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Enanéndum y ausencia del Estado

Cuando Forges era el gran Forges, publicó una viñeta donde dos enanitos que paseaban juntos mantenían más o menos el siguiente diálogo: “¿y tú que vas a votar en el enanéndum?”; “servidor votará en rojo, o sea abstención”, contestaba el otro. Era una sátira contra uno de los últimos referéndums del franquismo, quizás el de la propia Reforma Política, en que gran parte de la izquierda renaciente pidió la abstención al considerar que era un modo de perpetuar el franquismo al modo gatopardesco. Luego no fue así, pero el cambio forgeano de referéndum por enanéndum resultó brillante. Pues bien, Cataluña tuvo su enanéndum el pasado domingo.

Que fuera una consulta ilegal, con ser grave, ya da casi igual en un país donde parece que las leyes se aprueban para poder burlarlas desde las más altas instancias, y donde la fiscalía es un instrumento al servicio del gobierno que actúa según le convenga a éste. Lo más grave del enanéndum perpetrado el domingo es que se preguntaba a los catalanes por una decisión que sencillamente no es de su competencia, porque en un eventual referéndum por la secesión de Cataluña tendríamos que votar todos los afectados y no sólo algunos, y ese “todos” no es otro que el conjunto de la nación constitucional -que es la única políticamente existente, aunque Peces Barba y otros descubran ahora los arcaísmos románticos de la “nación cultural”. Vamos, que no sólo los avecindados en Solsona o Puigcerdá, sean nativos o inmigrantes, deberían votar llegado el caso sobre si quieren o no seguir formando parte de España, sino también los avecindados en Algeciras, Vigo o Aranda de Duero.

La razón es muy simple: todos los ciudadanos españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones constitucionales, luego todos tenemos idéntico derecho a votar sobre algo que sin duda nos afecta a todos, a saber, la integridad y unidad del Estado del que somos ciudadanos. Ni más ni menos. Y esta es la razón básica por la que, en un Estado democrático, un referéndum de autodeterminación representa siempre un atentado contra la democracia: da a una parte el privilegio de decidir sobre lo de todos, creando por tanto dos categorías de ciudadanos, una con derechos plenos y otra privada de ellos. La parte privilegiada se impone a la mayoría muda despojada de la integridad de su ciudadanía por una decisión unilateral: eso y no otra cosa es un acto de autodeterminación en un país democrático. Y esta es la razón por la que un demócrata no puede aceptarlo: porque rompe absolutamente el principio de igualdad política y jurídica de los ciudadanos, o lo que es lo mismo, rompe la regla seminal de la democracia.

Un enanéndum es a un referéndum lo que un juego de monopoli al genuino mercado inmobiliario. Jurídicamente no sirve para nada y tampoco respeta las reglas de una consulta democrática, pero puede ser divertido y maneja conceptos imponentes. Y desde luego, tiene consecuencias políticas. A diferencia del referéndum, el enanéndum jibariza a los ciudadanos, enaniza sus derechos y encoge el concepto de ciudadanía.

Boadella se ha referido a que el desafecto del nacionalismo catalán ya comenzó, en el inicio mismo de la Transición, con el cultivo deliberado de la diferencia cultural, que encubría la falacia de que Cataluña y España carecen de verdaderos lazos políticos democráticos, pues la segunda siempre se habría impuesto a la primera mediante la opresión y la fuerza. Sin duda Albert tiene razón, y su lúcido comentario alerta del extremado peligro que encubre el cultivo político de las llamadas “diferencias culturales”. Pero la Caja de Pandora comenzó a abrirse con la deconstrucción planificada del principio constitucional de igualdad. En concreto, cuando el PSOE aceptó la aberración del principio de bilateralidad España-Cataluña, instaurado por el nuevo Estatuto catalán, y luego cuando el PP, pese a recurrir el Estatut en el Constitucional (por cierto, ¿sigue alguien ahí?), incorporó ese mismo principio recurrido al Estatuto de Valencia a través de la “cláusula Camps”.

