Esta entrega podría titularse mejor “Y los inconvenientes del federalismo vergonzante”. ¿Que por qué?: pues porque el llamado “Estado de las Autonomías” no es en realidad otra cosa que una mala federación. Un Estado federal caótico porque está mal constituido, mal organizado y peor denominado. En palabras de José Tudela Aranda en su reciente obra El Estado desconcertado y la necesidad federal (pg. 260): “Es cierto que poco hay que impida calificar al actual Estado español de federal. Desde la descentralización, nuestro Estado supera con comodidad el contraste con las caracterizaciones clásicas del estado federal. Más allá de la no descentralización del Poder Judicial, circunstancia no presente en todos los estados federales o de la retórica sobre la soberanía de los entes subestatales, lo cierto es que el llamado Estado autonómico español tiene un grado cualitativo y cuantitativo de descentralización que sólo lo puede acercar (…) al Estado federal. Ahora bien, si un examen ponderado de nuestro modelo de Estado suscita pocas dudas sobre sus condiciones federales, ninguna de las formaciones políticas ha asumido esta caracterización. Ello es importante porque de esta indefinición política, de éste no asumir la realidad, se acaban desprendiendo consecuencias que sólo pueden calificarse como negativas. Negativas especialmente para aquellos que desean un reforzamiento del Estado como estructura del poder público.”

Siguiendo el argumento de José Aranda –compartido por muchos juristas y politólogos españoles-, el problema no es si la fórmula federal nos conviene o no, sino que España ya es, de facto, un federación, pero mal articulada y, además, vergonzante. Tanto que para disimular ha adoptado el absurdo eufemismo de “Estado de las Autonomías”. Y del mismo modo en que el Estado de derecho es manifiesta y urgentemente mejorable, tenemos que mejorar con urgencia el extraño federalismo de hecho surgido de la Constitución del 78.

Ese innombrable Estado federal español está mal articulado y sumido en eterna provisionalidad porque, como hemos visto, la Constitución del 78 dejó abierta, sometida a la negociación entre partidos, la transferencia ilimitada de competencias que deberían ser exclusivas del Estado, es decir, federales. Tenemos una federación que, al carecer de un horizonte de cierre de la estructura territorial, se está convirtiendo en una confederación inviable. Una confederación con los males de la asimetría, la desigualdad y la confusión sobre soberanía nacional y competencias delegadas del Estado donde es posible imponer por la puerta de atrás la bilateralidad entre una comunidad y el resto del país, como establece el Estatuto catalán. Así pues, nuestro problema no es si federación sí o no, sino que las principales fuerzas políticas y el establishment se niegan a afrontar en público el problema de fondo: que es imprescindible una reforma de la Constitución que cierre el modelo territorial, restaure las reglas de juego de la democracia y restituya al Estado su papel de poder público.

Creo que tenemos argumentos de sobra para llegar a la conclusión de que no se trata tanto de una Constitución federal de nueva planta, cosa que no propongo, como de reformar la Constitución existente, comenzando por restaurar el rigor y la precisión del léxico constituyente. Es decir, comencemos llamando a las cosas por su nombre: del mismo modo en que una mujer con hijos se llama “madre”, un Estado unitario altamente descentralizado se llama “federación”. A partir de este imprescindible reconocimiento de la realidad y del nombre de las cosas reales, podemos comenzar a discutir cuáles serán las competencias exclusivas del Estado, es decir, las competencias federales, y cuál sería el margen de capacidad legislativa y financiera de las comunidades autónomas; sería posible restaurar el muy deteriorado principio, hoy irreconocible, de que en caso de conflicto la ley general del Estado, o ley federal, prevalece siempre sobre la autonómica; sería posible establecer sobre bases mucho más sólidas los principios de igualdad y libertad de todos los ciudadanos españoles con independencia de la comunidad donde residan, etc.

¿Sería la panacea, el remedio milagroso a todos los males del país? Pues claro que no, pero nos libraría de algunos problemas constitucionales que impiden abordar problemas tan actuales como la crisis y el cambio de modelo productivo, el buen funcionamiento de servicios básicos como sanidad, justicia o educación, la financiación de los partidos y la corrupción consiguiente, etc. Uno se queda atónito cuando se desaconseja el modelo federal recurriendo a los problemas derivados de las diferencias legislativas y administrativas internas de Estados federales como Estados Unidos, Canadá o Alemania (o Suiza, que ha pasado de ser una confederación teórica a una federación práctica), como si en España no sufriéramos algo peor: la existencia de cinco haciendas y dos sistemas de financiación que pronto serán 17, como ya hay 17 sistemas educativos y sanitarios, y varios mercados laborales fraccionados para según qué profesiones.

En resumidas cuentas, que el problema no es si federalismo sí o federalismo no, porque de hecho nos gobernamos por una variedad propia de ese sistema pero de mala calidad, sino de cómo mejorar a fondo este sistema federal. Propongamos un gran debate nacional sobre cómo reformarlo para tener un buen Estado federal. Y para empezar, que no se avergüence de serlo. Hay que sacarlo del armario y echarle un buen repaso. Y somos el único partido que puede hacerlo.

Y vayamos a la primera de las objeciones habituales que enumeré –sin ánimo exhaustivo- en la primera pieza de esta serie: la de quienes preferirían al “Estado de las Autonomías” un Estado unitario centralizado al estilo de Francia o Portugal, pongamos por caso. También comparten esta idea los nostálgicos del Estado franquista, que echan de menos los gobernadores civiles, las diputaciones y otras barreras contra el desorden democrático. Pero dejemos claro que un Estado centralizado, jacobino para decirlo con la intención torpemente derogatoria de los nacionalistas –el jacobinismo fue un movimiento admirable, pese a su triste fin en el Terror-, es tan democrático como uno descentralizado. Francia no es menos democrática que Alemania o España, y a día de hoy seguramente lo es más que la pobre Bélgica, donde los ciudadanos son segregados y discriminados por su lengua. Por lo tanto, dejémonos de complejos: defender la abolición de las comunidades autónomas y una España tan centralizada como Francia es una opción tan democrática como defender la máxima descentralización concebible, y mucho más que reivindicar la autodeterminación tan cara a los nacionalistas, cuyo ejercicio implicaría negar la ciudadanía común y destruir el Estado democrático. No estamos debatiendo sobre qué fórmula es más democrática, si la federal o la centralizada, sino sobre cual es más adecuada para resolver los problemas cotidianos y constitucionales que tenemos sobre la mesa.

