que España es el único Estado de la Unión Europea donde sigue activo, ininterrumpidamente, un grupo terrorista nacido hace nada menos que cincuenta años, y donde ese grupo consigue cada cierto tiempo que las instituciones le acepten como interlocutor válido para iniciar negociaciones políticas -como las emprendidas por ambos encausados- saltándose la legalidad y legitimidad democrática; la primera viene definida por las leyes, y la segunda por el ejercicio de los principios y reglas básicas de la democracia. Lo que conduce a la conclusión de que entrevistarse con ETA para negociar objetivos políticos de cualquier tipo implica una grave violación de las reglas básicas de la democracia, además de un flagrante incumplimiento de la legalidad.

Por supuesto, la defensa arguye que esas entrevistas buscaban objetivos tan altruistas y elevados como la consecución de la paz y el cese de la violencia, pero el problema es que esas entrevistas nunca se hubieran celebrado si Batasuna no fuera uno de los rostros de ETA, de manera que su mera celebración, lejos de alejar a la banda de sus objetivos, los favorecía (por ejemplo, admitiendo que el terrorismo era y es la expresión de un conflicto político provocado por la opresión del Estado en el País Vasco). Ibarretxe recibió a esa franquicia de ETA en su residencia oficial manifestando claramente su desobediencia a la ilegalización de ese partido, y López, cuando todavía sólo era candidato socialista a la lehendakaritza, en un hotel donostiarra y como parte de un “proceso de paz” que sólo sirvió para procurarnos dos calamidades: prolongar la vida de ETA dándole otro valioso respiro para reconstituirse, y deslegitimar a las instituciones de la democracia que ETA quiere aniquilar. Mira qué bien. Eso fue todo el logro. Un logro que revela la enfermedad infantil que la democracia española sigue sin superar: la incapacidad para respetar sus propias leyes y hacer funcionar como es debido a sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Como si siguiéramos anclados en 1976, basta con que los terroristas manifiesten su voluntad de diálogo para que todo se precipite en una sensación de provisionalidad, de pizarra en blanco y refundación… bajo el chantaje y la amenaza de la reanudación del asesinato.

Si esta enfermedad infantil se hubiera superado antes, ahora estaríamos hablando de ETA como un nefasto fenómeno del pasado, como de la dictadura misma. Pero han sido los propios actores políticos y las propias instituciones las que han contribuido a mantener con vida a la banda y a reanimarla cuando parecía decaída. Pensemos, por ejemplo, en la nefasta creación de los GAL desde los gobiernos de Felipe González, materializando la doctrina de “las dos violencias enfrentadas” del terrorismo de Estado y del terrorismo privado.

La persistencia de nuestra enfermedad, de esa especie de raquitismo institucional, fue de nuevo demostrada cuando, tras suscribirse el Pacto contra el Terrorismo y aprobar la Ley de Partidos, el Pacto se rompió en cuanto se presentó la ocasión y la Ley fue metida en el congelador en cuanto apareció el pretexto del inminente “fin dialogado de la violencia”. Una democracia que se respetara más a sí mismo que la nuestra, con verdaderos controles judiciales y contrapoderes suficientes, incluyendo una sociedad civil exigente que por desgracia nunca hemos sido, no habría tolerado la conculcación del Pacto Antiterrorista, ni la suspensión de facto de la Ley de Partidos mediante la manipulación de la justicia. Dicho de otro modo, ETA siempre se escapa del cerco cuando todo parece apuntar a su fin no tanto por su habilidad criminal como por las facilidades procedentes de las propias instituciones responsables de su eliminación, como puso en evidencia el gravísimo soplo policial del bar Faisán. O la negativa a actuar contra ayuntamientos gobernados por una franquicia de ETA-Batasuna, ANV, cuando se sabe que colaboran con los terroristas dándoles información reservada para facilitar atentados (trazado del AVE por el País Vasco), o encubriendo a activistas de ETA que pasean explosivos y misiles bajo la cobertura de ser respetables representantes de la voluntad popular.

La persistencia del fenómeno ETA no es sólo la expresión del radicalismo homicida de cierto nacionalismo vasco, sino el efecto patológico de una democracia que ha albergado una enfermedad que no quiere erradicar. Por eso seguimos atados a las noticias de detenciones de comandos, anuncios de atentados, amenazas y violencia, en lugar de hablar del recuerdo de estas desgracias como de otras ya felizmente superadas. Sólo terminaremos con este fenómeno con más democracia, o lo que es lo mismo: con el gobierno de las leyes y con el sometimiento de las instituciones y quienes las gobiernan a sus preceptos. Lo demás es engañar y engañarse.

Posdata: el Supremo ha archivado el asunto de las entrevistas de López e Ibarretxe. La enfermedad parece estable dentro de la gravedad habitual.