Una vez instaurada la bilateralidad en las relaciones España-Cataluña –y en su huella, el de todas y cada una de las comunidades autónomas con el Estado-, no sólo se ha dado un paso casi definitivo hacia un sistema confederal, sino que se abrió la veda que ha conducido al enanéndum del domingo. En efecto, si Cataluña ha conseguido casi una relación de Estado a Estado con España, ¿por qué no darle un carácter más claro y definitivo mediante una consulta de autodeterminación no mucho más unilateral que el Estatuto de autonomía? No es a los independentistas catalanes a quienes hay que reprochar que persigan sus metas políticas –aunque sí que lo hagan por medios ilegales, ante la pasividad del Estado que debe impedirlo-, sino a la estupidez ya indescriptible de los partidos políticos grandes, que permanecen paralizados y estupefactos como si no hubiera nada que hacer o esto no fuera con ellos. Ellos son tan responsables del enanéndum como quienes lo han convocado.

Mientras la amenaza de Ibarretxe de convocar su propio enanéndum consiguió al menos suscitar la respuesta conjunta de rechazo total de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados –gracias a la larga movilización del constitucionalismo vasco contra el nacionalismo obligatorio-, esta última barbaridad ni siquiera ha merecido una declaración en los pasillos. Una buena muestra de la velocidad a la que degenera nuestro sistema político, una demostración de la importancia de los movimientos ciudadanos y de la opinión pública (de su actividad o de su ausencia), y un aviso de la proliferación de enanéndums que se avecina. Un amigo de León me alerta, por ejemplo, de que los nacionalistas de allí desean hacer uno como el catalán para crear su propia comunidad autónoma en León, Zamora y Salamanca. Pronto se convocarán incluso en las comunidades de vecinos para ver si se les conviene más ser municipio independiente. Es lo que pasa cuando el Estado desaparece, convertido en una cáscara vacía, y cuando el gobierno de las leyes, que no otra cosa es la democracia, es sustituido por el interés de los grupos de presión.

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12 comentarios a “Enanéndum y ausencia del Estado”

  1. Antonio Luis dice:

    Carlos, ni siquiera es necesario que participemos el resto de los españoles porque hasta el propio Artur Mas ha reconocido que una consulta legal sobre la independencia de Cataluña sería un fracaso y les dejaría en mal lugar ante la U.E. Por tanto, esto no es más que un consulta de barrio montada por un chiringuito separatista basada en un censo manipulado (incluyen menores de edad y extranjeros) y en el que incluyen en la pregunta lo de “integrado en la U.E.” en un claro engaño a los potenciales votantes. Podián haber añadido “y les vamos a dar una paga extra de navidad”. Así del 97% lo mismo llegan al 100% de síes.

  2. IGNACIO dice:

    Los aficionados al ajedrez saben que es más potente una amenaza que un ataque. Y la táctica de los nacionalistas ha jugado mucho en esta línea, con el sistema de amagar y no dar. El esperpento de referéndum en varias localidades de Cataluña deja en precario esta estrategia, como ya se encargó de vaticinar Artur Mas. Las crisis internas del nacionalismo, motivadas en parte porque gobiernan en coalición y se corrompen en coalición, abre el terreno a nuevos aventureros que están siendo protagonistas de la prensa estos días, sean diputados díscolos o presidentes de entidades deportivas. Y la pena es que todo este problema se podría solventar con sentido de estado y unas cuantas ideas claras. El problema del PP y del PSOE es que son partidos fundamentados en baronías que le han cogido un gusto enorme a la cosa autonómica, y que se aprovechan de la “amenaza” nacionalista para mantener su chiringuito abierto, con presupuesto público, cajas de ahorrro y competencias varias que son incapaces de ejercer. Montilla, Camps, y otros quince más constituyen la nómina de la infamia.

  3. rubenOv dice:

    Excelente entrada Carlos. A ver si las iniciativas políticas que quieren rompen la convivencia entre los españoles no incumben a todos los españoles. Pero la mayoría de los políticos de este país, encabezados por Zapatero, practican la indiferencia extrema en todos los grandes asuntos. Vergonzoso.

  4. alcotarelo dice:

    Excelente artículo.

    La irresponsabilidad de la clase política española con el nacionalismo es anterior a Zapatero, si bien gracias a él el problema ha alcanzado cotas difíciles de imaginar con anterioridad.

    El primer pacto de Felipe González con Jordi Pujol, que se justificó políticamente como un servicio de los catalanistas a la “gobernalidad” del país ya supuso una quiebra importante de la igualdad y una cesión de competencias que nunca deberían haber dejado de ser del Estado.

