Archivo Noviembre, 2009

La piedra de toque catalana

El follón montado en torno al nuevo Estatut de Catalunya era perfectamente previsible, y de hecho fue previsto por muchos de nosotros. La irresponsabilidad manifiesta de Zapatero, un trilero de la política; el auge del pensamiento único nacionalista en Cataluña, promovido por un establishment incómodo con la democracia; la chapuza constitucional de que no exista un recurso previo de inconstitucionalidad para las leyes orgánicas (fuimos el primer partido que puso su implantación en el programa y que lo llevó al Congreso de los Diputados); la puesta de la administración de justicia al servicio de los partidos, cuya máxima expresión es la incompetencia e inoperancia del Tribunal Constitucional; la ambigüedad y oportunismo del PP al aprobar en otros estatutos de autonomía lo que ha recurrido en el catalán (como la “cláusula Camps” del estatuto valenciano), dando así razones a quienes claman que los catalanes son discriminados porque se les niega lo que se aprueba para otros, todos estos y otros factores han coincidido y puesto de manifiesto en el conflicto suscitado por la tramitación del nuevo estatuto catalán. Nadie debería sorprenderse por un drama perfectamente anunciado y cuyos elementos de explosiva mezcla estaban a la vista de todos.

Es verdad que ahora la cosa se ha enriquecido con el manifiesto titulado, con esencialismo nacionalista, “Por la dignidad de Cataluña”, publicado unánimemente por los periódicos catalanes en papel y algunos digitales. Esta sospechosa unanimidad es la consecuencia de la desaparición práctica de la prensa independiente, pues los  grupos de comunicación actuales no sólo forman parte ellos mismos del establishment que debería ser objeto de su escrutinio crítico, sino que sencillamente es una prensa comprada mediante subvenciones y dádivas de todas clases, sea en forma de subvención directa, de gravosa publicidad institucional o de créditos de las cajas de ahorro que controlan los partidos (además de los anuncios de prostitución que encubren conductas delictivas). Es solamente la guinda que corona la pringosa tarta en que ha devenido la democracia fundada en la Transición. Hora es ya de cambiarla, pero para eso hace falta tener un plan.

Desde luego, no hace falta ni decir que negarse a acatar la resolución del TC, sea la que sea, es un ataque directo a las bases de la democracia. Incluso si aquella fuera favorable, lo que procedería es pedir la reforma de la Constitución para que no cupiera la maniobra a la que llevamos tantos años asistiendo: la reforma subrepticia y por la puerta trasera –y ahora, mediante los hechos consumados- de la ley suprema. Esta es, por cierto, la cuestión política más grave implicada en el proceso de reformas estatutarias iniciado en Cataluña: que a los ciudadanos españoles, a la nación constitucional, se le está cambiando la forma del Estado, y por tanto sus derechos y obligaciones, sin consultarles ni explicarles claramente lo que pasa. Con el Estatuto catalán, y con todos los demás aprobados en su huella y a su estilo, España se está convirtiendo en una confederación, ni más ni menos.

El “Estado de las autonomías”, ese eufemismo de urgencia para eludir la palabra “federal” (palabra maldita para cierta mentalidad intolerante demasiado extendida todavía en nuestro país), se está convirtiendo en algo completamente distinto, un agregado confederal de entidades de distinto poder, viabilidad y futuro, flojamente hilvanadas por un Estado cada vez más débil. Esto es lo que hay, y sobre lo que nadie nos ha preguntado nunca. En cualquier caso, Cataluña no es La Rioja ni Extremadura, para citar dos socios menores de la chapuza confederal en curso de gestación. Y si la minoría que domina Cataluña mediante el control de todos sus resortes institucionales, de la prensa “independiente” a los clubs de fútbol –minoría, sí, pues recordemos que el Estatut fue aprobado por menos del 36% de los catalanes con derecho a voto-, decide seguir adelante en la política de hechos consumados, negándose a aceptar cualquier resolución del TC que juzgue contraria a su “dignidad” (a su poder), ¿qué haría el gobierno del Estado presidido por Zapatero, un hombre de ilimitada capacidad para el error, la manipulación y el ridículo? Mejor no dar ideas.

Y aquí me parece oportuna una pequeña reflexión sobre la utilidad de ese Estado federal cooperativo que hemos aprobado en nuestro Congreso como modelo a debatir cuando se abra una verdadera reforma constitucional.