Dicho esto, me parece prácticamente imposible sostener la viabilidad de que España sea en el futuro inmediato un Estado semejante a Francia o Portugal en el grado de centralización. España sólo ha sido un Estado realmente centralista y centralizado durante la dictadura franquista, con el desgraciado efecto de que para una parte apreciable de la opinión pública española centralismo equivale a negación de la democracia. Y para cualquiera que tenga la edad suficiente y haya conocido la España de Franco, es evidente e innegable que la descentralización democrática ha tenido espléndidos efectos en cosas importantes. En 1975 el nuestro era un país pobre, atrasado y siniestro fuera de determinadas áreas urbanas (lamentablemente, no tengo espacio para algunas anécdotas personales bastante ilustrativas). Veinte años después era un país completamente diferente y mucho mejor no sólo en aspectos materiales (infraestructuras o calidad de vida en las ciudades, por pequeñas que sean), sino en los sociales y culturales gracias también, aunque no sólo, a la descentralización.

Como suele pasar en el terreno político y social propio de las sociedades abiertas, el problema es más bien de grado: ¿cuánta descentralización y cuánto centralismo necesitamos? El proceso descentralizador se ha convertido en centrifugación disparatada –con normas autonómicas incompatibles, con Ministerios del Gobierno nacional sin competencias, con 17 leyes educativas y sistemas de salud, etc.-, evolucionando sin ningún horizonte político ni modelo de Estado, ni previsión constitucional de agotamiento de la descentralización.

Tenemos un país descentralizado de modo desigual, incoherente e incongruente, sin el menor respeto por los principios constitucionales de igualdad de derechos y obligaciones o de preponderancia de la legislación estatal sobre la autonómica. Como ya instauró el sistema electoral que padecemos, los territorios y las entidades abstractas prevalecen sobre los ciudadanos y constriñen gravemente su desarrollo político. Ha sido así debido al sistema de partidos que ha convertido, por una parte, en imprescindibles a las insaciables “bisagras” nacionalistas (véase el reciente caso del blindaje del Concierto vasco y el papel determinante del PNV y CC en la negociación de los Presupuestos del Estado), y por otra ha favorecido la conversión de los antiguos partidos nacionales en una Confederación de Derechas Autónomas en el caso del PP, y en una congregación de partidos autonómicos filonacionalistas en el del PSOE.  Pero la alternativa no puede ser de ningún modo la regresión a la situación previa a la Transición. Ni es posible ni es aconsejable.

Tampoco ofrece ventaja alguna postular la adopción de un modelo centralizado a la francesa o portuguesa, y no sólo por el innegable peso de los nacionalistas y particularistas o regionalistas de todo tipo en casi todas las CCAA, sino porque el camino recorrido no tiene vuelta atrás. Las instituciones autonómicas existen con el beneplácito general –que incluye la crítica a sus excesos o ineficacia- y de lo que se trata es de que haya un sistema igual para todos, objetivo en el que el Estado de las Autonomías ha fracasado estrepitosamente.

Necesitamos un avance progresivo hacia un Estado centrado no en las diferencias locales –sean de lengua, historia o costumbres-, sino en lo que nos une. A menudo se olvida que lo que sigue manteniendo España como Estado y Nación viva no es la Constitución o las instituciones, sino la evidencia diaria de que existe una Ciudadanía española que quiere seguir formando una misma comunidad política, y que en buena parte comienza a estar más que harta de los derroches y disparates de la centrifugación autonómica. Esa ciudadanía –y bien lo sabemos en UPyD, porque sin ella este partido no habría pasado del proyecto- valora más lo que le une que lo que pueda separarle. Y esa ciudadanía es perfectamente capaz, contra los que piensan quienes minusvaloran sistemáticamente su capacidad intelectual, de pensar si el sistema federal, adaptado a las condiciones españoles, proporciona o no ese horizonte adecuado para el Estado de todos. Puede que una vez debatida y explicada la idea tampoco consiga un apoyo suficiente, pero ¿por qué dar por hecho que la mayoría es tonta y no va a comprendernos? ¿Por qué no dar una oportunidad al debate y al intercambio de ideas, libre de sectarismo y patriotismo de partido? ¿Por qué aceptar que la política debe hacerse a la defensiva de unos nacionalistas sobrevalorados? Resignarse a que nada cabe hacer sino administrar malamente el desastre actual –al estilo del PSOE y del PP- es un muy mal punto de partida para abordar una reforma seria de nuestra democracia. Equivale, de hecho, a renunciar a la principal cualidad de la democracia: su capacidad de reformarse y elegir libremente.

Volvamos ahora a la segunda de las objeciones más habituales enumeradas en la primera entrega de esta serie: que un Estado federal no es necesario para garantizar la igualdad y viabilidad estatal porque bastaría con devolver al Estado algunas de las competencias estratégicas traspasadas a la comunidades autónomas, como la educación, las prestaciones sanitarias básicas o la gestión del territorio. Es, además, la propuesta recogida en el programa de UPyD para las primeras elecciones generales. Y los más inseguros o medrosos dicen: “pero hombre, si ya hacemos esta propuesta de devolución al Estado de competencias, ¿por qué ir más allá y proponer nada menos que un Estado federal, que es algo que no entiende nadie en España?”.

Comenzando por el final, eso de que nadie nos va a entender si proponemos un modelo federal me recuerda mucho a las pegas de personas muy expertas, enteradas y razonables que oímos cuando fundamos UPyD: que nadie iba a entender por qué hacía falta un partido nuevo creado por Rosa Díez y tres aficionados (esto era antes de que se hablara de los diez mil fundadores de UPyD), y por tanto iba a ser un completo fracaso. Como le pronosticó en tono conmiserativo un famoso columnista y editorialista de El País a Fernando Savater, podíamos darnos por satisfechos si en las primeras elecciones sacábamos 30.000 votos… Luego resultó que fueron diez veces más, que estos enterados no lo estaban tanto; nosotros teníamos razón y ellos no porque en la sociedad española había muchos más ciudadanos ilustrados y comprometidos de lo que sospechaban. ¿Por qué no confiar más en la capacidad crítica y comprensiva de nuestros mejores conciudadanos, en vez de fijarnos sólo en los zotes? También nos decían que lo del partido transversal era incomprensible, que “progresista” era una palabrota desprestigiada, y que el laicismo asustaría a las buenas gentes. Como nada de todo eso ha resultado cierto, no veo razón alguna para dar crédito al augurio de que asumir el modelo federal será nuestra perdición…

El problema de fondo estriba en que devolver competencias al Estado implica una profunda reforma constitucional: no es algo que se pueda hacer por decreto, ni mediante una ley orgánica aprobada en las Cortes por mayoría simple. Cuando hablamos de que las CCAA pierdan competencias e igualen las que tengan en el marco de un Estado descentralizado pero fuerte, que de eso se trata, hablamos de una reforma de la Constitución en toda regla. Y podemos rehuir la palabra federal, pero el resultado sería ese mismo, una especie de federación. Alguno dirá, “¿y qué?; si la palabra es un obstáculo, rehuyámosla, tampoco es una cuestión de principio”. Podemos discutir si es asunto de principios o no llamar a las cosas por su nombre –yo creo que sí, aunque admito que hay que tener en cuenta la oportunidad (no vas a darle el nombre que merece a un matón que puede fulminarte sólo por ser sincero, por ejemplo)-, pero me parece difícil de negar que una de las deficiencias más serias de la Constitución actual, y del sistema jurídico derivado, es su extremada imprecisión en asuntos que el tiempo ha demostrado claves. Por ejemplo, el de las competencias estatales y autonómicas.