    La situación se repitió vergonzantemente en el primer mandato de Aznar. No debemos olvidar que fue el PP quien cedió a las comunidades autónomas competencias que nunca deberán de haber dejado de ser del Estado, como la Sanidad o la Educación.

    Pero en mi opinión el principio de los problemas es anterior. La asunción en la Constitución de clausulas contrarias a las libertades individuales (como otorgar derechos de las lenguas), o de principios contrarios a la igualdad y el progresismo. No digamos ya la ridícula derogación de la Ley de 1876 de abolición de los fueros vascos. Esta Ley supuso una importante victoria del progreso, la modernidad y la igualdad contra el concepto medieval del derecho que suponen los fueros. Pero al contrario que los muy posteriores estatutos de autonomía republicanos, 1876 no existe cuando se reivindican derechos históricos.

    El problema actual nace de la actual constitución y de los complejos frente a un nacionalismo al que en aquel momento se le reconocía un inexplicable plus de legitimidad. Aunque sin un Presidente insensato y con un nulo sentido del Estado nunca habríamos llegado a esta situación.

  5. alcotarelo dice:

    Me refiero a la derogación que se hace en la Disposición Derogatoria de la Constitución de la Ley de 1876 de abolición de los fueros vascos. Dice así:

    “En los mismos términos [en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia] se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.”

    Evidentemente esa ley no tenía ninguna vigencia. Se trata de una cesión ante una paja mental de los nacionalistas vascos, que querían una declaración expresa contraria a esa Ley en la constitución.

    Intelectualmente no tiene ninguna seriedad meter eso en la Constitución. Pero los nacionalistas no dan puntada sin hilo. En la memoria histórica selectiva que nos quieren imponer (desde mucho antes de Zapatero, aunque antes no acertaran a nombrarla tan bien ni a legislarla) están por ejemplo los estatutos de autonomía de la república pero no la Ley de 1876. Es una memoria selectiva.

    A lo que voy es a que se ha aceptado (ya desde la transición y la Constitución) un juego infantiloide de legislar en base a tonterías y pajas mentales inaceptables. Esto no es serio. Y estamos pagando el pato de aceptar lo que no es serio.

    Por ejemplo, la propuesta de Peces-Barba de definiar a Cataluña como una “nación cultural” en la Constitución. En las leyes están las naciones de verdad, las que tienen efectos legales. Si quieren una nación meramente “cultural” ¿por qué hay que escribirlo en las leyes?. Parece mentira que un rector y ponente constitucional proponga semajantes memeces y que tengamos que debatir sobre ellas. Es dramático.

    • alcotarelo dice:

      Considero muy conveniente leer los comentarios del blog de Santiaqo Gonzalez (http://santiagonzalez.blogspot.com/) del 20 de diciembre (“entre el ser y el no ser”) sobre como los todos los nacionalismos quieren modificar la historia. Concretamente, una cita de George Orwell que dice así:

      “En el pensamiento nacionalista hay hechos que son verdaderos y falsos al mismo tiempo, que se conocen y que se desconocen. Un hecho sobre el que se tiene conocimiento puede ser tan insoportable que se arrincona sin que se le permita ser procesado lógicamente. O también puede ser objeto de cálculo sin que llegue a admitirse como un hecho.

      Al nacionalista le obsesiona la creencia de que se puede cambiar el pasado […]. Sucesos que se piensa no deberían haber sucedido se silencian y en último lugar se niegan […]. Se alienta la indiferencia ante la verdad objetiva, sellando un mundo de otro, haciendo así más duro el poder descubrir lo que realmente está pasando […]. Si una persona alberga en su mente un odio o lealtad nacionalista, algunos hechos son inadmisibles aunque se sepa que son ciertos.”

      Os propongo ahora que hagamos un ejercicio casi de psiquiatría. Después de George Orwell, leamos lo que escribe Iñaki Anasagasti en su blog sobre la derogación de los fueros vascos en 1876. Es patológico:

      http://ianasagasti.blogs.com/mi_blog/2006/07/1876_21_de_juli.html

      Siguiendo con el tema, es obvio que la Ley de 21 de julio de 1876 ya no tenía ninguna vigencia legal cuando se redactó y aprobó la Constitución en 1978. Habían pasado más de 102 años, una guerra civil, dos repúblicas, varias dictaduras… Esa derogación no tenía ni tiene ningún sentido legal. ¿Qué pinta entonces eso en la Constitución?.