En un Estado federal nunca se habría abierto un proceso de reforma estatutaria como el que hemos sufrido, ni sería posible considerar siquiera el tipo de bilateralidad Estado-Cataluña que instaura el Estatuto recurrido. Para entendernos, es como si Texas, o California, aprobara una nueva Constitución estatal instaurando la bilateralidad confederal con el resto de los Estados Unidos: allí ya tuvieron una guerra civil por algo parecido, así que ¿se imagina alguien una situación semejante? En cambio, en la república federal de Alemania hemos asistido hace poco a una cesión de competencias de los lander en beneficio del gobierno federal, a pesar de que algunos de ellos podrían alegar haber sido en un pasado reciente auténticos Estados soberanos, como Baviera o Sajonia, por no hablar de Prusia. Esa es la ventaja del federalismo sobre el caos autonómico español: hay unas reglas claras, con límites a los que todo el mundo sabe que deberá atenerse salvo que desee dinamitar el país. Precisamente lo que está ocurriendo en España por carecer de reglas constitucionales claras e iguales para todos, y de límites inviolables para la rapacidad localista. Y que todavía haya quien no quiera entenderlo…

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Ideología e ideas (el Congreso)

Por lo que leo, uno de los comentarios más comunes sobre el resultado de nuestro Congreso –me refiero exclusivamente a los dignos de consideración, no a los denuestos y berridos- es que UPyD es un partido sin ideología. Algunos lo dicen en tono crítico, insinuando cierto oportunismo, y otros con simpatía, aunque me da que no les parece menos oportunista en el fondo: “centro posmoderno”, escribía al respecto un columnista. Sin embargo, es un hecho que nuestro partido ha avanzado mucho más que los grandes en la definición de sus ideas centrales. En el Congreso hemos definido lo que entendemos por laicismo, progresismo y transversalidad, por ejemplo, y adelantado que el Estado constitucional en el que pensamos como alternativa al actual guirigay insostenible es un Estado de corte federal, parecido al alemán. Lo mismo cabe decir de la política económica y educativa. Y por supuesto, los nuevos Estatutos dibujan un tipo de partido muy diferente en muchos aspectos a los partidos tradicionales (pero un partido político, no una peña de frikis, un club de ciberdelincuentes o una secta de suicidas).

En resumidas cuentas, es evidente e innegable que tenemos un buen montón de ideas, pero para algunos la cuestión es si UPyD tiene o no ideología. No deja de ser interesante esta contraposición, que apunta un problema interesante: ¿debe tener ideología un partido nuevo?

Para responder a esa pregunta primero debe aclararse qué entendemos por “ideología”: pocos términos hay tan controvertidos. Para la tradición hegeliana y marxista, y las corrientes derivadas, ideología es más o menos lo contrario a ciencia, una representación de la realidad carente de objetividad, a menudo falsa. Tener “ideología” es, desde esta perspectiva, sostener creencias u opiniones viciadas de raíz; la misión de la ciencia es la contraria: instaurar un conocimiento objetivo. El problema es que la política, como todos los asuntos humanos de orden simbólico (las culturas, las religiones, la estética, la ética, etc), es irreductible a esa clase de “conocimiento científico” (pensar lo contrario ha sido el gran patinazo filosófico de estas corrientes y, en general, de la “hermenéutica de la sospecha”). Así que ese enfoque no aporta mucho a la pregunta que nos hacemos: no tiene sentido oponer ideología a objetividad.

Hay otro modo de entender el significado de “ideología”, y aunque procede de ambientes nada marxistas ni idealistas, curiosamente acaba convergiendo: en resumen, sostiene que la ideología es un montón de ideas preconcebidas que poco o nada tienen que ver con la realidad. Un mal que afectaría sobre todo a la izquierda y a la derecha dogmáticas, por ejemplo a comunistas y conservadores o tradicionalistas (como los nacionalistas). Desde este punto de vista, cualquier política que no sea pragmática no conseguirá adaptarse a las exigencias de la realidad, y por tanto acabará fracasando. Debe advertirse que el pragmatismo no está reñido con los principios, y que muchas veces la ideología es un burladero para ponerse a salvo de éstos últimos. Es una crítica muy digna de atención, porque recurrir a la ideología para eludir los verdaderos problemas es cosa de todos los días en la política española.