La Constitución vigente deja abierto el grifo de la transferencia permanente de competencias incluso si ello afecta a la viabilidad del Estado. Si leemos la Constitución sin anteojeras resulta que, forzando las cosas, no hay ni una sola competencia estatal que no se pueda transferir a una comunidad autónoma: subrayo lo de ninguna. Es algo que comprendieron perfectamente los nacionalistas, o los redactores del nuevo Estatuto catalán. ¿Que no se lo creen? Pues lean: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.”(VIII, II, art. 150.2) Y a estas alturas ya hemos visto la generosidad de chicle con la que se puede interpretar esta cautela de la naturaleza susceptible de transferencia.

¿Qué ventaja podría aportar entonces la definición del Estado como federal?: pues precisamente la eliminación radical de esta ambigüedad. El catálogo de competencias exclusivas del Estado (actualmente enumerado en el art. 149) definiría éstas como competencias federales de titularidad indelegable en cualquier caso; a efectos administrativos, el Estado podría delegar la gestión para que, pongamos por caso, una Comunidad Autónoma que deseara invertir más de sus propios recursos en educación, pudiera mejorar los centros educativos, pagar más incentivos a los profesores o cualquier otra medida semejante que no rompiera el principio de que el sistema educativo y el currículo escolar fuera básicamente el mismo en todas las comunidades, al margen de la lengua vehicular en que se impartiera y garantizando el Estado la libertad de elección de aquélla en las comunidades bilingües.

¿Y no se podría conseguir esto mismo sin mentar al dichoso federalismo? Pues quizás, pero hay una última ventaja en su mención expresa que debe tenerse en cuenta. Es esta: proponer un modelo de Estado federal es una propuesta política positiva y proactiva, que no va contra nadie en particular porque propone la igualdad y la viabilidad del Estado común. Va contra la disgregación nacionalista pero no es antinacionalista, del mismo modo en que la laicidad del Estado no va contra las confesiones religiosas legítimas, sino contra su confusión con el Estado mismo. Es, por tanto, una propuesta progresista que no sólo pretende corregir los líos actuales consecuencia de la ambigüedad de modelo competencial de la Constitución del 78, sino proponer un avance y una mejora general en vez de una mera reacción defensiva frente a los excesos actuales. Parece difícil negar la superioridad política de proponer una Constitución del Siglo XXI que el recorte de la vieja Constitución del 78 y de los Estatutos emanados de la misma, que ya amenazan con devorarla como una multitud de saturnos jurídicos… En vez de un recorte y un retroceso, un avance y una ampliación de la igualdad y por tanto de la libertad: ¿no representa una gran ventaja?

Una de las objeciones contra la adopción del modelo federal es de tipo histórico, o mejor dicho, historicista: se alega que los Estados federales habrían nacido de entidades soberanas preexistentes que habrían ido cediendo soberanía a un Estado nuevo,al que pasan a incorporarse. Como la historia de España sería muy otra, el nuestro no podría llegar a ser un Estado federal. Objeción muy académica, pero veamos qué consistencia tiene.

Es cierto que los Estados federales suelen justificarse como surgidos de entidades políticas anteriores: así, los Estados Unidos de las famosas 13 colonias de norteamérica que se rebelan contra la soberanía británica (todas salvo Canadá). O Alemania, unificada en el siglo XIX pero con una larga historia estatal que se remonta al Sacro Imperio Romano-Germánico medieval (el I Reich). Sin embargo, es bastante dudoso que esa “cesión de soberanía” haya sido tal. Las colonias norteamericanas no se declararon independientes del Imperio británico cada una por su lado para después federarse en un acto formal, sino que los Estados Unidos surgieron de la revolución y la guerra. Es verdad que alguna colonia, como Virginia, se adelantó a proclamar la independencia y aprobar su propia Constitución (1776) antes de aprobar la federal (1788), pero ese no fue el caso de todas las colonias rebeldes. Tras la independencia y la Guerra de Secesión –que dejó claro que la soberanía radicaba en los Estados Unidos, no en sus partes- se fueron creando nuevos Estados, hasta cincuenta, sin pasar previa y obligadamente por la independencia –con la legendaria excepción de Texas-, lo que aconseja no tomar muy en serio la “cesión” de soberanía como sistema constitucional.

Respecto a Alemania, hace falta mucho amor a la leyenda para aceptar que los viejos estados alemanes de origen medieval cedieron voluntariamente su soberanía a una Alemania federal imaginaria: fue Prusia la que impuso la unificación a los demás tras derrotar a Austria en la lucha por la supremacía germánica. Y lo que nació en 1871 fue un Reich (o Imperio), el segundo, no un Estado federal, que debe esperar a la República Federal Alemana, surgida de los escombros del III Reich y de la voluntad aliada.

Es sumamente difícil encontrar en la historia fáctica un auténtico proceso de cesión voluntaria y pacífica de soberanía, de carácter democrático, a una entidad superior: lo más parecido es la construcción de la Unión Europea, hoy en un complicado atasco. Sin embargo, hay muchas entidades federales o que dicen serlo aunque sean dudosas, como Rusia o Venezuela, e incluso hay “confederaciones”, como Suiza, que en la práctica son plenamente federales.

Respecto a la supuesta incompatibilidad de la historia española, no sabría a qué atribuirla en el caso de que fuera determinante: la formación del Estado unitario español fue muy lenta y muy ambigua, y hasta las Cortes de Cádiz de 1812 no se puede hablar con propiedad de una nación española; lo que había era una suma de coronas o reinos autónomos que compartían rey y gobierno, separados por fronteras interiores, con distintos sistemas legales (con restos en el Derecho Civil actual) e instituciones variopintas (que subsisten en el País Vasco y Navarra: las diputaciones y los Conciertos económicos). Así que si alguien quiere invocar la historia de España como caso de unión paulatina y más o menos voluntaria –aunque poco pacífica- de soberanías preexistentes, puede hacerlo si lo considera imprescindible para defender la federación española.