      La única vigencia de esa Ley es histórica. Y al ponerlo en la Constitución, el PNV pretendía (y pretende) borrarla de la historia. ¿Cómo se permitió usar la Constitución para cambiar la historia?.

      La brillante solución que encontraron los ponentes constitucionales para tratar de arreglarlo fue igual de estúpido y ridículo. Trataron de compensarlo con otra derogación de otra ley anterior igual de obsoleta. Esta vez una “de confirmación y modificación de los Fueros de Navarra” (Ley de 25 de octubre de 1839). Y debió ser tal la vergüenza que ellos mismos tuvieron que no se atrevieron ni a denominar por su nombre a ninguna de estas leyes en el texto de la Constitución.

      Los ponentes constitucionales aceptaron el juego de legislar para cambiar la historia. Igual que legislaron para dar derechos a las lenguas, o que implantaron un ‘autonomismo’ que compromete la viabilidad del estado.

      La situación política que ahora tenemos en España es el resultado comportamientos que en aquel momento se permitieron e incluso fomentaron. Aunque es cierto que entonces era difícil imaginar que pudiéramos llegar hasta donde estamos sin un gobierno y una clase política tan inconsciente como la que tenemos.

  6. Juanillo dice:

    Estoy de acuerdo con el artículo, pero en lo que no estoy de acuerdo es con lo de León, Zamora y Salamanca, pues los leonesistas no son nacionalistas sino regionalistas que no niegan formar parte de España.

    También he de decir que luego ya habría que hablar del apoyo social que tienen con un porcentaje de representatividad establecido unicamente en León (véase UPL), además de que pienso que Castilla y León serían mejor administradas por separado, pero bueno solo era ese inciso, que no es lo mismo reclamar una autonomía propia que una nación propia.

    De todas formas considero que no es un asunto que preocupe a la gente, ni siquiera en Cataluña.

    • alcotarelo dice:

      Yo no veo por qué se iban a gestionar Castilla (Segovia, Ávila, Valladolid, Palencia, Soria y Burgos) y León (Salamanca, Zamora y León) por separado mejor que juntos.

      Una de las imbecilidades aceptadas en España es que la división administrativa óptima es la que coincide con la división cultural.

      Cuando realmente resulta que al final son las diferencias culturales las que son posteriores y surgen como consecuencia de la división administrativa como consecuencia de la manipulación cultural que se efectúa desde a las Comunidades Autónomas. ¿Por qué no existe un nacionalismo Aragonés (del antiguo reino de Aragón y que si tiene auténtica existencia histórica) en lugar de un nacionalismo catalán (que la Generalitat se empeña en vendernos como supuestamente histórico)?.

      Ejemplos de cómo una división administrativa no tiene por qué coincidir con la división cultural para ser eficiente hay muchos en España aunque a nadie le interese reivindicarlos en el actual clima político nacionalista. Por ejemplo el Occidente de Asturias (todo lo que está al oeste del río Navia hasta Galicia) es culturalmente gallego o galaico (de hecho se habla un dialecto del gallego, o tal vez simplemente un gallego local o comarcal que ha escapado a la “normalización” de la Xunta de Galicia). En toda esta zona existe sin embargo un fuerte sentimiento asturiano. Y la administración asturiana está demostrando ser más eficiente y mejor en su gestión. Os animo a contemplar el paisaje de esta zona (Tapia de Casariego, Castropol, Puerto de Vega…) y compararlo con la caótica y nefasta gestión urbanística de la Xunta de Galicia en la cercana Mariña de Lugo cuyo paisaje ha sido destruido por un caos de viviendas a pie de playa y acantilado muchas de ellas sin acabarse nunca de revestir. También podéis admirar las diferencias de la ría del Eo entre la ribera asturiana (Castropol y Figueras) y la Gallega (Ribadeo).

      Existen otros criterios de división administrativa más racionales y óptimos que el cultural. Uno muy evidente es el que optimiza las comunicaciones.

      En este sentido (salvo raras excepciones de cauces muy encajonados o desfiladeros que supongan una barrera a las comunicaciones) los sistemas montañosos son lo que imponen dificultades al movimiento de las personas y los cursos bajos de los río y las grandes llanuras y mesetas son zonas de contacto. Por ello una división más óptima es la cuenca hidrográfica .