Hay un tercer significado de “ideología” más revelador: el que transmite el uso de la palabra. Así, cuando hablamos de la ideología del PP o del PSOE, de la del PNV o CIU, ¿de qué hablamos exactamente? ¿De sus ideas y programas? Pues no exactamente, hablamos de su identidad pública, es decir, de lo que la gente piensa de estos partidos y del lugar que les atribuye en la constelación histórica e ideológica, y en sus preferencias personales. Así resulta que, para un votante medio del PP, la ideología de este partido es una mezcla de liberalismo y conservadurismo prudente, sin dogmatismo: en realidad, no se refiere a ideas en sentido abstracto, sino a modos de situarse y de hacer política. Lo mismo valdría para un votante medio del PSOE, de IU, del PNV, etc. La ideología es la identidad.

Por tanto, cuando dicen que UPyD no tiene ideología se refieren a que no tenemos identidad pública, a que la gente no sabe a qué carta quedarse con nosotros, a que somos un partido sorprendente que, como nos han reconocido muchísimos periodistas políticos, no se sabe con anticipación qué posición adoptará en la votación de una ley, pongamos por caso. A mí eso me parece estupendo, sobre todo porque los dogmáticos y los tontos consideran que eso es “oportunismo”. Como si la política no debiera estar atenta a la oportunidad en el amplio sentido de la palabra, en vez de eludirla con jaculatorias ideológicas increíbles.

En resumen, de este Congreso hemos salido con un buen puñado de ideas que habrá que seguir trabajando y contrastando con la elusiva realidad, y hemos salido desnudos de ideología. Somos en este sentido un partido ideológicamente nudista, para quienes gusten de imágenes impactantes y facilonas. A mí me parece muy bien. Algo que hemos conseguido, en definitiva, es reforzar y ampliar el proyecto original de UPyD. Habrá quien no lo comparta, como hay quien nunca lo entendió y ahora se pone hecho una fiera con nosotros en vez de consigo mismo, pero ese es su problema. Al fin y al cabo, como decía Valle Inclán –creo-, puede haber gloria en ser devorado por leones, pero ninguna en morir coceado por burros. En nuestro Congreso hemos evitado esto último, y ahora tenemos más y mejores ideas, aunque poca ideología. Un estupendo equipaje para el viaje que reanudamos.

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¡Anda, la corrupción!

España es un país muy preocupado por la corrupción, sobre todo por su adecuado reparto. ¿Qué hay que hacer para entrar en el circuito de la mordida, la comisión, la prebenda y el trozo de tarta? Muchos piensan que meterse en política, con preferencia política municipal, creencia que no carece de firmes fundamentos empíricos. Sin embargo, es un punto de vista estrecho, pues el despliegue y maduración de las corruptelas ya permite enriquecerse ilegalmente presidiendo distinguidas entidades como el Palau de la Música, la Fundación-Museo Balenciaga o el Museo Guggenhein. Que no se diga: la corrupción no es sólo ya cosa de políticos y acólitos, sino de gestores culturales; no sólo del sur marrullero de andaluces y valencianos, sino del severo norte burgués de vascos y catalanes. Así que si usted, atento lector, no ha sido todavía tentado por la corruptela, no pierda la esperanza: puede tocarle tarde o temprano.

El error radica en creer que la corrupción es “algo que hacen los políticos”, y que el resto no participa o simplemente se deja querer: es irresponsable. Pues no, cualquier medio para llegar a un fin saltándose las reglas y los principios mediante engaños es un medio corrupto. Además del político que se deja sobornar, o que apalanca recursos de financiación ilegales para su partido, o del constructor o inmobiliario o empresario que dan el pelotazo por su asociación con políticos corrompidos, hay muchísimas otras formas de corrupción. Así, el fraude fiscal es corrupción pura y dura, pues los defraudadores obtienen servicios que no pagan y los demás pagamos por ellos. Es corrupta la costumbre, tan extendida entre los gremios autónomos, de no cobrar el IVA o, directamente, no hacer facturas.

Es corrupción instituida que el único sector laboral que realmente cumple con hacienda sea el de los trabajadores con nómina, que prácticamente sostienen a las administraciones públicas mientras los rentistas invierten sabiamente en productos sin cargas fiscales. El déficit público español, que tiende a ser monstruoso, quedaría solventado según muchos analistas si se erradicara el enorme fraude fiscal. Muchos de los que defraudan a hacienda replican que pueden hacerlo porque las administraciones también defraudan y los políticos dan el mal ejemplo que ellos siguen, con lo que tácitamente admiten que ellos son tan corruptos como los Gurtel, Pretoria o Boadilla del Monte.