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10 comentarios a “ETA: ¿terrorismo residual o democracia inmadura?”

  1. jjms dice:

    Yo no me voy a rasgar las vestiduras por que se establezcan contactos con criminales, casi diría que aún resultando vomitivo, no para TODOS, puede que vaya en el sueldo de determinados responsables políticos.

    Me las rasgo por que esos contactos se realizaron con publicidad, luz y taquígrafos, como propaganda del “buenismo” que iba a ser la panacea de todos los males.

    Me las rasgo por que esos contactos no resultaron solo eso: contactos. Sino que supusieron toda una puesta en escena donde se daba carta de naturaleza a una negociación obscena y donde se otorgaba toda la legitimidad y representatividad política a los correveidiles de unos criminales asesinos.

    Dices que “implica una grave violación de las reglas básicas de la democracia, además de un flagrante incumplimiento de la legalidad.”

    Y terminas con un “Lo demás es engañar y engañarse.”

    A la vista del fallo del TS, parece ser que no constituye ilícito penal alguno, pero a mi me resulta tan abyecto y vomitivo como antes.

    Todavía recuerdo cómo la Asociación Unificada de Guardias Civiles -AUGC- se pronunció públicamente a favor del “proceso” traicionando el sentir de sus supuestos representados.

    Pero claro, como en tantas otras cuestiones políticas (y esta asociación no puede negar que lo es)… el fin siempre justifica los medios.

    Eso sí, ayer no se presentaron al acto de homenaje a los caídos de las FF y CC de Seguridad del Estado en el palacio de la Moncloa, como tampoco acudió el SUP.

    Efectívamente no dejan de ser violaciones de las reglas básicas de la democracia. Y SÍ, todo lo demás es engañar y engañarse.

  2. jjms dice:

    Y más digo: mientras los que nos manifestábamos rotundamente en contra de semejante despropósito, desfachatez y desatino, éramos tachados de fachas retrógrados e irredentos, se representaba una opereta parlamentaria para vestir de legitimidad a la “rabiza”

    Claro que la resolución parlamentaria autorizaba al gobierno a iniciar contactos bajo una premisa, la de la entrega de las armas y el abandono de la violencia que nunca se dió.

    Y jamás se planteó la auténtica naturaleza de lo que ya se había iniciado previamente: una NEGOCIACIÓN POLÍTICA en toda regla, entre un gobierno legítimo de un Estado democrático y una banda de criminales asesinos.

    ¡Quién se acuerda ya de eso!

    ¡Con la que está cayendo!

  3. guticid dice:

    Somos un país acomplejado;parece ser que ser firme es ser un tirano, países europeos acrisoladamente democráticos (Alemania, Francia, etc…) no comprenderían la debilidad permanente de nuestra clase política, siempre dispuesta a entreguismos a chantajes varios…, distorsionando el significado del término “negociar”,”dialogo”, etc… en el fondo no acaban de entender que cumplir con unas normas no es ser un dictador, un intransigente ni un intolerante, sino que es ser simplemente coherente, lo cual a medio plazo es también más justo y práctico, el problema de fondo es en muchos sentidos la empanada terminológica en la que estamos enredados…

  4. alcotarelo dice:

    En todo este asunto, además de la firmeza, la responsabilidad y la inteligencia de nuestros gobernantes, está también la cuestión de la independencia de poderes en general y de la judicial en particular.

    No es ningún secreto que la fiscalía obedece al gobierno. De hecho hemos visto a la viceprendenta del gobierno dando órdenes directas y concretas a la fiscalía. Los jueces, por su parte, están controlados mediante el CGPJ, que es elegido a dedo por los partidos y que nombra, entre otras cosas, hasta a los presidentes de los tribunales por votación siguiendo obvios criterios políticos.

    De este modo existen diferentes doctrinas o jurisprudencias que se aplican arbitrariamente según el interés político, el poder del inculpado o los intereses en juego. Los ciudadanos vemos como ante casos similares los jueces eligen su doctrina a la carta. Y resulta obvio que cuestiones como las establecidas en las doctrinas ‘Atutxa’ y ‘Botín’ o las reducciones de condena (la doctrina tradicional frente a la ‘Parot’) deberían estar reguladas por la Ley y no dejarse aspectos legalmente tan importantes al criterio, la ideología (o a otras cosas menos claras) del juez de turno.

    Por su parte el poder legislativo y el ejecutivo nunca tuvieron independencia al estar controlados por el mismo Parlamento.

    Y el cuarto poder, la prensa, está en manos de grandes ‘holdings’ empresariales (Prisa, Mediapro, y antes telefónica cuando gobernaba el PP) que a su vez se contaminan de intereses y favores políticos.