      En este sentido Castilla y León coincide bastante con la Cuenca del Duero y la submeseta norte. Y donde no coincide surgen las distorsiones. Por ejemplo las zonas de la provincia de Ávila situadas al sur de Gredos que se encuantran en la cuenca del Tajo (la comarca de La Vera por ejemplo). Pues los habitantes de esta zona para recibir atención médica en un hospital o hacer una simple gestión adminstrativa deben atravesar puertos de montaña como el Puerto del Pico. Eso es lo que no es eficiente en el servicio a los ciudadanos.

      Pensemos en los enclavados como el Condado de Treviño y los grandes perjuicios que causan a sus habitantes.

      Desde el punto de vista del funcionamiento de la administración y los servicios al ciudadano un tipo de división lógica, que atienda a criterios logísticos y de facilidad en las comunicaciones es el óptimo. Y no supuestas diferencias culturales, que deberían de ser algo anecdótico. En España hemos confundido lo anécdotico en fundamental en la organizción territoral y así nos va.

      Creo que es un error plantear de este modo (en base a diferencias culturales y referendums) la modificación de la división administrativa. Porque existen criterios técnicos más óptimos y realistas.

    • alcotarelo dice:

      Obsérvese que de este modo, las confederaciones hidrográficas coincidirían con las Comunidades Autónomas. De modo además, la gestión de los recusos hídricos generaría menos conflictos territoriales (incluso si los gestionara el Estado y no las Comunidades Autónomas) y se podría hacer una gestión más técnica y menos politizada.

      • alcotarelo dice:

        Uno de los efectos perversos de la lucha de las comunidades autónomas por el agua es la fijación únicamente en la gestión del agua como recurso hídrico, olvidando otros criterios ecológicos e hidrológicos (la hidrología solo se puede estudiar y gestionar a un nivel de cuenca).

        En la lucha encarnizada entre comunidades por más agua para riego y abastecimiento nadie defiende la necesidad de otros usos del agua como los caudales ecológicos de los ríos (“régimen ambiental de caudales” en su denominación más actual y rigurosa). Porque estos criterios solo se pueden entender con una perspectiva de cuenca hidrográfica que no tienen las Comunidades Autónomas. Y el Estado que sí podría tenerla, se encuantra en una posición de creciente debilidad.

        ¿Protestan Castilla La Mancha o Madrid por los ridículos caudales del Tajo (que se ha convertido en afluente del Jarama)? Solo les importa recuperar el agua del trasvase para usarla ellos implantando sus propios regadíos. Nadie defiende una gestión con visión integral a nivel de cuenca. Y quien debería hacerlo (las Confederaciones Hidrográficas) no tienen fuerza frente a Comunidades Autónomas que atesoran realmente el poder político en España.

  7. Sake dice:

    Los que se encargan de crear modas nefastas por su incompetencia e ignorancia merecerian no gobernar, afortunadamente existe la democracia y el ser humano puede pensar.

  8. Moncho dice:

    La diferenciación en “nacionalidades y regiones” para las comunidades autónomas, contradiciendo por lo tanto el de “nación” para España y propiciando la desigualdad interesada, es la ingenua o estúpida concesión que hizo Suárez a Pujol cuando se debatió el texto constitucional. De ahí viene el lodo posterior.
    Por eso resulta indispensable la reforma para liquidar esa diferenciación y toda la asimetría que conlleva, devolviendo la lógica supremacía del Gobierno Central o Federal en materias clave como la Educación y la Sanidad, tal como se aprobó en el I Congreso de UPyD.
    A los catalanes se les lleva diciendo desde hace demasiado tiempo que son los únicos listos de la clase y, además, de nacimiento. Lógicamente, cuanto más “enanos” sean, más se lo creen.
    Lo más preocupante es que el “enanismo” no sólo viene expresado por los pocos votantes de las consultas payasas sino por el grueso social de esa región que se inhibe del proceso sin percibir sus gravísimas consecuencias.
    Lo más lamentable es que la enanidad catalana ha prendido en una parte importante de los partidos y medios que se proclaman españoles. Por no insistir en las miserias del PSOE y el PP, sirva el ejemplo de Susana Griso “moderando” enanamente cada mañana, a favor siempre del nacionalismo catalán, eso sí, los debates políticos de Antena 3.
    Sin la complicidad de esa España política y mediática enaneada, los capitalizadores de la secesión catalana no serían nada ni tampoco el propio proceso de secesión.

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