Lo que ocurre es que desde una perspectiva democrática esto no tiene la menor importancia. El constitucionalismo ilustrado o liberal parte del principio de que quienes se federan, porque aceptan una autoridad superior, son los ciudadanos, no los Estados ni los territorios. En la emotiva y paquidérmica historia de la Revolución Francesa escrita por Jules Michelet, se subraya con fervor que una de las primeras decisiones de la Asamblea Constituyente fue abolir las divisiones internas del Reino de Francia para constituir un Estado unitario por decisión de los representantes de los nuevos ciudadanos franceses, pues entendían que sin Estado unitario no habría libertad política ni igualdad jurídica. Fueron pues los ciudadanos los que deciden federarse entre ellos, no los territorios del antiguo régimen; y  en el caso de Francia en un modelo muy centralizado al que los franceses se han mantenido muy adictos.

Por lo tanto, el argumento historicista de la legendaria “cesión de soberanía” no refuerza ni debilita la opción federal. En cualquier caso, el pasado no puede determinar el presente. Si una mayoría suficiente de ciudadanos españoles considerara mejor la opción federal que el actual, caótico y centrífugo “Estado de las Autonomías”, bastaría con esa decisión para darle rango constitucional, hubiera existido o no un proceso histórico como el que se atribuye a los entes federales. En definitiva, no estamos atados a la historia, sino a nuestra capacidad para cambiar el presente con libertad. O a nuestra incapacidad, que es mucho peor.

Algunos compañeros del partido (y no me refiero a los cuatro gatos lunáticos., mercenarios o resentidos del “quítate tú para ponerme yo porque en eso consiste la democracia”) dicen estar totalmente en contra de la propuesta de reformar la Constitución para convertir España en lo que se conoce como un Estado federal cooperativo. Bastantes más muestran numerosas reticencias y reservas hacia la idea. Para eso haremos un Congreso, y lo mejor que podría pasarnos es que el debate político sirviera no tanto para ver quién “gana” o “pierde” cuando se vote la Ponencia Política, sino sobre todo para profundizar en el proyecto que proponemos a los ciudadanos, que es lo único importante.

Aunque no creo en las panaceas ni en las soluciones milagrosas a los problemas de la democracia –el federalismo tiene muchas ventajas, pero sin duda sus propios inconvenientes-, sí soy partidario ferviente del principio de llamar a las cosas por su nombre, y por eso apoyo la idea de que la Constitución española reformada que propugnamos pase a ser una Constitución Federal. Porque un Estado unitario descentralizado fuerte, con un núcleo de competencias centrales que no se delegan a las comunidades autónomas, donde todas éstas tengan las mismas competencias y capacidad legislativa, y donde en caso de conflicto la ley estatal (y las instituciones comunes) tenga la primacía sobre la autonómica, no es otra cosa que un Estado Federal. Aunque algunos no lo sepan: les pasa como al personaje de Molière, el Burgués Gentilhombre que se sorprende al enterarse por su profesor de que lleva toda la vida hablando en prosa sin saberlo… Pues bien, quienes defienden que España sea un Estado con competencias indelegables en educación, sanidad, fiscalidad o medio ambiente, donde todas las comunidades autónomas sean iguales, sin privilegios ni agravios, están defendiendo una concepción federal del Estado. Otra cosa es que no les guste la palabra.

1 – Las partidarias de un Estado unitario centralista, sin comunidades autónomas o de competencias mínimas (más bien estilo Diputación provincial).

2 – Las partidarias de una estructura de Estado como la actual, pero con devolución al Estado de algunas competencias ahora en manos de las comunidades, igualando a todas ellas.

3 – Los que consideran que el Estado federal nace de la delegación de soberanía de los entes federados al órgano federal, lo que no puede ser el caso de España.

4 – Las de quienes creen que el federalismo es una concesión a los nacionalistas y/o un concepto politológico de izquierdas, poco transversal o que ataca a la derecha.

La verdad es que es la refutación más fácil, porque se trata de un mero prejuicio. Confunde la tradición española de la izquierda federal –que se remonta al cantonalismo decimonónico y al anarquismo de la FAI- con el significado de federalismo como concepto universal. Para quienes padecen esta confusión, lo federal huele a Cantón de Cartagena, a Buenaventura Durruti y CNT y, ¡horror!, al Comité Federal del PSOE o al estrafalario “federalismo asimétrico” de Maragall. Pero, ¿era de izquierdas Abraham Lincoln, o lo es ahora el Partido Republicano de Estados Unidos? Naturalmente que no, y sin embargo Lincoln y los republicanos fueron los defensores de la Unión Federal frente a las tendencias centrífugas y particularistas que estallaron en la Guerra de Secesión. ¿Son de izquierdas Angela Merckel y la CDU, que han conseguido reforzar –con apoyo del SPD y demás partidos- los poderes federales del Estado alemán a costa de las competencias de los Lander, para hacer frente en mejores condiciones a los formidables retos del presente?

Respecto a que el Estado federal sea una concesión a los nacionalismos, nada menos cierto. Más bien lo contrario: si España fuera un Estado federal, no habríamos asistido al bochornoso espectáculo del blindaje del Concierto Económico vasco, y un Estatuto como el de Cataluña, que instaura la relación bilateral Estado-Cataluña, sería tan impensable como una ley que aprobara el trabajo esclavo o la violencia en las parejas. En una España federal, Euskadi o Cataluña tendrían, por supuesto, su lengua particular cooficial y sus instituciones tradicionales –la Generalitat se seguiría llamando así, y el árbol de Guernica seguiría creciendo ante su templete clasicista-, pero no tendrían privilegios o más competencias y capacidad de legislar que Madrid o Andalucía. Y cuando una familia española o emigrante se trasladara de una comunidad a otra, los niños no se enfrentarían a un sistema educativo diferente, ni los padres a un idioma desconocido y una administración exótica que los trataría como a extranjeros o peor. Al contrario, el sistema educativo sería el mismo en todos las comunidades porque sería un sistema federal, con las diferencias lógicas de bilingüismo optativo en las comunidades bilingües y de pequeños cambios idiosincrásicos como la enseñanza del flamenco en Andalucía o del noucentisme en Cataluña.