También es corrupción la morosidad de la administración pública que no paga a sus proveedores, consiguiendo que quiebren empresas y autónomos cuyas ocupaciones serían perfectamente rentables si la administración les pagara cuando debe, y no cuando le viene bien para cuadrar sus cuentas. Corrupción es, por la parte privada, que las grandes empresas se pongan de acuerdo para pactar tarifas y evitar que bajen los precios, pese a su ferviente amor al mercado libre sin trabas públicas.

Y no es menos corrupta la práctica de los medios de comunicación de favorecer a unos intereses contra otros a costa de la verdad de los hechos, manipulando la información que se transmite a los ciudadanos como objetiva. O que dan lecciones de moral y trompetean su indignación desde los artículos editoriales mientras se financian con páginas y páginas de publicidad de prostitución que sin duda encubre situaciones de explotación sexual intolerable.

La lista es casi interminable: los empleados de bajas por falsas enfermedades, los perceptores de ayudas a las que no tienen derecho, los estudiantes que copian trabajos, los piratas de internet, los funcionarios que se ausentan del trabajo en horas laborales, los que piden préstamos sin la menor intención de devolverlos, los que no pagan una deuda si no es a punta de pistola, los caraduras a tiempo completo… Bueno, entonces ¿no hay ningún sector ni situación libre de corrupción? Pues no, potencialmente ninguno está libre de esa tendencia humana a aprovecharse de los demás y sacar tajada con el mínimo esfuerzo. Por eso mismo es un poco ridícula esa indignación impostada hacia la corrupción de los demás. De lo que se trata, lógicamente, es de la dimensión y profundidad de la corrupción. No es lo mismo una sociedad donde absolutamente todo depende de los modos corruptos y no deja más remedio que adaptarse para sobrevivir, que sociedades en las que los casos de corrupción son raros. Sobre todo, no es lo mismo contemplar la corrupción con indulgencia y naturalidad –una actitud cínica- que proponer la tolerancia cero. Pero es que la tolerancia cero tampoco tiene nada que ver con el puritanismo de quien se considera a salvo de cualquier acusación de corrupción –muchísimas veces sin el menor fundamento o más bien lo contrario- y, por tanto, condena con fanatismo a quienes considera corruptos incorregibles: pasando de la crítica a los políticos corrompidos a la condena de la democracia sin paliativos, por ejemplo. Estos últimos, los puritanos inquisidores, suelen ser los peores y en realidad los más corruptores de todos, pues su crítica de la corrupción no es política ni moral, sino simplemente egocéntrica y desvergonzada, porque parte de su pretendida superioridad sobre el resto de la humanidad. Algún día contaré algunos casos sumamente instructivos que estamos soportando estos últimos meses.

Pero a lo que íbamos: como la corrupción se extiende con tanta facilidad por la propensión general a beneficiarse de su práctica, hay que entender que las medidas anticorrupción tienen que ser prácticas y de orden jurídico-político, es decir, leyes e instituciones capaces de hacerlas cumplir. De nada sirve un Tribunal de Cuentas que sólo emite informes que no obligan a nada, pongamos por caso, en la indispensable corrección de las finanzas de los partidos políticos y sindicatos. Y de menos sirven todavía los discursos moralizantes de los Savonarolas y Torquemadas de turno, tan estupendos como inquisidores como mentecatos o mentirosos como políticos (todos los dictadores y totalitarios que en el mundo han sido se presentan indefectiblemente como azotes de la corrupción de los demás). Lo que se necesita para atajar la corrupción es, precisamente, más mejor política y no menos y peor política, y más ética pública consecuente y menos moralina tartufa. Una buena reforma a fondo de nuestras instituciones, una moralización seria de la educación, y menos ruido de rasgado de vestiduras y vertido de cenizas.

