El blog de Carlos Martínez Gorriarán

Y vayamos a la primera de las objeciones habituales que enumeré –sin ánimo exhaustivo- en la primera pieza de esta serie: la de quienes preferirían al “Estado de las Autonomías” un Estado unitario centralizado al estilo de Francia o Portugal, pongamos por caso. También comparten esta idea los nostálgicos del Estado franquista, que echan de menos los gobernadores civiles, las diputaciones y otras barreras contra el desorden democrático. Pero dejemos claro que un Estado centralizado, jacobino para decirlo con la intención torpemente derogatoria de los nacionalistas –el jacobinismo fue un movimiento admirable, pese a su triste fin en el Terror-, es tan democrático como uno descentralizado. Francia no es menos democrática que Alemania o España, y a día de hoy seguramente lo es más que la pobre Bélgica, donde los ciudadanos son segregados y discriminados por su lengua. Por lo tanto, dejémonos de complejos: defender la abolición de las comunidades autónomas y una España tan centralizada como Francia es una opción tan democrática como defender la máxima descentralización concebible, y mucho más que reivindicar la autodeterminación tan cara a los nacionalistas, cuyo ejercicio implicaría negar la ciudadanía común y destruir el Estado democrático. No estamos debatiendo sobre qué fórmula es más democrática, si la federal o la centralizada, sino sobre cual es más adecuada para resolver los problemas cotidianos y constitucionales que tenemos sobre la mesa.

Dicho esto, me parece prácticamente imposible sostener la viabilidad de que España sea en el futuro inmediato un Estado semejante a Francia o Portugal en el grado de centralización. España sólo ha sido un Estado realmente centralista y centralizado durante la dictadura franquista, con el desgraciado efecto de que para una parte apreciable de la opinión pública española centralismo equivale a negación de la democracia. Y para cualquiera que tenga la edad suficiente y haya conocido la España de Franco, es evidente e innegable que la descentralización democrática ha tenido espléndidos efectos en cosas importantes. En 1975 el nuestro era un país pobre, atrasado y siniestro fuera de determinadas áreas urbanas (lamentablemente, no tengo espacio para algunas anécdotas personales bastante ilustrativas). Veinte años después era un país completamente diferente y mucho mejor no sólo en aspectos materiales (infraestructuras o calidad de vida en las ciudades, por pequeñas que sean), sino en los sociales y culturales gracias también, aunque no sólo, a la descentralización.

Como suele pasar en el terreno político y social propio de las sociedades abiertas, el problema es más bien de grado: ¿cuánta descentralización y cuánto centralismo necesitamos? El proceso descentralizador se ha convertido en centrifugación disparatada –con normas autonómicas incompatibles, con Ministerios del Gobierno nacional sin competencias, con 17 leyes educativas y sistemas de salud, etc.-, evolucionando sin ningún horizonte político ni modelo de Estado, ni previsión constitucional de agotamiento de la descentralización.

Tenemos un país descentralizado de modo desigual, incoherente e incongruente, sin el menor respeto por los principios constitucionales de igualdad de derechos y obligaciones o de preponderancia de la legislación estatal sobre la autonómica. Como ya instauró el sistema electoral que padecemos, los territorios y las entidades abstractas prevalecen sobre los ciudadanos y constriñen gravemente su desarrollo político. Ha sido así debido al sistema de partidos que ha convertido, por una parte, en imprescindibles a las insaciables “bisagras” nacionalistas (véase el reciente caso del blindaje del Concierto vasco y el papel determinante del PNV y CC en la negociación de los Presupuestos del Estado), y por otra ha favorecido la conversión de los antiguos partidos nacionales en una Confederación de Derechas Autónomas en el caso del PP, y en una congregación de partidos autonómicos filonacionalistas en el del PSOE.  Pero la alternativa no puede ser de ningún modo la regresión a la situación previa a la Transición. Ni es posible ni es aconsejable.

Tampoco ofrece ventaja alguna postular la adopción de un modelo centralizado a la francesa o portuguesa, y no sólo por el innegable peso de los nacionalistas y particularistas o regionalistas de todo tipo en casi todas las CCAA, sino porque el camino recorrido no tiene vuelta atrás. Las instituciones autonómicas existen con el beneplácito general –que incluye la crítica a sus excesos o ineficacia- y de lo que se trata es de que haya un sistema igual para todos, objetivo en el que el Estado de las Autonomías ha fracasado estrepitosamente.

Necesitamos un avance progresivo hacia un Estado centrado no en las diferencias locales –sean de lengua, historia o costumbres-, sino en lo que nos une. A menudo se olvida que lo que sigue manteniendo España como Estado y Nación viva no es la Constitución o las instituciones, sino la evidencia diaria de que existe una Ciudadanía española que quiere seguir formando una misma comunidad política, y que en buena parte comienza a estar más que harta de los derroches y disparates de la centrifugación autonómica. Esa ciudadanía –y bien lo sabemos en UPyD, porque sin ella este partido no habría pasado del proyecto- valora más lo que le une que lo que pueda separarle. Y esa ciudadanía es perfectamente capaz, contra los que piensan quienes minusvaloran sistemáticamente su capacidad intelectual, de pensar si el sistema federal, adaptado a las condiciones españoles, proporciona o no ese horizonte adecuado para el Estado de todos. Puede que una vez debatida y explicada la idea tampoco consiga un apoyo suficiente, pero ¿por qué dar por hecho que la mayoría es tonta y no va a comprendernos? ¿Por qué no dar una oportunidad al debate y al intercambio de ideas, libre de sectarismo y patriotismo de partido? ¿Por qué aceptar que la política debe hacerse a la defensiva de unos nacionalistas sobrevalorados? Resignarse a que nada cabe hacer sino administrar malamente el desastre actual –al estilo del PSOE y del PP- es un muy mal punto de partida para abordar una reforma seria de nuestra democracia. Equivale, de hecho, a renunciar a la principal cualidad de la democracia: su capacidad de reformarse y elegir libremente.