Esta es la situación que los nacionalistas temen, porque desmontaría todos sus argumentos victimistas y obligaría a poner de manifiesto su verdadero interés: disponer de un territorio propio donde desplegar su maquinaria de poder político y control social. Porque si fuera posible estudiar en catalán en Cataluña pero sin erradicar el castellano como lengua vehicular optativa; si fuera posible pagar los mismos impuestos y recibir los mismos servicios en el País Vasco y Madrid, ¿qué razones podrían invocar los nacionalistas para justificar su exigencia de más desigualdad y menos libertad personal en sus dominios? Por esa razón el Estado federal es, a la vez, temido y despreciado por los nacionalistas. Desde 1977 llevan a cabo una ofensiva exitosa para que España sea lo menos parecido no a un Estado centralizado como Francia –nunca lo ha sido-, sino a un Estado federal que funcione como Alemania, que es el espejo en el que nos conviene mirarnos. No se engañen: ni a Carod Rovira, ni a Iñigo Urkullu, ni a Miguel Sanz, les interesa lo más mínimo ese Estado Federal cooperativo. A la izquierda oficial y a la derecha confederada del PP tampoco, por razones oportunistas y porque se han adaptado a manejar las cosas al estilo nacionalista, como está probando la crisis del caso Gürtel. Por si fuera poco, el tipo de Constitución que proponemos se llama así en cualquier manual de teoría política: Constitución Federal. ¿Por qué someterse a los prejuicios o a la mala información en vez de optar por llamar a las cosas por su nombre? Esta también es una exigencia importante para la regeneración de la democracia española.

Cuando el ejército rojo entró en territorio alemán durante la segunda Guerra Mundial, los soldados recibieron instrucciones de proceder a violar a todas las mujeres alemanas que pudieran. Era una bárbara recompensa para los bravos soldados de Stalin, y un castigo y advertencia colectiva a los alemanes. La vergüenza de las víctimas, el esfuerzo por olvidar, hizo que se tardara muchos años en denunciar y documentar unos hechos perfectamente conocidos en Alemania. Algo parecido hizo el ejército japonés en China y Corea, donde la tropa nipona dispuso de esclavas sexuales nativas que han tardado muchísimos años en denunciar su tragedia y exigir reparaciones. Para el criminal, una de las ventajas de la violencia sexual es que la víctima no sólo es castigada físicamente de un modo no muy distinto a la tortura corriente, sino moralmente quebrantada e invadida por un sentimiento de vergüenza y culpa no menos devastador aunque sea irracional o infundado. Los verdugos lo saben y por eso proceden así: es mucho más seguro violar que torturar porque, hasta no hace mucho, pocas víctimas se atrevían a denunciar su tragedia particular. El puritanismo y los tabús sexuales y morales lo hacen más difícil.

Eso explica que las violaciones fueran utilizadas masivamente en la reciente guerra de Bosnia para someter al enemigo, especialmente por los sicarios de Radoban Karadzic y demás ultranacionalistas, serbios y de otras tribalidades. Las mujeres musulmanas apresadas eran violadas una y otra vez para reposo del guerrero y con la esperanza de que -cuentan las horrendas crónicas de la época- alumbraran verdaderos serbios (los bosnios musulmanes son tan eslavos como los serbios cristianos ortodoxos). Esta mezcla de terrorismo sexual y barbarie bélica ha sido documentada en infinidad de conflictos bélicos, y sin duda se corresponde con un rasgo de nuestra naturaleza humana particularmente odioso y que la educación y la cultura bien entendidas tratan de corregir: que la satisfacción de la libido y la violencia, para someter a la otra o al otro y convertirlo en mero objeto de libre disposición, van muchas veces de la mano. Sin embargo, una cosa es la tendencia natural producto de la evolución –la naturaleza no es tan sabia, benéfica y bonita como creen los ecólatras (más que ecologistas)-, y otra cosa es emplearla fría y deliberadamente al servicio de fines siniestros.

Como el sometimiento y el terror son claves para su mantenimiento, las dictaduras tienen una especial predilección por emplear la violencia sexual. La mera amenaza de consumar la violación surte el efecto de asustar y humillar a la víctima potencial enfrentándola a su absoluta vulnerabilidad, consiguiendo quizás que se le pasen las ganas de oponerse al régimen. Y si la rebeldía se impone al miedo, siempre queda recurrir a la violencia sexual como escarmiento ejemplar en cabeza ajena. La prensa de ayer traía el espeluznante testimonio de Ibrahim Sharifi, un estudiante iraní detenido tras las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás, golpeado y sodomizado por sus guardianes como castigo y como método para conseguir su silencio. Según el relato de la víctima, ese salvaje sistema preventivo funciona bien  en Irán, con una sociedad muy conservadora en materia sexual, donde las violaciones a detenidos, mujeres y hombres, quedan impunes porque muy pocos se atreven a denunciarlas por temor a perder el honor y la reputación.

El mecanismo emocional es muy sencillo: castigar a la víctima y conseguir que se avergüence de serlo, incluso que crea merecérselo (como pasa también en la violencia de pareja, sea de distinto sexo o no). Recuerdo un caso particularmente espeluznante por su fría crueldad: en el Chile de Pinochet, un estudiante opositor fue detenido y violado por los policías, que además grabaron sus sevicias en vídeo. Después enviaron la grabación a periodistas, amigos y parientes del chico, acusándole de maricón y depravado. No sólo pretendían destruir la reputación de la víctima en una sociedad extendidamente homofóbica, sino sobre todo advertir a otros potenciales opositores, sobre todo a los jóvenes, del destino que podía esperarles. La cosa no funcionó porque el muchacho pasó por el calvario de contar detalladamente lo que le hicieron y el porqué. El coraje de la víctima capaz de superar la vergüenza y la humillación es indispensable para atajar estas prácticas, particularmente repugnantes e inmorales cuando se ponen al servicio de objetivos de dominio político.

Podemos ir más allá y pronosticar que esa gente que disfruta con historietas burlescas de sevicia y humillación sexual se cuenta, diga lo que diga, entre los enemigos de la libertad y de la dignidad humana. Y vaya, quedan demasiados…

Ese es el diagnóstico de la situación en el PP del presidente Camps, tras el esperpento de la dimisión de Ricardo Costa que iba a ser y no fue y el resto del sainete. Sí: el PP está unido, como demostró en la votación para el blindaje del Concierto Económico vasco (y no nos olvidemos de su clon navarro, como siempre protegido por la larga sombra del árbol de Guernica); está contento, sobre todo al ver el deterioro de los indicadores económicos y el descenso del índice de apoyo popular a Zapatero (aunque Rajoy no consigue que remonte el suyo); y está feliz, como no podía ser de otra manera a la vista de la espléndida situación política, económica, educativa y social del país. Y todavía los habrá empeñados en que con el PP quedan satisfechas todas las expectativas racionales de cambio y alternativa política en España, que no hace falta ningún otro partido porque el PP es el reverso luminoso del espantoso zapaterismo, y blablablá. Expectativas de cambio unidas, contentas y felices. Pues con su pan se las coman.