  5. Sake dice:

    Dice el refrán “quién hizo la ley hizo la trampa” y no es ése el caso, el caso es que hay una ley pero no hay separación de poderes y el poder de la ley es adaptable a las exigencias del otro poder.

  6. alcotarelo dice:

    Lo aberrante es, ante el mismo tipo de delito o de organización delictiva, dar un trato diferente a unos delicuentes y criminales y a otros.

    Un primer ejemplo de este trato diferente lo tenemos en los secuestros. Cuando secuestraron a Ortega Lara y a Miguel Blanco (y creo que todos recordaremos las infrahuamanas condiciones de uno y el dramático desenlace del otro) ETA pedía el acercamiento de los presos al País Vasco. Recordemos que la dispersión de los presos de ETA no es una decisión judicial sino política (forma parte de la cacareada “política antiterrorista”). Por tanto el Estado o el gobierno podría haber cedido en ambos casos sin violar, conculcar ni modificar ninguna ley, y sin necesidad entrometerse o alterar ningún proceso judicial (dando instrucciones a la fiscalía para modificar las acusación como parece que se hizo durante el proceso de paz). Sin embargo, la política antiterrorista no se modificó con el desenlace que todos sabemos. Por supuesto a nadie se le ocurrió culpar al gobierno del secuestro de Ortega Lara ni de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y por supuesto que a todo el mundo (por lo menos a todo el mundo sensato) nos pareció que lo más adecuado era mantener la misma “política penitenciaria” de alejamiento y dispersión de presos “que tantos éxitos había dado hasta ahora”.

    En otros casos ETA ha pedido dinero por sus secuestros. Frecuentemente las familias han pagado el rescate. Pero no recuerdo ningún caso en que el estado o el gobierno pagara un secuestro ni de ETA ni de los GRAPO. Los motivos por los cuales el estado o el gobienro sistemáticamente no habían cedido al chantaje terrorista son, esencialmente, no fomentar nuevos ataques o atentados ni mediente el precedente ejemplarizante de la cesión al propio chantaje, ni medianten el posible uso del dinero pagado para cometer nuevos secuestros, crimenes o delitos.

    Sin embargo, hemos asistido recientemente al supuesto pago de un rescate por parte del gobierno en el caso de los atuneros “Alakrana” y “Playa de Bakio”. Y digo supuestos porque realmente el gobierno no nos ha informado de lo que ha hecho con el dinero de nuestros impuestos. La cuestión es que realmente no hay ningún elemento nuevo ni sustancialmente diferente que justifique el diferente trato dado por el estado y el gobierno a unos delincuentes (secuestradores somalíes) y a otros (etarras y grapos), o lo que es lo mismo a unos secuestrados y a otros. Nadie ha explicado por qué el gobierno podía arriesgar la vida de Ortega Lara y de Miguel Ángel Blanco y no la de los atuneros. En definitiva, resulta clamoroso que el gobierno ha creado el precedente de que la administración puede modificar su forma de actuar en base al chantaje.

    Otro tema en el cual el gobierno (y los gobiernos anteriores también) han instaurado una forma de tratar diferente a unos y a otros delincuentes es el de la negociación. O mejor dicho en la manera de nogociar o lo que implica esa negociación. Pues sí existen abundantes precedentes de negociación. Es más, es práctica habitual aunque lo normal es que no la realice el gobierno directamente como tal, sino la policía. Nadie podemos imaginar al gobierno hablando con unos secuestradores de bancos, aunque tuvieran rehenes y amenazaran con matarlos inminentemente. Y sin embargo no entenderíamos que la policía no lo hiciera. También nos parece bien en esos casos que la policía mienta en la negociación y ofrezca cosas a los secuestradores que luego no cumple con tal de liberar a los rehenes.

    Sin embargo, sí hemos visto a todos los gobiernos de la democracia negociar en algún momento con ETA. Al igual que en el caso anterior (del pago o no de secuestros) realmente no hay una diferencia sustancial entre unos delincuentes y otros que justifique la diferencia de trato en una negociación. La única diferencia que se puede apreciar es de tipo cuantitativo: ninguna otra banda criminal ha causado el mismo daño, los mismos muertos, los mismos heridos, ni los mismos estragos que ETA como para que el gobierno negocie con ella.

    Por tanto negociar políticamente con ETA, y no con el resto de delincuentes, implica reconocer que es necesario dar un trato diferente según sea el nivel de daños, muertos y heridos. Desde el punto de vista de los delincuentes o criminales el mensaje es sencillo: obtener uno u otro trato depende únicamente del nivel de daños producidos. Es decir, al negociar políticamente con ETA y no el resto de criminales y deliencuentes del país el gobierno está premiando necesariamente a ETA por todos sus crímenes, pues si no los hubiera cometido no habría negociación posible.