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El muro (II)

Además del Imperio soviético, con el Muro de Berlín se fue al traste la ingeniería social como proyecto político viable, racional y decente. El llamado “socialismo real” (el de los Estados así autodenominados) fue, desde un punto de vista a lo Deng Xiaoping, un experimento extraordinariamente efímero: poco más de ochenta años desde que Lenin llegó a San Petersburgo. En términos históricos, muy poquito. Sin embargo, su relevancia ha sido grande, pero más por los fracasos que los éxitos. El fracaso global del “socialismo real” lo ha sido también del experimento político, es decir, de la creencia en que un sistema político ideal puede erigirse sobre principios supuestamente científicos o filosóficos (los del materialismo histórico y la dialéctica materialista en los países socialistas): la antigua visión de Platón. Y desde luego, de los diversos experimentos ulteriores derivados de esa creencia básica en que una nueva sociedad y un nuevo hombre pueden ser concebidos y planificados ex novo: la sociedad socialista en transición al comunismo, la dictadura del proletariado, el partido único omnisciente y la economía planificada sin propiedad ni iniciativa privada.

Todas estas ideas han resultado ser, sin excepción, un verdadero fiasco y un desastre para quienes los han sufrido (motivo de que el socialismo tuviera muchos más partidarios en los países capitalistas que en los socialistas…) Pero todas ellas se basaban en una creencia previa de cierta rama de la filosofía política de florida genealogía, de las religiones del libro al idealismo pos ilustrado, pasando por los utopistas de diversas épocas: se trata de la creencia en que es posible, y necesario, diseñar comunidades humanas perfectas instauradas desde el poder político según criterios científicos (es decir, basados en un conocimiento objetivo de base experimental o contrastable con la observación), y en que estas comunidades perfectas pueden diseñarse como si los seres humanos nacieran con una pizarra en blanco en la cabeza, es decir, libres de cualquier naturaleza propia. Una idea absurda, pero llamativamente viva e infiltrada en cierta cultura popular moderna (ya saben, en cosas como que los niños y las niñas son distintos porque la educación los hace diferentes, no porque tengan profundos instintos innatos correspondientes a sexos complementarios).

Si nos creemos que todo lo que los seres humanos somos o podemos ser es una consecuencia de la cultura, la educación y la historia en sentido laxo, entonces podemos dar por hecho que podemos hacer de los seres humanos cualquier cosa cambiando esos factores. Y que, educados en una ética y una política de base científica destinada a doblegar la herencia indeseable de un pasado torcido, tales seres humanos serían capaces de constituir sociedades perfectas, donde, según la beatífica visión de Marx, cada cual dé lo que pueda y reciba lo que necesite de modo prácticamente espontáneo. Desgraciadamente, aunque no imprevisiblemente, esa visión condujo a algo muy diferente: el Gulag soviético y los genocidios de China, Camboya y Corea. De la utopía a la distopía, de El acorazado Potemkin a Viernes 13.

Puede replicarse, y con razón, que para ejecutar genocidios o destruir a los hombres en campos de trabajos forzados o Estados policiales no hacen falta para nada el marxismo ni ninguna otra ideología semejante. Y es verdad: los genocidios de los armenios, de los judíos o gitanos y de los tutsis de Ruanda respondían a otros impulsos diferentes. Como las dictaduras fascistas y nacionalistas en sus diversas variedades. O las aberraciones cometidas en sociedades democráticas, de las políticas eugenésicas a la imposición legal de la desigualdad, el racismo y la explotación. Nadie está libre del riesgo de recibir una pedrada en la pública lapidación de las ideologías políticas antiguas y modernas. Pero el fracaso del marxismo como política emancipadora -y de su producto pragmático, el “socialismo real”- es de otro tipo: consiste en que el “socialismo científico” estaba llamado, precisamente, a librar a la humanidad de esas plagas espantosas, como del hambre, de la tiranía, de la explotación y de la ignorancia. Males usuales sin embargo, en mayor o menor grado, en los países del “socialismo real”, dominantes todavía en Cuba o Corea del Norte.

Si los partidos comunistas han fracasado en todas partes en su intento por librar a la humanidad de sus peores lacras colectivas, con el agravante de haberlas empeorado en no pocas ocasiones, no es porque los marxistas, los socialistas revolucionarios o los comunistas albergaran tan nefastas intenciones. De ninguna manera, y en muchos casos todo lo contrario: la historia de los movimientos políticos y sociales de inspiración marxista o revolucionaria de izquierdas en general rebosa de ejemplos admirables de renuncia, entrega, abnegación desinteresada y otras virtudes (como las de las confesiones religiosas, por otra parte). Por eso su fracaso es una buena demostración de que la mala política no se combate con más ética, pues ésta abundó a raudales entre muchos idealistas revolucionarios de izquierdas, sino con una buena política que sustituya a la mala. Buena política que, a su vez, reclama unos fundamentos filosóficos liberados de falacias como la de la “pizarra en blanco”, según la cual el ser humano carece de naturaleza y sólo es producto de fuerzas sociales, y la falacia de la ingeniería social, según la cual para edificar una sociedad y un Estado perfectos es suficiente con tener el poder absoluto y la “ciencia política” necesaria.