Es muy lamentable que el principal partido de la oposición sea, sobre todo, el principal partido de la oposición a sí mismo. Que sus esperanzas de alcanzar el poder descansen en que el deterioro de la situación sea tal que los votantes abandonen al PSOE sin apoyar, empero, las ignotas alternativas del PP, e incluso ignorando o perdonando su corrupción interna por mor de elegir el mal menor. Ignotas alternativas a las políticas del PSOE porque no pueden existir, toda vez que el PP se ha convertido, como el PSOE –el PUN, ya saben: el Partido Unico-, en una amalgama de intereses de base territorial y grupos de influencia variopintos. El equilibrio precario entre esos grupos es el que explica las eternas indecisiones de Rajoy a la hora de intervenir contra las fuerzas centrífugas de su partido o contra aquellas corruptelas y corrupciones que, como es el caso de Valencia, al afectar directamente a los beneficiarios de una de las principales baronías del partido –a la esencial con Madrid-, se convierte automáticamente en fuerza centrífuga contra la amenaza de la intervención desde un centro de poder cada vez más vacío de poderes y capacidad de intervención. Como el inviable Estado existente, resultado de las políticas de pactos del PSOE, PP y socios nacionalistas. No nos engañemos: no es que Rajoy no quiera hacer nada sino que, debido a la estructura del poder en su partido, puede hacer muy poco contra barones como Camps sin arriesgarse a desencadenar una formidable crisis interna.

El sainete de Costa y compañía ha servido, gracias a la inestimable ayuda de los medios, para ocultar el gran escándalo del blindaje del Concierto Económico vasco. Los únicos que dijeron lo que realmente pensaban en el curso del debate fueron Aitor Esteban, el portavoz del PNV que presentó el chantaje como lo que era, un chantaje, y Rosa Díez. Si el PP se vio forzado a votar en contra de un Concierto que no sólo ha defendido siempre, sino que Aznar comenzó a preblindar para obtener el apoyo del PNV, fue debido a nuestra posición nítidamente contraria en Madrid y en Vitoria. No nos engañemos: si nosotros, UPyD, hubiéramos mirado para otra parte en este asunto, el PP podría haberse abstenido, que era la posición más cómoda y menos contradictoria. Pero así como es atributo de los grandes tener en su mano la decisión última, la ventaja de los pequeños como nosotros radica en nuestra capacidad para enfrentar a los grandes al espejo de sus flagrantes contradicciones, obligándoles a moverse aunque no lo quieran.

El debate sobre el Conciero Económico, nublado por la cortina de humo del caso Gürtel y sus derivaciones, ofreció de paso otro extraordinario ejemplo de la absoluta labilidad actual de las posiciones políticas de las viejas izquierda y derecha. Pudimos ver a Txiki Benegas defendiendo la indefendible tesis de que el PSOE siempre ha apoyado el Concierto por convicción, lo cual, además de históricamente falso, conduce a sostener que no había diferencia alguna entre Cánovas del Castillo y Pablo Iglesias, que ya es sostener, ni entre el igualitarismo fiscal liberal y socialista y el particularismo conservador y nacionalista. Y ver al PP, que sí ha defendido ese anacronismo con entusiasmo foralista –al fin y al cabo, el PP vasco viene en gran medida del vetusto  y anacrónico fuerismo liberal-conservador, enemigo de ese carlismo ancestro de muchos nacionalistas-, aseverando ahora que no tocaba el blindaje porque beneficia a Zapatero… y socava la igualdad foral, digo fiscal, de las CCAA.

Pues eso: unidos, felices y contentos en el dislate, la ineptitud y el oportunismo.

Pues señor, no todo va a ser pena y olvido. Ayer me pasaron esta web, y francamente resulta una visita muy higiénica. Hemos llegado al punto en que la información paródica es mucho más realista que la suministrada con pretensiones de realidad por los medios de comunicación, que a veces proporcionan estos delirios. Así que o nos reímos un rato, o esto se hunde en la melancolía y la exasperación. Por mi parte, sugiero algunas noticias de urgencia. En cuanto restablezcamos los comentarios en este blog, cosa que está al caer con un nuevo formato, ustedes podrán traer las suyas.

ZAPATERO PIDE A LA SGAE QUE SE IMPLIQUE EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA SOMALÍ.

Madrid (Agencias) – El Presidente Zapatero ha solicitado a la popular SGAE una mayor implicación en la lucha para erradicar la piratería somalí en aguas del Indico, que tan negativamente afecta a nuestros atuneros y perturba el amor a la paz del Gobierno. Según fuentes próximas al CNI, se ha detectado que algunos de los piratas más sañudos comenzaron su carrera en el Top Manta de la capital de España. Uno de los detenidos por la fragata Canarias tras asaltar el Alakrana era un viejo conocido de la policía madrileña, que lo detuvo más de una vez con un alijo prácticamente invendible de cine español pirateado, por lo que los jueces decretaron su puesta en libertad. Los expertos consideran que la SGAE podría tener una responsabilidad indirecta en el auge de la piratería somalí por su implacable persecución de la piratería audiovisual, que habría forzado el regreso a Somalia de sin papeles con amplia experiencia pirata, aunque poco rentable hasta ahora. Además, la involucración del juez Garzón en la lucha contra la piratería ha sido recibida con júbilo en los peores antros corsarios de la costa somalí.

La ministra Carme Chacón y Teddy Bautista han previsto celebrar la próxima semana una rueda de prensa conjunta para anunciar algunas de las iniciativas antipiratería que ambas entidades ofrecerán a las empresas del sector atunero y audiovisual. Sin embargo, fuentes del Ministerio descartan la propuesta de instalar en los atuneros potentes equipos de sonido que reproduzcan al máximo volumen canciones pacifistas de autores españoles para que los  piratas reconsideren su actitud, descubran la esterilidad de la violencia y opten por el diálogo de civilizaciones, en este caso y de modo excepcional sin pagar tasa alguna. Expertos en biología marina advierten que además los atunes podrían migrar a otros océanos, multiplicando los problemas de nuestra flota pesquera sin mejorar su protección.

EL PP ESTUDIA QUE SUS POLITICOS DEJEN DE USAR TRAJE PARA ERRADICAR LA CORRUPCION.