    Con todo lo grave no es sólo que haya habido negociación política o por parte del poder ejecutivo. Por una parte, al margen de que sean o no ciertas las informaciones publicadas sobre el ‘chivatazo del Bar Faisán’, lo cierto es que ningún terrorista fue detenido durante ese periodo. Es decir las operaciones policiales antiterroristas de hecho se paralizaron durante la tregua. Esto pudo haber sido aprovechado por ETA para reorganizarse. Por tanto, el gobierno podría tener responsabilidad por los atentados y muertos producidos durante y después la tregua, pues pudiendo haber detenido terroristas parece ser que no lo hizo.

    Por otra parte, está el presunto uso arbitrario y político de la fiscalía para modificar las acusaciones por el mismo delito según nos encontraramos en la tregua o no. Sirva como ejemplo, el diferente trato judicial dado a Otegi antes y después de la tregua. Recordemos que a este acomodo de la justicia a las decisiones políticas, se sumó un importante sector de la judicatura, cuya cabeza más visible era Baltasar Garzón y su teoría de que la justicia no debe tener en cuenta sólo las leyes sino también la ‘realidad social’, que no deja de ser un eufemismo para referirse a la realidad política.

  7. jjms dice:

    El Estado, el gobierno de turno, dispone de múltiples mecanismos para establecer contacto con cualquier organización. En el caso de esta banda de criminales, no era necesario escenificar esos encuentros de la manera en que se hizo. Sin embargo estos contactos públicos fueron una imposición de la banda para testar la “buena voluntad” del gobierno en esa “negociación”.

    ¡Tiene bemoles! Hemos asistido impasibles a una función de títeres, donde nuestro gobierno se ha prestado a ese nauseabundo juego, dejándose mover los hilos por las manos de los asesinos, al ritmo de sus intereses.

    Se puede ser ingenuo, incluso incauto, pero traspasar el límite de la imbecilidad, cuando las decisiones afectan a toda una sociedad, debería estar contemplado dentro de la imprudencia temeraria que sanciona el código penal.

    Pero es que no solo se usó y abusó de la fiscalía, no hubo el menor escrúpulo en frenar la acción policial llegándose a producir el caso de que la ertzaina impidió una operación de la Guardia Civil que pretendía identificar a todos los asistentes a una reunión de batasuna, proporcionándoles una vía de salida que evitó el control de los asistentes.

    Ultimamente en la política española, cada vez está más vivo Nicolás Maquiavelo.

  8. Moncho dice:

    El problema, gravísimo, es si esta sociedad está dispuesta o no a la maduración de su democracia. Tenemos la llamita de UPyD para que mejore sustancialmente la división de poderes y el sistema de representación y, muy especialmente, para que las palabras recuperen su significado. Resulta evidente, como es el caso de la “legalización” de las entrevistas de López e Ibarretxe con etarras que, sin esa maduración social, la ley es insuficiente o, incluso, ampara lo impresentable.

  9. jjms dice:

    Claro Moncho, llevamos casi seis años en los que el gobierno se ampara en la legalidad de sus actos, como era legal que el ministerio del interior de los gobiernos de González repartiera ad libitum fondos reservados, la ley no contemplaba que dichos fondos podían ser utilizados para pagar a delincuentes, entre otras utilidades “reservadas”, por que precísamente esa es entre otras la utilidad de dichos fondos.

    Una cosa puede ser perfectamente legal, pero ello no significa que sea legítima y mucho menos ética o moral.

    Don Nicolás, al que llevo citando ya varios días, le decía al príncipe italiano que lo importante no era que fuera justo, honrado o la cualidad necesaria para obtener el favor del pueblo: lo importante era que lo pareciera.

    Pués así estamos a estas alturas del curso, lo importante no es la verdad, lo importante es lo que diga la propaganda.

    Y por supuesto, para nuestros actuales gobernantes, la ética y la moral (la que sea, de quien sea) es “cuestionada y cuestionable”, como dijo el Ser Iluminati refiriéndose a la unidad del ente todavía llamado España, en pleno batiburrillo del ya famoso nuevo Estatut.

  10. jjms dice:

    jjms :¿Conoce alguien el caso de un solo matrimonio que pretenda celebrar sus bodas de oro divorciándose?
    Pues ETA hace ya más de esos años que contrajo matrimonio poligámico con la muerte, el terror, la extorsión, el odio…
    Hay que ser muy incauto, muy BOBO, muy desmemoriado o muy miserable para defender que un perro rabioso o una fiera asesina puede ser reconvenida de ninguna forma, ni por ningún otro medio que su exterminación.
    Mientras no se acabe (acabemos, que a todos nos cabe nuestro grano de arena) con esa hiena sanguinaria y ciega, mientras no deje de existir la banda y no quede cachorro que pueda crecer y reemplazarla, nos seguirá yendo la vida en ello.

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