“En el pensamiento nacionalista hay hechos que son verdaderos y falsos al mismo tiempo, que se conocen y que se desconocen. Un hecho sobre el que se tiene conocimiento puede ser tan insoportable que se arrincona sin que se le permita ser procesado lógicamente. O también puede ser objeto de cálculo sin que llegue a admitirse como un hecho.

Al nacionalista le obsesiona la creencia de que se puede cambiar el pasado […]. Sucesos que se piensa no deberían haber sucedido se silencian y en último lugar se niegan […]. Se alienta la indiferencia ante la verdad objetiva, sellando un mundo de otro, haciendo así más duro el poder descubrir lo que realmente está pasando [...]. Si una persona alberga en su mente un odio o lealtad nacionalista, algunos hechos son inadmisibles aunque se sepa que son ciertos.”

Os propongo ahora que hagamos un ejercicio casi de psiquiatría. Después de George Orwell, leamos lo que escribe Iñaki Anasagasti en su blog sobre la derogación de los fueros vascos en 1876. Es patológico:

http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2006/07/1876_21_de_juli.html

Siguiendo con el tema, es obvio que la Ley de 21 de julio de 1876 ya no tenía ninguna vigencia legal cuando se redactó y aprobó la Constitución en 1978. Habían pasado más de 102 años, una guerra civil, dos repúblicas, varias dictaduras… Esa derogación no tenía ni tiene ningún sentido legal. ¿Qué pinta entonces eso en la Constitución?.

La única vigencia de esa Ley es histórica. Y al ponerlo en la Constitución, el PNV pretendía (y pretende) borrarla de la historia. ¿Cómo se permitió usar la Constitución para cambiar la historia?.

La brillante solución que encontraron los ponentes constitucionales para tratar de arreglarlo fue igual de estúpido y ridículo. Trataron de compensarlo con otra derogación de otra ley anterior igual de obsoleta. Esta vez una “de confirmación y modificación de los Fueros de Navarra” (Ley de 25 de octubre de 1839). Y debió ser tal la vergüenza que ellos mismos tuvieron que no se atrevieron ni a denominar por su nombre a ninguna de estas leyes en el texto de la Constitución.

Los ponentes constitucionales aceptaron el juego de legislar para cambiar la historia. Igual que legislaron para dar derechos a las lenguas, o que implantaron un ‘autonomismo’ que compromete la viabilidad del estado.

La situación política que ahora tenemos en España es el resultado comportamientos que en aquel momento se permitieron e incluso fomentaron. Aunque es cierto que entonces era difícil imaginar que pudiéramos llegar hasta donde estamos sin un gobierno y una clase política tan inconsciente como la que tenemos.

En la lucha encarnizada entre comunidades por más agua para riego y abastecimiento nadie defiende la necesidad de otros usos del agua como los caudales ecológicos de los ríos (“régimen ambiental de caudales” en su denominación más actual y rigurosa). Porque estos criterios solo se pueden entender con una perspectiva de cuenca hidrográfica que no tienen las Comunidades Autónomas. Y el Estado que sí podría tenerla, se encuantra en una posición de creciente debilidad.

¿Protestan Castilla La Mancha o Madrid por los ridículos caudales del Tajo (que se ha convertido en afluente del Jarama)? Solo les importa recuperar el agua del trasvase para usarla ellos implantando sus propios regadíos. Nadie defiende una gestión con visión integral a nivel de cuenca. Y quien debería hacerlo (las Confederaciones Hidrográficas) no tienen fuerza frente a Comunidades Autónomas que atesoran realmente el poder político en España.

Una de las imbecilidades aceptadas en España es que la división administrativa óptima es la que coincide con la división cultural.

Cuando realmente resulta que al final son las diferencias culturales las que son posteriores y surgen como consecuencia de la división administrativa como consecuencia de la manipulación cultural que se efectúa desde a las Comunidades Autónomas. ¿Por qué no existe un nacionalismo Aragonés (del antiguo reino de Aragón y que si tiene auténtica existencia histórica) en lugar de un nacionalismo catalán (que la Generalitat se empeña en vendernos como supuestamente histórico)?.

Ejemplos de cómo una división administrativa no tiene por qué coincidir con la división cultural para ser eficiente hay muchos en España aunque a nadie le interese reivindicarlos en el actual clima político nacionalista. Por ejemplo el Occidente de Asturias (todo lo que está al oeste del río Navia hasta Galicia) es culturalmente gallego o galaico (de hecho se habla un dialecto del gallego, o tal vez simplemente un gallego local o comarcal que ha escapado a la “normalización” de la Xunta de Galicia). En toda esta zona existe sin embargo un fuerte sentimiento asturiano. Y la administración asturiana está demostrando ser más eficiente y mejor en su gestión. Os animo a contemplar el paisaje de esta zona (Tapia de Casariego, Castropol, Puerto de Vega…) y compararlo con la caótica y nefasta gestión urbanística de la Xunta de Galicia en la cercana Mariña de Lugo cuyo paisaje ha sido destruido por un caos de viviendas a pie de playa y acantilado muchas de ellas sin acabarse nunca de revestir. También podéis admirar las diferencias de la ría del Eo entre la ribera asturiana (Castropol y Figueras) y la Gallega (Ribadeo).