En cierto modo, el “socialismo científico” que se hundió con el Muro de Berlín –pues Cuba y Corea son más bien dictaduras nacionalistas, y ahora China o Vietman “socialistas” sólo de nombre- ha tenido un gran valor como experimento… negativo: ha demostrado que su construcción teórica era y es un disparate, y su práctica política, casi siempre perversa. Lo penoso y trágico es que esa demostración haya reclamado incontables vidas humanas, miserias sin cuento y otros daños inmensos. Pero como a pesar de las falacias del marxismo barato los seres humanos tenemos naturaleza, y no precisamente la del buen salvaje natural de Rousseau, algunos seres humanos son impermeables a la prueba, ciegos a la realidad y sordos a cualquier argumento racional. Por desgracia abundan. Basta con ver de qué modo han conmemorado los comunistas residuales que quedan entre nosotros el feliz aniversario de la caída del Muro de la Vergüenza: como una anécdota que no puede privarles del íntimo orgullo por su gran historia revolucionaria. ¡Qué gente, señor! Pero es que los humanos somos así… Otros creen en la santidad de la Iglesia, la perfección del Islam o el milagro de la perfecta autorregulación del mercado sin regulación. No importa cuántos ejemplos y experiencias les desmientan, ellos siempre pedirán un nuevo experimento. Es un muro inderribable: la carencia de sentido de la realidad.

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El muro (I)

Se cuenta que cuando Deng Xiaoping visitó Francia durante el 200 aniversario de la revolución francesa, fue inevitablemente preguntado por la influencia universal del aquel gran suceso. El prudente político chino pensó un par de segundos y contestó algo así: “es difícil decir si ha tenido mucha influencia o no; doscientos años son muy pocos para saberlo”. Careciendo de la oriental e irónica parsimonia de Deng, medio mundo medita estos días sobre los hechos berlineses ocurridos hace tan sólo dos décadas.

¡Y cómo no reflexionar sobre el significado de la apertura del Muro de Berlín, 20 años ha! (y parece que fueron muchos más). Con el afrentoso “muro de protección antifascista”, que tal era su cínica denominación oficial, cayeron otras cosas. En primer lugar, el megalómano experimento con la historia puesto en marcha por Marx y Engels. En segundo lugar, el viejo prejuicio según el cual los grandes cambios de régimen son normalmente violentos, consecuencia de revoluciones, guerras o grandes convulsiones sociales.

Comencemos por lo segundo: no hizo falta guerra ni revolución alguna para provocar la caída del régimen socialista alemán vasallo de Moscú. Basto con la retirada del apoyo soviético a los mandatarios de la RDA, consecuencia a su vez de los profundos cambios que estaban teniendo lugar en la URSS durante el mandato de Gorbachov. Sin la garantía de una intervención armada rusa como la que liquido no muchos años antes las rebeliones de Hungría y Checoslovaquia, la RDA colapsó por sí misma. Un hecho realmente histórico, de los que obligan a pensar la historia de otra forma.

De todos los derribos históricos acecidos en Europa tras la segunda guerra mundial para pasar de una dictadura a una democracia el último “violento” –y lo fue relativamente poco- fue la revolución portuguesa de los claveles que acabó con el salazarismo. Tras este canto del cisne de la tradición insurgente, en Europa, continente de las revoluciones, se acabaron los cambios violentos salvo la ineludible excepción que confirma la regla, a saber, la brutal y terrible desmembración de Yugoslavia. El franquismo cayó mediante una transición política pactada. Y los férreos y en apariencia inamovibles regímenes vicarios del soviético cayeron uno tras otro como fruta madura en unos pocos meses. Parafraseando a Deng Xiaoping, veinte años son muy pocos para percatarse de la enorme novedad de ese nuevo modo de cambiar los regímenes políticos que bien podríamos llamar “la renuncia a la revolución”, irónicamente lo más revolucionario surgido de la modernidad en el ámbito político. Tengamos en cuenta que sólo cuarenta y cinco años antes de la caída del muro berlinés fue necesaria una gigantesca y sangrienta guerra para acabar con el nazismo en esa misma ciudad. Y que los herederos del ejército victorioso acabaron marchándose pacíficamente de la ciudad que ocuparon, partieron y separaron del mundo libre con un vergonzoso muro por derecho de conquista. Aquí sí que procede decir que estas cosas no pasaban antes, y sí que podemos mostrarnos orgullosos del final del siglo XX, inaugurado con pésimos auspicios. Cualquier tiempo pasado no fue mejor.