Valencia (Reuters) – Fuentes próximas a la cúpula del PP han filtrado que en los últimos maitines convocados en la sede de Génova por Mariano Rajoy se han estudiado a fondo diversas medidas destinadas a eliminar las tentaciones del consumo ostentoso entre los altos cargos populares y, con ellas, la tendencia a la corruptela y la venta de favores políticos. Una de las propuestas que han merecido más atención es la erradicar el uso del traje tradicional de los altos cargos políticos. Se espera así impedir sobornos o cohechos menores como el de los trajes regalados a altos cargos del PP valenciano y de otras comunidades autónomas. La medida debería adoptarse, en todo caso, en todo el territorio nacional: “sería la primera vez en muchos años que el PP haría lo mismo en todo el territorio nacional”, ha comentado esperanzado un alto dirigente popular, “y además sería vista con simpatía al significar un gesto de austeridad en la crisis obra de Zapatero. Luego nos dará votos”. Pero la ingeniosa medida es más fácil de proponer que de ejecutar: ¿qué indumentaria sustituiría al traje gris, negro, beige o azul marino de toda la vida?  En este punto vuelven a aflorar las diferencias internas: Antonio Basagoiti ha propuesto recuperar el uniforme escolar con la añorada bata rayada para las sesiones parlamentarias y la ingeniosa corbata con goma elástica para actos públicos, alegando que “daría veracidad a nuestra propuesta de reformar la educación volviendo a los valores tradicionales en los que tan bien nos hemos formado”.  Otros dirigentes gallegos y castellanos han propuesto recuperar los trajes regionales, fantasiosos a la vez que elegantes y severos, para lograr una mayor sintonía con los tiempos.  Menos apoyo parece tener la propuesta del PP balear de optar entre un estilo “Yachtman” clásico para los actos públicos y nudista riguroso para las reuniones privadas, pues “el PP balear no tiene nada que esconder, pese a las campañas de desprestigio”. De momento, Mariano Rajoy se refugia en su mutismo habitual, aunque ha sido visto varias veces contemplando los escaparates de tiendas de hábitos religiosos próximas a la madrileña Plaza Mayor.

EL PNV EXIGE AHORA EL BLINDAJE DE LA COCINA VASCA

Bilbao (by Euskonews) – Tras conseguir que PSOE y PP acepten el blindaje jurídico de las normas fiscales forales o Concierto Económico vasco, el presidente del EBB, Iñigo Urkullu ha desvelado, en el curso de una cena servida en Sabin-etxea a periodistas de confianza, que el PNV no se conforma con este logro histórico. Para votar los próximos presupuestos generales, el partido vasco exigirá también un blindaje similar para la cocina vasca. La razón aducida es que esta popular cocina es, para los expertos consultados, uno de los tres auténticos hechos diferenciales vascos, junto al ventajoso Concierto Económico y la dificultad intrínseca del aprendizaje del euskera. Y si bien este último hecho diferencial se defiende él solo de modo satisfactorio, no ocurre lo mismo con la cocina, en una situación de riesgo no menos alarmante que la del Concierto. En un reciente experimento desarrollado en los Cursos de Verano de la UPV-EHU en Donostia-San Sebastián, de un grupo seleccionado de 300 voluntarios de todo el Estado español sólo doce llegaron a intuir los secretos del “nor-nori-nork” que atormenta a los estudiantes de esta lengua milenaria, pero el 90% de ellos aprendieron sin problema alguno a cocinar no sólo platos tradicionales como el bacalo al pil-pil, las kokotxas de merluza o una chuleta de buey correctamente asada a la brasa, sino algunos de las más alambicadas creaciones de la cocina de vanguardia, como la “espuma inestable de berberecho, trufas y puro habano servida sobre mezclun de hierbas recolectadas al azar con esencia de higiki y aroma de Idiazábal fresco”. “Si nos quitan el Concierto, si casi nadie aprende euskera correctamente y si encima cualquiera puede hacer cocina vasca mejor que los nativos, ¿qué nos queda?”, ha advertido son sombría serenidad el presidente del EBB. “Por tanto, en defensa de nuestro pueblo vamos a exigir que sólo vascos con label, que expedirá una agencia vasca creada al efecto, puedan cocinar platos vascos patentados, reservándoles las plazas que correspondan en todas las tascas, asadores y restaurantes de España que ofrezcan platos vascos, tengan el nivel que tengan y sea el plato que sea. Además, Eusko Ikaskuntza está a punto de demostrar que la tortilla de patatas es un invento carlista vasco, concretamente navarro, aunque este punto lo estamos negociando con los catalanes, ya que sus expertos aseguran que surgió en Barcelona durante el asedio de las tropas de Felipe V. Pensamos que para la tortilla podría imponerse una tasa semejante al canon digital cada vez que un español adquiera un huevo o una patata. Es un derecho histórico, que no se nos llame insolidarios”. PSOE y PP han mostrado su disposición a estudiar esta propuesta. Sin embargo, las comunidades vecinas de La Rioja y Castilla y León ya han advertido que, de prosperar, exigirían que sólo nativos de estas comunidades puedan servir vinos de su denominación de origen.

Personalmente, me agrada esa costumbre del jurado del Nobel de Literatura, sobre todo en los últimos años, de llevar la contraria a los pronósticos más convencionales, que suelen coincidir con los intereses del establishment del muy respetable negocio literario, pero también con el consenso general en torno a los escritores vivos más admirables. No he leído nada de Herta Müller, en realidad ni había oído hablar de ella, pero pienso hacerlo porque algo no muy distinto me ha ocurrido con Le Clézio, el Nobel del año pasado, y ha resultado todo un descubrimiento de soberbio escritor. Así que agradezco a la Academia sueca esa invitación a descubrir autores tan recomendables como poco conocidos. Pero algunos objetarán, y tienen sin duda razón, que la misión de ese famosísimo premio no es descubrir autores poco conocidos fuera de un estrecho círculo de admiradores, sino reconocer una larga trayectoria y una obra indiscutiblemente maestra mundialmente reconocida. Vamos, que la misión de la Academia sueca no es ser original ni ir de cazatalentos, sino más bien la de sancionar la calidad indudable y el trabajo excelente. Y ciertamente, es asombroso que el Nóbel de literatura no se concediera en su momento a, pongamos, Lev Tolstoi o Jorge Luis Borges, mientras iba a manos de literatos menores de veloz olvido, como nuestro Echegaray o el francés Prudhomme. En fin, cosas que pasan. Yo lo lamento por Mario Vargas Llosa, otro de los grandes eternos candidatos al Nobel y el único que me ha honrado diciéndome que no se perdía mis artículos de ABC –a ellos ya no les interesan, aunque a Mario sí-, pero pienso leer a Herta Müller en cuanto la tenga a mano, a ver si se repite el descubrimiento de Le Clézio o, en menor medida porque ya los conocía algo, de Pamuk y Naipul (Coetzee, en cambio, me pareció un pesado, igual no he tenido suerte al abordarlo).