Existen otros criterios de división administrativa más racionales y óptimos que el cultural. Uno muy evidente es el que optimiza las comunicaciones.

En este sentido (salvo raras excepciones de cauces muy encajonados o desfiladeros que supongan una barrera a las comunicaciones) los sistemas montañosos son lo que imponen dificultades al movimiento de las personas y los cursos bajos de los río y las grandes llanuras y mesetas son zonas de contacto. Por ello una división más óptima es la cuenca hidrográfica .

En este sentido Castilla y León coincide bastante con la Cuenca del Duero y la submeseta norte. Y donde no coincide surgen las distorsiones. Por ejemplo las zonas de la provincia de Ávila situadas al sur de Gredos que se encuantran en la cuenca del Tajo (la comarca de La Vera por ejemplo). Pues los habitantes de esta zona para recibir atención médica en un hospital o hacer una simple gestión adminstrativa deben atravesar puertos de montaña como el Puerto del Pico. Eso es lo que no es eficiente en el servicio a los ciudadanos.

Pensemos en los enclavados como el Condado de Treviño y los grandes perjuicios que causan a sus habitantes.

Desde el punto de vista del funcionamiento de la administración y los servicios al ciudadano un tipo de división lógica, que atienda a criterios logísticos y de facilidad en las comunicaciones es el óptimo. Y no supuestas diferencias culturales, que deberían de ser algo anecdótico. En España hemos confundido lo anécdotico en fundamental en la organizción territoral y así nos va.

Creo que es un error plantear de este modo (en base a diferencias culturales y referendums) la modificación de la división administrativa. Porque existen criterios técnicos más óptimos y realistas.

También he de decir que luego ya habría que hablar del apoyo social que tienen con un porcentaje de representatividad establecido unicamente en León (véase UPL), además de que pienso que Castilla y León serían mejor administradas por separado, pero bueno solo era ese inciso, que no es lo mismo reclamar una autonomía propia que una nación propia.

De todas formas considero que no es un asunto que preocupe a la gente, ni siquiera en Cataluña.

“En los mismos términos [en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia] se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.”

Evidentemente esa ley no tenía ninguna vigencia. Se trata de una cesión ante una paja mental de los nacionalistas vascos, que querían una declaración expresa contraria a esa Ley en la constitución.

Intelectualmente no tiene ninguna seriedad meter eso en la Constitución. Pero los nacionalistas no dan puntada sin hilo. En la memoria histórica selectiva que nos quieren imponer (desde mucho antes de Zapatero, aunque antes no acertaran a nombrarla tan bien ni a legislarla) están por ejemplo los estatutos de autonomía de la república pero no la Ley de 1876. Es una memoria selectiva.

A lo que voy es a que se ha aceptado (ya desde la transición y la Constitución) un juego infantiloide de legislar en base a tonterías y pajas mentales inaceptables. Esto no es serio. Y estamos pagando el pato de aceptar lo que no es serio.

Por ejemplo, la propuesta de Peces-Barba de definiar a Cataluña como una “nación cultural” en la Constitución. En las leyes están las naciones de verdad, las que tienen efectos legales. Si quieren una nación meramente “cultural” ¿por qué hay que escribirlo en las leyes?. Parece mentira que un rector y ponente constitucional proponga semajantes memeces y que tengamos que debatir sobre ellas. Es dramático.

La irresponsabilidad de la clase política española con el nacionalismo es anterior a Zapatero, si bien gracias a él el problema ha alcanzado cotas difíciles de imaginar con anterioridad.

El primer pacto de Felipe González con Jordi Pujol, que se justificó políticamente como un servicio de los catalanistas a la “gobernalidad” del país ya supuso una quiebra importante de la igualdad y una cesión de competencias que nunca deberían haber dejado de ser del Estado.

La situación se repitió vergonzantemente en el primer mandato de Aznar. No debemos olvidar que fue el PP quien cedió a las comunidades autónomas competencias que nunca deberán de haber dejado de ser del Estado, como la Sanidad o la Educación.

Pero en mi opinión el principio de los problemas es anterior. La asunción en la Constitución de clausulas contrarias a las libertades individuales (como otorgar derechos de las lenguas), o de principios contrarios a la igualdad y el progresismo. No digamos ya la ridícula derogación de la Ley de 1876 de abolición de los fueros vascos. Esta Ley supuso una importante victoria del progreso, la modernidad y la igualdad contra el concepto medieval del derecho que suponen los fueros. Pero al contrario que los muy posteriores estatutos de autonomía republicanos, 1876 no existe cuando se reivindican derechos históricos.

El problema actual nace de la actual constitución y de los complejos frente a un nacionalismo al que en aquel momento se le reconocía un inexplicable plus de legitimidad. Aunque sin un Presidente insensato y con un nulo sentido del Estado nunca habríamos llegado a esta situación.