Lo vivido en Europa desde el inicio de la perestroika rusa hasta el fin oficial del socialismo es un hecho sin parangón. Un imperio –eso era la URSS más que un Estado, como bien subrayó Kapucinski en un libro extraordinario- senil si se quiere, inviable en cualquier caso –esa inviabilidad o insostenibilidad en todos los sentidos hizo seguramente más por el fin de la URSS que cualquier otro proceso- pero que acepta la eutanasia, un colapso controlado y razonablemente pacífico, que deja en libertad a grandes dominios ocupados con un alto costo de vidas humanas, que renuncia a morir matando, como había sido lo habitual y por tanto lo previsible. Esta ausencia total y absoluta de épica representa el triunfo de una moral que la tradición revolucionaria despreciaba más que cualquier cosa.

El altísimo coste de la guerra fría, un sistema económico irracional y escandalosamente ineficiente (capaz de poner satélites en órbita pero no de satisfacer las necesidades elementales de la población), el fracaso bélico en Afganistán o el desafecto pasivo de la sociedad fueron sin duda factores de la máxima importancia para comprender la debacle soviética que culminó en 9 de noviembre de 1989 con la caída de un muro que simbolizaba mejor que cualquier monumento el verdadero carácter de un sistema cuya máxima preocupación impedir la huida masiva de sus víctimas. Pero hay y hubo algo más en este acontecimiento: lo que Hans Magnus Erzensberger llamó en un artículo memorable “los héroes de la retirada”.

Un héroe de la retirada es alguien con influencia y mando capaz de organizar como es debido el hundimiento de un sistema, un cambio pacífico de régimen, una salida digna y sin épica del escenario de la historia. Antiguamente se habría considerado a alguien así el antihéroe por excelencia, puesto que el heroísmo solía ir asociado a las hazañas bélicas o a la violencia. Los héroes de nuestro tiempo son, sin embargo, de otra clase: personajes capaces de renunciar, conocedores del arte de marcharse y bajar la persiana del negocio arruinado al menor coste posible. Sin personajes de esta clase –en España lo fue Suárez, por ejemplo-, es posible que el muro de Berlín siguiera enhiesto, erizado de armas por el lado del este, y de pintadas por el del oeste. Y Berlín seguiría siendo un símbolo del fracaso de la civilización, en vez de la renacida capital de Europa central. Quizás siguiéramos temblando por la posibilidad de un gigantesco conflicto armado entre la URSS y la OTAN. No, los motivos de temor no han desaparecido; asoman renovados por el horizonte, ligados esta vez al fundamentalismo religioso o a un mundo muchísimo más complicado. Pero nadie podrá ignorar ya que la humanidad no está condenada sin remisión a entregarse a la violencia como único medio de ganar más libertad y cambiar de sistema político. Me gusta pensar que esa es una de las lecciones de aquellos hechos de Berlín, hace 20 años.

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Derechos de quita y pon

El proyecto de ley para regular el aborto que ha presentado el gobierno de Zapatero en el Congreso de los Diputados se titula, con escaso amor a la concisión, Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Popularmente, es la Ley del Aborto. Sin duda dará que hablar, pero mucho me temo que más por sus aspectos más superficiales y chocantes que por algunas cuestiones de fondo dignas de atención. Y no porque algunos aspectos chocantes no tengan fondo, que lo tienen. Por ejemplo, que el proyecto contemple que las menores de dieciséis años puedan abortar –en los supuestos que despenaliza la ley, por supuesto- no sólo sin la autorización de sus padres o tutores legales, sino sin su conocimiento: la menor no tendrá ni que informarles si considera que hacerlo provocará un conflicto. Es decir, que la misma chica a la que se le prohíbe beber una cerveza en un bar, firmar un contrato de trabajo, casarse, votar o abrir una cuenta corriente sin autorización paterna podrá, en cambio, abortar. No es ninguna broma, y merece una reflexión de fondo sobre la mentalidad de quienes proponen algo así como un gran avance en la protección de los derechos de las menores. Y no se trata sólo de que la medida ponga en cuestión el concepto legal de mayoría de edad, sino de algo más complejo que puede resumirse así: más que eliminar en este caso concreto la patria potestad, es el Estado quien la hace suya, sustituyendo a los padres en esta dura obligación. El famoso y siniestro Ogro filantrópico: te maltrata, pero por tu bien.