Ahora bien, si el objetivo de los Nobel es premiar la consecución de logros admirables y canónicos, sea en literatura o en ciencias (el de economía es otra cosa), ¿qué pasa con el Nobel de la Paz? La Academia noruega, que tiene la exclusiva de este premio mientras los demás corresponden a la sueca, lo ha concedido al presidente Obama.  Al respecto se pueden presentar dos objeciones: una, que suena raro eso de premiar a un Presidente en ejercicio por no hacer otra cosa que su obligación en política internacional: abogar por la distensión internacional y la pacificación del mundo (de acuerdo con los intereses de su país, desde luego); y otra, que de momento Obama se ha limitado a exponer principios, perseguir ideales y proponer metas, pero sin que en sus nueves meses de mandato haya conseguido gran cosa, o nada, en los puntos calientes del planeta donde se juega la partida de la paz o la guerra: Oriente Medio, Irán, Afganistán-Pakistán o Corea del Norte, por ejemplo. Y lo que es peor: poco o nada se sabe de los planes presidenciales al respecto. Véase si no la polémica en torno a la presencia militar en Afganistán.

Trasladado al campo literario el principio adoptado al dar el premio a Obama, es como si a un escritor se le premiara solo por escribir y llenar páginas y páginas de frases, con independencia de que su esfuerzo haya producido algún libro digno de mención (se le podría haber dado entonces a Corín Tellado, ¿por qué no?). ¿Es esto aceptable? No lo creo. No digo que Obama no vaya a merecer un día el Nóbel de la Paz, las bendiciones de los pueblos de la tierra o que le pongan calle en todas las ciudades del mundo. Ojalá. Pero de momento no parece que haya acumulado muchos méritos para eso, al margen de la elección presidencial. O será que le premian por eso mismo, como si la Casa Blanca no fuera premio suficiente… Entre tanto, es conmovedor el esfuerzo de Zapatero por sugerir que el premio a Obama es, casi, exaequo.

Es una gran satisfacción tener la oportunidad de debatir sobre la figura de Ralf Dahrendorf y el pensamiento liberal en la actualidad. Sobre todo en España, el país donde nació el término “liberal” y donde, sin embargo, se usa tan mal en la actualidad (aunque no sólo en España, ciertamente; también en Austria “liberal” ha llegado a ser un sinónimo de extrema derecha). Cuando se repara en la complejidad, riqueza y apertura intelectual de un Dahrendorf –o un Popper, Aron o Berlin- asombra que en nuestro país haya hoy tanta simpleza dogmática que se autodefine como liberal, convirtiendo al liberalismo en un dogmatismo oportunista más cercano en ocasiones al anarco-capitalismo o a la derecha extremista que a cualquier ideario democrático-liberal clásico.

En un reciente ensayo sobre historia de las ideas, titulado La libertad a prueba. Los intelectuales frente a la tentación totalitaria (Trotta, 2009), Dahrendorf recorre la espinosa cuestión de la ambigua relación entre los intelectuales con gran proyección pública y la libertad para exponer su concepto de lo que es o debe ser un intelectual liberal –como lo fue él mismo-, y por consiguiente, lo esencial del ideario liberal. Quizás lo más sorprendente y llamativo sea que, según Dahrendorf, el liberalismo no constituye a día de hoy propiamente un programa o ideario de partido –aunque él formó parte o apoyó al Partido Liberal alemán y al Liberal-demócrata británico-, sino más bien una ética pública, la “ética de la libertad”. En el campo de la política democrática, esto significa que los principios liberales pueden ser asumidos en diverso grado por partidos diferentes e incluso por partidos con definiciones ideológicas tradicionalmente diferentes. Por decirlo en el lenguaje que usamos en UPyD, el liberalismo habría pasado a ser un ideario básicamente transversal, común a diferentes corrientes democráticas; de ahí que se haya hecho habitual hablar de “liberalismo progresista”, de “izquierda liberal” o de “neoliberalismo”. Así que, antes que el programa de un partido, el genuino liberalismo actual –en los términos de Dahrendorf, el “orden liberal” y la “ética de la libertad”- funcionaría como una especie de columna vertebral de la democracia. De hecho, los tres requisitos que Dahrendorf consideraba esenciales para hablar de un “orden liberal” son los que muchos consideramos, sin identificarnos como liberales, como básicos para poder hablar seriamente de democracia: la tolerancia cero hacia los enemigos de la democracia, el Estado de derecho y la sociedad civil fuerte e independiente de los poderes político y económico.

Aunque ética y política son instancia claramente diferentes –centradas respectivamente en la vida privada y en la cosa pública-, la tendencia hacia la definición ética (como ética pública) del liberalismo se hace inevitable cuando deja de presentarse como un partido en competencia con otros para considerarlo un fundamento –aunque no el único- del sistema democrático. ¿En qué consiste, según Dahrendorf, esa “ética de la libertad”? El principio que distinguiría al liberalismo genuino de cualquier otra ideología es la prevalencia de la libertad sobre la igualdad o cualquier otro valor. Eso no significa que la igualdad o la justicia no sean valores importantísimos –como niega, en cambio, el anarco-capitalismo o el conservadurismo que algunos confunden por aquí con el liberalismo-, sino que la libertad es el valor ancilar de la democracia. Dicho esto, ya resulta más complejo definir qué debe entenderse por libertad. Dahrendorf propone una definición negativa: libertad es ausencia de coacción. Ahora bien, todo régimen político, incluso el democrático más refinado y avanzado, incluye dosis variables e inevitables de coacción y renuncia a la libertad, de manera que la tarea del intelectual liberal –el “erasmista”- consiste precisamente en mantener la vigilancia y la crítica de las distintas y variables amenazas derivadas de la coacción subsistente. Por ejemplo, la exigencia de renuncias a libertades personales en nombre de la guerra contra el terrorismo, que Dahrendorf denunció como un grave peligro en las democracias actuales. Analizar estos riesgos y empeñarse en la defensa pública de la libertad es la tarea principal del “observador comprometido” propiamente liberal o erasmista (en homenaje a Erasmo de Rotterdam).

La idea de Dahrendorf sobre el compromiso de observar y velar por la libertad implica también límites muy nítidos al compromiso político del erasmista. Su defensa de la verdad y el racionalismo estricto, pero sobre su indispensable independencia le mantienen alejado de la militancia en un partido concreto, y debe aceptar los riesgos de la soledad, la incomprensión y el aislamiento en una opinión pública hostil. Quizás lo más chocante sea esta contraposición entre el “observador comprometido” y el activista o resistente político. En efecto, la experiencia del siglo indica más bien que para que el observador participante pueda desempeñar su misión en defensa de las libertades es imprescindible que haya activistas capaces de mantener viva la libertad en las instituciones políticas. Ni Popper ni Isaiah Berlin, dos liberales indispensables y típicamente “transversales” (pues la influencia de su pensamiento desborda ampliamente los límites del liberalismo tradicional), habrían podido hacer gran cosa –influir intelectualmente- de no haber contado con el activismo democrático infatigable de otro liberal especial: Winston Churchill. Una paradoja irónica e interesante que desde luego no se le escapó a Ralf Dahrendorf, él mismo bastante más que un “observador comprometido”.