El argumento a favor de esta decisión arguye que sólo se trata de proteger a esa minoría de chicas embarazadas que tienen la desgracia de tener padres poco comprensivos o contrarios por principio al aborto (lo decía ayer mismo en El País Elena Valenciano). Pero si se admite que son casos minoritarios (también habrá quien quiera hacer abortar a la nena por su bien y contra su voluntad, ¿no?), ¿por qué el Estado pretende sustituir a los padres al ponerles, por ley, fuera de las decisiones de sus hijas menores en materia de embarazos? La cosa es tanto más sorprendente cuando el actual Código Civil (art. 156) ya prevé mecanismos legales para proteger a las menores de posibles abusos paternos en caso de conflictos de intereses. Vamos, que los jueces tutelarían en cualquier caso los derechos de una chica de dieciséis años –o desde que la niña es fértil, tenga doce o trece años- que se viera obligada a tener un hijo no deseado por imposición paterna. Y hasta ahora no ha habido muchas quejas a este respecto.

Para entender este extraño “movimiento del espíritu” en el que el Estado suspende la tutela paterna –pero no sus obligaciones- por el amor del BOE –que no asume la obligación de mantener y tutelar a la pequeña- conviene fijarse en esta expresión del proyecto de ley: se trata de instaurar el “derecho a la maternidad libremente decidida”.

¿Qué se entiende por tal cosa? Pues que cualquier mujer pueda decidir libremente si quiere ser madre o no. Pero decidir libremente “ser madre” no es lo mismo que despenalizar el aborto en ciertos casos (yo creo que lo más adecuado sería una ley de plazos clara, que respete la autonomía de la mujer y proteja al feto desde el momento en que pasa a ser viable). Tiene varias lecturas: por ejemplo, que el Estado debería resolver a cualquier mujer su deseo de ser madre, pero también puede entenderse como un subterfugio para dar rango leal a aquella vindicación feminista radical de “aborto libre y gratuito”, que partía de la falacia de que el feto era una parte del cuerpo de la mujer de la que ella podía disponer libremente (no exactamente como de un órgano básico tal que el hígado, pero vaya). Entonces, ¿es que el Gobierno ha asumido la retórica feminista más montaraz? ¿O es más bien lo contrario, que da por hecho que las mujeres necesitan su protección para nada menos que ser madres?

El caso es que es la naturaleza, y no la ley, la que hace que una mujer pueda –o no- ser madre; algo generalmente admitido salvo por quienes piensan que La vida de Brian es un magnífico programa de gobierno. Ningún gobierno ni parlamento en sus cabales puede reconocer, dar, garantizar u otorgar un derecho que no es tal, sino una propiedad natural de las mujeres. Es como si nos otorgaran el derecho a andar sobre dos pies o a hacer la digestión (aunque todo se andará). ¿Por qué reconocer un derecho que es un puro disparate conceptual? Aparte de por el acreditado oportunismo de este gobierno y por su afición a los brindis al sol, porque considera a las mujeres no ya personas cuyos derechos hay que proteger -como los de los hombres- con un tratamiento específico en asuntos como despenalizar en ciertos supuestos el aborto voluntario, sino seres frágiles, sin criterio, en el fondo infantiles, amenazadas por la brutalidad del  otro sexo y necesitadas de una tutela especial, eternas menores de edad que sólo el Gobierno del Estado puede proteger, y siempre mucho mejor que sus padres.

Lo peligroso de esta mentalidad es que quien se cree dotado del don divino de dar derechos como el de ser madre también se creerá, por la misma lógica, dotado del don de retirarlos. Dadores, en fin, de derechos imaginarios de quita y pon. Un horror.

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